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La asamblea constituyente madurista

Edgardo Lander

Brecha

El fallecimiento de Chávez en el año 2013 y el colapso de los precios del petróleo que ocurrió poco después significaron el derrumbe de dos pilares fundamentales del proceso bolivariano, y es a partir de entonces que éste entra en una profunda crisis. La crisis estructural del agotamiento del patrón petrolero rentista que venía dándose desde comienzos de la década del 80, y que parecía haberse superado en la primera década de este siglo, reaparece con renovado vigor.

Maduro, careciendo de la capacidad de liderazgo de Chávez, gana las elecciones presidenciales del año 2013 con una diferencia de menos de 2 por ciento de los votos. En 2015 la oposición gana por muy amplia mayoría las elecciones parlamentarias, obteniendo dos terceras partes de los escaños, mayoría calificada con la cual podía nombrar a los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia (Tsj) y del Consejo Nacional Electoral (Cne). El gobierno de Maduro rápidamente reconoce que ha perdido la mayoría del apoyo popular e igualmente que no puede preservarse en el poder si se somete a los límites que le impone la Constitución.

Comienzan así a tomarse una serie de decisiones que en forma consistente van apartando al gobierno de la Constitución bolivariana: se cancela el referéndum revocatorio que había sido celebrado como una de las conquistas más importantes de la democracia participativa; se posponen las elecciones de gobernadores que obligatoriamente tenían que realizarse en diciembre de 2016; se nombra en forma inconstitucional a los integrantes del Tsj y el Cne, y finalmente, desconociendo por primera vez los resultados de una elección popular, a través del Tsj el gobierno declara que la Asamblea Nacional (el parlamento) está en desacato y reparte sus atribuciones constitucionales entre el Ejecutivo y el propio Tsj. Desde febrero del año 2016 el presidente Maduro ha venido gobernando con base en poderes autoatribuidos de estado de emergencia, sin contar para ello con el aval constitucionalmente requerido de la Asamblea Nacional y por un período muy superior al máximo permitido por la Constitución.

En estas condiciones se produce de abril a julio una fuerte ofensiva contra el gobierno por parte de la oposición. Ésta combina la realización de masivas movilizaciones pacíficas en las principales ciudades del país, actividades violentas, destrucción de instalaciones públicas de educación, salud y transporte, e incluso actos terroristas y la operación de grupos paramilitares que cuentan con apoyo externo. El gobierno responde con una indiscriminada represión complementada a su vez por colectivos civiles armados que atacan violentamente a las movilizaciones opositoras. El resultado es una escalada de violencia que ha producido más de 120 muertos, centenares de heridos y detenidos, muchos de ellos pasados directamente a tribunales militares.

Es éste el contexto en el cual el presidente Maduro anuncia el 1 de mayo la convocatoria a una asamblea nacional constituyente (Anc). Una Anc se asocia a un acto democrático, al inicio de un proceso participativo en el cual los más amplios y diversos sectores de la sociedad podrán deliberar, negociar y acordar criterios y normas básicas sobre las formas de avanzar en la dirección del modelo de sociedad al cual se aspira. Este fue, efectivamente, el caso de la constituyente convocada mediante un referéndum nacional en los primeros meses del gobierno de Chávez, en el año 1999. Esta rica experiencia nada tiene en común con la convocatoria hecha por el presidente Maduro.

Si bien la Constitución no es totalmente explícita al respecto, sí establece una diferencia clara entre “tomar la iniciativa” de la convocatoria (que lo puede hacer el presidente), y “convocar”, que es una atribución exclusiva del pueblo soberano (artículo 347). Esto implica que se debería haber realizado un referéndum consultivo sobre si se convocaba o no, tal como ocurrió en el año 1999. Obviamente esto no se hizo porque el gobierno no contaba con el apoyo electoral requerido para ganar esa consulta. Igualmente problemático fue el diseño de las bases comiciales, absolutamente arbitrario y no democrático que buscaba convertir a la actual minoría de apoyo al gobierno en mayoría aplastante en la Anc.

Se alteraron las formas en se habían realizado las elecciones anteriores, se creó un doble régimen de representación: territorial y sectorial. En el régimen territorial se le dio una extraordinaria sobrerrepresentación a los municipios rurales, menos poblados, sobre los municipios urbanos que concentran mayor población y donde es mayor el rechazo al gobierno. Se violó en forma expresa e intencional el principio constitucional de la representación proporcional.

Fue igualmente problemático el diseño de la participación sectorial. En las bases comiciales se definió que se elegirían constituyentes sectoriales en representación de cada uno de siete sectores de la población. Se dejó fuera del derecho al voto sectorial aproximadamente a cinco millones de ciudadanos, creándose una diferencia entre ciudadanos de primera con derecho a votar dos veces, y unos ciudadanos de segunda que sólo tenían derecho a un voto.

De acuerdo a la Constitución, el voto no es obligatorio. Sin embargo portavoces del gobierno, comenzando por el presidente, amenazaron con las graves consecuencias que tendría para los ciudadanos su no participación. Se utilizaron las listas de los empleados públicos y trabajadores de las empresas del Estado y de los beneficiarios de los programas sociales para advertirles que perderían sus empleos y beneficios si no votaban. Una vez pasadas las elecciones se multiplican las denuncias de la aplicación efectiva de estas sanciones.

Para estas elecciones el Cne desmontó los principales mecanismos de control que habían convertido al sistema electoral venezolano en un modelo de transparencia y confiabilidad. No se llevaron a cabo varias de las auditorías exigidas por las normas electorales. No se utilizó tinta indeleble destinada a garantizar que cada votante sólo pudiese votar una vez. Se eliminó de hecho el papel de los cuadernos electorales. Estos cuadernos eran auditados con la participación de representantes de los diferentes grupos políticos para confirmar su exactitud. Cuando el Cne decidió, a última hora, que los votantes podían hacerlo en cualquier centro electoral de su municipio, y luego incluso fuera de su municipio, desapareció este vital instrumento de control y transparencia del proceso electoral.

Como consecuencia de la forma inconstitucional en que se convocó a la Anc y los plazos perentorios establecidos para el registro de los y las candidatas, sólo participaron como candidatos, votantes y testigos los partidarios del gobierno. Esto convirtió a las elecciones del 30 de julio prácticamente en unas elecciones internas del Psuv sin testigos externos.

Se les prohibió a los medios de comunicación la cobertura del proceso electoral al impedir a los periodistas acercarse a menos de 500 metros de los centros de votación. Esto convirtió a estas elecciones en un proceso que lo es todo menos público.

El presidente de Smartmatic, empresa que suministró la base tecnológica de todos los procesos electorales totalmente automatizados realizados desde el año 2004, declaró que no podía garantizar la veracidad de los resultados presentados por el Cne porque éstos habían sido manipulados y se había inflado en por lo menos un millón el número total de votantes.

No existe razón alguna para tener confianza en los resultados anunciados por el Cne. Éste anunció la participación de 8.089.320 votantes, cifra, por decir lo menos, altamente sospechosa. No tiene relación alguna con lo que indicaban, sin excepción, todos los principales estudios de opinión que se habían realizado en el país antes de las elecciones, que proyectaban niveles de participación muy inferiores, ni con los exit polls.

Estos resultados han producido un severo malestar entre sectores de base del chavismo y algunos de sus aliados en el Polo Patriótico. Ha quedado claro que las postulaciones fueron diseñadas de tal manera de asegurar que el nuevo poder constituyente fuese una fiel expresión del poder constituido, garantizando la elección de todos los altos dirigentes del Psuv y de todos los ministros y gobernadores que renunciaron a sus cargos para postularse a estas elecciones.

Los severos problemas que hoy enfrenta el país no son de orden jurídico-normativo. No es mediante modificaciones constitucionales que se va a resolver la severa crisis humanitaria en los ámbitos de la alimentación y la salud, la profunda recesión y deterioro del aparato productivo o la existencia de una deuda externa que no hay como pagar. Menos aun puede esperarse que una constituyente que, en el mejor de los casos, no contó con el respaldo de 58,47 por ciento del padrón electoral, pueda servir como instrumento de diálogo y de paz.

Se ha producido en estas elecciones un desmantelamiento del régimen electoral que con tanto esfuerzo se había logrado montar desde el año 2004. En un país tan polarizado, con tanta violencia, este desmantelamiento no es poca cosa. Nos deja sin un pilar fundamental de las posibilidades de la convivencia democrática. Ya no contamos con un árbitro confiable. Ya no se trata de si se realizarán o no elecciones, igualmente hay que interrogarse sobre el para qué de procesos electorales si el supuesto árbitro neutral, pública y notoriamente, ha dejado de serlo. ¿Qué ocurrirá en el país si esto conduce al cierre total de toda opción electoral? ¿Significará que se instalará la violencia, el terrorismo paramilitar y la represión estatal como la forma de procesar nuestras inevitables diferencias?

A partir del viernes 4, cuando al parecer se instale la nueva asamblea constituyente, el país entra en un período de mayor incertidumbre. Los portavoces del gobierno han anunciado que se trata de una asamblea plenipotenciaria y supraconstitucional que podrá, por ejemplo, intervenir directamente a la Fiscalía General de la República y remplazar el parlamento nacional actual, cuya vigencia está prevista hasta enero del año 2021. Independientemente de si en el futuro se consulta o no a la población sobre la nueva Constitución que elabore este cuerpo, a partir de este momento el gobierno pasa a desconocer, por la vía de los hechos, la Constitución del año 1999.

* Sociólogo venezolano, integra la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución en Venezuela, y fue uno de los principales organizadores del Foro Social Mundial de 2006 en Caracas.

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