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El pasado 19 de agosto, prohibieron el ingreso de los miembros del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza. Fue un alarde de poder para decir al país: aquí se hace lo que nosotros queremos. ¿Existe Policía por allá? El último hecho demostró que no. ¿Existe Estado? No.
¿Cuál es la fuente de poder de este grupo? La coca. Pero no la coca tradicional que sirve para el acullico, sino la que va al narcotráfico (94%, según la Oficina de las Naciones Unidas sobre Dogas y Crimen, Unodoc). Allá se hacen negocios, directos o indirectos con el narcotráfico, bajo la tolerancia del gobierno del presidente Morales, que también es presidente de este sector.
“Los barones de la coca”
Andres Gomez Vela
Página Siete
domingo, 26 de agosto de 2018
Una mañana de noviembre, un amigo que fue embajador me contó que un día preguntó a uno de los jerarcas del MAS ¿qué es lo que más te gusta de este momento? “¡Que lo que yo diga se haga!”, le respondió el hombre, en ese tiempo de ascenso.
Había definido, sin pretender, qué es el poder. Ese ser individual, arropado por el alma colectiva, había liberado su sensación de omnipotencia y se sentía poderoso porque de pronto se había dado cuenta de que podía imponer su propia voluntad sobre la voluntad de los que constituían la fuente de su poder.
La correlación de fuerzas ha cambiado. Hoy es tiempo de descenso y el alma colectiva, que había dado su consentimiento delegando parte de su soberanía, quedó reducida a un grupo de poder fáctico: los cocaleros del Chapare (trópico cochabambino).
Hoy se hace lo que ellos dicen y no hay resistencia posible, a tal punto que han llegado a controlar a las Fuerzas Armadas.
“En estos 12 años, hemos podido ver en nuestros mandos militares que la mejor forma de hacer carrera militar es ser partidario del MAS y particularmente tener el aval político de las seis federaciones de cocaleros del Chapare. Hemos pasado de la aceptación y beneplácito de la embajada del imperio yanqui a la aceptación y beneplácito del caudillismo y padrinazgo chapareño”, se lamentaron militares, en un manifiesto el 10 de agosto.
No sólo controlan el “poder de las armas”, también el político. Primero decidieron que su dirigente máximo, Evo Morales, vuelva a ser candidato en 2019, contra la Constitución y la voluntad de la mayoría de los bolivianos que le dijeron NO en el referendo de 2016.
Para demostrar su poder, el pasado 6 de julio resolvieron que Álvaro García sea candidato a la Vicepresidencia por el MAS, en las elecciones generales de 2019. Impusieron su voluntad, no escucharon las otras voluntades masistas que sugerían una mujer o un obrero.
Han acumulado tanto poder, que han privatizado una parte del territorio boliviano, denominado Polígono 7, parte sur del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Colonizaron a los pueblos indígenas de ese lugar, los pusieron al borde del etnocidio y ahora ningún boliviano puede entrar a esa parte del país sin el permiso de ellos.
El pasado 19 de agosto, prohibieron el ingreso de los miembros del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza. Fue un alarde de poder para decir al país: aquí se hace lo que nosotros queremos. ¿Existe Policía por allá? El último hecho demostró que no. ¿Existe Estado? No.
¿Cuál es la fuente de poder de este grupo? La coca. Pero no la coca tradicional que sirve para el acullico, sino la que va al narcotráfico (94%, según la Oficina de las Naciones Unidas sobre Dogas y Crimen, Unodoc). Allá se hacen negocios, directos o indirectos con el narcotráfico, bajo la tolerancia del gobierno del presidente Morales, que también es presidente de este sector.
Su poder no tiene límites, por ello anularon los resultados del estudio de la hoja de coca, financiado por la Unión Europea, que arrojó la necesidad de apenas 6.000 h para el consumo tradicional, según reveló el dirigente cocalero Édgar Torres, el 5 de noviembre de 2013. De la noche a la mañana, cambiaron los números y dijeron que los bolivianos necesitamos 14.705 h.
No conformes, subieron la cifra a 22.000 h, 14.300 para la zona tradicional de los Yungas y 7.700 para ellos. Con el fin de legalizar la coca producida para al narcotráfico, hicieron una ley a su medida.
Se comprometieron a cultivar sólo 3.200 hectáreas, en un acuerdo firmado con el gobierno de Carlos Mesa, en 2004, cuando arrancaron un cato (40 metros por 40 metros) por familia para 23.000 afiliados que vivían en ese entonces, en esa zona.
Hoy, calculan 44.000 afiliados en las seis federaciones y dicen que se autocontrolan entre ellos para que la coca no sea desviada. Si se autocontrolan, ¿por qué siguen alimentando al narcotráfico? También dicen que sólo cultivan 7.700 hectáreas.
¿Cómo saberlo si no dejan entrar a esa zona de Bolivia? Dicen que aportan a Bolivia, ¿cuánto (si no pagan impuestos)?
No son socialistas ni revolucionarios, son “los barones de la coca” y gobiernan Bolivia y están dispuestos a aplastar a otros cocaleros que no están con ellos. No todos, me aclara mi amiga del Chapare: los dirigentes.
Andrés Gómez Vela es periodista