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Afirma junta de buen gobierno que ha habido corrupción de las autoridades
Pescadores zapatistas reclaman derecho a laborar en la laguna Panzacola
La Realidad, Chis. 8 de noviembre. La junta de buen gobierno (JBG) Hacia la Esperanza denunció hoy que las autoridades federales, en particular la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), han negado sistemáticamente la concesión pesquera de la laguna Panzacola a la comunidad Arenal, y exige que se respete su derecho a trabajar esas aguas. Los pescadores zapatistas de la costa del océano Pacífico, pertenecientes al municipio autónomo Tierra y Libertad, han sido sistemáticamente perseguidos por las autoridades judiciales. Desde 1987 a la fecha (de Miguel de la Madrid a Vicente Fox y sin escalas), las autoridades ambientales les han negado el derecho a pescar en la laguna Panzacola, donde los cooperativistas invocan derechos territoriales.
Ahora, desde el caracol Madre de los caracoles del mar de nuestros sueños, su JBG notifica: “un grupo de compañeros, bases de apoyo del EZLN, accedieron a nuestras oficinas en busca de justicia. Después de revisar el caso, nos dimos cuenta de que todos los servidores públicos de las anteriores administraciones y de la actual han incurrido en actos de corrupción”.
Habitantes del llamado Manglar de Zaragoza (municipio oficial de Acapetagua, a unos 500 kilómetros de La Realidad), los pescadores de Arenal pertenecen al vasto archipiélago que conforma a Tierra y Libertad, el municipio zapatista más extenso, pues abarca desde la selva fronteriza hasta el mar. Decenas de comunidades se han declarado en resistencia a lo largo de todo ese territorio.
Antecedentes
La JBG recapitula: “el 8 de febrero de 1987 un grupo de 54 pescadores auténticos solicitaron constituirse como sociedad cooperativa ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ya como Cooperativa Río Arriba, solicitaron al delegado federal de Pesca un permiso de captura de camarón y escama en la laguna de Panzacola, en los lugares Corral de Plato, Encantado, Paluda y Estero Encajonado. La respuesta que obtuvieron fue que una vez que se integrara el expediente se les otorgaría la concesión”. Esto nunca sucedió.
Auspiciada por el gobierno, la Cooperativa de Bienes y Servicios Los Cerritos, sin poseer derechos sobre esas aguas y tierras, interpuso un amparo ante el juzgado tercero de distrito. Este resolvió en favor de Río Arriba. No obstante (¿por aquello de la división de poderes?), la entonces Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap) negó la concesión, alegando además “que todos los documentos dejaron de tener validez porque la ley se ha derogado”. Así, los de Cerritos, originariamente militantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata, se volvieron oficialistas y pudieron usurpar “legalmente” los derechos de Arenal.
Estos repitieron los trámites, y por añadidura pidieron el visto bueno de las demás sociedades cooperativas pesqueras. La Federación Regional de Sociedades Cooperativas de la Industria Pesquera del Estado de Chiapas le reconoció a Río Arriba su área de posesión. Los pescadores autónomos pagaron lo indicado por las autoridades federales, “en la sucursal única de Banamex en Acapetagua, quedando en espera de la concesión definitiva”. La JBG agrega que “a espaldas de nuestros compañeros, Semarnap otorgó permiso a Los Cerritos, sin pertenecer a esa área y sin llenar los requisitos”.
Entonces, una patrulla de la zona naval de Tapachula acudió a la laguna para desalojar a los de Río Arriba. “El almirante que vino entendió el problema”, dice hoy la JBG a La Jornada, “y no los agredió”. No obstante, el 30 de julio de 1984, Seguridad Pública los desalojó brutalmente, decomisó 56 cayucos (de los cuales destruyó 36) y todo el equipo de pesca. Río Arriba intentó de nuevo la explotación dentro de su área, y el 17 de febrero de 1998 los pescadores fueron desalojados y golpeados por la policía del entonces gobernador Roberto Albores Guillén, con un saldo de varios heridos y detenidos.
La junta autónoma considera que el caso “demuestra claramente la falta de voluntad del gobierno federal para resolver las necesidades del pueblo”. Del anterior desalojo a la fecha, la cooperativa Los Cerritos mantiene bloqueados los accesos “y si detecta” el tránsito de integrantes de Río Arriba “los detiene y golpea sin piedad”. Tales acciones “son asesoradas por funcionarios federales”. Las instancias gubernamentales y las leyes “sirven a los que ofrecen dinero, y al que no, lo agrede, discrimina, roba y asesina. Todo este asunto lo sabe el señor Fox, sólo que se hace sordo y ciego. Cansados, nuestros compañeros acudieron a esta JBG, que ahora conoce y revisa el caso, y exige la concesión que por derecho corresponde a la cooperativa Río Arriba, en los espacios acuíferos mencionados”.