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En octubre de 2001, Vicente Fox expidió un decreto expropiatorio que despojaba de sus tierras ancestrales a los pueblos de la orilla del lago de Texcoco, para construir un Nuevo Aeropuerto Internacional.
El pago irrisorio que fijó como indemnización, pero sobre todo la defensa de la Tierra, motivó que los pueblos de las municipios de San salvador Atenco y Texcoco, se organizaran para enfrentar a través de la movilización social y la lucha jurídica el embate del malhadado “gobierno del cambio”. En este contexto surgió el FPDT, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.
Leonel Rivero
8 mayo 2018
Atenco: Resistencia, congruencia y dignidad
Desinformémonos
Muchas cosas me unen con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), 18 años de relación profesional, un vínculo de amistad entrañable que se fortaleció al paso del tiempo con varios de sus integrantes, nuestro origen común ligado al campo.
En la actual coyuntura política, vale recordar que en octubre de 2001, Vicente Fox expidió un decreto expropiatorio que despojaba de sus tierras ancestrales a los pueblos de la orilla del lago de Texcoco, para construir un Nuevo Aeropuerto Internacional.
El pago irrisorio que fijó como indemnización, pero sobre todo la defensa de la Tierra, motivó que los pueblos de las municipios de San salvador Atenco y Texcoco, se organizaran para enfrentar a través de la movilización social y la lucha jurídica el embate del malhadado “gobierno del cambio”. En este contexto surgió el FPDT.
En julio de 2001 en el municipio de Tepexpan, Estado México, las fuerzas de seguridad de esa entidad reprimieron un acto de protesta del FPDT, y detuvieron a 12 integrantes de la organización, resultando severamente lesionado el campesino José Enrique Espinosa, que días después falleció a consecuencia de los golpes que le produjeron sus aprehensores.
La respuesta de la mayoría de los pueblos de la rivera del lago de Texcoco fue contundente, las imágenes del bloqueo carretero y la retención del entonces subprocurador de justicia del estado de México y otros funcionarios fue noticia nacional e internacional, y obligó a los gobiernos federal y estatal a dejar en libertad a 12 integrantes del frente.
La simpatía y solidaridad de un sector importante de la sociedad, y el apoyo de las organizaciones sociales, fue esencial para que el gobierno federal abrogara el Decreto expropiatorio y abriera una mesa de diálogo entre el FPDT y los gobiernos federal y estatal para solucionar la problemática social generada con motivo de las acciones en defensa de la tierra, en julio de 2003, el resultado de la negociación se concretó con la firma de un acuerdo político, que entre otras cosas, reconocía al Frente como interlocutor y gestor de las demandas sociales de la región.
El triunfo alcanzado por el FPDT y su solidaridad incondicional con los grupos que enarbolaban demandas sociales, generó un enorme respeto dentro del movimiento social, en tanto que, su reconocimiento como interlocutor y gestor, le permitió plantear a las autoridades de los tres órdenes de gobierno las demandas sociales de los pueblos de la región, fue así como varios proyectos de salud, educación, cultura y productivos se vieron materializados.
Sin embargo, los grupos de poder que vieron frustradas sus ambiciones con la derogación del decreto, acechaban a la sombra en espera de una oportunidad de cobrar venganza. La ocasión se presentó en el contexto de una serie de movilizaciones en torno a la defensa de un grupo de floristas que vendían su mercancía afuera del mercado de Texcoco y que las autoridades municipales pretendían reubicar.
El 3 de mayo de 2006, elementos de la policía municipal de Texcoco, y de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE), desalojaron por la fuerza a los floristas y a varios integrantes del FPDT que se encontraban presentes en el momento del operativo, después de varias horas de enfrentamientos, las fuerzas del orden detuvieron a varios personas, entre ellos, Ignacio del Valle y Felipe Álvarez.
Nuevamente la reacción de una parte importante de la población de los municipios de San Salvador Atenco y Texcoco, desembocó en un bloqueo carretero que originó una serie de enfrentamientos con elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) y de la Agencia de Seguridad Estatal. Las escenas de la contienda, en cuestión de horas traspasaron las fronteras.
Los medios de comunicación difundieron ad nauseum, la imagen de varios pobladores golpeando a un agente de la PFP, pero minimizaron la muerte Javier Cortes, el adolescente asesinado en los primeros enfrentamientos.
La respuesta de las fuerzas del orden que participaron en el operativo del 4 de mayo de 2006, fue desproporcionada y brutal, las imágenes transmitidas en video, pusieron a la vista el uso excesivo de la fuerza que tuvo como corolario el asesinato del estudiante universitario Alexis Benhumea, tortura y tratos crueles inhumanos y degradantes.
Mención aparte, merece la saña empleada contra las mujeres detenidas, muchas de ellas, fueron objeto de abusos sexuales, el oprobio que cubrió al entonces gobernador Enrique Peña Nieto y varios funcionarios federales de alto rango, los marcó y los perseguirá, por el resto de su vida.
El operativo policiaco tuvo como resultado la detención y encarcelamientos de más de 200 personas, la muerte del estudiante y arrojó a la clandestinidad a la dirigencia del FPDT, sobre los que pesaban varias órdenes de aprehensión por delitos graves. De un golpe de mano, el Estado pretendió destruir a la organización.
A la represión estatal le siguió una campaña mediática para justificar la criminalización y judicialización de la protesta social que encabezaba el FPDT, incluso la empresa JUMEX utilizó como publicidad una escena en donde una lata de jugo cae sobre unos activistas que portan machetes y los aplasta, el símil era más que evidente.
Las remanentes de esa campaña aun perduran, la sala de juntas que ocupa el Presidente del Tribunal Superior de Justica de Chiapas, es presidida por un cuadro en el cual la justicia –representada por una mujer- cubre con su manto a los distintos pueblos chiapanecos, de personas que portan machetes, sombreros y playeras similares a los que portan los miembros del FPDT.
Aún falta por escribirse la historia del reagrupamiento del FPDT, la amplia solidaridad de grupos y personas que hicieron posible el resguardo de los perseguidos y la exitosa campaña nacional e internacional por la libertad de los presos y perseguidos políticos que tuvo como desenlace la decisión de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, de revocar las sentencias impuestas a las 12 personas encarceladas más de cuatro años, algunas de ellas en penales de alta seguridad.
La represión de mayo de 2006 y la dispersión temporal del FPDT, permitió a los grupos políticos y económicos reactivar el proyecto del NAIMC, a través de la compra soterrada de parcelas ejidales que colindaban con los terrenos federales donde se encuentra asentado el lago de Texcoco.
Los grupos fácticos aprendieron la lección de 2001 y a diferencia de aquellos años, el precio que ofrecieron por la compra-venta de los terrenos generó en muchos propietarios la efímera ilusión de riqueza. Para llevar a cabo la adquisición se valieron de autoridades agrarias, municipales y algunos representantes ejidales, que validaron el cambio de jurídico de la tenencia de la tierra.
Llegado el momento, los representantes del capital nacional y extranjero anunciaron públicamente la construcción del NAIMC “en terrenos federales”, el tiempo ha demostrado que el proyecto aeroportuario abarca más allá de la propiedad federal y ha invadido descaradamente terrenos ejidales.
Ante el nuevo embate, el FPDT se dispuso a dar la batalla política y jurídica, esta última a través de la presentación de varios juicios de amparo, reclamando entre otras cosas, la violación de los derechos a la consulta, a un medio ambiente sano, y a la propiedad ejidal, entre otros.
Políticamente el FPDT ha señalado el despojo de las tierras propiedad de los pueblos colindantes con el NAICM, el daño ambiental que ocasiona el proyecto –contaminación de mantos acuíferos, destrucción de cerros y sitios prehispánicos, agricultura etcétera- y la inviabilidad de la obra por la naturaleza lacustre del terreno, sin embargo, las denuncias habían tenido poco impacto, debido a la multimillonaria campaña mediática que desplegaron las autoridades y los grupos económicos que resultaron beneficiados con el proyecto.
La campaña presidencial y las críticas a la construcción del NAICM que llevó a cabo Andrés Manuel López Obrador, pusieron en el centro de la discusión la viabilidad económica y técnica del proyecto, a la par salieron a luz pública diversas anomalías que visibilizaron actos de corrupción que han involucrado a particulares, autoridades locales y federales, incluso al ejército mexicano.
Los cuestionamientos propiciaron un debate entre los candidatos presidenciales, las autoridades, los representantes del capital nacional y extranjero, sobre la viabilidad económica y técnica del proyecto. Todos sin excepción han ignorado la voz del FPDT y de los pueblos afectados, la discusión se centra en los costos-beneficios de la obra, casi nada sobre los derechos de los pueblos afectados y la destrucción del tejido social.
Aunque el FPDT ha emplazado a los interesados a un diálogo público sobre los viabilidad del proyecto aeroportuario, estos han guardado silencio, incluyendo López Obrador.
Nada está dicho, un evento natural, una crisis económica que dispare los costos del proyecto, la agudización de la corrupción ya de por si descarada, incluso una decisión judicial, pueden echar abajo lo que hoy parece imposible. Ya sucedió una vez, la historia puede repetirse.
COMPORTAMIENTO JUDICIAL
Lamentable, por decirlo de manera cortés, es el papel desempeñado por la Jueza novena de Distrito del Estado de México, que tiene a su cargo los juicios de amparo interpuestos contra la construcción del NAICM.
Hasta la fecha, todas las sentencias que dictó en los diversos juicios, fueron revocadas por el Tribunal Colegiado. Los Magistrados no sólo han ordenado la reposición del procedimiento, incluso le han señalado a la jueza sus omisiones, fijándole los lineamientos que debe seguir en la tramitación de los juicios.
Sin embargo, la jueza llegó al grado de permitir que sean sustraídos del expediente, autos judiciales en los cuales queda demostrada, su mala o fe o su notoria incompetencia, su comportamiento y capacidad dista mucho, de la que siempre demostró su tío el Ministro Juan Silva Meza, el cual por cierto elaboró el proyecto de amparo directo que revocó las sentencias impuestas a Ignacio del Valle y Felipe Álvarez.
La capacidad, el trabajo, los principios éticos y morales, la falta de temor a las presiones políticas, económicas y personales, es lo que determina la independencia judicial, me consta que dentro del Poder Judicial de la Federación, los Poderes Judiciales locales y los Tribunales Administrativos, existen muchos juzgadores que con esas cualidades.
En el caso de la Jueza novena, su comportamiento la describe plenamente.