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La mentalidad colonizada concibe a la naturaleza como objeto de dominio, de explotación, sobre todo, de extracción. Otra característica corresponde al ideal de Estado rentista combinado o sustentado con la economía extractivista, beneficiada por la demanda de materias primas, en condiciones de precios altos del mercado de minerales. Una tercera característica es que considera que la etapa extractivista de la economía es necesaria; se la concibe como si fuese una etapa anterior a la industrialización, que vendría a ser propiamente el “desarrollo”. Está lejos de comprender que el extractivismo no es ninguna etapa, menos pre-condición de la industrialización, sino parte de la división del trabajo y del mercado internacional en la geopolítica del sistema-mundo capitalista[2]. La cuarta característica, quizás la más pronunciada de la mentalidad colonial, es que se figura el “desarrollo” como el camino andado por los llamados “países desarrollados”; es decir, se trata de imitarlos. Una quinta característica es la de juzgar a todo lo que se opone al “desarrollo” como obstáculo del mismo y que detiene el “progreso”. Por eso, consideran que la represión a los pueblos indígenas, que defienden sus territorios, está justificada.
Estos periplos desarrollistas, por ejemplo el caso del litio en Bolivia, sean liberales, neoliberales o “progresistas”, incluyendo a los interregnos de las dictaduras militares, forman parte del mismo proceso de subalternización y dependencia de la economía-nacional a la economía-mundo, del Estado-nación al sistema-mundo capitalista. La ilusión del desarrollo tiene encandilados a unos y otros, a las distintas formas de gubernamentalidad, a las distintas formas ideológicas. Creen que las nuevas incursiones en lo mismo, extractivismo, incluso, suponiendo este logro, la industrialización, van a ser distintas a las anteriores, donde la experiencia social e histórica mostró palmariamente los decursos de la fatalidad de la dependencia.
ABRIL 6, 2018
Periplos del desarrollismo
Hablemos de los temas por su nombre
Raúl Prada Alcoreza
Dejemos los nombres que se ponen los discursos y los emisores de los discursos para identificarse, sobre todo, para legitimarse. Eso confunde las pretensiones con lo que efectivamente ocurre; por lo tanto, es mejor, hablar de los mismos problemas y temas que se tocan usando los nombres apropiados, que describen lo que efectivamente se hace y lo que el discurso pretende camuflar u otorgarle la grandiosidad que no tiene. Cuando se reclamen “socialistas” no tomemos a sus emisores de esta auto-identificación como tales, sino por lo que efectivamente hacen; tampoco tomemos como tales a los que se reclamen de “demócratas”, sino por lo que efectivamente hacen. Así, de esta manera, procedamos a poner en suspenso los nombres que se usan en los discursos ideológicos; atengámonos a lo que hacen los protagonistas políticos. De esta manera evitaremos confusiones, evitaremos confundir lo que creen que hacen los portadores de discursos políticos con lo que efectivamente hacen; por lo tanto, lo que efectivamente son.
Estamos como ante dos dimensiones disjuntas, usando esta figura para ilustrar; por un lado, la dimensión, por así decirlo, discursiva; por otro lado, la dimensión de las prácticas. Los discursos no expresan precisamente lo que se hace sino los significados que atribuyen a lo que se hace; se trata pues como de una lucha por la significación de las cosas, de ninguna manera lo que son efectivamente las cosas. El discurso político no se ocupa de la ontología; esto queda claro, desde un principio; pero, tampoco la toma en cuenta ni deriva de este referente ni respecto a este referente. El discurso político se ocupa primero de la legitimidad de los actos políticos, de la significación de estos actos, tanto políticos como ideológicos, pero también históricos. Al discurso político no le interesa que lo que dice describa fehacientemente lo que ocurre, lo que importa es que se realice la narrativa política en imaginarios sociales. Puesto que los imaginarios sociales convocan, mueven a las masas, inciden en sus conductas y comportamientos. El problema ocasionado es que se ha tomado en serio al discurso político, como si lo que dijera correspondiera a las prácticas; a los “socialistas” se los ha considerado como tales, como si por el solo hecho de autodefinirse como tales fuese suficiente para serlo; lo mismo pasa con los liberales, que se consideran “demócratas”; así también con los populistas que se consideran defensores genuinos del pueblo.
El tema es que lo que ha ocurrido dista mucho de lo que se ha pretendido discursivamente que ha acaecido. En consecuencia, incluso la crítica a los discursos señalados se equivoca cuando considera que critica a los protagonistas políticos como “socialistas”, “demócratas”, populistas. Entonces cree que critica el socialismo o, en otro caso, critica al liberalismo o al neoliberalismo, versiones que pretenden ser “democráticas”; en un tercer caso, critica al populismo. Esta crítica se entrampa en las formaciones representativas de las ideologías. Por eso, no pueden desplegar una crítica efectiva; la crítica efectiva solo puede realizarse cuando se efectúa respecto a lo que efectivamente se hace, a las formaciones prácticas, al funcionamiento efectivo de las instituciones, de las organizaciones y las estructuras de poder.
Por ejemplo, los “socialistas” no han realizado el socialismo, que es el proyecto y el programa de la ideología socialista, sino una administración pública estatalista del modo de producción capitalista. Así como los liberales y los neoliberales no han realizado la democracia, sino dos formas de administración pública monetaristas del modo de producción capitalista. Tampoco los populistas han realizado la voluntad del pueblo, sino una forma de administración pública estatalista clientelar del modo de producción capitalista. Por lo tanto, hay que evaluar lo que han hecho, sus gestiones, por el papel y funciones efectivas cumplidas en el sistema-mundo moderno.
Estas prácticas o estas conformaciones prácticas aparecen en sus problemáticas singulares cuando se contrastan discursos y prácticas, en la periferia del sistema-mundo capitalista, respecto al manejo de los recursos naturales. Los gobiernos dicen defender los recursos naturales y defender la soberanía nacional; sobre todo, los gobiernos nacional-populares, que son los encargados de recuperar los recursos naturales mediante las nacionalizaciones. Empero, lo que hacen dista mucho de lo que ocurre; las historias dramáticas de los recursos naturales nacionalizados, que vuelven a ser externalizados en otras condiciones, cuando el Estado o el pueblo, nominalmente, es el propietario de los recursos naturales, son ilustrativas de los notorios desajustes e incongruencias entre el discurso político populista y su práctica política. Al respecto hay muchos ejemplos y abundante historia; empero, tomaremos un ejemplo, que ya lo tocamos antes, que puede ilustrarnos sobre el uso político del discurso nacional-popular para legitimar nuevas formas de externalización de los recursos naturales; por lo tanto, de la transferencia de los mismos y con ellos de la soberanía nacional. Este ejemplo es el relativo a los recursos naturales del Salar de Uyuni.
Espectros de la externalización en el Salar de Uyuni
En Colonialismo extractivista y dependencia con el litio, escribimos:
El “gobierno progresista” de Bolivia ha entregado las reservas naturales del litio y otros recursos, que contiene el inmenso Salar de Uyuni, a la vorágine capitalista de las empresas trasnacionales extractivistas; contraviniendo la Constitución[1]. Sin que sepan los y las bolivianas, propietarios natos, declarados por la Constitución. Con maniobras sinuosas, movimientos sigilosos y secretos ha ofertado las riquezas del salar, principalmente el litio, a través de mediadores; a quienes les ha otorgado carta blanca, para que pongan en el mercado de inversiones, esta riqueza natural del pueblo boliviano. El “gobierno progresista” ha comprometido, en esta artimaña a espaldas del pueblo, al alto mando de las fuerzas armadas; que ingresó como parte de la estructura subrepticia en estas componendas y de este saqueo del cotizado recurso del litio. A esto llama “transparencia” el gobierno populista, a esto llama “defensa de la soberanía” y, lo más calamitoso, a esto llama “cumplir con el mandato constitucional”. Este tipo de acciones están tipificadas por la Constitución como traición a la patria.
Definimos este comportamiento gubernamental como de la mentalidad colonizada; la misma que fue descrita de la siguiente manera:
El discurso desarrollista, emitido a propósito del litio, responde a una mentalidad colonial. Por ejemplo, se habla figurativamente, como si se tratara del “petróleo blanco”. Se sugiere, entonces, repetir la historia del “oro negro” con el “oro blanco”, que sería el litio. Es decir, preservar el rol asignado a las periferias por la geopolítica del sistema-mundo extractivista. En el delirio imaginario de la colonialidad se sugiere la proyección de Bolivia como una Dubái de 2050. Esta mentalidad colonizada no tiene otra imagen del futuro sino ésta de la economía rentista; beneficiada con los precios altos del petróleo, en un país que cuenta con cuantiosas reservas de la energía fósil. Se espera que lo mismo ocurra con Bolivia en lo que respecta al litio.
La mentalidad colonizada concibe a la naturaleza como objeto de dominio, de explotación, sobre todo, de extracción. Otra característica corresponde al ideal de Estado rentista combinado o sustentado con la economía extractivista, beneficiada por la demanda de materias primas, en condiciones de precios altos del mercado de minerales. Una tercera característica es que considera que la etapa extractivista de la economía es necesaria; se la concibe como si fuese una etapa anterior a la industrialización, que vendría a ser propiamente el “desarrollo”. Está lejos de comprender que el extractivismo no es ninguna etapa, menos pre-condición de la industrialización, sino parte de la división del trabajo y del mercado internacional en la geopolítica del sistema-mundo capitalista[2]. La cuarta característica, quizás la más pronunciada de la mentalidad colonial, es que se figura el “desarrollo” como el camino andado por los llamados “países desarrollados”; es decir, se trata de imitarlos. Una quinta característica es la de juzgar a todo lo que se opone al “desarrollo” como obstáculo del mismo y que detiene el “progreso”. Por eso, consideran que la represión a los pueblos indígenas, que defienden sus territorios, está justificada; también les parece justificada la descalificación y estigmatización de las luchas ambientalistas y ecologistas. Incluso llegan a considerar las concesiones a las empresas trasnacionales, por más que estas sean onerosas y nada tengan que ver con algo que se parezca a la soberanía, como explicables en el camino al “desarrollo”.
La mentalidad colonizada es como la consciencia desdichada de la subalternización. Corresponde al sujeto social desgarrado, que resuelve su escisión dramática en los términos y el perfil de una psicología acomplejada, que enmascara con delirios de grandeza y entonando elocuentemente su apego desesperado a las imágenes de vitrina del “desarrollo”. Esta psicología acomplejada puede expresarse en distintas formas discursivas; por ejemplo, nacionalistas, liberales, neoliberales o populistas. La forma discursiva puede parecer distinta; sin embargo, el sentido latente no deja de ser el mismo; la sumisión a los centros del sistema-mundo capitalista[3].
Hay como tres o cuatro situaciones reconocibles en lo que respecta a las relaciones institucionales con el Salar de Uyuni, concretamente, en lo que respecta al litio, uno de los metales que se encuentra en las composiciones minerales del Salar de Uyuni. La primera situación describible es la historia del laboratorio piloto de la UMSA en el Salar con objeto de investigaciones químicas y evaluación de proyecciones industriales. Otra situación, de otras características, más bien relativas a las resistencias sociales, se da cuando las poblaciones potosinas se oponen al proyecto de concesión a una trasnacional por parte de los gobiernos de la coalición neoliberal. La tercera situación corresponde a la implementación de una planta para comenzar fases previas para la industrialización del litio por parte del “gobierno progresista”. Y, por último, añadiendo virtualmente una cuarta situación, a la que no podría calificarse como tal, pues no es describible como situación, es decir de acuerdo a la composición de sus disposiciones descriptibles; estas están como ausentes. Introducimos esta cuarta situación pues queremos señalar la situación incierta en la que se encuentra el Salar de Uyuni, considerado como la reserva más grande del mundo de litio. Sin embargo, antes de ingresar a las situaciones, es conveniente contextuarlas históricamente, hablando de la historia económica del litio en el mundo y en Bolivia. Para esto recurriremos a un avance del proyecto de investigación “Minería metalífera en Argentina y Bolivia: modalidades de radicación y proyectos políticos nacionales. El caso del litio”, de Federico Nacif, publicado por el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini[4]. El autor citado escribe:
Introducción: el ABC del litio sudamericano
Con la segunda guerra mundial, la industria bélica norteamericana dio impulso al desarrollo de un tipo particular de industria química, que desde los años 20 dirigía investigaciones sobre los usos y aplicaciones del metal más liviano de la tabla periódica: el litio. Utilizado en la propulsión de cohetes, se sumó luego a la carrera espacial de la Guerra Fría en forma de aleaciones para aplicaciones aeroespaciales. En 1953, la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos (AEC, en inglés) requirió grandes cantidades de hidróxido de litio para la producción de armas termonucleares, convirtiéndose en el principal cliente de los dos grandes productores norteamericanos: Lithium Company of América (actual FMC) y Foote Minerals (actual Chemetall). Con la caída de los contratos en 1960, las empresas debieron reorientar su producción hacia las industrias básicas, como cerámica, lubricación, reducción de aluminio y productos farmacéuticos. A partir de la década del 70, el desarrollo de las nuevas tecnologías en telecomunicaciones y energías renovables, encontró en el litio un potencial nuevo valor de uso: la elaboración de carbonato de litio como principal insumo para el desarrollo de baterías eléctricas, desechables y recargables.
La obtención del litio, por otra parte, proviene fundamentalmente de dos tipos de fuentes: de minerales como el espodumeno, que requiere previamente un trabajo de minería (trituración, molienda, lixiviación); y de las costras de sal de los salares donde yace la salmuera, cuya extracción implica menores costos de producción. Los salares de mayor dimensión se encuentran en los países andinos de América del Sur, Argentina, Bolivia y Chile, en cuyas salmueras se concentran más de dos tercios de las reservas mundiales de litio. Sin embargo, la forma en que cada uno de estos países responde a la creciente demanda mundial del litio, no sólo se diferencia por los diversos grados de desarrollo socio-económico y científico-tecnológico, sino también por la particular conformación de los bloques sociales hegemónicos y la relación de fuerzas en que dicho bloque se sustenta. Desde mediados de los años 70, la fragmentación a escala mundial de los procesos productivos y la acelerada industrialización del sudeste asiático impulsada por la migración de los capitales centrales hacia la periferia, conformaron una nueva división internacional del trabajo. Crecientemente competitiva, articula el comercio mundial en tres grandes bloques –Estados Unidos, Europa y el Este de Asia–, relegando a los países excluidos al tradicional papel de proveedores de materias primas.
Con las reformas neoliberales impulsadas entre mediados de los años 70 y la década del 90, las burguesías periféricas de América Latina se asociaron a las redes globales del capital transnacional, impulsando un proceso de desindustrialización, consolidando una economía cada vez más dependiente de las inversiones extranjeras directas y profundizando la inserción primaria de la región al mercado mundial. De esta forma, las clases sociales dominantes son incapaces de orientar por sí mismas el desarrollo de las fuerzas productivas, y ninguna de sus fracciones está materialmente interesada en reeditar pasados proyectos políticos nacionalistas, de regulación estatal y creación de empresas públicas. Son los sectores populares y sus múltiples organizaciones, los únicos interesados en un verdadero proceso de desarrollo socio-económico autónomo, soberano y ambientalmente controlado.
Chile fue el primer país en establecer acuerdos con la industria química norteamericana para la exploración, investigación y producción de carbonato de litio. En 1975 el gobierno de Pinochet firmó un contrato con la Foote Minerals of America (actual Chemetall) para formar la Sociedad Chilena del Litio, dejando en manos de la empresa norteamericana el 55% de las acciones. En 1979 se declaró al litio “mineral de interés nuclear”, reservando para el Estado la propiedad exclusiva de los yacimientos evaporíticos. Sin embargo, se le otorgó a la Foote Minerals un 10% del salar de Atacama, donde en 1984 comenzó la producción de carbonato de litio, considerada la operación de más bajo costo de producción. Por otro lado, en 1986 se conforma la empresa Minsal Ltda, consorcio formado por la transnacional Amax (63,7%), la local Molyment (11,25%) y el Estado (25%), “para explorar, explotar y comercializar potasio, boro, litio y cualquier otro producto o subproducto proveniente de las salmueras del Salar de Atacama.” En 1993 Amax y Molymet fueron reemplazadas por SQM (Soquimich, empresa pública privatizada en 1987) ampliándose todos los contratos firmados hasta el año 2030. De esta forma, Chile se convirtió, con la segunda reserva mundial (calculada por el USGS en 3 millones de t) en el principal exportador mundial de litio (40 mil t de carbonato de litio por año). Finalmente, la industria química transnacional logró derribar la última traba legal que impedía expandir el sistema concesional sobre el resto del salar de Atacama, y el 12 de junio de 2012 el gobierno chileno inició un proceso de licitación para los Contratos Especiales de Operación del Litio (CEOL), a cambio de un royalty mensual equivalente al 7% de las ventas netas de la empresa contratista.
En Argentina, por otra parte, la historia de las concesiones logradas por las grandes transnacionales de la química básica no tuvo –hasta ahora- dimensión nacional. En 1987 la provincia de Catamarca licitó su Salar del Hombre Muerto (considerado parte de la tercera reserva de litio a nivel mundial), y comenzó las negociaciones con la Lithium Corporation of America (Lithco, actualmente FMC), quien a principios de 1991 consiguió firmar un contrato de exploración y cuantificación de reservas con el gobierno provincial. Sin embargo, es recién en el año 1993 que la empresa decide radicarse definitivamente en la Argentina. Por un lado, porque en ese año se frustra su estrategia principal de desembarcar en el Salar de Uyuni de Bolivia (el contrato impedía establecer otras operaciones similares en América del Sur). Por otro lado, porque en mayo se sanciona la Ley de Inversiones Mineras (N° 24.196) que garantiza amplias facilidades arancelarias, desgravación impositiva, estabilidad fiscal por 30 años y limitadas regalías provinciales. Reanudadas las negociaciones, logra obtener la concesión del salar para comenzar los trabajos de exploración en 1995. En 1998 la empresa Minera del Altiplano SA, subsidiaria de FMC Lithium, comienza la producción comercial de litio, convirtiéndose en uno de los principales exportadores a nivel mundial (cuarto, según la USGS). En la actualidad, Catamarca, Salta y Jujuy concentran más de 10 proyectos en instalación para desarrollar distintos componentes de litio, potasio y boro, siendo el principal destino de las inversiones en exploración de reservas de litio para exportación, en muchos casos directamente vinculadas a las principales automotrices mundiales desarrolladoras de vehículos eléctricos, como Toyota, Mitsubishi y la francesa Bolloré.
Finalmente, el caso de Bolivia. Dueña de la principal reserva mundial ubicada en el Salar de Uyuni, departamento de Potosí, y la primera en iniciar las investigaciones sobre sus recursos evaporíticos, es a su vez el país donde todos los intentos de las transnacionales por acceder a las salmueras del salar fueron, hasta ahora, frustrados. Sin embargo, desde 2008 avanza con un plan de industrialización soberana de los recursos evaporíticos 100% estatal, que contempla a mediano plazo la producción de carbonato de litio y cloruro de potasio, y a largo plazo la producción de baterías de ion-litio. Se trata entonces, de establecer los hechos del largo proceso histórico que llevó a Bolivia a ser el único país del Cono Sur en intentar una explotación soberana de los recursos evaporíticos en salmueras, y disponerlos para los análisis sobre las condiciones histórico sociales del desarrollo autónomo de las fuerzas productivas en América Latina, desarrollo que permanentemente se anuncia, se promete, se cuestiona y se demanda.
1971-1982 – Primeras investigaciones sobre el Salar de Uyuni: dictadura militar, universidad, Francia y Estados Unidos.
En agosto de 1971, un nuevo golpe militar dirigido por el coronel Hugo Banzer, impulsa el despliegue de la peor cara del proceso iniciado con la Revolución Nacional de 1952. Sobre la base de sus grandes reformas (nacionalización de la gran minería, creación de la Corporación Minera Boliviana -COMIBOL, y una profunda reforma agraria); con el antecedente de anteriores gobiernos militares que desde 1964 experimentaron proyectos políticos muy diversos; en el contexto de una guerra fría en la que el nacionalismo boliviano fue precursor en gestionar las alianzas con los Estados Unidos, y que desde los años 60 se expresaba en el avance de gobiernos militares burocrático-autoritarios en América del Sur; y –finalmente– en base a complejas alianzas de clase que sumaba al pacto militar-campesino de Barrientos a las crecientes empresas mineras privadas y a la naciente oligarquía agraria de Santa Cruz; Hugo Banzer Suárez se propuso instaurar un “gobierno populista militar de derecha”, inaugurando así uno de los períodos más represivos de la historia de Bolivia.
En ese contexto, en 1973 el Departamento de Geociencias de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de Bolivia, planteó a la Office de la Recherche Scientifique Technique Outre Mer (ORSTOM) de Francia la realización de investigaciones geológicas conjuntas sobre los recursos minerales de los salares del altiplano sur de Bolivia, especialmente sobre el Salar de Uyuni, ubicado en el Departamento de Potosí. Producto de esta convocatoria, se firmó en abril de 1974 el convenio de cooperación UMSA-ORSTOM para el estudio de la geología del Cuaternario del Altiplano, la caracterización de los Lagos Actuales (Titicaca y Poopó) y de las Cuencas Evaporíticas (salares).
En el mes de julio de ese mismo año, el gobierno de Banzer dispuso mediante el Decreto Supremo 11614 la implementación del Proyecto de Prospección Minera en la Cordillera, a cargo del Servicio Geológico Boliviano (SGB). El proyecto fue cofinanciado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) y el SGB, con el objetivo explícito de delimitar y cuantificar “las zonas de interés económico”; entre ellas, las áreas de Nor y Sud Lípez, del Departamento de Potosí. Si bien el Salar de Uyuni se encuentra en la vecina provincia Daniel Campos, el DS 11614 implicó un importante antecedente al declarar la Reserva Fiscal sobre las zonas prospectadas (art. 1), y disponer que los yacimientos minerales evaluados debían pasar a propiedad de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) “para su explotación y beneficio” (art. 3).
El 12 de diciembre de 1975, la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional (COFADENA), creó la empresa Química Básica Boliviana Sociedad Anónima Mixta -QUIMBABOL SAM, junto a la Corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL), el Comité de Desarrollo y Obras Públicas de Potosí y las Cooperativas agrupadas en la Central Regional de Cooperativas Industriales del Sud (CRECIS), con el objeto de aprovechar e industrializar los minerales no metálicos del Sud-Oeste boliviano. El 3 de febrero de 1976 se dispuso la creación del Complejo Industrial de la Química Básica bajo la dirección de QUIMBABOL, consistente en plantas de refinación de sal, azufre, bórax, trona, sulfatos y fábricas de carbonato de sodio y cloro-hidróxido de sodio. Según los Considerandos del DS 13361, el complejo creado generaría un polo de desarrollo en una zona que necesita la “atención del Gobierno para explotar sus recursos, elevar el nivel de vida de sus pobladores y su integración a la actividad económica y social del país”.
En 1976, y en forma paralela a los avances del proyecto UMSA-ORSTOM, el gobierno boliviano suscribió un convenio con la Administración Aeronáutica y Espacial de Estados Unidos (en inglés, NASA) para la implementación del programa ERTS (Investigaciones de la Tierra Vía Satélite). Entre sus principales objetivos se propuso la determinación de los distintos recursos con potencial valor económico concentrados en las salmueras del Salar de Uyuni, vinculando al Servicio Geológico de Estados Unidos (en inglés, US-GS) y al Servicio Geológico de Bolivia. Los resultados del estudio se dieron a conocer en junio de 1976, mostrando indicios de concentraciones de valiosos elementos, entre ellos, litio.
Ese mismo año, la Unidad de Investigaciones UMSA-ORSTOM, luego del período de organización e instalación de la infraestructura necesaria (1974-1975), comenzó la ejecución de los programas diseñados. Entre ellos, el programa de Geología de Evaporitas realizado por el Instituto de Geodinámica y Limnología (IGL) de la UMSA junto a investigadores franceses de la ORSTOM sobre el extenso Salar de Uyuni, con el objetivo de precisar, entre otras cosas, la concentración natural de los elementos detectados por el informe USGS-SGB. Para fines de 1976, se había reconocido al Salar de Uyuni en toda su extensión a través de perfiles y se habían obtenido cerca de un millar de muestras por perforaciones que permitieron conocer la existencia de litio en “concentraciones máximas de 4000 ppm.”
Para esos años, el auge de Banzer en el gobierno comenzaba a declinar, y en medio de huelgas y protestas obreras y estudiantiles decidió cerrar las universidades. No obstante, las investigaciones sobre los recursos del Salar de Uyuni continuaron con informes y resultados parciales en medio de reiteradas crisis políticas de los gobiernos militares e intentos fallidos de salidas democráticas. Finalmente, en 1981, lejos del contexto crecientemente represivo de la dictadura del Gral. Luis García Mesa, la ORSTOM publicó en París los resultados finales de la investigación bajo el título “Los salares del Altiplano Boliviano. Métodos de estudio y estimación económica”, a cargo de Oscar Ballivián y François Risacher. El estudio establecía un primer cálculo de los valores de reserva en litio, potasio y boro en la salmuera de la zona de Río Grande, y los resultados posicionaron a Bolivia como propietaria del mayor yacimiento de litio del mundo (5.500.000 t). Sin embargo, el país ingresaba a un nuevo y prolongado período democrático, en medio de una profunda y estructural depresión económica.
1982-1993 – Democracia, universidad y neoliberalismo: Consejo Industrial, reserva fiscal, diseño de planta piloto e intento fallido de licitación internacional.
En septiembre de 1982, la renuncia forzada de la junta militar presidida por García Mesa, llevó al rehabilitado Congreso a designar como presidente de la nación al líder del MNR de Izquierda Hernán Siles Zuazo, que con su alianza Unidad Democrática y Popular (UDP) había ganado las elecciones de 1980 sin poder asumir el cargo.
En 1983, el nuevo gobierno democrático firma un convenio de cooperación técnica con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Junta de Acuerdo de Cartagena, con miras a emprender un “Estudio básico de prospección minera de salares bolivianos”. El resultado de este convenio fue la entrega de un informe sobre los requerimientos técnico-económicos para la ejecución de un estudio de factibilidad sobre la explotación industrial del salar de Uyuni (Propuesta, 1990: 94). En marzo de 1984, presionado por la crisis de la deuda externa y basándose en los “estudios técnicos y económicos que demuestran las grandes posibilidades de explotación económicamente rentable de las cuencas evaporíticas en el sudoeste del país”, el gobierno dispuso la creación de una Comisión Interinstitucional para la elaboración de los términos de referencia de la licitación pública del salar de Uyuni, “dirigida a gobiernos, a empresas nacionales y extranjeras” (RS 198979 del 28/03/1984). Poco después, se buscó impulsar el demorado Complejo Industrial de Química Básica (creado en 1976 a cargo de QUIMBABOL) declarándolo “de interés y prioridad nacional” en el mismo Decreto Supremo que prorrogó 60 días el funcionamiento de la Comisión para la licitación pública.
Paralelamente, la Universidad Autónoma Tomás Frías (UATF) del Departamento de Potosí, comienza sus investigaciones sobre los recursos naturales de la cuenca evaporítica, dirigidos por investigadores de la Universidad Técnica “Academia de Minas de Freiberg”, Alemania, que desde los años 60 desarrollaban trabajos sobre el origen, contenido y estructura de sales y salmueras del Salar de Uyuni.
El 15 febrero de 1985, la Ley 719 crea el CIRESU, Complejo Industrial de los Recursos Evaporíticos del Salar de Uyuni, empresa pública autorizada para actuar “en materia de licitaciones, asociaciones y suscripciones de contratos, en las fases de exploración, explotación, beneficio y comercialización de los recursos del Gran Salar de Uyuni” (art. 1), “gestionar financiamiento requerido y convocar a licitación pública internacional, […] precautelando una participación mayoritaria, en favor de la contraparte nacional” (art. 3). En el Directorio de la empresa tienen representación el Ministerio de Minería y la Corporación Regional de Desarrollo de Potosí (presidente y vicepresidente), otros ministerios gubernamentales, las Fuerzas Armadas, la Corporación de Desarrollo de Oruro, el Comité Cívico Potosinista (COMCIPO) y diversos comités cívicos provinciales, la Central Obrero Departamental de Potosí y la Universidad Tomás Frias (art. 1). EL 8 de noviembre el gobierno autorizó al CIRESU a lanzar los términos de referencia de una convocatoria internacional.
Sin embargo, el gobierno de Siles Suazo (UDP) acaba con una paradigmática crisis hiperinflacionaria, dando lugar al inicio del primer período de reformas neoliberales impulsadas por el viejo líder de la Revolución Nacional de 1952, Víctor Paz Estenssoro. No obstante, tras la sanción del principal decreto de apertura y desregulación económica (DS 21060 de 1985), el 16 de mayo de 1986 el Salar de Uyuni es declarado Reserva Fiscal (DS 21260), dotando al país de una institucionalidad que le permitía diseñar, por medio del CIRESU, una estrategia de explotación de los nuevos recursos descubiertos. Sin embargo, pronto se demostró que la institucionalidad ganada era sólo hipotética (Pozzo, 2010: 7), y si bien el 11 de diciembre de 1987 se aprobaron en Uyuni los términos de referencia de la licitación internacional, a los pocos meses (28 de julio de 1988), el entonces ministro de minería Jaime Villalobos ofreció a la Lithco (actual FMC) una invitación directa para la explotación del Salar de Uyuni. Cabe mencionar que el 29 de octubre de 1987 se habían dado a conocer los resultados de las últimas investigaciones sobre el Salar de Uyuni en un seminario organizado por el Instituto de Geodinámica y Limnología (IGL) de la UMSA, mostrando reservas de litio, boro y potasio que casi duplican los cálculos de 1981. Después de un largo período de negociaciones, el 6 de agosto de 1989, día de asunción de Jaime Paz Zamora del MIR como presidente de la nación, se establece el primer borrador del contrato, y se firma el 17 de noviembre. A partir de allí y hasta el 26 de enero de 1990 se llevan a cabo una serie de seminarios de análisis del contrato en las ciudades potosinas de Uyuni y Llica.
El contrato directo con la principal empresa productora de litio a nivel mundial, le otorgaba derechos de exploración y explotación sobre toda el área de reserva fiscal por 40 años, permitiéndole la exportación directa de los concentrados en salmueras. Por ello, el 29 de enero de 1990 el Comité Cívico de Potosí (COMCIPO), la Central Obrera Departamental y la Universidad Autónoma Tomás Frías (todos miembros del CIRESU), solicitaron la postergación de la firma del contrato. La respuesta gubernamental no se hizo esperar: el 12 de se propuso definiciones por parte de la Brigada Parlamentaria, el 25 de febrero el ministro de minería Walter Soriano manifestó que la ley debía cumplirse sin discusión y el 1 de marzo se fijó la fecha tentativa para la firma del contrato. Sin embargo, el 12 de marzo COMCIPO inicia una campaña denunciando la no convocatoria a licitación pública. El 3 de abril la Brigada Parlamentaria responde a los cuestionamientos dando a conocer una serie de observaciones realizadas al contrato sobre la participación del Estado en la renta pública, que tras dos semanas de negociaciones con la empresa se aprobaron en un 95%. El 16 de abril el Consejo Nacional de Economía y Planificación (CONEPLAN) aprueba los términos del contrato, y el 17, el Ministerio de Minería lo envía al Congreso Nacional para su aprobación. El 29 de abril de 1990, en medio de grandes movilizaciones y huelgas de hambre convocadas por COMCIPO, el Cabildo Abierto en Uyuni aprueba el contrato. Sin embargo, frente al aumento de las movilizaciones y presiones cívico-políticas, el 4 de mayo Jaime Paz Zamora desiste del contrato, instruyendo la convocatoria pública internacional.
A partir de ese momento, el CIRESU y las diversas organizaciones sociales involucradas, publican sus propuestas de explotación del salar y de estrategias de desarrollo departamental, y las distintas universidades nacionales (UMSA, UATF, UTO) organizan foros de debate públicos, y un proyecto de diseño final de Planta Piloto de Carbonato de Litio para su funcionamiento a partir de las salmueras del Salar de Uyuni. Sin embargo, el 20 de agosto de 1991, a pedido del gobierno de Paz Zamora, la universidad potosina UATF que participó del rechazo al contrato directo con la Lithco, entrega la redacción de los términos de referencia base para la licitación internacional del salar de Uyuni. El 18 de septiembre de 1991 se aprueban los términos del contrato en grande y el 12 de noviembre la agencia Crow Agents encargada del proceso de licitación internacional entrega el pliego de especificaciones. Esta vez, conforme a la Ley 719 de 1985, se contempla para el diseño de la licitación internacional la revisión y sugerencias del CIRESU, que finalmente aprueba en detalle los términos de referencia elaborados y el 17 de enero se lanza la licitación pública. “De once empresas inicialmente interesadas, sólo tres formalizaron sus propuestas: FMC Corporation (LITHCO), SOQUIMICH (Chile) y COPLA Ltda. (Bolivia). Crown Agents efectuó la calificación y, un mes más tarde, recomendó la adjudicación en favor de la FMC.” (Orellana Rocha, 1995: 21). El 14 de febrero de 1992 se firma el contrato en pleno Salar de Uyuni, cuya única diferencia con el contrato directo anulado era (además del procedimiento y la colaboración de sectores de la universidad potosina y del directorio del CIRESU) el nivel de participación del estado boliviano que ahora se aumentaba levemente. Sin embargo, y sorpresivamente, días después de firmado el contrato, el parlamento decidió realizar unas reformas incrementando el IVA del 10 al 13%. La FMC (ex Lithco) anunció inmediatamente su repudió a las modificaciones, aduciendo que el contrato firmado garantizaba la estabilidad fiscal frente a cualquier modificación tributaria. Finalmente, tras casi un año de inciertas negociaciones, y a tres meses de haber asumido por primera vez el dirigente del MNR y empresario minero Gonzalo Sánchez de Lozada, el 5 de Noviembre de 1993 la FMC–ex Lithco decide renunciar al contrato firmado con Bolivia y migrar sus proyectos de extracción de litio al Salar del Hombre Muerto en Catamarca, Argentina. Varios factores incidieron en la decisión final de la empresa. Por un lado, los avances de las negociaciones paralelas con la provincia argentina de Catamarca (que en 1991 se habían concretado en un contrato de exploración, cuantificación de reservas y caracterización de las posibilidades de explotación del Salar del Hombre Muerto por 10 años) le garantizaban el acceso a un importante salar, sin exigirle la participación de ninguna empresa pública ni imponerle la existencia de un consejo industrial o instituto universitario de control y fiscalización. Por otro lado, en mayo de 1993, el lobby minero logra la sanción de uno de los regímenes de inversión más favorables de la región: la Ley de Inversiones Mineras N° 24.196 fomenta la inversión de grandes capitales privados por medio de facilidades arancelarias, desgravación impositiva, la capitalización de reservas mineras, estabilidad fiscal durante 30 años y regalías mineras provinciales que no pueden superar el 3%. Por último, pero tal vez el factor decisivo, las dificultades generadas por un debate excesivamente público y sectores sociales excesivamente preocupados en los detalles del contrato, en una etapa del desarrollo de la incipiente rama productiva que llevó a la empresa a privilegiar el acceso exclusivo a las salmueras del importante Salar del Hombre Muerto para iniciar las investigaciones necesarias, por sobre el acceso momentáneo y relativamente fiscalizado a la reserva de litio más grande del mundo.
1993-2006 – Auge y crisis del modelo neoliberal: reducción de la reserva fiscal, expansión de las concesiones privadas y movilizaciones por la recuperación del salar.
El fracaso del contrato con la norteamericana FMC-ex Lithco fue leído por los diversos sectores dominantes de Bolivia a lo largo del primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997), como expresión del atraso cultural que históricamente caracterizó a la nación desde los tiempos de la colonia, y como la pérdida de una oportunidad histórica para el anhelado desarrollo económico de Bolivia que, a partir del ingreso de inversiones extranjeras y la consiguiente transferencia de tecnología de punta, habría podido insertarse en un mercado mundial por el que debían competir con los países vecinos. En paralelo al plan de capitalización (Ley 1544 de 1994) destinado a la privatización parcial de las grandes empresas públicas (YPFB, teléfonos, ferrocarriles y la aerolínea nacional LAB), fueron avanzando sobre el salar compañías mineras de diverso tamaño, origen y trayectoria, algunas con el objetivo de extraer minerales no metalíferos en sales, y otras impulsadas por los posibles negocios inmobiliarios que la posesión a futuro pudiera generar. En marzo de 1997, último año del primer mandato del empresario minero Sánchez de Lozada, se promulga el nuevo Código de Minería de Bolivia (Ley 1777), que modernizaba el sistema concesional y simplificaba el esquema tributario, al mismo tiempo que equiparaba las concesiones mineras a la categoría de bien inmueble (es decir, propiedad privada) e impedía a la COMIBOL que realizara directamente actividades productivas. El nuevo Código, sin embargo, no mencionaba al litio entre los minerales a concesionar, y nada decía sobre la reserva fiscal del salar de Uyuni. Tal vez por ello, el mismo mes de su sanción, senadores del departamento de Potosí pretendieron elevar a rango de ley el viejo Decreto 21260 de 1986 que declaraba la reserva fiscal sobre un amplio perímetro alrededor del Salar de Uyuni. Sin embargo, en la Cámara de Diputados, se modificó el contenido de la ley estableciendo, de manera confusa, que la reserva fiscal que buscaba elevarse a rango de ley sólo correspondía a la “costra salina”. En los hechos esto significaba una drástica reducción del perímetro original y abría la puerta para legalizar las posesiones privadas sobre el salar, fomentando a su vez el avance de las concesiones mineras reglamentadas por el nuevo Código Minero de 1997 (Ley 1777). La ley de reducción de la reserva fiscal sobre el Salar de Uyuni fue aprobada durante el gobierno democrático del ex dictador Hugo Banzer Suarez (ADN) el 8 de abril de 1998 (Ley 1854), liberando los ricos yacimientos de ulexita, y produciendo una rápida expansión de las concesiones privadas, fundamentalmente para el “engorde”, es decir, a la espera de inversionistas que quisieran arrendarlas a cambio de elevadas sumas (Pozzo, 2010, 8). Así mismo, la reducción de la reserva permitió que ese mismo año la norteamericana Apex Silver Mines Limited (ASML) y la japonesa Sumitomo Corp. accedieran a la concesión de la mina San Cristóbal, el más grande yacimiento de plata, zinc y plomo de Bolivia y uno de los depósitos superficiales de plata más grande del mundo (Ribera, 2010), ubicado en el municipio de Colcha K, provincia Nor Lípez, en el departamento de Potosí, a unos 100 km de la ciudad de Uyuni. Posteriormente, las empresas interesadas en la explotación minera exigieron corregir la confusa redacción de la ley, logrando en abril de 2002 que el breve gobierno de Jorge “Tuto” Quiroga sancionara el Decreto 26574, precisando el término “costra salina” en base a un mapa del SERGEOMIN y el SETMIN. Dicha norma tuvo como efecto inmediato la obtención por parte de la empresa Non Metallic Minerals SA de numerosas concesiones mineras en la costra salina del Salar.
Sin embargo, el ingreso de Bolivia al nuevo siglo se dio en medio de un proceso de profundas transformaciones sociales que derivó en la irrupción de los campesinos e indígenas en la escena política nacional. De esta forma, la crisis del modo de acumulación financiero que estalló en varios países de América Latina a principios de siglo XXI, se caracterizó en Bolivia por la emergencia de una nueva fuerza política de origen rural, que recuperando históricas demandas nacionalistas logró forjarse como una nueva izquierda antiimperialista, sobre la base de organizaciones sindicales campesinas y movimientos sociales indígenas y a partir de un discurso cuestionador del modelo económico neoliberal vigente desde 1985. El punto de inflexión se dio en octubre de 2003 con la llamada “guerra del gas”, a poco más de un año del segundo mandato del empresario minero Sánchez de Lozada (MNR), que debió renunciar en medio de una sublevación popular liderada por la ciudad de El Alto en rechazo del proyecto de exportación de gas natural a México y Estados Unidos por puerto chileno. Los efectos de la sublevación de El Alto, cristalizada políticamente en la llamada “Agenda de Octubre” que planteó la necesidad de descolonizar el estado boliviano a partir de la nacionalización de los hidrocarburos y el llamado a una asamblea nacional constituyente, se expandieron por todo el territorio nacional. En Potosí, el departamento más pobre de Bolivia, castigado desde la época colonial con las grandes explotaciones mineras y durante la era neoliberal con la privatización y cierre de los ferrocarriles, impulsó a las diversas organizaciones sociales a movilizarse contra la reducción de la reserva fiscal y los avances de las concesiones privadas sobre el Salar de Uyuni (Pozzo, 2010, 8). Finalmente, el 9 de diciembre de 2003, el vicepresidente Carlos Mesa (en calidad de presidente tras la renuncia de Sanchez de Lozada) debió promulgar la Ley 2564 que restituyó el perímetro inicial del DS 21260 de 1986 derogando las leyes anteriores. Reglamentada por DS 27326 en enero de 2004, la nueva norma determinó las entidades estatales para las auditorías públicas y estableció los alcances para los trabajos de revisión y control. En los hechos, la Ley 2564 de 2003 significó la recuperación de toda la zona loteada, con excepción de la mina San Cristóbal, que desde 2007 llevó a la japonesa Sumitomo a dirigir la principal explotación minera metalífera a cielo abierto de Bolivia. No obstante, el 23 de junio de 2004, por medio del DS 27589, se revocaron las once concesiones sobre el salar que estaban a nombre de la empresa Non Metallic Minerals SA.
2006-2012 – El bloque campesino indígena en el poder: plan de industrialización 100% estatal, planta piloto y comité científico, presiones transnacionales y proyectos paralelos.
En enero de 2006, en primera vuelta con el 54% de los votos, asume el gobierno el dirigente campesino-cocalero y líder del Movimiento al Socialismo (MAS) Evo Morales Ayma. Durante el año 2007, la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Sudoeste Potosino (FRUTCAS), asesorada por el físico belga Guillaume Roelants, eleva al nuevo gobierno del MAS una propuesta de industrialización estatal de los recursos evaporíticos del Salar de Uyuni. El plan diseñado, consistente fundamentalmente en la producción de carbonato de litio y cloruro de potasio a cargo de una empresa de propiedad 100% estatal, fue asumido por el nuevo gobierno como política de Estado, sobre la base del Plan Nacional de Desarrollo aprobado en 2006 y la propiedad pública de la totalidad del yacimiento ratificada en mayo de 2007 mediante la declaración de la reserva fiscal sobre todo el territorio nacional (DS 29117). A un mes de recuperar las facultades productivas de la COMIBOL (Ley 3720), el 1° de abril de 2008, el presidente Evo Morales promulgó el DS 29496 declarando prioridad nacional el Plan de Industrialización de los Recursos Evaporíticos del Salar de Uyuni, “en el marco de una política soberana de aprovechamiento y explotación racional”, y anunció el pronto lanzamiento del proyecto piloto en la zona de Río Grande con un presupuesto de 17 millones de dólares financiado con recursos propios de la COMIBOL. El 3 de abril, la COMIBOL crea la Dirección Nacional de Recursos Evaporíticos (DNRE) de Bolivia (Resolución 3801/2008), y a mediados de mayo de 2008 se inauguró la construcción del proyecto piloto en Llipi Llipi, anunciando la producción de 40 toneladas métricas/mes de carbonato de litio, 80 toneladas métricas/mes de sulfato de potasio y 70 toneladas métricas/mes de cloruro de potasio, en el transcurso de 18 meses.
En marzo de 2008, buscando recuperar su liderazgo en los procesos técnicos y administrativos para la explotación de los recursos del Salar de Uyuni, la Universidad Autónoma Tomás Frías (UATF) de Potosí suscribe, junto a la Universidad Técnica “Academia de Minas de Freiberg” de Alemania, el “Programa de Trabajo para el Proyecto Salar de Uyuni UATF-UT de Freiberg”. En septiembre de ese mismo año, la COMIBOL firma un convenio con el aún existente Complejo Industrial de los Recursos Evaporíticos del Salar de Uyuni (CIRESU) creado en 1985, en el que acuerdan realizar trabajos conjuntos en temas de investigación, capacitación, convenios interinstitucionales y compartir sus oficinas. Aunque en los hechos el nuevo marco normativo (reserva fiscal y plan de industrialización 100% estatal) deja sin vigencia las atribuciones “en materia de licitaciones, asociaciones y suscripciones de contratos en las fases de exploración, explotación, beneficio y comercialización de los recursos del Gran Salar de Uyuni”, con las que el CIRESU fue creado (DS 719 de 1985, art. 1), las instituciones regionales que forman parte de su directorio –fundamentalmente el Comité Cívico Potosinista y la UATF– buscarán, conforme avanza el desarrollo y las dificultades del proyecto estatal, proponerse como generadores de proyectos alternativos.
Por otra parte, la iniciativa del Estado boliviano para la explotación de los recursos evaporíticos incitó a las transnacionales de la química básica y a sus Estados de origen a reactivar las presiones por ingresar al Salar de Uyuni. Esta vez, los intereses no sólo provinieron de los países industrializados, sino también de la periferia en vías de industrialización: entre los principales interesados en la reserva de litio y potasio del Uyuni se encuentran las transnacionales japonesas Mitsubishi y Sumitomo (concesionaria de Mina San Cristóbal), la fábrica francesa de vehículos eléctricos Bolloré, la empresa estatal surcoreana Kores, y hasta los gobiernos de Brasil e Irán. Sin embargo, frente a las múltiples ofertas por parte de las empresas para participar del proyecto piloto en calidad de socios, el 12 de noviembre de 2008 la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sud (FRUTCAS), que agrupa a las comunidades de las 5 provincias del Altiplano Sud (Nor Lipez, Sud Lipez, Quijarro, Daniel Campos y Valdivieso), expresó públicamente mediante voto resolutivo:
“La FRUTCAS, FSUMCAS y sus centrales provinciales RESUELVEN:
1.- Ratificar nuestro total apoyo a la iniciativa del Presidente Evo Morales de realizar un proyecto piloto para la explotación del litio, proyecto 100 % estatal, a cargo de la COMIBOL. Consideramos que este proyecto es de nosotros, por lo que somos los guardianes y fiscalizadores del buen desarrollo de este proyecto estratégico, para la región, el departamento y el país.
2.- Como FRUTCAS, junto a la FSUMCAS “BS” y las Centrales Provinciales, siempre hemos defendido y defendemos una explotación racional de los recursos estratégicos de la región, desarrollando una industria química y minera a nivel nacional, a fin de industrializar el Salar en beneficio del país y su población, con pleno control estatal para garantizar la soberanía nacional.
3.- En este marco, rechazamos cualquier tentativa de grupos de intereses privados y otros que pretenden impulsar la división o parcelamiento del Gran Salar de Uyuni, que es propiedad del Estado y custodiado por el conjunto de las comunidades del Altiplano Sur. Denunciamos que grupos de la antigua rosca minera está actuando en este sentido en la región, intentando dividir las comunidades y provincias al respecto. El Salar es de quienes habitamos en su contorno, un solo y es por eso que defendemos su unidad y anunciamos que las comunidades se movilizarán en su defensa.
4.- Frente a las múltiples ofertas de varias empresas extranjeras de ser socios del proyecto piloto de industrialización del litio, nos pronunciamos a favor de la creación de un Comité de apoyo técnico por parte de estas empresas, pero el proyecto debe seguir 100 % estatal y a cargo de la COMIBOL.
¡No a la privatización de la explotación del Salar!, ¡No a la licitación Internacional!, ¡No a las transnacionales! ¡Pronta aprobación de la Ley de EPSICRESB!”
El 7 de febrero de 2009 entra en vigencia la nueva Constitución Política del Estado (CPE), presentada al Congreso Nacional por la Asamblea Constituyente el 15 de diciembre de 2007, modificada por el Congreso Nacional y aprobada por voto popular a través del Referéndum del 25 de enero de 2009. La nueva Carta Magna establece, en función del Estado Plurinacional de Bolivia, un nuevo régimen político sobre los recursos naturales, al declararlos “de carácter estratégico y de interés público para el desarrollo del país” (art. 348, inc. II), de propiedad y dominio “directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano”, y depositar en el Estado “su administración en función del interés colectivo” (art. 349, inc. I), la potestad sobre todas las reservas fiscales (art. 350) y el “control y la dirección sobre la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de los recursos naturales estratégicos” (art. 351, inc. I). En cuanto a los recursos evaporíticos existentes en las salmueras, declara específicamente su carácter estratégico (art. 369, inc. II), y deja sin efecto, en el plazo de un año, todas “las concesiones mineras de minerales metálicos y no metálicos, evaporíticos, salares, azufreras y otros, concedidas en las reservas fiscales del territorio boliviano.” (Octava Disposición Transitoria, inc. II).
El mismo día de promulgación de la nueva CPE, se sanciona el Decreto Supremo de Organización del Órgano Ejecutivo, que, entre otras disposiciones, otorga al Ministerio de Minería y Metalurgia la competencia de proponer planes, programas y proyectos de producción, financiamiento e innovación tecnológica para la cadena de recursos evaporíticos (DS 29.894, art. 77). Es en función de las nuevas potestades, que el 31 de julio de 2009 se crea el Comité Científico de Investigación para la Industrialización de los Recursos Evaporíticos de Bolivia (CCII-REB), formalizando, por un lado, la integración de los científicos bolivianos que desde un comienzo dirigieron las investigaciones para el desarrollo de la planta piloto, y habilitando, por otro, la colaboración de los expertos de universidades, institutos de investigación y empresas, nacionales e internacionales, interesados en el desarrollo tecnológico del litio, pero bajo las premisas de un intercambio de conocimientos que no cuestione la propiedad pública del proyecto (Resolución Ministerial 089 del 31/07/2009 y Reglamento Interno).
A mediados de 2009, el gobierno nacional comienza una política de “acuerdos amistosos y cartas de intenciones” (Hollender; Schultz, 2010: 29), como respuesta a las crecientes presiones de gobiernos y empresas extranjeras por acceder a los yacimientos de litio y potasio del Salar de Uyuni, a partir de la firma de memorándums de entendimiento en función de lo dispuesto por los fundamentos del CCII-REB. En agosto de 2009 la Dirección de Recursos Evaporíticos de COMIBOL firma dos memorándums de entendimiento: uno con el gobierno de Corea del Sur y otro con el Brasil para el “intercambio de información técnica y científica” y el desarrollo de un programa piloto de producción de carbonato de litio. Sin embargo, a los pocos meses, funcionarios de la empresa minera estatal surcoreana KORES expusieron sus verdaderas intenciones: “El papel principal de Kores es conseguir una mina de litio, un lugar donde se pueda explotar litio en Bolivia”, dijo el director del Instituto de Investigación Tecnológica de Kores, Sun Kong Bong, y agregó que su país demandará 200 mil toneladas del metal en 2015, frente a las 17.000 actuales que son compradas a Chile y Estados Unidos (Opinión, 2009). En noviembre el gobierno firma dos nuevos memorándums de entendimiento: uno con el gobierno de Irán, para “capacitación y especialización científico tecnológica”, y otro con la empresa japonesa JOGMEC de “investigación para la industrialización de los recursos evaporíticos del Salar de Uyuni”. Estos tres primeros memorándums firmados durante 2009 se enmarcan dentro de la primera y segunda fase (producción piloto e industrial de carbonato de litio y cloruro de potasio), y básicamente se refieren al fortalecimiento de la cooperación para el desarrollo de programas de industrialización de los recursos evaporíticos, capacitación y especialización científica y tecnológica de profesionales bolivianos, con la consiguiente integración al Comité Científico de Investigación de los Recursos Evaporíticos de Bolivia (CCII-REB) (Hidrocarburos Bolivia, 2011). Paralelamente, del 24 al 26 de octubre de 2009 el gobierno desarrolló un seminario internacional del litio que contó con la participación de 40 expertos de 10 países (entre ellos, Corea del Sur, Japón, China, Rusia, Francia, Brasil, Argentina, Chile y Canadá), y se debatió sobre las nuevas tecnologías para explotar el litio y sus usos. Por otra parte, si bien los plazos previstos para la producción piloto no pudieron ser cumplidos, la Dirección Nacional de Recursos Evaporíticos (DNRE) aprovechó el evento para hacer entrega al presidente Morales del primer kilogramo de carbonato de litio producido en base al llamado proceso “boliviano”.
Sin embargo, a medida que el proyecto de industrialización 100% estatal da sus primeros pasos impulsado por la DNRE de la COMIBOL, con la colaboración del CCII-REB, y con las comunidades campesinas nucleadas en la FRUTCAS como base social; emergen demandas de tipo regionalistas que, representadas por el Comité Cívico Potosinista (COMCIPO) y la Universidad Autónoma Tomás Frías (UATF) de Potosí -protagonistas de los primeros intentos de industrialización de los años 80 e integrantes del viejo CIRESU)-, permiten en la actual etapa el surgimiento de proyectos paralelos, menos preocupados por la propiedad exclusiva en manos del Estado Plurinacional que por los ingresos departamentales que el proyecto podría generar y, en función de dichos ingresos, los tiempos que el mercado mundial impone al desarrollo tecnológico. El conflicto latente entre ambos proyectos de industrialización del litio y el potasio del Salar de Uyuni, cuyo punto central radica en el ejercicio de la propiedad del salar y en la dirección de las fases 1 y 2 de producción de los compuestos básicos, se expresó en el intento fallido de creación de una nueva empresa productiva. El 10 de marzo de 2010, el Órgano Ejecutivo emitió el Decreto Supremo 444, que creaba la Empresa Boliviana de Recursos Evaporíticos (EBRE), encargada de la exploración, explotación, comercialización e industrialización del litio. La norma declaraba al litio como recurso “estratégico” para el desarrollo del país y al Estado como único administrador y operador de la totalidad de la cadena productiva y comercial, quedando prohibida la venta de salmueras en forma concentrada. Con un capital inicial de 7,28 millones de dólares, EBRE sería la encargada exclusiva de operar y administrar todas las actividades relacionadas con el litio en el Salar de Uyuni, estando además prohibida la adjudicación o subcontratación de otras empresas para la comercialización de sus productos. Inmediatamente luego de su sanción, el Comité Cívico de Potosí (COMCIPO) expresó su rechazo y llamó a una huelga general hasta lograr la derogación del decreto que –alegaban- expresaba “intereses mezquinos de personas e instituciones de la capital con una corta visión de centralismo departamental”, al ubicar la administración de la empresa en La Paz en lugar de la ciudad de Potosí. Una vez derogada la norma, formarían una comisión junto a la Universidad Tomás Frías, la brigada parlamentaria potosina y la Central Obrera Regional (COR), para la elaboración de un proyecto de ley “que defina como prioridad la demanda potosina de explotar sus recursos naturales en beneficio propio” (La Razón, 2010). Por su parte, la FRUTCAS se declaró “en estado de emergencia en rechazo a la posición del Comité Cívico de Potosí (COMCIPO)”, y si bien exigían que la sede central de la empresa se radicara en la ciudad de Uyuni, consideraban que la derogación del decreto 0444 provocaría graves retrasos en el proyecto global de industrialización. A los diez días de su sanción, la norma que creaba la empresa pública EBRE fue derogada por DS 454 de 2010.
Sin embargo, a los pocos meses, la política estatal muestra su voluntad de avanzar en el proyecto. El 29 de junio de 2010, por resolución de Directorio de COMIBOL 4366/2010, se eleva a Gerencia la anterior Dirección Nacional de Recursos Evaporíticos (ahora GNRE), y se anuncia en la prensa que en octubre o noviembre de ese año la planta piloto iniciaría la producción de las primeras sales de potasio. El 26 de agosto de ese mismo año, se firma un nuevo memorándum de entendimiento entre la COMIBOL y la empresa minera estatal de Corea del Sur, Korea Resources Corporation (KORES), con el objetivo de avanzar en la investigación y desarrollo de procesos para la industrialización de los recursos evaporíticos del Salar de Uyuni. En octubre de 2010, si bien no se cumplieron los plazos previstos de producción piloto, el gobierno lanza la “Estrategia de industrialización de los recursos evaporíticos de Bolivia”, en que por primera vez se definen con exactitud los detalles del plan y los grados de avance según infraestructura y financiamiento: obras civiles en Uyuni, construcción de las piscinas para el tratamiento de la salmuera, geología y exploración para determinar la permeabilidad, el sistema de bombeo de salmueras y la estratificación de la costra salina, el desarrollo de los laboratorios y las estaciones meteorológicas, el proceso desarrollado para la obtención de carbonato de litio, el equipamiento adquirido disponible, la disposición de talleres a partir de la reactivación de la Maestranza de Pulacayo de la COMIBOL, las actividades desarrolladas en el salar de Coipasa, inversión total comprometida hasta el 2014 para las distintas fases, e ingresos anuales estimados a partir de 2017, incluyendo por primera vez una fase 3 de producción de baterías (GNRE, 2010).
En la primera fase de esta estrategia el proyecto piloto produciría 40 toneladas métricas/mes de carbonato de litio y 1.000 toneladas métricas/mes de cloruro de potasio (14 veces más de cloruro de potasio que la proyectada en 2008). En cuanto a las inversiones, además de los 17 millones de dólares desembolsados por la COMIBOL para la Fase 1 de planta piloto, el 28 de noviembre de 2010 la Asamblea Plurinacional aprobó un crédito en condiciones concesionales del Banco Central de Bolivia por un total de Bs 836.400.000, equivalentes a más de 120 millones de dólares, “con el objeto exclusivo de invertir en la producción e industrialización del litio […], en el marco del Plan Nacional de Desarrollo” (Ley Financial N° 062/2010, art. 13).
Paralelamente, en septiembre de 2010, el proyecto paralelo al de la GNRE de la COMIBOL, se consolida con la inauguración en la UATF de Potosí de la planta experimental Technikum para la obtención de carbonato de litio de alta pureza a partir del tratamiento exclusivo de salmueras del Salar de Uyuni. Según el Energy Press de Bolivia, el proyecto desarrollado junto a la alemana UT de Freiberg, “es un prototipo de Planta Piloto, semi-industrial o industrial, cuyos parámetros de tratamiento y resultados de producción constituyen la base técnica – científica para ejecutar proyectos de inversión, para la construcción de plantas piloto o plantas industriales, sin correr ningún tipo de riesgo técnico, económico – financiero, infraestructural o de seguridad industrial”. Según los directores del proyecto, se ha logrado obtener carbonato de litio de aproximadamente un 90 % de pureza, y productos adicionales de valor comercial como ácido bórico, cloruro de potasio y cloruro de sodio. Además, aseguran que es ambientalmente sustentable y no perjudica la integridad física del Salar de Uyuni garantizando la compatibilidad con el turismo. Sin embargo, basada en un sistema de evaporación de la salmuera a partir de la construcción de conos, se sitúa en el plano experimental en laboratorios sin lograr posicionarse como alternativa para la producción de carbonato de litio en escala industrial.
En abril de 2011, la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos (GNRE) ratificó el inicio de la producción piloto de carbonato de litio y semi-industrial de cloruro de potasio para fines de ese mismo año. En julio de ese mismo año, el gobierno boliviano inició la segunda tanda de memorándums de entendimiento con empresas y gobiernos, con la finalidad de llevar adelante investigaciones para el desarrollo de la cadena industrial relacionada a la producción de baterías de ión litio y sus componentes, es decir, relacionada a la fase 3 (Hidrocarburos Bolivia, 2011). En ese contexto, se firma el tercer memorándum de entendimiento con la empresa surcoreana Korea Resources Corporation (KORES) para conformar eventuales asociaciones con COMIBOL en la producción de materiales de cátodo, electrolitos y la instalación de plantas de acumuladores y baterías de litio en Bolivia. En el marco de la firma del memorándum, el congresista surcoreano Lee Sang-deuk declaró: “De ahora en adelante, Corea (del Sur) va a ofrecer toda la cooperación que necesite Bolivia para desarrollar la industrialización de su litio y, especialmente, para la producción conjunta de baterías. Vamos a transferir nuestra tecnología al Gobierno boliviano para que su tecnología de producción de litio se independice”.
El 1° de agosto se firmó otro memorándum de entendimiento con la empresa estatal china Citic Guan Group para “intercambiar información técnica, científica y sobre oportunidades de inversiones y desarrollo entre las partes”. Finalmente, el 23 de diciembre de 2011 la Asamblea Plurinacional aprobó el segundo crédito de Bs 5.332.050.000 (más de 765 millones de dólares) a favor de la COMIBOL en condiciones concesionales del Banco Central de Bolivia, “con el objeto de que su Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos invierta en la producción e industrialización de carbonato de litio, cloruro de potasio, y otros productos de la cadena evaporítica, ya sea como inversión directa o aporte de capital a través de una asociación con empresas que aporten tecnología, para la fabricación de materiales de cátodo, electrolitos y baterías de ion-litio (Ley Financial N° 211 de 2011, art. 33). Sin embargo, ese mismo mes el gerente de Recursos Evaporíticos, Alberto Echazú, declaró que no se lograrían los plazos previstos para la planta piloto debido a “conflictos sociales, factores climáticos como la inundación en la región de las obras, además del desembolso retrasado de recursos económicos”. Los nuevos plazos para la conclusión de las plantas piloto fueron calculados para fines de enero de 2012, la de cloruro de potasio, y un mes y medio después, la de litio.
Si bien para marzo de 2012, la planta piloto de carbonato de litio y cloruro de potasio siguió sin comenzar la producción de los volúmenes anunciados, esto no impidió que se avance paralelamente en los acuerdos correspondientes a la fase 3 de producción de cátodos y baterías, única que contempla la asociación con empresas extranjeras para la transferencia tecnológica. En este sentido, el 27 de marzo de 2012 el gobierno boliviano firmó un principio de acuerdo (head of agreement) con la empresa surcoreana KORES-Posco, esta vez para “Determinar los términos básicos para la cooperación y la participación entre COMIBOL y KORES-POSCO, para el establecimiento de una empresa conjunta de capital mixto para impulsar la producción de materiales catódicos”. (Villena Canedo, 2012). El Memorándum firmado, contempla la construcción de una planta piloto en el Salar de Uyuni bajo la modalidad Joint Venture para producir cátodos de ion de litio, con una inversión de 1,5 millones de dólares prevista para finales de 2013. Según el acuerdo, la COMIBOL suministrará a la sociedad materias primas y construirá la planta piloto, Posco aportará con ingeniería y construcción de la línea piloto, actividades en investigación y desarrollo tecnológico, y KORES estará a cargo de la obtención de precursores y el respaldo económico para el suministro de materias primas. Tanto el Estado boliviano a través de COMIBOL, como Corea del Sur a través de KORES-Posco, invertirán inicialmente 750.000 dólares cada uno. Si bien el acuerdo firmado con la empresa surcoreana se enmarca en los principios de la propiedad pública tanto del salar como de los procesos de elaboración de los compuestos básicos, está claro que la principal motivación de KORES es la posibilidad futura de acceder a la mayor reserva de litio del mundo.
Según el propio Alberto Echazú de la GNRE, “Hay una segunda propuesta (de Corea del Sur) para hacer cátodos con la tecnología coreana, partiendo de nuestra salmuera, pero la dificultad es que ellos quieren arrancar desde abajo (desde la explotación) y ésa no es nuestra política, pero vemos que hay que abrir la mente y las posibilidades son muchas”). Por último, también en el marco de la fase 3 de industrialización del litio, en abril de 2012 se suma la posibilidad de desarrollar una planta piloto de baterías recargables, esta vez bajo la modalidad de “compra llave en mano” a la empresa china Linyi Gelon New Battery Materials Co, en 2,7 millones de dólares. En las declaraciones a la prensa por el anuncio de la compra, el gerente nacional Alberto Echazú explicó la diferencia: “Estamos comprando la planta, aquí no hay convenios, nos tienen que enseñar a hacer análisis de caracterización de compuestos, de materiales, luego la síntesis de los materiales y su calidad para que tengamos personal capacitado”.
Conclusiones
A cuatro años de la inauguración del proyecto piloto de carbonato de litio y cloruro de potasio (mayo de 2008), el gerente de Recursos Evaporíticos de la COMIBOL, Alberto Echazú, anunció en entrevista radial los nuevos plazos propuestos para el inicio de la producción: agosto de 2012 para el cloruro de potasio y octubre del mismo año para el carbonato de litio. A cuarenta años del comienzo de las investigaciones sobre los recursos minerales de los salares del altiplano sur, y tras múltiples intentos de ceder los yacimientos de litio y potasio a la industria química transnacional a cambio de la promesa del derrame económico, el bloque social campesino-indígena en el poder logró por primera vez avances materiales concretos, llevando a Bolivia a ser el único país del Cono Sur en prohibir las concesiones sobre sus reservas y fundar una empresa pública que busque su industrialización, en base a un proceso autónomo y soberano, en función de las propias necesidades sociales.
Sin embargo, un primer análisis de los hechos históricos que definieron (y definen) la forma de dicho proceso, vuelve cada vez más difícil explicar (y justificar) el incumplimiento de los plazos anunciados por los problemas climáticos o aquéllos intrínsecos a todo proceso de desarrollo tecnológico. A esta altura de los acontecimientos, pueden visualizarse tres presiones o fuerzas que (combinadas) conspiran contra la realización de los desafíos propuestos. En primer lugar, las grandes empresas transnacionales de la química básica y sus Estados de origen que, en función de las propias necesidades de reproducción ampliada, presionan sistemáticamente para acelerar la elaboración de los compuestos básicos exportables, presentándose como la mejor alternativa de desarrollo ante cada inconveniente que (inevitablemente) afronta el emprendimiento estatal.
Por otro lado, la emergencia de reclamos regionalistas que, legitimados por las urgentes e históricas necesidades sociales del departamento más pobre de Bolivia, presionan para acelerar la producción de commodities (carbonato de litio y cloruro de potasio) en función de las futuras regalías que generaría su exportación. En este sentido, los Comités Cívicos Departamentales como el de Potosí, organizaciones civiles de carácter regional que se organizaron en la década del 70 en oposición a la dictadura militar, levantan las demandas de las regiones históricamente marginadas, y desde el comienzo del actual período democrático exigen la “descentralización político-administrativa del país; entendiéndose ésta como sinónimo inequívoco de un mayor control sobre los recursos generados por las regiones, mayormente provenientes de la explotación de sus recursos naturales” (Arze y Lea Plaza, 1996). Sin embargo, no puede ignorarse que estas demandas también han sido analizadas por las empresas transnacionales, que bajo el concepto de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) desarrollaron múltiples mecanismos de manipulación para acceder a los bienes naturales, atendiendo los reclamos inmediatos de las comunidades locales. Otra de las formas en que se expresan los reclamos regionalistas, consiste en la emergencia de proyectos tecnológicos alternativos a partir de acuerdos entre universidades regionales y organismos científicos de países expresamente interesados en la provisión de carbonato de litio, acuerdos que por otra parte se dan sobre la inexistencia de un sistema nacional integrado de ciencia y tecnología.
Finalmente, aunque no menos importante, las dificultades que la burocracia administrativa y política imponen en una suerte de auto-boicot sobre todo proyecto productivo estatal. En este sentido, la descolonización del Estado (permanentemente declamada por los más diversos sectores sociales y políticos de Bolivia, y especialmente urgente en el caso de las empresas públicas productivas) requiere, en el corto y mediano plazo, de nuevas formas de agencias estatales que, sin caer en esquemas corporativos, puedan instituir mecanismos de control social y evitar que, bajo el disfraz de las “cuestiones administrativas” involuntarias, se tomen decisiones no ratificadas por compromisos políticos públicos. En el largo plazo, estas nuevas agencias estatales requerirán a su vez de una política específica que apunte a reemplazar los actuales mecanismos administrativos, tributarios de un Estado dependiente, a partir de la formación de nuevos funcionarios públicos. En los hechos, esto se traduce en la necesidad de una activa política universitaria y de ciencia y técnica, que recupere e integre a nivel nacional los avances existentes, involucrando a los sectores medios-urbanos en las tareas pendientes del proceso de cambio.
El proceso de aprendizaje que la planta piloto estatal del Salar de Uyuni supone, no sólo incumbe a los problemas técnicos de la química básica.
Situaciones
Situación 1
La UATF de Potosí conjuntamente la UMSA de La Paz han llevado adelante, hasta su conclusión, la elaboración a nivel de factibilidad del Proyecto de planta piloto para obtención de carbonato de litio (1992). El montaje y operación de esta planta, diseñada para el terreno firme de la planicie de Alcka Orcko y la Serranía de Llipi Llipi al Sur del Delta del Río Grande.
Situación 2
Iniciativas gubernamentales y aperturas para abrir concesiones a las empresas trasnacionales. Estas propuestas y proyectos de explotación del Salar de Uyuni, incluso de industrialización del litio otros componentes de los minerales de la costra del salar, están definidas en los marcos que establecen a las empresas trasnacionales, quedando disminuida notoriamente la participación nacional y estatal.
Situación 3
El “gobierno progresista”, teniendo como base y referente la condición de los recursos naturales, que establece la Constitución Política del Estado Plurinacional Comunitario y Autonómico, incluyendo al Litio, proyecta una política de explotación e industrialización del Litio bajo el control estatal al 100%. Después de casi una década los resultados son pírricos; tampoco se cumplen las metas trazadas. Por otra parte, el “gobierno progresista” no descarta abrirse a convenios y contratos con empresas trasnacionales; con algunas de ellas, sobre todo coreanas, entra en arreglos y compromisos; sin embargo, si bien se puede decir que el gobierno boliviano cumple con la parte que le corresponde, de acuerdo a los documentos de compromiso y de contratos, no lo hace la empresa trasnacional, que, además de llevarse toneladas del salar, termina de patentar una nueva tecnología de industrialización del Litio, sin participación de Bolivia.
Situación 4
La situación de la explotación e industrialización del Litio queda incierta. Por lo menos, en lo que respecta a la información de parte del gobierno no se tiene ningún horizonte claro; a no ser que el “gobierno progresista” esté jugando otras cartas bajo la mesa; como, por ejemplo, haber ofertado, incluso licitado, comprometiendo los recursos naturales sin cumplir con la Constitución, ni consultar al pueblo, el propietario reconocido constitucionalmente de los recursos naturales.
Periplos desarrollistas
Los ciclos largos del capitalismo contienen también, como parte de sus composiciones cíclicas, los ciclos de las materias primas, que son subsumidas a las vorágines de la producción para la valorización del valor. Hablamos del ciclo de la plata, del ciclo del estaño y del ciclo de los hidrocarburos, en lo que respecta a los ciclos del capitalismo dependiente, que experimenta la formación social-económica boliviana. Con esta mirada retrospectiva, en el análisis del presente, la pregunta es: ¿habrá un ciclo del litio? En relación a esta pregunta, surge otra: ¿este ciclo del litio estará ligado a otro ciclo largo del capitalismo? No podemos responder a estas preguntas, pues sus respuestas se encuentran, por así decirlo, en el futuro. Tampoco queremos hacer ningún pronóstico al respecto. Lo que vamos a hacer es interpretar la breve historia del litio que nos transmite Federico Nacif en Minería metalífera en Argentina y Bolivia: modalidades de radicación y proyectos políticos nacionales. El caso del litio.
Lo primero que se observa en la exposición citada es el periplo del país por incursionar en rubros monopolizados por empresas trasnacionales. En principio, parece menos fácil que incursionar en otros rubros de minerales, los que podríamos llamar tradicionales de la absorción de materias primas por parte de la industria. Sobre todo, esto se hace patente cuando el Estado-nación, que administra los recursos naturales del país, pretende controlar, por lo menos la base misma de la explotación. Para las empresas trasnacionales esto les parece un despropósito; el Estado-nación puede beneficiarse con la renta, cuya tributación tiende a ser más baja que en otros rubros; pero, no debe inmiscuirse en la administración y menos en la conducción de la orientación de la explotación, ni pensar cuando se trata de industrialización. Cuando se llega a acuerdos de participación, como el caso de Chile, la participación es preponderante y mayoritaria para la empresa trasnacional, no para el Estado o la empresa nacional. En todo caso, ni el Estado ni el país controlan todo el proceso de externalización, tampoco, mucho menos, la cadena productiva.
Lo segundo que se observa es la miope visión de los gobernantes y “estrategas” del “desarrollo”, partidarios de las concesiones a las empresas trasnacionales. Se trata de burócratas o especialistas que deducen sus estimaciones y proyectos del consabido prejuicio de subalternidad, de la que parten: no se puede hacer nada sin el capital internacional. La inyección de capitales y el aporte tecnológico, sumado a la experiencia de estas empresas, es como la condición inicial e indispensable. Entonces, de partida las empresas trasnacionales cuentan con aliados nativos para garantizar y hacer cumplir con la buena marcha de sus intereses. Cuando algún “gobierno progresista” incursiona, desde su perspectiva nacional-popular, como que traza nuevas condiciones políticas y económicas, además de una nueva estructura en los términos de intercambio; empero, no tarda en ceder a las presiones, reculando, si bien no al punto sumiso de los liberales nativos y los neoliberales periféricos, lo hace a distancias próximas a estas actitudes entreguistas.
Lo tercero que se observa es la pugna por la participación en la renta extractivista. No hablemos del interés del Estado, que sería una mención abstracta, sino hablemos de su intermediación gubernamental, del interés del gobierno, incluso del interés de los gobernantes. Por otro lado, del interés de las regiones; en este caso, también suena a abstracto; por eso, hablemos del interés de ls instituciones regionales. Yendo a lo local, también se hacen sentir los intereses locales; en este caso depende si se trata de instituciones de gobierno local o de comunidades. En el caso del gobierno local, sucede algo parecido a los intereses anteriormente mencionados, solo que en una escala local. Sin embargo, si se trata de comunidades, sobre todo de comunidades indígenas, los intereses comunitarios contrastan notoriamente con la gama de intereses estatales, en sus distintas escalas. Las comunidades tienden a defender sus espesores territoriales y las armonías eco-sistémicas.
Lo cuarto que se observa es que estas incursiones en la explotación extractivista se diseñan en proyectos no integrados al conjunto de las dinámicas de la economía, menos al conjunto de las dinámicas sociales. Se los concibe como islas, como si no formaran parte de realidades sociales-políticas-económicas-culturales concretas. La articulación de estos proyectos con el resto de la economía nacional es asunto de Estado, no de su imbricación inmediata y fáctica, como parte de una formación territorial-social-económica-cultural. Por lo tanto, de principio, funcionan como dispositivos de separación, regenerando las economías políticas implícitas en los ámbitos de relaciones políticas-económicas nacionales e internacionales.
Lo quinto que se observa es que estos periplos desarrollistas, sean liberales, neoliberales o “progresistas”, incluyendo a los interregnos de las dictaduras militares, forman parte del mismo proceso de subalternización y dependencia de la economía-nacional a la economía-mundo, del Estado-nación al sistema-mundo capitalista. La ilusión del desarrollo tiene encandilados a unos y otros, a las distintas formas de gubernamentalidad, a las distintas formas ideológicas. Creen que las nuevas incursiones en lo mismo, extractivismo, incluso, suponiendo este logro, la industrialización, van a ser distintas a las anteriores, donde la experiencia social e histórica mostró palmariamente los decursos de la fatalidad de la dependencia. Están lejos de una mirada crítica de lo que se hizo en el pasado; aunque se indilguen los unos a los otros las culpabilidades, esto no equivale de ninguna manera a la labor crítica, sino al lamentable estilo de acusaciones mutuas.
Entonces estamos ante uno más de los periplos desarrollistas frustrantes. Que, además, repite las mismas prácticas sinuosas por donde se destila la corrosión institucional y la corrupción. No solo pasa como si no se hubiera aprendido nada, que ya es mucho decir, sino que se insiste en los mismos guiones, en parecidas retóricas, en repetidas promesas, embaucando a los pueblos en procesos de externalización, donde los únicos que se benefician, fuera de las empresas trasnacionales, que se llevan gran parte de la torta, son los burócratas de turno.
[1] Ver Descolonización y transición. https://issuu.com/raulpradaalcoreza/docs/descolonizaci__n_y_transici__n_2.do.
[2] Ver Subalternidad y máquinas del sistema-mundo. https://issuu.com/raulpradaalcoreza/docs/subalternidad_y_m__quinas_del_siste.
[3] Ver Colonialismo extractivista y dependencia con el litio.
https://dinamicas-moleculares.webnode.es/news/colonialismo-extractivista-y-dependencia-con-el-litio/.
[4] Leer Bolivia y el plan de industrialización del litio: un reclamo histórico, de Federico Nacif. Un avance del proyecto de investigación “Minería metalífera en Argentina y Bolivia: modalidades de radicación y proyectos políticos nacionales. El caso del litio”, en el marco del Programa de Becas CLACSO-Asdi 2012. http://www.centrocultural.coop/revista/1415/bolivia-y-el-plan-de-industrializacion-del-litio-un-reclamo-historico.