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El “gobierno progresista” de Bolivia tiene en su haber una lista de organizaciones destruidas, otra lista de organizaciones cooptadas. Sin embargo, a pesar de las organizaciones paralelas impuestas con representaciones apócrifas, sumisas al gobierno, las bases de las organizaciones destruidas siguen resistiendo desde el entramado social y organizacional en la escala de las comunidades.
La destrucción de las organizaciones sociales
Raúl Prada Alcoreza
Las formas de gubernamentalidad parecen reconfigurar las composiciones de sus relacionamientos con las formaciones sociales. Los distintos tipos de formas de gubernamentalidad parecen definir composiciones de sus relaciones con la sociedad que se adecuen a las exigencias de las formas de gobierno diferenciales. Por ejemplo, una forma de gubernamentalidad liberar tiende a adecuar sus relaciones con la sociedad, sobre todo, con las formas de organización social, que contengan en los límites institucionales establecidos por el Estado de derecho a las organizaciones sociales. No hablamos de los partidos políticos, que son organizaciones de la representación política, sino de las organizaciones de cohesión, aglutinamiento, convocatoria y defensa de los derechos sociales; como, por ejemplo, los sindicatos. Una forma de gubernamentalidad neoliberal tiende a adecuar sus relaciones con la sociedad restringiendo los márgenes de maniobra de las organizaciones sociales a los límites que impone el ajuste estructural; para ilustrar, prefiere que se conviertan en empresas y que concurran en competencia. Una forma de gubernamentalidad socialista, nos referimos al socialismo realmente dado, tiende a establecer la composición de sus relaciones con la sociedad convirtiendo a las organizaciones en el sostén del Estado socialista; en otras palabras, las incorpora como composiciones del Estado. Al hacerlo, la sociedad pierde iniciativa, la iniciativa la tiene el Estado. Paradoja del socialismo, la sociedad se congela, para donar su vitalidad al Estado. En la forma de gubernamentalidad clientelar, la relativa a los gobiernos populistas o nacional-populares, se detectan dos tipos de tendencias; una, la referida a los gobiernos populistas de mediados del siglo XX; otra, la referida a los “gobiernos progresistas”. En el caso de la primera, el gobierno nacional-popular tiende a una configuración prebendal de la composición de sus relacionamientos con la sociedad al convertir a las organizaciones sociales en dispositivos de las redes clientelares. En el segundo caso, esta tendencia no solamente se lleva al extremo, no solo de la clientela sino de la corrosión institucional de las organizaciones sociales; es más, cuando las organizaciones sociales resisten o plantean su independencia de clase, entonces el gobierno clientelar de la segunda versión, la del siglo XXI, tiende a destruir las organizaciones sociales.
Asistimos, en los periodos del “gobierno progresista”, a tres fases de la recomposición de las relaciones del gobierno con la sociedad; en el periodo inicial, se tiende, como en el caso de la forma de gubernamentalidad socialista, a convertir a las organizaciones sociales en sostén del Estado. Pero, esto concurre, con dificultades, además con fracasos, pues el Estado de la forma de gubernamentalidad del socialismo del siglo XXI no ha transformado el Estado, estructuralmente, ni institucionalmente, como ocurre con el Estado socialista, salvo si se cree que esto se da, por arte de magia, con la nueva Constitución. Hay pues una inadecuación entre el Estado-nación, aunque lleve otro nombre constitucional, y la pretensión de convertir a las organizaciones sociales en sostén del Estado. El Estado-nación, con una Constitución nueva, no ha dejado de ser Estado liberal, aunque haya modificado el uso de la malla institucional, convirtiendo estos dispositivos en convocatoria, primero, después en dispositivos clientelares, dejando de lado el Estado de derecho. No tardan en surgir contradicciones entre el “gobierno progresista” y las organizaciones sociales; en principio aplacadas por la convocatoria del primer periodo, después aplacadas por las relaciones clientelares. Empero, cuando las organizaciones sociales se desencantan de la convocatoria y resisten a la cooptación clientelar, el recurso gubernamental es su destrucción, formando organizaciones paralelas apócrifas.
A lo largo de las tres fases mencionadas, la de la convocatoria, la clientelar y la de la destrucción, las organizaciones sociales comienzan, al principio tibiamente, imperceptiblemente, a perder su vitalidad, empezando a perder capacidad de iniciativa. En la fase de la convocatoria hay como un entusiasmo compartido, la atención ante los problemas esta como inhibida, en consecuencia, también la crítica. Sin embargo, en esta fase, esta situación no es notoria, ni parece peligrosa. Es en la segunda fase, la clientelar, cuando se hace patente la perdida de vitalidad, por lo tanto, de iniciativa, incidiendo en las dinámicas de las organizaciones sociales. Cuando, en esta fase, la forma de gubernamentalidad clientelar logra controlar, copta a las organizaciones, convirtiéndolas en apéndices del ejecutivo. Esto ya es destrucción de las capacidades organizativas y de cohesión de las organizaciones sociales; en este caso, las organizaciones sociales cooptadas ya no representan a las bases, sino representan al gobierno ante las bases. Sin embargo, en este caso, las organizaciones sociales presentan como una máscara, porque discursivamente dicen representar a las bases. La fase donde se hace desbordantemente evidente la destrucción de la organización social, de su capacidad organizativa, es la tercera, la que denominamos propiamente de la destrucción. Cuando se presentan organizaciones sociales que se resisten a ser cooptadas, plantean abiertamente su independencia y buscan defender los derechos conquistados, además de su perspectiva propia en el proceso, la opción gubernamental es su destrucción taxativa.
En esta tercera fase, de la forma de gubernamentalidad clientelar, el gobierno no tiene bases sino sombras, el gobierno no tiene pueblo, aunque lo nombre, sino el espejo de la propaganda gubernamental impresa en los cuerpos anulados de un pueblo callado y sometido. No solamente desaparece la iniciativa en la sociedad, transferida a la iniciativa estatal, como en el caso de la forma de gubernamentalidad socialista, sino que tampoco hay iniciativa estatal, salvo por la propaganda y publicidad apabullante. La máquina estatal se para, no funciona, lo que funciona, en vez de ella, es la máquina del chantaje, el lado oscuro del poder. Se ha destruido no solamente a la organización social sino a la capacidad de la sociedad de ser sociedad, es decir, de desplegar innovadoramente dinámicas sociales. Pero, este es el caso extremo, hipotético, pues las sociedades se resisten a que esto ocurra. Es cuando se generan los conflictos destacables entre Estado y sociedad.
El “gobierno progresista” de Bolivia tiene en su haber una lista de organizaciones destruidas, otra lista de organizaciones cooptadas. Sin embargo, a pesar de las organizaciones paralelas impuestas con representaciones apócrifas, sumisas al gobierno, las bases de las organizaciones destruidas siguen resistiendo desde el entramado social y organizacional en la escala de las comunidades. Lo complicado, mas bien, pasa con las organizaciones cooptadas, pues, en este caso, las bases han perdido iniciativa, incluso capacidad de resistencia a la manipulación de la dirigencia. La cooptación ha sido tal que ya no hay vida sindical, salvo espurios congresos donde se impone a dedo las “representaciones” de la dirigencia de federaciones y de la confederación sindical. El dramatismo de lo que ocurre es entonces mayor en las organizaciones cooptadas que, incluso, en las organizaciones destruidas. Por ejemplo, ha desaparecido el movimiento campesino, no se moviliza en torno a la reforma agraria, ya no es esta su vocación. La ha sustituido por alianzas empresariales, basadas en la transformación de las economías campesinas en economías empresariales, en zonas importantes del agro y del cultivo. Esto ocurre, cuando prácticamente, la economía campesina, que es diversificada y plantea una estrategia de resistencia jugando con el mercado, pero, para reproducir las relaciones comunitarias, aunque estas hayan desaparecido institucionalmente – no se presenten como comunidades o ayllus y se presenten como sindicatos -; cuando se deja el multi-cultivo y se opta por el monocultivo[1]. La dirigencia sindical campesina representa no solo al gobierno ante las bases, sino que representa las tendencias empresariales ante los campesinos, asolados por estas tendencias de concentración de tierras y de capital agrario.
La COB, en la historia reciente, ha pasado por varios periodos distintos; primero, el periodo de lo que fue la COB legendaria, la del gasto heroico, la insurreccional, que viene desde su fundación, después de la revolución de 1952, hasta la derrota de la Asamblea Popular (1971) por el golpe militar perpetrado, corresponde el periodo heroico. Después, durante el periodo de las dictaduras militares, estamos ante el periodo de resistencia a las dictaduras militares; la COB pasa a la clandestinidad, se reorganiza y juega un papel fundamental en las resistencias sociales a las dictaduras, hasta la reconquista o recuperación de la democracia. Durante el periodo intermitente de recuperación de la democracia, la COB intenta recobrar el papel protagónico que tuvo en el primer periodo; sin embargo, el contexto había cambiado, los partidos políticos jugaban el rol de las representaciones y delegaciones políticas. Además, los partidos de “izquierda”, la gran mayoría ingresaron a la concurrencia democrática. En este contexto se pasó del proyecto insurreccional al proyecto democrático por el socialismo; el periodo corresponde a una COB en dilemas, entre la memoria insurreccional y el presente de hegemonía del proyecto democrático. El penúltimo periodo, siguiendo la mirada retrospectiva del pasado, es el que corresponde al periodo de los gobiernos neoliberales; ante el desarme, sobre todo, por la merma del proletariado minero, con la “relocalización”, la COB se debilita como nunca antes. En estas condiciones se resiste a la avalancha neoliberal con lo que se tenía, con lo que se era; se trata de un segundo periodo de resistencia, en otro contexto, no el de las dictaduras militares sino de gobiernos neoliberales. El último periodo de la retrospección es el que asistimos y experimentamos, el correspondiente a las gestiones de gobierno de la forma de gubernamentalidad clientelar. En este periodo, ante una COB que heredó su debilitamiento orgánico, que perdió protagonismo, cediendo ante novedosas y renovadas formas de movilización social, en la fase de ofensiva social, ya no de resistencias, que corresponde a la movilización prolongada (2000-2005), la COB es, en principio, cooptada por el gobierno popular. Es recientemente, en plena crisis de legitimidad y de gubernamentalidad del gobierno clientelar, que la COB comienza a recuperar un papel orientador en el conflicto social contra un gobierno en decadencia, que opta raudamente en caer en la tiranía. Pero, es cuando, al enfrentarse al gobierno clientelar y apoyar las movilizaciones sociales, defendiendo los derechos conquistados, que el “gobierno progresista” decide destruirla y conformar, como lo ha hecho con otras organizaciones sociales, una COB paralela apócrifa, sumisa al gobierno.
Un gobierno clientelar en crisis no puede sostenerse sino intentando hacerlo con el incremento de la represión, en el extremo caso, implantar o terminar de implantar un Estado policial. Todo a costa de la democracia, que queda abolida, la banalización de los conceptos, la destrucción de las organizaciones sociales, por lo tanto, la destrucción de las capacidades sociales, de sus dinámicas, de sus convocatorias y sus cohesiones. La responsabilidad social es evitar que concluya este proceso destructivo de las organizaciones sociales, resistirse a que acaezca eso, parar la marcha decadente del proceso político, que afecta a todo; defender las organizaciones sociales que quedan, recuperar las organizaciones destruidas, así como las cooptadas, devolverles su vitalidad, para que accionen sus dinámicas propias. Por eso, la defensa social de la COB es una tarea imprescindible ahora, en este momento del golpe crápula de la dirigencia llunk’u[2]. No le va a ser fácil al gobierno terminar de perpetrar este golpe contra la COB; pues la COB la conforman sindicatos y organizaciones sociales en todo el país, representando a distintos segmentos de los trabajadores, en sus polifacéticas actividades. Además, la COB forma parte del imaginario social y de la memoria social. Sin embargo, no hay que quedarse en que no le va a ser fácil, menos contentarse con esto; la responsabilidad es impedírselo. La destrucción de las organizaciones sociales no puede continuar. Por otra parte, el totalitarismo o la tiranía, abierta o velada, tiene límites; no parece posible absorber a toda la sociedad institucionalizada, mucho menos a la sociedad alterativa, que es el substrato dinámico de la sociedad institucionalizada. El totalitarismo solo puede durar un lapso, aunque este sea largo; en cuanto asfixia a la sociedad institucionalizada, ya no tiene de donde más capturar fuerzas sociales, tampoco de donde reproducirse con la energía social; en el hipotético caso de que pueda absorber a la sociedad alterativa, que es el substrato magmático, detendría la vida social completamente, lo que implica también la muerte del parásito, el Estado.
[1] Ver de Raúl Prada Alcoreza Oikonomías campesinas.
[2] Ver Golpe crápula contra la COB. BOLPRESS.
Leer más: https://dinamicas-moleculares.webnode.es/products/la-destruccion-de-las-organizaciones-sociales/