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Las mayores protestas contra el presidente Daniel Ortega en sus once años en el poder y sobre todo la dura represión policial que ha dejado al menos 29 fallecidos (hay fuentes que hablan de 34 víctimas) han abierto una importante brecha entre el Gobierno y la población, especialmente los jóvenes.
Las conversaciones parten con una enorme desconfianza y reticencias entre ambas partes e incluso discrepancias en el heterogéneo abanico de sectores opositores.
Recelo entre partes negociadoras de crisis en Nicaragua hace que Iglesia actúe como mediadora
Las mayores protestas contra el presidente Daniel Ortega en sus once años en el poder y sobre todo la dura represión policial que ha dejado al menos 29 fallecidos (hay fuentes que hablan de 34 víctimas) han abierto una importante brecha entre el Gobierno y la población, especialmente los jóvenes.
Las conversaciones parten con una enorme desconfianza y reticencias entre ambas partes e incluso discrepancias en el heterogéneo abanico de sectores opositores.
26 de Abril de 2018, 08:18
Varios operarios limpiaban las pintadas de “¡Fuera Ortega!” en la rotonda Rubén Darío del centro de Managua, mientras en una plaza cercana todavía yacía en el suelo uno de los ‘Árboles de la Vida’ –gigantes figuras de hierro– derrumbados por los manifestantes durante los últimos seis días de protesta. Nicaragua toma aire tras el anuncio de diálogo ayer (24.04.2018) entre el Gobierno y los opositores en una mesa con la Conferencia Episcopal (CEN) como mediadora. Pero las conversaciones parten con una enorme desconfianza y reticencias entre ambas partes e incluso discrepancias en el heterogéneo abanico de sectores opositores.
“Es una oposición con mucho resentimiento personal y eso no permite construir diálogo con nuestro Gobierno. Son a veces posiciones personales, pero no de un movimiento de oposición y eso no les da la capacidad de ver cuál es la agenda que pueden aportar”, criticaba a Deutsche Welle la primera vicepresidente del Parlamento, Maritza Espinales, del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Ante ese recelo, Espinales considera muy importante el papel de la Iglesia. “Puede haber algún grado de desconfianza, pero no es una desconfianza que pueda superar la confianza en nuestra CEN”, afirma.
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Brecha entre Gobierno y pueblo. Las mayores protestas contra el presidente Daniel Ortega en sus once años en el poder y sobre todo la dura represión policial que ha dejado al menos 29 fallecidos (hay fuentes que hablan de 34 víctimas) han abierto una importante brecha entre el Gobierno y la población, especialmente los jóvenes. Varios retratos de los “estudiantes caídos” cuelgan en la verja de la Universidad Politécnica de Managua, fortín de los manifestantes. El ingreso es restringido y custodiado por jóvenes con morteros y pasamontañas. Varios miembros del autodenominado “Movimiento 19 de abril” nos acompañan entre morteros caseros por las aulas que ahora sirven de almacenes de insumos y puestos médicos con camillas, donde han atendido a unos 200 manifestantes heridos en esta semana.
“No queremos ningún diálogo, cuál diálogo, queremos justicia por los compañeros asesinados”, reclama Gabriel Amador, tapado con una mascarilla. Su expresión denota el cansancio que pasa factura a las decenas de jóvenes que se atrincheran en la Upoli hasta con montañas de sillas en las puertas de entrada.
Los estudiantes han exigido la destitución y el proceso judicial para toda la cadena de mandos policiales involucrados en las muertes durante las protestas, mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitará la creación de una “comisión de la verdad”.
Casi ninguno confía en el Consejo Superior de la Empresa Privada en Nicaragua (Cosep) como su interlocutor. Entre otros motivos, por la histórica connivencia entre el Gobierno y la patronal. “La Cosep siempre ha trabajado junto al Gobierno y ha avalado casi todas sus medidas. Esta vez, si los estudiantes no hubiesen salido a protestar de esa forma, quizá hubiese sido igual. Por eso se vieron obligaros a discrepar”, comenta a DW el analista Carlos Pérez sobre esa relación entre el Ejecutivo y el sector privado, uno de los pilares del mandato de Ortega que por primera vez se desmorona.
“La Cosep no representa al pueblo, sino a sus propios intereses. Si no se garantiza la participación estudiantil, no puede haber un diálogo real que logre estabilidad y paz”, considera una muchacha que prefiere no identificarse. Por su parte, el Gobierno nicaragüense asegura que habrá tres estudiantes en la mesa y tienen la voluntad de escuchar a la juventud.
¿Estrategia del Gobierno? Varias decenas de nicaragüenses volvieron a salir ayer a la calle en pequeños plantones y vigilias de homenaje. Entre carteles de “Queremos justicia” o “Nuestros muertos no dialogan”, el grito unánime era para pedir la dimisión de Ortega y su esposa, Rosario Murillo. El paso atrás del presidente el pasado domingo (22.04.2018) al revocar su decreto para la reforma de las pensiones no ha apaciguado del todo los ánimos.
Los estudiantes han exigido la destitución y el proceso judicial para toda la cadena de mandos policiales involucrados en las muertes durante las protestas, mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitará la creación de una “comisión de la verdad”, según anunció el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh). Su directora y fundadora, Vilma Núñez, afirmó a DW que “la derogación tardía del decreto de Ortega fue para ganar tiempo, fue un esfuerzo desesperado para desmontar la protesta y no lo logró”. El Cenidh recogió hasta el lunes (23.04.2018) al mediodía varios casos de maltrato a manifestantes durante las detenciones: un joven golpeado en el ojo y tres a los que pelonearon (raparon la cabeza). Algunos han denunciado en los medios locales casos de tortura, como que “los policías hacían fila para patearlos”.
Poca autocrítica en el Gobierno. Por eso, Núñez advierte de que “esto no va a parar aquí, no va a haber un borrón y cuenta nueva como el presidente quiere, esto no va a quedar en la impunidad”. La Policía anunció haber liberado a la totalidad de los manifestantes capturados, pero sin dar sus nombres y apellidos. El Cenidh sólo ha podido identificar a una cincuentena del centenar que se estima podrían haber sido detenidos. De momento, son escasas las voces de autocrítica dentro del Gobierno. “Nos toca hacer un balance crítico a los sandinistas y encontrar en qué hemos pecado”, aseveró el diputado del FSLN, Jacinto Suárez, en una de las pocas intervenciones de los oficialistas.
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La solución a la mayor crisis social del país al menos en la última década pasa por la mediación de la Iglesia, aunque también han surgido voces discrepantes con la acción del Gobierno. “El diálogo es un riesgo grande para toda la nación y la Iglesia”, pero la Conferencia Episcopal está dispuesta a correr ese riesgo, “que podría ser una estratagema del Gobierno para ganar tiempo y para alargar la situación marcada por el autoritarismo, la inconstitucionalidad, el irrespeto a los derechos humanos, la ilegalidad”, aseguró el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, el más involucrado en apoyar las protestas estudiantiles.
El inédito papel de la Iglesia. El templo de Báez, la Catedral de la Purísima Concepción en Managua, ha servido de refugio a decenas de estudiantes durante las protestas. Todavía este miércoles (25.04.2018), la nave de la catedral se usaba de almacén de alimentos e insumos para suministrar a la resistencia en la Upoli. No se permitía el ingreso de cámaras por una entrada donde se leía “No hacer fotos”, vigilada por varios encapuchados con morteros caseros y tirachinas. Los manifestantes extreman la seguridad por la amenaza constante que sienten.
“Si nos hubiésemos refugiado en otro lugar, la Policía ya habría entrado, éste es el único sitio que respetan”, asegura Varimia Talavera, una joven de 18 años estudiante de mercadeo, pero que ahora colabora en los servicios médicos improvisados por los manifestantes. Ella tampoco confía en que se vayan a incluir las reivindicaciones de los estudiantes y pide “que no sólo participe la gente mayor, gente del poder como siempre, sino también los jóvenes”.
¿Primer paso para la paz?. Ante ese escepticismo del sector estudiantil, el arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes, asegura a DW que el camino del diálogo será “bastante difícil, pero el Gobierno ha abierto espacios para que, poco a poco, se vaya dando el ambiente propicio”. Aunque reconoce que “en Nicaragua no hay cultura de diálogo, sino de agarrarse a pleitos”, se muestra “optimista y esperanzado” de lograr resultados a la mayor brevedad posible.
El Gobierno ya ha abandonado “los actos de violencia” en la represión policial, como exigieron el sábado la patronal y la Iglesia al rechazar la primera oferta de diálogo, que ahora cuenta con el marco y las condiciones que ambas partes pactaron. Todavía no se ha establecido un calendario o agenda, pero fuentes cercanas a las conversaciones sugieren que se estructurará en comisiones como en la Asamblea Nacional. Los opositores piden la supervisión de organismos internacionales para dar garantías al diálogo. Todavía queda un largo camino para obtener resultados de esos diálogos, pero de momento, cesa la violencia y las principales partes ya están dispuestas a sentarse hablar. El primer paso para recuperar la paz, aunque las heridas no se hayan cerrado.