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Acaban de aprobarse dos leyes nacionales de mucha trascendencia respecto a la guerra que nos atraviesa en México: la Ley General de Desaparición Forzada y la Ley de Seguridad Interior. La primera, fruto ante todo de una larga y heroica lucha de los familiares de víctimas de asesinato o desaparición forzada.
La segunda ley legaliza y revitaliza la acción de las Fuerzas Armadas en tareas policiales en el espacio público, la posible represión a manifestaciones públicas, la plena facultad presidencial de declarar peligros a la seguridad interior y correspondientes acciones “de excepción”.
Pensar en voz alta la justicia y la paz
Pietro Ameglio
8 diciembre 2017 0
Guerra y Fraude Electoral: dos caras de la misma política oficial
Desinformémonos
Acaban de aprobarse dos leyes nacionales de mucha trascendencia respecto a la guerra que nos atraviesa en México: la Ley General de Desaparición Forzada y la Ley de Seguridad Interior. La primera, fruto ante todo de una larga y heroica lucha de los familiares de víctimas de asesinato o desaparición forzada en los dos últimos sexenios, es al menos un intento legal de reconocer la responsabilidad del Estado en materia de desapariciones en el país, instalando-entre otras cosas- un Sistema y una Comisión Nacional de Búsqueda, un Consejo Ciudadano, un Banco Nacional de Datos Forenses y registros de ADN. La segunda ley legaliza y revitaliza la acción de las Fuerzas Armadas en tareas policiales en el espacio público, la posible represión a manifestaciones públicas, la plena facultad presidencial de declarar peligros a la seguridad interior y correspondientes acciones “de excepción”. En suma un gran avance en la legitimación –a partir de la legalización- de un modelo que ha decidido construir la paz a partir de aumentar la violencia y la guerra, la vigilancia, control y represión de la población.
Así, existe una contradicción total de fondo entre ambas leyes, o tal vez no: una se hizo para “simular” una acción del Estado al igual que ha pasado con la ley General de Víctimas del 2012, con tintes electorales y hacia las presiones internacionales, y la otra realmente es la “verdadera acción” de un Estado militarizado, delictivo y trasnacionalizado.
En tanto una ley intenta proteger a las víctimas, buscando al menos (en intención) impulsar procesos de verdad y reparación –no necesariamente de justicia-, la segunda intensifica la espiral de la guerra y la violencia, al legalizar la acción policial de una de las fuerzas con armas que han cometido mucha violencia y atropellos a los derechos ciudadanos, incrementando la política oficial y partidista de “paz armada” que tantos estragos y dolor ha hecho al país en la última década, según testimonios de la inmensa mayoría de los familiares de víctimas que reiteradamente han rechazado esta ley. Una vez más se legisla al vapor, a escondidas, sin consultar ampliamente a la sociedad en un tema trascendental, o sea la “representatividad política” no existe en nuestro país en sentido real, los políticos se representan a sí mismos y a quien obedecen ciega y convenientemente. Esta Ley de Seguridad Interior es una prueba de la derrota de los dos últimos gobiernos en construir un modelo de paz ciudadana, con legalidad y participación de las comunidades y la población, con justicia y reconstrucción del tejido social; resulta además indignante ver cómo desde el estado-delictivo han construido este “punto de llegada”, esta etapa intensificada de la guerra, al no realizar mínimamente durante más de diez años ningún tipo de acción seria alternativa a esta militarización extrema, nada hacia las policías en todos sus niveles, hacia la procuración de justicia, hacia el lavado de dinero, hacia la organización social. Ahí es donde se ve el gran negocio que para parte de la clase política, empresarial y el delito organizado son la guerra y el incrementar su espiral. Es totalmente ingenuo y cómplice argumentar que como no se hizo nada hacia el mejoramiento de las policías en estos años ahora sólo queda este camino, eso es fomentar la impunidad. Claro que no se hizo nada, pero adrede porque esa es la estrategia del “Estado delictivo” y por eso deberíamos ser capaces de echar de sus puestos a todos los responsables directos de esta (in)acción intencional.
Mientras, la guerra de “exterminio masivo” crece: octubre fue el mes con más homicidios dolosos (2764) en los últimos 20 años, así como 2017 es el año con más asesinatos desde 1997; en Chenalhó y Chalchihuitán (Chis) –extremo sur- hay más de 5000 tsotsiles y en la sierra chihuahuense –extremo norte- hay otros tantos tarahumaras desplazados por la violencia permitida y fomentada por el Estado y su complicidad con la narcoviolencia. En cuanto al “exterminio selectivo” no han cesado los ajusticiamientos de periodistas y autoridades municipales, acaban de ser asesinados Silvestre De la Toba junto a su hijo, ombudsman de Baja California Sur.
Construcción de “Identidades Políticas Fantasmales”
Por otro lado, ahora también estamos asistiendo a una gran campaña del gobierno, de la clase política, del sector empresarial y de la inmensa mayoría de los medios, que está resultando fundamental para construir “realidades y personajes fantasmales”, a partir de “borrar y limpiar” su pasado. De la noche a la mañana José Meade no es corrupto, ni priísta y quiere el bienestar de todos los mexicanos, “olvidando” que lo nombró la persona más corrupta de este sexenio, que siempre ha trabajado al amparo del PRI y el PRIAN en el gobierno, que es un tecnócrata neoliberal ortodoxo totalmente responsable del “gasolinazo” e innumerables otras medidas económicas de gran afectación a las mayorías empobrecidas. En el colmo del cinismo, nos lo quieren presentar como un “candidato ciudadano” apartidista, no ligado directamente al PRI sólo porque no tiene credencial, pero ha cobrado todos sus sueldos del PRI-gobierno siempre y comulga ideológicamente “al cien” con el grupo neoliberal que controla al PRi desde De la Madrid. Igual está sucediendo con el llamado Frente Ciudadano totalmente cooptado por las dirigencias del PAN_PRD-MC, sin nada de ciudadano más que el membrete. Asimismo, otro tanto se ha hecho con Margarita Zavala, “olvidando” que su esposo desencadenó la actual guerra de exterminio en el país y que ella no hizo nada para evitarlo. Se está así desencadenando una campaña de “infantilización social” brutal, para borrar de la memoria colectiva cualquier acción cómplice con la guerra, la violencia económico-social y la impunidad que asocie a los candidatos con quien lo “puso ahí”, como si fueran dos cosas diferentes.
Todos ellos/as jamás se han opuesto a la “paz armada” (la guerra), a la militarización del país, a la impunidad del estado delictivo, al modelo económico que está devastando a la población y los recursos naturales del país. Son la continuación y el incremento de la guerra contra la mayoría de la población mexicana.
La construcción de la (des)memoria es un punto estratégico central en que el poder está invirtiendo todos sus recursos –materiales, humanos, institucionales, intelectuales, mediáticos y tecnológicos- para mantener la simulación y el despojo. Borrar, re-construir fantasmalmente, la memoria colectiva de la historia reciente social e individual nacional, es la etapa actual de la espiral de guerra que el poder –en todas sus identidades- está construyendo con enorme agresividad y violencia, en una articulación nada casual como hemos descrito. Así, el próximo objetivo estratégico de esta guerra –por y del poder- es el fraude electoral. Pero claramente hay que prepararlo legal, social (aterrorizamiento ciudadano creciente, cooptación total bajo innumerables formas…) y represivamente. En esas están y nos quieren arrastrar, como sociedad civil, a una confrontación social nacional muy riesgosa y violenta.
Lo que cada vez nos indigna más es ver el desprecio, impunidad, violencia y simulación con que el gobierno y la clase política nos manipulan y atacan. La indignación y la resistencia están creciendo y ojalá “exploten” cada vez más en forma noviolenta, explícita y pública con un “¡Ya basta!” a nuestro silencio, apatía o des-memoria, que son imprescindibles para que las autoridades continúen ejerciendo esas violencias. Ante ello, resulta alentador esta campaña del Congreso Nacional Indígena, a través de su vocera María de Jesús Patricio, que nos invita a organizarnos bien, reflexionar colectivamente la realidad, recuperar la memoria y el presente de las luchas de resistencia en cualquier nivel o escala, desde lo individual a lo colectivo de pueblos y barrios.
La pregunta que sigue es: ¿cómo organizarse ante esta situación muy específica? Y ya organizados ¿cómo enfrentar unidos/as noviolenta y radicalmente al poder violento?