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El abandono del Estado en el municipio de El Estor ha generado que ante la falta de mediadores para resolver sus problemas o defensores a sus derechos, sean los mismos pobladores quienes buscan resolver asuntos por mano propia. La frustración se acumula. Como ejemplo las dos últimas elecciones municipales (2007 y 2011) han cerrado con manifestaciones y zafarranchos.
Léase por mediadores a los partidos, y por mano propia a la autogestión y el autogobierno.
El Estor, otra bomba de tiempo
FECHA DE PUBLICACIÓN: 04-03-18
El Periódico
Por: Miriam Pacheco, Edgar López y Silvino Velásquez.
Es territorio en disputa. Codiciado por empresas mineras, por ganaderos, finqueros, pobladores q’eqchies’ en perpetua diáspora, por el crimen organizado, narcotraficantes y contrabandistas. En 2016 fue clasificado como el municipio con el mayor número de casos de conflictividad agraria de toda Guatemala; pero el Estado poco ha hecho para estar allí y solucionar los problemas de raíz. A pesar de los estallidos que han costado vidas, los procesos judiciales se entrampan y no avanzan; pareciera que el Estado se niega a ver el problema y aparece solo cuando la bomba vuelve a explotar y surge un nuevo conflicto.
Una de las bombas más recientes explotó el 27 de mayo de 2017, cuando un grupo de lugareños se enfrentó con el pelotón antimotines de la Policía Nacional Civil (PNC) que intentaba dispersarlos para desbloquear la carretera principal de acceso a la cabecera municipal. La manifestación fue iniciada por una asociación de pescadores que culpa a la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) como causante de contaminar las aguas del lago. En este incidente fue asesinado –con arma de fuego– Carlos Maas, de 31 años, quien era primo del presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales de El Estor, Cristóbal Pop. El de los pescadores es uno de los tantos conflictos latentes e irresueltos en este municipio de Izabal.
Su posición geográfica es estratégica, pero al mismo tiempo representa una de sus debilidades: es una de las más expeditas entradas del Caribe, por tanto de Honduras y de las rutas de la droga; tierra adentro, además, es el vestíbulo a toda la zona del Polochic y ha sido convertida en puente hacia la frontera Norte en la ruta de migración hacia Estados Unidos. Es territorio rico en minerales, por tanto, territorio explotado desde hace décadas y tierra fértil para los monocultivos y el ganado.
Según el Informe de Monitoreo de la Política y Conflictividad Agraria 2016, en El Estor hay 74 conflictos activos relacionados con la certeza jurídica de la tierra, la ocupación de tierras y la regularización; la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA) no registra otro tipo de conflictos relacionados con asuntos ambientales o políticos. Desde 1997 a la fecha se han resuelto 99 casos, según confirma Carlos Antonio Pop, responsable de la Secretaría.
El estallido
El abandono del Estado en el municipio de El Estor ha generado que ante la falta de mediadores para resolver sus problemas o defensores a sus derechos, sean los mismos pobladores quienes buscan resolver asuntos por mano propia. La frustración se acumula. Como ejemplo las dos últimas elecciones municipales (2007 y 2011) han cerrado con manifestaciones y zafarranchos.
En el último conflicto, el de los pescadores, el informe de la Policía detalla que también resultaron heridos el inspector Carlos Coc Chub y los agentes Edwin Alexander Acetún Rojas, Franklin Onelio Chávez Solares y Lilian Marisol García Aldana, quienes integraban el pelotón antidisturbios que fue enviado al lugar para dispersar a los manifestantes. Hubo tres civiles heridos, según reportes de los vecinos, sin embargo, no fueron identificados debido a que no se permitió el ingreso de los cuerpos de socorro debido a que temían que fueran procesados penalmente, informó Pablo Castillo, vocero policial.
Entre la confusión, un grupo de bomberos trató de auxiliar a los vecinos que resultaron heridos, pero fueron amenazados por personas con machetes, por lo que también decidieron retirarse del lugar de los disturbios. La situación se tornó tensa en el lugar y algunos sujetos aprovecharon el caos para saquear negocios y sembrar el terror en el municipio, según el reporte de la Policía.
Operativo de la Policía Nacional Civil cuando se realizaron los desalojos por los que se siguen dos juicios en Canadá y uno en Guatemala. (James Rodríguez > Plaza Pública)
El gobernador de Izabal, Rudy Ramírez, declaró que se investiga para determinar quiénes promovieron el enfrentamiento e informó que se girarán órdenes de captura en contra de los responsables. “Como autoridad me corresponde buscar los medios adecuados para garantizar el Estado de Derecho de la población”, afirmó el gobernador Ramírez. El Ministerio Público (MP) por su parte continúa con las investigaciones, según informó la vocera de esa entidad, Julia Barrera.
Ese día, el 27 de mayo, las autoridades del gobierno central y municipal habían convocado a una mesa de diálogo en la aldea Río Dulce, jurisdicción de Livingston, Izabal, “un lugar neutral”, como lo describen los comunitarios, con el objetivo de buscar soluciones a la protesta de los pescadores. Sin embargo, la reunión no se llevó a cabo debido a que los incidentes violentos degeneraron en la quema de la casa del alcalde de El Estor, Rony Méndez, y de la subestación de la PNC local.
Unos 500 agentes de la PNC participaron en el más reciente conflicto, en el que se desalojó a los pescadores y fue incendiada la casa del alcalde. (foto: Marie Peretti > Plaza Pública)
Esta vez el conflicto se inició porque frente a las instalaciones de la planta de la CGN el Lago de Izabal se tiñó de rojo. Cristóbal Pop, presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales de El Estor, asume que esa contaminación pudo haberse originado por los residuos minerales que expulsan las siete chimeneas de la empresa minera.
El ministro de Ambiente, Sidney Samuels; el alcalde, Rony Méndez; el gobernador departamental, Rudy Ramírez, y representantes de la minera CGN optaron por retirarse de Río Dulce, lugar donde se establecería la mesa de diálogo, tras conocer sobre los hechos de violencia en El Estor.
El alcalde, Rony Méndez, quien tuvo que salir huyendo del municipio, lamentó la muerte del pescador y que varios agentes de la PNC resultaran heridos. Méndez estima las pérdidas por la quema de su vivienda en más de Q300 mil y expresa que desde hace varias semanas junto con el Concejo Municipal solicitó el refuerzo de la seguridad en El Estor, pero que no han obtenido respuesta del Ministerio de Gobernación.
Samuels, titular de Ambiente, en conferencia de prensa dijo que las autoridades buscaban dialogar con los inconformes para plantearles alternativas laborales y proyectos de desarrollo.
“Vamos a presentarles los estudios de la calidad del agua, los cuales fueron efectuados por estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) y serán comparados con el resto de estudios efectuados por la empresa minera para tranquilidad de los pescadores”, comentó Samuels.
Sin embargo, los manifestantes dudan de las declaraciones del ministro y el Centro de Acción Legal Ambiental y Social (CALAS) realiza una investigación independiente para definir las causas de la posible contaminación y, de ser necesario, iniciar acciones legales, informa Rafael Maldonado, representante legal de la institución. Desde mayo la mesa de diálogo está detenida. El alcalde Rony Méndez sigue fuera de El Estor debido a las amenazas; y por motivos de seguridad no revela en dónde está, pero asegura que sí realiza cada semana la reunión de Concejo para tratar temas del municipio.
Los detonantes: el abandono y los conflictos latentes
El tercer viceministro de Gobernación, Axel Romero, explica que su despacho tiene a cargo el análisis de la conflictividad de toda Guatemala: “Lo que se ha analizado y las conclusiones a las que se ha llegado, es que los brotes de conflictividad en el país ocurren en áreas donde hay una ausencia del Estado muy profunda”.
El viceministro agrega que la mayoría de conflictos se desencadenan por la falta de cobertura de necesidades básicas como educación, salud, alimentación y vivienda. “Eso provoca que las manifestaciones vayan en escalada hasta haber un pronunciamiento de hecho, como el cierre de carreteras o la retención de personas, como ocurre en El Estor, en el área del Valle del Polochic y otras comunidades de la Franja Transversal del Norte”, asegura.
En el análisis realizado por el tercer Viceministerio se contempla la existencia y la permanencia de grupos organizados, algunos con fines de resistencia y protección del ambiente.
Sigue el reclamo del pueblo q’eqchi’: la tierra
Durante los 36 años del conflicto armado interno, los q’eqchies’ que habitaban El Estor y el Valle del Polochic tuvieron que abandonar sus tierras para salvar su vida. Al finalizar la guerra ese pueblo volvió a su tierra de origen, pero sufrió un nuevo despojo como parte del ordenamiento territorial de la Franja Transversal del Norte, lugar donde se instalaron a orillas del lago de Izabal y la desembocadura del río Polochic empresas de monocultivo de palma africana y las empresas mineras, según detalla el estudio elaborado en el 2009 por el Instituto de Transformación de Conflictos para la Construcción de la Paz en Guatemala (Intrapaz), Conflictos por el uso de la Tierra.
Robin Sicaján, director de la Defensoría Q’eqchi’, que acompaña a las comunidades indígenas ante las violaciones de sus derechos humanos individuales y colectivos, y es apoyada por la Organización Naciones Unidas (ONU), afirma que el reclamo del pueblo maya q’eqchi’ respecto a la tierra “que históricamente le pertenece” se hizo oficial en abril de 2015, cuando se le solicitó por escrito a las autoridades de gobierno central que se emitieran resoluciones sobre la certeza jurídica de la tierra en El Estor, debido a que esa carencia legal genera conflictos que ya han dejado varios fallecidos y heridos.