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Falsas esperanzas de un cántaro roto
06-03-2018
Los perversos versos de la minería
La maliciosa quimera minera
Alberto Acosta, John Cajas-Guijarro
Rebelión
Falsas esperanzas de un cántaro roto
Alberto Acosta[1] y John Cajas-Guijarro[2]
“La riqueza es como el agua salada: cuando más se bebe,
más sed da; lo mismo ocurre con la gloria”
Arthur Schopenhauer
Minería en el Ecuador: el sueño de una lechera ingenua
Cuenta la fábula que una lechera llevaba en la cabeza un cántaro lleno de leche; en el camino, ella iba pensando en lo que haría con todo el dinero que obtendría por vender la leche: compraría pollos que, al criarlos, se multiplicarían y se podrían vender para luego comprar un cerdo, el cual luego de cuidarlo con mucha dedicación podría venderse para adquirir una vaca, y así seguir expandiendo su negocio… Pero tan distraída iba la ingenua lechera pensando en su futuro que tropezó en el camino y su cántaro se quebró, junto con todas sus ambiciosas esperanzas de progreso.
Aunque esta leyenda es una mera ficción, su relato parece una verdadera proyección económica-política de lo que le espera al Ecuador si sigue tragándose el discurso -sea correísta o morenista- de que la megaminería generará enormes ingresos que sacarán al país del “subdesarrollo”. En efecto, la megaminería es para el Ecuador el equivalente a un cántaro roto que ofrece esperanzas que nunca llegarán, igual que lo que sucedió con la lechera ingenua.
Decimos esto porque aquel discurso de que la megaminería generará grandes ingresos al país es más una ilusión que una realidad: más allá de cualquier propaganda, hasta las proyecciones oficiales ofrecen ingresos paupérrimos. Peor aún, semejante ilusión es perversa por todos los costos sociales y ambientales que se deberán tolerar solo para hacer realidad un entreguismo salvaje en beneficio del capital minero transnacional, capital que disfraza sus intereses bajo las entelequias de “progreso” y “desarrollo”.
La mentira detrás del progreso
El discurso político del “desarrollo” siempre ha sido útil para encubrir los más mezquinos intereses. Así, enceguecidas por las esperanzas de “desarrollarse”, varias sociedades empobrecidas han emprendido proyectos lúgubres, casi sin medir ni las pérdidas materiales ni humanas ni ambientales que éstos conllevan. Quizá la propia desesperación que genera el “subdesarrollo” lleva a que miles acepten como válidos proyectos que, en el fondo, solo benefician a unos pocos a cambio del derrame de la sangre inocente de muchos…
Uno de esos proyectos lúgubres es la explotación megaminera, la cual falsamente se vende como escalera para alcanzar el “desarrollo” [3] , pero solo es un instrumento que enriquece a capitales transnacionales; capitales que, tras su paso, dejan una estela de destrucción ambiental, migajas que contentan a élites rentistas y graves conflictos sociales. Ejemplos de esta situación sobran y quizá uno de los continentes que más los ha vivido es África [4] : basta pensar en la masacre de Marikana en Sudáfrica -provocada en 2012- que involucró a la minera Lonmin Platinum [5] ; o la participación de la minera Lundin Gold en la sanguinaria guerra civil de la República Democrática del Congo a fines de los años 1990, así como su colaboración en el Apartheid sudafricano y su complicidad en crímenes contra la humanidad en Sudán [6] .
Pero la devastación minera no se queda en África, pues Latinoamérica también la ha sufrido en nombre del “desarrollo”. Apenas un ejemplo: según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, al momento de escribir este artículo en la región se registraron unos 246 conflictos mineros, asociados a 141 casos de criminalización de la protesta social. Entre los países de mayores conflictos destacan México, Chile y Perú (cada uno con alrededor de 40 o más), seguidos por Brasil y Argentina (con más de 25 casos cada uno), después están Colombia, Honduras y Bolivia (entre 9 y 15 casos), posteriormente se ubican Ecuador, Nicaragua y Panamá (con unos 7 casos cada uno) y la lista continúa [7] .
A estos conflictos -extendidos por toda Latinoamérica- se suman varios problemas ambientales, como la tragedia vivida con la ruptura de la presa de la minera Samarco, en Minas Gerais, que provocó la muerte de 19 personas, la pérdida de cientos de casas aledañas, junto con el derrame de 32 millones de metros cúbicos de desechos mineros [8] (situación de la que fue responsable la empresa BHP Billiton, la mayor minera del mundo). Así como el caso de Minas Gerais en Brasil (o el caso del “arco minero” impulsado al sur del Orinoco, en Venezuela [9] ), hay muchos otros casos de daño ambiental causados por la minería en Latinoamérica [10] , varios de los cuales son acompañados de una corrupción salvaje, propia del extractivismo [11] . Extractivismo que, al combinarse con un capitalismo dependiente, ha contribuido a que regiones como Latinoamérica o África “ sean pobres porque son ricas … en recursos naturales ”.
Semejante legado que la minería -y el extractivismo en general- deja en las sociedades empobrecidas muestra que la incursión megaminera en el Ecuador no tiene un futuro alentador. Ni siquiera en términos económicos -peor en las demás dimensiones sociales y ambientales- la minería es una alternativa para el país en el cual centramos este artículo dados los argumentos -sobre todo económicos y políticos- con los que podemos aportar al debate. Argumentos que, ojalá, ayuden a ver que las aspiraciones mineras del país no son más que desvaríos de riquezas que nunca llegarán a las manos de las grandes mayorías, sino a manos de grandes capitales transnacionales que, para colmo, terminan enlodados de sangre y crimen.
La expansión minera entre neoliberalismo, correísmo y morenismo
Los inicios de la megaminería en el país podrían ubicarse entre los años 1990 e inicios de los años 2000, empujados gracias a un fuerte impulso neoliberal tanto en términos legales como de financiamiento externo y de incursión de capitales extranjeros (particularmente capitales enfocados en actividades de exploración). Como resultado del apoyo neoliberal a la minería, en 2007 el área concesionada para dicha actividad llegó a abarcar el 20% del territorio nacional (aproximadamente 5’626.751 hectáreas) [12] .
Con la llegada de Rafael Correa a la presidencia en enero de 2007, junto con la Asamblea Constituyente que inició sesiones en noviembre del mismo año, parecía que el avance megaminero en el país llegaría a su fin, pero no fue así. Una -efímera- posibilidad de detener dicho avance minero se vivió al expedirse el Mandato Constituyente no. 6 en abril de 2008 (conocido como Mandato Minero ); mandato que extinguía las concesiones mineras que, por ejemplo, incumplían obligaciones establecidas en la ley o afectaban a fuentes de agua o a áreas protegidas. Pero a los pocos días de expedirse dicho mandato, como señala Sacher (2017), Correa y varios ministros se reunieron con representantes de mineras transnacionales canadienses -y el embajador de Canadá- para asegurarles que el Gobierno iba a promover la actividad minera en el país (Sacher, 2017, p.165).
Resultado de semejante postura de apoyo, el gobierno de Correa hizo las respectivas modificaciones legales (incluyendo la creación de una nueva Ley de Minería en 2009) para que la actividad minera transnacional continuara en el país [13] . Paradójicamente dicho apoyo legal, político -y hasta policial-militar [14] - que el Gobierno otorgó a la minería se conjugó con un intento de reposicionar al Estado en el sector por medio de la reversión de concesiones mineras, lo cual hizo que en 2011 el área concesionada se reduzca al 4,5% del territorio nacional (aproximadamente 1’210.000 hectáreas) [15] .
Si bien la postura del gobierno de Correa mostraba paradojas, ya cuando éste devino en correísmo [16] , su viraje en favor de la gran minería transnacional se completó, al punto que la minería devino en uno de los ejes de la llamada “transformación productiva”. De hecho, al comparar los sectores “prioritarios” para la transformación se nota que la minería no estaba en los planes iniciales del gobierno, y recién se incluyó en el Plan Nacional del Buen Vivir de 2013 [17] ; es decir, casi en los primeros siete años del gobierno de Correa la minería no se presentaba como sector prioritario; pero luego de asegurarse en el poder -recordar que en febrero de 2013 Correa fue reelegido- la minera se volvió explícitamente prioritaria (lectura similar se podría hacer, por ejemplo, al anuncio de explotación del Yasuní hecho por Correa a los pocos meses de ser reelecto en 2013 [18] ).
Ya al final del correísmo la expansión minera se aceleró. En abril de 2016 el gobierno de Correa reabrió el catastro minero, es decir, reabrió “la posibilidad para empresas mineras de reclamar nuevas áreas del territorio nacional para concesiones mineras” (Sacher, 2017, p.174). Gracias a esa reapertura, según información oficial [19] , en 2016 se entregaron 160 concesiones mineras nuevas. Pero si la senda minera del correísmo fue marcada, el Gobierno de Lenín Moreno ha sido aún más claro en sus afanes de entregar al país a la megaminería. Basta notar que, solo entre diciembre de 2016 y todo el 2017 se entregaron 275 nuevas concesiones mineras adicionales [20] . Tal ha sido la vorágine del festín minero del siglo XXI que, a pesar de que el 11 de diciembre de 2017 el gobierno de Moreno acordó con el movimiento indígena suspender la entrega de más concesiones [21] , entre el 12 y el 29 de diciembre del mismo año se concesionaron 69.856 hectáreas nuevas [22] . Y en medio de esa expansión minera morenista sigue intacta la participación del gran capital transnacional [23] .
Resultado de semejante expansión minera -tanto con Correa como con Moreno- vemos que si se suman todas las concesiones mineras ya entregadas entre 2016-2017 (alrededor de 435) con aquellas concesiones que a la fecha de escribir este artículo se encontrarían en trámite (más de 430), el total de área destinada a la minería llegaría al 15% del territorio nacional (aproximadamente 3.901.956 hectáreas según estimaciones de William Sacher a enero de 2018). Ante semejante expansión (cargada de enormes ilegalidades), los movimientos sociales (sobre todo el movimiento indígena) generaron una presión tal que llevaron a la renuncia del ministro de minería (que ya era ministro durante el correísmo) [24] , a más de empujar a que la Contraloría audite varios proyectos mineros [25] . En resumen, más allá de los discursos y los “diálogos”, la expansión megaminera continúa sea con el correísmo o con el morenismo ( y de forma muy oscura [26] ).
Entre ingresos paupérrimos, entreguismo salvaje y costos inaceptables Ingresos poco rentables… para el Ecuador
Según información presentada por William Sacher a noviembre de 2017, serían 27 los principales proyectos mineros activos en el Ecuador (la mayoría iniciados durante el período neoliberal). De esos proyectos, cinco muestran un avance considerable que los llevaron a ser calificados por el correísmo como “proyectos estratégicos” (implicando que el gobierno les daría mayor énfasis y soporte en comparación a otros proyectos). La información oficial de esos “proyectos estratégicos” -la cual hemos recogido desde diferentes notas de prensa- está recogida en el cuadro 1. En el mencionado cuadro se observa que de los proyectos Fruta del Norte, Mirador, Loma Larga (Quimsacocha) y Río Blanco, el Estado esperaría obtener -por concepto de impuestos, regalías, etc.- alrededor de 2.856 millones de dólares, mientras que la inversión estimada llegaría a los 2.793 millones. En el caso de Panantza-San Carlos, según declaraciones del entonces ministro de minería en 2016, se requerirían de cuatro años para definir si el mineral del lugar es económicamente viable.
Cabe aclarar que existen múltiples versiones de cuánto podría dejar la minería al país, lo cual realmente oscurece el escenario. Por ejemplo, según estimaciones presentadas por el Ministerio de Minería en octubre de 2017 [27] , para el período 2017-2021 se prevé que la minería genere 4.599 millones de dólares de inversión extranjera -de los cuales mil millones supuestamente se invertirían en 2018 [28] -, ingresos fiscales que llegarían a los 1.326 millones de dólares , alrededor de 25 mil empleos (4.100 directos y 19.600 indirectos) y una participación en el PIB que llegaría al 4% en 2025 [29] . Por otro lado, estimaciones hechas en 2012 señalaban que cuando los cinco “proyectos estratégicos” se encuentren en fase de explotación (incluyendo Panantza-San Carlos), éstos generarían al Estado por concepto de regalías unos 784 millones de dólares de ingresos promedio anuales [30] .
Todas estas cifras son migajas si se comparan con una estimación oficial de mayo de 2011 según la cual las reservas mineras del país representarían 270 mil millones de dólares [31] (cifra que, por cierto, más parece un “desvarío de lechera” encaminada a alegrar a los mercados financieros internacionales que especulan con las potenciales ganancias del capital minero transnacional).
Cuadro 1
Características y previsiones de proyectos mineros “estratégicos”
Proyecto
Provincia
Área (has)
Empresa que gestiona
Vida útil (años)
Reservas probables
Inversión estimada (millones USD)
Ingresos al Estado (millones USD)
Fruta del Norte
Zamora Chinchipe
4.661
Aurelian / Lundin Gold (Canadá / Suecia)
13
Oro (4,82 m oz.)
Plata (6,34 m oz.)
960
1.280 [1]
Mirador
Zamora Chinchipe
2.985
Ecuacorriente (China)
27
Cobre (2,96 m. ton.)
Oro (3,22 m oz.)
Plata (26,08 m oz.)
1.500
1.200 [2]
Loma Larga (Quimsacocha)
Azuay
7.960
INV Minerales (Canadá)
27
Oro (1,135 m oz.)
Plata (5,68 m oz.)
Cobre (21,160 m oz.)
244
185 [3]
Río Blanco
Azuay
5.708
Junefield (China)
11
Oro (0,605 m oz.)
Plata (4,3 m oz.)
88,8
191,49 [4]
Panantza-San Carlos
Morona Santiago
41.760
Explorcobres Exsa (China)
25
Cobre (6,6 m ton.)
3.000
Aún no conocido [5]
Fuente: Ministerio de Minería (Proyectos Mineros Estratégicos, noviembre 2016. Ver: https://drive.google.com/file/d/0B9t02UvtK83SZG51Tk9yalAyTTQ/view ; Catálogo Minero. Ver: https://drive.google.com/file/d/0B9t02UvtK83SNmx0Q0NXQ3VDWXM/view ).
Las cifras descritas dejan mucho que pensar sobre la verdadera rentabilidad de la minería para el Estado ecuatoriano. Solo por dar un ejemplo, si se asume como real la estimación hecha en 2012 de que, en promedio, cada año se podría obtener 784 millones de dólares por explotar los cinco principales proyectos mineros, resulta que dicho monto anual no cubriría ni siquiera el gasto mensual de sueldos del sector público no financiero, que entre enero y noviembre de 2017 llegó a un promedio de 818 millones de dólares mensuales (en todo ese período se gastaron unos 9 mil millones de dólares en sueldos).
Sea la estimación de los ingresos anuales que el Estado obtendría por regalías cuando todos los “proyectos estratégicos” estén en fase de explotación (que no cubrirían ni un mes de sueldos del sector público no financiero) o sean las estimaciones de ingresos fiscales a obtener entre 2017-2021 de, reiteremos, unos 1.326 millones de dólares (que no representarían ni el 25% de la recaudación del IVA hecha entre enero y noviembre de 2017, la cual sumó 5.464 millones), resulta que los ingresos ofrecidos por la minería al país son realmente ínfimos.
De hecho, sería mucho más rentable incrementar los impuestos a la renta a los principales grupos económicos del país: según información del Servicio de Rentas Internas, en 2016 apenas 215 grupos económicos obtuvieron 57.993 millones de dólares en ingresos, pero solo generaron un impuesto a la renta de 1.325 millones, es decir 2,29% del total de tales ingresos. Si dicho peso del impuesto a la renta en los ingresos de los grupos económicos se incrementara en 1,35 puntos porcentuales, se obtendría exactamente el mismo monto anual que el ingreso estimado por regalías de la minería. Otra idea: hay estimaciones [32] según las cuales si en el año 2015 se hubiera puesto un techo de 3 mil dólares a los 38.700 empleados públicos que entonces ganaban una remuneración igual o superior a ese límite, se hubiera ahorrado 623 millones de dólares anuales, monto que cubriría casi el 80% del ingreso esperado cada año por regalías de la minería. Y la lista de ejemplos que muestran cuán ínfimos son los potenciales ingresos que generaría la minería son innumerables…
Un entreguismo salvaje: el cántaro siempre estuvo roto
Revisando la realidad de una minería ínfimamente rentable para el Estado ecuatoriano surge una pregunta obligatoria: ¿por qué tan baja rentabilidad? Pues quizá la respuesta sea que el cántaro minero tiene una rotura estructural: un entreguismo salvaje hacia el capital transnacional. Como evidencias de ese entreguismo encontramos varios incentivos tributarios tanto para las actividades extractivistas en general, y para la minería en específico.
En efecto, como menciona Carlos Zorrilla, “ durante los últimos cuatro años del correísmo se modificó varias leyes y se crearon otras con la finalidad de atraer la inversión minera transnacional a todo costo ” [33] . Dentro de esas modificaciones, según información oficial [34] , se menciona lo siguiente:
Beneficios en impuesto a la renta
- Para todo extractivismo: Se propone una tasa impositiva de 22% con una exoneración de su pago a toda inversión nueva durante sus primeros 5 años de operaciones, a más de exonerarlas del anticipo de dicho impuesto (para el cálculo del anticipo se excluyen gastos por generación de nuevo empleo, mejora de productividad e innovación tecnológica, entre otros). También se incluyen deducciones para incentivar productividad, innovación y producción ecoeficiente, a más de una deducción del 100% por depreciación y amortización de adquisición de maquinarias, equipos y tecnologías enfocadas a dichos fines. Asimismo, se reduce en 10 puntos la tasa impositiva sobre el monto destinado a reinvertir en activos productivos y se incluyen varios beneficios para abrir capital social de las empresas a favor de sus trabajadores y deducciones del 100% del costo de contratar a nuevos trabajadores por cinco años para nuevas inversiones (asumiendo que esto implica un apoyo a zonas deprimidas).
- Para minería : A más de los beneficios anteriores, se propone una amortización acelerada de línea recta -entre 5 y 10 años- de costos incurridos por concesionarios mineros para acceder a reservas de minerales y para construir o mejorar infraestructura estatal.
Beneficios en impuesto al valor agregado
- Para todo extractivismo: Exoneración en bienes y servicios exportados.
- Para minería : A más de lo anterior, desde 2018 se propone tarifa 0% para oro adquirido por titulares con licencia de comercialización. Asimismo, en exportaciones mineras se aplicará reintegro del impuesto pagado por los períodos correspondientes al 1 de enero de 2018 en adelante.
Beneficios en estabilidad tributaria
- Para todo extractivismo : Estabilidad tributaria por tiempo máximo de contrato de inversión. Se estabilizan el impuesto a la renta, impuesto a la salida de divisas e impuesto al valor agregado. Beneficio aplica para una inversión mínima mayor a 100 millones de dólares y pago de 25% de impuesto a la renta.
- Para minería : Se otorga beneficio anterior a toda inversión en minería metálica a mediana y gran escala sin importar inversión mínima ni ningún otro requisito [35] .
Otros beneficios
- Para todo extractivismo: Exoneración del impuesto a la salida de divisas a empresas que realicen operaciones de financiamiento externo. Posibilidad de incluir en el contrato de inversión los compromisos contractuales necesarios para desarrollo de la nueva inversión.
A más de estos incentivos, las minas ecuatorianas producirán el metal en bruto, es decir con impureza. Por ejemplo, el concentrado de cobre producido en Mirador tendrá aproximadamente 30% de cobre, 60% de otros minerales y 10% de agua [36] . Dado que el Ecuador no tiene refinerías de metales, el refinamiento se hará en China, Europa o América del Norte, en donde quedará la mayor parte de las ganancias. Igualmente, el Estado otorga a las mineras grandes subsidios indirectos: en construcción y mantenimiento de carreteras, especialmente para transporte hacia y desde las minas, así como construcción de demás infraestructura pública en beneficio de mineras privadas (por ejemplo, la construcción de Puerto Cobre y de vías de conexión en favor de la minera china ECSA ); en financiamiento -con deuda- de la construcción de hidroeléctricas para dar energía a bajos precios (notar que las minas son grandes consumidoras de energía eléctrica que pueden obtenerla directamente con varios beneficios estatales o con tarifas preferenciales); en no reclamar reparación de la pérdida de actividades productivas existentes… Además, hay muchos casos donde las empresas no pagan por el agua, aun cuando la consumen en enormes cantidades [37] .
Sobre los impuestos, aun si el gobierno deseara recaudarlos, las grandes mineras logran eludirlos o evadir su pago usando varios mecanismos bien conocidos por los extractivismos: varias transnacionales presentes en el Ecuador usan subsidiarias registradas en paraísos fiscales, como los de las Islas Caimán o de las Islas Vírgenes [38] ; transferencias de precios, gastos y beneficios; modificación de balances y estados de cuenta; etc. (ver Sacher, 2017, pp.148-149). En definitiva, las empresas mineras son expertas en esconder sus verdaderos ingresos para minimizar impuestos: “Esto lo ha demostrado, para el caso chileno, Orlando Caputo, experto en temas mineros, quien fuera representante de Salvador Allende en el Comité Ejecutivo y Gerente General de Codelco” (Acosta 2009, p.97). Para colmo, en muchos casos los países de origen de las grandes mineras les ofrecen diversos beneficios. Por ejemplo, las empresas chinas reciben de su gobierno incentivos como: ventajas en términos fiscales y financieros; subsidios; préstamos de bajo interés de grandes bancos estatales; e incluso apoyos diplomáticos (Sacher, 2017, p.85).
Con semejante entreguismo frente al capital transnacional, a más de las argucias que éste usa tanto para evadir el pago de tributos, queda claro porqué la minería a gran escala no augura grandes rentas al Ecuador. Así, retomando nuestra analogía de la lechera que aspiraba al progreso con su cántaro de leche que terminó destrozado, por más que el cántaro minero augure grandes ingresos con los cuales el país podría “desarrollarse”, la realidad es que el entreguismo salvaje frente al capital transnacional hace que todos esos ingresos se chorreen sin necesidad de que -como la lechera- tropecemos en el camino…
Pero el problema de la megaminería es aún más complejo pues, incluso si los ingresos para el Ecuador realmente fueran significativos, tal actividad prolongaría la condena del país a seguir sufriendo de las múltiples patologías de la maldición de la abundancia extractivista [39] : vulnerabilidad ante choques externos, crisis económicas recurrentes; enfermedad holandesa; deterioro de términos de intercambio; endeudamiento agresivo; crecimiento empobrecedor; consumismo importador; ausencia de transformaciones productivas; Estado sumiso al capital transnacional; Estado policial enfocado en criminalizar la protesta antiextractivista; concentración de la riqueza; pobreza y desigualdad generalizadas; heterogeneidad estructural; deterioro ambiental; proliferación de corrupción y de “mentalidades” rentistas; débil gobernabilidad e institucionalidad; voracidad generalizada en muchos e importantes actores sociales que conviven con gobiernos autoritarios; conflictividad que puede devenir hasta en guerras civiles o guerras entre países vecinos (como se ve repetidamente en África).
A estas patologías se agregan otras específicas de la megaminería como: desperdicio y destrucción de recursos existentes en zonas afectadas (por ejemplo, afectación a actividades agrícolas campesinas, artesanía y turismo comunitario); deterioro del medio ambiente con pérdida neta de recursos naturales; impactos de la presencia de empresas poderosas que hasta desterritorializan al Estado; entre muchas otras patologías que afectan tanto a la vida del ser humano y de la Naturaleza y que no son sustituibles por ninguna suma de dinero (siguiendo la idea de “ sustentabilidad súper-fuerte ” [40] ).
Costos sociales y ambientales de la falsa promesa minera
A más de que la megaminería es un cántaro roto que ofrece falsas promesas de “progreso”, los costos sociales y ambientales que ésta genera -más allá de la mera dimensión económica- son gravísimos.
Por un lado, los propios trabajadores mineros denuncian continuamente sus precarias condiciones de trabajo, la contaminación del ambiente, el acaparamiento de agua, la generación de escasez de viviendas, entre otras denuncias. Asimismo, reciben salarios bajos y muchos quedan incapacitados luego de repetidos accidentes, a más de sufrir patologías graves como neumoconiosis (polvo mineral en pulmones) e hipoacusia (sordera). A esto se agrega el despido intempestivo, una conducta dilatoria en el trato directo con el sindicato y hasta hostigamiento por afiliación sindical. Como resultado, los enfrentamientos de los trabajadores con la policía y los guardias de seguridad son frecuentes y violentos, implicando muertes de obreros.
Por otro lado, son recurrentes los conflictos entre mineras y comunidades ubicadas cerca de las minas (que sufren permanentes agresiones policiales y militares). Es más, los habitantes de tales comunidades sufren patologías serias como enfermedades respiratorias, de la piel y de los ojos, además de otros males menores: con costos de curación que no son asumidos por las empresas. Aquí se agregan también los múltiples desplazamientos de comunidades enteras a fin de ceder territorios que permitan realizar la actividad megaminera.
Apenas como muestra de algunos de los costos sociales y ambientales antes descritos, y que la megaminería ya ha generado en el Ecuador, se pueden revisar los casos asociados a cada uno de los cinco “proyectos estratégicos” (que, para colmo, se han registrado durante su fase de exploración, fase que supuestamente -según la industria y el gobierno- no genera mayores impactos).
- Fruta del Norte : El proyecto se asienta muy cerca de la reserva de vida silvestre “La Zarza”. A esto se suma el uso del suelo por parte de las empresas mineras sin el consentimiento de las poblaciones o hasta su total desplazamiento, la contaminación del agua, etc. [41] Incluso este proyecto permitió que los capitales transnacionales obtengan ganancias con la especulación en la bolsa de valores durante el paso del proyecto de la empresa Aurelian a la canadiense Kinross, antes de que esta venda su participación a Lundin Gold [42] .
- Mirador : Solo con la ejecución de este proyecto se extraerían 326 millones de toneladas en desechos (equivalentes a cuatro Panecillos, montículo del centro de Quito), implicando alrededor de 3.260 millones de dólares en costos estimados de remediación (Sacher y Acosta, 2012, p.76), además que generaría 6 veces más desechos por día que Quito y contaminaría, por día, la cantidad de agua equivalente al consumo de Ibarra (el proyecto se encuentra junto a 227 fuentes de agua). En este proyecto hay graves problemas sociales tales como la presión y el uso de la violencia para desalojar a las poblaciones [43] , demoliciones, acceso restringido a la zona, vigilancia permanente, condiciones laborales precarias [44] , e incluso el asesinato de dirigentes anti-mineros como José Tendetza [45] .
- Quimsacocha : Por cada día de ejecución de este proyecto se moverán unas 3 mil toneladas de materiales, equivalentes a “ 15 veces la recolección diaria de basura de la ciudad de Cuenca ”. Tal remoción de materiales contaminaría gravemente las fuentes de agua precisamente de dicha ciudad (Acosta y Sacher, 2011) [46] .
- Río Blanco : El proyecto está dentro del Bosque Protector Molleturo-Mollepongo, área de amortiguamiento del Parque Nacional Cajas y de la Reserva de la Biósfera del Macizo del Cajas. Aparte de poner en peligro a estas reservas, el proyecto afectaría a varias fuentes de agua que proveen al Azuay, Guayas y El Oro [47] .
- Panantza-San Carlos : La violencia desplegada en este proyecto incluye la militarización del territorio, declaratorias de “estado de excepción”, enfrentamientos con comunidades shuar (resultando en la muerte de un policía, a más de la persecución de varios comuneros, desplazamiento violento de poblaciones como la de Nankintz [48] ), etc. Tal conflictividad se dio en medio de desalojos violentos a la población, el potencial deterioro de 414 fuentes de agua, y deterioros ambientales mayores que en Mirador [49] .
A la par con estos problemas, además de José Tendetza, los enfrentamientos entre comunidades -sobre todo la comunidad shuar, una de las más afectadas por proyectos como Mirador o Panantza-San Carlos- y fuerzas del Estado provocaron la muerte de Bosco Wisuma, Freddy Taish [50] entre otras personas ; además de detenciones irregulares, como en el caso de Javier Ramírez de Intag (donde se ubica el proyecto Llumiragua), detenido 10 meses acusado de “rebelión” [51] . Por si no fueran suficientes todos estos impactos sociales y ambientales, cabe agregar que los gastos de remediación ambiental no son asumidos por las grandes mineras, sino que terminan volviéndose pasivos asumidos por las comunidades; pasivos que, muchas veces, ni siquiera son contabilizados de forma adecuada (a pesar de que tales gastos pueden llegar a representar miles de millones de dólares [52] , lo cual incluso vuelve cuestionable la viabilidad económica de varios proyectos mineros).
Vemos, en definitiva, que tras la farsa del “progreso” que la megaminería ofrece, se esconde toda una historia de “sangre y fuego”. Historia en donde, de un lado, hay gente inocente que es violentada, atropellada y criminalizada -con todo el peso del Estado- solo porque lucha por sobrevivir; de otro lado, hay capitales transnacionales -particularmente chinos- que, con el apoyo del Estado, siguen ampliando su búsqueda de poder a través de la extracción de miserables pedazos de metal…
Un sentimiento anti-extractivista desperdiciado (¿o traicionado?)
El 4 de febrero de 2018 el gobierno de Lenín Moreno convocó a consulta popular. Dentro de las preguntas de dicha consulta, la número 5 hizo el siguiente planteamiento:
“¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos, de conformidad con lo establecido en el anexo 5?”
Dentro del anexo 5 de la mencionada pregunta básicamente se propuso modificar el artículo 407 de la Constitución para incluir la prohibición de “todo tipo de minería metálica en cualquiera de sus fases en áreas protegidas, centros urbanos y zonas intangibles”.
Según resultados oficiales, la votación a favor de esta pregunta alcanzó el 68,62% del total de votos válidos [53] . Si bien tanto el planteamiento de la pregunta como el resultado obtenido en las urnas parecen alentadores, en realidad las cosas son más complejas. De hecho, la pregunta 5 de la consulta popular de 2018 fue apenas una pregunta tibia que realmente no resuelve nada [54] : resulta que el artículo 407 de la Constitución ya indicaba que “se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles”; a su vez, el artículo 28 de la ley de minería indica que no se puede realizar prospección minera en zonas urbanas .
Así, la pregunta 5 de la consulta no aportó nada nuevo pues, si realmente se deseaba enfrentar los riesgos que la megaminería genera en términos ambientales, el gobierno de Moreno pudo incluir en la prohibición de la minería metálica a fuentes de agua, cabeceras de ríos, páramos, bosques protectores, humedales y zonas frágiles y especialmente biodiversas tal como propusieron varias organizaciones de la sociedad civil y del movimiento indígena [55] . Aparte, la consulta pudo haber preguntado por la inmediata prohibición de desplazamientos forzados de poblaciones causados por la minería, así como exigir la aplicación del artículo 117 de la ley de minería, el cual impone la caducidad de aquellas concesiones mineras en donde existiera evidencia de violación de Derechos Humanos (incluso la consulta pudo extender ese artículo para tomar en cuenta también a la violación de los Derechos de la Naturaleza). Además, ¿por qué se dejó de lado a la minería no metálica, principal problema en el caso de las zonas urbanas? ¿y qué debería suceder con los centros poblados rurales?
Evidentemente, si la consulta hubiera ido más allá de la tibieza del 4 de febrero en el tema de la minería, el gobierno de Moreno se hubiera ganado una fuerte pelea con los grandes capitales mineros transnacionales, cosa que ni en broma lo hubiera hecho. ¿Por qué? Pues porque recordemos que fue el mismo gobierno el que aceleró las concesiones mineras a pesar de acordar lo contrario con los movimientos indígenas en diciembre de 2017 (cosa que ya mencionamos antes). Además, notemos que el 3 de octubre de 2017 el Ecuador fue distinguido en el Annual Outstanding Achievement Awards of Mines and Money Americas 2017 en Toronto, Canadá, como Mejor País del Año en desarrollo minero “ por ser la nación más atractiva para inversores del sector minero ” [56] . A esa “victoria” se suman varios anuncios -con bombos y platillos- de nuevas inversiones de mineras transnacionales en 2018 [57] .
Si la consulta prácticamente no tiene efectos y el Ecuador mantiene su impulso minero, ¿para qué la pregunta 5 el 4 de febrero? Pues la finalidad fue meramente electoral: se intentó sumar incentivos para motivar un respaldo mayoritario por el voto afirmativo a toda la consulta. Además, cabe agregar que -paradójicamente- mayores efectos en contra del capital minero transnacional tuvo la votación favorable para derogar la llamada “ley de plusvalía” (pregunta 6): resulta que dicha ley incluía una disposición reformatoria en donde se beneficiaba a las empresas mineras con la exoneración del pago de impuestos por ingresos extraordinarios por 48 meses después de recuperar su inversión. Al derogarse la “ley de plusvalía”, semejante beneficio en favor de las mineras correría peligro .
Frente a tal riesgo, el gobierno de Moreno terminó demostrando un total entreguismo frente al capital transnacional minero: propuso, como “compensación”, eliminar el impuesto sobre ingresos extraordinarios de las mineras, a más de considerar como “temporal” la suspensión de concesiones que Moreno negoció en diciembre de 2017 con los movimiento s sociales . Semejante postura, junto con los efectos reales de la pregunta 5 de la consulta popular sobre minería, hacen ver que definitivamente se desperdició un sentimiento popular anti-extractivista al utilizarlo con el único propósito de que el morenismo gane fuerza en su pulseada frente al correísmo, pero sin que ese sentimiento popular afecte al capital transnacional minero.
A disputar un futuro (anti)minero
Las cosas están dichas: los augurios de que “ el sector minero es el futuro del desarrollo económico para el país ” [58] no son más que falsas promesas que, en nombre del “desarrollo”, solo buscan empujarnos hacia una actividad que únicamente será rentable para los capitales transnacionales y no para el país. Pero la cuestión no queda ahí, pues la megaminería se ha impuesto en nuestras tierras a “sangre y fuego”, atropellando por completo a los seres humanos y a la Naturaleza. Sin duda, la megaminería es una perversa quimera que, para colmo, aún enceguece a muchos incluso por medio de consultas populares.
Entendiendo esto, no queda más que seguir en la disputa por un futuro anti-minero. Aunque la tarea es muy compleja, hay luces de esperanza: el resultado de la consulta de febrero de 2018 puede ser un indicio de que en el país sí podría existir un sentimiento popular anti-extractivista. Penosamente tal sentimiento ha sido traicionado por el morenismo, el cual seguirá entregando el país a las grandes mineras, tal como en su momento hizo el correísmo.
Pero si el poder político ha desperdiciado el posible sentimiento popular anti-minero, éste debe ser recuperado y aprovechado para visibilizar las reales intenciones de la perversa quimera minera, que no es más que una de las tantas quimeras extractivistas: esas que ofrecen “desarrollo”, pero que en esencia son depredadoras. Y lo tienen que ser pues su padre es un depredador por excelencia: el capitalismo, civilización que sobrevive depredando -a través de la explotación- a todas las formas de vida, y mientras las asesina lentamente -sin remordimiento alguno- grita ¡progreso!
Así, no queda más que seguir disputando, desde abajo y desde la izquierda, con la Pacha Mama, un futuro anti-minero para nuestro país, a menos que queramos que éste termine siendo -nuevamente-depredado.-
Notas:
[1] Economista ecuatoriano. Ex-ministro de Energía y Minas. Ex-presidente de la Asamblea Constituyente. Ex-candidato a la Presidencia de la República del Ecuador.
[2] Economista ecuatoriano. Profesor de la Universidad Central del Ecuador y de la Escuela Politécnica Nacional.
[3] Algunos datos para el debate sobre el efecto de la “minería” en el “desarrollo” se los puede encontrar en el artículo de Carlos Zorrilla: “La minería y su verdad incómoda”, La línea de fuego, enero 9 de 2018.
[4] Respecto al caso africano, parece existir evidencia estadística del vínculo entre actividades mineras y violencia (desde protestas hasta conflictos armados). Ver al respecto el artículo de Berman et al. (2017): “ This mine is mine! How minerals fuel conflicts in Africa ”, American Economic Review, 107(6), pp.1564-1610. De todas formas, dentro de África existen importantes matices sobre el vínculo extractivismo-violencia, como parecería observarse en el caso de Botsuana, como se menciona en el artículo de Gemma Roquet: “ Botsuana: ¿milagro africano? ”, El Orden Mundial en el S. XXI, enero 25 de 2018.
[5] Ver el artículo de South African history Online: “Marikana Massacre 16 August 2012”.
[6] Para algunos detalles adicionales del papel de la minera Lundin se puede revisar el libro de William Sacher (2017): Ofensiva megaminera china en los Andes. Acumulación por desposesión en el Ecuador de la “Revolución Ciudadana”. Quito: Abya-Yala
[7] Ver el mapa de conflictos mineros del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina disponible en: https://mapa.conflictosmineros.net/ocmal_db-v2/conflicto
[8] Ver el artículo de Semana: “Un año después de la tragedia minera más grande en la historia de Brasil”, noviembre de 2016.
[9] Ver el artículo de El Nacional: “Los estragos del Arco Minero”, febrero 25 de 2018.
[10] Algunos breves ejemplos se pueden ubicar en el artículo de Contexto Latinoamericano: “La devastación ambiental de la minería en América Latina”, junio 20 de 2017.
[11] Sobre la corrupción asociada a los extractivismos se puede revisar el artículo de Alberto Acosta y John Cajas Guijarro: “Cruda realidad. Corrupción, extractivismos, autoritarismo”, Rebelion.org, agosto 23 de 2017.
[12] Para una breve reseña sobre los inicios de la minería en el Ecuador -y la reacción de los movimientos sociales anti-mineros- se recomienda el artículo de Alberto Acosta y Francisco Hurtado Caicedo: “ De la violación del Mandato Minero al festín minero del siglo XXI ”, Rebelion.org, julio 30 de 2016. Asimismo, se puede revisar el trabajo de Sacher (2017). También se puede revisar el libro de Alberto Acosta (2009): La Maldición de la Abundancia . Quito: Abya-Yala.
[13] Reiteramos que mayores detalles en estos puntos se los puede obtener del trabajo ya citado de Acosta y Hurtado Caicedo (2016) así como el de Sacher (2017).
[14] Para una evidencia gráfica del apoyo policial-militar que el gobierno de Correa dio a la minería -en particular para desplazar a poblaciones enteras- se puede ver el video publicado por el colectivo Minka Urbana: “¿Qué harías tú si venden tu casa a empresas mineras?”, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=U1mYLAc3wfI
[15] Al respecto se puede ver el trabajo de William Sacher y Alberto Acosta (2012): La minería a gran escala en Ecuador. Análisis y datos estadísticos sobre la minería industrial en el Ecuador . Quito: Abya-Yala.
[16] Para una conceptualización del correísmo se puede revisar el artículo de Alberto Acosta y John Cajas Guijarro (2016): “Dialéctica de una década desperdiciada. Estridencias, orígenes y contradicciones del correísmo”, en el libro Rescatar la esperanza. Más allá del neoliberalismo y del progresismo, Barcelona: Entrepueblos.
[17] Para una comparación de los sectores incluidos en las diferentes propuestas de “transformación productiva” correístas y la inclusión -a última hora- de la minería, se puede revisar el artículo de Pablo Ospina: “Ecuador: el nuevo período de gobierno y el cambio de la matriz productiva”, Informe de Coyuntura, Comité Ecuménico de Proyectos, julio de 2013.
[18] Ver el artículo de El Ciudadano: “‘El mundo nos ha fallado’, dice presidente Correa al anunciar el fin de la Iniciativa Yasuní-ITT”, agosto 14 de 2013.
[19] Ver página 7 de la presentación del Ministerio de Minería titulada: “Ecuador… From Promise to Reality” disponible en: http://www.mineria.gob.ec/pdac-information/
[20] Ver artículo de El Universo: “Las concesiones mineras ocupan 15% del territorio indígena, según dirigentes”, enero 9 de 2018.
[21] Ver artículo de El Universo: “Tras cita con Conaie, Lenín Moreno detiene concesiones mineras”, diciembre 11 de 2017.
[22] Ver artículo de El Universo: “Inscripciones mineras continuaron”, febrero 2 de 2018.
[23] Apenas como ejemplo se puede citar la adquisición hecha por la canadiense Lucky Minerals de casi 55 mil hectáreas conteniendo unas 12 concesiones mineras, tal como señaló el artículo de Yahoo Finance: “Lucky Minerals Establishes a Strategic Foothold in the Heart of Ecuador’s Prolific Mineral District”, febrero 20 de 2018, disponible en: https://finance.yahoo.com/news/lucky-minerals-establishes-strategic-foothold-120000105.html
[24] Ver artículo de El Universo: “Aceptan renuncia del Ministro de Minería Javier Córdova Unda”, enero 30 de 2018.
[25] Ver artículo de El Universo: “Ecuarunari pide extinguir concesiones mineras tras ganar el Sí en la consulta”, febrero 6 de 2018.
[26] Algunos ejemplos de cuán oscura ha sido la expansión megaminera, que van desde atropellos a pequeños mineros informales hasta entregas irregulares de concesiones, se recomienda el artículo de Plan V: “La bomba de tiempo minera”, febrero 20 de 2018.
[27] Ver la presentación del Ministerio de Minería: “ Ecuador… From Promise to Reality ” de octubre de 2017.
[28] Ver artículo de El Universo: “Inversión minera sería de $ 1.000 millones en 2018”, diciembre 16 de 2017.
[29] Ver el artículo de El Telégrafo: “Minería generará $ 8 mil millones en 2025”, septiembre 20 de 2016.
[30] Ver el documento de la Corporación para la Promoción Proactiva de Inversiones INVEC (2012): “ Oportunidades en el Sector Minero a Gran Escala del Ecuador ”.
[31] Ver el artículo de La Hora: “Plantean más críticas a la minería”, noviembre 13 de 2011.
[32] Ver el artículo de Pablo Dávalos en Plan V: “Una élite de 38.700 funcionarios gana más de USD 3000 al mes”, abril 27 de 2016. Dicho sea de paso, en 2015 los autores de este artículo propusimos, entre otras cosas, que para enfrentar la crisis que aqueja a la economía ecuatoriana se podría hacer que “ningún empleado público obtenga un salario mayor a un límite acorde a la realidad nacional de, por ejemplo, 3 mil dólares mensuales; nada descabellado si consideramos que el PIB por persona empleada del Ecuador para 2014 bordea los 1.200 dólares mensuales”; al respecto recomendamos ver el artículo de Alberto Acosta y John Cajas Guijarro: “ Un plan anticrisis desde la izquierda. Elementos para la discusión ”, Montecristi Vive, octubre de 2015.
[33] Ver el artículo de Carlos Zorrilla: “El ABC de la problemática minera en el Ecuador”, La línea de fuego, enero 9 de 2018.
[34] Ver el documento del Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos: “Incentivos tributarios”, disponible en: https://issuu.com/sectoresestrategicos/docs/incentivos_tributarios
[35] Para visualizar cuán graves son los contratos de estabilidad fiscal se puede mencionar un ejemplo: según un informe de prefactibilidad de Aurania Resources, la minera Lundin pagaría impuestos sobre las ganancias extraordinarias solo si el precio de la onza de oro sobrepasa los 2.200 dólares , monto ridículo si se observa que ni siquiera en el mejor momento del boom de los commodities la onza de oro llegó a los 2 mil dólares. Ver el reporte técnico de Aurania Resources disponible en: http://www.aurania.com/wp-content/uploads/2017/05/Aurania-Resources-Technical-Report-2017.pdf
[36] Ver el artículo de Zorrilla, Sacher y Acosta: “21 preguntas para entender la minería del siglo XXI”, Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, octubre 18 de 2011.
[37] Respecto al consumo de agua, solo como ejemplo, se puede mencionar el caso del proyecto Mirador. Según Sacher (2017, p.245), dicho proyecto consumiría 250 litros de agua por segundo, consumo equivalente al consumo residencial de Ibarra.
[38] A manera de ejemplo de tal práctica, se puede revisar el accionar de la transnacional Glencore en Burkina Fasso, recogida en el artículo de Will Fitzgibbon traducido por El Universo: “Los juegos offshore de Glencore en un país minero y pobre”, noviembre 9 de 2017.
[39] A más del libro ya citado de Alberto Acosta (2009), también se puede revisar sobre las posibles patologías causadas por la maldición de la abundancia en el extractivismo ecuatoriano el artículo de Alberto Acosta y John Cajas Guijarro (2016): “Patologías de la abundancia. Una lectura desde el extractivismo”, en el libro de varios autores, Nada dura para siempre. Neo-extractivismo tras el boom de las materias primas. Universidad Andina Simón Bolívar y Universidad de Kassel.
[40] Sobre los diferentes niveles de sustentabilidad, especialmente la “sustentabilidad súper-fuerte”, se puede revisar el artículo de Eduardo Gudynas (2011): “Desarrollo y sustentabilidad ambiental: diversidad de posturas, tensiones persistentes”, en el libro La Tierra no es muda: diálogos entre el desarrollo sostenible y el postdesarrollo. Granada: Universidad de Granada.
[41] Ver al respecto el análisis sobre Fruta del Norte hecho por el Observatorio de conflictos mineros de América Latina disponible en: http://mapa.conflictosmineros.net/ocmal_db/?page=conflicto&id=229
[42] Para más detalles de los estragos sociales-ambientales causados por el proyecto Fruta del Norte se recomienda revisar el libro de María Fernanda Soliz (2018): Fruta del Norte: la manzana de la discordia. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar.
[43] Sobre los atropellos que el avance del proyecto Mirador ha provocado a poblaciones locales se recomienda ver el reportaje de Visión 360: “A punto de estallar”, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=7JBbVkVubqY
[44] Sobre todos estos problemas en el proyecto Mirador recomendamos el trabajo de William Sacher, Michelle Báez, Manuel Bayón, Fred Larreátegui, Melissa Moreano (2016): Entretelones de la megaminería en el Ecuador: http://www.accionecologica.org/images/2005/mineria/documentos/entretelones_megamineri%CC%81a_2ed.pdf
[45] Para más detalles sobre el asesinato de José Tendetza y el vínculo con la empresa minera ECSA ver el artículo de PlanV: “¿Quién mató a José Tendetza?”, diciembre 04 de 2014.
[46] Ver el artículo de Sacher, William y Acosta, Alberto (2011): “El agua de Quimsacocha, entre la codicia y la vida”, Rebelion.org, noviembre 3 de 2011.
[47] Para más detalles ver artículo en Observatorio de conflictos mineros de América Latina: “ Defensoras de la Pachamama rechazan licencia ambiental del proyecto minero Río Blanco ”, febrero 29 de 2016.
[48] Sobre los atropellos que el avance del proyecto Panantza-San Carlos ha provocado a poblaciones shuar se recomienda ver el reportaje de Visión 360: “Expulsados de su territorio”, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=EmKEQcxBzNU
[49] Para mayores detalles de este y los demás conflictos provocados por la megaminería, ver el video publicado por el colectivo Minka Urbana: “¿Sabes cómo surgió el conflicto megaminero en Nankints?”, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=v2D99YHGuRU
[50] Para más detalles sobre estos casos ver, por ejemplo, el artículo de Fundación 1000 hojas: “La muerte de Freddy Taish sigue en la impunidad”, junio 15 de 2015.
[51] Más detalles de las condiciones irregulares de detención de Javier Ramírez ver el artículo de El Comercio: “El dirigente antiminero, Javier Ramírez, acusado de rebelión fue sentenciado a 10 meses de privación de libertad”, febrero 10 de 2015.
[52] El caso de Vale y BHP Billiton en el desastre de Minas Gerais es clarísimo respecto a cuán costosa resulta la remediación: a las mineras se les ha planteado juicios por remediación ambiental, donde la suma exigida llega a los 44 mil millones de dólares. Al respecto ver el artículo de CNN Money: “Brazil slaps miners with $ 44 billion lawsuit over dam collapse”, mayo 4 de 2016.
[53] Ver artículo de El Comercio: “CNE difunde datos finales de la consulta”, febrero 8 de 2018.
[54] Esta posición ya la habíamos planteado antes de los resultados de la consulta, como se muestra en el artículo de Alberto Acosta y John Cajas Guijarro (2018): “La reelección indefinida, una traición a la democracia”, enero 20 de 2018.
[55] Para un análisis de los límites de la pregunta sobre minería en la consulta popular se puede ver el artículo de Jackeline Beltrán: “ El país premiado por su desarrollo minero busca limitar la minería con una consulta popular ”, GK city, diciembre 21 de 2017. Igualmente se recomienda el análisis planteado por el Colectivo Geografía Crítica: “ Análisis del alcance de la pregunta sobre minería en el referéndum, Ecuador 2018 ”, enero 19 de 2018. Por su parte, para un análisis post-consulta puede revisarse el artículo de Belén Páez: “ Minería en centros urbanos: todo lo que la pregunta 5 no tomó en cuenta ”, GK city, febrero 4 de 2018.
[56] Ver el boletín de prensa de la Agencia de Regulación y Control Minero: “Ecuador ganó como Mejor País en desarrollo minero en los Annual Outstanding Achievement Awards”, disponible en: http://www.controlminero.gob.ec/ecuador-gano-como-mejor-pais-en-desarrollo-minero-en-los-annual-outstanding-achievement-awards/
[57] Ver artículo de El Universo: “Mineras ofrecen $ 1.299 millones de inversión”, enero 8 de 2018.
[58] Ver el boletín de prensa de la Agencia de Regulación y Control Minero: “El sector minero es el futuro del desarrollo económico para el país”, disponible en: http://www.controlminero.gob.ec/el-sector-minero-es-el-futuro-del-desarrollo-economico-para-el-pais/
Coordinación de la serie Los perversos versos de la minería: Carlos Zorrilla, William Sacher, Pocho Alvarez, Alberto Acosta. Responsabilidad de los textos: cada autor o autora.