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Desde hace dos décadas y media, los pueblos indígenas y los movimientos populares auto-organizados se han reposicionado en su quehacer político desde el restablecimiento de su poder y su relación con la tierra y el territorio.
Emergió una tendencia indígena y campesina autonómica contingente, que se manifestó, por un lado, en la constitución de grupos de autodefensa. Y por otro, mediante la reactivación de policías comunitarias en diversos territorios del histórico eje geopolítico indígena insurgente: Michoacán, Estado de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
Ya sea que detenten una vacación anti-estatal o una contundente posición anti-partidista, se ha ampliado y diversificado de forma importante un conjunto de territorialidades que han puesto en marcha prácticas y formatos de democracia directa y comunitaria.
Geografía autonómica indígena frente a… ¿la cuarta transformación?
Por ODEMCA
6 agosto, 2018
Pablo Uc[i]
[…] la república propiamente dicha se establece al lado de la oligarquía y de la democracia [..].
Aristóteles (Política, libro sexto, capítulo VII)
No es ya el tiempo para aplaudir, sino para actuar multiplicando el liderazgo en todos los niveles.
Enrique Dussel (Walter Benjamin y el mesianismo)
El escenario postelectoral en México parece pasmado por la euforia mesiánica del fenómeno AMLO y su avasallante triunfo electoral al frente de la coalición liderada por MORENA. Ante la retórica “republicana obradorista” -austeridad, intolerancia a la corrupción, mayor democracia (¿?), un gobierno más incluyente, una sociedad menos desigual y con mayor crecimiento sin perder estabilidad financiera-, la idea de transformación histórica en México, sin embargo, no descansa más en la mera esperanza de un Estado de Derecho que otorgue ciudadanía. La autodeterminación y el autogobierno son una memoria y una realidad viva en nuestro país que desafía, incluso, la promesa del romántico nacionalismo republicano.
Los pueblos indígenas organizados en territorio mexicano y su histórica reivindicación por la libre determinación y el autogobierno, enfrentan al proyecto de la denominada “cuarta transformación” a escenarios desafiantes. Los ejes primarios asentados en los históricos (e incumplidos) Acuerdos de San Andrés firmados en 1996, mantienen una pertinencia insalvable: reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho; autogobierno a través de sus propias instituciones; autogestión con proyección territorial. A pesar de la grave ausencia y contraproducente actuación del Estado, el contexto y la maduración autonómica de los pueblos indígenas en México, y todo América Latina, configuran escenarios muy distintos al de hace más de dos décadas. En este sentido, paradójicamente, han sido algunos de los pueblos indígenas y organizaciones civiles en defensa de la tierra y el territorio, los que han asumido desde el ejercicio de la política y las democracias directas, la agenda sustancial de dichos acuerdos.
Desde hace dos décadas y media, los pueblos indígenas y los movimientos populares auto-organizados se han reposicionado en su quehacer político desde el restablecimiento de su poder y su relación con la tierra y el territorio. Una larga historia de violencia seudo-republicana –racista, colonial y patriarcal- y la faceta neoliberal del Estado, fue confrontada por uno de los detonantes referenciales en la historia política reciente de México: el levantamiento zapatista de 1994. El escenario de “post-conflicto” reabrió un ciclo histórico que transitó del horizonte insurgente de rebelión al de la autonomía y el autogobierno en clave anti-estatal. La creación de Municipios Autónomos y su proyección geopolítica regional a través de Caracoles, territorializó la autodeterminación. Mientras que las Juntas de Buen Gobierno (que cumplirán 15 años de su fundación en el mes de agosto de este año), concretaron una expresión genuina de autogobierno fundado en instituciones sociales comunitarias, limitando el poder de intervención castrense del EZLN sobre la vida política y civil de sus bases.
En paralelo, durante la última década y media, la necro-política y violencia desbordada que configuró la fallida “guerra contra el narcotráfico”, significó una trama de legitimación fáctica en la que se apoyó el Estado mexicano y la clase política (multi)partidista. El pacto de guerra con el narco, grupos paramilitares y el complejo militar industrial norteamericano, ha sostenido un Estado de excepción durante los últimos dos sexenios de gobierno federal. Dicha excepcionalidad decantó en una aniquilación gubernamental de la agenda nacional de derechos humanos en México, dejándola en manos de la sociedad civil y organizaciones internacionales. Pero además, ha significado la concreción de las reformas estructurales. La pérdida de control legal del Estado y la sociedad sobre los recursos estratégicos del territorio nacional (petróleo, gas, agua, bosques-biodiversidad y seguridad nacional) mediante la privatización transnacional y la consecuente agenda de despojo extractivo, ha tenido y proyecta un impacto futuro desmedido sobre los territorios indígenas.
En este contexto, emergió una tendencia indígena y campesina autonómica contingente, que se manifestó, por un lado, en la constitución de grupos de autodefensa. Y por otro, mediante la reactivación de policías comunitarias en diversos territorios del histórico eje geopolítico indígena insurgente: Michoacán, Estado de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Más allá de las profundas diferencias políticas y éticas entre ambas tendencias, lo cierto es que la auto-determinación frente a la violencia y la ingobernabilidad en los territorios, amplió la geografía autonómica indígena y popular en México.
Ya sea que detenten una vacación anti-estatal o una contundente posición anti-partidista, se ha ampliado y diversificado de forma importante un conjunto de territorialidades que han puesto en marcha prácticas y formatos de democracia directa y comunitaria. El significado tradicional de ciudadanía republicana, por tanto, sufrió una importante transformación en los albores del siglo XXI. Dada la negación y precariedad del Estado capitalista para otorgar el piso mínimo de ciudadanía, las experiencias autonómicas han impulsado formas de ciudadanía auto-constituidas y autogestivas: definición de agendas ecológico-políticas a escala glocal, instalación de estructuras de autogobierno, control territorial de facto, cooperativas autosustentables, transferencia de tecnología no industrial, paradiplomacia, etc.
Por un lado, el epicentro político y territorial de la autonomía indígena en el sureste de México, situado en los territorios rebeldes zapatistas de Chiapas, ha logrado sostener su territorialidad autónoma por más de 15 años. A pesar de la existente disidencia en sus bases de apoyo, el fortalecimiento del cerco territorial partidista y el giro generacional de su población, el proyecto político ha logrado edificar sus instituciones sociales autónomas, prescindiendo del reconocimiento y el capital de las políticas públicas del Estado. En la última coyuntura electoral, en embargo, interpelaron a las instituciones electorales, en concordancia con el Congreso Nacional Indígena (CNI), con el fin de postular a una candidata independiente. Emblema político para impulsar la constitución de un Concejo Indígena de Gobierno (CIG) con proyección nacional y permanente, más allá de los tiempos electorales del Estado. Es decir, se dio continuidad al desdoblamiento de los tiempos políticos oficiales, aprovechando la focalización mediática para visibilizar la agenda elemental del EZLN y el CNI: autonomía de los pueblos indígenas, defensa territorial, articulación local-nacional-internacional y autogobierno ante el despojo extractivo capitalista.
Por otro lado, el avance en la instalación de Concejos de Gobierno Autónomos y Comunitarios en diversos estados del país, desempolvó, más allá del visto bueno de la “selecta” voz de la cúpula intelectual zapatista, la agenda de los Acuerdos de San Andrés. En los territorios purépechas de Cherán, Michoacán, se ha instalado ya el Tercer Concejo Mayor de Gobierno, y se ha convertido en la experiencia emblemática de la autonomía en clave estatal desde 2011. En Chiapas, el municipio de Oxchuc obtuvo en 2017 el respaldo del Tribunal Electoral local para concretar el reconocimiento de su Concejo Comunitario ante las instituciones electorales.
Mientras que los municipios de Sitalá y Chilón, después de la ineficiente respuesta por parte del IEPC de Chiapas ante la demanda de reconocimiento de sus derechos a la libre determinación, instaló sus Concejos de Gobierno Comunitario en el mes de mayo, antes de los comicios electorales. En el mismo canal, Ayutla de los Libres, en el estado de Guerrero ha optado por consolidar su figura de autogobierno, y le siguen como reacción en cadena, municipios organizados del estado de México y de diversas zonas de toda la región sur sureste del país.
A más de dos décadas del divorcio inminente entre gobierno y pueblos indígenas rebeldes, los canales de interlocución legítima son frágiles, son débiles. Por ello, es que adquiere particular relevancia reconocer que los flamantes resultados electorales a nivel federal, la endeble pero novedosa ola morenista y el fenómeno AMLO, vislumbran la posibilidad de reabrir tales canales. La “cuarta transformación” republicana a la que se alude como eslogan del gobierno electo, implica también, un paso estratégico para la construcción de hegemonía partidista, que consiste en convertir a Morena en un partido de Estado (suma pragmática de la ficción multipartidista que presume el INE). Así como disolver el capital político territorial indígena autónomo para encauzar la agenda geoeconómica que ha comprometido el presidente electo para sortear su ascenso al poder.
La ruta lógica de la realpolitik, necesaria para consolidar hegemonía sobre el Estado y el gobierno por parte de una nueva elite, consiste en lograr una cooptación corporativa capaz de administrar la violencia; contener y reconvertir el poder fáctico militar del narcotráfico (y su estatus como Estado paralelo) y los poderes extraordinarios otorgados al Ejército mexicano (Ley de Seguridad Nacional); sostener un piso de estabilidad macroeconómica que amplíe la autonomía relativa del Estado (nacionalismo liberal) frente al esquema del capital financiero y extractivo internacional. Es decir, frente al conceso neoliberal de commodities (toda la naturaleza se mercantiliza y se vende) en el que la economía política de México está inserta.
En el plano interno, el nacionalismo republicano también implica limitar y, en su caso frenar la maduración del horizonte popular comunitario indígena. Construir contrapessos, corporativizar los autogobiernos, que también representan institucionalidad y estatalidad para los pueblos que buscan consolidar la libre determinación. Para descifrar algunas de las pistas de esta estrategia vale analizar con detenimiento el acercamiento de los enviados de AMLO con los voceros de los concejos de gobiernos comunitarios durante el Segundo Encuentro Nacional por la Libre Determinación de los Pueblos Indígenas, realizado en el municipio rebelde de Oxchuc, el pasado 28 de julio.
¿Qué hay detrás del discurso de los emisarios obradoristas? Por su parte, en territorios zapatistas se ha convocado para este fin de semana, a un Encuentro de Redes de Apoyo al Concejo Indígena de Gobierno por parte del CNI y el EZLN, que sostienen en su discurso, la falta de credibilidad y legitimidad moral de AMLO y su proyecto de gobierno. ¿Qué posiciones estratégicas serán resueltas? Está por verse, pero el escenario autonómico y las alianzas entre pueblos indígenas frente a la irrenunciable proyección corporativista del gobierno electo, marcarán una pauta determinante en el futuro de la política y los territorios del país.
[i] Investigador en el Centro de Estudios de México y Centroamérica (CESMECA). Miembro del Observatorio de las democracias: Sur de México y Centroamérica (ODEMCA). Correo: pablo.uc@unicach.mx