Imprimir
Siete personas murieron baleadas ayer, entre ellas un agente policial, durante la huelga nacional que paralizó durante 24 horas casi todas las actividades para presionar por un cambio en la política económica, convocada por organizaciones comunitarias. Publicidad
Anoche se encontraban en estado de gravedad los cabos policiales Arístides Clase Pérez y Luis Freddy Lantigua Rivas, heridos en enfrentamientos con manifestantes en Santiago.
La jornada se caracterizó por el fuerte patrullaje policíaco-militar en todos los sectores capitalinos, sobre todo en los barrios de mayores carencias materiales, ubicados en zonas marginadas. Entre tanto, Virgilio Almánzar, presidente del Comité Nacional de los Derechos Humanos, pidió que sean llevados a la Justicia los policías que dispararon contra ciudadanos y los revoltosos que lo hicieron contra el raso Arias.
El paro
El comercio en avenidas como la Duarte, la de mayor actividad comercial del país, mantuvo cerradas las puertas de los más de 500 establecimientos ubicados en ella, al igual que en los 130 de la avenida Mella, como en el Conde Peatonal. Mientras que el transporte de pasajeros se caracterizó por la ausencia de usuarios, a pesar de que algunos sindicatos cercanos al Gobierno habían garantizado el servicio junto a las entidades públicas del sector.
Las grandes cadenas de super mercados Nacional, Bravo, Plaza Lama y otras plazas del Polígono Central ofrecían servicios pero el flujo de consumidores fue apenas perceptible. Las industrias y las actividades legislativas también permanecieron inactivas, al igual que la docencia en escuelas públicas y privadas. En planteles como Nuestra Señora del Carmen, Fray Ramón Pané, Santaella, Fidel Ferrer, liceo Unión Panamericano, Manresa y Duvergé estuvieron entre los centros que no ofrecieron docencia.
También permanecieron cerrados el Colegio Dominicano De la Salle, Claret, Stanford School, Sonrisitas y Mundo Nuevo, las universidades Autónoma de Santo Domingo (UASD), Tecnológica Santiago (Utesa), Santo Tomás de Aquino, Recinto de Santo Domingo, al igual que la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), que suspendió cerca de las 11:00 de la mañana.
El Congreso Nacional suspendió sus labores porque la mayoría de sus legisladores no pudo salir de sus provincias. El senador de Valverde, César Augusto Matías, fue apedreado por desconocidos que destruyeron el parabrisas de su yipeta en la avenida 30 de Marzo de Santiago, cuando trataba de tomar la autopista Duarte rumbo a esta Capital.
Actividades
Los servicios judiciales estuvieron disponibles en la Suprema Corte, en la Procuraduría General y en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, aunque el flujo de usuarios fue escaso.
Las salas civiles y penales conocieron sus audiencias con relativa normalidad, mientras en Ciudad Nueva las salas penales y los juzgados de instrucción trabajaron de manera regular, al igual que la Fiscalía y la Procuraduría General de la República.
Tanto jueces como fiscales acudieron a sus labores cotidianas para completar y remitir los expedientes a los diferentes tribunales de Instrucción y en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva funcionaron regularmente los departamentos de Médico Legista, Criminales, Familia y Menores y Propiedad Intelectual, entre otros.
Sólo el departamento de Asuntos Civiles y Ejecuciones (Fuerza Pública) no laboró debido a que su función es ejecutar órdenes de conducencia, desalojos y embargos, a los fines de evitar cualquier tipo de problema. Los empleados de la Fiscalía, a Procuraduría, de los juzgados y las cámaras penales de Ciudad Nueva salieron a la 1:00 de la tarde.
La Coordinadora de la huelga que paralizó ayer el país durante 24 horas anunció el levantamiento del paro a partir de esta mañana a las 6:00, y felicitó al pueblo por acoger el llamado y presionar un cambio en la política económica.
Fidel Santana, quien actuó de vocero, lamentó las muertes durante las protestas en barrios populosos de esta Capital y en provincias, y exigió que las autoridades competentes castiguen a los policías que cometieron esos hechos de sangre.
Anunció un encuentro nacional para el próximo sábado para determinar otras acciones y dieron al Gobierno un plazo de 30 días para que responda también a la demanda de bajar los precios de los alimentos y los carburantes, reajustar los sueldos en un 100% para empleados, civiles y militares, cese de la crisis eléctrica y un aumento de 5% en el presupuesto de la UASD.
‘‘Esta es la acción de protesta más contundente que el pueblo dominicano ha protagonizado en las últimas décadas’’, valoró Santana.
La Coordinadora, integrada por organizaciones barriales y apoyada por entidades de izquierda, considera que la aceptación de la convocatoria significa que han ganado un escalón hacia otras acciones de protesta más profundas, si el Gobierno mantiene su actual política neoliberal. La Coordinadora exigió el cese de la intolerancia y de la represión por parte del Gobierno, para que las autoridades desistan de enviar ‘‘al exilio’’ al padre Rogelio Cruz.
Santana felicitó al pueblo dominicano por la demostración de civismo y su participación activa y consciente en la paralización llevada a cabo ayer, tanto como al sector empresarial y comercial y a las iglesias por su apoyo, mientras condenó los hechos que dieron origen a las muertes de personas. ‘‘Estamos procediendo a denunciar ante los organismos internacionales de derechos humanos todas las violaciones, los crímenes, los abusos y las provocaciones que el gobierno de Hipólito Mejía ha puesto en marcha en el marco de esta importante jornada de lucha’’, denunció.
Denunció la militarización, la represión y las provocaciones que atribuyó a policías y militares que reprimieron la huelga, dejando como saldo las muertes de nueve personas, 50 heridos y mil 200 apresados. ‘‘Nosotros demandamos que todas esas personas sean puestas en libertad en los llamados operativos centella y en todo el trayecto de la jornada huelgaria’’, dijo.
Condenó esa actitud criminal, con la cual dijo que las autoridades intentaron amedrentar a los organizadores de la protesta, quienes reclaman el derecho a la comida, a la salud y la educación de un pueblo que ha sido maltratado.
Los sindicatos de transporte que poseen autobuses comprados por el Gobierno se sumaron al paro que comenzó este martes a las seis de la mañana y culminará este miércoles a la misma hora, según sus auspiciadores.
Muchos empleados públicos y privados enfrentaron dificultades para llegar a su trabajo, especialmente los que laboran en el edificio de oficinas gubernamentales conocido como El Huacal, en la avenida México, y en el Centro de Los Héroes.
Muchas personas se transportaron en guaguas de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa) que hoy circulan protegidos por militares y policías con armas largas, y en algunos autobuses del transporte público que hacían rutas cortas.
Otras personas llegaron a su destino en carros del concho y en el motoconcho en barrios y distintos sectores del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.
Largas filas de personas fueron obsevadas en los puentes que conectan el Distrito Nacional con Villa Mella, Los Mina, Villa Duarte y en las avenidas Duarte, Padre Castellanos, San Vicente de Paúl, John F. Kennedy y 27 de Febrero.
Los convocantes al paro exigen al Gobierno un aumento general de salarios de un cien por ciento, el cese de los apagones, rompimiento de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, cambio de la política económica y recuperación de los fondos del Estado robados por funcionarios en distintas épocas.
Exigen rebaja de los precios de los combustibles y modificación de la ley de hidrocarburos, suspensión del pago de la deuda externa y la asignación del cinco por ciento del presupuesto a la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
En calles de muchos barrios y sectores residenciales lanzaron toneladas de desperdicios, chatarras de vehículos, camas, refrigeradores y televisores viejos para obstaculizar el tránsito de vehículos.
En muchos sectores se observaron vidrios de botellas en calles y avenidas especialmente en la zona universitaria, en San Carlos, Villa Francisca, Villa Juana, ensanche Espaillat, Las Palmas y otros sectores de Herrera.
Efectivos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina, con las caras pintadas, patrullan las principales avenidas a pie y en vehículos motorizados muchos de los cuales llevan emplazadas ametralladoras calibre 50 y 70.
El Ejército patrulla en los barrios de la provincia de Santo Domingo; la Policía en el Distrito Nacional, y la Marina y la Fuerza Aérea en Santo Domingo Este.
El jefe de Estado Mayor del Ejército, mayor general Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna, inspeccionaba personalmente el patrullaje en la zona norte del Distrito Nacional, especialmente en las avenidas Nicolás de Ovando, Padre Castellanos, Duarte y otras.
Hasta las diez y media de la mañana sólo se había registrado un incidente en el ensanche Capotillo, donde grupos de jóvenes incendiaron neumáticos y colocaron obstáculos en las calles de acceso.
Un contingente de 12 soldados carapintada penetró hasta el sector La Cuaba en actitud de combate, pero nadie los enfrentó mientras las personas que estaban en las calles se encerraban en sus casas.
Además del transporte el comercio quedó virtualmente paralizado en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo donde únicamente los bancos comerciales permanecían abiertos, muchos de ellos con una sola puerta.
En tanto que los colmados, farmacias, tiendas de tejidos y calzados de las avenidas Duarte, Mella, Conde, José Martí, San Vicente de Paúl y otras permanecían cerradas aunque algunas comenzaron a abrir alrededor de las diez de la mañana.
En muchas tiendas los ejecutivos y propitarios se mantenían frente a las mismas junto a los empleados, y en algunos casos los trabajadores fueron despachados alrededor de las diez de la mañana.