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Qué le están dando de comer a los venezolanos que se quedan en el país?
Hemos visto que todos los productos brasileños como la harina Nutrivita, el aceite Concordia, la mayonesa y la salsa de tomate marca Saude, son fabricados con componentes “genéticamente modificados” y almidón transgénico. Se lee en las etiquetas porque la regulación brasileña obliga a las empresas a declararlo así y por eso rotulan de esa manera, como una advertencia al consumidor.
En Venezuela nadie está obligado a eso y aquellos que creen que la harina pan de la Polar es muy bendita pues se equivocan. Don Lorenzo Mendoza, el amigo de todos, también importa el maíz transgénico de México y con eso fabrica su generosa harina pero no lo advierte en el empaque.
Importación de transgénicos amenaza salud del pueblo y burla legado de Chávez
Por: Luisana Colomine | Viernes, 20/04/2018
Aporrea
“Aquí en Venezuela estamos trabajando y ya hemos prohibido un ensayo que nos querían meter por ahí con transgénicos y estamos poniendo la barrera respectiva a nivel nacional a los transgénicos, que le hacen mucho daño a la agricultura y sobre todo a la soberanía de nuestros pueblos”, expresó el Comandante Hugo Chávez Frías el 18 de abril de 2004, en la edición Nro. 189 del programa “Aló Presidente”.
Pero realmente y para decepción nuestra, en Venezuela no existe una regulación específica que impida la importación de productos terminados elaborados a base de transgénicos. Solo la moral y eso de “cumplir con el legado de Chávez”, frase que muchos chavistas, del Presidente Maduro para abajo, enarbolan a cada rato, es lo único puede salvarnos.
La Constitución, en sus artículos 127 y 305 demanda del Estado la protección ambiental del país. El 127 expresa que “el Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica. El genoma de los seres vivos no podrá ser patentado, y la ley que se refiera a los principios bioéticos regulará la materia. Es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos, de conformidad con la ley”.
El artículo 305 plantea en su primera parte: “El Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral a fin de garantizar la seguridad alimentaria de la población; entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a éstos por parte del público consumidor”.
La negativa de Hugo Chávez aquel 18 de abril, fue otra llamarada del grito de independencia que se conmemoraría al día siguiente, una esperanza para los movimientos campesinos y ecológicos de liberar a Venezuela del “agronegocio”, considerado un instrumento de saqueo de las corporaciones como Monsanto, Cargill, Dreyfuss, entre otras. Empresas estadounidenses que son hegemónicas en los modelos dependientes de otros países como Argentina, Brasil, Paraguay, México y Uruguay, donde se impone el monocultivo de soja y con él, una agricultura sin agricultores y una sociedad sin soberanía sobre sus bienes más preciados.
Pasó el tiempo y en el año 2015, la Asamblea Nacional, presidida por Diosdado Cabello, aprobó la Ley de Semillas, publicada en la gaceta oficial extraordinaria No. 6.207, el 28 de diciembre de 2015, es decir fue de las últimas cosas que hizo el parlamento revolucionario.
Por esos días los medios reseñaron las declaraciones del diputado Alfredo Ureña, ex coordinador del equipo parlamentario que trabajó en dicho proyecto, quien entonces afirmó: “no se puede usar estas semillas transgénicas, que son organismos genéticamente modificados por lo que tienen efectos colaterales negativos sobre la salud animal y salud humana, es una discusión que incluso existe a nivel mundial, y que el comandante Chávez ya manifestaba desde el año 2004″.
El objeto del instrumento legal quedó plasmado en el artículo 1: “preservar, proteger, garantizar la producción, multiplicación, conservación, libre circulación y el uso de la semilla; así como la promoción, investigación, innovación, distribución e intercambio de la misma, desde una visión agroecológica socialista, privilegiando la producción nacional de semillas”.
Es decir, una gran responsabilidad para ministros, juntas agrícolas, profesionales diversos, investigadores, empresarios agroalimentarios, distribuidores de insumos agrícolas y grandes productores.
Y en su artículo 9 “queda prohibida la producción, importación, comercialización, distribución, liberación, uso, multiplicación y entrada al país de semillas transgénicas (…)” pero no se incluyó en esta legislación la importación y distribución de productos elaborados.
De todas maneras la oposición no apoyó esa Ley. El diputado Iván Colmenares, del Estado Portuguesa, la tildó de “inviable por su marcado sesgo ideológico, carácter anti transgénico y tenor inconstitucional”. La consideró “discriminadora del sector privado y de la población no alineada con el proceso. También es altamente contradictoria, porque defiende las semillas originarias, de las etnias y campesinas, pero sin propuestas tangibles para fomentar su producción”. Así que si ahora se oponen a la importación de transgénicos es pura politiquería.
Buscando en otras fuentes, nos fuimos a la Ley del Plan de la Patria, y allí el comandante Chávez materializó aquello que dijo en su Aló Presidente y allí sí incluye “productos transgénicos”. En el objetivo nacional 1.4 “Lograr la soberanía alimentaria para garantizar el sagrado derecho a la alimentación de nuestro pueblo”, escribió:
“Incrementar la producción y protección nacional de las semillas de rubros estratégicos, a fin de satisfacer los requerimientos de los planes nacionales de siembra para consumo, protegiendo a la población del cultivo y consumo de productos transgénicos y otros perjudiciales a la salud.(subrayado nuestro)
Es decir que por allí pudiera haber una ventanita (y es nuestra propuesta) para que el presidente Maduro legisle por la vía habilitante y en una ley de pocos artículos se regule la importación de productos genéticamente modificados. Es algo necesario porque allí se pueden prefigurar delitos y sus sanciones correspondientes, aspectos que por cierto, no están en la Ley del Plan de la Patria.
El Clap y los transgénicos
Por estos días crecen las denuncias de los alimentos que está importando el Ministerio de Alimentación para los Comités Locales de Abastecimento y Producción (CLAP). Vienen productos de Turquía, Guyana, Colombia, Argentina, México, etc…
Hemos visto que todos los productos brasileños como la harina Nutrivita, el aceite Concordia, la mayonesa y la salsa de tomate marca Saude, son fabricados con componentes “genéticamente modificados” y almidón transgénico. Se lee en las etiquetas porque la regulación brasileña obliga a las empresas a declararlo así y por eso rotulan de esa manera, como una advertencia al consumidor.
En Venezuela nadie está obligado a eso y aquellos que creen que la harina pan de la Polar es muy bendita pues se equivocan. Don Lorenzo Mendoza, el amigo de todos, también importa el maíz transgénico de México y con eso fabrica su generosa harina pero no lo advierte en el empaque.
La crisis, la guerra económica y la escasez de productos de primera necesidad golpea al pueblo y por eso se habrán visto en la necesidad de importar cualquier cosa pero nos preguntamos ¿dónde queda entonces el legado de Hugo Chávez? ¿No lo burlan los funcionarios chavistas que seguramente aprueban los recursos para importar esos transgénicos? ¿Dónde está la moral revolucionaria? ¿Cuál es el rol del ministro de Salud, del Instituto Nacional de Nutrición que deben velar por la protección del pueblo?
Cuando vemos el programa del ministro Castro Soteldo, Cultivando Patria, también nos preguntamos ¿dónde está la prosperidad que muestra en TV? ¿Dónde está ese país? Allí se aprecia tanto desarrollo y producción que francamente no entendemos por qué Venezuela tiene que importar gran parte de lo que consumimos. La otra vez le mandé un mensaje de texto al ministro que transmitía desde una granja avícola donde se producen tres mil huevos diarios. Las gallinas ponedoras enormes y unos huevos espectaculares. Le pregunté: ¿Por qué los huevos son tan caros? Me respondió: “por culpa de los distribuidores…”
Muchas veces tenemos que comprar los alimentos en mercados al aire libre que han proliferado de manera indiscriminada no solo en Caracas sino en toda Venezuela. Venden a los precios que les da la gana, cobran un impuesto por el punto de venta que encarece los bienes o arreglan las balanzas para alterar el peso de los productos. No hay supervisión de ninguna autoridad del gobierno, nadie cumple con las condiciones mínimas, ni sanitarias ni de refrigeración, como se puede observar en este video casero un improvisado “abanico” espantando moscas a la carne y el pollo que ofrecen a precios inalcanzables.
La seguridad y soberanía alimentaria son aspectos que nos atañen a todos y todas pero al final es el gobierno el que toma las decisiones.