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La lucha de base comunitario campesina en Tariquía representa casi la única que ha ido a contrapelo de las dirigencias y estructuras nacionales del sindicalismo campesino -ahora paraestatal-, y del discurso de desarrollo modernizador imperante.
Además, es una lucha encarnada principalmente por las mujeres de las comunidades, quienes desde el deseo de conservar la gestión de una forma de vida/territorio propia- han enfrentado y sorteado los múltiples y violentos mecanismos de disciplinamiento que se les imponen.
Tariquía de pie: una lucha campesina contra el extractivismo petrolero
Las mujeres de las comunidades de la Reserva han tomado el protagonismo en la defensa de su territorio. En su búsqueda de conservar la gestión de una forma de vida y territorio propios, han enfrentado y sorteado los múltiples y violentos mecanismos de disciplinamiento que se les imponen.
Tariquía de pie: una lucha campesina contra el extractivismo petrolero Abecor
IDEAS
domingo, 22 de abril de 2018 · 00:09
Claudia López y Paloma Tórrez Ivestigadoras
El marco general de la lucha campesina en Tariquía es un escenario de profundización y expansión de lo que podríamos llamar el régimen de acumulación extractivista en Bolivia, régimen que implica el arrasamiento y transformación de territorios en zonas “de sacrificio”, para capitales millonarios de empresas transnacionales.
En este contexto, la apuesta del Gobierno boliviano a favor de la maximización de la obtención del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y regalías por explotación de recursos no renovables, implicó la expansión exponencial de la frontera petrolera en estos últimos 12 años.
Datos del Centro de Documentación e Información de Bolivia, CEDIB, muestran que de 2,1 millones de hectáreas destinadas a actividades petroleras e hidrocarburíferas el año 2006, se pasa 29 millones de hectáreas el 2017.
Esto no habría sido posible sin un aparato legal y acciones políticas, que implican la flexibilización de normativas ambientales, así como la desestructuración de organizaciones indígenas y de los movimientos indígenas de tierras bajas y altas. Los decretos supremos 2298, 2366 y 2400, significaron la apertura de áreas protegidas como la Cuenca del Río Madre de Dios para la actividad hidrocarburífera y petrolera; la modificación del derecho a la consulta previa, libre e informada, convertida en otra herramienta más de imposición de proyectos extractivos; así como la consolidación de parámetros ambientales que facilitan las actividades extractivas.
Así, se dio un viraje cambiando las reglas de juego, dando prioridad a las grandes petroleras y al capital antes que al medioambiente y a las comunidades de las áreas y zonas que se abren y concesionan. La normativa afecta a 11 de las 22 áreas protegidas del país.
La Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, ubicada en el departamento de Tarija, es uno de los casos mencionados. Dicha Reserva fue creada para la protección de zonas de recarga hídrica. Allí viven comunidades campesinas dedicadas principalmente a la ganadería, agricultura en pequeña escala y recientemente a la apicultura. A partir de las normativas mencionadas de 2015, la zona se ha convertido en área de exploración hidrocarburífera, y vive bajo la constante presión y amenazada de despojo por parte de empresas nacionales y transnacionales, así como de la estructura política afín al partido de gobierno.
Aunque, desde hace un par de décadas, las actividades petroleras ya se desplegaron en la Reserva, es en estos últimos años que se consolida la concesión de más del 50% de su territorio para la actividad hidrocarburífera, con la presencia de Shell y de Petrobras. Otro ejemplo es el Parque Nacional Iñao, en el que un 90% de su territorio fue concedido a la exploración energética.
Las amenazas cercan a las comunidades campesinas. Recientemente éstas han denunciado la imposición de proyectos empresariales turísticos inconsultos, y al proyecto hidroeléctrico Cambarí, que afectará la zona núcleo de la Reserva, es decir el lugar de ecosistemas de mayor protección de ésta.
Mujeres
La lucha de base comunitario campesina en Tariquía representa casi la única que ha ido a contrapelo de las dirigencias y estructuras nacionales del sindicalismo campesino -ahora paraestatal-, y del discurso de desarrollo modernizador imperante.
Además, es una lucha encarnada principalmente por las mujeres de las comunidades, quienes desde el deseo de conservar la gestión de una forma de vida/territorio propia- han enfrentado y sorteado los múltiples y violentos mecanismos de disciplinamiento que se les imponen.
En relación al desarrollo del conflicto, las 10 comunidades del cantón Tariquía lograron en un inicio consenso frente a la ofensiva estatal-capital y organizaron movilizaciones para visibilizar su oposición a la entrada de petroleras a la Reserva y por la defensa y/o la conservación de formas de vida propias que garantizan la reproducción articuladas en pequeña escala al mercado capitalista.
La organización fundamental es el sindicato agrario afiliado a la Central campesina a través de la Subcentral Tariquía, dependiente de la Federación Departamental de Campesinos del departamento de Tarija. Ese espacio político fue ocupado sobre todo por las mujeres quienes a su vez organizaron un frente paralelo denominado Comité de Defensa de la Reserva de Tariquía.
De ese modo se oponen a la entrada del Estado y las empresas petroleras a la Reserva. Un rasgo particular de este conflicto es que las comunidades no abandonan el espacio sindical y más bien lo refuerzan organizando el Comité de Defensa, desde donde también consolidan el veto a los proyectos exploratorios.
Las comunidades expresan que esta instancia se organiza para contraponer los intentos de división, cooptación y soborno no solo por la Federación de Campesinos del departamento, sino de diversas instancias estatales. Contra la organización autónoma en lucha, la gente que impulsa el proyecto de exploración conformó un “Comité de Desarrollo”, revelador nombre para una organización pro petrolera, cuyo rol hasta ahora ha sido el de desinformar, dividir las comunidades apoyando proyectos estatales de vivienda, y popularizar el discurso de las regalías y el progreso.
La presencia femenina en la lucha comunitaria en Tariquía es importante. Ésta nos permite comprender las separaciones que produce el capital, entre ellas y entre la sociedad y la naturaleza, así como el ejercicio antagónico de los colectivos que se le enfrentan.
Las mujeres de Tariquía impulsan, junto a los hombres, las movilizaciones, pero son principalmente ellas quienes están enfrentando la ocupación empresarial y estatal en sus comunidades, con una serie de estrategias creativas contra los dispositivos opresivos que se les está imponiendo. Lo hacen por medio de formas de reapropiación del espacio, como cuando en agosto de 2017, desalojaron pacíficamente a los trabajadores de Bolpegas (Bolivia Petróleo y Gas) quienes operaban ilegalmente en Motoví y San Pedro con sobrevuelos de helicópteros que atemorizaban a los niños.
Datos del conflicto
20 de mayo de 2013 Más de 100 mujeres de las comunidades de Tariquía organizan la Asociación de Mujeres Emprendedoras Agrícolas de Tariquía – AMEAT con personería jurídica N° 98/2016. En un inicio, las mujeres se organizaban para desarrollar actividades productivas. Actualmente los seis centros combinan las tareas de tejidos, apicultura, etc., con los objetivos de la defensa del Comité de Defensa de la Reserva.
10 de julio de 2015 Aprobados los Decretos 2298, 2400, 2366, que permiten la exploración petrolera en zonas y áreas protegidas, los representantes de Tariquía de 10 comunidades se reúnen y arman una carta que demanda a las autoridades del Gobierno central y departamental información sobre los alcances del decreto.
Primer trimestre de 2016 Al enterarse de la amenaza por la entrada de las empresas, las comunidades de Tariquía organizan una comisión conformada por representantes de las 10 comunidades que viaja a conocer campos petroleros en el Chaco tarijeño en Sanandita y Palmar Grande, en el parque nacional Aguaragüe. La comisión retorna muy desanimada e informa los efectos negativos de las actividades petroleras.
27 de marzo de 2016 Diez comunidades de la Reserva Tariquía, en Asamblea, emiten una resolución que rechaza de manera unánime los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en la Reserva. La posición comunitaria y el veto a las petroleras se mantiene.
19 de marzo de 2017 Se organiza el Comité de Defensa de Tariquía, conformado por 10 comunidades ante la posición de la subcentral que respondía el Estado y a las petroleras. La lucha impulsada principalmente -pero no sólo- por la Asociación de Mujeres delega a un compañero varón a la dirigencia del Comité.
24 de abril de 2017 Las comunidades de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía salen en marcha caminando cuatro días hasta Tarija. La primera marcha encabezada por el Comité de Defensa de Tariquía se denomina “Paso a paso por la dignidad de Tariquía de pie nunca de rodillas”.
19 de agosto de 2017 El Comité de Defensa se reúne con representantes de la empresa petrolera Bolpegas para pedirles que se retiren de su territorio, puesto que estarían haciendo trabajos preparativos para un estudio magnetotelúrico que precede a la exploración hidrocarburífera. A inicios de este mes las comunidades de San Pedro y Motoví confrontan a los trabajadores de esa empresa por los sobrevuelos permanentes de helicópteros y por la ilegalidad de los trabajos. Con esta acción las comunidades a través del Comité se reapropian del territorio. Para este fecha de las 10 comunidades seis están con el Comité y a favor de la defensa, cuatro de ellas deciden ponerse a favor de la entrada petrolera y se conforma el Comité de Desarrollo.
17 de diciembre de 2017 En ampliado sindical la subcentral y el Comité deciden enviar una carta al presidente Morales con la intermediación de la Asamblea de Derechos Humanos de La Paz, solicitándole una audiencia para el mes de enero de 2018. Este pedido no tuvo respuesta hasta el momento.
18 de enero de 2018 Se firman los contratos para el área San Telmo Norte, entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) con YPFB Chaco y Petrobras. Está ubicado en las provincias Gran Chaco, O’Connor y Arce del departamento de Tarija. Astillero, en el mismo departamento, tiene un contrato entre YPFB Chaco y Petrobras Bolivia. El área Iñiguazu, ubicada en la zona de Gran Chaco, es la continuación del bloque gasífero Caipipendi, tiene contrato con Repsol.
18 de marzo de 2018 En ampliado la subcentral de campesinos de Tariquía determina que van a mantener su oposición a la entrada de las empresas petroleras en la zona señalan que “Tariquía no se va a tocar”. En el voto resolutivo reafirman la lucha y defensa. Asimismo se declaran en estado de emergencia y en movilización permanente por las amenazas de exploración que se realizan en los distritos 10 y 11 que aunque no están en el corazón de la Reserva, las comunidades conocen de las afectaciones.