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Cerca de 150 de profesores universitarios comparecen ante los tribunales de Estambul desde este martes acusados de “propaganda de organización terrorista” por haber firmado hace casi dos años un manifiesto por la paz que denunciaba la política gubernamental en el conflicto kurdo.
Por eso y más es que nadie quiere ser amiguito de los turcos, excepto el gobierno de Venezuela. Maduro recién estuvo abrazándose y toqueteándose con el sátrapa turco de manos ensangrentadas.
Decenas de profesores turcos se enfrentan a penas de cárcel por firmar un manifiesto
Los juicios contra 148 académicos críticos con el Gobierno se iniciaron este martes en Estambul
Estambul 5 DIC 2017 - 14:53 CET
Manifestación en solidaridad con los académicos procesados este martes en Estambul. En las pancartas se lee: “No toques a mi profesor” LEFTERIS PITARAKIS AP
Cerca de 150 de profesores universitarios comparecen ante los tribunales de Estambul desde este martes acusados de “propaganda de organización terrorista” por haber firmado hace casi dos años un manifiesto por la paz que denunciaba la política gubernamental en el conflicto kurdo. El delito por el que se les acusa conlleva penas de cárcel de hasta cinco años, pese a que las organizaciones de derechos humanos tachan el proceso de “violación del derecho a la libertad de expresión y la libertad académica”.
El manifiesto, titulado No seremos parte de este crimen, criticaba la respuesta bélica dada ante el resurgimiento de la violencia en el sudeste kurdo y, en especial, el sufrimiento causado a la población civil durante los cercos militares contra varias localidades en las que se habían hecho fuertes militantes del PKK, grupo armado considerado terrorista por Turquía, la UE y Estados Unidos. El texto fue firmado por más de 2.000 enseñantes sin saber que se convertiría en su sentencia de muerte laboral desde el momento en el que el presidente Recep Tayyip Erdogan entró al trapo denunciando a sus impulsores como “traidores”, “cómplices del PKK” y “quintacolumnistas”. La Justicia tomó cartas en el asunto, imputando a decenas de firmantes, la policía detuvo a una veintena de ellos y las universidades en las que trabajaban abrieron expedientes disciplinarios. Desde entonces, un total de 463 firmantes del manifiesto han sido expulsados de los centros en los que impartían y, de ellos, a 380 se les ha prohibido mediante decreto ley volver a ejercer la docencia.
Sólo en Estambul, 148 firmantes del manifiesto se enfrentan a juicio en varias vistas que se extienden desde esta semana a mediados de mayo del año que viene en varias salas de lo penal de Estambul. Los procesos son individuales aunque, según denuncia la defensa, los autos de acusación son un “copia y pega”, calcados unos a otros. Los sumarios constan de 17 páginas y en ellos la Fiscalía arguye que el manifiesto se preparó siguiendo órdenes de la cúpula del PKK, que en diciembre de 2015 llamó a los intelectuales de Turquía a apoyar sus demandas de autonomía. Si bien la organización Human Rights Watch (HRW) sostiene que “no se presentan pruebas” que demuestren el nexo entre el llamamiento del grupo armado y el manifiesto de los académicos.
Este martes, la sala 35ª de lo penal vio los casos de los primeros diez académicos juzgados, recibidos por el tribunal en intervalos de diez minutos. Dado que cada caso era calcado uno al otro, la defensa y la Fiscalía se limitaron a repetir argumentos, según recogió la prensa local. Los abogados pidieron la absolución inmediata de sus defendidos, cosa que fue rechazada. Por ello pidieron que al menos se unifique la causa y se juzgue a todos los acusados en un mismo proceso, así como que se retiren los cargos sobre la base de la Ley Antiterrorista y se procese a los profesores en función del artículo 301, que castiga las ofensas contra las instituciones del Estado y conlleva un máximo de dos años de cárcel. Pero también estas peticiones fueron desestimadas por la sala. “No hay nada en el manifiesto que justifique imputaciones tan absurdas. Someter a juicio a los académicos muestra la disposición del Gobierno turco a utilizar el sistema de justicia criminal contra aquellos que se le oponen”, denunció Hugh Williamson, director de HRW para Europa y Asia Central.