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Capturados y condenados los nueve que liberaron un preso y asesinaron un guardia indígena

Consejo Regional Indígena del Cauca :: 08.03.18

Es claro para el movimiento indígena agrupado en el CRIC que existe una estrategia de remilitarización de los territorios por parte del Gobierno Nacional y sus políticas de seguridad, así como también el reagrupamiento de los actores armados que buscan nuevamente el control de nuestros espacios, continúan las amenazas y riesgo al ejercicio de gobierno propio por nuestras autoridades tradicionales.

CRIC respalda condenas por asesinato de comunicador y guardia indígena de Pioyá
8 marzo, 2018 8
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Con dolor y tristeza que se reflejaba en los rostros de las comunidades que participaron de la Audiencia Pública realizada el 07 de marzo del 2018, en el Resguardo de Pioyá, Caldono, se realizó el acto condenatorio de los ocho sujetos implicados del asesinato al comunicador y guardia indígena EIDER CAMPO HURTADO. Como Consejo Regional Indígena del Cauca –CRIC- respaldamos y ratificamos la decisión comunitaria porque son actos que se deben repudiar. No se debe permitir que sigan en los territorios indígenas actores que desarmonizan nuestra tranquilidad.

Las autoridades indígenas desde el 01 de enero del 2018, han venido realizando el proceso de investigación que conllevó a la identificación de tres comuneros implicados con desarmonías en el territorio. Una de las declaraciones realizadas por los capturados a las autoridades tradicionales se encuentra que presuntamente está vinculado con la red de cooperantes de inteligencia de la base militar oficina No 2 de Santander de Quilichao, además manifiesta conocer de crímenes organizados en Santander de Quilichao.

Todo esto nos conlleva a los hechos lamentables ocurridos el 05 de marzo de 2018 siendo las 12:10am, cuando fue interrumpida la casa del cabildo indígena de Pioyá por 9 hombres fuertemente armados quienes se llevaron por la fuerza a uno de los detenidos tomando rumbo hacia la montaña, donde la Guardia Indígena, la comunidad y demás resguardos vecinos proceden a la recaptura y captura de estos hombres armados. Fue en este proceso heroico e histórico de la guardia indígena donde perdió la vida nuestro Comunicador y Guardia Indígena EIDER CAMPO HURTADO.

Desde que sucedieron estos hechos se inició el proceso de coordinación entre las dos jurisdicciones (la justicia propia y la ordinaria) en la investigación de los 8 capturados hasta llegar a la condena de estos sujetos. Es de resaltar el apoyo del Tejido Defensa de la Vida de la ACIN, el Programa Defensa a la Vida del CRIC, el área jurídica de la Asociación de Cabildos Sat´h Tama Kiwe de Caldono y otros cabildos, que contribuyeron con su experiencia para levantar la información y dictaminar las condenas. También valoramos el acompañamiento permanente del Programa de Comunicaciones del CRIC, la AMCIC-CRIC y estudiantes de Comunicación de la UAIIN-CRIC que permanente estuvieron visibilizando por todos los medios los hechos ocurridos en el Resguardo de Pioyá.

Las investigaciones realizadas de manera disciplinada y responsable determinaron la condena de 20 años en patio prestado en la Penitenciaria San Isidro de la Ciudad de Popayán a 2 personas, 30 años de cárcel a otras 3 personas y 40 años de cárcel a 3 sujetos donde se encuentra el autor intelectual de los hechos y el sujeto quien disparó contra EIDER.

Contexto

Nuestra organización se ha mantenido firme en la decisión política de apoyo y respaldo de todo el proceso de paz, inclusive antes de que iniciaran los diálogos entre las FARC y el Gobierno Nacional, pero en diferentes espacios públicos hemos dejado nuestro precedente y habíamos advertido en su momento sobre los riesgos y amenazas que se vendrían contra los territorios indígenas en la implementación de los acuerdos. Es claro para el movimiento indígena agrupado en el CRIC que existe una estrategia de remilitarización de los territorios por parte del Gobierno Nacional y sus políticas de seguridad, así como también el reagrupamiento de los actores armados que buscan nuevamente el control de nuestros espacios, continúan las amenazas y riesgo al ejercicio de gobierno propio por nuestras autoridades tradicionales. Además, avanza la política económica extractivista (minera, hidroeléctrica e hidrocarburos) que colocan en peligro a todos los seres de la Madre Naturaleza.

Llevamos más de 15 meses de la firma del acuerdo de paz y se han presentado en nuestras comunidades un promedio de 202 asesinatos, donde hasta el momento muchos de ellos se encuentran en las más absoluta impunidad. La Corte Constitucional se ha pronunciado a través de sentencias que le exigen al Gobierno Nacional implementar medidas urgentes para la salvaguardar la vida de los pueblos indígenas que estamos en exterminio físico y cultural, por lo antes mencionado. Pero, los Gobiernos de turno con diferentes estrategias dilatorias no han garantizado los derechos fundamentales a nuestras comunidades, y todo lo que hemos logrado en estos 47 años de lucha ha sido gracias a la fuerza organizativa de nuestras comunidades que están en movilización permanente en defensa de la vida y el territorio.

Este contexto de agresión que se vienen contra nuestros pueblos indígenas, nos obligan a continuar fortaleciendo la unidad entre nosotros, de manera conjunta entre las autoridades indígenas, la Guardia Indígena y comunidad en general realicemos con mucha fuerza el ejercicio de control territorial. Ratificamos lo determinado por las autoridades indígenas de Sat´h Tama Kiwe de Caldono en la desmilitarización inmediata de los territorios ancestrales por parte de los grupos armados que están desarmonizando la tranquilidad de las comunidades.

Exigimos al Gobierno Nacional implementar medidas efectivas de protección colectiva e individual de las comunidades, autoridades y líderes indígenas que se encuentran en inminente riesgo por el ejercicio de control territorial que están adelantando, sobre todo al Resguardo de Pioyá. Es de responsabilidad del Gobierno de asegurar la armonía territorial. Por el no cumplimiento efectivo de los acuerdos de paz, debido a que hay implicados integrantes de la Zona Campamentaría Carlos Perdomo de Caldono, causando intranquilidad en las comunidades. Si queremos una verdadera paz se deben garantizar los mínimos derechos a la vida para lograr una verdadera transformación social.

CONSEJERÍA MAYOR

CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA –CRIC-

Popayán, 08 de marzo del 2018


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