Comuníquese y participe con sus ideas en esta construcción abierta
Plan urgente para la implementación y construcción del Estado Plurinacional e intercultural: en construcción
Conaie
https://conaie.org/2017/06/30/plan-urgente-la-implementacion-construccion-del-estado-plurinacional-e-intercultural-construccion/Plan urgente para la implementacióm
30 Junio, 2017
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador-CONAIE socializó el “plan urgente para la implementación y construcción del Estado Plurinacional e Intercultural” el pasado martes 28 de junio de 2017 ante la sociedad civil y medios de comunicación en la ciudad de Quito.
El plan consta de cinco ejes principales: 1) para la construcción del Estado Plurinacional; 2) hacia el cambio del modelo económico; 3) democracia y derechos humanos; 4) planificación y descentralización; y 5) combatir la corrupción y la impunidad.
El martes 4 de julio se realizará la presentación de dicho plan ante el Gobierno ecuatoriano y la Asamblea Nacional en el que participarán la representación de los pueblos y las nacionalidades del país, según miembros del Consejo de Gobierno de la CONAIE.
Por ello, las observaciones, aportes o sugerencias para el plan será receptado hasta las 8:00 del lunes 03 de julio de 2017 a los siguientes correos: secretaria@conaie.org ; comunicacion@conaie.org
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Plan urgente para la implementación y construcción del Estado Plurinacional e
intercultural
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE, como órgano
nacional de gobierno de las comunas, pueblos y nacionalidades, integrada
regionalmente por la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador
ECUARUNARI, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia
Ecuatoriana CONFENIAE, y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Costa
Ecuatoriana CONAICE, reunida en Asamblea extraordinaria el 10 de junio pasado, en
Unión Base-Puyo, decide compartir su visión y planteamientos recogidos en el presente
documento con la sociedad organizada, la ciudadanía en general y con las distintas
instancias del Estado con el propósito de generar espacios de debate y definiciones
políticas y económicas que nos permita enfrentar la actual situación del país y sentar las
bases de una real construcción del Estado Plurinacional.
Este documento recoge las ideas y propuestas más urgentes de las comunas, pueblos y
nacionalidades, para su permanente construcción, porque las realidades y las
concepciones individuales y colectivas que de ellas tenemos están en continua
renovación. El documento pretendemos que será un instrumento que nos permita
sentarnos a conversar con las organizaciones y las personas que, al igual que nosotros,
luchan contra las desigualdades, la explotación social económica y contra la
discriminación política cultural. En definitiva, queremos que este documento ayude a
juntarnos para construir y platear alternativas reales a las y los ecuatorianos.
I. Para la construcción del Estado Plurinacional:
Los derechos políticos, sociales, económicos y culturales que constan en la actual
Constitución no son dádiva de una persona o gobierno, es el resultado de largos
procesos de lucha de los pueblos. Pero los sectores gobernantes y grupos de poder
han buscado limitar o distorsionado las legítimas demandas de las organizaciones
sociales. La Plurinacional es un claro ejemplo de esta disputa: la Constitución limita
el carácter plurinacionalidad del Estado a un mero reconocimiento de las diferencias
culturales, apenas toca las estructuras coloniales del Estado.
Para las comunas, pueblos y nacionalidades la Plurinacionalidad es la
transformación de las estructuras sociales, culturales, económicas y políticas del
Estado, que permita sentar las bases para la superación de la explotación y
discriminación entre los pueblos y clases sociales.
En esta perspectiva, para esta coyuntura proponemos:
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1. Respetar las formas y sistemas de organización autónoma de la sociedad, para
ellos pedimos la derogatoria de los Decretos 16 y 739, así como el archivo del
proyecto de ley de participación ciudadana.
2. La base de un Estado Plurinacional es el reconocimiento y respeto de los
sistemas comunitarios de organización, de autogobierno social y territorial, de
administración de justicia. En esta perspectiva se debe crear leyes acordes son el
carácter plurinacional del Estado, como una nueva ley de comunas, pueblos y
nacionalidades, y reformar las leyes que limiten o contradigan los derechos
reconocidos en la Constitución, tales como: Ley Orgánica de Tierras Rurales y
Territorios Ancestrales; Código Orgánico Integral Penal; COOTAD; Ley
Orgánica de Recursos Hídricos y Aprovechamiento del Agua, con su reglamento
e instructivo.
3. Desarrollar y respetar el principio constitucional del pluralismo jurídico.
4. Restitución y reestructuración del sistema de educación intercultural bilingüe.
Respeto del modelo de educación comunitaria.
5. Democratizar el acceso a la educación de los ecuatorianos. Fortalecer la
educación pública, laica, gratuita en todos los niveles. Revisión de los
contenidos curriculares y su reforma para una formación intercultural, crítica,
humanística y técnica del alumnado. Restablecer la autonomía y cogobierno de
las universidades y politécnicas. Garantizar el libre ingreso de los jóvenes a
educación superior. Respetar a los docentes y promover un sistema de
capacitación permanente.
6. Respeto y cumplimiento del derecho a la consulta previa, libre e informada.
7. Fortalecer y reorientar una perspectiva intercultural los sistemas de educación
pública y privada, para ello es necesario reforma de la Ley Orgánica de
Educación Intercultural, Ley orgánica de Educación superior.
8. Construcción real del Estado Plurinacional e intercultural, mediante el respeto de
los Gobiernos Comunitarios y sus sistemas de ejercicio de autoridad en el
territorio, administración comunitaria del agua, administración de la justicia
comunitaria e indígena, aprobación de la ley de Circunscripción Territorial
Especial Amazónica CTEA, reconocimiento de las Circunscripciones
Territoriales Indígenas CTIs, del ejercicio de los idiomas originarios tanto a
nivel oficial-estatal como del ejercicio directo de las comunas, pueblos y
nacionalidades.
9. Prohibición de minería en fuentes de agua, áreas protegidas y zonas de alta
biodiversidad.
10. Reapertura y reestructuración de la Universidad Intercultural Amawtay Wasi y
ampliación de su cobertura a nivel nacional.
11. Política internacional soberana, que promueva la integración y unidad regional.
Apoyo al proceso de PAZ en Colombia.
Acciones inmediatas:
1. Derogatoria de los Decretos 16 y 739.
2. Dejar sin efecto los nombramientos de las directivas ilegitimas, no reconocidas
por sus organizaciones de base y sus instancias internas.
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3. Restitución y reestructuración del sistema de educación intercultural bilingüe,
con autonomía administrativa.
4. Reapertura y repotenciación de las escuelas del modelo de educación
comunitaria.
5. Definir medidas para la cooperación y coordinación de la justicia indígena
comunitaria.
6. Reapertura y reestructuración de la Universidad Intercultural Amawtay Wasi y
ampliación de su cobertura a nivel nacional.
7. Reforma de las leyes de Educación Superior LOES, la Ley Orgánica de
Educación Intercultural LOEI, la COTAAD, Ley Orgánica de Cultura, Ley
Orgánica de Comunicación.
II. Hacia el cambio del modelo económico:
Reactivación de la economía desde el campo: En los últimos 40 años, el campo y la
economía agraria han sido olvidados, sobre todo se ha marginado a los campesinos, a
las comunas, pueblos y nacionalidades indígenas. Las políticas agrarias aplicadas en los
10 años del pasado gobierno ha beneficiado a pocos sectores, sobre todos a la
agroindustria y el comercio agroexportador, que no ha democratizado la tenencia de la
tierra ni el acceso a los recursos productivos, más bien ha incentivado una agresiva
concentración del mercado y un acelerado debilitamiento de las pequeñas y medianas
economías, especialmente la agricultura familiar y comunitaria. Frente a esta realidad y
desde una perspectiva democrática y plurinacional es urgente crear las condiciones
necesarias para la construcción de una economía agraria basada en la soberanía
alimentaria. Con este fin proponemos:
1. Abrir un proceso de debate nacional para la reformar las leyes de agua, de
tierras, de economía popular y solidaria, de minería, ley de semillas.
2. Redefinición de las políticas de control fiscal y sanitario de la producción y
comercialización agraria familiar y comunitaria.
3. Crear y proteger el empleo rural: agrícola, artesanal, comercial, industrial.
4. Fortalecer y desarrollar las economías pequeñas, medianas y los sistemas
familiares y comunitarios, tanto a nivel de propiedad, producción y acceso a
mercados.
5. Abandono progresivo del extractivismo mediante el fomento de economías no
tradicionales como el turismo, servicios.
6. Fomento del empleo y respeto a los derechos fundamentales de los
trabajadores, en especialmente el derecho a la libre organización, contratación
colectiva, derecho de huelga, a la remuneración digna que cubran la canasta
básica, seguridad social.
7. Impulsar procesos de industrialización apropiada que permita la
introducción de valor agregado a la pequeña y mediana producción tanto en lo
urbano como en el campo, con principal atención a las economías familiar y
comunitaria; esto como base para un real cambio de matriz productiva.
8. Promover la inversión interna del ahorro nacional, evitando la fuga de
recursos al exterior, para todo ello, es preciso contar con normas y políticas
claras.
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9. Realizar auditorías a la deuda externa para establecer su situación real.
Renegociación urgente de los préstamos que son lesivos a los intereses del país.
Negociar una moratoria de la deuda que se reconozca como legitima.
10. Dejar el petróleo y la minería metálica bajo tierra, en su reemplazo promover
modelos económicos alternativos que conecten lo local con lo nacional, y
promover la sostenibilidad económica de los territorios de las comunas, pueblos
y nacionalidades afectadas por la explotación y concesiones petroleras y
mineras.
Acciones inmediatas:
1. Moratoria minera y petrolera, hasta que se establezca con suficiente claridad sus
consecuencias económicas, ambientales, socio-culturales.
2. No emprender contratos mineros que ponen en peligro a la población y al medio
ambiente.
3. Fiscalización excautiva de los destinos, beneficiarios y usos de los recursos
obtenidos mediante deuda externa en los últimos 10 años.
4. Generación de empleo.
5. Renegociación o nacionalización de los contratos de servicio de telefonía
celular.
6. Privilegiar los impuestos progresivos, exonerando o disminuyendo para los
sectores más necesitados.
7. Disminución de sueldos excesivos de los funcionarios públicos.
III. Democracia y Derechos Humanos
La democracia y los derechos humanos son condiciones básicas para la convivencia
individual y colectiva de toda sociedad y para el funcionamiento legitimo del Estado. Si
bien la Constitución ecuatoriana reconoce muchos derechos orientados en este sentido,
sin embargo muchas de las políticas gubernamentales y leyes aprobadas en estos
últimos 10 años han ido en contrasentido del camino señalado por la Constitución. Por
ellos proponemos:
1. Crear espacios reales de participación política activa de la sociedad organizada,
orientadas a la construcción del Estado plurinacional.
2. Eliminar todas las normas jurídicas que lesionen el derecho a la libre
organización de la sociedad, en sus distintos estamentos.
3. Desmotar toda forma jurídica e institucional que promueva la criminalización de
la protesta social.
4. Respetar la libertad de expresión y democratizar el acceso a los instrumentos y
medios de comunicación.
5. Respeto de los derechos de la CONAIE sobre su casa y sede nacional.
6. Respetar el derecho a la libre organización social.
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Acciones inmediatas:
1. Declaración de amnistía e indulto a todas y todos los luchadores sociales
actualmente procesados y/o condenados.
2. Desmilitarización de los territorios de las comunas, pueblos y nacionalidades
intervenidos por razones de explotación y concesiones petroleras y mineras.
3. Permitir la participación de observadores internacionales (ONU, OEA,
UNASUR) en los territorios que sufren violencia provocados por concesiones
mineras y petroleras, particularmente en Nankints, Tundayme, Cordillera del
Norte, Quimsacocha, Intag.
4. Restitución de las frecuencias cerradas de radios comunitarias y la devolución de
los equipos confiscados.
5. Cumplimiento estricto del 34% del espectro radio eléctrico (radio y televisión)
para la comunicación comunitaria, en especial para las comunas, pueblos y
nacionalidades, mediante la apertura de otro concurso público de frecuencias de
radio y televisión de radio y televisión de señal abierta.
6. Restitución jurídica de las organizaciones sociales cerradas, desintegradas o
intervenidas.
IV. Planificación y descentralización
1. Desde una perspectiva plurinacional e intercultural, la planificación debe tener
por objetivo el fortalecimiento del Estado y de la sociedad y sus estructuras
orgánicas propias.
2. La planificación nacional y de los gobiernos locales deben ser procesos técnica y
de participación social activa. Los organismos de planificación nacional y local
deben ser instancias de orientación y cooperación, no instrumentos burocráticos
de imposición autoritaria.
3. Los sistemas comunitarios de la sociedad y de las comunas, pueblos y
nacionalidades deben ser los sujetos activos de la planificación nacional y local.
4. Definir mejor las competencias de los municipios, consejos provinciales y juntas
parroquiales. Promover el agrupamiento voluntario de las provincias para
proyectos de desarrollo.
5. La planificación del Estado central y local debe respetar y recoger la diversidad
regional, de las demandas de las nacionalidades y pueblos indígenas.
6. Crear una instancia pública de planificación y generación de políticas públicas
para y desde las comunas, pueblos y nacionalidades tanto a nivel nacional como
local.
V. Combatir la corrupción y la impunidad
1. Llevar adelante una acción pública transparente, que impida que se despilfarren
los recursos públicos o se pierdan por corrupción de funcionarios públicos o
entidades particulares. Erradicar la corrupción mediante la adopción de sistemas
de investigación agiles y oportunas, con participación ciudadana.
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2. Fortalecer la capacidad de control y fiscalización de la legislatura sobre la acción
de las instituciones públicas y sus funcionarios.
3. Fortalecer la Comisión Cívica Anticorrupción, auspiciados por las
organizaciones sociales. Fiscalización de la obra pública.
4. No permitir que impere la impunidad. Promover con energía la sanción a
quienes han cometido actos de corrupción, han abusado de la autoridad, han
violado los derechos humanos o las libertades públicas y han promovido la
división de las organizaciones.
5. Creación de una ley que prohíba a funcionarios públicos o autoridades electas
que han sido sancionados administrativa o judicialmente por corrupción volver a
ocupar un cargo público.
6. Impulsar desde la Asamblea Nacional y desde la sociedad civil y las
organizaciones sociales un profundo proceso de fiscalización.
7. Reformar todas las leyes pertinentes que impiden o limitan la fiscalización, el
libre y directo acceso a la información pública de las acciones públicas de los
funcionarios del Estado.
8. Recuperar los fondos públicos perdidos por la corrupción.
9. Auditoría minera, considerando aspectos económico-administrativos,
ambientales, culturales y derechos colectivos.
Acciones inmediatas:
1. Garantizar los derechos de los investigadores de los casos de corrupción.
2. Cese de la persecución e intimidación a los miembros de la Comisión Cívica
Anticorrupción.
3. Solicitar la extradición de los ex funcionarios públicos procesados por
corrupción.
4. Llevar hasta las últimas consecuencias los casos de corrupción vinculados al
llamado “Caso Odebrecht” y procesar a todos los autores, cómplices y
encubridores.
5. Exigir a la Asamblea Nacional que inicie un proceso de enjuiciamiento político
al Vicepresidente de la Republica.