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El Escaramujo No. 77
AMLO, ¿PROGRESISTA O DE IZQUIERDA?
Reflexiones sobre las perspectivas postelectorales en México
Gustavo Castro Soto
Otros Mundos A.C.
10 de Agosto 2018, Chiapas, México

El primero de Julio de 2018 se llevaron a cabo unas históricas elecciones donde el pueblo mexicano
otorgó la presidencia a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y a su Partido Movimiento de
Regeneración Nacional (MORENA) que, en coalición con otros partidos, arrasó en prácticamente
todo el país las candidaturas a elección popular. Muchas reflexiones, pronósticos y diagnósticos se
han hecho y se siguen haciendo sobre su significado hoy, a mediano y largo plazo. Y aunque todavía
no toma posesión de la presidencia, para muchos ya no cumplió con sus promesas y para otros
nunca lo hará. Para otras personas el cambio radical por fin ha llegado. Y hay quien dice que es
necesario esperar más tiempo para ver en realidad si se producen esos cambios esperados. En fin,
por ello quien escribe sobre estos pronósticos se arriesga a recibir aceptaciones o críticas. Nos
arriesgamos.
México ha pasado por unas elecciones históricas.
AMLO ganó la presidencia con el 53.19% de las preferencias -seguido por Ricardo Anaya con
22.27%-, y con más de 30 millones de votos a su favor. Este es su tercer intento por llegar a la
presidencia (2006, 2012 y 2018). Luego de 12 años después de su primera candidatura, se encuentra
con un México más devastado por la violencia, los feminicidios, los desaparecidos, la corrupción, el
crimen organizado, la pobreza, el extractivismo, la deuda externa disparada, así como cambios
constitucionales y de leyes secundarias por medio de las cuales se ha vendido al país a las
corporaciones transnacionales que disputan los territorios a los pueblos indígenas, campesinos e
incluso urbanos.
Es originario del estado de Tabasco y quien fuera del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y
del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de quienes se separó años atrás. Fue Jefe de
Gobierno de la Ciudad de México del 2000 al 2005. En 2011 inicia la génesis de lo que será luego
el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) que obtiene su registro en 2014.
De una lista nominal de 89.2 millones de personas, votaron más de 56 millones de mexicanos y
mexicanas, datos récord en la historia del país. Es la primera vez que se eligen a tantas autoridades
en todas las 30 entidades del territorio mexicano, más de 3,000 cargos públicos: el Presidente de la
República, el 100% de la Cámara de Diputados compuesto por 500 diputados, 128 senadores, 8
gubernaturas, la Jefatura de la ciudad de México y sus 16 alcaldías, 972 diputaciones locales, 1,596
ayuntamientos y 184 juntas municipales.
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Los fraudes en los procesos electorales anteriores en México han sido descomunales y en el
contexto de una creciente violencia. Y éste no es la excepción. El año 2017 fue el año más violento
registrado en las últimas décadas. Previo a las elecciones de julio 2018 se dieron más asesinatos y
durante la jornada se registraron robo de urnas y amedrentamientos por parte de grupos armados.
Según el Séptimo Informe de Violencia Política en México 2018 de la consultoría Etellekt, se
registraron 774 agresiones a políticos entre el 8 de septiembre de 2017 y el 1 de julio 2018, de las
cuales 152 fueron asesinatos. Otras fuentes señalan que de las aproximadamente 90 personas
asesinadas durante el proceso preelectoral hasta la fecha, todos miembros de partidos o candidatos a
diversos cargos públicos, más de 30 han sido de MORENA. Pese a todo ello, estas elecciones
fueron calificadas sin violencia ni fraude. Y es que la contundencia de los millones de votantes a
favor de AMLO opacó el hecho de que este proceso electoral ha sido el más violento en los últimos
20 años.
Sin embargo, no hay que olvidar que no todo fue a favor de AMLO, sino a favor del hartazgo de la
sociedad mexicana frente a los gobiernos presidenciales siempre del PRI y los dos únicos del
Partido Acción Nacional (PAN) (2000-2006 y 2006-2012), que generaron en la población un anhelo
de cambio hasta en los estados en que nunca se había visto, menos en uno, en Guanajuato. Lo jamás
visto. Por ello, el Presidente más impopular, ridiculizado y vilipendiado por la sociedad mexicana,
al ver el tsunami electoral en su contra, se apresuró a firmar diez decretos que suprimen vedas para
facilitar la extracción del agua por las empresas y amarrar otras acciones que garantizaran la
continuidad del entreguismo del país al mercado transnacional. Y por cierto, tampoco se produjo la
crisis en la bolsa tan anunciada ni la fuga de capitales masivos. No se fueron las empresas del país y
tampoco se devaluó terriblemente la moneda.
Sí habrá “cambios”: el maquillaje político y social.
AMLO ejecutará acciones que significarán mucho para la población mexicana, pero serán
simbólicas ya que no van a tocar, ya no digamos modificar, la raíz del problema. Y ello no significa
que no sean buenos y necesarios. Lo son dentro de un proceso de transición de largo plazo ya que
no se logra enfrentar a tantos intereses enquistados en el aparato de gobierno. Sin embargo, pronto
no serán suficientes para el pueblo mexicano que exige un cambio de rumbo en la política
económica del país.
De cualquier modo, el maquillaje político y social tendrá su atractivo y la tentación a que su
gobierno sea intocable a las críticas. Por ejemplo, las propuestas que ha expresado AMLO ahora y
desde hace años: no usar el avión presidencial de lujo, vender la flota de transporte aéreo de la
presidencia, reducir salarios a los funcionarios, vivir en austeridad, no aceptar guardaespaldas, no
vivir en la casa presidencial de Los Pinos y convertirlo en parte del Bosque de Chapultepec. Otorgar
becas para estudiantes o eliminar los sueldos vitalicios a los ex presidentes; decretar que nadie gane
más sueldo que el presidente de la República que lo definirá en 108 mil pesos mensuales. Quitarle
inmunidad al Presidente para que sea juzgado por delitos electorales y de corrupción así como
eliminar fueros y privilegios a funcionarios públicos. Tipificar como delitos graves el tráfico de
influencias y la asociación entre empresas y funcionarios públicos para defraudar a Hacienda.
Lograr la autonomía de la Fiscalía General; combatir la corrupción y acabar con la impunidad;
combatir el fraude electoral; no comprar más bienes inmuebles y disminuir la planta de asesores de
las secretarías; eliminar los bonos a los funcionarios y las estructuras y programas duplicados en el
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gobierno; disminuir viáticos, viajes al extranjero y personal de confianza. Prohibir el uso de
vehículos públicos para fines personales; no contratar a familiares y reducir el 50% el gasto de
publicidad del gobierno. Los funcionarios públicos no podrán convivir en fiestas con contratistas,
grandes empresarios o proveedores a la función pública. Los choferes solo serán para secretarios y
subsecretarios; y los policías y militares ya no estarán al servicio de funcionarios o particulares. El
Estado Mayor Presidencial se incorporará por completo a la Secretaría de la Defensa; cancelar toda
labor de espionaje o intervención telefónica que afecta a la privacidad de las personas; ahorrar en
gastos operativos en todas las oficinas de gobierno; transparentar las licitaciones públicas; limitar
las partidas en los presupuestos de diputados y senadores. Los funcionarios públicos no podrán
recibir regalos mayores a 5 mil pesos y eliminar la contratación de despachos de asesores. En las
relaciones comerciales con empresas trasnacionales se priorizarán aquellas cuyos países y gobiernos
se caractericen por su honestidad y combatan la corrupción y se eliminará la figura de la “Primera
Dama”, entre otras medidas.
Incluso anuncia que retomará los Acuerdos de San Andrés firmados entre el Ejército Zapatista de
Liberación Nacional (EZLN) y el Gobierno Federal en 1996, lo que ha desatado una polémica y
respuesta de los zapatistas que se enfrentaron con él en 2006 para evitar que llegara AMLO a la
presidencia según anunciaron en sus comunicados de aquél entonces. Sin embargo, no hay que
olvidar que los resultados de la Mesa 1 sobre “Derechos y Cultura Indígena” contradecían
radicalmente la política impuesta por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en el
sentido de privatizar la educación, la salud, las tierras o los monumentos históricos del país. Por
ello, el gobierno traicionó los Acuerdos de San Andrés sobre la autonomía de los pueblos indígenas
sobre sus territorios, ya que la agenda de los Tratados de Libre Comercio incluía la privatización del
52% el territorio nacional que se encontraban en manos de ejidatarios y comuneros donde la
inversión extranjera esperaba arribar con sus proyectos extractivos. Y eso es algo que muchos
sectores del país no lograron entender, que los zapatistas luchaban por toda la población mexicana
en contra de las políticas neoliberales. Razón tienen en no creer en las promesas del “mal gobierno”.
Pero si AMLO efectivamente quiere cumplir con los Acuerdos de San Andrés tendría que echar
atrás las reformas constitucionales, la Ley de Seguridad Interior, la Reforma Energética, otras leyes
secundarias así como muchas privatizaciones y los proyectos extractivos del país. Sin embargo, ha
afirmado en varias ocasiones que sus acciones se realizarán dentro del “marco legal actual”, por lo
que no habrá cambios.
Su futura Secretaria de Energía, Rocío Nahle García, así como el futuro titular de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, de lamentables antecedentes políticos, han
anunciado que no se echará abajo la Reforma Energética votada en diciembre del 2013, la cual
aceleró el despojo de los territorios acabando con la nacionalización de la producción petrolera y
abriendo las puertas al fracking. Así, el cumplimiento con los Acuerdos de San Andrés implicaría
oponerse frontal y radicalmente al capitalismo atroz que galopa impune en el país, por lo que se
antoja imposible, y muy probablemente sus acciones en la materia no pasarán de algunos elementos
de maquillaje. Y mucho menos se vislumbra que los otros temas que quedaron pendientes en el
proceso de paz se continúen.
Se nos olvida que todas estas acciones de gobierno que se pretenden son obligación de cualquier
gobierno democrático, pero es tal la corrupción e impunidad que se ve como una virtud lo que
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debiera ser cumplimiento de ley. De cualquier forma, si AMLO cumple con la mayoría de estos
compromisos de maquillaje político y social, serán buenos, necesarios y urgentes, y habrá que
reconocerlos. Pero, lamentablemente, tampoco serán suficientes. Y se topará con los funcionarios
del PRI y otros partidos cobijados en todas las estructuras y niveles de gobierno en todo el territorio
nacional, quienes tendrán cinco meses hasta diciembre de 2018 en que tome posesión, para
desmantelar toda la oficina e información a su paso y hacer imposible el arranque de su nuevo
gobierno así como asegurar su impunidad. Ojalá los cambios de gobierno fueran más expeditos.
MORENA se quemará más rápido de lo que imaginamos si tomamos en cuenta que muchos
funcionarios y políticos solo cambiaron el membrete. Los camaleones solo cambiaron de color, pero
son lo mismo de siempre. Quizás muy pronto empezaremos a ver por todo el territorio nacional al
nuevo partido en el poder con las manchas de la corrupción, la violencia y la represión que se
perpetúa, como sucedió en muchos gobiernos en manos del PRD años atrás.
La tendencia: la misma ruta extractivista y del capital.
Ante la inminente segunda caída histórica del PRI agazapada en la presidencia, en el último
momento muchos políticos y empresarios, acérrimos enemigos de AMLO, cambiaron su rumbo y se
sumaron a su propuesta para tener perspectiva política frente a su evidente escenario de victoria
electoral. Y con AMLO fueron acogidos y entronados en puestos políticos, administrativos y en
diversas estructuras de su futuro Gobierno, incluso aquellos políticos con los que antaño se enfrentó
y que muchos sectores del pueblo mexicano rechazan por el papel que jugaron en el pasado
vendiendo al país. Por ello, las críticas merecidas no dejan de correr contra AMLO.
No es imaginación ni hipótesis aventurera. Ya lo dijo y lo está demostrando con la gente que lo
rodea. El equipo de transición de AMLO es muy polémico, contradictorio e incoherente. Los que
dirigirán el sector económico y financiero será por un lado Alfonso Romo, empresario vinculado a
la biotecnología y quien fuera dueño de la empresa Seminis comprada por Monsanto en 2004. Ahora
AMLO visita sus empresas en Chiapas. En Hacienda pretende entronar a Carlos Urzúa, un consultor
del Banco Mundial, y en Educación propone a Esteban Moctezuma, quien fuera Secretario de
Gobernación en el sexenio de Ernesto Zedillo donde se traicionaron los Acuerdos de San Andrés.
Los empresarios críticos y enemigos de AMLO ahora se suman a los meses de transición y saludan
al nueve jefe de Estado. El segundo hombre más rico del país, Germán Larrea, dueño del Grupo
México y de las principales minas del país que han devastado territorios con consecuencias
socioambientales irreversibles, y quien hiciera campaña contra AMLO, felicitó al futuro presidente
en una carta pública prometiéndole “redoblar esfuerzos e inversiones”, es decir, impulsar más el
sector minero. Y así otros políticos de triste recuerdo y recorrido. Por su parte, AMLO no deja de
elogiar a los grandes empresarios del país y poniéndolos como ejemplo, como a Carlos Slim.
Como ha sucedido en todas las contiendas por la presidencia desde 1994 en que inicia la apertura
del país al mercado externo usando como vías los Tratados de Libre Comercio, previo a las
elecciones los presidentes han llevado a cabo reformas y adelantado los cambios constitucionales y
de leyes secundarias necesarias para avanzar en las políticas de ajuste estructural para que un
posible arribo de la izquierda ya no logre modificarlos. De este modo, el gobierno saliente de EPN
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firma diez decretos para levantar vedas en 194 cuencas hidrológicas del país con el fin de garantizar
a las inversiones la extracción y control del vital líquido en sus procesos industriales y extractivos.
Pero antes de eso impuso más reformas, como los decretos de las Zonas Económicas Especiales
(ZEE), la Ley de Hidrocarburos entre otras leyes secundarias.
La política económica de AMLO, por lo menos hasta el momento, apunta a favorecer las
inversiones extranjeras, las políticas extractivistas, la minería, las represas, las ZEE, los
agronegocios, los pozos petroleros y el fracking, el aeropuerto de la Ciudad de México, el tren
rápido, entre otros proyectos que necesariamente seguirán confrontándose con los pueblos
indígenas, campesinos, urbanos y poblaciones que viven en la periferia. Ya estos movimientos están
preparándose para la batalla que seguirá en los próximos años. Cabe destacar el impulso que
pretende darle a la explotación petrolera nacionalista y otorgarle al sector valor añadido, lo que
incluye la construcción de dos refinerías en Tabasco, aunque el sector ya está pulverizado,
endeudado, concesionado y rodeado de tanta rapiña transnacional.
AMLO se ha caracterizado por ser una persona honesta, pero también muy institucional y
respetuosa de la legalidad, aunque ésta no responda a los anhelos de la gente. Los movimientos
sociales le pedirán valentía para enfrentar retos estructurales, emanciparse de los grandes intereses
trasnacionales, que realice cambios legales y constitucionales que reviertan las reformas. ¿Podrá
remar contra la dinámica e inercia ya establecida? ¿O intentará “humanizar” y amortiguar?
AMLO se encontrará con una deuda externa impagable; con una cúpula empresarial presionando
para seguir con sus privilegios fiscales, legales y de acumulación, amenazando constantemente por
eso y más so pena de desestabilizar el país o demandarlo ante tribunales comerciales
internacionales. Se encontrará con una migración incontenible; con una delincuencia organizada
que no se ha podido detener y que tiene corrompida las estructuras del estado; una corrupción
descomunal; con una presión del sector militar al que le deberá consolar y mantener contento. Un
país con una pobreza terrible, con la desigualdad galopante; con el reto de 200 mil muertos, más de
35 mil desaparecidos, feminicidios de hasta siete mexicanas asesinadas cada día. Con el mayor
saldo de periodistas asesinados; con un presidente de los Estados Unidos que quiere todo de México
y todo a favor de él, que exige el pago del muro de la frontera, que amenaza constantemente con su
guerra comercial y con la continuación de la aplicación de una política migratoria que ha llevado a
cientos de casos de niños enjaulados y separados de sus padres. Con compromisos contraídos en el
marco de tantos Tratados de Libre Comercio firmados y otros que están en proceso por el gobierno
saliente, entre otros retos complicadísimos de manejar. No es menor el reto de enfrentar el hecho de
que México ha firmado Tratados de Libre Comercio, Tratados Bilaterales de Inversión, Acuerdos
Preferenciales o Acuerdos Parciales con 65 países y también es parte del proceso de negociación del
tratado más ambicioso que se haya firmado en el mundo, donde la privatización y la liberación del
comercio llega a todos los bienes muebles e inmuebles, tangibles e intangibles. Este acuerdo es el
Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (Trans-Pacific Partnership, TPP, por sus siglas
en inglés).
¿Por dónde empezará AMLO? ¿Por dónde empezará a limpiar la casa? Por tanto, hay cuatro
sectores poderosos que serán también un reto enorme de manejar para AMLO: el ejército, los
empresarios nacionales y extranjeros, el narcotráfico y los medios de comunicación. Bueno, y un
quinto: el pueblo mexicano que va a exigir que los cambios se vean y se palpen pronto, porque
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queremos una transformación radical sin pensar en la necesaria fase de transición. A veces lo
queremos ya, todo, y de un día para otro. Y a veces con el maquillaje nos conformamos.
La profunda transición política, económica y social de México, si es que AMLO le apuesta a ello y
el pueblo mexicano acepta los saldos durante este proceso, va acompañada de rupturas,
negociaciones, contradicciones, reacciones iracundas de quienes pudieran ir perdiendo privilegios y
los consecuentes saldos que implica para el pueblo mexicano. Y seis años no serán suficientes. No
olvidemos que treinta y seis años equivalentes a seis sexenios, desde 1982 hasta la fecha, le ha
llevado al capitalismo abrir y destazar al país para dejarlo en manos del gran capital transnacional.
Solo votar por AMLO no es suficiente. Un proceso de transición profunda implicará tomar
conciencia de que el pueblo mexicano vivirá momentos difíciles y críticos. Por ejemplo, si AMLO
decidiera nacionalizar algún sector privatizado, la virulencia corporativa transnacional se vendrá
encima, sus demandas de indemnización serán billonarias; el Banco Mundial y el FMI reaccionarán
con coerción y extorsión; los préstamos disminuirán, la prima de riesgos se disparará, el gasto
público bajará así como el empleo. Se agudizarán el déficit de los ingresos fiscales ya paupérrimos
por la eliminación de aranceles y la impunidad hacendaria del que ya gozan las corporaciones que
mermará el gasto social, los servicios de salud y educación, entre otros. ¿O pensábamos que al parir
el corazón no hay dolor?
Ahora es el momento clave. MORENA tiene la mayoría del Congreso de Diputados y Senadores. Es
el escenario político ideal que jamás se había visto y que se anhelaba tanto para poder legislar a
favor del pueblo y sus intereses, para revertir reformas que han hecho tanto daño al país. Tener esta
oportunidad y no lograr los cambios legales y constitucionales, será un grave error. Es un escenario
que quizás no se repita en décadas. Y esto no lo puede perdonar el pueblo mexicano.
¿“Progresista” o de “Izquierda”?
Eduardo Gudynas nos ofrece una caracterización de estos conceptos que nos ayudarían a ver desde 1
este lente el gobierno de AMLO. Define a los gobiernos progresistas de Sudamérica como
“conjuntos de gobiernos, y sus bases de apoyo (partidos o movimiento políticos -partidarios), que
reemplazaron a administraciones conservadoras neoliberales bajo un viraje inicialmente hacia la
izquierda (…)”.
En este marco sitúa en la década del 2000 a presidentes con diversos orígenes y antecedentes como
Néstor Kirchner (político) y Cristina Fernández (abogada) en Argentina; Evo Morales (indígena) en
Bolivia; Lula Da Silva (obrero) y Dilma Rousseff (economista, política) en Brasil; Rafael Correa
(académico) en Ecuador; Tabaré Váquez (médico) y José Mújica (ex guerrillero y quien fuera preso)
en Uruguay; Hugo Chávez (militar) y Nicolás Maduro (político) en Venezuela; Fernando Lugo
(obispo) en Paraguay; Ricardo Lagos (abogado y economista) y Michele Bachelet (médica y
política) en Chile. Y otros sitúan además a Daniel Ortega (ex guerrillero) de Nicaragua.
Dichos gobiernos usaron las denominaciones de progresistas, nueva izquierda, revolucionarios, del
Socialismo del Siglo XXI, Bolivarianismo, del Buen Vivir, etc. Algunos de estos gobiernos
1 Ver el artículo de Eduardo Gudynas “Los Progresismos Sudamericanos: Ideas y prácticas, avances y límites”, en la
publicación “Recatar la Esperanza/Más allá del Neoliberalismo y el Progresismo”. EntrePueblos, Barcelona,
Septiembre 2016.
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impulsaron el Banco del Sur, la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), los Gobiernos y los
Movimientos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), los
Encuentros Progresistas Latinoamericanos y además bloquearon el Área de Libre Comercio de las
Américas (ALCA) aunque luego firmaron otros acuerdos de libre comercio bilaterales. Intentaron
revertir las políticas de austeridad y el avance de la acumulación transnacional. Fortalecieron el
papel del Estado, las políticas públicas e intentaron paliar y revertir la pobreza, evitar el aumento de
impuestos y favorecer el empleo. Repartieron recursos económicos en diversos programas a
sectores como mujeres, estudiantes, adultos mayores, vivienda y otros tipos de subsidios. Hubo
grandes avances y beneficios. Otros redujeron un poco la deuda y otros la aumentaron; otros
mejoraron su balanza comercial incluso con más extractivismo; otros aumentaron el consumo y la
clase media; algunos redujeron los déficits fiscales, entre otros indicadores importantes. Muchos
usaron el discurso anticapitalista.
Algunos gobiernos renovaron sus Constituciones como Ecuador, Venezuela y Bolivia; otros
visibilizaron su realidad plurinacional e indígena o los Derechos de la Naturaleza como en Ecuador.
Enfrentaron la oposición local de derecha y de otros gobiernos y empresas extranjeras. Algunos
nacionalizaron algún sector y otros expulsaron a empresas trasnacionales sin librarse de demandas
multimillonarias. Sin embargo, no abandonaron los principios del capitalismo como el crecimiento
económico por medio de inversiones y exportaciones, lo que llevó en muchos casos a agudizar el
extractivismo como represas, proyectos mineros, petróleo, el fracking, monocultivos, entre otros
proyectos de infraestructura y tercerización, con la diferencia de que lo hacía un gobierno del
cambio aunque las consecuencias sociales y ambientales fueran iguales, y que las ganancias no
fueron a la acumulación de todas las corporaciones sino a los fondos públicos para distribuirlos en
programas sociales. Para Gudynas, regresaron las empresas estatales y se fortaleció el papel del
estado. El extractivismo, los programas sociales y los efectos socioambientales fueron muy
parecidos a los de los gobiernos de derecha, pero con la diferencia de que eran de los gobiernos
legitimados por el discurso del cambio y por la izquierda. Esto dificultó que las voces críticas se
alzaran cuando ciertas políticas afectaron a la población bajo el argumento de que no se puede
criticar los procesos de izquierda para no debilitarlos a favor de la derecha o del imperialismo.
Marcó un halo de intocabilidad en ciertos espacios de los movimientos sociales donde se les dio un
cheque en blanco, donde el silencio prevaleció, por miedo la crítica se guardó, se volteó a ver a otro
lado y se enfrentaron algunos movimientos de adentro con los de afuera del país antaño amigos.
Cuando alguien levantó la crítica, algunos de estos gobiernos se hicieron intolerantes a ella, no les
gustaron los señalamientos e iniciaron la persecución fiscal o administrativa a las organizaciones, el
descrédito, el acoso mediático, la violencia, la cooptación, la eliminación de apoyos de gobierno o
el hostigamiento como en los casos de Ecuador, Nicaragua, Bolivia y Brasil. Algunos se revelaron
contra los mecanismos de derechos humanos internacionales e intentaron controlar a la oposición
social. Pero al parecer, ninguno se salvó de la corrupción.
Para Gudynas, el resultado acabó por sepultar los gobiernos progresistas que terminaron solos y
aislados. Justificaron que lo que se hacía era todo lo que se podía hacer, y fueron absorbidos por el
capital y los mecanismos de la gobernanza global. Pese a todo, los nuevos gobiernos en América
Latina a partir del 2000 generaron una ola tremenda de esperanza y nuevas articulaciones en los
movimientos sociales, un anhelo de que se pueden cambiar las cosas y enfrentar al capitalismo.
Revivió la discusión de si los cambios vienen de abajo o de arriba, o si de ambos lados al mismo
tiempo. Fue una década de fiesta y fuerza, de esperanzas y de anhelos. Sin embargo, estos
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acontecimientos son tan recientes que causan escozor hablar de ellos. En algunos espacios es
todavía tabú criticar o hacer un análisis de los gobiernos progresistas del 2000. Y AMLO llega tarde
y solo en el paisaje latinoamericano donde la derecha retoma el poder. En 2018, además de México,
se renuevan las presidencias de Colombia, Costa Rica, Venezuela, Paraguay y Brasil.
Para Gudynas “los progresismos actuales son regímenes políticos con identidad propia y diferente
en varios aspectos a las izquierdas”. Así, un gobierno de izquierda avanzaría hacia una integración
diferente, con discurso y practica anticapitalista, con la participación de los sectores, con
alternativas al capitalismo, combatiendo las estructuras globales y multilaterales de gobernanza
como la OMC, los tratados de libre comercio, etc. Un gobierno que lucha contra la corrupción y por
los derechos humanos, favorece e impulsa mecanismos democráticos, de consulta y plebiscitos;
que aceptan la crítica, que controla el mercado, que radicaliza posiciones; que tiene una posición
ambiental clara y un respeto a los derechos de los pueblos indígenas; con fuerte vinculación con los
movimientos sociales y respeto a ellos.
¿Y ahora?
Quien considere que el cambio radical ha llegado con AMLO, creemos que se equivoca. Se
decepcionará muy pronto. El reto de cambiar al país es inmenso, y seis años no son suficientes para
ello. Muchos sectores de la sociedad pedirán que en poco tiempo se haga justicia por tanta sangre
derramada en el país, que se solucione la masacre de Acteal, Ayotzinapa y otros miles y miles de
muertos y feminicidios que cubren el territorio nacional; o que se haga justicia por tantas
consecuencias sociales y ambientales del extractivismo; o que se eliminen las concesiones mineras
o los grandes proyectos de represas, petroleras o de fracking. Habrá quien desee que los banqueros,
empresarios, expresidentes y políticos fraudulentos estén mañana en la cárcel para lo que primero
habría que limpiar el Poder Judicial y hasta las mismas Fuerzas Armadas. Bajo la hipótesis de que
se quiere lograr un cambio radical en el proceso de transición sistémica, se requieren décadas,
paciencia y dimensión histórica epocal de transición, y es posible que se vislumbre al igual que en
otros países, los argumentos de la reelección para hacer posible y sostenible este cambio que
conllevaría la modificación constitucional tan criticada por parte de una derecha que sí se lo
permiten y lo legitiman en su caso.
Quien considere que AMLO es más de lo mismo e igual a sus predecesores, creemos que también se
equivoca. Habrá algunos cambios, formas diferentes en algunas partes, menos corrupción
presidencial, entre otros signos del maquillaje social y político ya mencionados que sí marcan un
estilo y forma muy diferentes de gobernar.
Otros consideran que ya cumplieron con el voto y que el resto le toca solo a AMLO. También están
equivocados. La batalla contra el poder transnacional, la violencia y la corrupción apenas inicia.
Será necesaria una sociedad exigente, que marque y desmarque rumbos, que exija cumplimientos y
promesas. Y para otros considerarán que AMLO era el candidato menos peor. En esto, quizás haya
razón.
A partir de ahora habrá nuevos vértices de división entre los sectores sociales mexicanos. Para la
victoria de AMLO ayudó tener un enemigo común rechazado por la mayoría de la población. Sin
embargo, ahora ya se están generando divisiones en torno a la lectura y diagnóstico que se haga de
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su papel, de su nuevo gobierno, sus tiempos, su cumplimiento, sus modos, sus alianzas. Unos serán
más pacientes y comprensivos; otros más intolerantes y exigirán coherencia y rapidez en el cambio.
Los espacios de encuentros de las organizaciones y movimientos se debilitarán también en la
medida en que miembros de las Ong’s, movimientos campesinos, indígenas, académicos, de
derechos humanos, etc. sean invitados a formar parte de las estructuras en los tres niveles de
gobierno. Se ha observado en otros casos que hay quien sale, luego de un tiempo, desilusionado y
rechazando al gobierno. Otros se acomodan o se neutralizan.
Por otro lado, como sucede en otros muchos casos en América Latina, los de casa podrán criticar
fervientemente los errores de su nuevo gobierno exigiendo coherencia y cumplimiento de promesas,
luchando contra las mismas empresas y proyectos extractivistas; mientras que desde el extranjero se
les dirá que eso es apoyar a la derecha y que es mejor callar y entronar el silencio. Y cuando a éstos
últimos les llega un gobierno de izquierda o progresista, estarán entonces en la misma disyuntiva.
Esto ha aislado a muchos movimientos que son críticos a los efectos extractivistas de los gobiernos
progresistas.
De cualquier modo, la victoria de AMLO ha dado un respiro de esperanza para el pueblo mexicano.
La lucha contra el viejo régimen empieza y es de todo el pueblo. Habrá que aplaudir los logros del
nuevo gobierno pero también habrá que ser sumamente críticos en los errores, en las promesas
incumplidas, en las inercias políticas e institucionales y en todo aquello que siga violando los
derechos humanos, que perpetúe la pobreza, la violencia, los feminicidios, la corrupción y la
impunidad. La defensa de la tierra y el territorio seguirá activa y necesaria. Con todo, la victoria de
AMLO es necesaria para la salud mental y política del pueblo mexicano. La izquierda o el
progresismo deben arribar para desengañarnos de una vez, para no perpetuar el anhelo de un camino
que no llega y nos hace perder fuerzas para voltear a ver otras veredas.