Imprimir
En esta guerra contra la humanidad, en la que está en juego la sobrevivencia misma de la especie humana, los pueblos originarios de todos los continentes constituyen los sectores socio-étnicos mejor preparados para enfrentarla debido a sus formas de organización y toma de decisiones tendencialmente colectivistas, que, en muchos casos, conlleva la formación de autogobiernos y la adopción de economías redistributivas y autosustentables, y, sobre todo, de cuidado de la Madre Tierra; a sus resistencias en defensa de los territorios asediados por las corporaciones capitalistas, en las que el crimen organizado amenaza directamente no sólo territorios sino también la existencia de la cultura indígena y la vida misma de los integrantes de los pueblos originarios.
¿Prohibido pensar?
Gilberto López y Rivas
La Jornada
Los semilleros-conversatorios organizados por el EZLN, como el que tiene lugar esta semana en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, constituyen espacios abiertos al pensamiento crítico sobre lo que ocurre en México, –y en el ámbito planetario–, con la imposición de la globalización neoliberal basada en la guerra social, el despojo y la violencia sistémica y cotidiana propios de un proceso de recolonización de nuestros países.
Recordamos, en esta dirección, una de las tesis sobre las luchas antisistémicas del difunto subcomandante insurgente Marcos, que considero necesario asumir en su profundidad y actualidad: “No se puede entender y explicar el sistema capitalista sin el concepto de guerra. Su supervivencia y su crecimiento dependen primordialmente de la guerra y de todo lo que a ella se asocia e implica. Por medio de ella y en ella, el capitalismo despoja, explota, reprime y discrimina. En la etapa de globalización neoliberal, el capitalismo hace la guerra a la humanidad entera. ( Escritos sobre la guerra y la economía política. México, Pensamiento Crítico Ediciones, 2017, p. 275)”
El análisis de la coyuntura electoral en curso tiene sentido cuando se fundamenta en este contexto de mundialización capitalista militarizada y criminal, en el que la democracia procedimental se viene abajo y entra en una crisis sin retorno, caracterizada por la pérdida de legitimidad y credibilidad de las entidades responsables de llevar a cabo, vigilar y sancionar la pretendida legalidad de esos procesos electivos.
La entrada de dos conocidos delincuentes electorales como candidatos supuestamente independientes a la Presidencia de la República es una demostración más del palpable deterioro institucional del Estado mexicano, desgastado gravemente por ese conflicto armado no reconocido, esto es, la guerra que inició Felipe Calderón y continuó Enrique Peña Nieto.
Especialmente resulta grotesca, y fuera de toda lógica jurídica, la resolución de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de avalar el registro del Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco, en la boleta electoral para la Presidencia, cuando a todas luces sus firmas de apoyo ciudadano fueron obtenidas por medios fraudulentos; muchas eran apócrifas o simuladas; para respaldar otras miles ni siquiera presentó credenciales de elector; además, utilizó para su campaña recursos públicos, otros de procedencia desconocida o sospechosa, de empresas fantasmas; no reportó millones de pesos al INE, y, por si esto fuera poco, participaron en la recolección de firmas funcionarios de su fallida administración estatal. Asimismo, la forma adulterada e ilegal de obtención de apoyo ciudadano, el origen y ejercicio de los recursos monetarios de Margarita Zavala, han sido muy cuestionados, y, es claro, ambos personajes de la picaresca nacional no resisten una investigación judicial, al menos, por presuntos delitos electorales y fiscales.
La campaña de apoyo ciudadano de María de Jesús Patricio Martínez, en el otro polo equidistante, puso en evidencia la calaña moral de la clase política profesional y la de la partidocracia, y demostró una paradoja de los tiempos neoliberales, la izquierda antisistémica es la única capaz de actuar con honestidad y con base en principios éticos, respetando la legalidad y las reglas del juego, mientras las instituciones gubernamentales violentan sus propias leyes y reglamentos, actúan con discrecionalidad, acorde a sus intereses de clase, y son los principales enemigos del sistema de democracia representativa capitalista. El proceso electoral, en consecuencia, estará marcado por lo que ya se vislumbra como elección de Estado, que, en el caso mexicano, se caracteriza por un desvío de poder, esto es, por su carácter delincuencial. Esto significa que los poderes fácticos, los grupos mafiosos dominantes que lo sostienen, serán los que en última instancia decidirán quién puede garantizar la continuidad del sistema de explotación-dominación capitalista imperante y utilizarán los aparatos represivos con los que cuenta el Estado, legales y clandestinos, para tratar de imponer su candidato.
Por otra parte, la propuesta del Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, de conformar un Concejo Indígena de Gobierno, cuyo propósito es la reconstitución de los pueblos originarios, el establecimiento de alianzas con los explotados y oprimidos del país, conformando redes territoriales de apoyo y organización, coincide plenamente, con otra de las tesis del fallecido sub Marcos: las grandes transformaciones no empiezan arriba ni con hechos monumentales y épicos, sino con movimientos pequeños en su forma y que aparecen irrelevantes para el político y el analista de arriba. ( Ibíd., p. 276)
En esta guerra contra la humanidad, en la que está en juego la sobrevivencia misma de la especie humana, los pueblos originarios de todos los continentes constituyen los sectores socio-étnicos mejor preparados para enfrentarla debido a sus formas de organización y toma de decisiones tendencialmente colectivistas, que, en muchos casos, conlleva la formación de autogobiernos y la adopción de economías redistributivas y autosustentables, y, sobre todo, de cuidado de la Madre Tierra; a sus resistencias en defensa de los territorios asediados por las corporaciones capitalistas, en las que el crimen organizado amenaza directamente no sólo territorios sino también la existencia de la cultura indígena y la vida misma de los integrantes de los pueblos originarios.
Particularmente, en América Latina, los pueblos indígenas están en lucha permanente contra los neolatifundistas y sus modernas guardias blancas, ahora, con el uniforme de las compañías de seguridad; contra las consorcios que intentan adueñarse de las semillas e introducir variedades transgénicas; contra las empresas mineras que envenenan con mercurio y cianuro todo el entorno circundante, contaminando ríos y corrientes subterráneas; contra la privatización del agua; contra los megaproyectos carreteros, eólicos, turísticos e hidroeléctricos; en suma, contra todo lo que apoya la clase política que aspira a gobernar en nombre de la democracia y el progreso.
La lucha continúa. Hay vida después del primero de julio.