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SENTENCIA DEL TRIBUNAL ÉTICO POPULAR FEMINISTA
JUICIO A LA JUSTICIA PATRIARCAL
Hacia una justicia feminista, antirracista, originaria, comunitaria y popular

Antecedentes
Durante los días 28 al 30 de junio se reunió en Buenos Aires el Tribunal
Ético Popular Feminista. Concluyó en ese encuentro el primer ciclo del
Juicio a la Justicia Patriarcal, iniciado en Resistencia, Chaco, el 15 de
octubre de 2017, en el marco del 32º Encuentro Nacional de Mujeres.
En el mismo realizamos 14 audiencias, en las que se presentaron 68 casos
emblemáticos en los que la justicia patriarcal actuó legitimando violencias
y crímenes cometidos por el poder machista, racista, y clasista.
En estas audiencias abiertas reunidas en espacios públicos -muchas veces
en plazas de nuestras ciudades-, hemos escuchado testimonios presentados
por víctimas de estas violencias, o por sus compañerxs y familiares.
El Tribunal Ético Popular Feminista ha sido un espacio de denuncia a la
justicia patriarcal, de cuidado y sanación para las víctimas, y un modo de
encuentro político pedagógico en el que pudimos escucharnos, sentirnos,
acompañarnos, y pensar juntas cómo defendernos frente a las múltiples
violencias del patriarcado colonial y capitalista, abriendo diálogos e
intercambios para imaginar y pensar caminos hacia una justicia feminista,
antirracista, originaria, comunitaria y popular.
Información sobre las audiencias realizadas
* 1° audiencia: 15 de octubre de 2017. Resistencia, Chaco, Argentina. En
el marco del Encuentro Nacional de Mujeres. Plaza 25 de Mayo.
* 2° audiencia: 25 de noviembre de 2017. Montevideo, Uruguay. En el
marco del 14° EFLAC (Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe).
Plaza Fabini.
* 3° audiencia: 28 de noviembre de 2017. Buenos Aires, Argentina.
Tierra Violeta
* 4° audiencia: 9 de enero de 2018. Buenos Aires, Argentina. Tierra
Violeta.
5° Audiencia: 10 de febrero de 2018. Lago Puelo, Provincia de Chubut,
Argentina. Plaza Central.
6° Audiencia: 3 de marzo. Asunción, Paraguay. Plaza de las Mujeres.
7° Audiencia: 23 de mayo. Rosario, Argentina. Plaza del Foro.
8° Audiencia: 23 de junio. Guernica, Provincia de Buenos Aires,
Argentina. Plaza Belisario Roldán.
9° Audiencia: 24 de junio. Avellaneda, Provincia de Buenos Aires,
Argentina. Estación Darío Santillán y Maximiliano Kosteki.
10° Audiencia: 28 de junio. Buenos Aires. Argentina. Plaza de Mayo.
11° y 12° Audiencias: 29 de junio. Buenos Aires, Argentina. Auditorio de
ATE Nacional.
13° y 14° Audiencias: 30 de junio. Buenos Aires, Argentina. Auditorio de
ATE Nacional.
Información sobre los casos presentados
El ordenamiento de los casos responden a algunas de las situaciones de las
violencia vividas, pero en todos ellos se puede ver cómo impactan en una
misma vida múltiples violencias. Algunos casos figuran en dos momentos,
dado que es imposible no nombrarlos en una y otra forma de violencia. Hay
algunos casos que cambiaron de situación desde el momento de la
audiencia. Por ejemplo figuran como presas pero están ahora en libertad.
En estas situaciones se respetó el modo de presentación en el momento en
que fue presentado.
1) Desaparición de adolescentes y jóvenes:
- Caso: Maira Benítez (Audiencia 1)
- Caso: Desaparición de adolescentes y jóvenes en Bajo Flores y
Lugano (Audiencia 1)
- Caso: Otoño Uriarte (Audiencia 5). (Después de seis meses fue
encontrada asesinada)
- Caso: Diana Colman (Audiencias 1 y 8)
- Caso: Johana Ramallo (Audiencias 1 y 2)
- Casos: Melina Romero, Araceli Funes, Lucía Pérez (Audiencia 1)
- Caso: Analía Oliveira (Audiencia 8)
- Caso: Rosalía Jara (Audiencia 7)
- Caso: Meliza Fleitas (Audiencia 13)
2) Feminicidios y sobrevivientes de feminicidios
- Caso: Rocío Segovia y su hija Génesis (Audiencia 7)
- Caso: Vanesa Celma (Audiencia 7)
- Caso: María Isabel Pilco – Bolivia (Audiencia 1)
- Caso: Juana Mariela Fernández (Audiencia 8)
- Caso: Giselle Gil (Audiencia 8)
- Caso: Laura Iglesias (Audiencia 1 y 13))
- Caso: Sandra Gamboa (Audiencia 2)
- Caso: Yanina Olmos (Audiencia 9)
3) Feminicidios territoriales, feminicidios políticos, feminicidios de Estado
- Caso: Bertha Cáceres – Honduras (Audiencia 1)
- Caso: Niñas de Guatemala (Audiencia 11)
- Caso: Macarena Valdés - Chile (Audiencia 1)
- Casos: Sakine Cansiz, Fidan Dogan, Leyla Saylemez – Kurdistán
(Audiencia 3)
- Caso: Marielle Franco - Brasil (Audiencia 14)
- Caso: María Ester Riveros (Audiencia 13)
4) Travesticidios y transfemicidios
- Caso: Diana Sacayan (Audiencia 10)
- Caso: Mariana Sepúlveda. Paraguay. (Audiencia 6)
5) Criminalización de defensoras de territorios y tierra.
- Caso: Elvira Sánchez (Audiencia 1)
- Caso: Lolita Chávez, Telma Iris Pérez, Angélica Choc y defensoras
en Guatemala (Audiencia 11)
- Caso: Ivana Huenelaf (Audiencia 5 y Audiencia 11)
- Caso: Soraya Maicoño, mujeres y niñxs mapuche (Audiencia 11)
- Caso Curuguaty: Lucía Agüero, Dolores López, Fanny Olmedo.
Paraguay (Audiencia 6)
- Caso Petrona Villasboas. Paraguay. (Audiencia 6)
- Caso: Mayra Alvarado y Red campesina del Bajo Aguán –
Honduras (Audiencias 2 y 3)
- Caso: Machi Francisca Linconao. Chile. (Audiencia 1)
- Caso: Miriam Miranda. Honduras (Audiencia 1)
- Caso Guahory. Paraguay (Audiencia 6)
- Caso: Compañeras de la Organización de Lucha por la Tierra (OLT)
Paraguay, en Caazapa y Canindeyu
6) Presas y/o judicializadas
- Caso: Milagro Sala, Gladys Díaz, Mirta Aizama, Mirta Rosa
Guerrero, Graciela López (Audiencias 1 y 2)
- Caso: Machi Francisca Linconao. Chile (Audiencias 1 y 2)
-Caso: Dahyana Gorosito (Audiencia 1)
- Caso: Victoria Aguirre (Audiencia 1)
- Caso: Reina Maraz (Audiencia 1 y 3)
- Caso: Manuela y mujeres presas por abortar. El Salvador
(Audiencias 1 y 2)
7) Presxs y judicializadxs por defenderse de la violencia machista
- Caso: Noelia Benítez (Audiencias 1 y 9)
- Caso: Cristina Santillán (Audiencia 1)
- Caso: Higui – Analía de Jesús (Audiencia 11)
- Caso: Joe Lemonge (Audiencia 10)
- Caso: Juana Smilce – Paraguay (Audiencia 6)
8) Desaparición y asesinatos de bebés
- Caso: Aixa Rojas – Juan Cruz (Audiencia 9)
- Caso: Victoria Aguirre - Selene (Audiencia 1)
- Caso: Dayana Gorosito – Selene (Audiencia 1)
9) Acoso y abuso sexual
- Caso: Alexa Torres – Paraguay (Audiencia 6)
- Caso: Belén Whittingslow – Paraguay (Audiencia 6)
- Caso: Trabajadoras del Poder Judicial Olavarría (Audiencia 1)
10) Madres protectoras y abuso sexual en la infancia
- Caso: Ivi y su hija (Audiencias 9 y 14)*
- Caso: Juana (Audiencia 5) *
- Casos: Andrea Mila y Victoria Acevedo (Audiencias 9 y 14)
- Caso: Rosa de Itakyry (Audiencia 6) *
*Nombres de fantasía
11) Violencia institucional en cárceles e institutos de menores
- Caso: Mujeres presas y sus hijas (Audiencia 9)
- Caso: Niñas y adolescentes en institutos de menores (Audiencia 9)
- Caso: Niñas de Guatemala (Audiencia 11)
- Caso: Impedimento de visitas íntimas a lesbianas presas – Paraguay
(Audiencia 6)
12) Violencia contra migrantes
- Caso: Reina Maraz (Audiencia 1)
- Caso: Sandra Gamboa (Audiencia 2)
13) Judicializadas por garantizar derecho al aborto
- Caso: Estrella (Audiencia 2)
- Caso: Analía Bruno (Audiencia 11) 2
14) Violencia racista
- Caso: Juana (Audiencia 11)
15) Violencia institucional
- Caso: Ana María Acevedo (Audiencia 11)
- Caso: Alicia Mabel Escurra – Paraguay (Audiencia 6)
- Caso: Emily – trans (Audiencia 6)
- Caso: Ña Rosa (Audiencia 6)
- Caso: Belén Whittingslow (Audiencia 6)
Se realizaron también presentaciones temáticas generales sobre la
legitimación de la justicia de:
*Violencias contra mujeres campesinas trabajadoras del campo y la ciudad
(Audiencia 14)
* Violencias contra mujeres y travestis migrantes, en Abya Yala, y
migrantes del Abya Yala en Europa y EE.UU.
* Violencias contra mujeres originarias, negras y afrodescendientes
* Violencias contra travestis y trans.
Mecanismos de legitimación de violencias por parte de la justicia
1) Dificultades o imposibilidad de acceso a la justicia de mujeres
empobrecidas, racializadas, originarias, negras,
afrodescendientes, lesbianas, travestis, trans, debido a:
- Desinformación generada intencionalmente por el Estado acerca de
los derechos y de las leyes existentes. La Justicia presume con
perversidad que las leyes son conocidas por todas las personas, lo que
no es real.
- Manipulación de esta situación por parte de funcionarios judiciales o
policiales cuando se va a denunciar.
- Vulneración de los derechos, maltrato, discriminación, cuando se va a
presentar la denuncia, con el objetivo de que no hagan las denuncias
o las retiren.
- Dificultades o imposibilidad de acceso a la justicia por los costos que
implica contratar abogados, realizar pericias, búsqueda de pruebas, y
por las distancias a recorrer hasta los juzgados.
- Implicaciones afectivas y emocionales de las violencias que sufren las
mujeres para lxs hijxs, familiares, comunidades, movimientos.
- Consecuencias económicas para las personas, que pierden trabajos y
alteran su vida cotidiana.
- Mecanismos de entorpecimiento y dilatación de la investigación, que
benefician a los violentos y al poder. Hay cambios reiterados de
jurisdicción para entorpecer los procesos judiciales. Renuncias de
personal judicial para la lentificación de las causas, o por “aprietes” y
presiones que sufren.
- Participación de fuerzas policiales y de fiscales en los procesos de
encubrimiento de los violentos. En algunos casos se falsean las
pruebas, debido a la complicidad de las fuerzas represivas en los
procesos criminales, o por su subordinación a personajes del poder
político y económico.
- La desestimación de denuncias sobre violencia de género, en algunos
casos derivan luego en feminicidios largamente anunciados.
- Culpabilización y maltrato a las familias de las víctimas cuando
intentan avanzar por cuenta propia con las investigaciones.
- Torturas en los momentos de detención, e incumplimiento de derechos
para las mujeres, lesbianas, trans o travestis cuando son detenidas. Uso
de la violencia sexual como tortura específica, por machismo, o por
las discriminaciones provenientes de un régimen héteronormativo que
busca disciplinar a los cuerpos disidentes.
- Complicidad en los casos de desapariciones de adolescentes y jóvenes,
realizados por las redes de prostitución y de trata, de personal judicial,
incluidos fiscales y jueces, de fuerzas de seguridad y de sectores del
poder político. Eso genera desvíos en las investigaciones y una
sucesión de obstáculos que llevan los procesos a la vía muerta. Hay
ausencia de mecanismos para la búsqueda real de las chicas
desaparecidas. Las fuerzas policiales involucradas en las redes de
prostitución y trata, amenazan y/o arman causas a quienes buscan a las
desaparecidas. Frecuentemente se producen y traslados de personal
policial, para proteger a quienes se identifican como responsables,
porque son parte de esas redes.
- Las víctimas de las redes de trata y de prostitución, en muchos casos
son jóvenes indígenas o migrantes, mujeres, trans y travestis
empobrecidxs.
- Hay grandes irregularidades en la investigación de los crímenes, y
falta de respeto a los procedimientos correspondientes para el debido
proceso. La intervención judicial se produce desde los prejuicios y el
odio, la misoginia y la discriminación. En ocasiones los mismos jueces
ofrecen procesos rápidos y sentencias leves o absolutorias para los
varones acusados de violencias contra las mujeres. Los dictámenes de
fiscales y jueces muchas veces refuerzan los estereotipos patriarcales.
En algunas situaciones continúan los intentos de presentar los casos
de feminicidios o desapariciones como crímenes pasionales, suicidios,
o accesos de locura de las víctimas.
- Amenazas a los familiares que denuncian e investigan por cuenta
propia femicidios o desaparición de mujeres. Implicación en muchos
casos de la policía en estas amenazas.
- El sistema judicial no garantiza o no reconoce los derechos de las
mujeres a la tierra, y las luchas por su recuperación o por su defensa
son criminalizadas.
- La justicia y los medios de comunicación hegemónicos nos
estigmatizan para generar odio masivo. Se nos dice: locas, putas,
brujas, malas madres, gente que no piensa, asesinas, bárbaras,
ignorantes, ladronas, opas, tontas, salvajes, provocadoras, feminazis,
corruptas y terroristas. Se utilizan elementos de nuestra identidad que
nos dan orgullo para descalificar nuestras demandas y para anular
nuestra palabra, callarnos, diciéndonos por ejemplo “indias de
mierda”, “negras villeras”, “bolitas”, etc..
- Las indagatorias y juicios a mujeres originarias y migrantes se realizan
en la lengua colonizadora, sin respetar la pluralidad de lenguas que se
hablan en nuestros territorios. Se niega el derecho a la información y
a una adecuada defensa. Hay racismo en el procedimiento judicial,
tanto en el momento de interrogación como en prisión.
- Existe falta de escucha o negación de la escucha a niñxs que denuncian
abuso sexual. Se descalifica y patologiza a las madres, a quienes se las
acusa de influir sobre las declaraciones de lxs niñxs, y se las pretende
castigar separándolas de ellxs. La justicia suele archivar denuncias de
las madres contra los abusadores. Se incrimina a las madres
acusándolas que obstaculizan la revinculación del padre con sus hijxs.
- La justicia en muchos casos responde a la voluntad estatal de
encubrimiento de los responsables intelectuales de los crímenes
políticos (Bertha Cáceres, Sakine Cansiz, Macarena Valdés, y otros).
- Existen complicidades de los poderes judiciales con las empresas
transnacionales y con personajes de las oligarquías locales.
- Se falta el respeto al artículo 169 de la OIT sobre pueblos indígenas,
y de los tratados ambientales existentes.
- Se han armado causas para criminalizar como “terroristas” a mujeres
defensoras de la vida y de los territorios.
- Se falta el respeto a los tratados sobre los derechos de las mujeres, y
sobre los derechos de niñxs y adolescentes.
- Hay criminalización de profesionales de la salud acusándolxs de
realizar abortos. Queda evidente el compromiso de jueces y del
sistema judicial con los fundamentalismos religiosos, y su
receptividad ante las estrategias judiciales de los fundamentalismos,
impidiendo la implementación de leyes y políticas públicas que
garantizan el acceso a los derechos de las mujeres (por ejemplo, al
aborto no punible, anticoncepción de emergencia, etc.).
- Hay mujeres presas por abortar, incluso en casos de abortos
espontáneos y en casos de abortos legales. La justicia rápidamente
prejuzga y determina prisión. En muchos casos no se aplican las
causales cuando existen y se criminaliza a quienes realizan
interrupciones legales del embarazo (ILE). En algunos países no existe
ninguna posibilidad para ejercer el derecho al aborto, y las mujeres
que lo realizan y se descubre pasan largos años en prisión. Se busca
incluso incrementar las penas en los códigos y legislaciones.
- Existen malos tratos, violencias, torturas del sistema penitenciario en
las cárceles. Las mujeres detenidas no tienen garantizados los
derechos de sus hijxs.
- Se condena a las mujeres, lesbianas, travestis, trans, que se defienden
de sus agresores. (Caso Higui, Caso Joe).
- En algunos casos, se advierte complicidad y amparo de la justicia a
acosadores y abusadores sexuales en la universidad, que tienen poder
por su posición académica.
Algunas reflexiones que surgen de estas constataciones
La actuación del poder judicial, legitima violencias que refuerzan el orden
patriarcal, capitalista y colonial a través de algunos mecanismos como:
- La misoginia con la que esta justicia que denunciamos recibe, cajonea, y
desvaloriza las denuncias, busca profundizar la vulnerabilidad de las
víctimas, a través de la violencia psicológica (aislando, descalificando,
socavando la autoestima, amenazando, coaccionando), violencia física
(golpeando, encerrando), violencia sexual (acoso constante, abuso sexual,
violación como amenaza correctiva, como disciplinamiento, como conquista
y saqueo de nuestros cuerpos), la violencia económica (negando el acceso a
la tierra, a salarios equitativos, al manejo del dinero propio) y la violencia
simbólica (a través de mensajes estereotipados que construyen el sentido
común desde los medios de comunicación, la iglesia, la escuela, el sistema
de salud).
- Se busca reforzar la sumisión de las mujeres en el ámbito privado, como
encargadas de la reproducción del hogar (cuidado y mantenimiento de la
familia). Se castigan los gestos de autonomía, y se asegura la división sexual
del trabajo. Esto implica una expropiación de plusvalía por parte del capital,
atroz e invisible. El “ama de casa” sigue siendo la esclava del marido y del
patrón.
- La maternidad obligatoria, la penalización y la condena a quienes
interrumpen voluntariamente el embarazo, funciona con el mismo sentido:
se pretende limitar a la mujer a las tareas de cuidado de otrxs al tiempo que
se coarta su libertad y autonomía.
- La criminalización del aborto cosifica a la mujer como “incubadora”, la
degrada en su humanidad. La prohibición y el silencio dejan solas a las
mujeres, vulnerables ante los miedos, tabúes, e intereses del patriarcado.
- Con el feminicidio y la violencia se pretende regular las migraciones
internacionales, buscando desarticular resistencias contra el extractivismo y
el agronegocio. Ningún ser humano es ilegal. Desconocemos las fronteras
coloniales en nuestro Abya Yala, en Europa y EEUU.
- La violencia héteropatriarcal busca disciplinar a los cuerpos disidentes,
expropiando o anulando el deseo y el placer, pretendiendo “normalizarlo”,
reservando el deseo y el placer para los varones, incluso mercantilizándolo
y patologizando la diversidad de las formas de vivir y sentir.
- Por diversos caminos se reproducen prejuicios que siempre perjudican a las
mujeres. Los “suicidios” de mujeres no son investigados como posibles
femicidios, los abusos sexuales tienden a quedar sin condena o a no ser
llevados adelante debido a la “imposibilidad de probarlos” deslegitimando
la palabra de las mujeres. Ante situaciones de “femicidios vinculados”
(cuando el agresor asesina al hijx de la mujer como un modo de escarmiento
hacia ella) la principal cuestionada es la propia mujer, etc. Muchas veces en
estas violencias se observan las redes del poder capitalista, colonial y
patriarcal, que tienen a los agentes estatales como integrantes o beneficiarios.
- La justicia tiene un enorme sesgo de clase, racista y patriarcal. Muchas de
las violencias que ejerce sobre las familias o víctimas se vinculan con su
carácter de clase.
- La justicia niega la autonomía de las mujeres, silencia a las víctimas y se
las obliga a recurrir a un poder estatal que las excluye de la resolución del
conflicto.
- No se juzga al estado en sus acciones y omisiones de políticas públicas, se
investiga y juzga a individuos. Se ocultan así los mecanismos de
construcción de la vulnerabilidad como consecuencia directa de políticas
públicas que no garantizan los derechos humanos y los derechos de las
mujeres (como el acceso a la salud integral, a la educación, a la identidad, al
trabajo digno, a la vivienda, a la tierra, y el respeto de la vida en comunidad,
derechos sexuales y reproductivos, etc.). El culpar a una persona facilita que
sea construido como chivo expiatorio (un policía suelto que aprieta el gatillo,
un perverso que abusa de niñas, etc.) y que la misma red de poder que lo
colocó en ese lugar, pueda resguardarlo.
- El patriarcado es constitutivo de los estados nación, se halla en los ladrillos
de las instituciones, de la cultura. Es un sistema de opresión que ha sido
instaurado por una fuerza brutal originaria (el genocidio de las mujeres en
la edad media europea o en la conquista del Abya Yala) y necesita
mantenerse con dosis permanentes de violencia. La violencia así es
instrumental (tiene un objetivo) es expresiva (es un mensaje para la mujer,
las otras mujeres o los varones) y es histórica (cambia a lo largo de la
historia).
- Los narcoestados, los gobiernos golpistas, los fundamentalismos políticos
y religiosos, los estados racistas, capitalistas, y sus justicias, protegen las
acciones de las fuerzas represivas, paramilitares, paraestatales, y de las
fuerzas de seguridad de las empresas transnacionales, de las oligarquías, que
expulsan a las mujeres de los territorios y de la tierra. El agronegocio y la
destrucción de las agriculturas campesinas, están garantizados por la justicia
patriarcal.
- Los golpes de estado han estado legitimados por la Justicia, tanto en
Honduras, en Paraguay, como en Brasil.
- La resistencia a la opresión también es permanente y subterránea. Durante
más de 500 años nuestras luchas han denunciado al patriarcado, al
colonialismo, al capitalismo, y han construido algunas herramientas que lo
debilitan. Pero el patriarcado, al igual que el capitalismo y el colonialismo,
son estructuras vivas que se reacomodan, mutan, negocian, disputan. La
justicia patriarcal, racista, capitalista ha sido garantía de estas adaptaciones.
Sentencia

Este Tribunal Ético Popular Feminista considera al sistema de justicia
como:
- Culpable de ser un sistema patriarcal, colonial, racista, capitalista y
neoliberal, que por más de 500 años ha intentado someternos a sus ilógicas,
a sus tiempos, a sus espacios, buscando una humillación sistemática por
defender ancestralmente la vida digna, por luchar por nuestra autonomía y
autodeterminación frente al avasallamiento de nuestros territorios y de
nuestros cuerpos. La justicia ha generado una impunidad histórica de las
opresiones que nos hace el sistema. Por eso condenamos hoy su
complicidad y negamos su ejercicio sobre nuestros cuerpos.
- Culpable por ser ignorante de nuestras diversas cosmovisiones, por
juzgar desde un analfabetismo político cosmogónico nuestras formas de
vida, lucha y organización, por no informarse ni formarse, por no respetar
ni siquiera sus propias leyes que reconocen la preexistencia de los pueblos
y los llamados derechos que nos reconocen como pueblos. Responsable de
no hacer ni siquiera el trabajo por el cual desde nuestros pueblos se les
paga.
- Culpable por complicidad recurrente con empresas transnacionales que
han saqueado históricamente nuestros territorios, donde estos jueces y
fiscales les brindan total impunidad, defendiendo los intereses de las
empresas en contra de los derechos de los pueblos.
- Culpable por ser parte del terrorismo y racismo de Estado que
criminaliza, judicializa, encarcela, mata y sigue intentando exterminar a
nuestros pueblos. No existe independencia judicial. Existe complicidad
estructural.
- Culpable de haber hecho de la justicia una mercancía que puede ser
comprada y vendida por quienes tienen dinero y poder.
- Condenamos la complicidad en nuestras sociedades, en nuestros pueblos,
en nuestras comunidades y en nuestras organizaciones y movimientos, con
una justicia patriarcal machista y misógina donde nuestros cuerpos,
nuestras palabras y nuestras luchas son criminalizadas, deslegitimadas y
reducidas.
- Convocamos a las mujeres del mundo, mujeres originarias, negras, afro,
racializadas, lesbianas, trans, travestis, trabajadoras todas, a unir nuestras
energías, nuestra fuerza colectiva, la sabiduría intergeneracional de las
abuelas, las ancestras y las niñas, para difundir esta condena a la justicia
patriarcal y hacerla visible en cada territorio del mundo. Nos convocamos a
mantenernos alerta, para que esta justicia no atraviese nuestros cuerpos
nuestros territorios, nuestras cosmogonías y nuestras formas de vida.
- Llamamos a constituir una justicia de sanación y liberación de los cuerpos
los pueblos y los territorios. A constituir una sanación cosmogónica de las
redes de la vida
Hacia una justicia feminista, originaria, popular, comunitaria
Este Tribunal Ético Popular Feminista observa un aprendizaje construido a
partir de las experiencias, del acompañamiento a víctimas y familiares,
cuando se encuentran en la necesidad de transitar por dichas instituciones y
sus laberintos, de soportar grados inmensos de dolor y sufrimiento. Muchas
mujeres pueden poner a disposición de otras esos saberes y hacerlos
colectivos.
Podemos pensar algunas exigencias al estado como: exigir el conocimiento
de la legislación sobre derechos de las mujeres, niñas, niñxs y adolescentes,
sobre justicia indígena; implementar con urgencia medidas que aseguren la
celeridad en las causas; avanzar hacia la ampliación de políticas públicas de
prevención y mecanismos efectivos y reales de búsqueda de mujeres
desaparecidas, organizar en todos los niveles, áreas interdisciplinarias de
asistencia a las víctimas, que escuchen su voz y la repongan
permanentemente en el proceso judicial, abogados gratuitos para las
querellas, entre otras cosas. Las preguntas son por los límites de esas
intervenciones, en el marco de un sistema que precariza la vida y quita
derechos de modo sistemático.
Nos preguntamos también en estos encuentros por los horizontes de nuestras
luchas. Cómo construimos seguridad para las mujeres e identidades
disidentes, y evitamos estas violencias. Cómo desde los feminismos
populares, comunitarios, de los pueblos, elaboramos colectivamente
estrategias de autodefensa, y mecanismos autónomos de reparación y justicia
cuando los entendemos necesarios. La desarticulación del patriarcado
implica seguir construyendo maneras de nombrar e identificar a las
violencias y sus mecanismos, para poder denunciar, reaccionar, pedir ayuda
a la compañera, activar redes, construir vidas libres y rebeldes.
Las mujeres de los pueblos originarios han planteado y asumimos en este
Tribunal, su derecho a tener y a defender los propios sistemas de justicia
porque la justicia colonial, blanca, occidental, winka, machista y misógina,
es una justicia mentirosa y complice, que a las mujeres y a los pueblos no
nos representa ni nos sirve.
Desde este Tribunal Ético Feminista, convocamos a multiplicar los
tribunales feministas, y seguir coordinando nuestras denuncias, para
aprender juntas a cuidarnos y defendernos. Abrimos así un camino hacia la
construcción de otra justicia, donde nuestros cuerpos, nuestras vidas,
nuestras palabras, nuestros deseos, nuestros territorios, nuestros pueblos,
sean protagonistas, y encontremos los modos de defendernos, sanarnos, y
reivindicar nuestro derecho a rebelarnos ante todas las opresiones y a crear
nuevos modos de vivir, de sentir, desde nuestras cosmovisiones, proyectos
y formas de ver la vida.
Tribunal Ético Popular Femininista
Feministas del Abya Yala
Buenos Aires, 30 de junio, 2018
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Hacia una justicia feminista, originaria, popular, comunitaria
Camila Parodi
10 agosto 2018
Desinformémonos

El primer juicio fue llevado a cabo en el marco del 32° Encuentro Nacional de Mujeres en Resistencia, Chaco, el 15 de octubre de 2017 y continuaron desarrollándose en distintas ciudades de la Argentina como así también en Uruguay y Paraguay. Fue así que durante el 28, 29 y 30 de junio el Tribunal se reunió en Buenos Aires con el objetivo de poner en común las catorce (14) audiencias realizadas a lo largo de estos ocho (8) meses en los que se presentaron un total de 68 casos.

En el ámbito de estos juicios populares y feministas, los casos no son como aquellos que se enumeran en las noticias o que se archivan en legajos criminalistas por su particularidad. Los casos aquí, son historias de vidas de mujeres, lesbianas, travestis y trans que, contadas en primera persona y desde lo personal, se convierten en políticas y colectivas develando la lógica del poder patriarcal, colonial y capitalista. Se trata, también, de historias de familias en lucha y búsqueda de espacios de sanación y de escucha verdadera.

juicio justicia patriarcal 4 PH Camila Parodi

Es en ese sentido que las audiencias realizadas fueron abiertas y en espacios públicos y convirtieron a los Juicios a la Justicia Patriarcal en “un modo de encuentro político pedagógico en el que pudimos escucharnos, sentirnos, acompañarnos, y pensar juntas cómo defendernos frente a las múltiples violencias del patriarcado colonial y capitalista, abriendo diálogos e intercambios para imaginar y pensar caminos hacia una justicia feminista, antirracista, originaria, comunitaria y popular” tal como lo expresaron sus protagonistas.

Una sentencia para muchas violencias

En la sentencia trabajada a lo largo de las jornadas del 28 al 30 se pudieron ordenar las distintas formas de accionar del aparato judicial. En ese sentido, se develaron mecanismos de legitimación de violencias, es decir aquellas “dificultades o imposibilidad de acceso a la justicia de mujeres empobrecidas, racializadas, originarias, negras, afrodescendientes, lesbianas, travestis, trans”. Según explicaron, esto se debe a lógicas de desinformación generadas intencionalmente por el Estado acerca de los derechos y de las leyes existentes lo cual conlleva al control y manipulación por parte de los funcionarios de la justicia a la hora de tomar y tratar un caso. En este punto, el Tribunal Ético Popular y Feminista encontró distintos hechos de complicidad, renuncias y amenazas como así también entorpecimiento y dilatación de las investigaciones de forma tal que la mayoría de las historias de violencias machistas quedan entrampadas en dichas lógicas, muy lejos de justicia real y genuina. A su vez, destacaron que dichos mecanismos implican per sé una clara intención de culpabilización, manipulación y maltrato a las familias de las víctimas cuando insisten en el avance de la investigación e inclusive cuando deciden continuar por cuenta propia con las investigaciones.

Por otro lado, se pudo confirmar que el sistema penal, policial y carcelario reproduce las violencia físicas, sexuales y psicológicas. Torturas en los momentos de detención, e incumplimiento de derechos para las mujeres, lesbianas, trans o travestis cuando son detenidas, como así también el uso de “la violencia sexual como tortura específica, por machismo, o por las discriminaciones provenientes de un régimen heteronormativo que busca disciplinar a los cuerpos disidentes” según denunciaron durante la presentación. Si bien no es ninguna novedad, se pudo afirmar que muchas veces es el mismo sistema judicial el que reproduce y legitima las violencias contra los cuerpos feminizados. Es así que no extraña la complicidad del personal judicial, incluidos fiscales y jueces, como así también de las fuerzas de seguridad y de sectores del poder político en los casos de desapariciones de adolescentes y jóvenes, realizados por las redes de prostitución y de trata. “Hay ausencia de mecanismos para la búsqueda real de las chicas desaparecidas. Las fuerzas policiales involucradas en las redes de prostitución y trata, amenazan y/o arman causas a quienes buscan a las desaparecidas” denunciaron en la primer sentencia realizada por el Tribunal Ético Popular y Feminista.

juicio justicia patriarcal 2 PH Camila Parodi

“La justicia y los medios de comunicación hegemónicos nos estigmatizan para generar odio masivo” afirmaron también al sistematizar los más de 60 casos presentados a lo largo de los juicios a la Justicia Patriarcal. “Se nos dice: locas, putas, brujas, malas madres, gente que no piensa, asesinas, bárbaras, ignorantes, ladronas, opas, tontas, salvajes, provocadoras, feminazis, corruptas y terroristas” utilizando elementos de la identidad para descalificar las demandas y para anular la palabra. En ese sentido, las indagatorias y juicios a mujeres originarias y migrantes se realizan en la lengua colonizadora, sin respetar la pluralidad de lenguas que se hablan en los territorios.

Por otro lado, se denunciaron los femicidios políticos donde la justicia responde a la voluntad estatal de encubrimiento de los responsables de los crímenes políticos en casos como los de Bertha Cáceres, Sakine Cansiz y Macarena Valdés, entre otros. “Existen complicidades de los poderes judiciales con las empresas transnacionales y con personajes de las oligarquías locales, se falta el respeto al artículo 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, y de los tratados ambientales existentes, se han armado causas para criminalizar como “terroristas” a mujeres defensoras de la vida y de los territorios, se falta el respeto a los tratados sobre los derechos de las mujeres, y sobre los derechos de niñxs y adolescentes” destacaron.

En lo que respecta a la criminalización de la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo se han relevado historias de mujeres presas por decidir sobre sus cuerpos, así como también de aquellos/as profesionales de la salud que acompañan la decisión de las mujeres y personas gestantes. En esa línea “queda evidente el compromiso de jueces y del sistema judicial con los fundamentalismos religiosos, y su receptividad ante las estrategias judiciales de los fundamentalismos, impidiendo la implementación de leyes y políticas públicas que garantizan el acceso a los derechos de las mujeres” afirmaron. A su vez, explicaron que muchas veces la justicia rápidamente prejuzga y determina prisión cuando en muchos casos no se aplican las causales aún existiendo y se criminaliza a quienes realizan interrupciones legales del embarazo (ILE). En particular, se denunciaron situaciones de extrema criminalización como es el caso de El Salvador donde no existe ninguna posibilidad para ejercer el derecho al aborto, y las mujeres que lo realizan y se descubre pasan largos años en prisión.

Hacia una Justicia Feminista…

A lo largo de las jornadas de encuentro, reflexión y sistematización llevadas en el marco del Tribunal Ético Popular Feminista se pudo constatar el aprendizaje que se ha construido de “las experiencias, del acompañamiento a víctimas y familiares, cuando se encuentran en la necesidad de transitar por dichas instituciones y sus laberintos, de soportar grados inmensos de dolor y sufrimiento” afirmaron. Es en ese sentido que, a partir de este proceso ahora muchas pueden intercambiar y colectivizar los saberes acumulados con las experiencias de los juicios.

De esta manera, el Tribunal Ético Popular Feminista enumeró en su sentencia algunas exigencias al Estado a partir del relevamiento realizado: “exigir el conocimiento de la legislación sobre derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, sobre justicia indígena; implementar con urgencia medidas que aseguren la celeridad en las causas; avanzar hacia la ampliación de políticas públicas de prevención y mecanismos efectivos y reales de búsqueda de mujeres desaparecidas; organizar, en todos los niveles, áreas interdisciplinarias de asistencia a las víctimas, que escuchen su voz y la repongan permanentemente en el proceso judicial y abogados gratuitos para las querellas, entre otras cosas”.

juicio justicia patriarcal 1 PH Camila Parodi

A raíz de los juicios y las instancias de encuentro no sólo la denuncia a la Justicia Patriarcal ocupó centralidad, también la preocupación estuvo centrada en la construcción de alternativas, de espacios de contención y sanación, de autocuidado y autodefensa para las mujeres, lesbianas, travestis y trans. Es así que la Justicia Feminista comenzó a ser prefigurada como un nuevo horizonte para el Tribunal Ético Popular Feminista. “La desarticulación del patriarcado implica seguir construyendo maneras de nombrar e identificar a las violencias y sus mecanismos, para poder denunciar, reaccionar, pedir ayuda a la compañera, activar redes, construir vidas libres y rebeldes” explicaron en su conclusión.

A su vez, tras el proceso realizado junto a las mujeres de los pueblos originarios del Abya Yala el Tribunal ha asumido su “derecho a tener y a defender los propios sistemas de justicia porque la justicia colonial, blanca, occidental, winka, machista y misógina, es una justicia mentirosa y cómplice, que a las mujeres y a los pueblos no nos representa ni nos sirve”. Y ante las propuestas y experiencias coincidieron, el siguiente paso es pensar la construcción de una otra justicia feminista, no sólo en el tribunal sino como una práctica cotidiana.

En ese marco, al cierre de la primer sentencia, este Tribunal Ético Feminista convocó a “multiplicar los tribunales feministas, y seguir coordinando nuestras denuncias, para aprender juntas a cuidarnos y defendernos”. Y manifestaron “abrimos así un camino hacia la construcción de otra justicia, donde nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestras palabras, nuestros deseos, nuestros territorios, nuestros pueblos, sean protagonistas, y encontremos los modos de defendernos, sanarnos, y reivindicar nuestro derecho a rebelarnos ante todas las opresiones y a crear nuevos modos de vivir, de sentir, desde nuestras cosmovisiones, proyectos y formas de ver la vida”.