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Una estructura criminal integrada por funcionarios públicos, aparatos de seguridad del Estado, altos directivos, mandos intermedios y miembros de la seguridad privada de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (Desa), titular de la concesión para construir el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, planeó por meses y ejecutó el asesinato de la dirigente indígena Berta Cáceres, en el marco de una estrategia más amplia que tenía el objetivo de controlar, neutralizar y eliminar cualquier obstáculo al desarrollo del proyecto energético.
“Represa de violencia. El plan que asesinó a Berta Cáceres”
DESA y agentes del Estado detrás del asesinato de Berta Cáceres, por Giorgio Trucchi
http://radiomundoreal.fm/10105-represa-de-violencia-el-plan-que?lang=es
Tras la presentación del informe por parte del Grupo asesor internacional de personas expertas, Gaipe, conformado por especialistas en derecho internacional de los derechos humanos, derecho penal internacional y derecho penal comparado, quedó de manifiesto un plan criminal para aniquilar cualquier oposición a Agua Zarca, señala el periodista Giorgio Trucchi en esta crónica. El informe completo puede consultarse en esta misma nota.
Una estructura criminal integrada por funcionarios públicos, aparatos de seguridad del Estado, altos directivos, mandos intermedios y miembros de la seguridad privada de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (Desa), titular de la concesión para construir el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, planeó por meses y ejecutó el asesinato de la dirigente indígena Berta Cáceres, en el marco de una estrategia más amplia que tenía el objetivo de controlar, neutralizar y eliminar cualquier obstáculo al desarrollo del proyecto energético.
Es esta una de las principales conclusiones contenidas en el informe “Represa de violencia. El plan que asesinó a Berta Cáceres” (disponible en adjunto a este artículo), presentado este 31 de octubre por el Grupo asesor internacional de personas expertas, Gaipe, un equipo conformado por especialistas [1] en derecho internacional de los derechos humanos, derecho penal internacional y derecho penal comparado, que durante más de un año realizaron un análisis independiente, objetivo e imparcial de los hechos en los que fueron víctimas Berta Cáceres y el sociólogo mexicano Gustavo Castro.
Inmediatamente después de los hechos trágicos del 2 de marzo del año pasado, tanto la familia de la dirigente indígena como el Copinh [2] instaron al gobierno de Honduras a permitir que la Comisión interamericana de derechos humanos (Cidh) enviara al país un grupo de investigación independiente e imparcial, ya que consideraban que las personas detenidas en su momento eran piezas de un engranaje más complejo, donde los mandantes intelectuales que planearon y financiaron el crimen aún no habían sido apresados.
Ante el silencio de las autoridades, la familia, acompañada por organizaciones nacionales e internacionales, se vio en la obligación de solicitar apoyo para que se constituyera un grupo asesor internacional de personas expertas.
Red criminal planeó asesinato
De acuerdo con la investigación del Gaipe basada en la misma información que tiene en su poder el Ministerio Público (MP), el asesinato de Cáceres se venía planeando desde noviembre de 2015 y un primer operativo fue abortado en febrero de 2016.
“A partir del 2015 se estructuró un minucioso trabajo de reconocimiento y seguimiento a Berta. También se preparó un primer operativo para asesinarla en febrero de 2016, pero finalmente se abortó. De ese operativo se informó a un alto directivo de la empresa Desa. El 2 de marzo -fecha del asesinato- este mismo directivo se comunicó con uno de los procesados y el 3 de marzo volvió a comunicarse con él. Por lo tanto, el de Berta Cáceres no fue un asesinato casual, sino que respondió a una planificación en la cual estuvieron involucrados altos directivos de Desa”, dijo Miguel Ángel Urbina, del Gaipe, durante la conferencia de prensa.
Hasta el momento, la Agencia técnica de investigación criminal, Atic, ha llevado al arresto de 8 personas. Los detenidos son Douglas Bustillo, lugarteniente retirado del ejército y exjefe de seguridad de Desa; Mariano Díaz Chávez, mayor del ejército y veterano de las fuerzas especiales; Sergio Rodríguez Orellana, gerente del área social, ambiental y comunicaciones de Desa; Henry Hernández Rodríguez, sargento y francotirador de las fuerzas especiales; los hermanos Edilson Atilio y Emerson Eusebio Duarte Meza; Óscar Torres Velásquez y Elvin Rápalo Orellana.
Para cuatros de ellos -Douglas Bustillo, Mariano Díaz, Sergio Rodríguez y Elvin Rápalo- la acusación por los delitos de asesinato y de asesinato en su grado de ejecución de tentativa ya fue elevada a juicio oral y público, pero aún no se ha determinado la fecha de inicio del juicio. Para los otros cuatro acusados, la audiencia preliminar ha sido suspendida en cuatro ocasiones a petición de la parte acusadora, que ha reiteradamente denunciado el secretismo que rodea las investigaciones, así como la falta de entrega de la documentación probatoria al equipo legal de la familia.
Para los integrantes del Gaipe, el haber limitado el acceso a documentos, diligencias y pruebas habría, hasta el momento, imposibilitado la identificación, procesamiento y juzgamiento de otros autores materiales e intelectuales, los cuales no han sido identificado por el MP. Además, aseguran que Emerson Duarte Meza, uno de los acusados, nada tendría que ver con el asesinato de la dirigente indígena lenca.
“Durante la investigación nos hemos enfrentado a varios obstáculos, entre otros, la dificultad para revisar material probatorio que MP ha incorporado al proceso. Esta actitud ha venido limitando el ejercicio serio del derecho de las víctimas y de los procesados”, aseguró Urbina.
Monopolio de la impunidad
Con base en el análisis de la prueba recopilada, el Gaipe logró documentar numerosas conductas delictivas, irregularidades en la investigación, así como identificar a posibles autores intelectuales de un asesinato que no fue un hecho aislado, sino parte de diversas estrategias emprendidas por agentes del Estado, estructuras paralelas a las fuerzas de seguridad, altos directivos, mandos intermedios y miembros de la seguridad privada de la empresa Desa, para eliminar cualquier oposición al proyecto.
Estas acciones, revela el informe, incluyeron la instrumentalización de las comunidades para generar ruptura del tejido social, campañas de desprestigio, infiltración, seguimiento, amenazas, sicariato y hasta el sabotaje del equipo de comunicaciones del Copinh, así como la cooptación de operadores de justicia y fuerzas de seguridad y el fortalecimiento de estructuras paralelas a las fuerzas de seguridad del Estado.
Una actitud que, aseguran los expertos, ha violentado el Convenio 169 de la OIT y el derecho legítimo de los pueblos indígenas a ser consultados de forma previa, libre e informada.
Del análisis de la información telefónica se deduce, además, que los socios y directivos de Desa no sólo mantuvieron contacto con los asesinos materiales e intelectuales, sino también con autoridades de la Secretaría de Seguridad y de la Policía Preventiva “para conocer los detalles de las primeras diligencias judiciales relacionadas con el asesinato, inclusive, antes de ser informada la familia de Berta Isabel Cáceres Flores o sus representantes legales. A la vez, se demuestra que estos actores influyeron para que las diligencias iniciales se dirigieran hacia personas integrantes del Copinh o cercanas a Berta”, aclara el informe del Gaipe.
El grupo de expertos responsabilizó a la Secretaría de Seguridad tanto por la militarización de las instalaciones del proyecto Agua Zarca y del territorio lenca, como por la falta de protección a Berta Cáceres “pese a que conocía el grave e inminente riesgo sobre su vida e integridad”.
También responsabilizó a las instituciones financieras internacionales que financiaron el proyecto hidroeléctrico por no adoptar “medidas idóneas, eficaces y oportunas para garantizar el respeto a los derechos humanos de las comunidades indígenas impactadas por la represa Agua Zarca, ni mucho menos para proteger la vida e integridad de Berta Cáceres”.
“Todos han tratado de cubrir a los poderosos involucrados en el asesinato de mi hija. Exijo justicia, que se persigan a todos los autores materiales e intelectuales y que les caiga todo el peso de la ley. Además que se destituyan a todos aquellos agentes del Estado que tuvieron que ver con el crimen. Ya basta de proteger a los asesinos”, aseveró Austra Bertha Flores, mamá de la defensora de derechos humanos asesinada
“La impunidad nos avergüenza como país. El Ministerio Público goza del monopolio de la acción penal, pero este privilegio se ha convertido en el monopolio de la impunidad, cuidando y ocultando los nombres de los autores intelectuales. Lamentablemente, esta es la normalidad con la que actúan estas estructuras de poder”, advirtió el abogado Víctor Fernández, apoderado legal de la familia de Berta Cáceres.
“Estas personas se comunicaban por teléfono sin ningún temor, y esto evidencia la certeza de que la justicia nunca los va a alcanzar. Estamos hablando de agentes del Estado, estructuras paralelas de seguridad y de altos ejecutivos de la empresa Desa. Personas que controlan el destino de nuestro país”, agregó Fernández.
Modelo extractivista genera violencia
Para el abogado, el contexto en que se dio el asesinato de Cáceres está relacionado profundamente con la promoción de un modelo económico que violenta derechos y asesina, de manera selectiva, al liderazgo social del país.
“El delito de estas personas es confrontar al modelo extractivista que impulsan empresas como Desa. Hay que romper esta normalidad con que se ejecuta un crimen y se goza de impunidad. Hay que romper la secretividad que rodea el caso de Berta y que oculta la estructura económica vinculada al modelo extractivista y a su asesinato. Vamos a convertir este informe del Gaipe en herramienta para el proceso”, concluyó Fernández.
También Miguel Ángel Urbina recalcó la importancia de que se inicie el desmontaje de estructuras paralelas de seguridad, que en Honduras están siendo fortalecidas por las mismas empresas que invierten en proyectos extractivistas. Proyectos que son fuente continua de conflictividad social, invasión de territorios y niveles elevados de violencia.
Recomendaciones del Gaipe
Con base en los antecedentes proporcionados por el Ministerio Público, la recopilación y el análisis de información efectuado, el Gaipe recomendó al gobierno y al Congreso de Honduras revisar la legalidad y revocar la concesión, contratos, licencias y otros beneficios otorgados al proyecto Agua Zarca “por la violación al deber de consulta, previa, libre e informada, y las prácticas sistemáticas de persecución y exterminio”.
También pidió “no autorizar la construcción de represas en las comunidades Lencas sin la realización de las consultas libres, previas e informadas, así como adoptar medidas para que las empresas, a quienes se les ha otorgado concesiones, no usen su influencia para controlar, neutralizar y eliminar las demandas sociales promovidas, individual o colectivamente, garantizando plenamente la labor de defensa de los derechos humanos.
Asimismo, el grupo de expertos pidió al sistema de justicia garantizar de manera efectiva “la investigación seria, integral y exhaustiva del asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores y la tentativa de asesinato de Gustavo Castro Soto”, permitiendo el juzgamiento y sanción de todas las personas que resulten por autoría material e intelectual, por acción u omisión, de los hechos delictivos, así como de las conductas conexas.
De igual manera, recomendó “investigar las actuaciones de los agentes a cargo del esclarecimiento de los hechos del 2 de marzo de 2016, para determinar la responsabilidad en que hayan incurrido, por acción u omisión”, así como “investigar, juzgar y sancionar a las personas vinculadas a Desa y los organismos de seguridad del Estado que formaron y fortalecieron las estructuras criminales que han actuado en contra de las comunidades lencas de Río Blanco e integrantes del Copinh”.
Finalmente, el Gaipe solicitó permitir la participación de las víctimas en el proceso interno, brindándoles el acceso en forma oportuna a todas las actuaciones de la investigación.
A las empresas, instituciones financieras y países donantes, los expertos recomendaron asegurar que los proyectos de desarrollo o inversión “respeten y garanticen la obligación de llevar a cabo la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas y afrodescendientes”, así como exigir del Estado hondureño “el pleno respeto a la labor de defensa de los derechos humanos”.
Notas:
[1] Liliana Uribe (Colombia), Miguel Ángel Urbina (Guatemala), Roxanna Altholz (Estados Unidos), Daniel R. Saxon (Holanda/Estados Unidos) y Jorge Molano (Colombia)
[2] Consejo cívico de organizaciones populares e indígenas de Honduras
Artículo original en https://www.alainet.org/es/articulo/188982, publicado con autorización de su autor.