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TEGUCIGALPA. Centenares de integrantes de las organizaciones afiliadas a la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular protestaron ayer frente al Congreso Nacional contra un proyectado paquete de impuestos al sector de comercio informal, el congelamiento de los salarios y la reducción a los subsidios al transporte público y a la energía eléctrica.
Los manifestantes se apostaron frente a la sede del Legislativo a eso de las 4:00 de la tarde y protestaron pacíficamente en ese lugar por casi hora y media.
“Paso a paso, todos contra el paquetazo”, “Para el Fondo Monetario Internacional, nuestro repudio total”, “El pueblo espera con ansia, para los quiebrabancos cero tolerancia” y “Demandamos más seguridad social y cese a la represión policial”, fueron algunas de las consignas que gritaron.
Los miembros de la Coordinadora dieron a conocer la copia de un supuesto decreto del paquetazo, pues algunos dirigentes han estado en reuniones con la misión del FMI.
El artículo 6 dice que se instruye “a la Secretaría de Finanzas para que el próximo año proceda a reestructurar la Administración Tributaria mediante la reforma de su ley constitutiva con el objetivo de que la Dirección Ejecutiva de Ingreso (DEI) pase a depender directamente de Finanzas”. “Establecer a partir del ejercicio fiscal de 2004, un Régimen Tributario Simplificado que deberá ser consensuado, dando especial atención a los pequeños contribuyentes y al sector informal de la actividad mercantil en la ley del Impuesto de sobre la Renta y en la Ley del Impuesto sobre Ventas”, se recomienda al gobierno, en el artículo 7, como una de las medidas que debe adoptar para mejorar los ingresos tributarios.
En ese mismo apartado, se aconseja que de acuerdo a la decisión que tome la comisión interinstitucional especial, instaurada por la ley de Equidad Tributaria, se eliminen las exenciones, exoneraciones, beneficios y privilegios fiscales existentes salvo para los relacionados directamente con la actividad de exportación.
En lo referente al gasto público, los creadores del decreto recomiendan, entre otros cosas, que el Poder Ejecutivo congele durante un periodo de tres años, luego de la aprobación de esa ley, “los salarios mayores de 10. 000 lempiras mensuales de los funcionarios y empleados públicos acogidos a los regímenes especiales”. Además, los manifestantes lamentaron que esa ley contempla “racionalizar los subsidios otorgados a las actividades productivas, transporte de pasajeros y energía eléctrica con un carácter temporal y enmarcándose en la capacidad financiera del Estado, limitándose a las personas de los más bajos ingresos”.
El coordinador del Bloque Popular, Carlos H Reyes, enfatizó que en Honduras quienes deben dar los lineamientos son los hondureños y no el Fondo Monetario Internacional, que es una institución que no tiene la autoridad técnica ni moral para hacerlo.
“Seguimos sosteniendo, que este es un gobierno autoritario que toma severas medidas (económicas) contra el pueblo y concede jugosas concesiones al gran capital y a las transnacionales, un gobierno no dirigido por estadistas sino por personas que su principal función es la de ser policías y a gentes vendedores de nuestras riquezas y servicios públicos”, indicó Reyes.
Por su parte, el ex presidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (COPEMH), Eulogio Chávez manifestó que los profesores no permitirán que el gobierno reforme las cláusulas salariales del Estatuto del Docente