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Explorando el Arco Minero

Durante tres meses, nuestro reportero viajó por las disputadas áreas mineras de Venezuela donde se deparó con grupos armados ilegales, comunidades indígenas reprimidas por guerrillas colombianas y enclaves de mineros informales atormentados por la malaria. Una detención ilegal por la Guardia Nacional casi terminó prematuramente esta investigación.

En este viaje, hablamos con mineros, empresas, académicos, indígenas, políticos y activistas y reunimos material exclusivo sobre el conflicto de recursos naturales menos reportado de América Latina.

Con las manos embarradas, un minero lanza rocas ricas en minerales dentro de un molino mecánico que las tritura para ser procesadas con mercurio. A poca distancia, aguardan unos soldados. Los militares nos escoltaron durante nuestra visita en los cerros cerca de El Callao, uno de los muchos yacimientos más disputados en Venezuela. “En cualquier momento, podría ocurrir una balacera o una masacre. Todos los días eran así”, cuenta con entusiasmo otro minero sobre el violento proceder con el que grupos armados que disputaron esta misma mina.

El oro que se extrae termina en el mercado mundial en forma de joyas, resguardado en un banco o usado en equipos electrónicos, pero poca gente sabrá su origen. “Ellos trabajan tipo comando”, continúa el minero sobre las balaceras nocturnas en los cerros que circundan el pueblo donde tiros son disparados ante cualquier luz de faro como si se tratase de un toque de queda impuesto por las bandas armadas. La mayoría de los mineros no quieren que sus nombres se mencionen ya que temen las reacciones de los actores armados en la región.

Los militares venezolanos participan también en la violencia que frecuentemente resulta de la explotación minera a través de bandas armadas y sus propias operaciones. Las Fuerzas Armadas venezolanas consiguieron mucho poder durante la presidencia del fallecido Hugo Chávez. Clíver Alcalá Cordones, retirado en 2013 y leal a Chávez, fue un mayor general que comandó las regiones mineras. En una reunión en el lobby de un hotel en Bogotá, Colombia, explicó que Maduro sigue entregando poder a los militares y a sectores del gobierno que ahora participan en lo que es llamado “desastre y en el botín”.

El afán de las fuerzas armadas por los minerales se traduce en una visible militarización de las zonas mineras.
Un viaje al sur de Venezuela, en la región donde se extrae ilegalmente el oro, da la impresión de que está bien controlada. Mientras manejamos en las carreteras principales, somos interrumpidos cada 30 minutos por alcabalas, puntos de control de la Guardia Nacional, encargada del orden público – pero entre más cerca de las minas, son los militares los que dominan la escena.

Poco importa realmente si el oro tiene un origen legal o no, si es extraído por compañías o por las bandas armadas. Cuatro áreas del estado Bolívar, decretadas en 201613.3MB como una inmensa zona minera nombrada como Arco Minero del Orinoco representan una simbiosis oscura de ambos mundos.

Lo que realmente es significativo es el impacto del Arco Minero en la región. Las cuatro áreas coinciden con muchos territorios indígenas y ambientales legalmente protegidos y que que probablemente llevarán a su destrucción. Los mineros arriesgan su salud y sus vidas trabajando ya en condiciones inseguras, ya en áreas de disputas violentas. El daño ambiental carece de importancia para los enclaves de subsistencia minera y para las brutales fuerzas que operan en estas zonas. Además, el medioambiente es considerado nada importante para el gobierno que creó un marco legal que sanciona las actividades de explotación mineral.

Alexander Luzardo, exsenador con un doctorado en Derecho Político y Ambiental, ha estado directamente involucrado en la legislación ambiental de Venezuela. Él redactó los estándares ambientales para la actual Constitución, de 1999. Con estos esquemas, trazó cuán importante es para Venezuela proteger estas regiones vitales. Sin embargo, en 2016, vio cómo el Arco Minero echó por tierra la legislación que había creado. “El Arco Minero es ilegal. Niega, vía decreto, la existencia y la creación de áreas protegidas”, expresa Luzardo en una entrevista en un café en el campus de la Universidad Central de Venezuela, donde actualmente es docente.

Este es el camino más fácil para la destrucción ambiental en Venezuela. La gran contribución de Venezuela a la destrucción del planeta
— Alexander Luzardo, exsenador
El profesor tiene una predicción muy nefasta para el país. “Este es el camino más fácil para la destrucción ambiental en Venezuela. La gran contribución de Venezuela a la destrucción del planeta”, afirma Luzardo. El profesor añade que el país había alcanzado un progreso impresionante en términos de protección ambiental y teme que el Arco Minero lo revierta: “Este proyecto es la peor respuesta a la crisis y es una negación a toda perspectiva ambiental”.

No se sabe mucho sobre la minería en un país que ha solidificado toda su economía en la industria nacionalizada del petróleo. Ahora, el gobierno intenta con otro recurso no renovable, porque Venezuela no solo posee las reservas más grandes de petróleo en el mundo, pero también afirma tener también la segunda reserva más grande de oro. Si Venezuela es capaz de certificar los yacimientos, sería una gran noticia, sobre todo, ahora en las horas más oscuras del país.

El país se encuentra en una gran agitación política y financiera desde hace ya varios años, pero actualmente los niveles de hiperinflación y de escasez de productos básicos están llevando la economía a tocar fondo. El gobierno necesita soluciones concretas, por ello el anuncio de la apertura de una parte significativa del país a un nuevo motor de desarrollo económico: la minería.

Los billones de dólares provenientes del petróleo y del gas financiaron los programas sociales del presidente Chávez desde 1999 hasta su muerte en 2013. Por desgracia, estos ingresos se agotaron después del autoenriquecimiento de las élites del paísES y de la caída de los precios del petróleo después de 2014.

En un último intento para inyectar capital extranjero a la economía destruida, el presidente Maduro abrió 12 por ciento del territorio nacional a futuras operaciones mineras de gran escala.
“Es una jugada desesperada de Maduro para conseguir liquidez”, mantiene David Smilde, profesor de Sociología en la Universidad Tulane y miembro titular en el centro de investigación Oficina de Washington para América Latina. “Hay un peligro patente que conducirá a operaciones mineras ecológicamente destructivas en un territorio con una increíble biodiversidad y con una población protegida por los indígenas.” El docente está convencido de que Venezuela destruirá un recurso importante en términos de cuencas y de turismo potencial, a cambio de ganancias a corto plazo.

Los problemas actuales de Venezuela poco guardan relación con la caída de los precios petroleros y sí con las políticas económicas insostenibles
— David Smilde, profesor de Sociología
Las economías que están basadas únicamente en lo que está oculto en el suelo no necesariamente implican problemas, financieramente hablando. “A mi modo de ver, a diferencia de otros académicos, considero que una economía rentista no es básicamente el problema, sino las malas políticas”, argumenta Smilde. “Pienso que los problemas actuales de Venezuela poco guardan relación con la caída de los precios petroleros y sí con las políticas económicas insostenibles. Hay que recordar que el ciclo de protestas de 2014EN estuvo en parte motivado por la escasez, por la inflación y por el desempleo, y que el crudo estaba en casi 100 dólares el barril. El modelo ya era insostenible, la caída de la cesta petrolera solo ha apresurado su decadencia”.

Mientras los acreedores internacionales intentan recuperar su dinero de Venezuela, que está al borde del impago, hay quien está feliz con el Arco Minero. Ese es Maduro. Con una sonrisa curiosa debajo de su bigote característico, le muestra un lingote de oro a la prensa venezolana. El oro pertenece a uno de los primeros envíos del Arco Minero, un área de no menos que los 112 mil kilómetros cuadrados que bordean el sur del río Orinoco, la principal fuente de agua en el país y el tercer río más importante en Latinoamérica.

En agosto de 2016, Maduro anunció oficialmente: “El Arco Minero es ahora una realidadES”. Según el gobierno, 150 compañías de 35 países desean invertir en minería, pero después del gran anuncio, pocos son los proyectos concretos en minería.

Hubo una agenda mediática apretada e incluso se creó un nuevo Ministerio para el Desarrollo Minero Ecológico. Se autorizó a una empresa mixta con Endiama, una trasnacional minera de Angola, a explotar diamantesES y un estrechón de manos con el embajador de PalestinaES, reveló que dos corporaciones palestinas quieren extraer coltán. Los aliados usuales, ChinaES y RusiaES, quieren su porción de la torta de los minerales en sus platos, más que todo por el manejo de deuda con ambos países. En total, Venezuela debe 150 mil millones de dólares a una larga lista de acreedores.

Hasta ahora, compañías reconocidas en el sector minero continúan ausentes en Venezuela.
La trasnacional minera Barrick Gold respondió a nuestra pregunta, explicando que “mientras Barrick participó en la revisión de proyectos mineros en el país, la compañía no busca ningún proyecto o inversión en Venezuela”. Maduro aseveró, sin embargo, haber firmado un contrato con Barrick GoldEN en agosto de 2016.

Más de un año después de los anuncios de Maduro, hablar sobre quién realmente controla la minería en el país sumido en crisis sigue siendo un tabú. “Detrás de la minería en Venezuela, siempre ha habido la opacidad de factores militares”, manifestó Américo de Grazia, diputado opositor en el Parlamento marginado por el Gobierno. De Grazia representa Bolívar, el estado donde la mayoría de las reservas del oro están ocultas. “La minería [ilegal] ha sido criminalizada por la opinión pública, pero se permite su clandestinidad. Aquí, el máximo operador [quienes están a cargo] son las fuerzas públicas, y el operador práctico [el ejecutor] es el crimen organizado”, dice.

Venezuela tiene un número increíble de generales – cerca de dos milES – y las fuerzas armadas controlan el Arco Minero, como resaltan De Grazia y Luzardo que argumentan que el domínio militar se extiende a la mayoría del sector minero. Ellos extorsionan a las bandas que operan las minas ilegales y controlan las rutas de exportación. La minería es una caja chica que se está institucionalizando lentamente. El año pasado se creó la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg) junto con una ‘Zona Económica Militar’ES. Activos o retirados, los militares están presentes en alrededor de 30 por ciento de las compañías estatalesES con juntas directivas públicas. Partiendo de que el Arco Minero será explotado en empresas mixtas en las que el Estado posee la mayoría porcentual de propiedad, es muy posible la presencia militar a cargo.

De Grazia dice que los generales son cambiados frecuentemente, así como el personal militar en las directivas de las compañías: “Cada militar que llega quiere enriquecerse de la noche a la mañana, lo que lo hace más cruel, más violento y sus normas serán más inhumanas porque él sabe que esta es la manera de volverse rico y que solo dispondrá de uno o dos meses, quizás un año”.

Bandas armadas les pagan a los castrenses para continuar con las operaciones ilegales mineras.
“Cuando acabamos con algunas de las actividades de minería ilegal, los mineros se quejaron, porque les habían pagado a los militares antes”, dice Alcalá. Él menciona que muchos aviones sacan ilegalmente la mayoría del oro de Venezuela a las islas del Caribe. Los militares están involucrados: “Ellos bajan [el avión] de manera que el radar no sepa dónde están”.

Alcalá confirma que el ejército recibe beneficios significativos de la minería ilegal, mientras las bandas que operan las minas usan la violencia para mantener el control. “Desde hace un año, ha habido masacres ejecutadas por el ejército en algunas zonas porque hay oro”.

Un análisis de informes de prensa por el Observatorio Venezolano de Violencia en el estado Bolívar muestra que, en los primeros diez meses de 2017, al menos 1.415 personas han sido asesinadas en la región, muchos de ellos en zonas mineras. Es imposible estimar un número preciso de personas muertas en choques entre bandas armadas y balaceras con el ejército; tampoco no es inusual que los migrantes mineros, que no son de la región, terminen en tumbas clandestinas tras ser asesinados en áreas remotas.

Aunque el conflicto minero sin control en Venezuela no es nuevo, la batalla real por el acceso a los recursos mineralesES apenas comenzó. El hurto legalizado no solo impacta directamente a Venezuela y a sus fronteras, pero también la demanda global por minerales y los numerosos nexos internacionales de traficantes involucran a muchos actores en el extranjero. Por ello, el daño hecho a uno de los ecosistemas más importantes, el Amazonas, hace que el Arco Minero sea un asunto de interés internacional.

Malestar en la cuna de minas de oro de Venezuela

Venezuela no tiene un elaborado histórico de minería, a diferencia de sus vecinos Colombia y de Brasil. Pero si hay un lugar en el país que respire tradición minera, ese es El Callao. La cara de este pueblo villa en el estado Bolívar cambió para siempre cuando en 1853 fue descubierto el oro ahí e incluso se convirtió en el principal productor mundial de oro en 1885EN. Varias empresas extranjeras operaron en minas de la zona, pero es Minerven, una compañía en 1970 y nacionalizada cuatro años después, la que ha explotado más el oro de El Callao.

Mineros locales afirman que trabajar para Minerven costumnaba significar un estatus y que empleados usaban con honor el uniforme de la compañía, pero las cosas han cambiado en los años recientes. Minerven se ha venido abajo. Las plantas de producción han sido desmanteladas y no se alcanzan las metas anuales de producción, ni de cerca. Mientras tanto, muchos grupos armados comenzaron a tomar el control en minas más grandes que rodean el pueblo. Hace un año, el ejército venezolano reforzó su presencia en la zona – para su propio beneficio, según muchos alegan – y no se ha detenido en combatir las bandas armadas y en matar a sus miembros desde entonces.

La minería en El Callo pertenece al proyecto del Arco Minero. Unas cuatro empresas mixtas reclaman su parte, pero una visita a El Callao basta para entender que la minería legal y la ilegal van de la mano.

No solo es que la mayoría de la población la que está involucrada directa o indirectamente con el proceso rudimentario de extracción de oro, sino que la minería y la vida del pueblo están estrechamente vinculadas. En cualquier parte de El Callo, probablemente no se consiga caminar más de un minuto sin encontrar a un comerciante de oro, pero sí encontrar una panadería o un supermercado.

En las noches, cuando la mayoría del comercio cierra y cuando muchos mineros se dedican a su actividad favorita, beber, se verán personas barriendo el piso frente a las tiendas de oro, no solo para limpiar, sino para encontrar oro. Trozos de oro pueden caer por accidente por un vendedor descuidado y pequeñas virutas se pierden al quemar la amalgama de mercurio, que es una actividad que se prefiere hacer frente a la tienda para que el humo tóxico del mercurio no quede puertas adentro.

En 2017, el Banco Central de Venezuela (BCV) recibió 8,5 toneladas de oroES, todos de Minerven. “El Callao está manteniendo a Venezuela”, comenta el dueño de empeño de oro en la plaza central del pueblo. Sin embargo, de acuerdo con varios mineros y personal de Minerven entrevistados para este reportaje, el oro no proviene originalmente de Minerven, sino de minas ilegales y de pequeña escala.

Estamos autorizados para comprar de 17 a 18 asociaciones de productores artesanales de oro, pero sabemos que se lo compran a mineros ilegales
— fuente en Minerven
“No puedo afirmar que Minerven lo compra de las minas ilegales, porque en papel no es así”, afirma una fuente en Minerven. “Estamos autorizados para comprar de 17 a 18 asociaciones de productores artesanales de oro, pero sabemos que se lo compran a mineros ilegales. Así es como se trabaja ahora. Todos los días las personas buscan tener negocios con nosotros para convertirse en legales”.

Los mineros explican que solo una menor porción de la producción de oro de Venezuela termina en las arcas del BCV. La mayoría es traficada para el extranjero por el ejército y por el crimen organizado. “Ocho mil kilos no son nada”, afirma el general retirado Clíver Alcalá Cordones. “Se va a Aruba y a Curazao”. Cerca de 80 por ciento del oro de Venezuela se va ilegalmente del país en aviones de contrabando, de acuerdo con Alcalá.

Desde el siglo XIX, varias compañías internacionales de Francia, del Reino Unido y de Rusia entraron en la región para minar las vetas ricas en oro que no solo circundan al pueblo, sino corren justo debajo de él. Los vecindarios cerca del centro se han convertido en minas.

Es común que una casa tenga unos pocos molinos en su patio, cerca de hoyos en el suelo. Estos hoyos no deben entenderse como un mal sistema de aguas residuales – son túneles que conducen a varias galerías horizontales de minas.

“Por dos años ha habido confrontaciones, estas ocurren porque hay muchas zonas mineras”, dice un minero local de El Callao. “Muchas zonas son grandes, son vecindades con minería. Si una comunidad tiene mucho oro, otra querrá entrar en ella no solo para trabajar, sino a robar con armas en mano y deshacerse de la gente que tiene el oro y que ellos quieren llevarse”.

Los pueblos se convierten en minas y las minas se convierten en pueblos. Áreas mineras a El Callao son llamados Colombia, Perú, Chile, entre otros nombres dados por compañías mineras presentes en el pasado. De momento, estas minas son operadas por mineros ilegales de pequeña escala. Trabajan bajo presión de bandas armadas locales que colaboran con el ejército. Mientras tanto, intrusos desconocidos que se pelean por años por las minas de oro han manchado de sangre a El Callao.

“Estos grupos armados son llamados bases aquí. Antes había tres, ahora hay solo una [a cargo]”, explica un minero de El Callao. Varias zonas están llenas de recuerdos de otras bandas armadas. “Pequeñas bases todavía están activas entre la gente”. De acuerdo con el minero, las que están en El Perú son las más terribles. Los choques violentos ocurren con frecuencia. En septiembre, antes de nuestra visita a El Perú, un sector que está bajo el dominio del criminal conocido como “el Toto” – ocho personas murieronES en un enfrentamiento con el ejército.

Nuestra camioneta pick-up es conducida por el personal de Minerven y deja El Callo para visitar las minas – no las controladas por Minerven, sino las ilegales, cerca del pueblo. Aquí, las plantas de extracción mineral basadas en el uso prohibido de mercurio10.5MB producen oro que venden a la estatal.

“Venga con nosotros”, grita nuestro conductor a un comandante del ejército, quien ya espera por nosotros en el jeep negro. Manda a un soldado armado en la parte trasera de la camioneta y nos escolta. Pasamos varias alcabalas antes de entrar en El Perú. El área está completamente militarizada, pero el peligro viene de las colinas donde las bandas armadas pueden bajar a tomar control de las minas. Este peligro que acecha se hace evidente cuando, en la noche anterior a nuestra visita, seis locales fueron abatidosES en una balacera entre bandas.

“Si uno se porta bien nada le pasa a uno”. Uno de los mineros que opera en un molino pequeño explica que la “vacuna” – un pago de extorsión de cuatro o cinco gramas mensuales de oro por cada molino – es pago a una de las bandas armadas. Con calma en su cara, añade: “Si no, uno sube [al cerro] y ellos prenden la motosierra”. Las historias de horror sobre tumbas masivas y desmembramientos son comunes. Las bandas son conocidas por bajar al pueblo y desaparecer con personas en los cerros circundantes.

El personal de Minerven dice que más de 30 mil mineros trabajan en las virutas de oro de El Callo y en las áreas adyacentes.
Muchos de ellos son trabajadores migrantes que vinieron a la región como resultado por la crisis y la falta de oportunidades de empleo en cualquier otra parte del país. Uno de esos trabajadores sale trepando de un túnel improvisado, seguido de su sobrino de 15 años. “Si no trabajo en las minas no tengo manera de mantener a mi familia”, apunta el antiguo carpintero.

Cerca de él descansa Minorca Maurera, una madre soltera de 23 años que trabajó en una panadería antes de venir a El Callao. “El salario mínimo no me alcanza. Soy la madre de tres niños. Renuncié [a la panadería] por el bajo salario y vine a este lugar. Es un poco duro, pero me ha ido bien. Independientemente, ahora, puedo sostener a mis hijos”.

Vecindarios polvorientos que parecen barrios con chozas de madera improvisadas y pequeñas que solo tienen un techo delgado corrugado están llenas de migrantes mineros y además de nativos de El Callao. Más de un siglo y medio de extracción de oro ha traído a la población local todo, menos a ricos, lo que hace que aun un chavista acérrimo desconfíe del Arco Minero.

El Arco Minero prácticamente ha funcionado para cubrir muchas cosas
— Darwin Lizardi, coordinador local del partido de el gobierno
“El Arco Minero prácticamente ha funcionado para cubrir muchas cosas”, razona Darwin Lizardi Tabor. A sus 28 años es coordinador local de Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el partido de gobierno, y usa una gorra roja de Minerven cuando lo conocemos. “Hombre, el Arco Minero como tal no ha funcionado. Te lo digo yo, que soy un chavista revolucionario pero hay que decir las cosas como son. Esto es un camuflaje. No sé por qué. Porque al final nos daña a los mineros y al pueblo”.

Lizardi es un oriundo orgulloso de El Callao, pero los tiempos han cambiado. Él explica que su madre creció en una época más calmada. “Así era cuando uno podía dejar la puerta de la casa abierta toda la noche y nadie entraba”. La madre de Lizardi, de 66 años, contempla dejar su lugar, que ambos llevan en su corazón.

La violencia y la pobreza hacen de El Callo un lugar difícil para vivir. “El minero todavía es un sucio que camina en las calles. Gana 300 mil bolívares, bebe cerveza y al próximo día no tiene nada y necesita 0,3 o 0,4 gramas de oro para traer comida a su hogar. Un minero no debería vivir así si el Arco minero estuviera funcionando”.

Seguimos hablando en un bar cerrado para foráneos; mineros y alcohol pueden ser una combinación muy explosiva. Lizardi ordena más cerveza y sigue su discurso sobre la falta de infraestructura estatal y de medicinas, todo mientras los locales le entregan su oro al gobierno. “Gracias al minero, el que baja en un túnel de 100-120 metros, gracias a este minero, el Estado tiene cuatro toneladas de oro”.

El Arco Minero recibió muchísimas críticas en la prensa venezolana, más que todo por su impacto ambiental futuro, por involucrar a bandas armadas y por su presencia en territorios indígenas. En octubre, el ministro para la Información y Comunicación salió al contraataque y publicó un artículo en el que acusa a la prensa de criminalizar a los mineros artesanalesES y de pasar por alto que 250 mil personas dependen directa o indirectamente del Arco Minero.

En El Callao, donde los mineros empiezan a ganar su propio dinero desde jóvenes, es difícil apreciar los beneficios del Arco Minero.
“Todo el oro sería invertido en trabajo social en el municipio de El Callao y, ahora, ni siquiera ha llegado una ambulancia”, explica Lizardi, quien sostiene que el Gobierno le ha prometido mucho al pueblo de El Callao. “Minerven ya tiene el dinero del estado para comprar el oro de los pequeños mineros. Lo que Minerven prácticamente hace es recoger el oro y llevarlo al Banco Central de Venezuela. No están asumiendo su papel como compañía minera porque todas sus plantas se han detenido”.

Tener el ingreso determinado por la suerte y el trabajo duro en vez de solamente trabajar por horas es parte de la cultura minera. “De momento nadie recibe un salario. Uno trabaja para conseguir oro y el dinero es de uno”, dice Eduardo Gutiérrez, un hombre 43 años de El Callao que trabaja en uno de los molinos en El Perú.

Gutiérrez está satisfecho con el precio que ofrece Minerven por su oro y aguarda con esperanza que el proyecto del Arco Minero le envíe más recursos y equipos, pero él aún siente falta de un ambiente de trabajo seguro. Gutiérrez toca agua mezclada con mercurio con las manos desnudas, mientras raspa una masa de amalgama de oro de un plato. Él entonces calienta los residuos con gas para apartar el oro, sin hacer ningún esfuerzo por cubrir su rostro del humo tóxico del mercurio.

Varios científicos han alertado sobre la contaminación del mercurio en El Callao, que le ocasiona daños neurológicos a los mineros4.0MB, y que también es la causa principal del autismo en niños pequeñosES.
Desórdenes neurológicos y problemas en los riñones, pulmones y en la piel son las consecuencias más comunes en la salud, afirma Marianella Herrera, directora del Observatorio Venezolano de la Salud, en Caracas. “Un problema importante es la exposición al mercurio por parte de las mujeres embarazadas en la primera fase de embarazo. Investigadores también han vinculado la exposición de metales pesados, como el mercurio, al autismo”.

Un estudio en varias zonas mineras del estado Bolívar halló que solamente 32 por ciento de los niños tenían niveles de mercurio debajo del límite de seguridadES en su sangre.

Todo el oro que lleva a Minerven es legal, en papel, aun cuando es ilegal
— Darwin Lizardi, coordinador local del partido de el gobierno
Severos problemas de salud, batallas sangrientas entre bandas y áreas controladas por los militares. La minería ilegal de oro en El Callao contribuyó con circunstancias inseguras e insalubres, pero el Arco Minero tiene un interés en todo. “Todo el oro que lleva a Minerven es legal, en papel, aun cuando es ilegal”, explica Lizardi.

Bandas armadas y el ejército han dominado el sectorES. El oro minado ilegalmente es comprado por compañías “mineras” que de hecho no minan, lo que esencialmente significa que funcionan más bien como grandes tiendas de empeño. “Aquí en El Callao tenemos mucho oro, pero no tenemos máquinas ni los recursos necesarios [para poder explotarlo]”, se jacta Darwin.

La oscura simbiosis entre la minería legal y la ilegal es casi obvia. Del otro lado del pueblo, somos llevados a una mina controlada por una banda armada llamada “Nacupay”. Antes de entrar, se nos dice que no tomemos “fotos de los hombres armados” ni de la maquinaria que usa el mercurio. Justo antes de la entrada, una señal dice MunSol – “Empresa minera aliada a la patria bolivariana en el Arco Minero del Orinoco”. Detrás de la señal, encontramos docenas de mineros informales que trabajan en los embarrados hoyos al aire abierto.

Solo estamos autorizados a fotografiar a los mineros que laboran con las tablas de lavar, características de la minería artesanal. No quieren que mostremos ni documentemos las instalaciones más grandes. Podemos, sin embargo, retratar los campamentos donde viven los mineros, cerca de los fosos llenos de agua estancada y contaminada.

La situación en El Callao no es una excepción. Cerca de 91 por ciento del oro explotado en Venezuela es ilegal, de acuerdo con una investigación de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Trasnacional10.8MB. Pequeños lotes de oro se vuelven en joyería y luego se contrabandean, por ejemplo, para las islas del Caribe. Así como en diferentes partes de Venezuela, el ejército corrupto transporta grandes lotes a rutas costeras, Colombia y Brasil.

Apenas una pequeña porción del oro termina en las manos del Estado. Esto demuestra, según mencionó Lizardi antes, cómo el Arco Minero funciona como una fachada. “Recuerdo cuando el comandante Chávez habló del Arco Minero [en 2011] y que el estado Bolívar debía convertirse en una potencia en Venezuela. ¡Y así no dependeríamos del petróleo!”, rememora el joven – quien está desilusionado del Arco Minero. “Aquí hay cosas que están pasando y el Arco Minero ha servido para cubrir la corrupción dentro del gobierno”.

Amazonas y el oeste de Bolívar: en manos de la guerrilla

Los que llevan la peor parte de la bonanza minera son las comunidades nativas de los estados Amazonas y Bolívar a quienes se les viene usurpando la economía minera tanto legal como la ilícita. Grupos guerrilleros colombianos – referidos por los locales como patagomas – están expandiendo sus operaciones mineras en el occidente de Venezuela y recientemente anunciaron sus primeros proyectos mineros en territorios indígenas.

La forma indígena de vivir se ha visto afectada por la presencia de mineros y grupos ilegales y armados
— Liborio Guarulla, exgobernador del estado Amazonas
En Puerto Ayacucho, Liborio Guarulla, quien gobernó el estado de Amazonas de 2001 a 2017 y un indígena Baniva, se sienta a su escritorio con una pintura grande del libertador Simón Bolívar, detrás de su espalda. Explica: “La forma indígena de vivir se ha visto afectada por la presencia de mineros y grupos ilegales y armados. Y se han insertado en las economías mineras”.

La gravedad de la situación es patente shoulders in the Amazonas stateEN con casos de grupos indígenas esclavizados que tienen números tatuados en sus espaldas u hombros. “Cuando recibimos la denuncia que habían matado a unos [indígenas] Yanomami, fui a la zona del Alto Orinoco, que es un municipio muy extenso”, dice el mayor general retirado del ejército, Clíver Alcalá Cordones. En 2012, el ejército comenzó una operación de tres semanas después de recibir la queja de que indígenas Yanomami estaban siendo asesinados alrededor de proyectos de minería ilegal. “Yo vi a algunos yanomamis que estaban marcados”.

Alcalá explica que varios indígenas fueron marcados por mineros invasores brasileños, llamados garimpeiros, que esclavizaron a los nativos en las minas. “Así, ellos pueden decir ‘este indígena es mío’”. No solo han sido esclavizados los indígenas, las jóvenes también han sido forzadas en prostitución0.4MB dentro y alrededor de las minas. “Las chicas ‘bonitas’ no pueden marcharse, las dejan allí”, explica Henelda Rodríguez, de la ONG Organización De Mujeres Indígenas Amazónicas Wanaaleru. “Las chicas que quieren escapar desaparecen”.

Amazonas no es oficialmente parte del Arco Minero, pero Guarulla teme que es cuestión de tiempo antes de que los proyectos infractores se expandan a lo largo de la frontera estadal. Más de la mitad de las tierras del Amazonas están con protección ambiental, pero vienen siendo invadidas por la minería ilegal y por hombres armados.

Alrededor de 25 por ciento de las tierras venezolanas pertenecen a pueblos indígenas. 198 comunidades indígenas habitan dentro del Arco Minero0.3MB, pero la mayoría de los territorios ancestrales no cuentan con límites legales ni protección. La constitución requirió protección legal para las tierras indígenas desde 1999, pero apenas 12,4 por ciento de sus territorios han sido demarcados0.4MB.

Comunidades indígenas que se encuentran en la vía de proyectos de prospección minera, un sector etiquetado como uno de los motores de economía nacional, ahora son un obstáculo inconveniente – o peor, mano de obra barata.

Prácticamente, es la guerrilla quien ejerce el control aquí. La guerrilla con la ayuda de las Fuerzas Armadas venezolanas. Ellos reciben parte de las acciones
— Liborio Guarulla, exgobernador del estado Amazonas
Guarulla argumenta que su estado ha sido invadido: “Prácticamente, es la guerrilla quien ejerce el control aquí. La guerrilla con la ayuda de las Fuerzas Armadas venezolanas. Ellos reciben parte de las acciones”. Según el ex-gobernador, la guerrilla soborna al ejército para fungir como autoridad que controla las operaciones mineras: “Así pueden funcionar en la zona”.

El estado Amazonas comparte una frontera extensa con Colombia al oeste y conecta con Bolívar en el este. De acuerdo con Guarulla, hay alrededor de 4 a 4,5 mil guerrilleros colombianos en Amazonas. La mayoría de ellos son de los grupos disidentes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) o de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Organizaciones indígenas piensan que el número puede ser mucho más alto.

Cuando las FARC todavía estaba de armas, el ELN ha sido el segundo grupo guerrillero más grande de Colombia y ahora negocia en Ecuador un acuerdo de pazES con el gobierno de Colombia. Mientras tanto, el ELN ha intensificado su presencia en Venezuela. Aquí, las guerrillas colombianas han sido bienvenidas por más de una década. Desde 2002, rebeldes de las FARC empezaron a usar Venezuela0.2MB como refugio seguro y nueva área estratégica – para movilizar a combatientes, armas y víctimas de secuestro – mientras el ejército de Colombia aumenta sus esfuerzos para combatir la guerrilla en su territorio nacional.

Según Alcalá, el mayor general retirado del ejército venezolano, grupos disidentes de las FARC que no querían participar en procesos de paz vinieron a Venezuela. Ellos están involucrados en economías ilícitas y en lavado de dinero por droga a través de actividades de minería ilegal envolviendo la población local. “La guerrilla fuerza a los indígenas a trabajar en sus minas”, explica Alcalá.

Tanto las FARC – cuando todavía eran un movimiento guerrillero – como el ELN financiaron operaciones con minerales ilegalmente explotadosEN, entre otros flujos de ingresos. La guerrilla no podría haber escogido un mejor lugar como el subsuelo para esconder una variedad de los recursos más buscados del mundo como el oro, los diamantes y el coltán. Incluso depósitos de uranio se han reportado y han llamado la atención del gobierno iraní, aunque un documento filtradoEN le quitó importancia a la viabilidad de su explotación.

Los depósitos de coltán están dentro de un fácil alcance cuando se cruza la frontera venezolana desde Colombia. El mineral de coltán consta de dos minerales, columbita y tantalita – los dos son cada vez más usados en electrónica moderna.

Unos pocos países tienen depósito de coltán, pero de acuerdo con Roland Chavasse, director del Centro de Estudio Internacional del Tantalio-Niobio: “Se sabe que el Escudo Guayanés es muy, muy rico, posiblemente, el yacimiento más rico y más grande de coltán en el mundo”. Sin embargo, no hay números oficiales de las reservas de coltán en Venezuela.

La escasez y la demanda de coltán caracteriza la importancia del mineral. La mayoría de las personas en todo el mundo tienen equipos modernos (computadoras, tabletas, teléfonos celulares) que contienen coltán. Además, el tantalio (el elemento más importante de la tantalita) se usa para aplicaciones militares como los sistemas antitanques, bombas inteligentes, drones y robots, haciéndolo mineral estratégico y de alto valor. El Departamento de Defensa norteamericano recomendó almacenar coltán en 20152.3MB, elevando el mineral a una cuestión de seguridad nacional.

Ya en la década de los 1970, el Instituto Nacional de Geología y Minería de Venezuela identificó una vasta reserva de tantalio en Venezuela2.3MB. Un área habitada por los indígenas Piaroa fue investigada en 1989 y 1990 y recibió particular atención por sus depósitos minerales. Estos depósitos se ubican en casi todo el occidente del estado Bolívar, en los linderos de Parguaza y del río Orinoco.

Nuevos visitantes en el país de coltán

Puerto Ayacucho. Son las seis de la mañana y el calor se siente familiar, aun antes de la salida del sol. Yonnier Rivera, nuestro conductor cubano, llega a tiempo con su pick-up blanca y discute la logística del día mientras esperamos por nuestros otros dos acompañantes de viaje: Noraima Ángel, coordinador de la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato de Puerto Ayacucho, y Pedro Ortiz, un indígena miembro de la organización local Red de Defensores y Defensoras Indígenas. El plan es visitar a dos comunidades indígenas pequeñas Agua Mena y Tierra Blanca, en el vecino estado Bolívar. Los indígenas viven cerca del río Parguaza que se abre paso – lo que hemos aprendido también nosotros – en el “país de coltán”.

El Parguaza es uno de los cientos de afluentes del Orinoco, el cuarto río con más volumen en el mundo. La región, también llamado Parguaza, ha sido el blanco tanto para proyectos mineros ilegales como legales. Los indígenas Piaroa y los Penare habitan las tierras y tradicionalmente dependen de la agricultura y de la pesca.

Nuestra jornada es interrumpida varias veces por la Guardia Nacional de Venezuela. En una oportunidad, somos obligados a abrir nuestras maletas a los castrenses. Carros, camionetas y buses que pasan por esta región son objeto de frecuentes revisiones y de paros, en ocasiones, cada 20 kilómetros. Soldados inspeccionan objetos personales, asientos del carro e incluso dentro de las puertas para buscar “contrabando”.

Los productos escasamente disponibles, como comida, medicinas, cauchos y combustible, con frecuencia son incautados.
Estas humillaciones diarias a las que son sometidos los venezolanos en las vías no nos conciernen tanto ya que estamos más preocupados con la presencia guerrillera en la región. Cuando entramos en el estado Bolívar, dejando Amazonas por el norte, nuestro vehículo toma una curva al este lentamente y nos adentramos en la región Parguaza. Mientras manejamos por una zona llamada Los Gallitos, Ortíz, de la red local de defensores indígenas, comenta que el ELN saca el coltán de allí.

Nuestra primera parada es Tierra Blanca. Esperábamos encontrar el cacique, la autoridad indígena en la comunidad, pero nos recibe el capitán de Tierra Blanca. Nos informan después que el cacique está de viaje en Caracas en una reunión con el ministro de Minas.

Nos dan pocas respuestas, porque el cacique no autorizó a su capitán hablar con nosotros. Los indígenas nos llevan al río Parguaza. Los niños de las comunidades indígenas locales se lanzan alegremente al agua y en canoa en una corriente lenta. El sonido de los golpes de la ropa mojado contra las piedras es producido por las mujeres indígenas que lavan camisas a las orillas del río. Pocos hombres indígenas son vistos ya que ellos cazan o trabajan la tierra lejos de la villa durante el día. El equilibrio entre naturaleza y civilización aún no es irreversiblemente perturbado, pero nuevos actores han entrado en escena.

De las entrevistas con indígenas de la región Parguaza, antes de nuestra visita de campo, se hace claro que la guerrilla colombiana ha intensificado su presencia en territorios venezolanos desde hace tres años.
En la comunidad Agua Mena, parecida a y cerca de Tierra Blanca, los habitantes están involucrados en la minería artesanal del coltán. Piedras son recogidas por un intermediario indígena, que luego vende a la guerrilla. El precio oscila entre 80 y 100 mil bolívares el kilo, lo cual es menos que un dólar. Una fracción de lo que se ofrece en el mercado internacional por el coltán, pero ninguno de los indígenas entrevistados estaba consciente de los precios usuales del mineral.

Somos los destructores de la selva
— Juan López, indígena de Agua Mena
Los pocos dólares que les pagan a las comunidades indígenas para abrir la tierra y extraer el mineral para ganancias financieras contrasta con sus creencias ancestrales. “Fuimos reconocidos como los protectores de la selva. Y ya no es lo que somos. Somos los destructores de la selva”, dice Juan López, un indígena que trabaja actualmente como abogado para el vicariato en Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas.

Los territorios ricos en coltán no solo son atravesados por la guerrilla colombiana. El decreto del Arco Minero posibilitó la formación de nuevas compañías que fueron constituidas rápidamente y comparten el mismo motivo que las guerrillas armadas que operan rutas de exportación hacia Colombia.

A finales de 2016, se creó la Empresa Mixta Minera Ecosocialista Parguaza con el objetivo inicial de producir 20 toneladas mensuales y aumentar luego a 50 toneladas mensualesES. Esta compañía es de capital conjunto de la estatal Corporación Venezolana de Minería (CVM) y de la privada Corporación Faoz. Recibió la concesión de 10.201 hectáreas que además de coltán contienen oro, diamantes, cuarzo y otros minerales. La compañía está construyendo una mina de coltán, ubicada cerca de la comunidad Agua Mena.

Es cerca del mediodía cuando visitamos Agua Mena. Después de hablar con toda la comunidad, queda algo de tiempo para presentarnos a las puertas de la Empresa Mixta Minera Ecosocialista Parguaza, que son custodiadas por la Guardia Nacional las 24 horas. Los castrenses también están presentes en su terreno.

Nos presentamos alrededor de las 13:00 horas y preguntamos por las inversiones sociales en comunidades indígenas aledañas. “Necesitan un permiso del Ministerio de Minas, en Caracas, para hablar con nosotros”, nos respondió Luisa Herminia Alcalá Otero, la representante de la compañía que salió a nuestro encuentro y nos permitió entrar en el terreno de la compañía.

Justo cuando pensábamos que nos iban a sacar a empujones por hacer preguntas, nuestra visita parece prolongarse.

La Guardia Nacional no nos dejar ir. Horas después, tras inspeccionar nuestros papeles, entendemos que fuimos detenidos.
Al final de la tarde, cerca del anochecer, no sabíamos cuánto más íbamos a estar cautivos. Los trabajadores se alineaban para montarse en el autobús que los llevará de regreso a sus comunidades. Antes de que se vayan, sus bolsos son revisados por los militares. Como estamos rodeados por guardias armados, podemos observar a los trabajadores, que usan ropas raídas, franelas de equipos de fútbol y bodas llenas de lodo. Muchos de los indígenas nos dirigen una que otra mirada, mientras esperan que sus pertenencias sean requisadas.

Los trabajadores no parecen estar muy intimidados por los rifles de asalto de la Guardia Nacional y es poco claro si los hombres armados están allí para prevenir que los trabajadores le roben a la compañía o para protegerse de las guerrillas. Uno de los oficiales que trabaja en el campamento minero comenta que hay un “respeto mutuo” cuando se cruzan con la guerrilla. “Ellos no se meten con nosotros, ni nosotros con ellos”. Mientras tanto, nos llevan a las tiendas de la Guardia Nacional y somos encerrados con castrenses armados en la entrada de la puerta.

A la 1:00 de la mañana mientras nos interrogan, aún no está claro qué pasará con nosotros. No se nos deja hacer ninguna llamada telefónica, pero nos dicen que nos han abierto una investigación. Nuestra detención es completamente ilegal e improvisada. No solo estamos encerrados en una compañía minera, sino que no se nos deja recibir o hacer llamadas telefónicas ni hablar con un abogado. Entre otras omisiones, somos cuestionados por un guardia, quien no tiene autoridad ninguna para interrogarnos. Según los militares, sospechan que podamos ser espías o infiltrados de la oposición al gobierno.

Mientras la incertidumbre crece en nosotros, vemos que los jóvenes oficiales de la Guardia Nacional tampoco entienden nuestra detención, pero obedecen órdenes de la compañía. A las 3:00 de la mañana nos piden alistarnos para el transporte. Dos camionetas pick-up nos llevarán a los cuatro, custodiados por castrenses armados, a Caicara del Orinoco, siete horas más lejos en el país de coltán.

Sorprendentemente, 24 horas después de nuestra detención, nos liberan. Dos investigadores de contrainteligencia militar en Caicara del Orinoco nos someten a un interrogatorio, pero parece no haber alarmas encendidas. Nos llama la atención que la Iglesia, la embajada holandesa, los medios y la sociedad civil hicieron campaña por nuestra liberación. Asombrados por el hecho de que fuimos detenidos dentro de una compañía minera, mientras nosotros solo pensábamos que quienes podían representar un problema era la guerrilla, es difícil creer cómo una empresa entabla buenas relaciones con sus vecinos indígenas.

La Empresa Mixta Minera Ecosocialista Parguaza no es la única compañía de capital conjunto en la zona. El mismo municipio, Cedeño, cuenta con otras dos asociaciones recientemente creadas. Oro Azul, constituida entre CVM y Supracal, recibió en concesión 8.159 hectáreas y la Empresa Mixta Minera Metales del Sur, en participación con la canadiense Energold.

Hasta aquí, las nuevas empresas les han prometido mucho a las comunidades indígenas de la región: nuevas viviendas, vías, electricidad y camionetas pick-up. Trabajadores de la salud han sido enviados a las comunidades atormentadas por la malaria. Varios indígenas son contratados por salario mínimo, lo cual no alcanza para mantener a una familiaES en Venezuela y ha estado fluctuante. Actualmente, unos 350 mil bolívares serían 3,5 dólares en el mercado paralelo. Ellos se desempeñan como personal de seguridad y obreros de construcción, pero no poseen contratos fijos.

Las tres compañías no tienen experiencia en la extracción de coltán y tampoco presentaron los estudios de rigor de impacto socioambiental.
Comunidades indígenas locales consultadas afirman que nunca les han dicho las implicaciones reales del proyecto y que fueron manipuladas con promesas falsas de desarrollo e información equivocada.

La entrada de la guerrilla y de las nuevas empresas en Parguaza se debe, según Franklin Quiñones, un indígena Piaroa, de 28 años, al cacique. “El cacique permitió la entrada de la guerrilla y también la instalación del campamento [de la empresa]”. Quiñones es de la opinión, así como de otras fuentes consultadas, que el cacique fue comprado y que una minoría de los líderes indígenas recibió de la compañía puestos de trabajo o beneficios.

“Ustedes [los líderes] son marionetas, no tienen la capacidad de decírselo a la empresa”, dice Quiñones y añade: “Se enfocan en el beneficio personal, son usados”.

El joven indígena entiende muy bien cómo las nuevas empresas emplean estrategias para dividir y conquistar las comunidades y cómo las fricciones recientemente creadas causan malestar. “Cuando instalas una compañía, aquí, será el fin de nuestra cultura, el fin de nuestras costumbres. Así se completa la transculturización. Por eso hay muchas comunidades preocupadas preguntándose: ‘¿Quién podrá ayudarnos?’”.

Malaria está mordiendo a través de las zonas mineras de Venezuela

Un grupo de jóvenes con armas de fuego esperan frente a una arena de peleas de gallos mientras los locales los visitan para pedirles pequeñas contribuciones financeiras, mediación para dirimir conflictos y solo por socializar. En Las Claritas, en el estado Bolívar, las bandas armadas son comandadas por los pranes, que no solo controlan la vida diaria, sino también están a cargo de las vastas minas de oro ilegales alrededor del pueblo. Muchos de los habitantes que visitan la arena no reparan en un cartel en la pared que dice: “Las colaboraciones [financieras] están suspendidas hasta nuevo aviso.”

También nosotros aguardamos y esperamos saber del pran, el único que dirige todas las operaciones. Él decide si podemos visitar sus minas. “¿Tiene algo de agua para mí?”, me pregunta uno de los miembros de la banda. “Debo mantenerme tomando agua”. Tiene malaria; incluso los criminales no están exentos de la epidemia y de la falta de medicinas que complica las regiones mineras de Venezuela.

Después de una larga espera nos dicen que no podremos visitar las minas ese día, por una amplia variedad de razones que no nos quedan claras. Decidimos ver la clínica local en Las Claritas y preguntar por la malaria, pero solo nos dejan preguntar y tomar fotografías si llevamos uno de los miembros de la banda armada con nosotros. La indiferencia que el joven criminal tiene por nuestro trabajo – “¿Están listos? Tengo hambre” – nos permite tomar distancia mientras él espera en el estacionamiento. Conseguimos hablar entonces con algunos de los mineros, que están pálidos y con temblores y que esperan alrededor de la clínica. La mayoría de ellos han tenido muchas recaídas y necesitan los medicamentos contra malaria. En la entrada de la clínica hay un letrero: “No hay tratamiento contra la malaria hasta nuevo aviso.”

En 1961, Venezuela fue premiada por la Organización Mundial de la Salud porque era el primer país en erradicar la malariaES en áreas densamente pobladas.
Por desgracias, este honor pertenece al pasado. Aunque Venezuela ha probado que la malaria puede ser prevenida con suceso y tratada, pocos han sido los intentos del gobierno para contrarrestar la epidemia actual.

“¡Cuidado! Hay un mosquito detrás de tu espalda”, bromea un investigador médico en otra clínica del estado Bolívar que no puede ser identificada. “Pero también puede ser chikungunya”. Y explica que el gobierno ha perdido absolutamente el control sobre las epidemias.

El municipio Sifontes, donde pueblos mineros como Las Claritas y Tumeremo están ubicados, tiene el índice más alto de malaria en el país. No es una coincidencia que el paludismo ande campante en zonas de minería ilegal, cuando se sabe, además, que la enfermedad está relacionada con la deforestaciónEN. El investigador, quien pidió resguardar su nombre por temor a represalias, explica que los bosques deforestados y los fosos llenos de agua estancada crean las condiciones ideales para una epidemia. El sol calienta rápidamente el agua y ya que no hay sombra de los árboles, se acelera el desarrollo de las larvas.

Muchos mineros ilegales se quedan en campos improvisados e incluso duermen en hamacas, bastante cerca de las minas. La falta de prevención y cercanía con las lagunas mineras, alimenta los criaderos de mosquitos de malaria y los hace más vulnerables a la infección.

La malaria es una enfermedad infecciosa causada por un parásito que ocasiona severas fiebres, dolores de cabeza y musculares y potencialmente puede resultar en la muerte. En solo el estado Bolívar, habitado por 2.1 millones de personas, unas 206 mil personas se infectaron de paludismo en los primeros diez meses de 2017. Amazonas, un estado de 180 mil habitantes, registró 42 mil casos de infección hasta septiembre de 2017, de acuerdo con una doctora en una clínica local. Ella también habló con nosotros bajo la condición de anonimato prefiere no ser citada por su nombre por temor a que la despidan, como ya ocurrió con colegas trabajadores de salud.

“Si no tenemos más medicinas a tiempo, esto se saldrá de las manos. Hay alrededor de 27 mil casos más que el año pasado”, explicó la doctora cuando la visitamos en noviembre. Cada día entre 150 y 200 personas se hacen la prueba en Puerto Ayacucho. La mitad de la gente resulta positivo por lo general. Según la doctora, hacen falta más instalaciones para realizar las pruebas, más folletos de medicamentos en la región y en especial, en zonas lejanas.

Municipios selváticos en Amazonas, como Río Negro y Manapiare, están plagados de minería ilegal y de malaria. Es ahora una crisis de salud pública. El transporte desde la capital del estado, Puerto Ayacucho, puede tomar entre cinco y diez días de barco. “No hay medicinas en zonas mineras”, relata. La gente que consigue los medicamentos, muchas veces los vende de nuevo por dosis, aun cuando ellos mismos tienen malaria. Una dosis no te cura, sin embargo, y uno necesita terminar el tratamiento completo, pero de acuerdo con la doctora la gente está desesperada por el dinero efectivo y abusa de la ignorancia de otros.

En el vecino estado Bolívar, los mineros indican que las medicinas son vendidas en el mercado negro a un equivalente de uno o dos gramas de oro por dosis.

En estos cuatro años, el número de pacientes con paludismo ha aumentado 15 veces. En los últimos tres años, el ministro de Salud falló para contener cinco epidemias: dengue, chikungunya, zika, difteria y malaria – y millones de venezolanos fueron infectados.

Este gobierno es tan irresponsable que no les importa ni siquiera las víctimas de paludismo
— Carlos Chancellor, ex alcalde de Sifontes, Bolívar
El ex alcalde de Sifontes, Carlos Chancellor, ya ha tenido suficiente de las políticas gubernamentales deficientes. “Este gobierno es tan irresponsable que no les importa ni siquiera las víctimas de paludismo”, refunfuña Chancellor. El aún estaba en el cargo cuando le visitamos, en noviembre de 2017, firmando papeles y teniendo reunión con dos padres intentaban convencer a él de arreglar una visita de emergencia con un hijo que fue arrestado recientemente en una protesta contra el gobierno.

En su estrecho despacho sin ventanas en Tumeremo, el alcalde intenta trabajar debajo de un tubo titilante fluorescente. Mientras las personas siguen caminando a su oficina, Chancellor dice que cerca de 80 mil personas están directa e indirectamente involucradas en la minería ilegal de su municipio. “Son gente respetable, trabajadores”, pero ve este sector y su daño colateral, como la epidemia de malaria, como un gran problema.

“¡Hoy me hice la prueba y ya no tengo malaria por primera vez!”, dice aliviado Eduardo Rodríguez, frente a una clínica en Tumeremo, en Bolívar. Este minero ilegal se ha hecho la prueba de paludismo siete veces en los 18 últimos meses, en seis de las cuales ha recibido un resultado “positivo”.

La mayoría de los mineros no tienen la suerte de Eduardo Rodríguez, entonces ellos sufren de continuas recaídas, incapaces de combatir el parásito. “Ya tuve malaria unas 50 veces”, dice un minero en El Callao. “Fue como orinar Coca-Cola”. Su cuerpo tembloroso permanece de pie frente a una choza en la selva, hecha de palos de madera y de lona de plástico que sirve de techo. Solo diez metros de distancia de su alojamiento, otros mineros echan agua con una manguera una pendiente fangosa para seguir procesando los sedimentos de oro.

“La frontera entre el mosquito y el hombre ya no existe”, explica un médico local. “Nuestra gente está entrenada y dispuesta a trabajar en el problema”, sostiene, pero la falta de medicinas son el inconveniente principal.

Zonas mineras remotas en los estados Amazonas y Bolívar viven problemas similares. “La muerte llega porque las personas viven muy lejos”, explica el médico. “Primero, necesitan cruzar el río, luego esperar el bote, luego por una mula y después un jeep Toyota los transporta a nosotros. Esto puede tardar hasta tres o cuatro días en los que la condición de salud de alguien puede complicarse realmente”.

Para hacer dinero extra, este médico también trabajó en las minas en su tiempo libre. “Con un golpe de suerte se puede hacer en dos semanas lo que obtengo en seis semanas en el hospital”, sonríe, pero este año probablemente no regrese a las minas. La violencia y el riesgo de malaria son demasiado.

“Hay un auge extraordinario de migrantes mineros de diferentes estados hacia Amazonas y Bolívar, así como personas colaterales como prostitutas, mercaderes, etc.”, explica el doctor Oscar Noya, director del Centro de Estudios sobre Malaria e investigador del Instituto de Medicina Tropical en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas.

El aumento de casos tiene que ver con la escasez de antimaláricos y se agrava con la situación regional
— Dr Oscar Noya, Centro de Estudios sobre Malaria
“Las recaídas no se incluyen en las estadísticas, así que el número actual, vinculado a un aumento de portadores asintomáticos, es el número real y estimamos que en 2016 superaron el millón”.

Los expertos dicen que los peores días de la epidemia aún están por llegar. Los mineros migrantes, con exposición creciente a malaria, pueden ayudar a esparcir la enfermedad. Trabajadores de la salud en las zonas fronterizas de países como Brasil y Colombia están alertas. En Colombia, de las 965 personas infectadas con malaria que cruzaron la frontera en 2017, 92 por ciento llegaron desde Venezuela1.5MB. “De la nada, un solo caso de malaria puede ocasionar una epidemia dentro de seis meses”, advierte un de los trabajadores de la salud en el estado Bolívar.

Apostando contra el ambiente

Los fuertes ruidos de los generadores vibrantes acompañan el trabajo duro de los mineros ilegales, a solamente un kilómetro fuera del pueblo de El Callao. Cubiertos de lodo, se deslizan en los fosos mineros mientras hacen un barrido de oro, cavan más buracos o usan las máquinas ruidosas en los bordes del pozo minero para llenar sacos grandes can cantidades del lodo con oro que será más tarde procesado con mercurio. En ese mismo lugar, solía haber un bosque, pero muchas capas de vegetación han sido devastadas por la minería.

Si hay una razón para no avanzar con el Arco Minero es el ambiente, de acuerdo con Edgar Yerena, un biólogo de la Universidad Simón Bolívar (USB), en Caracas. “Es una muy mala idea. Es la peor idea. No hay peor uso en el que pensar, en mi opinión, para el Escudo Guayanés”.

En Venezuela, el Escudo Guayanés coincide por completo con el estado Bolívar y también incluye los estados Amazonas y Delta Amacuro. La región es, según expertos ambientales, de suma importancia para la generación de agua y para la conservación de especies, pero deberían evitar la minería. “Desde una perspectiva ecológica, [el área] funciona como un sistema diferente al resto del país. Es muy delicado porque los suelos generados están muy lixiviados y muy lavados. Tiene pocos nutrientes, es muy arenoso y la recuperación ambiental de cualquier impacto en el Escudo Guayanés es muy lento, si no irreversible”, explica Yerena.

Las observaciones de Yerena están respaldadas por otro especialista ambiental venezolano. “Los suelos son muy finos y cuando son removidos será muy difícil restaurar”, asevera Juan Carlos Sánchez, coganador del Premio Nobel de Paz en 2007 y experto en el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas. El laureado también advierte que los bosques del Escudo Guayanés funcionan un hábitat para especies endémicas que se verán severamente impactadas. Hay 9.411 especies de flora, de los cuales 2.136 son endémicasEN.

No es posible la coexistencia entre la minería y los bosques en el Escudo Guayanés, dice Sánchez. “Todas las tierras dedicadas a la minería, y en particular a la minería de superficie, será un terreno donde los bosques resultan sacrificados porque requiere la remoción de grandes cantidades de tierra. Este sacrificio de los bosques representa una pérdida irreparable del capital natural”.

Cerca de 75 por ciento del territorio en Bolívar están ambientalmente protegidos, pero no contra el Arco Minero.
Estas tierras exuberantes están declaradas como parques nacionales, monumentos naturales, zonas protegidas, reservas forestales. El Parque Nacional Canaima incluso ha sido reconocido por la Unesco como patrimonio mundial. Todo este parece no importar. Estas reservas forestales sufrirán especialmente de las consecuencias inmediatas de la extracción mineral en el Arco Minero.

Adicionalmente, el impacto en las fuentes de agua será severo. El estado Bolívar opera básicamente como una factoría de agua para el país y posee la undécima reserva más grande de agua en el mundo. Por ejemplo, la cuenca del río Caroní genera energía hidroeléctrica para 65 por ciento del país, lo cual se genera en la represa Guri, el principal proveedor de energía de Venezuela.

Según Yerena, “La minería daña la calidad del agua. El tema del potencial hidroeléctrico en Guayana no solo depende de la cantidad, sino también de la calidad del agua. Requiere agua con poco sedimento”, explica mientras refiere que el Caroní que bordea la región minera se ha sedimentado.

El estado venezolano tiene una historia de no saber cómo administrar la minería. ¿Por qué sabrían cómo hacerlo ahora?”
— Edgar Yerena, biólogo
El impacto ambiental puede ser irreversible. Expertos explican que, a largo plazo, los daños ambientales pueden sobrepasar de lejos las ganancias del sector minero. Yerena añade: “El estado venezolano tiene una historia de no saber cómo administrar la minería. ¿Por qué sabrían cómo hacerlo ahora?”.

El desconocimiento también representa un problema para movimientos de justicia ambiental que tienen poca investigación y hechos disponibles para argumentar. “Es complicado porque hasta ahora, la defensa se ha basado en el concepto del proyecto y la forma de cómo han intentado implementarlo”, explica Yerena.

“Pero aún no hay una evaluación ambiental estratégica. No hay y debería haber información pública para que la academia y el sector ambiental pudiesen revisar adecuadamente. Hasta ahora, solo hemos fraccionado información no oficial muy puntual. No hay mecanismos claros para obtener información oficial por personas curiosas por saber qué ocurre con el proyecto”.

Dos riesgos que aún no se debaten sobre la minería son ladeforestacióny la contaminación por mercurio.
“Como yo lo interpreto, según la normativa ambiental venezolana, no debería estar pasando. Esto se fundamenta en la ilegalidad de que todo el proyecto no ha emprendido un estudio sobre la evaluación ambiental”, dice Yerena.

Alexander Luzardo, exsenador que redactó los estándares ambientales en la actual constitución de Venezuela, duda que la minería valga la pena a cambio de beneficios económicos. Nunca ha habido una prueba certificada de que el país posea las cantidades de oro y de coltán tan grandes como las que dice tener.

La minería es vinculada a negocios ilícitos y a actividades financieras ilegales ligadas al lavado de dinero
— Alexander Luzardo, exsenador
El profesor dice que puede tratarse de un mito, una estrategia para desarrollar proyectos destinado al lavado de dinero. “La creación de empresas fantasmas, sin ninguna experiencia, sin conocimiento, se prestan al juego de la elevación [mercado de especulación] y al lavado de dinero”, afirma. “La minería es vinculada a negocios ilícitos y a actividades financieras ilegales ligadas al lavado de dinero”. Según él, estas compañías comprarán y comerciarán minerales de la minería ilegal, o tratarán de especular y vender su proyecto al mejor postor.

El “show de buenas noticias” del gobierno sobre depósitos minerales enormes es, según Luzardo, una oferta engañosa para el país. “Es darles la esperanza de la lotería”, se ríe. “Es la lotería de la minería. Apostarlo siempre a todo: ‘Tenemos las reservas más grandes del mundo’”. La distracción de la crisis económica y política ignora asuntos más importantes que están en riesgo. “No es sobre el trabajo, ni la educación, la organización o la diversificación energética y tampoco sobre asumir grandes riesgos”, ironiza.

Su nombre, el Arco Minero, resulta molesto para Luzardo. Argumenta que el término es un reduccionismo lingüístico. “Uno reduce todo al Arco Minero”, explica. “Ya con el nombre se cede el territorio [a la minería]”. Plantea que un Arco de Biodiversidad encajaría mejor y haría más justicia, en papel, a las áreas protegidas ambientales.

De acuerdo con Luzardo, todavía hay esperanza. El profesor refiere a una decisión de la Asamblea Nacional de Venezuela que anuló el decreto del Arco Minero el 14 de junio de 20160.2MB. “Se no puede legalizar un crimen ambiental”, gruñe el profesor, pero el Tribunal Supremo de Justicia no reconoce la decisión del Parlamento ni ninguna otra acción de la marginada Asamblea NacionalES desde el 11 de enero de 2017.

Mientras tanto, continúa la crisis política y económica de Venezuela, llevando a más venezolanos desesperados y desempleados a las zonas mineras. Continúan cavando en lodo valioso de El Callao y de muchas otras áreas en el sur del país. Por ahora, a la oposición política contra el Arco Minero no le quedan armas legales. La deforestación acelerada y una frontera minera expandida son las consecuencias innegables de la crisis en el país, que luce muy lejos de llegar a su fin.