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A partir del jueves 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional, se desarrollará una semana de intensa movilización en todo el país contra el Alca, la deuda externa y la militarización, en el marco de las Jornadas de Consulta Popular organizada por cientos de movimientos populares y organizaciones nucleadas en la Autoconvocatoria Argentina No al Alca.
Desde el 20 al 26 de noviembre con mesas en las calles, en las esquinas de los barrios, en los lugares de funcionamiento de las asambleas populares, miles de argentinos podrán pronunciarse sobre el ingreso o no del país al Alca, produciendo así por la vía de los hechos una definición que desafía uno de los aspectos cuestionados de estos acuerdos, como es la ausencia de consulta sobre los mismos a los pueblos.
El secreto en que se han venido desarrollando las negociaciones específicas; comenzó a ser roto por las movilizaciones sociales que en todo el continente rechazan la recolonización de América Latina bajo la hegemonía de la burguesía estadounidense, de sus empresas trasnacionales y de su gobierno.
La difusión de sus consecuencias para los pueblos, en jornadas de propaganda, de educación popular, de agitación, ha sido parte de la actividad previa a la Consulta realizada por las organizaciones que integran la Autoconvocatoria No al Alca. Y es mediante estos recursos que la población ha comenzado a tomar conciencia de su significado, y sobre todo de la amenaza que representa la firma de este tratado para el presente y el futuro de la identidad nacional y continental.
La consulta contra “el plan de dominación geopolítica y estratégica que impulsa la Casa Blanca” fue adelantada en la Universidad, debido al próximo inicio de las vacaciones. Más de 31.000 estudiantes se pronunciaron condenando al Alca.
Más allá de la consulta, algunas organizaciones como el Movimiento Campesino de Santiago del Estero y los MTD Aníbal Verón están promoviendo para el día viernes 21 de noviembre una movilización a la Plaza de Mayo.
En el documento que invita a la marcha los convocantes señalan las razones que fundamentan su reclamo: “…venimos por la Tierra. A defender la tierra que heredamos de nuestros antepasados y que hoy amenazan grupos económicos con topadoras y bandas armadas.
A defender la tierra como propiedad social, única posibilidad de combatir el delito contra la humanidad que representa el hecho de que en un país que produce alimentos para 400 millones de personas, el 40% de sus habitantes pase hambre. Por eso venimos por el Pan y por Trabajo.
En los últimos años la lucha y los mártires de los movimientos de desocupados consiguieron que se sancionara una ley que reconoce el derecho universal de recibir un plan de empleo, y sin embargo ese derecho es negado por el gobierno para más de la mitad de los cinco millones de compatriotas que permanecen sin ningún tipo de ingreso en sus hogares.
Los 150 pesos que percibimos quienes cobramos los planes de empleo no cubren una canasta básica de indigencia, y las iniciativas de emprendimientos productivos, ahora son amenazadas por el negocio bancario de las tarjetas de plástico exigido al gobierno por el Banco Mundial, que al igual que el corralito de De la Rúa y Cavallo generará menos dinero circulante y más recesión.
Venimos también a reclamar por el derecho a un salario mínimo vital y móvil, que elevado a norma constitucional, costó muchas luchas y muchas vidas.
Un derecho universal para todos los trabajadores que es letra muerta en un país donde la seguridad jurídica solo se menciona para amparar a las empresas públicas privatizadas, los contratos mafiosos y la deuda externa ilegítima.
Venimos también por la Justicia. A recordarle a un gobierno que avanza contra los represores del pasado, que los derechos humanos no son solamente un ejercicio de reparación histórica. Justicia y derechos humanos es también meter presos a los responsables políticos del asesinato de Darío y Maxi, investigar y condenar a quienes están detrás de los asesinatos políticos de los dos pibes militantes en Jujuy, aunque los responsables, en ambos casos, sean aliados del gobierno. Justicia es intervenir y demoler poderes feudales provinciales que amparan gigantescos negociados, cotidianas violaciones a los derechos humanos y mafias vinculadas al narcotráfico, cuyo ejemplo más saliente es Santiago del Estero. Justicia es terminar con el gatillo fácil que sigue asesinando anualmente a cientos de jóvenes y acabar con los campos de concentración que son las comisarías y cárceles convertidas en depósitos de pobres.
Nuestra voz colectiva no se alimenta de semillas de plástico, ni de tarjetas de plástico. Nuestras palabras no son de plástico. Nacen en lo profundo de los montes, en basurales convertidos en asentamientos, en hombres y mujeres forjados en la paciencia y la necesidad, pero también en la conciencia de sus derechos.
Venimos a decir humildemente que si el gobierno piensa firmar el acuerdo por el Alca no lo haga en nuestro nombre, porque este pueblo va a resistir!”