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Rechacemos la Derogación de la Constitución Bolivariana

Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución Bolivariana |
Lunes, 27/08/2018 04:49 PM

RECHACEMOS LA DEROGACION DE LA CONSTITUCION BOLIVARIANA

UNIDOS GANAREMOS EL REFERENDUM CONSTITUCIONAL

A raíz de la derrota sufrida en las elecciones parlamentarias del 15 de diciembre de 2015 y de la amenaza del bloque opositor de la MUD de aplicar su mayoría calificada en la Asamblea Nacional (AN) para defenestrar su gobierno, el presidente Maduro optó por utilizar su dominio en el parlamento saliente para reconfigurar el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con el fin de convertirlo en un instrumento incondicional de su gobierno para preservar el poder. El nuevo TSJ, a través de la flexibilización y desaplicación de la Constitución y la legalidad establecida, logró inhabilitar, en forma espuria e inconstitucional a los diputados de Amazonas para quebrar la mayoría calificada de la AN e impedir la designación por ésta de los nuevos poderes públicos. Ese movimiento fue respondido por la MUD con el desconocimiento del TSJ, el cual, a su vez, declaró al Parlamento en desacato y decidió asumir sus funciones en conjunto con el Ejecutivo.

La conducta errática del liderazgo de la MUD la llevó a dilapidar el triunfo electoral obtenido en las parlamentarias y al abandono de las movilizaciones populares, lo cual fue respondido con provocaciones y una conducta más autoritaria y anticonstitucional por el gobierno madurista. Algunas de dichas movilizaciones degeneraron en violencia y en la reedición de las “guarimbas”, consistentes en la inhabilitación de la vida cotidiana, mediante el cierre de calles y avenidas con barricadas para evitar que la gente pudiera movilizarse e impedirle salir o entrar a sus viviendas o sitios de trabajo. Esta vandalización de la protesta social, consentida por la MUD al no desmarcarse de la misma, que dejó un saldo de más de 142 muertos y cientos de heridos con la responsabilidad de ambos factores, contribuyó significativamente a deslegitimarla ante los ojos de sus propios adherentes, abonándole el terreno al gobierno-PSUV para que avanzara hacia la consolidación de un régimen autoritario, basado en la aplicación de un estado de excepción permanente para legislar a discreción con el fin de concentrar el poder en el ejecutivo y naturalizar la violación sistemática de la Constitución. Es aprovechándose de la desmovilización que produjo el rechazo a la violencia, que el presidente Maduro hizo la convocatoria inconstitucional a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para “pacificar” el país, usurpando abiertamente la soberanía popular, al atribuirle a dicho organismo la condición de “poder constituyente originario”, que solo corresponde al pueblo soberano.

El Consejo Nacional Electoral (CNE), actuando como órgano “auxiliar” del poder ejecutivo y no como el poder autónomo constitucional que es, le dio validez a la convocatoria del presidente Maduro y organizó la elección de los miembros de la ANC, rompiendo el carácter universal e indivisible del sufragio al conceder su fragmentación y corporativización en franca violación de la constitución. En esa elección, el gobierno jugó solo debido a la ausencia de todos los factores opositores que se resistieron a la imposición autoritaria de ese exabrupto. Sin embargo, eso no fue óbice para que la cúpula PSUV-gobierno siguiese avanzando en su aventura autoritaria secundada por un CNE sumiso, cuyo cinismo llega al colmo de que transcurrido más de un año de dicha “elección”, aún no ha publicado los resultados numéricos de la misma.

Una vez instalada, la monocolor e inconstitucional ANC se auto invistió como “poder constituyente originario”, como lo hizo en la IV República el Congreso Nacional electo en 1958, secuestrando de facto la soberanía popular, la cual reside “intransferiblemente en el pueblo” (art. 5, CRBV) dado que “el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario” (art. 347, CRBV). A partir de esa autodefinición impropia para un órgano que de suyo es representativo, derivada de una hermenéutica absurda hecha a la medida de sus aviesos intereses, autocalificó sus actos como “supraconstitucionales” y “plenipotenciarios”, lo cual dio lugar al artilugio de dictar “leyes constituyentes” y a subordinar todos los poderes constituidos a sus designios. Hizo desfilar ante ella a las y los máximos representantes de los poderes constituidos, incluyendo al Presidente de la República, gobernadores y alcaldes, para que se juramentaran, sustituyendo de hecho al poder legislativo. Es en ese carácter que la ANC designó a un nuevo Fiscal General y ratificó a los otros órganos del poder público, incluyendo al propio Presidente Maduro, el cual solo puede ser electo, revocado o ratificado por el pueblo soberano a través del voto universal directo y secreto y jamás indirectamente.

Con el fin de mantenerse en el poder, a partir de 2016 la cúpula PSUV-gobierno comenzó a gobernar ignorando el parlamento nacional, aplicando el estado de excepción validado por el TSJ, aún cuando la Constitución (art. 339) señala taxativamente, que para este entrar en vigencia debe ser autorizado por la AN. El montaje del gobierno por decretos, sin contrapesos institucionales ni políticos, abiertamente autoritario, pretendió justificarse con el relato de la emergencia nacional derivada de la caída abrupta del precio de los hidrocarburos y de la necesidad de enfrentar la “guerra económica” y la violencia desestabilizadora de la extrema derecha, propiciada por el imperio estadounidense. Con un discurso izquierdista, el gobierno-PSUV avanzó por la derecha, ejecutando un plan de apertura al gran capital transnacional, dirigido a captar inversiones extranjeras directas (IED) con destino a la producción minera y petrolera. El eje de ese plan es la profundización del extractivismo rentista primario-exportador, ofreciendo un paquete de estímulos a los inversionistas centrado en la entrega a las transnacionales de las reservas de hidrocarburos y minerales estratégicos, a través del establecimiento de enclaves territoriales eufemísticamente llamados “zonas estratégicas de desarrollo nacional” (ZEDN), caracterizadas por un marco regulatorio flexible y excepcional, vale decir, no sujeto a las restricciones fiscales, ambientales, laborales, legales y constitucionales que rigen para el resto del territorio nacional, incluyendo la exención de la obligación constitucional de concurrir a los tribunales venezolanos, para dirimir sus diferencias con el Estado venezolano, con lo cual la República estaría renunciando a la soberanía de jurisdicción. Esta figura es aplicable no solo a los enclaves megamineros del Arco Minero del Orinoco y a los bloques de la Faja Petrolera del Orinoco, sino también, a potenciales zonas industriales, comerciales, pesqueras, agroindustriales o turísticas, incluyendo las regiones fronterizas. Es un plan administrado al detal que se ha venido ejecutando aparentemente sin continuidad ni coherencia. Sin embargo, las decisiones y acciones que ha tomado el gobierno a partir del 2016 en el plano económico, demuestran que ha optado por acoplarse a las exigencias del capital transnacional chino, ruso, europeo, canadiense o estadounidense -estandarizadas bajo la óptica neoliberal por el FMI y el BM- para intervenir en la economía venezolana. Esas exigencias apuntan a la exoneración o reducción significativa del ISR, preferencias arancelarias y para-arancelarias, facilidades de financiamiento, estabilidad cambiaria, régimen de protección de inversiones incluyendo la renuncia de la República a la inmunidad de jurisdicción, régimen aduanero especial, régimen especial de adquisición de bienes, contratación de servicios y ejecución de obras -especialmente en la empresas mixtas con mayoría estatal- que flexibiliza las normas de contraloría, compras gubernamentales, el régimen aduanero, las regulaciones ambientales y sociales, garantía de control de la gestión y operaciones, contratos de asistencia técnica, transferencia de los derechos de explotación y comercialización potenciales en un porcentaje de las reservas económicamente factibles hasta el 45%, especialmente aplicables en el caso de los yacimientos mineros y de hidrocarburos. El gran obstáculo que ha tenido que afrontar el gobierno-PSUV, para adelantar este extraordinario programa de apertura económica al gran capital transnacional, es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y particularmente la intención de flexibilizar los derechos humanos, sociales y políticos del pueblo venezolano allí establecidos. Su materialización conduce a la siembra del territorio nacional de enclaves, que son una suerte de “paraísos fiscales” para la extracción de materias primas y mano de obra barata, formateados con los códigos de la globalización neoliberal y esto solo puede llevarse adelante demoliendo la Carta Magna, cosa que ha venido haciendo sin pudor el presidente Maduro y para cubrirse, levantando cínicamente la bandera de defensa de la Constitución Bolivariana, cuando lo que realmente está haciendo, cual verdugo, es liquidarla.

Con el fin de consolidar la “legitimación” del modelo autoritario y la aplicación del plan económico extractivista primario exportador -funcional a la estrategia de gran capital transnacional de re-colonización del Sur enfocada en el la acumulación por desposesión (Harvey[i])- y aprovechando el fracaso de la violencia guarimbera que se auto infligió la derecha opositora de la MUD, el gobierno-PSUV profundizó su divorcio de la Constitución, con la instalación de la ilegítima ANC que hace las veces de un supra poder cuya misión es diluir totalmente la Constitución, a través de “decretos y leyes constituyentes” combinados con los decretos ejecutivos del presidente Maduro, que marcan la transición hacia la constitucionalización del régimen autoritario que ya se viene aplicando de facto. El “proyecto” de nueva constitución lo viene cocinando la cúpula que controla el poder en la ANC para darle una formalidad democrática y según lo informado por Herman Escarrá, quien funge de vocero del grupo redactor, está elaborado 80% mientras algunos advierten que este podría ser sometido a referéndum popular en conjunto con las elecciones municipales de diciembre próximo. Sea o no ésta la intención del gobierno de Maduro-PSUV, no es posible derogar la Constitución Bolivariana e imponer un nuevo orden constitucional sin la consulta al pueblo soberano en Referendo universal, directo y secreto. Este referéndum, sería una extraordinaria oportunidad para que más del 80% de los venezolanos y venezolanas que nos oponemos al gobierno autoritario de Maduro y compañía, reivindiquemos la democracia participativa y protagónica consagrada en nuestra constitución aprobada en 1999 y ratificada en 2007 por el pueblo, demos un paso al frente para rechazar la constitución madurista y reafirmemos la plena vigencia de la constitución bolivariana. Es por esa razón que desde la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución, proponemos la construcción de un movimiento de participación popular unitario para impulsar una salida pacífica, constitucional y soberana a la crisis, rechazando cualquier injerencia externa. A ese Movimiento deben concurrir movimientos y organizaciones sociales y políticas. Más allá de los diferentes puntos de vista existentes en el plano político e ideológico, debe procurar unir la voluntad colectiva de luchar por el rescate de nuestra democracia, por la integridad y la paz de la Nación. Ese movimiento debe ser capaz de organizar la participación masiva del pueblo en el referéndum que debemos convertir en reafirmatorio de nuestra constitución, incorporando a los ciudadanos de todo el espectro social y político.

POR UNA SALIDA PACIFICA, SOBERANA Y CONSTITUCIONAL A LA CRISIS!!!

POR EL RESCATE DE LA DEMOCRACIA, LA INTEGRIDAD Y LA PAZ DE LA NACIÓN!!!

CONSTRUYAMOS UN MOVIMIENTO UNITARIO DE PARTICIPACION POPULAR PARA RATIFICAR LA CONSTITUCION BOLIVARIANA!!!

NO A LA CONSTITUCION MADURISTA Y SU REGIMEN ANTIDEMOCRATICO!!!