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Interesante de acompañar los juegos de empuja-empuja que aspiran a morigerar el antagonismo entre el pueblo y el poder. Algunos que aspiran a acceder a cuotas de poder hoy o más adelante, le sacan el mayor provecho a las conversitas con Kirchner, los otros aparecen para los periodistas como más “sinuosos”.
Clajadep
CONFLICTOS Y ACERCAMIENTOS ENTRE KIRCHNER Y LOS DESOCUPADOS
El plan del Gobierno para controlar a los piqueteros
Kirchner reclama que se terminen los cortes de rutas y calles. A cambio financia emprendimientos productivos de los piqueteros. Ya les dio 100 millones de pesos extras. Pero beneficia sobre todo a agrupaciones afines. El conflicto con los grupos nuevos y con los que proponen un “cambio de modelo”.
El funcionario, uno de los que mayor diálogo tiene con los piqueteros dentro del Gobierno, dice así: “Nosotros no les pedimos mucho. Les pedimos que si cortan una calle, no la corten entera y dejen un paso. Que si quieren una audiencia, llamen por teléfono antes, en lugar de sacar la gente a la calle, porque acá (en la Casa Rosada) se atiende a todo el mundo. Y ahora, con el episodio del encierro de (el ministro de Trabajo Carlos) Tomada, el Presidente les ha marcado un nuevo límite.”
Marcar ese límite —con la primera denuncia judicial contra un grupo piquetero hecha por un gobierno que asumió asegurando que no iba a “criminalizar la protesta social”— tuvo su costo y aún está por verse si tendrá algún beneficio. Y el fuego se avivó con la fallida brigada antipiquetera, idea del propio Kirchner según admiten entre dientes en la Rosada, “en el contexto de querer evitar que una protesta se descontrole y termine con un muerto”.
Pero las reacciones no fueron iguales en todas las organizaciones piqueteras, porque el trato y los subsidios que reciben del Gobierno no son iguales. Tampoco la ideología de sus líderes, aunque sus bases sean similares.
El Presidente sumó a la demarcación de límites en su relación con las organizaciones de desocupados el anuncio de que no habrá nuevos planes Jefas y Jefes de Hogar . Hoy existen dos millones de beneficiarios, que reciben 150 pesos al mes, de los que los piqueteros tienen unos 200 mil.
Con ese tope, la distribución de fondos para proyectos productivos es la raíz de la estrategia que está delineando Kirchner para mantener a raya a los piqueteros. El plan para construir 6.208 viviendas por parte de cooperativas piqueteras es el emprendimiento de mayor envergadura. Y allí se notan las alianzas: entre la Federación Tierra y Vivienda (FTV) y la Corriente Clasista Combativa, que comandan Luis D’Elía y Carlos Alderete, suman 34,2 millones de pesos adjudicados, más la propiedad posterior de las viviendas para sus militantes. Sólo el líder del MIJD, de Raúl Castells, pudo entrar en ese reparto, con 2 millones de pesos adjudicados. Mientras D’Elía y Alderete aseguran que “no recibimos más por favoritismo, sino porque estamos más organizados y somos dueños de las tierras para construir”, el resto de las organizaciones quedaron afuera.
Ellas se deben dirigir al Ministerio de Desarrollo Social, comandado por Alicia Kirchner, donde se canalizan otros proyectos productivos, además de la ayuda para comedores escolares. Allí irá a parar el año próximo, además, el manejo de la totalidad de los planes Jefas y Jefes de Hogar. Un traspaso bien visto por los piqueteros, que acusan al ministro de Trabajo, Carlos Tomada, de tener mejor relación con los sindicalistas que con ellos.
Pero no todo es dinero. En el juego de tensiones y concesiones, el Gobierno sumará un anuncio clave, según reveló un hombre muy cercano al Presidente: Impulsará la despenalización de la protesta social por ley.
Es un proyecto que originalmente se había planteado como una reforma al Código Penal, pero finalmente será una reafirmación del “derecho a la protesta” que consigna el Pacto de San José de Costa Rica. En rigor, es un gesto político por partida doble: les marcará a los jueces el viento que corre, aunque ellos seguirán teniendo instrumentos jurídicos para encausar a los piqueteros. Y servirá para desinflar la marcha que las organizaciones piqueteras menos alineadas con la política oficial tienen prevista para el martes, justamente con la consigna central de protestar “contra la criminalización de la protesta”.
Pero en el anuncio, el Gobierno anotará al pie de página que esa despenalización “será siempre y cuando los piqueteros no salten la valla (policial)”, según la imagen elegida por el mismo funcionario. Una forma de reafirmar el “límite” demarcado en el episodio con el ministro Tomada.
El Gobierno planea otras concesiones a los piqueteros:
Rebajará el IVA (al 10,5) y el monotributo (será una cuota de $ 45 cada ocho personas) a las cooperativas de trabajo piqueteras.
Lanzará un plan piloto con tarjetas de débito para el cobro de los planes Jefas y Jefes que también incluirá una rebaja del IVA.
Formará una comisión para investigar los crímenes de Kosteki y Santillán.
Además, puso bajo estudio, otros reclamos piqueteros:
Los piqueteros que trabajen en la construcción de casas podrían seguir recibiendo los $ 150 del Plan Jefas y Jefes por un año.
La concesión de un “aguinaldo social” de $ 150 para fin de año a los beneficiarios de los planes.
La compra de un porcentaje de la producción de las cooperativas piqueteras por parte del Estado.
El aluvión de medidas se relaciona con que piqueteros tradicionalmente “amigos” del Gobierno salieron a pegarle por primera vez al presidente Néstor Kirchner frente a cuanto micrófono se les puso por delante por el proyecto de la policía antipiquetera y la denuncia judicial por la encerrona a Tomada, aunque luego aceptaron rápidamente el convite presidencial para un encuentro y aclaraciones en la Rosada: entre el martes y el jueves pasaron por allí Alderete (CCC), D’Elía (FTV) y los principales referentes del MTD Aníbal Verón.
En las reuniones, el Presidente prometió que el Gobierno “no ratificará la denuncia” por la encerrona al ministro de Trabajo y se hicieron chistes sobre la fallida idea del cuerpo antipiquetero.
A D’Elía, Kirchner lo recibió con un: “Cuando salgás, decí que circulaste por la casa de Gobierno y no viste ninguna brigada antipiquetera”.
Alderete, al llegar, le dijo al Presidente: “Pude venir porque en la puerta no había ningún grupo antipiquetero”.
En cambio, el Bloque Piquetero, Raúl Castells y varios desprendimientos de la Verón, como la Corriente de Trabajadores Desocupados, no estuvieron dentro de la Rosada. Son los que protestarán pasado mañana frente a ella, en la Plaza de Mayo. Una relación más sinuosa mantiene el MTD Aníbal Verón: Fueron a la Rosada, elogiaron la “receptividad y sinceridad del Presidente”, pero también se movilizarán pasado mañana “porque no aceptó retirar la denuncia” por el episodio en el Ministerio de Trabajo.
El martes hubo dos escenas simultáneas y opuestas. En la Casa Rosada, Kirchner le decía a Alderete que está estudiando que el Estado le compre una cuota fija de la producción de los emprendimientos piqueteros financiados por el Estado. En la sede de la FUBA (controlada por la izquierda universitaria), los grupos que marcharán del Congreso a la Plaza de Mayo, clamaban: “Hace falta otro 20 de diciembre”, en referencia a la seguidilla de saqueos y cacerolazos que culminaron con la renuncia del presidente Fernando de la Rúa en 2001.
El habitual malhumor con el que Kirchner habla de Néstor Pitrola, líder del Polo Obrero (versión piquetera del trotskysta Partido Obrero), puede resumir la visión del Presidente sobre esas organizaciones, bautizadas como “ideológicas” en Casa de Gobierno: “Por más que mejoren las cosas, nunca dejan de protestar”.
La reorientación de los subsidios hacia proyectos productivos es una búsqueda del Gobierno de aislar a los que protestan contra el “proyecto económico”. “Los que quieran trabajo serán bienvenidos. Ahora, si quieren cambiar el proyecto económico, que se presenten a elecciones y ganen. Porque el proyecto no va a cambiar por un corte de ruta”, sintetiza un secretario de Estado.
Si la semana que pasó sirvió para medir las fuerzas y solidez de las alianzas, no deja de ser notable que todo haya empezado con la protesta de ocho pequeños grupos de piqueteros que juntaron 500 personas frente al Ministerio de Trabajo y terminaron en el centro de la escena política por atarle unos alambres y cadenas a la puerta la madrugada del jueves 23 de octubre. Tuvieron que hacer cuatro asambleas (por separado) para levantar la protesta, ya que juntos no se ponían de acuerdo. Esa noche, ya tarde, Kirchner le ordenó a Tomada: “Salí del ministerio de una vez”. El ministro se quedó y el Presidente todavía se lo reprocha.
Algunos leyeron la embestida judicial, ordenada por el Presidente sobre el pequeño grupo piquetero, como un gesto para quedar bien con la clase media, más quejosa de las demoras en el tránsito que de las miserias del conurbano. “Kirchner no es una persona a la que le interese particularmente quedar bien con la clase media. Se calentó y marcó su límite”, explicó un funcionario que se tutea con el Presidente y habló con él del tema.
En la última semana, Gobierno y piqueteros conocieron sus límites. Los piqueteros se enteraron de que sus protestas no pueden ir más allá del piquete sin que el Gobierno reaccione. Y el Gobierno descubrió que no puede atacar judicialmente ni agitar el fantasma de la represión sin que las organizaciones de desocupados lo salgan a criticar en cadena.