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Los movimientos de mujeres hemos logrado colocar la lucha por el derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo, en el centro de la dinámica política regional. El reciente logro de las compañeras argentinas al impulsar la aprobación en el congreso de una ley para la despenalización del aborto ha re-impulsado nuestra lucha, por lo que creemos necesario pronunciarnos al respecto.
Manifiesto por el derecho a decidir
Por: Las Comadres Púrpuras |
Miércoles, 20/06/2018 08:08 AM
Los movimientos de mujeres hemos logrado colocar la lucha por el derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo, en el centro de la dinámica política regional. El reciente logro de las compañeras argentinas al impulsar la aprobación en el congreso de una ley para la despenalización del aborto ha re-impulsado nuestra lucha, por lo que creemos necesario pronunciarnos al respecto.
Nosotras, Las Comadres Púrpuras, acompañamos toda iniciativa favorable a la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, independientemente de la afinidad político-partidista de quienes impulsen dichas iniciativas, pues es una demanda que nos une como mujeres. A su vez, declaramos que nuestra lucha es contra un sistema patriarcal de apropiación y de explotación de los cuerpos, enemigos radicados en los cimientos estatales. La polarización ha mellado en los grupos políticos, incluso, las causas que deberían activar la solidaridad espontánea, ha construido sujetos que sentencian el pensamiento crítico por el juego sucio bien promovido por las élites políticas, ese juego propio del patriarcado, no es parte de nuestra práctica ni pensamiento como mujeres y hombres que buscamos consolidar otras formas de relacionamiento entorno a lo político.
Mantenemos nuestro principio de total autonomía frente a la clase política que hoy nos gobierna. Creemos en la movilización y en la expresión de las mujeres como medio para alcanzar nuestras demandas. Reconocemos la cruda realidad que nos pasa a miles de mujeres venezolanas que hemos tenido que recurrir a la interrupción voluntaria de un embarazo no deseado de manera insegura y clandestina poniendo en riesgo nuestra salud, y peor aún, poniendo en riesgo nuestras vidas.
La actual situación de detrimento en torno al acceso de los servicios sanitarios, acompañamiento social, atención médica, acceso a medicamentos y métodos anticonceptivos, son varios de los puntos que sumamos a la lucha por una vida libre y digna, una lucha por los derechos humanos. Como mujeres no nos callamos frente a la crisis sanitaria que vive nuestro país. Denunciamos al Gobierno Nacional como responsable de esta situación de precariedad, que a su vez mantiene en el letargo y en la ignorancia en materia de información de indicadores en el área de salud. La precarización de la vida, la desinformación, la falta de educación en materia sexual y educación en materia reproductiva, imponen una carga sobre las mujeres que en medio de la crisis general, intentamos defender nuestro mínimo derecho a una vida digna. El cuerpo de la mujer parece estar reducido en nuestro país a ser un cómplice fiel del rol social impuesto tal como lo es la reproducción, sin derecho a decidir.
¿Hasta cuándo el Estado nos sigue manteniendo como incubadoras y meras reproductoras de la vida?
La interrupción voluntaria de un embarazo no deseado es una exigencia de las mujeres que comprende el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, a decidir el número de hijos/as que queremos tener y en qué momento, el derecho a decidir si queremos o no ser madres y la preocupación por la alta mortalidad materna asociada al aborto inseguro.
Los disciplinamientos sociales que pesan sobre los cuerpos de las mujeres (niñas, jóvenes y adultas) operan su eficacia a todas las clases sociales, estamos hablando de los aparatos que utiliza tanto el Estado como las diferentes instituciones sociales para mantener la opresión sobre nuestros cuerpos al negarnos la posibilidad de decidir sobre los mismos y con las condiciones seguras, legales y óptimas para la práctica del aborto.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2017) en todo el mundo se produjeron 25 millones de abortos peligrosos desde 2010 a 2014, según un nuevo estudio realizado con el Instituto Guttmacher, la mayoría de abortos peligrosos (97%) se produjo en países en subdesarrollo África, Asia y América Latina.
Este estudio refleja, que aproximadamente el 14% de los casos se trató de abortos inseguros realizados por personas no calificadas y con métodos peligrosos, como la introducción de objetos extraños y el uso de brebajes de hierbas. El número de muertes por complicaciones derivadas de abortos peligrosos fue elevado en las regiones donde la mayoría de los abortos se realizaba en condiciones inseguras. Teniendo consecuencias graves como el aborto incompleto (que se produce cuando quedan restos porque no se retira del útero todo el tejido del embarazo), hemorragias, lesiones vaginales, cervicales y uterinas e infecciones, por ende se considera un problema de salud pública.
También la OMS plantea que en los países donde el aborto está completamente prohibido o se permite solo para salvar la vida de la mujer o preservar su salud física, solo 1 de cada 4 abortos fue seguro. Por lo que restringir el acceso al aborto no reduce el número de ellos. Esto quiere decir, que su ilegalidad no reduce su práctica.
Por ende, eliminar el aborto inseguro es uno de las estrategias que promueve la OMS en materia de salud reproductiva. Esta estrategia se basa en los tratados internacionales de derechos humanos y en declaraciones globales de consenso que demandan el respeto, la protección y el cumplimiento de los derechos humanos.
Muchas mujeres interrumpen, interrumpieron e interrumpirán un embarazo no deseado: las que tienen posibilidades económicas pueden pagar clínicas y médicos privados (lo que genera grandes ganancias para estas instituciones), las que no tiene acceso económico, las pobres, recurren a personas no calificadas o se introducen objetos punzantes y toman brebajes tóxicos para su cuerpo. Esto incrementa el riesgo para la salud de la mujer y las muertes maternas.
Algunas mujeres pueden acceder a las pastillas Misoprostol, legal en varios lugares del mundo, menos en Venezuela. La ilegalidad de las pastillas favorece el contrabando y la especulación, lo que también dificulta su acceso y la garantía de la calidad del producto. Muchas de las mujeres que logran obtenerlas no saben cómo usarlas y no tienen el acompañamiento necesario para sobrellevar el proceso de aborto. El Misoprostol tiene una alta efectividad y 0,4% de riesgo, pero si no se toma adecuadamente, evidentemente el riesgo aumenta.
Según información destacada en el blog de la socióloga venezolana Esther Pineda existen algunas estadísticas recabadas por la la línea “Aborto Información Segura”, que son preocupantes y merecen la debida atención:
En el año 2006, la Maternidad Concepción Palacios registró unas 10.000 pacientes que ingresaron, 4.321 de ellas con abortos inducidos voluntariamente en progreso. Estas conforman el 43,16% de los casos atendidos, es decir, casi la mitad de la población que ingresó al centro hospitalario en ese año.
Según el Ministerio para el Poder Popular para la Salud, en el año 2009 se registraron unas 434 defunciones maternas de las cuales 41 casos corresponden a defunciones por aborto. Según este informe el aborto ocupa el cuarto lugar entre las razones de muerte materna.
Otro estudio realizado en el año 2012 refiere que el 17,61% de las muertes maternas ocurridas en la Maternidad Concepción Palacios entre 2001 y 2008 se relacionaron con abortos.
El 52% de las mujeres que han solicitado información a la línea tienen edades comprendidas entre los 21 y 30 años, siguiéndole un porcentaje de 28% para mujeres menores de 21 años, 17% entre 31 y 40 años y 3% mayores de 40.
Un 64% de las usuarias han finalizado los estudios de secundaria, un 16% cuentan con estudios universitarios, un 9% posee la secundaria incompleta, un 7% que cuenta con un TSU y un 6% que cuenta solamente con los estudios de primaria.
38%, están insertas en el mercado laboral pero donde también podemos encontrar en un porcentaje alto, de 37%, de mujeres que sólo se dedican a los estudios y un 9% de mujeres desempleadas.
60% indicó no tener ninguna hija o hijo por el momento. Del 40% restante que sí abortó afirmó tener hijas e hijos, un 52% indicó tener sólo una hija o hijo, un 36% indicó tener sólo dos, un 10% indicó tener tres y un 2% reportó tener cuatro o más hijas e hijos.
El 70% declaran mantener al momento una relación estable y el 30% restante indicó no mantener una relación de pareja al momento.
El 82% manifestó no haber tenido experiencia de un aborto previo. Sin embargo, un 12% sí reportó haberlo tenido.
Sobre las razones para tomar esta decisión, el 33% manifiesta que lo hace porque no estaba planificado, otro 33% considera que sus condiciones económicas no son las ideales para tener una hija o hijo, el 11% por ausencia del padre, 9% por la edad (muy joven o muy mayor), 8% porque desean seguir los estudios, 3% porque el embarazo es producto de una violación, 2% por riesgos en su salud y 1% por malformación del feto
También informa la Línea Aborto: Información Segura, que atienden actualmente un aproximado de 450 llamadas mensuales, de mujeres que desean interrumpir su embarazo. De ellas un 65% lo concreta. Esto quiere decir que en nuestro país abortan (según está tendencia) por lo menos unas 3.000 mujeres al año.
Toda esta información es recabada por distintas organizaciones independientes del Gobierno Nacional; la realidad sobre la interrupción del embarazo las instituciones gubernamentales lo mantienen en lo privado, como tampoco hay publicaciones de cifras, ni estadísticas de los organismos competentes en materia de derechos humanos: Ministerio Público, Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, Instituto Nacional de Estadísticas, Banco Central de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para la Salud; exigimos al Gobierno Nacional que deje de privarnos del derecho a la información. La no publicaciones de cifras va de la mano con el maltrato educativo, médico y hospitalario que vive nuestro país.
Por ende, exigimos al Gobierno que propicie el espacio para el debate en torno al derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente el embarazo en condiciones dignas y salubres.
Nos compete a nosotras como mujeres organizarnos y exigir que se cumpla esta demanda y al Estado como gestor de las políticas públicas que sea garante del cumplimiento de los derechos de las mujeres, siendo el ABORTO LEGAL Y SEGURO una deuda histórica con cada una de nosotras.
¡Saquen sus doctrinas de nuestras vaginas!
“Somos muchas las que abortamos y todos quieren ignorarlo”
“Educación sexual para decidir,
anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”
¡Por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito!