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Manifestar nuestra profunda preocupación frente a las acciones que viene desplegado el Poder ejecutivo al pretender modificar la Ley Orgánica de Hidrocarburos a efectos de reactivar la economía, así viene promoviendo la modificación de una serie de artículos que sin mayor análisis busca otorgar considerables beneficios a los inversionistas del sector energético y donde no se fijan claras salvaguardas socio ambientales y tampoco se establecen criterios que garanticen que se respetarán de manera efectiva los derechos de los pueblos indígenas.
PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL PROYECTO QUE MODIFICA A LA LEY ORGÁNICA DE HIDROCARBUROS
AIDESEP PUEBLOS INDÍGENAS·LUNES, 18 DE JUNIO DE 2018
Lima, 15 de junio de 2018.-
Desde la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana- AIDESEP, en referencia a la reciente aprobación del Pre Dictamen para la modificación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos- Ley N° 26221, queremos expresar lo siguiente:
Manifestar nuestra profunda preocupación frente a las acciones que viene desplegado el Poder ejecutivo al pretender modificar la Ley Orgánica de Hidrocarburos a efectos de reactivar la economía, así viene promoviendo la modificación de una serie de artículos que sin mayor análisis busca otorgar considerables beneficios a los inversionistas del sector energético y donde no se fijan claras salvaguardas socio ambientales y tampoco se establecen criterios que garanticen que se respetarán de manera efectiva los derechos de los pueblos indígenas. En la actualidad el mayor número de conflictos socio ambientales es por la falta de diálogo intercultural entre el Estado y los pueblos indígenas y la negativa de las empresas extractivas de asumir su responsabilidad de remediar los pasivos ambientales generados por los más de 45 años de actividad petrolera, a ello sumémosle la falta de compromiso del Estado para dar cumplimiento a los acuerdos que se han establecido en el marco de los procesos de consulta previa, situación que nos hace desconfiar y estar alertas frente a posibles vulneraciones a nuestros derechos colectivos como pueblos indígenas.
Tal y como señala el Proyecto de Ley, la extensión del plazo para la exploración se vería aumentado de 7 años a 10 años, así como el plazo de explotación que sería aumentado de 30 a 40 años. Además, crea un nuevo artículo (22.A) en el que se señala la posibilidad de ampliación a 20 años más en los casos de proyectos próximos a concluir, generando un plazo total de 60 años para algunos casos.
Esta ampliación de plazos de vigencia resulta excesiva si consideramos que el aumento de vigencia de los contratos no se ve respaldado ni justificado por la mejora de las prácticas empresariales de las industrias extractivas ni por la disminución de los conflictos socio ambientales que estas actividades generan. Al contrario, la cantidad de casos de contaminación ambiental por explotación de hidrocarburos ha ido en aumento, sin que esto implique que las empresas hayan asumido su responsabilidad por estos daños.
Es alarmante que el Ministerio de Energía y Minas busque controlar la facultad normativa de otros sectores y/o gobiernos regionales en temas que involucre a su sector, condicionando así que para la aprobación de la normativa de otros sectores en materia energética se deberá contar con la opinión previa favorable vinculante del Ministerio de Energía y Minas, es decir pretende tener el control absoluto y arbitrario de otros sectores para que éstos no interfieran en su afán de incentivar las inversiones, debilitando así principalmente al Ministerio del Ambiente, al SENACE, al Ministerio de cultura y al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Nótese por ejemplo que si este último pretende modificar algunos de sus reglamentos o aprobar alguna norma se requerirá de la aprobación del MINEM para que se apruebe dicha modificación. En consecuencia, el MINEM busca debilitar las facultades normativas y fiscalizadoras principalmente del OEFA, SENACE y el MINAM.
De igual manera, preocupa la rebaja en los porcentajes que deben ser entregados al Tesoro Público y la flexibilidad que se ha generado en favor de las empresas y de sus actividades.
En el mismo sentido, preocupa la generación de dos ventanillas únicas, la de SENACE y la de Perupetro, pero no se han sustentado las garantías necesarias para suponer que esto sería una buena estrategia ni se menciona la coordinación con otras entidades implicadas. Por lo que, es necesario que se definan claramente los permisos, autorizaciones a los que hace referencia y el proceso sobre esta ventanilla única.
Consideramos que el proyecto de Ley debilita los estándares socio ambientales utilizando la declaración de impacto ambiental (DIA) como instrumento para la evaluación de actividades de exploración sísmica sin excepción alguna, cuando estas actividades generan impactos significativos en áreas sensibles como las áreas naturales protegidas y áreas marítimas.
Esta normativa faculta a PeruPetro a manejar una base de datos social, ambiental y física que pueda ser usada para promocionar proyectos y como línea de base ambiental para los estudios de impacto ambiental, respecto a esta nueva facultad consideramos que no resulta viable utilizar una línea de base que se encuentra desactualizada, pues lo recomendable es realizar una nueva línea base por cada estudio ambiental, puesto que las condiciones sociales ambientales y culturales son dinámicos, y pueden tener cambios significativos en cortos periodos tales como migración de población, titulación de tierras, actividades ilegales, nuevas actividades industriales o extractivas. Esta información debe ser administrada por las instituciones competentes, como MINAM y SENACE, y en coordinación con los pueblos indígenas.
Además, es indispensable que las empresas que pretendan explorar y explotar en el Perú, deben cumplir mediante Declaraciones Juradas y/o Compromisos donde se comprometan a utilizar la mejor tecnología de infraestructura, que permitan generar el menor daño posible al ambiente, estas mejores prácticas ambientales debe ser requisitos tanto para las empresas petroleras con experiencia como aquellas que operan por primera vez en el país.
Al incentivar mayores proyectos, no se está considerando la caducidad de los recursos energéticos. Y, a ello se suma la ampliación de los contratos de concesión a aquellos proyectos que están por finalizar, sin justificar técnicamente las razones para otorgar estos beneficios.
Solicitamos que se respete y se cumpla con el derecho a la consulta previa, así como el cumplimiento der los acuerdos derivados de dicho proceso de consulta. En caso estos acuerdos no sean respetados, consideramos que debería aplicarse este incumplimiento como causal de terminación del contrato.
Rechazamos que el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior priorice la seguridad de las empresas extractivas, pues nuevamente reiteramos que muchos de los conflictos sociales se deben a que las empresas extractivas vulneran los derechos de los pueblos indígenas, quienes somos los directamente afectados por las actividades económicas que se llevan a cabo dentro de nuestros territorios. Frente a estas vulneraciones, se generan manifestaciones a través de marchas pacíficas, sin embargo, el Estado posteriormente las ha criminalizado y hasta ha atentado contra la integridad física por hacer respetar estos derechos.
Es importante que se reconozca la función de realizar vigilancia y monitoreo ambiental e indígena, pues esta labor siempre será preventiva y de alerta temprana frente a posibles desastres ambientales (como por ejemplo, los casos de derrames de petróleo).
Finalmente, reiteramos la importancia de contar con normas nacionales que permitan la inversión y el crecimiento económico, pero no acosta de la flexibilización de los propios estándares creados para resguardar nuestro medio ambiente y los derechos de nuestros pueblos indígenas.
Debido a todo lo expuesto, esperamos que el Congreso de la República reconsidere su posición y cumpla con su deber de garantizar y proteger los derechos de los pueblos indígenas y nuestro territorio.