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Las barricadas de adoquines, símbolo de la insurrección contra el tirano Somoza en 1979, volvieron a levantarse en las ciudades de Estelí y Matagalpa (norte) y en Masaya, cerca de Managua, donde viejos y aguerridos combatientes del barrio indígena de Monimbó se sumaron a las protestas.
¿Cómo se gestó la rebelión que amenaza a Nicaragua?
Casi 40 años después de la caída del dictador Anastasio Somoza, las barricadas volvieron a levantarse esta semana en las calles de Nicaragua. Miles de personas quemaron neumáticos, incendiaron edificios y se enfrentaron a la Policía, en la primera gran protesta que encara el presidente Daniel Ortega en sus 11 años de Gobierno.
Por DPA / Nicaragua
21 de Abril de 2018 a las 10:06h
“Estoy luchando porque quieren reducir las pensiones de mis padres y dejarlos sin seguro social mientras el presidente y su familia se dan la gran vida”, dice Luis Guillermo, un alumno de segundo año de ingeniería de una universidad pública.
La sorpresiva rebelión se inició el martes pasado y en tres días dejó casi una decena de muertos y al menos 45 heridos, según las más recientes cifras oficiales. Las protestas ocurrieron en Managua y en otras 14 ciudades, donde la Policía y grupos de choque del Gobierno reprimieron a los manifestantes.
La noche (local) del viernes, la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, anunció que el presidente Daniel Ortega aceptaba “retomar el diálogo” con el sector privado para discutir una polémica reforma al Seguro Social, eje y detonante de la revuelta. Dijo que el Ortega hablaría a la nación este sábado, arropado por la comandancia del Ejército y la Policía.
Una semana antes de los hechos, alumnos de universidades privadas habían protestado espontáneamente por la indolencia oficial ante un voraz incendio que consumió 5 mil hectáreas de la reserva ecológica Indio Maíz (sur).
Sin que el fuego se extinguiera por completo en el bosque, el Gobierno encendió otra caldera al modificar, sin consenso con el empresariado, el régimen de cuotas laborales y patronales del Instituto de Seguridad Social (INSS), entidad al borde de la quiebra y con un déficit de 75 millones de dólares por malos manejos administrativos.
La reforma supone aumentar hasta en 22.5 por ciento los aportes económicos de las empresas y de más de 700.000 empleados del sector formal a partir del 1 de julio próximo, y aplicar un impuesto del cinco por ciento a las ya precarias pensiones de miles de jubilados.
Las barricadas de adoquines, símbolo de la insurrección contra el tirano Somoza en 1979, volvieron a levantarse en las ciudades de Estelí y Matagalpa (norte) y en Masaya, cerca de Managua, donde viejos y aguerridos combatientes del barrio indígena de Monimbó se sumaron a las protestas.
Para la socióloga Elvira Cuadra, se trata de “una movilización social sin precedentes” en los últimos años, un fenómeno de protesta inédito pues los actuales protagonistas no son dirigidos por guerrilleros, partidos políticos o figuras de la oposición.
“Ellos pertenecen a las generaciones ‘de la democracia’, los que nacieron mucho después de la revolución y de la guerra (1979-90) y crecieron convencidos de que tienen derechos”, señaló.
Opinó que la juventud sorprendió así a quienes les recriminaban su aparente apatía o su desinterés en apoyar a la dispersa y desacreditada oposición y sus insistentes denuncias de fraudes electorales. Sólo les faltaba reaccionar.
Según Cuadra, la reforma fue la gota que rebasó un vaso colmado de acciones impopulares. “El Gobierno pensó que podría contener infinitamente el descontento acumulado por la quiebra del INSS, el incendio en Indio Maíz, las alzas a la gasolina y la electricidad, la descarada corrupción y otros abusos”, subrayó.
Los disturbios continuaron hasta muy tarde el viernes, mientras la Policía mantenía sitiadas tres importantes universidades en Managua, con decenas de alumnos atrincherados en su interior.
Como hace 40 años, las iglesias abrieron sus puertas para dar refugio a jóvenes perseguidos, mientras en los barrios la gente recolectaba agua y medicinas para los estudiantes.
Otros grupos, aparentemente asociados a pandillas juveniles, incendiaron la sede del sandinista Consejo Universitario en León (oeste) y las instalaciones de Radio Darío, mientras en Granada (sureste) fue parcialmente quemado el edificio de la Alcaldía. En Estelí, el Ejército salió por primera vez a patrullar las calles.
Rótulos gigantes con los rostros de Ortega y su esposa fueron destruidos en Jinotepe (sur), mientras en Managua cayeron derribados al menos cuatro de los 134 “árboles de la vida” o “arbolatas”, los más conocidos símbolos “kitch” del poder y que la primera dama instaló en calles y rotondas hace cinco años.
Se espera que el Gobierno y el sector privado se sienten a conversar el lunes próximo. Líderes estudiantiles y de la sociedad civil que les apoya han anticipado en las redes sociales que “los empresarios no nos representan” y exigen “un verdadero diálogo nacional”. Los más radicales quieren “a Ortega y su desgobierno fuera del poder”.