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Jóvenes bogotanos se disputan el control territorial, según estudio de la Universidad Nacional
El Observatorio de Juventud de la institución revela que la población de Altos de la Estancia y Cazucá dividen la geografía urbana según sus dominios.
“…nosotros fuimos a ayudar y la gente nos miraba rayado, unos se fueron y otros se quedaron y nos seguían mirando rayado, la gente me miraba mal, me miraba como si yo fuera marihuanero, de todo, y eso ya es un rollo”.
El testimonio es de un joven que lidera un grupo comunitario ‘ilegal’ -como puede ser considerado cualquiera de los que existen en estos sectores-, de esos que empiezan a organizarse con la ilusión de que alguna ONG extranjera fije sus ojos en ellos, o para trabajar por los niños de la cuadra porque su pareja ya es madre adolescente, aunque para esto sea necesario ejercer ’soberanía’ en medio de tantos límites que terminan cruzados.
Límites entre pandillas, milicias de base guerrillera incrustadas desde hace ya varias décadas, y grupos al servicio del paramilitarismo, a partir de los años 90. La mayoría cubiertos bajo el manto de limpieza social, “porque aquí la presencia no es clara ni explícita, como sí ocurre en Medellín, por ejemplo. Aquí, todo es encubierto”, dice Sara Milena Zamora, una de las coordinadoras del ‘Estudio sobre la relación entre jóvenes y conflictos urbanos por territorio en la zona colindante de Altos de Cazucá y Altos de la Estancia’, realizado por el Observatorio de Juventud de la Universidad Nacional.
Ilegal, en cambio, es un apellido común. Es herencia. Ilegales fueron los barrios y todavía lo son gran parte de ellos. Durante mucho tiempo la luz eléctrica fue de ‘contrabando’ y pasaron años de enfrentamientos con la Policía antes de contar con ‘agua de tubo en la casa’. Ilegales los trabajos de muchos padres que viven del rebusque. Piratas las rutas de gran parte del transporte. Ilegales, por supuesto, las pandillas y la ‘limpieza social’, cuyas acciones contribuyen al estigma de violencia y de ‘zona roja’ que muchos ven en estas calles.
“Por eso, cuando parchamos o nos la pasamos en la tienda, ya la misma gente del barrio imagina que estamos robando los colectivos”, cuenta uno de los muchachos que vive en Altos de la Estancia, donde incluso las prácticas culturales como el rap, o los bailarines de breake dance, causan desencuentros y marcan a la gente.
Los parches -grupos de esquina- se sienten seguros porque no cometen delitos y aprueban que los grupos de ‘limpieza’ actúen contra quienes sí los hacen, sin embargo, los comentarios del barrio pueden hacerlos víctimas de los grupos de control de la zona.
Los conflictos territoriales surgen de creer que un lugar se protege o se domina eliminando al otro, y también porque hay jóvenes que buscan mejorar las condiciones de vida de un sector dominado por otro al que no le conviene que se conozca “lo bueno y positivo”, “para que no se dañe la imagen de olla”, de centro de distribución de drogas y armas, de “metedero” y de lugar en donde “solo se encuentra lo peor”.
En esta geografía del dominio hay territorios pequeños, como cuadras, calles y parques, repartidos entre pandillas. Otros, más amplios, son los barrios donde algún grupo o actor violento desea mandar y esto genera conflictos con otros sectores que también quieren utilizar el mismo espacio. Así, las peleas varían según el contexto y los intereses en disputa. En septiembre pasado se registró una masacre que todavía es investigada.
Para las mujeres cualquier territorio puede convertirse en ‘arena movediza’: si ellas son “de la casa” se dice que son “aburridas” o “amargadas” y si frecuentan el espacio público son “recorridas” o “bien perras”.
“El hecho de llevar más años en un barrio pesa y se debe hacer respetar”, agrega un joven. Para lograr esto, muchos se “organizan”. Así, por ejemplo, los jóvenes que viven en un barrio de Cazucá y estudian en otro, no pueden tomar el camino más corto hacia el colegio porque tienen el paso restringido. También puede suceder que las pandillas de Altos de Cazucá, que bajan a otros barrios, atraviesan el potrero de la laguna de Terreros y pasan a Ciudad Bolívar, se encuentran con “encapuchados”, quienes “les hacen la vuelta”.
Por esto, existen rutas que los habitantes, ya sea de día o en la noche -no más tarde de las 10 p.m.-, siempre toman para entrar y salir, sin caer en linderos de conflicto.
Pero además de las bandas y pandillas, ahora empieza a surgir la modalidad de grupos que toman la defensa del barrio a través del trabajo comunitario, sin que muchos lo sepan, para denunciar la situación en que viven, proteger las viviendas y buscar ayuda de cualquier tipo. “No buscamos ejercer soberanía sobre nuestras calles, sino frente a la demás sociedad”, concluye uno de estos líderes.
Lejos del Estado
Las primeras posesiones de terrenos se dieron en Ciudad Bolívar y Altos de Cazucá, después de 1948, en sectores que comprendían 40 haciendas que fueron parceladas y loteadas junto con sectores de canteras y ladrilleras.
Con las invasiones llegaron después las urbanizaciones piratas y la lucha por tierras con edificaciones llamadas subnormales. Durante el gobierno de Belisario Betancur -1982-1986- se planteó el Programa de Desarrollo Urbano Integrado Ciudad Bolívar para intervenir estos sectores donde se presentaban altos índices de crecimiento y concentración de pobreza, pero no hubo financiación y el programa se le salió de las manos al Estado. Hoy, allí vive el 62 por ciento del estrato uno de Bogotá, la población más vulnerable. Se estima que hay 340 barrios y 2.000 viviendas refugio donde viven hacinadas 12 personas por cuarto.
Hay 145 colegios pero los índices de inasistencia y analfabetismo son los más altos de la ciudad. La mayoría de sus habitantes viven del subempleo y el rebusque. La falta de oportunidades incide en el fenómeno de la delincuencia y la presencia del Estado se siente muy poco.