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Violaciones de Derechos Humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua
18 de abril – 18 de agosto de 2018
Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

“La violencia y la represión observadas en Nicaragua desde que comenzaron las protestas en abril son el producto de la erosión sistemática de los derechos humanos a lo largo de los años y ponen en evidencia la fragilidad general de las instituciones y del Estado de Derecho.”
Zeid Ra’ad Al Hussein
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
5 de julio de 2018

Abreviaturas
ACNUR Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
ANPDH Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos
CENIDH Centro Nicaragüense de Derechos Humanos
CIDH Comisión Interamericana de Derechos Humanos
CODENI Federación Coordinadora Nicaragüense de ONGs que trabajan con
la niñez y la adolescencia
COSEP Consejo Superior de la Empresa Privada
CPDH Comisión Permanente de Derechos Humanos
CVS Comisión de Verificación y Seguridad
FMI Fondo Monetario Internacional
FSLN Frente Sandinista de Liberación Nacional
FUNIDES Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social
GIEI Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes
INSS Instituto Nicaragüense de Seguridad Social
MESENI Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua
MRS Movimiento Renovador Sandinista
OACNUDH Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos
ONG Organización no gubernamental
PLC Partido Liberal Constitucionalista
RACCS Región Autónoma de la Costa Caribe Sur
UCA Universidad Centroamericana (Nicaragua)
UNA Universidad Nacional Agraria (Nicaragua)
UNAN Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
UPANIC Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua
UPOLI Universidad Politécnica de Nicaragua
6
INDICE
I. Introducción 10
II. Evolución de la crisis 12
1. Contexto previo a abril de 2018 12
2. El estallido de las protestas y su represión 13
3. La “operación de limpieza” 16
4. Represión sistemática y persecución de individuos y grupos percibidos como
partidarios de las protestas y opositores al Gobierno. 18
III. Patrones de violaciones de derechos humanos predominantes y abusos cometidos
entre el 18 de abril y el 18 de agosto de 2018 23
1. Principales violaciones de los derechos humanos cometidas por autoridades del
Estado 23
a) Violación del derecho a la libertad de reunión pacífica 23
b) Violaciones del derecho a la vida y a la integridad física 24
c) Violación del derecho a la salud 27
d) Desapariciones forzadas 29
e) Violaciones del derecho a la libertad y seguridad personal 30
f) Tortura y malos tratos 32
g) Violación del derecho al debido proceso legal 33
h) Violación del derecho a la libertad de expresión 35
2. Abusos por elementos armados pro-gubernamentales 36
3. Abusos por manifestantes anti-gubernamentales 38
4. Otras consecuencias para los derechos humanos a raíz de la crisis actual 40
IV. Investigaciones y respuesta judicial del Estado 41
V. Recomendaciones 43
Anexo I: Marco legal aplicable 46
7
Resumen ejecutivo
El presente informe describe los patrones de violaciones de derechos humanos y abusos
cometidos entre el 18 de abril y el 18 de agosto de 2018 en relación a las protestas sociales
y consiguiente crisis política en Nicaragua. El informe está basado en el monitoreo de
derechos humanos realizado por la Oficina Regional para América Central de la OACNUDH
y, desde el 26 de junio de este año, por un equipo de la OACNUDH desplegado en
Managua. El informe se presenta de conformidad con el mandato universal del Alto
Comisionado para los Derechos Humanos en virtud de la resolución de la Asamblea
General 48/141.
La grave crisis de derechos humanos en Nicaragua desde el comienzo de las protestas
sociales el 18 de abril de 2018 se ha caracterizado por múltiples formas de represión y otras
formas de violencia, que han resultado en miles de víctimas, incluyendo aproximadamente
300 personas fallecidas y 2000 heridas. Como señaló el Alto Comisionado para los
Derechos Humanos el 5 de julio de 2018, la represión y la violencia “son el producto de la
erosión sistemática de los derechos humanos a lo largo de los años y ponen en evidencia
la fragilidad general de las instituciones y del Estado de Derecho”. La actual crisis ha
profundizado la polarización de la sociedad nicaragüense.
A principios de abril surgieron manifestaciones lideradas por grupos ambientalistas,
campesinos y estudiantes en diversas partes de Nicaragua para denunciar la lenta e
insuficiente respuesta del Gobierno a los incendios forestales de la Reserva Biológica Indio
Maíz. A partir del 18 de abril se dieron protestas más multitudinarias que se extendieron por
todo el país, en respuesta al anuncio del Gobierno sobre la reforma al Instituto
Nicaragüense de Seguridad Social y los recortes de las pensiones. La crisis ha tenido
diversas formas y experimentado diversas fases. La fase inicial se caracterizó por la
respuesta represiva del Estado a las manifestaciones públicas y por la generalización de
las protestas por todo el país en distintas modalidades, incluyendo barricadas y tranques.
La segunda etapa (desde mediados de junio a mediados de julio) se caracterizó por el
levantamiento por la fuerza de las barricadas y tranques por parte de las autoridades
estatales y elementos armados progubernamentales. En la tercera y actual etapa, que
comenzó tras la represión de las protestas, se ha producido la criminalización y persecución
de todas aquellas personas que participaron en las protestas o que son de alguna forma
percibidas como opositores al gobierno.
Basado en el análisis de la información disponible de la OACNUDH, se puede concluir que
la respuesta global de las autoridades a las protestas no cumplió con los estándares
aplicables sobre la gestión adecuada de manifestaciones, en violación del derecho
internacional de los derechos humanos. Aunque algunas manifestaciones se tornaron
violentas, la mayoría de los manifestantes fueron pacíficos. La OACNUDH ha podido
también concluir que, en casos en los que hubo actos de violencia por parte de los
manifestantes, el uso de la fuerza letal por parte de las autoridades en contra de amenazas
no letales, así como la utilización de grupos armados progubernamentales también fueron
violatorios del derecho internacional de los derechos humanos. La respuesta de las
autoridades reprimió sistemáticamente la disidencia al Gobierno.
Las violaciones de derechos humanos documentadas por la OACNUDH incluyen el uso
desproporcionado de la fuerza por parte la policía, que a veces se tradujo en ejecuciones
extrajudiciales; desapariciones forzadas; obstrucción del acceso a la atención médica;
8
detenciones arbitrarias o ilegales con carácter generalizado; frecuentes malos tratos y
casos de torturas y violencia sexual en los centros de detención; violaciones a las libertades
de reunión pacífica y expresión, así como la criminalización de los líderes sociales,
personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y manifestantes considerados
críticos con el Gobierno. Al momento de redacción del presente informe, el número de
protestas se ha visto reducido, lo que indica el efecto inhibitorio de la represión ejercida.
La información obtenida por la OACNUDH aporta claros indicios que elementos armados
progubernamentales, incluyendo aquellos conocidos como “fuerzas de choque” o “turbas”,
han actuado con el beneplácito de autoridades estatales de alto nivel y de la Policía
Nacional, muchas veces de forma conjunta y coordinada. Estos grupos participaron en
redadas y ataques contra manifestantes y llevaron a cabo detenciones ilegales. Si bien el
Gobierno ya no niega la existencia de estos elementos armados progubernamentales,
aprueba sus acciones y les permite operar con impunidad.
La crisis de derechos humanos en Nicaragua continúa y las autoridades siguen recurriendo
a campañas de descrédito, amenazas de persecución penal, despidos arbitrarios de
funcionarios públicos y otras formas de acoso e intimidación en contra de aquellos
percibidos como críticos del Gobierno. Los líderes del Movimiento Campesino y de las
organizaciones estudiantiles han sido blanco especial de estas campañas. Este patrón ha
instaurado un clima de miedo y desconfianza en la población. El nivel de persecución es tal
que muchos de los que han participado en las protestas, defendido los derechos de los
manifestantes, o simplemente expresado una opinión disidente, se han visto forzados a
esconderse, han abandonado Nicaragua o están tratando de hacerlo. De acuerdo con el
ACNUR, se han recibido 23.000 solicitudes (entre abril y julio) de asilo de nicaragüenses
en Costa Rica.
De acuerdo a las estimaciones de organizaciones no-gubernamentales, a 18 de agosto de
2018, al menos 300 personas, incluidas personas defensoras de los derechos humanos,
están siendo acusadas de delitos graves, incluyendo cargos de terrorismo y crimen
organizado, por haber participado o apoyado las protestas. El 16 de agosto, la Asamblea
Nacional adoptó legislación que incluye nuevos tipos penales relacionados con el
terrorismo. Los juicios de las personas acusadas por su participación en las protestas
adolecen de serios vicios y no se desarrollan conforme a las garantías del debido proceso,
incluyendo el principio de imparcialidad de los jueces y tribunales.
El disfrute general de los derechos a la salud, al trabajo, a la educación y a la alimentación
se ha visto seriamente afectado desde el comienzo de la crisis. La aprobación, el 14 de
agosto, de recortes al presupuesto nacional por parte de la Asamblea Nacional contribuirá
probablemente al debilitamiento de estos derechos en el contexto de una situación
económica en deterioro.
9
En lugar de reconocer cualquier responsabilidad por actos ilícitos o indebidos durante la
crisis, el Gobierno ha culpado a los líderes sociales y de la oposición, a las personas
defensoras de los derechos humanos y a los medios de comunicación, por lo que ha
denominado “violencia golpista”, así como por el impacto negativo de la crisis política en la
economía nacional. Más aún, el Gobierno ha atribuido la responsabilidad por todos los actos
de violencia a aquellos que participaron en las protestas, incluidas las 197 muertes
oficialmente reconocidas hasta el día 25 de julio. El Gobierno no ha reconocido ningún uso
desproporcionado de la fuerza o acción ilegal por parte de los agentes de la policía.
La represión de las protestas por la policía y por los elementos armados
progubernamentales causó violentos enfrentamientos con los manifestantes y focos de
violencia que se extendieron en ciudades y comunidades rurales por todo el país. Los serios
abusos cometidos por individuos que tomaron parte en las protestas, incluyendo las
muertes de agentes de la policía y miembros del partido sandinista y heridas contras los
mismos, y la destrucción de la infraestructura pública, deben ser debidamente investigados,
y aquellos responsables sancionados dentro del marco de un juicio justo. Estos abusos no
legitiman de ninguna forma una respuesta del Estado que no cumpla con el derecho
internacional de los derechos humanos.
La falta de voluntad del Estado para realizar investigaciones expeditas, imparciales,
exhaustivas e independientes sobre las alegaciones de violaciones de derechos humanos
y abusos pone en grave peligro los derechos de las víctimas a la justicia, la verdad y a una
reparación efectiva. La falta de independencia del Poder Judicial y las irregularidades
reportadas respecto del Ministerio Público y del Instituto de Medicina Legal, plantean serias
preocupaciones en términos de rendición de cuentas.
El equipo de la OACNUDH en Nicaragua ha enfrentado obstáculos para desarrollar su labor
de monitoreo. La OACNUDH continúa solicitando acceso completo y sin restricciones a
todo el país, incluido los centros de detención, y se encuentra plenamente disponible para
avanzar en el diálogo con el Gobierno, incluyendo en relación con la cooperación técnica.
La OACNUDH ofrece recomendaciones a las autoridades de Nicaragua, incluyendo a la
Procuraduría para la Defensa los Derechos Humanos, al Consejo de Derechos Humanos y
a la comunidad internacional, con el fin de abordar las serias violaciones a los derechos
humanos documentadas en el informe y prevenir nuevas violaciones.
10
I. Introducción
1. Este informe expone patrones de violaciones de derechos humanos y abusos
cometidos entre el 18 de abril al 18 de agosto de 2018 en relación a las protestas sociales
y la consiguiente crisis política en Nicaragua. El informe está basado en el monitoreo remoto
de derechos humanos llevado a cabo por la Oficina Regional para América Central de la
OACNUDH y, a partir del 26 de junio de 2018, por un equipo de la OACNUDH desplegado
en Managua en respuesta a una invitación cursada por el Gobierno1
. En su invitación, el
Gobierno también solicitó a la OACNUDH apoyar el trabajo de la Comisión de Verificación
y Seguridad (CVS)2
. El informe se realiza de conformidad con el mandato universal del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en virtud de la
resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 48/1413
.
2. Tras el inicio de un incendio en la reserva biológica Indio Maíz, el 3 de abril de 2018,
la Oficina Regional para América Central de la OACNUDH comenzó a recibir información
sobre restricciones al ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica y asociación,
limitaciones y ataques a los medios de comunicación independientes, y amenazas contra
personas defensoras de derechos humanos. La Oficina Regional mantuvo contacto regular
con los afectados y realizó entrevistas a través de medios tecnológicos y reuniones en
persona con víctimas, testigos y otras fuentes. La OACNUDH también tomó en cuenta
comunicaciones enviadas por titulares de mandatos de los Procedimientos Especiales4 y
observaciones realizadas a Nicaragua por los Órganos de Tratados desde 20075
.
3. El equipo de la OACNUDH desplegado en Managua se reunió con un amplio rango
de actores, incluyendo funcionarios del Gobierno, agentes de policía, víctimas y sus
familiares, testigos, organizaciones de la sociedad civil, periodistas, abogados,

1 El 19 de junio de 2018, el Ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua envió una carta a la Representante
Regional para América Central de la OACNUDH, extendiendo una invitación para visitar el país.
2 La Comisión de Verificación y Seguridad (CVS) es una de las comisiones establecidas por el Diálogo Nacional
de la cual forman parte oficial el Gobierno, representantes de diversos sectores y la Iglesia Católica como
mediadora. El Gobierno de Nicaragua invitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la
OACNUDH a participar en la CVS como observadores. Parte de la información recogida por la OACNUDH a
través de su labor de monitoreo fue en el contexto de las visitas conjuntas y reuniones con la CVS.
3 La resolución 48/141 de la Asamblea General de las Naciones Unidas manda al Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos a “promover y proteger el disfrute efectivo de todos los derechos
civiles, culturales, económicos, políticos y sociales” y “desempeñar un papel activo en la tarea de eliminar los
actuales obstáculos y de hacer frente a los desafíos para la plena realización de todos los derechos humanos y
de prevenir la persistencia de violaciones de los derechos humanos en todo el mundo”.
4Las comunicaciones y respuestas recibidas están disponibles en:
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/sp/pages/communicationsreportssp.aspx
5Ver el Comité de Derechos de los Trabajadores Migratorios, Observaciones finales (2016) CMW/C/NIC/CO/1;
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de los niños en
los conflictos armados Observaciones Finales (2010) CRC/C/OPAC/NIC/CO/1; Protocolo Facultativo de la
Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de
niños en la pornografía Observaciones Finales (2010) CRC/C/OPSC/NIC/CO/1; Comité de los Derechos del
Niño Observaciones Finales (2010) CRC/C/NIC/CO/4; Comité contra la Tortura Observaciones Finales (2009)
CAT/C/NIC/CO/1; Comité de Derechos Humanos Observaciones Finales (2008) CCPR/C/NIC/CO/3; Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales Observaciones Finales (2008) E/C.12/NIC/CO/4; Comité para la
Eliminación de la Discriminación Racial Observaciones Finales (2008) CERD/C/NIC/CO/14; Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer Observaciones Finales (2007) CEDAW/C/NIC/CO/6. Disponible
en https://www.ohchr.org/SP/Countries/LACRegion/Pages/NIIndex.aspx
11
representantes del sector empresarial, estudiantes, médicos y personal de emergencia. La
OACNUDH revisó la documentación oficial disponible, incluyendo declaraciones públicas,
informes de diversas fuentes6
, videos, fotos y de medios de comunicación (incluyendo las
redes sociales).
4. De conformidad con la metodología de la OACNUDH para monitoreo de los
derechos humanos, el equipo cumplió con la debida diligencia para determinar la
credibilidad y veracidad de las fuentes y cotejó la información recopilada para confirmar su
validez. Cuando fue posible, los hallazgos de este informe se basan en testimonios de
víctimas y/o testigos presenciales. La OACNUDH ha tomado todas las medidas posibles
para proteger la confidencialidad de las fuentes y para evitar su exposición a posibles
represalias7
.
5. El equipo de la OACNUDH en Nicaragua ha estado en contacto regular con el
Ministerio de Relaciones Exteriores, pero ha enfrentado obstáculos para realizar su labor
del monitoreo. El Gobierno no ha permitido que la OACNUDH mantenga un contacto directo
con las instituciones estatales pertinentes8
. Cada vez que la OACNUDH ha informado al
Gobierno de su intención de llevar a cabo misiones fuera de Managua, el Ministerio de
Relaciones Exteriores lo ha impedido alegando las condiciones de seguridad existentes. La
OACNUDH no ha podido visitar los centros penitenciarios, con excepción de la prisión del
Sistema Penitenciario Nacional en Managua conocida como “La Modelo”, el 17 de julio de
2018. Asimismo, si bien la OACNUDH ha intentado, en diversas ocasiones, observar los
juicios, las autoridades judiciales no han otorgado acceso a las audiencias. Las autoridades
tampoco han respondido a las solicitudes escritas de la OACNUDH de información
específica sobre presuntas violaciones a los derechos humanos, datos estadísticos y
operaciones de la policía. Al 18 de agosto de 2018, la solicitud de información enviada con
fecha de 15 de mayo a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y al
Ministerio Público no había sido respondida.
6. En contraposición, a partir de junio, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha
enviado a la OACNUDH 40 comunicaciones sobre presuntos actos de violencia
relacionados con las protestas sociales imputados a los manifestantes, solicitando a la
Oficina tomar nota y pronunciarse públicamente. Casi todas las comunicaciones se refieren
a abusos cometidos en contra de militantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional
(FSLN), activistas y/o la Policía Nacional. La mayoría de las comunicaciones (16) se refieren
a casos de muerte por arma de fuego y secuestros (11), a veces incluyendo denuncias de
tratos crueles, inhumanos o degradantes; algunos casos se refieren a amenazas de diversa

6 Emitidas por el Estado, organizaciones internacionales y sociedad civil, entre otros.
7 Varias entidades de la Naciones Unidas están encargadas de responder y reportar sobre la intimidación y
represalias contra individuos y grupos que buscan cooperar con las Naciones Unidas. El Consejo de Derechos
Humanos ha reiterado que todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas, particularmente los Miembros
del Consejo, deben cooperar con el Consejo y sus mecanismos, y ha afirmado que la ausencia de toma de
medidas para prevenir, investigar y asegurar la responsabilidad por actos de intimidación y represalia puede ser
inconsistente con este compromiso: Ver
https://www.ohchr.org/SP/Issues/Reprisals/Pages/ReprisalsIndex.aspx
8 Por ejemplo, la Policía Nacional, la institución nacional de derechos humanos y el Poder Judicial. El Gobierno
ha indicado que todos los contactos de la OACNUDH con las autoridades del Estado deben ser realizados a
través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ver también el comunicado de la Corte Suprema, “CSJ aclara
sobre participación del GIEI en las audiencias y juicios”, 14 de agosto de 2018, disponible en:
https://www.poderjudicial.gob.ni/prensa/notas_prensa_detalle.asp?id_noticia=8947
12
índole, incluyendo aquellas a través de redes sociales. Hay también comunicaciones
denunciando el daño a la propiedad pública y privada (6), especialmente casos de incendios
provocados. La información compartida por el Gobierno en estos casos es sucinta y no se
ha completado con información sobre las investigaciones en curso. El Gobierno también
puso a disposición comunicados de prensa sobre las operaciones de la Policía e informes
públicos de la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz.
7. LA OACNUDH ha coordinado sus acciones con la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), en particular con el Mecanismo Especial de Seguimiento para
Nicaragua (MESENI) establecido para monitorear el cumplimiento de las recomendaciones
realizadas por la CIDH a Nicaragua y las medidas cautelares9
.
II. Evolución de la crisis
1. Contexto previo a abril de 2018
8. Debido a su alcance y persistencia, la ola de protestas que se ha desarrollado desde
abril de 2018 parece ser el resultado de agravios con profundas raíces. Desde las
elecciones presidenciales de 2006, el marco institucional se ha debilitado, con la
concentración de los diferentes poderes del Estado en manos del partido gobernante. Esto
ha contribuido a la reducción del espacio cívico, la falta de independencia del Poder Judicial
y de la institución nacional de derechos humanos (la Procuraduría para la Defensa de los
Derechos Humanos), denuncias recurrentes de corrupción, de fraude electoral y de censura
de medios de comunicación y a altos niveles de impunidad, entre otros problemas10
.
9. En 2009, el Comité contra la Tortura señaló que Nicaragua “debe adoptar medidas
efectivas para combatir y prevenir actos de violencia contra los miembros de la oposición
política, sus simpatizantes y representantes de las organizaciones no gubernamentales, en
el marco de las manifestaciones pacíficas, así como proteger adecuadamente a los
manifestantes”
11
. Más recientemente, se han producido episodios de descontento político y
social manifestado a través de numerosas protestas (en particular contra la Ley 840 o “Ley
Canalera” que previó la construcción de un Canal Interoceánico en Nicaragua con
financiamiento privado extranjero), que fueron muchas veces reprimidas por las autoridades
y que dejaron como resultaron personas muertas, heridas, arrestos y detenciones12. En la

9 Comunicado de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “CIDH lanza Mecanismo
Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), 25 de junio de 2018, disponible en:
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/135.asp
10 Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal de Nicaragua, Consejo de Derechos
Humanos, 8 de octubre de 2014, A/HRC/27/16, párr. 109 y 111, disponible en:
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/regularsessions/session27/pages/listreports.aspx, CEJIL, Nicaragua:
¿cómo se reformó la institucionalidad para concentrar el poder?, 2017, disponible en:
https://www.cejil.org/es/nicaragua-se-reformo-institucionalidad-concentrar-poder; Índice de Percepción de
Corrupción de Transparencia Internacional, 2017. Nicaragua está en la posición 151 de 180 países, disponible
en: https://www.transparency.org/country/NIC; Índice Global de Impunidad, 2017. Nicaragua está considerada
entre los 13 países con un índice de impunidad alto, disponible en: https://www.udlap.mx/cesij/files/IGI2017_eng.pdf
11 Observaciones Finales del Comité contra la Tortura sobre Nicaragua, 2009, CAT/C/NIC/CO/1. Disponible en:
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT/C/NIC/CO/1&Lang=En
12 Ver comunicaciones de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos a Nicaragua y
respuestas del Estado: del 18 de mayo de 2017 (respuesta del 2 de junio de 2017), del 14 de enero de 2016
(respuesta del 11 de marzo de 2016), del 23 de febrero de 2015,
disponible en: https://spcommreports.ohchr.org/TmSearch/Results
13
Costa Caribe, la concesión de tierras indígenas a agricultores “colonos” también dio lugar
al incremento de la violencia, incluyendo las muertes de indígenas en defensa de sus
territorios13
.
10. Episodios de violencia se dieron después de las elecciones presidenciales y
municipales que tuvieron lugar en 2016 y 2017. Tras las elecciones municipales de
noviembre de 2017, cinco personas, en su mayoría líderes campesinos e indígenas, fueron
asesinadas. En su informe preliminar sobre las elecciones de noviembre de 2017, la Misión
de Observación Electoral de la OEA reiteró su “profunda preocupación por los actos de
violencia ocurridos tras los comicios electorales”14
.
11. A la fecha, la mayoría de las violaciones a los derechos humanos no han sido
investigadas, sin poder asegurarse que los perpetradores sean llevados a la justicia y por
ende no contribuyendo a apaciguar estos reclamos políticos y sociales. Este contexto es el
telón de fondo de las violaciones de derechos humanos y abusos que son abordadas en
este informe.
2. El estallido de las protestas y su represión
12. A principios de abril, manifestaciones pacíficas lideradas por grupos ambientalistas,
campesinos y estudiantes estallaron en diversas partes de Nicaragua15 para denunciar la
lenta e insuficiente respuesta del Gobierno a los incendios forestales en la reserva biológica
Indio Maíz, en el departamento de Río San Juan, en la frontera con Costa Rica. A partir del
18 de abril, se extendieron por todo el país protestas de carácter multitudinario después de
que el Gobierno anunciara, el día 16 de abril16
, reformas al Instituto Nicaragüense de
Seguridad Social (INSS)17. Estas reformas incorporaban mayores tasas de contribución
individual tanto para los empleadores como para los trabajadores y una reducción de un
cinco por ciento de las pensiones. El Gobierno justificó estas reformas como una medida
para reducir el creciente déficit del INSS y para implementar las recomendaciones
realizadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI)18
.
13. El 18 de abril se produjeron manifestaciones pacíficas en Managua19 y León,
lideradas por estudiantes universitarios y jubilados. Los manifestantes denunciaban la
corrupción y la mala administración de los recursos como las principales causas de la
posible quiebra del INSS. Estas protestas fueron inmediatamente repelidas con ataques

13
Comunicado de prensa del Relator Especial sobre Pueblos Indígenas, “Nicaragua: Experto de la ONU pide
protección para pueblos indígenas ante creciente tensión en la Reserva Bosawás”, 13 de mayo de 2013,
disponible en:
https://newsarchive.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13328&LangID=S
14 Declaración de Prensa de la OEA, “Misión OEA en Nicaragua recomienda una reforma electoral integral”,
7 de noviembre de 2017, disponible en:
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-079/17
15 Incluyendo Managua, San Juan, León y Nueva Segovia.
16 El 19 Digital, “INSS da a conocer reformas de cara a mejorar el balance financiero del sistema de pensiones”,
16 de abril de 2018, disponible en: https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:75972-inss-da-a-conocerreformas-de-cara-a-mejorar-el-balance-financiero-del-sistema-de-pensiones
17 Decreto Presidencial 03-2018, publicado en La Gaceta el 18 de abril de 2018.
18 Declaración de fin de misión del Fondo Monetario Internacional, “Nicaragua: Declaración Final de la visita del
personal técnico del FMI”, 6 de febrero de 2018, disponible en:
https://www.imf.org/es/News/Articles/2018/02/06/ms020618-nicaragua-staff-concluding-statement-of-an-imfstaff-visit
19 Principalmente en la Universidad Centroamericana (UCA) de Nicaragua.
14
violentos por grupos organizados progubernamentales conocidos como “fuerzas de
choque” o “turbas”20. De acuerdo a testimonios recibidos por la OACNUDH, estos grupos,
presuntamente reclutados desde la Juventud Sandinista, estaban en posesión de garrotes,
palos, piedras y usaban cascos21
. Además, la policía antidisturbios golpeó a personas que
se estaban manifestando pacíficamente y a periodistas que cubrían los eventos, disparó
gas lacrimógeno a las multitudes y no intervino cuando los grupos progubernamentales
atacaron a los manifestantes pacíficos.
14. Estos ataques alimentaron más protestas en los principales centros universitarios
en Managua22 y León23 al día siguiente, el 19 de abril. Estas manifestaciones fueron en su
gran mayoría pacíficas, con algunas excepciones donde las personas que estaban
protestando lanzaron piedras a los policías.24 La policía disolvió la protesta usando armas
de fuego, balas de goma y gas lacrimógeno. El 19 de abril, un civil y un policía fallecieron
por armas de fuego en Managua (cerca de la UPOLI); un menor perdió la vida en el pueblo
de Tipitapa.
15. Durante los siguientes días las protestas se extendieron a lo largo del país,
incluyendo las ciudades de Masaya, Granada, Matagalpa, Rivas y Estelí. Los choques entre
los manifestantes y la policía, ésta última disparando con munición real contra los
manifestantes, resultaron en un rápido ascenso del número de víctimas fatales. Informes
señalan que los elementos armados progubernamentales (incluyendo francotiradores)
comenzaron a actuar en contra de los manifestantes a partir del 19 o 20 de abril de 201825
.
Una de las primeras víctimas a manos de los francotiradores fue identificada como Álvaro
Conrado, de 15 años de edad, quien recibió un disparo en el cuello mientras distribuía agua
a los manifestantes en Managua, el 20 de abril26. Después de habérsele negado el ingreso
a un hospital del INSS27
, falleció en otro hospital horas después.
16. El 19 de abril, la transmisión de cuatro canales independientes de televisión (Canal
12, Canal de Noticias de Nicaragua, Telenorte y Canal 51) se vio interrumpida durante
varias horas; el operador de cable adujo problemas técnicos. El canal 100% Noticias estuvo
seis días sin poder transmitir.

20 Ver párrafos 97 a 103 sobre abusos de derechos humanos cometidos por elementos armados progubernamentales.
21 Dado que estos grupos frecuentemente utilizan cascos, se les conoce coloquialmente como motorizados.
Ver https://www.youtube.com/watch?v=HKCXn2OXsN4&feature=youtu.be
22 Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Universidad Agraria y Universidad Politécnica de Nicaragua
(UPOLI).
23 Universidad Nacional Autónoma de León.
24 Comentario de la vocera del OACNUDH Liz Throssell sobre la violencia de protestas en Nicaragua, 20 de
abril de 2018, disponible en:
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22972&LangID=S
25 Ver Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “Graves violaciones a los Derechos
Humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua”, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 86, 21 de junio de 2018,
párr. 42, disponible en http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Nicaragua2018-es.pdf
y el informe de Amnistía Internacional “Disparar a matar: Estrategias de Represión de la protesta en Nicaragua”,
29 de mayo de 2018, p. 12, disponible en:
https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR4384702018SPANISH.PDF
26 Ver Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “Graves violaciones a los Derechos
Humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua”, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 86, 21 de junio de 2018,
párr. 42, disponible en:
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Nicaragua2018-es.pdf
27 Ver párrafos 65 a 67.
15
17. El 22 de abril, el presidente Ortega anunció el retiro del proyecto de reforma al INSS.
El 24 de abril, el Gobierno aceptó iniciar un Diálogo Nacional con un grupo de
manifestantes, conocidos como la “Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia”
compuesto por organizaciones de la sociedad civil, estudiantes, organizaciones
campesinas y el sector empresarial, con la Iglesia Católica actuando como mediadora. Los
participantes del Diálogo Nacional, sin embargo, no se reunieron formalmente hasta el 16
de mayo. El 27 de abril, la Asamblea Nacional – la cual se encuentra dominada por el partido
gobernante – decidió establecer una Comisión de la Verdad, Justicia y Paz para investigar
los actos de violencia cometidos a partir del 18 de abril28
, y nombró a sus cinco miembros.
Los movimientos estudiantiles y organizaciones de la sociedad civil rechazaron el
establecimiento de la Comisión alegando su falta de independencia del Gobierno.
18. Al 27 de abril, se habían reportado 30 muertes, en su mayoría estudiantes
universitarios, un periodista y dos agentes de policía29. En un comunicado conjunto emitido
ese día, varios relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos concluyeron que el
“alto número de manifestantes muertos es una clara indicación que se utilizó fuerza
excesiva en contravención de los principios de necesidad y proporcionalidad como es
ordenado por el derecho internacional y los estándares para hacer legal el uso de la fuerza”
y llamaron a respetar el derecho a la libertad de expresión y de protesta pacífica30
.
19. Estas medidas no fueron suficientes para acallar las protestas que para ese
entonces habían mutado en un sentimiento de indignación más generalizado y exigencias
de reformas políticas más amplias. Las manifestaciones organizadas rápidamente se
transformaron en otras formas de protesta, incluyendo concentraciones en los barrios,
tranques y barricadas, inclusive como formas de protección contra las represalias y ataques
por parte de elementos armados. Los estudiantes comenzaron a ocupar las instalaciones
universitarias y otros espacios públicos. La Universidad Autónoma de Nicaragua (UNANManagua),
la Universidad Nacional Agraria (UNAN), la Universidad Central Americana
(UCA)31 y la UPOLI se convirtieron en centros de movilización estudiantil y fueron objeto de
ataques de la Policía y elementos armados progubernamentales.
20. A mediados de mayo los tranques y barricadas erigidos por los manifestantes se
habían extendido a vecindarios de Managua y a los 15 departamentos del país, llegándose
a un estimado de 180 barricadas y tranques de carretera a lo largo de todo el territorio
nacional32. Si bien el movimiento de protesta en general se mantuvo pacífico, algunos
manifestantes respondieron con medios cada vez más violentos para disuadir o
contrarrestar ataques, incluyendo el uso de morteros artesanales y otras armas hechizas,
así como armas convencionales.

28 Resolución A.N.N. 01-2018 de la Asamblea Nacional publicada en La Gaceta el 30 de abril de 2018.
29 Comunicado de prensa de la OACNUDH “Nicaragua: Expertos de la ONU expresan su consternación por la
respuesta violenta del Gobierno a las protestas pacíficas”, 27 de abril de 2018, disponible en:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23005&LangID=E
30 Ibidem
31 UCA, “Comunicado de la Universidad Centroamericana al pueblo Nicaragüense”, 27 de mayo 2018, disponible
en:
http://www.uca.edu.ni/index.php/comunicacion/noticias/2316-comunicado-de-la-universidad-centroamericanaal-pueblo-nicaraguense
32 Vos TV, “Zonas afectadas por tranques en Nicaragua”, 14 mayo 2018,
https://www.vostv.com.ni/nacionales/7152-zonas-afectadas-por-tranques-en-nicaragua/
16
21. El Diálogo Nacional no pudo alcanzar acuerdos para poner fin a la crisis. Un acuerdo
inicial de tregua de 48 horas no fue respetado, ya que estudiantes que ocupaban la UNA
fueron atacados por la Policía33
.
22. El 30 de mayo, Día de las Madres, miles de personas tomaron parte en una marcha
en Managua y en otras ciudades para apoyar a las madres cuyos hijos habían fallecido
durante las protestas. Según la información obtenida por la OACNUDH, la marcha en
Managua fue atacada por grupos armados progubernamentales ubicados cerca de la
Universidad Nacional de Ingeniería, mientras que ataques similares tuvieron lugar contra
otras marchas a lo largo del país. Según fuentes oficiales, hubo 15 personas muertas y 199
heridas el 30 de mayo34. Este momento marcó un repunte de violencia en la crisis y motivó
una ola de condenas por parte de la comunidad internacional.
35
23. El 16 de junio, seis miembros de una familia, incluyendo un niño de 3 años y un
bebé, murieron como resultado de un incendio provocado en su residencia en el vecindario
Carlos Marx de Managua. Según consta, la casa fue incendiada porque los dueños no
permitieron a la Policía y a los francotiradores utilizar el tejado. El 23 de junio un bebé de
catorce meses de edad murió como consecuencia de una herida de bala (en la cabeza) en
Managua, cerca de la UPOLI. Los padres del bebé declararon públicamente que individuos
vestidos de civiles, a quienes identificaron como miembros de la Policía, les habían
disparado36. Ese mismo día la Policía Nacional declaró públicamente que en la mañana
“miembros de la policía habían estado llevando a cabo tareas para despejar las calles y
asegurar la circulación sin restricciones de personas y vehículos […] y fueron atacados por
criminales que rondan los vecindarios próximos a la UPOLI, resultando en la muerte, por
herida de bala, de un niño de un año de edad”37
.
3. La “operación limpieza”
24. A mediados de junio las autoridades empezaron a llevar a cabo lo que se denominó
como la “operación limpieza”38, en virtud de la cual miembros de la policía antidisturbios,
elementos armados progubernamentales y turbas desmantelaron conjuntamente y por la
fuerza, los tranques y barricadas. Esto dio lugar a enfrentamientos violentos con los
manifestantes, escalando el nivel de violencia en ambos lados.
25. La OACNUDH recabó información sobre la creciente presencia de elementos
armados progubernamentales, quienes generalmente entraban en las ciudades guiados por
la Policía y llevaban a cabo tiroteos en las calles tanto de manera selectiva como

33 El 19 de mayo de 2018.
34 La Voz del Sandinismo, “Acciones delincuenciales recientes dejaron 15 muertos y 199 heridos”, 31 mayo
2018, disponible en: http://www.lavozdelsandinismo.com/nicaragua/2018-05-31/acciones-delincuencialesrecientes-dejaron-15-muertos-y-199-heridos/
35 Comunicado de Prensa del Secretario-General de Naciones Unidas, “Secretario-General condena violencia
en Nicaragua,” SG/SM/19063, 1 de junio de 2018, disponible en:
https://www.un.org/press/en/2018/sgsm19063.doc.htm
36 Ver https://www.youtube.com/watch?v=XsHy3xO2xbU y El Nuevo Diario, “Matan a niño de un año”, 24 de
junio 2018, disponible en https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/467876-matan-nino-ano/
37 Comunicado de prensa de la Policía Nacional No. 71 – 2018, 23 de junio de 2018, disponible en:
https://www.policia.gob.ni/?p=19649
Police No. 71 – 2018, 23 June 2018, disponible en: https://www.policia.gob.ni/?p=19649
38 Este término fue utilizado por víctimas y testigos en las entrevistas realizadas por la OACNUDH, así como
por medios nacionales e internacionales.
17
indiscriminada, atemorizando a las comunidades locales y causando la pérdida de vidas39
.
La “operación limpieza” se intensificó en las primeras dos semanas del mes de julio, en
anticipación de la celebración nacional del 19 de julio (aniversario del triunfo de la
Revolución Sandinista de 1979), con el levantamiento por la fuerza de tranques en Boaco,
Carazo, Granada, Jinotepe, La Trinidad, León, Managua, Masaya, Matagalpa, la Región
Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS) y Rivas, entre otros.
26. Los ataques contra los tranques y manifestaciones resultaron en enfrentamientos
violentos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes. Uno de los incidentes más
violentos ocurrió el 12 de julio en Morrito, departamento de Río San Juan, donde, según
fuentes oficiales, al menos cinco personas murieron, incluyendo cuatro agentes de Policía40
.
Los ataques violentos y enfrentamientos también tuvieron lugar en las áreas campesinas
de San Pedro Lóvago, en Chontales, y en Muelle de los Bueyes, en el Caribe Sur.
27. El 12 de julio, a pesar de las negociaciones en curso dentro de la CVS para
desmantelar pacíficamente la ocupación de la UNAN-Managua, la Policía y elementos
armados progubernamentales atacaron las barricadas establecidas en la entrada de la
universidad. Los estudiantes y otros manifestantes fueron obligados a abandonar las
instalaciones universitarias para buscar refugio en la iglesia cercana de Jesús de la Divina
Misericordia, junto con periodistas y clérigos. La iglesia fue objeto de tiroteos por parte de
la Policía y grupos armados progubernamentales durante varias horas, lo que causó la
muerte de dos personas y al menos 16 heridos41
.
28. Del 15 al 17 de julio, la mayoría de los tranques restantes en el país fueron
desmantelados a la fuerza por la Policía y elementos armados progubernamentales tras
operaciones realizadas en los departamentos y municipalidades de Diriá, Diriomo, Catarina,
Niquinohomo y Masaya, incluyendo la comunidad indígena urbana de Monimbó. El
operativo en esta última comunidad produjo un número indeterminado de víctimas mortales,
mientras muchos residentes buscaron refugio en el bosque cercano al lago Masaya. Los
operativos que se llevaron a cabo entre el 15 y 17 de julio concluyeron con arrestos masivos
de manifestantes. La última “operación limpieza” ocurrió el 24 de julio en Barrio Sandino,
Jinotega, departamento de Carazo, un centro neurálgico de protestas. Tres hombres
jóvenes (incluyendo un menor) murieron en el curso de una operación “para restablecer el
tránsito libre”, según la Policía42
.

39 OACNUDH Comunicado de Prensa “Alto Comisionado urge a las autoridades nicaragüenses a actuar de
inmediato para poner fin a la violencia”, 5 de julio de 2018, disponible en
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23335&LangID=E
40 Comunicado de prensa de la Policía Nacional No. 82-2018, 12 de julio de 2018, disponible en:
https://www.policia.gob.ni/?p=19889
41 Comunicado de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: MESENI completa tercera
semana de trabajo y constata intensificación de represión y operativos por la policía y grupos parapoliciales
acción, 1 de julio de 2018, disponible en
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CCPR/GCArticle6/GCArticle6_SP.pdf
42 Comunicado de prensa de la Policía Nacional No. 92-2018, 24 de julio de 2018, disponible en:
https://www.policia.gob.ni/?p=20548
18
4. Represión sistemática y persecución de individuos y grupos percibidos como
simpatizantes de las protestas o como opositores del Gobierno
“Estamos atrapados en nuestro propio país. Hay grupos de hombres encapuchados
armados en la frontera y también dentro de las universidades. Cada día arrestan a más
estudiantes y no sabemos qué pasará después de esto.”
Estudiante universitario y líder de las protestas
Entrevista realizada por OACNUDH el 16 de agosto de 2018
29. Mientras los tranques se desmantelaban, la crisis entró en una nueva fase
caracterizada por la persecución y criminalización de líderes sociales y de las protestas,
personas defensoras de derechos humanos y aquellas involucradas o asociadas a las
protestas. Esta nueva fase, que en términos generales se inició a mediados del mes de
julio, continúa hasta la fecha. Cabe destacar, sin embargo, que las detenciones colectivas
de manifestantes comenzaron a ocurrir en los inicios de la crisis (se informa que a partir del
20 de abril) y han continuado hasta la fecha43. El 9 de agosto, un comunicado de prensa
conjunto, firmado por 11 procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos,
describió la situación como una “caza de brujas”, refiriéndose a la existencia de “patrones
de represión de la disidencia [que son] indicativos de una política oficial con miras a
erradicar las condiciones estructurales que apoyan la existencia de voces opositoras y
críticas”44
.
30. Después de la “operación limpieza” hubo una ola de arrestos colectivos y
detenciones de individuos que habían presuntamente participado en las manifestaciones,
tranques o barricadas, o que habían brindado algún apoyo humanitario, como asistencia
médica, alimentos o refugio, a los manifestantes.
31. Elementos armados progubernamentales, en ocasiones de forma conjunta con la
Policía, llevaron a cabo y participaron en muchos allanamientos de viviendas y arrestos
ilegales, frecuentemente basados en acusaciones de informantes locales. En algunos
casos, varios miembros de las mismas familias (principalmente hombres jóvenes) eran
aprehendidos en dichas operaciones. En muchas ocasiones los paraderos de estos
individuos permanecieron desconocidos por varios días, hasta que sus familiares tuvieron
conocimiento de que se encontraban detenidos en una estación de policía o en las prisiones
de “El Chipote”, “La Modelo” o “La Esperanza”
45
.
32. Si bien muchos de estos privados de libertad fueron liberados sin cargos, otros se
han enfrentado a procesos judiciales y muchos han sido acusados de delitos
desproporcionadas o sin fundamento, y con infracciones sistemáticas de las garantías
mínimas del debido proceso. Existen serias preocupaciones sobre la falta de pruebas para
sostener dichos cargos.

43 Ver párrafo 72.
44 Comunicado de prensa de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos “Nicaragua
debe poner fin a la “caza de brujas ” contra las voces disidentes, dicen los expertos de la ONU”, 9 de agosto de
2018, disponible en:
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23434&LangID=S
45 Ver párrafos 69 a 71 sobre desapariciones forzadas.
19
33. Información aportada por organizaciones no gubernamentales indica que, a 18 de
agosto, al menos 300 individuos estarían siendo procesados por su implicación en las
protestas, incluyendo al menos nueve mujeres y 10 menores de edad46
. Con base en la
información registrada por una ONG, CENIDH, al menos 85 individuos estarían siendo
procesados por cargos relacionados con terrorismo. Muchos estarían enfrentando cargos
tales como crimen organizado y/o homicidio calificado, los cuales son considerados
“crímenes complejos” según la legislación nacional. Ello permite plazos más amplios para
el proceso judicial, excluye la posibilidad de libertad condicional y de otras medidas
alternativas a la detención preventiva, con excepción de los casos de menores.
34. El 16 de julio, la Asamblea Nacional adoptó una ley “contra el lavado de activos,
financiamiento de terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva”47 tipificando
una nueva definición de terrorismo y un nuevo delito, el financiamiento del terrorismo. La
adopción de esta ley, en medio de la crisis, ha suscitado la preocupación de que la nueva
legislación podría ser utilizada contra individuos y organizaciones que han expresado
opiniones disidentes, incluyendo a través del control de sus finanzas48
. El Estado ha
argumentado que la adopción de esta ley fue en respuesta a las obligaciones que tiene bajo
el Grupo de Acción Financiera (GAFI).
35. Reconocidas personas defensoras de derechos humanos y líderes de las protestas
han sido blanco de este patrón de criminalización. Los líderes del denominado Movimiento
Campesino y de los movimientos estudiantiles, incluyendo los establecidos a partir de abril
como el Movimiento 19 de abril, se han convertido en objetivos de las autoridades. El 30 de
mayo, cuatro defensores de derechos humanos49 que trabajaban para la ONG Comisión
Permanente de Derechos Humanos fueron arrestados por el Ejército cerca de la frontera
con Costa Rica. Uno de ellos ha sido acusado de asesinato y los otros de lesiones en
relación con los eventos que ocurrieron en un tranque. El 13 de julio, Medardo Mairena y
Pedro Mena, líderes del Movimiento Campesino, fueron arrestados en el aeropuerto de
Managua cuando se encontraban a punto de viajar para asistir a una reunión en el
extranjero. Han sido acusados formalmente, entre otros cargos, de terrorismo, asesinato,
crimen organizado, secuestro, robo y daños a la propiedad pública, en relación con los
eventos ocurridos en un tranque. El Sr. Mairena es miembro de la Alianza Cívica y ha estado
involucrado en el Diálogo Nacional50. El 18 de julio, Irlanda Jerez, comerciante del Mercado
Oriental de Managua, y lideresa del movimiento de protesta de mujeres, fue arrestada en

46 Tres organizaciones no-gubernamentales (CENIDH, CPDH y Grito por Nicaragua) han proporcionado a la
OACNUDH listas con nombres de individuos que actualmente están detenidos y acusados en relación con su
involucramiento en las protestas (en archivo con OACNUDH).
47 Ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas
de destrucción masiva, Ley No. 977, promulgada el 16 de julio de 2018, La Gaceta Diario Oficial No. 138
(publicada el 20 de julio de 2018).
48 Comunicado de prensa de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos “Nicaragua
debe poner fin a la “caza de brujas ” contra las voces disidentes, dicen los expertos de la ONU”, 9 de agosto de
2018, disponible en:
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23434&LangID=S y Portavoz del
Alto Comisionado de los Derechos Humanos: Notas de prensa sobre Nicaragua, Mali y Kashmir, 17 de julio de
2018, disponible en: http://www.oacnudh.org/nicaragua-la-espantosa-perdida-de-vidas-debe-detenerseinmediatamente/
49 William Ampié Picado, Julio Ampié Machado, Jaime Ampié Toledo y Reynaldo Lira Luqués.
50 Portavoz del Alto Comisionado de los Derechos Humanos: Notas de prensa sobre Nicaragua, Mali y Kashmir,
17 de julio de 2018, disponible en:
http://www.oacnudh.org/nicaragua-la-espantosa-perdida-de-vidas-debe-detenerse-inmediatamente/
y https://twitter.com/OACNUDH/status/1024298369932570624
20
Managua. Las autoridades judiciales han declarado que su arresto está vinculado con una
sentencia de prisión relacionada con acusaciones de fraude del año 2016. El 22 de julio,
Christian Fajardo y María Adilia Peralta, líderes del Movimiento 19 de abril de Masaya,
fueron arrestados tratando de cruzar la frontera con Costa Rica y han sido acusados de
terrorismo, financiamiento del terrorismo, crimen organizado, asesinato, secuestro y
profanación de un cadáver, entre otros cargos. Con posterioridad se les otorgaron medidas
cautelares51 por parte de la CIDH52. A 18 de agosto, todos estos individuos estaban en
prisión preventiva. Los defensores de derechos humanos Medardo Mairena, Pedro Mena,
William Ampié, Julio Ampié, Jaime Ampié y Reynaldo Lira han sido ubicados en celdas de
máxima seguridad, sin ninguna justificación aparente para ello. Este tratamiento podría
constituir una represalia por sus roles como defensores.
“Ya no soy capaz de trabajar como defensor de derechos humanos. Me asusté cuando vi
mi foto colgada en las paredes del edificio del Partido Sandinista en mi ciudad. Todos saben
que en ese edificio cuelgan las fotos de las personas que van a arrestar.”
Defensor de derechos humanos
Entrevista realizada por OACNUDH el 4 de agosto de 2018
36. Las amenazas de arresto, incluyendo algunas presuntamente sobre la base de
archivos criminales y órdenes de arresto falsificados, se han vuelto un instrumento común
para provocar temor entre las personas defensoras de derechos humanos y opositores. El
5 de junio, Félix Maradiaga, académico y defensor de derechos humanos, fue amenazado
por la Policía Nacional con arresto por cargos de terrorismo53. Si bien no ha sido arrestado,
Madariaga fue amenazado por elementos armados progubernamentales el 7 de julio54 y
atacado físicamente por ellos el 11 de julio55. Le fueron concedidas medidas cautelares por
parte de la CIDH el 9 de julio56. El 4 de agosto, el presidente (Álvaro Leiva) y miembros de
la Asociación Nacional por los Derechos Humanos (ANPDH), una de las principales ONG
de derechos humanos, buscaron resguardo en Costa Rica. ANPDH anunció un cierre
temporal de sus oficinas debido al incremento de amenazas y acoso en contra de su
personal, incluidas amenazas de muerte. El 5 de junio, la CIDH emitió medidas cautelares
en favor del Sr. Leiva.
57 El 3 de agosto, Carlos Mejía Godoy, un cantante que desempeñó
un papel histórico en la lucha contra Somoza, anunció que había buscado resguardo en
Costa Rica por miedo a ser perseguido.
37. El acoso contra individuos percibidos como opositores del Gobierno incluye marcas
en las casas, amenazas de muerte, hostigamiento y campañas difamatorias en las redes

51 Las medidas cautelares son peticiones urgentes dirigidas por la CIDH a los Estados Miembros de la OEA,
para tomar medidas inmediatas en casos serios cuando existe un peligro inminente de daños irreparable a las
personas. El deber de adoptar las medidas necesarias es de los Estados Miembros.
52 Ver resolución de la CIDH 56/2018 de 25 de julio de 2018, Medidas Cautelares No. 868/18, 819-18, 777-18,
850-18 y 871-18 , disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2018/56-18MC868-18-NI.pdf
53 Ver conferencia de prensa de la Policía Nacional, 6 de junio 2018,
https://www.youtube.com/watch?v=qtrKi4cls3k
54 Ver https://www.youtube.com/watch?v=gVB_gws-4-U
55 Ver https://www.youtube.com/watch?v=XdQRBnJBRfw
56 Ver resolución de la CIDH 50/2018 del 9 de julio de 2018, Medidas Cautelares No. 671-18, disponible en:
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2018/50-18MC671-18-NI.pdf
57 Ver resolución de la CIDH Res. 38/2018 del 5 de junio de 2018, Medidas Cautelares No. 660-18, disponible
en: http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2018/38-18MC660-18-NI.pdf
21
sociales. La OACNUDH ha recibido relatos de individuos que alegan haber sido advertidos
que sus nombres aparecerían en “listas de muerte”; estas listas estarían siendo
presuntamente circuladas por autoridades gubernamentales para instruir a la población
sobre a quién se debe acosar, arrestar o incluso privar de sus vidas.
38. Los líderes de oposición, particularmente de partidos tales como el Movimiento de
Renovación Sandinista (MRS) y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) han sido también
objeto de acoso. El 24 de julio, el alcalde de la ciudad de Mulukukú, Apolonio Fargas
(militante del PLC), fue detenido y luego formalmente acusado de terrorismo, crimen
organizado, y del asesinato de tres agentes de policía.
39. El 22 de julio, se expulsó a las madres y familiares de los detenidos del acceso al
centro de detención “El Chipote”, donde habían permanecido durante semanas esperando
noticias sobre familiares detenidos y poder tener contacto con ellos. Grupos armados
progubernamentales llegaron al lugar de los hechos con altavoces y sillas y ocuparon el
espacio que había sido utilizado por los familiares. Este acoso contra las madres y familiares
les obligó a moverse a una ubicación diferente, junto con las ONGs que brindan asistencia
legal in situ. Muchas familias con miembros detenidos, así como sus abogados, han
reportado que son objeto de amenazas y actos de intimidación por parte de elementos
armados progubernamentales.
40. Algunos bomberos voluntarios han informado también que han sido víctimas de
amenazas e intimidación por el papel humanitario que desempeñaron durante las protestas.
Muchos de ellos prestaron asistencia a los lesionados durante la represión en contra de las
manifestaciones. Aproximadamente unos 30 bomberos voluntarios se vieron obligados a
abandonar sus hogares debido a la persecución de la que fueron objeto58
.
41. Funcionarios públicos también han sido objeto de represalias o amenazas de
represalias por llevar a cabo su labor. Médicos fueron despedidos arbitrariamente de
hospitales y centros de salud públicos en Santa Teresa, Jinotepe, Diriamba, San Marcos,
León y otras ciudades por atender a personas heridas durante las protestas59. Otros
profesionales de la salud, incluyendo enfermeras y personal administrativo, también han
sufrido despidos por la misma razón.
42. Maestros y profesores también han sido afectados por tales medidas. En agosto, al
menos dos profesores de la Universidad Autónoma de Managua (UNA-Managua) y
maestros de escuela en los departamentos de Estelí, Jinotega y Matagalpa, fueron
despedidos de sus cargos por haber apoyado las protestas. También en agosto, el
Gobierno recortó el financiamiento estatal para la UCA y la UNA, que son consideradas
como actores que han jugado un rol clave en las protestas.
43. Con el acceso al empleo público estrictamente controlado por el Gobierno, existe un
temor generalizado a expresarse libremente en las instituciones públicas. Los medios de
comunicación indican que, desde inicio de la crisis, al menos 15 oficiales del Ministerio

58 El Nuevo Diario, “Bomberos huyen por sentirse amenazados”, 5 de agosto de 2018, disponible en:
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/471401-bomberos-huyen-amenazados-crisis-nicaragua/
59 Comunicado de prensa de Human Rights Watch: “Nicaragua: Despido arbitrario de médicos y trabajadores
de la salud”, 7 de agosto 2018, disponible en:
https://www.hrw.org/es/news/2018/08/07/nicaragua-despido-arbitrario-de-medicos-y-trabajadores-de-la-salud
22
Público han dimitido, lo cual, podría deberse a mantener opiniones divergentes con la
formulación de acusaciones criminales por parte del Ministerio Público60
. Antiguo personal
del Ejército y de la Policía que se ha negado a formar parte de los grupos armados
progubernamentales también afirman haber sido objeto de represalias.
44. Las autoridades gubernamentales, incluyendo el presidente Ortega y la
vicepresidenta Murillo y los medios de comunicación controlados por el Gobierno, han
incrementado la estigmatización y la desacreditación de los manifestantes y personas
defensoras de derechos humanos, describiéndoles como “terroristas”, “golpistas” o
“plagas”. En su discurso del 19 de julio, el presidente Ortega acusó a los obispos católicos
– mediadores en el Diálogo Nacional – de ser parte de un golpe de estado planificado.61
Las monjas y sacerdotes que brindaron refugio a las personas heridas han sido también
frecuentemente objeto de amenazas.
45. La crisis también ha estado marcada por una ola de ocupaciones ilegales de tierras
privadas sin precedentes por parte de grupos progubernamentales. Según estimaciones de
la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (UPANIC), al 31 de julio, alrededor
de 4.000 hectáreas habían sido ilegalmente ocupadas desde el inicio de la crisis en los siete
departamentos del Pacífico y del centro del país
62. Según informes a los cuales la
OACNUDH ha tenido acceso, las autoridades gubernamentales han promovido
activamente y apoyado dichas ocupaciones, inclusive a través de la emisión fraudulenta de
títulos de propiedad y brindando acceso a electricidad y agua, en lo que algunos consideran
una campaña deliberada de intimidación al sector privado por ser percibidos como
opositores al Gobierno. El Consejo Superior de la Empresa Privada de Nicaragua (COSEP)
ha denunciado otras formas de presión por parte del Gobierno, incluyendo ataques contra
empresas y retrasos injustificados en la liberación de mercadería importada.
46. La sistemática persecución y represión de la disidencia o de la oposición así
percibida por parte de las autoridades gubernamentales y grupos progubernamentales,
sumado a la continua intimidación por parte de grupos armados progubernamentales, ha
resultado en un clima de temor generalizado, frustración y desesperación en la población.
En la actualidad, no existen las condiciones para el ejercicio libre y seguro de los derechos
a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica.
47. El Diálogo Nacional se encuentra actualmente paralizado y las perspectivas de
reactivarse como una instancia constructiva y amplia no son claras. Mientras que el
Gobierno ha descalificado abiertamente a algunos miembros de la Conferencia Episcopal,
la Iglesia Católica ha reiterado su intención de continuar jugando un rol de mediación. El
Secretario General de las Naciones Unidas ha expresado su apoyo al Diálogo Nacional con
la mediación de la Iglesia Católica63
.

60 La Prensa, “Renuncian más fiscales en Ministerio Público de Nicaragua”, 10 de agosto de 2018, disponible
en: https://www.laprensa.com.ni/2018/08/10/nacionales/2458357-renuncian-mas-fiscales-en-ministeriopublico-de-nicaragua
61 Ver https://youtu.be/xmC3-hbFoXk
62 Estrategia y Negocios, “Nicaragua: 5.705 manzanas de tierras productivas ocupadas ilegalmente”, 3 de
agosto de 2018, disponible en: http://www.estrategiaynegocios.net/lasclavesdeldia/1206788-330/nicaragua5705-manzanas-de-tierras-productivas-ocupadas-ilegalmente
63 Comunicado de prensa del Secretario General de la ONU: “Secretario-General profundamente preocupado
ante la intensificación de la violencia en Nicaragua”, G/SM/19132, 11 de julio 2018, disponible en:
https://www.un.org/press/en/2018/sgsm19132.doc.htm
23
III. Principales patrones de violaciones y abusos de los derechos
humanos cometidos entre el 18 de abril y el 18 de agosto de 2018
1. Principales violaciones de los derechos humanos cometidas por autoridades
del Estado
a) Violaciones del derecho a la libertad de reunión pacífica
48. El ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica se ha visto socavado a través
de una serie de prácticas que han implicado violaciones serias de otros derechos
relacionados, tal y como se detalla en otras secciones de este informe. La OACNUDH
recabó información consistente indicando que, desde el inicio de las protestas, existió un
uso excesivo de la fuerza generalizado, dando lugar en ocasiones a ejecuciones
extrajudiciales, así como ataques perpetrados por elementos armados
progubernamentales.
49. Si bien algunos de los manifestantes recurrieron a medios violentos,64 la OACNUDH
observó que la mayoría de los manifestantes fueron pacíficos. De acuerdo con el derecho
internacional de los derechos humanos, las personas no pierden el goce del derecho a
reunión pacífica como resultado de violencia esporádica u otros actos sancionables
cometidos por terceros65
. Los Estados tienen el deber de proteger a los participantes en
reuniones pacíficas de los actos perpetrados por personas aisladas o grupos de personas,
incluidos agitadores y contra manifestantes, que tienen por objeto perturbar o dispersar
tales reuniones66
.
50. La OACNUDH observó que el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes,
durante la primera fase de la crisis, disminuyó hacia fines de junio, ya que los oficiales de
policía se habían retirado del ejercicio de muchas de sus funciones. Durante este periodo,
el Gobierno afirmó que elementos armados se estaban infiltrando en las manifestaciones,
pero de acuerdo con la información a la que tuvo acceso la OACNUDH, no se tomaron
medidas para proteger a la población o para realizar una investigación creíble e
independiente de los incidentes.
51. La represión de las protestas a través del uso excesivo de la fuerza, sumada a los
arrestos arbitrarios colectivos (especialmente contra los líderes de las protestas sociales)
continuó hasta mediados de julio durante manifestaciones masivas en las principales
ciudades, culminando con el desmantelamiento de los tranques y barricadas. Esto ha
llevado a la existencia de condiciones precarias para el libre y seguro ejercicio de los
derechos a libertad de expresión, de reunión y de asociación pacífica. Al momento de la

64 Ver párrafos 103 a 107 sobre abusos de cometidos por manifestantes anti-gubernamentales.
65 Informe del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y asociación Pacífica,
A/HRC/20/27, 21 de mayo de 2012, párr. 8, disponible en:
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/135/89/PDF/G1213589.pdf?OpenElement
66 Informe del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación,
A/HRC/20/27, 21 de mayo de 2012, párr. 33, disponible en: https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/135/89/PDF/G1213589.pdf?OpenElement
24
elaboración de este informe, el número de manifestaciones se ha visto reducido,
evidenciando así el efecto inhibitorio de la represión.
52. Con base en la información a disposición de la OACNUDH, se puede concluir que
la respuesta de las autoridades a las protestas pacíficas no cumplió con los estándares
aplicables relativos al control de manifestaciones, en violación el derecho internacional de
los derechos humanos. La OACNUDH ha podido también concluir que, en muchos casos
en los que hubo violencia por parte de los manifestantes, el uso de fuerza letal contra
amenazas no letales y el apoyo en elementos armados progubernamentales también violó
el derecho internacional de los derechos humanos.
b) Violaciones de los derechos a la vida y a la integridad física
53. Una de las características principales de la crisis es el alto número de muertes como
resultado de la represión de las manifestaciones y tranques y de los enfrentamientos entre
la Policía, los grupos armados progubernamentales y los manifestantes.
54. Las estimaciones de muertes relacionadas con las protestas varían
significativamente dependiendo de las fuentes y, ante la falta de investigaciones creíbles
hasta la fecha, el tema se ha politizado fuertemente. Las estimaciones de las muertes
difieren de la siguiente manera:
o Según datos publicados el 7 de agosto por parte de la Policía Nacional, 197
individuos (191 hombres y seis mujeres) fallecieron entre el 19 de abril y el
25 de julio en el contexto de protestas. La Policía atribuye todas las muertes
a grupos violentos de oposición67;
o La Comisión de la Verdad, Justicia y Paz reportó 270 muertes (257 hombres
y 13 mujeres) entre el 18 de abril y el 2 de agosto68;
o La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos registró 192
muertes entre el 18 y el 21 de junio69 ;
o Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 322 personas
supuestamente fallecieron entre el 18 de abril y el 20 de agosto, incluyendo
23 niños;
o La ONG Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) reportó 302
muertes entre el 18 de abril y el 30 de julio70;

67 Policía Nacional, “Policía Nacional presenta cifras de fallecidos en intento de golpe suave”, 7 de agosto de
2018, disponible en: https://www.policia.gob.ni/?p=20995
68 Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, Informe fallecidos del 18 de abril al 2 de agosto, 4 de agosto de 2018
(en archivo con la OACNUDH).
69 Informe preliminar de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de la República de
Nicaragua en atención al contexto nacional a partir de abril del 2018, 21 de junio de 2018, (en archivo con la
OACNUDH).
70 Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Informe No. 5 sobre la situación de derechos humanos en
Nicaragua, 25 de julio de 2018, disponible en: https://www.cenidh.org/recursos/63/
25
o La ONG Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), brindó una
cifra preliminar de 300 muertes acaecidas entre el 18 de abril y el 30 de julio
(286 hombres y 14 mujeres), incluyendo 30 niños71;
o La ONG Asociación Nicaragüense por los Derechos Humanos (ANPDH),
brindó una cifra preliminar de 448 muertes entre 18 de abril y el 25 de julio
(426 hombres y 22 mujeres), incluyendo 21 niños72;
o La Federación Coordinadora Nicaragüense de ONGs que Trabaja con la
Niñez y la Adolescencia (CODENI) reportó que 28 niños (25 niños y tres
niñas) fueron asesinados entre el 18 de abril y el 10 de agosto durante las
protestas73
.
55. En referencia con estas distintas estimaciones, el presidente Ortega criticó los
números más altos ofrecidos por “activistas y organizaciones internacionales”,
argumentando que “sus datos no han sido depurados ni verificados” y que ellos habían
“inventado muertes”
74
. El Ministro de Relaciones Exteriores, Dennis Moncada, declaró que
“organizaciones de derechos humanos a nivel nacional e internacional continúan
manipulando el número de personas muertas de varias causas… promoviendo una
percepción de mayor inestabilidad e inseguridad en detrimento de nuestro Gobierno”75. En
respuesta a estas declaraciones, el Cardenal Brenes, quien lidera la mediación en el
Diálogo Nacional, ha hecho un llamado al Gobierno a cooperar con la Comisión de la
Verdad, Justicia y Paz y con organizaciones de derechos humanos para llegar a un
consenso sobre el número de muertes relacionadas con las protestas76
.
56. A pesar de las reiteradas solicitudes, la OACNUDH no ha recibido autorización para
acceder a datos oficiales y a documentación relacionada con el número y circunstancias de
dichas muertes, incluyendo del Ministerio de Salud Pública, del Instituto de Medicina Legal
y de la Corte Suprema de Justicia. Basándose en el análisis de los datos publicados por
fuentes gubernamentales y no gubernamentales, la OACNUDH puede brindar las
siguientes conclusiones preliminares que son relevantes para un análisis de derechos
humanos.
57. El Gobierno ha declarado que el alto número de muertes informado por otras fuentes
está inflado al incluir las muertes comunes. Según la Policía Nacional, entre el 19 de abril y
el 25 de julio, 253 personas murieron como resultado de actividades criminales comunes,

71 Comisión Permanente de Derechos Humanos, Informe Preliminar Derechos Humanos bajo ataque, 31 de
julio de 2018 (en archivo con la OACNUDH).
72 Asociación Nacional Pro Derechos Humanos, Informe preliminar de ciudadanos nicaragüenses muertos en
protesta cívica como un derecho humano y ejecutados por grupos armados no autorizados (parapoliciales o
fuerzas de choque) del período 19/04/2018 al 25/07/2018, 27 de julio de 2018 (en archivo con la OACNUDH).
73 CODENI, Niñas, niños y adolescentes asesinados producto la crisis sociopolítica que vive el país. Resumen
estadístico, reporte del 19 de abril al 10 de agosto, 10 de agosto de 2018 (en archivo con la OACNUDH).
74 CNN en español: “Daniel Ortega dice que organizaciones de DD.HH. ‘inventan muertos’ que luego aparecen
vivos”, 31 de julio 2018, disponible en: https://cnnespanol.cnn.com/video/daniel-ortega-entrevista-nicaraguacifras-muertos-intvw-oppenheimer-cara-a-cara-p1/
75
Policía Nacional, “Policía Nacional presenta cifras de fallecidos en intento de golpe suave”, 7 de agosto de
2018, disponible en: https://www.policia.gob.ni/?p=20995
76 Agencia SNN, “Cardenal Brenes sugiere conciliar cifra de muertos en crisis de Nicaragua”, 9 de agosto de
2018, disponible en: http://www.agenciasnn.com/2018/08/cardenal-brenes-sugiere-conciliar-cifra.html.
en: https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/471707-crisis-nicaragua-cardenal-brenes-muertos-protestas/
26
accidentes de tránsito y otras causas; afirma que estas muertes fueron “manipuladas por
los golpistas y las organizaciones de pensamiento similar para desacreditar, difamar y dañar
la imagen del Gobierno”77
. La cifra presentada por la Policía Nacional representa casi el
doble del número de homicidios reportados durante los meses de abril y julio en 2017
(105)78
, lo cual sugiere que la cifra oficial de muertes relacionadas con la crisis está
incompleta y diverge significativamente de las estimaciones de la Comisión de la Verdad,
Justicia y Paz y de otras fuentes independientes.
58. Un análisis comparativo de las fuentes disponibles parece confirmar un número de
características comunes relacionadas con los incidentes de muertes violentas. La mayoría
de las víctimas eran hombres jóvenes, menores de 30 años (hasta un 46% según la CPDH),
lo cual coincide con el perfil promedio de los manifestantes, incluyendo estudiantes
universitarios y jóvenes profesionales. El análisis desagregado de datos más reciente
(hasta el 2 de agosto) publicado por la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, permite llegar
a la conclusión de que aproximadamente el 76 por ciento de las víctimas murieron en el
lugar o alrededor de las manifestaciones, tranques u ocupaciones de instalaciones
universitarias. Las otras muertes estaban asociadas a otros contextos, incluido el fuego
cruzado entre grupos progubernamentales y antigubernamentales (15 por ciento); los
ataques y destrucción en contra de instituciones estatales, propiedad pública y privada e
infraestructura (9 por ciento) y otras causas.
59. Las cifras más altas de muertes violentas parecen coincidir con los periodos de
protestas masivas, con grandes repuntes a finales de abril, el 30 de mayo (durante los
ataques contra la marcha del Día de las Madres), y a mediados de junio, al inicio de la
“operación limpieza” del Gobierno para retirar por la fuerza los tranques en todo el país.
60. La mayoría de las muertes (62 por ciento) ocurrieron en Managua y en los
alrededores de los departamentos de Masaya y Carazo, que eran los epicentros del
movimiento de protesta. Según los resultados preliminares de la Comisión de la Verdad,
Justicia y Paz, 50 por ciento de las muertes ocurrieron en proximidad de los tranques79
.
61. ANPDH estima que el 80 por ciento de las muertes fueron causadas por armas de
fuego. De las autopsias practicadas en 82 individuos presuntamente conducidas por el
Instituto de Medicina Legal, 76 murieron por heridas de bala80. En la mayoría de estos casos
(71 por ciento), las heridas se encontraban en la cabeza y tórax81. Según CODENI, el 86
por ciento de los menores que fallecieron durante las protestas fueron víctimas de armas
de fuego82
.

77 Policía Nacional, “Policía Nacional presenta cifras de fallecidos en intento de golpe suave”, 7 de agosto de
2018, disponible en: https://www.policia.gob.ni/?p=20995
78 Organización Mundial de la Salud (OMS)/ Organización Panamericana de la Salud (OPS), Mortalidad por
Homicidios: Nicaragua, 2017 (en archivo con la OACNUDH).
79 Ver Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, Informe Preliminar, 10 de julio de 2018, p. 4, disponible en:
https://www.cvjp.org.ni/uploads/documentos/20180712140852493.pdf
y Comisión Permanente de Derechos Humanos, Informe Preliminar Derechos Humanos bajo ataque, 31 de julio
de 2018, p. 15 (en archivo con la OACNUDH).
80 Ver Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, Informe fallecidos del 18 de abril al 2 de agosto, 4 de agosto de
2018 (en archivo con la OACNUDH).
81 Ibidem
82 CODENI, Niñas, niños y adolescentes asesinados producto la crisis sociopolítica que vive el país. Resumen
estadístico, reporte del 19 de abril al 10 de agosto, 10 de agosto de 2018 (en archivo con la OACNUDH)
27
62. A falta de un análisis de cada caso concreto, la información descrita anteriormente
sobre las muertes indica un patrón de uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, que
puede estar relacionado con uso de municiones letales por parte de la Policía y/o a la
intervención de elementos armados en la represión de protestas, particularmente al disparar
contra manifestantes que participaban en las protestas, tranques y barricadas. La
OACNUDH puede también concluir que en muchos casos donde hubo violencia por parte
de los manifestantes, la Policía utilizó fuerza letal contra amenazas no letales. Estos actos
podrían considerarse violaciones del derecho a la vida consagrado en el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos. Esto es consistente con los resultados destacados por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos83
.
63. La Comisión de la Verdad, Justicia y Paz presenta el análisis más completo hasta la
fecha del número de personas heridas durante las protestas, basándose en su acceso a los
archivos del Ministerio de Salud, del INSS y de la Cruz Roja Nicaragüense. Según la
Comisión, hasta el 4 de julio, 1.325 personas (1.206 hombres y 119 mujeres) habían sido
presuntamente heridas en el contexto de las protestas. Un alto porcentaje de las víctimas
(68 por ciento) tienen entre 15 y 35 años de edad, que parece ser consistente con la edad
media de los participantes en las protestas. Esta cifra no incluye las personas heridas como
consecuencia del desmantelamiento de los tranques y es probable que represente
únicamente una parte del número actual de personas heridas durante las protestas, ya que
muchas de éstas no buscaron asistencia en hospitales públicos por miedo a ser
denunciados a la Policía. La Comisión Interamericana estima el número de personas
heridas en 2.00084
.
c) Violaciones del derecho a la salud
“Nunca imaginé que sería considerado como un opositor político del Gobierno. Y todo esto
porque hice algo tan inherente a nuestra responsabilidad como doctores, como es
proporcionar asistencia médica a las personas lesionadas que tomaron parte de las
manifestaciones. (…) Hace un par de días un colega de la institución donde trabajo me
alertó de que mi nombre estaba en una lista que era circulada por la organización Sandinista
del barrio. Mi nombre estaba allí por haber proporcionado asistencia médica a
manifestantes heridos y ahora se me considera un terrorista. (…) No tuve otra opción que
dejar el país.”
Médico que proporcionó asistencia a los manifestantes y se encontraba a punto de salir de
Nicaragua
Entrevista realizada por OACNUDH el 17 de julio de 2018
64. El disfrute del derecho a la salud ha sido, por lo general, significativamente afectado
por la crisis. El número total de personas heridas se estima en 2.00085
. Los servicios de
salud han sido interrumpidos, en particular en aquellas áreas donde hubo protestas.

83 Ver Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “Graves violaciones a los Derechos
Humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua”, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 86, 21 de junio de 2018,
párr. 88, disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Nicaragua2018-es.pdf
84 Comunicado de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: MESENI completa tercera
semana de trabajo y constata intensificación de represión y operativos por la policía y grupos parapoliciales
acción, 1 de julio de 2018, disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/Comunicados/2018/156.asp
85 Ibidem
28
65. La OACNUDH ha recibido abundante información acerca del cierre de hospitales o
de su acordonamiento por parte de las autoridades, la policía, y/o elementos armados
progubernamentales en diferentes partes del país durante y después de las protestas,
afectando el derecho de acceso a cuidados médicos sin discriminación. Se informó también
que, en los hospitales públicos, el personal médico fue instruido por el Ministerio de Salud
a negar atención médica a todos aquellos que participaron en protestas y/o barricadas. Los
doctores y el personal de salud que rehusaron seguir estas instrucciones han sido objeto
de intimidación y represalias por parte de sus superiores. En algunos hospitales, miembros
de la policía habrían solicitado a la administración que entregara información personal de
los pacientes, incluyendo los nombres de aquellos heridos. Muchas personas heridas no
acudieron a hospitales públicos por miedo de ser entregadas a la policía. El 25 de mayo la
Asociación Médica Nicaragüense denunció públicamente la manipulación del sistema
público de salud con el fin de negar atención médica a las personas heridas durante las
protestas86
.
66. En diversos lugares donde las “operaciones de limpieza” tuvieron lugar (como en la
UNAN87 y en Masaya) las autoridades no brindaron garantías para la rápida y segura
evacuación de los heridos. La OACNUDH recibió diversos testimonios de personas heridas
durante una “operación limpieza” que no pudieron salir de las áreas rurales donde viven
para buscar asistencia médica adecuada por miedo a ser identificados y arrestados.
67. En su informe preliminar, la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz señaló que el
Ministerio de Salud y el INSS habían dado órdenes expresas de brindar atención médica a
los heridos en el contexto de las manifestaciones que llegasen a los hospitales y centros
médicos. La Comisión informó sobre un solo caso de un hospital que no proveyó el servicio
(Hospital Cruz Azul en Managua88), debido, presuntamente, a “agresiones verbales de parte
de personas protestando en las afueras del hospital”. La Comisión también declaró que
nadie había sido entregado a la Policía por recibir atención médica por heridas relacionadas
con la protesta89
.
68. A partir de finales de julio, médicos y otros miembros del personal médico de
hospitales públicos han sido despedidos. Según la Asociación Médica Nicaragüense, al
menos 200 médicos fueron arbitrariamente despedidos de hospitales públicos en León,
Managua, Masaya (incluyendo Monimbó), Jinotepe y otras ciudades por su presunta
asistencia a personas heridas en las protestas o por su supuesto involucramiento en las
protestas antigubernamentales90
. La mayoría son médicos con especialización. Esta
medida afectará la calidad del sector de salud y el acceso a servicios médicos básicos y
especializados. La OACNUDH ha podido examinar las cartas de despido de varios médicos;
no se brinda justificación alguna por parte de los empleadores para tales medidas.

86 Comunicado de prensa de la Asociación Médica de Nicaragua, 25 de mayo de 2018, disponible en:
https://colegiomedico.org.sv/wp-content/uploads/2018/05/PRONUNCIAMIENTO-Internacional-2-1.pdf
87 Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Informe No. 5 sobre la situación de derechos humanos en
Nicaragua, 25 de julio de 2018, p.4 disponible en: https://www.cenidh.org/recursos/63/
88 Ver párrafo 15.
89 Ver Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, Informe Preliminar, 10 de julio de 2018, p. 32, disponible en:
https://www.cvjp.org.ni/uploads/documentos/20180712140852493.pdf
90 El Nuevo Diario, “Mayoría de médicos despedidos son especialistas”, 8 de agosto de 2018, disponible en:
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/471630-despidos-medicos-especialistas-crisis-nicaragua/
29
d) Desapariciones forzadas
69. La OACNUDH ha recibido varias denuncias desde el inicio de la crisis de
desapariciones forzadas de personas detenidas por la policía y elementos armados
progubernamentales, cuyo paradero sigue siendo desconocido o que fueron desaparecidas
temporalmente.
70. La OACNUDH ha podido establecer que Medardo Mairena, Pedro Mena, Christian
Fajardo y María Adilia Peralta91 fueron víctimas de una desaparición forzada por un periodo
de tiempo92
. Medardo Mairena y Pedro Mena93 fueron arrestados el 13 de julio por la policía
y puestos a disposición de las autoridades judiciales cuatro días después. Christian Fajardo
y María Adilia Peralta fueron arrestados el 22 de julio por el Ejército y entregados a
autoridades judiciales el 28 de julio. Después de haber sido detenidos por la policía y el
Ejército respectivamente, las autoridades a cargo rehusaron entregar información a sus
familias o abogados acerca de su paradero; recursos de Habeas Corpus y solicitudes de
información fueron interpuestos sin resultados. Los cuatro fueron puestos a disposición de
autoridades judiciales más allá del plazo de 48 horas que establece la ley nacional94
. Ahora
se conoce su paradero.
71. La Comisión de la Verdad, Justicia y Paz señaló que, a pesar de los esfuerzos para
confirmar el número de desapariciones, no le ha sido posible determinarlo95
. ONGs
nacionales han documentado casos de desapariciones desde mediados de abril. En un
informe publicado el 4 de mayo de 2018, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos
(CENIDH) indica que más de 60 personas fueron reportadas como desaparecidas96
. Otra
ONG, CPDH había registrado 120 denuncias de desapariciones a 31 de julio97
. En muchos
de estos casos, el paradero de las víctimas ya se ha establecido. Algunos fueron ubicados
por familiares en centros de detención y otros han huido a otras ciudades o países. Otros
han sido asesinados y sus cuerpos han sido identificados en el Instituto de Medicina Legal.
La OACNUDH ha recibido informes que dan cuenta que las autoridades forenses han

91 Christian Fajardo y María Adilia Peralta fueron detenidos el 22 de julio por el Ejército y fueron llevados ante
autoridades judiciales el 28 de julio, 6 días después de haber sido detenidos. Ver
https://twitter.com/OACNUDH/status/1023347864582467584
92 Ver Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Comentario General sobre la
desaparición forzada como delito continuado, parra. 1, “Las desapariciones forzadas son el prototipo de actos
continuos. El acto comienza en el momento del secuestro y se prolonga durante todo el período de tiempo en
que el delito no haya cesado, es decir, hasta que el Estado reconozca la detención o proporcione información
sobre la suerte o el paradero de la persona desaparecida.” Disponible en:
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disappearances/GeneralCommentsDisappearances_sp.pdf
Ver también párr. 10.3 de la Comunicación del Comité sobre Desapariciones Forzadas para el caso de Roberto
Agustín Yrusta, CED/C/10/D/1/2013, 12 de abril de 2016, disponible en:
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=18494&LangID=S
93 Medardo Mairena y Pedro Mena fueron detenidos el 13 de julio de 2018 por la Policía. Ver comunicado de la
Policía Nacional 83-2018, 13 de julio 2018, disponible en: https://www.policia.gob.ni/?p=19929
Fueron llevados ante las autoridades judiciales cuatro días después. Ver comunicado del Poder Judicial, 17 de
julio de 2018, disponible en:
https://www.poderjudicial.gob.ni/prensa/notas_prensa_detalle.asp?id_noticia=8892
94 Artículo 33 (2.2) de la Constitución de Nicaragua.
95 Ver Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, Informe Preliminar, 10 de julio de 2018, p. 50, disponible en:
https://www.cvjp.org.ni/uploads/documentos/20180712140852493.pdf
96 Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Informe No. 1 sobre la situación de derechos humanos en
Nicaragua, 4 de mayo de 2018, p.16 (en archivo con la OACNUDH)
97 Cifras entregadas al OACNUDH por la Comisión Permanente de Derechos Humanos, al 31 de julio de 2018.
30
estado disponiendo de los cuerpos sin identificación adecuada o sin notificación oportuna
a los familiares, informes que no ha podido verificar.
e) Violaciones del derecho a la libertad y a la seguridad personal
“Desde que mi padre y mi hermana salieron de la cárcel, no podemos dormir por las noches
pues tenemos miedo que los paramilitares regresen. Mi padre no me contó lo que le
hicieron, me dice que estaré más seguro si no lo sé.”
Pariente
Entrevista realizada por la OACNUDH el 19 de agosto de 2018
72. Desde los primeros días de la crisis98, las fuerzas de seguridad han recurrido
ampliamente a arrestos y detenciones como forma de reprimir a aquellos que participan en
las protestas y manifestaciones. A la fecha, el número de personas arrestadas y/o detenidas
en relación con las protestas no es claro ya que no existen registros oficiales y la
información proporcionada por las autoridades pertinentes ha sido muy escasa99. La
Comisión de la Verdad, Justicia y Paz afirmó que desde el 18 de abril al 2 de junio de 2018,
620 personas fueron detenidas en relación con las protestas (480 hombres y 25 mujeres,
incluyendo 64 menores de edad)100
. Según la ONG CENIDH, 1900 personas han sido
detenidas desde el comienzo de la crisis y el 25 de julio de 2018101
.
73. La mayoría de los detenidos en relación con las protestas son hombres jóvenes. Al
6 de julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tenía registrados a ocho
menores de edad detenidos en relación con las protestas102
. El 14 de agosto, una niña de
15 años fue arrestada por la Policía Nacional en Estelí, presuntamente después de haber
cuestionado la razón por la cual un grupo de jóvenes estaba siendo arrestado
103
.
74. Basado en el monitoreo de la situación de los derechos humanos realizado por la
OACNUDH y la documentación de los casos, se han destacado los siguientes patrones en
relación a la detención:
o La detención es usualmente llevada a cabo por la policía y/o por elementos armados
progubernamentales104, y sólo excepcionalmente por las fuerzas armadas;

98 Según el CENIDH, más de 350 personas están presuntamente detenidas en diferentes ciudades a lo largo
de Nicaragua. Estas detenciones habrían comenzado a ocurrir a partir del 21 de abril. Ver Centro Nicaragüense
de Derechos Humanos, Informe No. 1 sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua, 4 de mayo de
2018, p.16 (en archivo con la OACNUDH).
99 La OACNUDH ha solicitado esta información por escrito al Estado en repetidas ocasiones, pero a 18 de
agosto de 2018 no había recibido respuesta alguna.
100 Ver Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, Informe Preliminar, 10 de julio de 2018, p. 18, disponible en:
https://www.cvjp.org.ni/uploads/documentos/20180712140852493.pdf
101 Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Informe No. 5 sobre la situación de derechos humanos en
Nicaragua, 25 de julio de 2018, p.19 disponible en: https://www.cenidh.org/recursos/63/
102 Comunicado de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “CIDH denuncia el deterioro,
profundización y diversificación de la represión en Nicaragua y expresa preocupación por la situación de los
niños, niñas y adolescentes en el país” (11 de julio de 2018), disponible en:
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/Comunicados/2018/148.asp
103 100% Noticias, “Policía orteguista detiene arbitrariamente a jovencita de 15 años en Estelí”, 15 de agosto de
2018, disponible en https://100noticias.com.ni/nacionales/92332-policia-detiene-joven-15-anos-esteli/
104 Ver párrafos 96-102 sobre elementos armados pro-gubernamentales.
31
o No se presentan órdenes de arresto ni de registro;
o No se entrega información acerca de las causas de la detención o de los derechos
de los detenidos;
o No existe un registro público de los nombres y lugares de detención de las personas
privadas de libertad;
o La detención incomunicada, sin acceso a familiares ni abogados, es una práctica
común durante el periodo inicial de la detención;
o La confirmación oficial de la detención a familiares se da usualmente varios días
después del arresto;
o Son comunes los casos de detenciones colectivas (incluidas aquellas de miembros
de la misma familia);
o La detención usualmente se dirige en contra de aquellos que participaron en algún
tipo de actividad opositora al gobierno o que son percibidos como opositores;
o La mayoría de los detenidos son hombres jóvenes;
o La práctica de tratos crueles, inhumanos o degradantes ha sido regularmente
reportada en el contexto de las detenciones, con denuncias alegando tortura durante
el arresto y los primeros días de la detención.
75. En ninguno de los casos documentados por la OACNUDH se exhibió una orden de
arresto o de registro por las autoridades. En ninguno de los casos reportados se habría
arrestado a la persona en flagrante delito.
76. Cuando las personas son privadas de libertad por la policía, son llevadas a
estaciones de policía o a las cárceles de “El Chipote”, La Modelo y La Esperanza. La
OACNUDH ha recibido información que da cuenta de que todas las cárceles en el país, así
como muchas de las estaciones de policía, enfrentan una situación de hacinamiento
vinculada con la crisis. Información de diversas fuentes apunta también a la existencia de
centros de detención ilegales (por ejemplo: edificios públicos en desuso) los cuales habrían
operado sólo por unos pocos días. La OACNUDH no ha podido, sin embargo, verificar esta
información.
77. Debido a la falta de información oficial sobre el número e identidad de las personas
detenidas, como también sobre el lugar de su detención, muchos familiares acamparon en
las afueras del centro de detención “El Chipote” (el principal centro de detención preventiva
en Nicaragua) por días e incluso semanas. Durante las visitas de la OACNUDH a El Chipote
en julio, se observó la presencia diaria de al menos 100 personas (principalmente
familiares) en las afueras de las puertas de la cárcel, portando fotos y carteles con el nombre
de sus parientes, esperando recibir confirmación no oficial de los guardias de la prisión
sobre si sus familiares estaban detenidos allí. La información solicitada es frecuentemente
denegada y muchos familiares mencionaron a la OACNUDH que a veces la única
información que se obtiene para saber si sus familiares se encuentran privados de libertad
en esa cárcel es cuando los guardias aceptan la comida que los familiares de los detenidos
les traen.
78. A la luz de lo expuesto anteriormente, la OACNUDH considera que existe suficiente
información que indica que estas detenciones fueron arbitrarias, incluyendo porque en
muchos de estos casos no se garantizó el debido proceso. Más aún, éstas han sido
32
percibidas como castigo por el legítimo ejercicio de los derechos humanos, en particular la
libertad de opinión y expresión y a la libertad de reunión pacífica105
.
f) Tortura y malos tratos
“Un grupo de hombres encapuchados detuvieron a mi marido en nuestra casa, lo
golpearon y se lo llevaron desnudo. Unos días después, cuando me enteré donde estaba,
pude verlo durante 15 minutos. Tenía moretones en sus dedos y costillas. Me dijo que no
dijera nada y me dijo ‘es mejor que no vuelvas y que sólo me dejes morir aquí”
Esposa de un detenido en la prisión La Modelo
Entrevista realizada por ACNUDH el 13 de agosto de 2018
79. La OACNUDH ha recibido numerosos relatos denunciando posibles actos de tortura
y malos tratos perpetrados por la policía o por las autoridades carcelarias durante el arresto
o en los días inmediatamente posteriores a éste. La mayoría de las denuncias apuntan
hacia el centro de detención “El Chipote” como el principal lugar donde tales actos son
cometidos, si bien en algunos casos se ha denunciado su ocurrencia en las estaciones de
policía o en el momento del arresto.
80. Los testimonios recibidos por la OACNUDH señalan que algunos detenidos han sido
sometidos a torturas físicas –incluyendo quemaduras con pistolas de electricidad y/o
cigarrillos, el uso de alambre de púas, golpizas con puños y tuberías e intentos de
estrangulación– como también a torturas psicológicas, incluyendo amenazas de muerte.
Tanto hombres como mujeres que han sido detenidos han proporcionado a la OACNUDH
relatos de la violencia sexual sufrida mientras estaban privados de libertad. Algunas
mujeres fueron objeto de violencia sexual, incluyendo violación, y señalaron que son
comunes las amenazas de abuso sexual. Los detenidos varones también denunciaron
casos de violaciones, incluyendo violaciones con rifles y otros objetos. Se han recibido
denuncias de que Medardo Mairena y Pedro Mena (miembros del Movimiento Campesino)
han sufrido malos tratos y/o torturas en prisión.
81. Ex detenidos, en particular aquellos que fueron víctimas de detenciones colectivas,
señalaron a la OACNUDH que al llegar al centro de detención “El Chipote” los detenidos
varones se habrían visto sistemáticamente forzados a quitarse la ropa y a permanecer en
ropa interior. Algunos familiares de los detenidos informaron a la OACNUDH que los
guardias de la prisión en “El Chipote” no aceptaban la ropa que ellos traían para los
detenidos supuestamente porque en ese centro de detención los internos estaban forzados
a permanecer parcialmente desnudos.

105 Comité de Derechos Humanos, comentario general No. 35 sobre el Artículo 9 (Libertad y Seguridad de la
Persona), CCPR/C/CG/35, disponible en:
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fGC%2f35&
Lang=es
33
g) Violaciones de las garantías del debido proceso legal
82. Basándose en numerosos casos documentados, la OACNUDH ha observado que
las violaciones a las garantías del debido proceso han sido generalizadas en los
procedimientos judiciales en contra de aquellos acusados de haber cometidos delitos en el
contexto de las protestas. Estos procedimientos no satisfacen los estándares básicos
relativos a un juicio justo y a la igualdad de armas.
83. Las personas detenidas son frecuentemente llevadas ante un juez después del
periodo de 48 horas establecido en la Constitución106. Por ejemplo, dos hombres jóvenes
involucrados en las protestas, Glen Abraham Slate y Brandon Lovo Taylor, acusados del
asesinato del periodista Ángel Gahona107, fueron detenidos el 2 y el 5 de mayo
respectivamente, pero no fueron llevados ante el juez hasta el día 8 de mayo. Al analizar la
legalidad de algunas de las detenciones ocurridas entre el 18 de abril y el 2 de junio, la
Comisión de la Verdad, Justicia y Paz encontró que de los 505 casos de detenciones de los
cuales tenía información (480 hombres y 25 mujeres), en 204 casos se había excedido la
regla de las 48 horas. Todos fueron eventualmente dejados en libertad108
.
84. Los familiares de las personas cuyo paradero es desconocido usualmente presentan
peticiones de Habeas Corpus109. La OACNUDH ha documentado en algunos casos, que
los jueces designados para resolver sobre peticiones de Habeas Corpus habían fallecido.
Esto ha sido percibido como una táctica para demorar la resolución de esas peticiones por
un juez competente. Con pocas excepciones, las peticiones de Habeas Corpus no han
prosperado.
85. El acceso a la asistencia de un defensor de su propia elección se ha visto restringido
de diversas maneras en el caso de las personas detenidas en las protestas. A algunas
personas se le impuso a un defensor público en las audiencias iniciales a pesar de los
intentos de organizaciones de derechos humanos de proporcionales un abogado privado.
Según los testimonios recibidos por la OACNUDH, en ciertos casos defensores públicos
habían aconsejado a los acusados a declararse culpables, prometiendo que de esta forma
sus sentencias serían así reducidas.
86. Algunos abogados están representando a personas arrestadas en relación con las
protestas habrían sido regularmente amenazados por personas cercanas al Gobierno. En
algunos casos, esto ha llevado a repetidos cambios en los equipos de defensa. Además, a
los abogados no se les ha permitido entrevistarse en privado con sus clientes antes de las
audiencias, lo que afecta a la calidad de la defensa. La OACNUDH ha recibido testimonios
de cómo personas detenidas, incluyendo algunas que han estado detenidas durante más
de dos meses, no han sido autorizadas a reunirse con sus abogados.
87. Abogados y familiares de personas detenidas en relación con las protestas no son
notificados apropiadamente del horario de las audiencias a través del programa en línea de
notificaciones judiciales. Las audiencias en estos casos son realizadas en privado sin que
los jueces expliquen las circunstancias que justifican tal decisión. Esto contraviene normas

106 Ver artículo 33 (2.2). de la Constitución de Nicaragua.
107 Ver párrafo 92.
108 Ver Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, Informe Preliminar, 10 de julio de 2018, p. 18, disponible en:
https://www.cvjp.org.ni/uploads/documentos/20180712140852493.pdf
109 Recursos de exhibición personal.
34
y estándares internacionales, así como la legislación nacional. De hecho, el artículo 13 del
Código Procesal Penal establece que aquellas audiencias que no sean públicas son
nulas110. El 20 de julio, la Corte Suprema destituyó a la jueza Indiana Gallardo Fonseca
quién, el día anterior, había insistido en llevar a cabo públicamente la audiencia de tres
miembros de una organización estudiantil que habían participado en las protestas y que
estaban siendo acusados de crimen organizado111
. La Corte Suprema argumentó que la
jueza había cometido “irregularidades” relacionadas con cambios en la clasificación de los
delitos presentados por el Ministerio Público.112
88. No siempre se permite a familiares y abogados defensores estar presentes en las
audiencias, y a los observadores internacionales (incluidos la OACNUDH, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes) se les ha negado autorización para monitorear las audiencias113
. Los
medios de comunicación oficial, a los cuales se le permite regularmente el acceso a la sala
del tribunal, han frecuentemente tendido a retratar a los acusados en relación con las
protestas como criminales “manipulados por los partidos de derecha” y como “instigadores
de un golpe de estado”, violando así la presunción de inocencia. Imágenes de muchos de
estos juicios han sido difundidas ampliamente.
89. A la fecha, los tribunales se han basado predominantemente en testimonios para
acusar a las personas de graves delitos en relación con las protestas, incluidos el de
terrorismo, de crimen organizado y de homicidio. En algunos casos, el Ministerio Público ha
aceptado testimonios de supuestos “agentes encubiertos” como la única prueba para
acusar a los imputados. Estos “agentes encubiertos” comparecen en la sala de la Corte
encapuchados para no ser identificados. Su testimonio, en particular para el delito de
terrorismo, tiende a presentar alegaciones similares y hechos repetidos de un caso a otro.
90. Las irregularidades previamente descritas apuntan a violaciones al derecho a una
adecuada defensa y al debido proceso de las personas acusadas de delitos por su
participación en las protestas sociales. Además, ponen de manifiesto la ausencia de las
garantías esenciales de independencia e imparcialidad judicial.

110 Ver por ejemplo el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comentario General
No. 32 del Comité de Derechos Humanos (párr. 28) y el artículo 34 de la Constitución Nicaragua.
111 Los tres individuos acusados eran Roberto José Cruz Altamirano, Eduardo Manuel Tijerino y Francisco
Antonio Castro Jarquín. Fueron detenidos conjuntamente con Solange Centeno y Nelly Marily Roque.
112 Comunicado de Prensa de la Corta Suprema, “CSJ destituye a jueza Indiana Gallardo por actuar contra ley
expresa”, 20 de julio de 2018, disponible en:
https://www.poderjudicial.gob.ni/prensa/notas_prensa_detalle.asp?id_noticia=8900
113 Comunicado de Prensa de la Corta Suprema, “CSJ aclara sobre participación del GIEI en las audiencias y
juicios”, 14 de agosto de 2018, disponible en:
https://www.poderjudicial.gob.ni/prensa/notas_prensa_detalle.asp?id_noticia=8947 y
Ver también
https://twitter.com/OACNUDH/status/1023719798306496517
https://twitter.com/OACNUDH/status/1023719798306496517
https://twitter.com/OACNUDH/status/1023666860146024456
https://twitter.com/OACNUDH/status/1023347864582467584
https://twitter.com/CIDH/status/1018596169671499776
https://twitter.com/OACNUDH/status/1023347548080275457
https://twitter.com/OACNUDH/status/1029831549624172544
35
h) Violaciones del derecho a la libertad de expresión
91. La libertad de expresión ha sido restringida de forma sistemática y de diversas
maneras a lo largo de la crisis. Dichas limitaciones deben ser consideradas a la luz de un
contexto preexistente caracterizado por una progresiva erosión de la libertad de prensa;
una alta concentración de medios de comunicación en manos del partido gobernante y
familiares del Presidente y la Vicepresidenta; la ausencia de un ente independiente
regulador de los medios de comunicación; el uso de publicidad gubernamental para
promover los medios de comunicación oficiales e indirectamente censurar a los medios
independientes; la falta de políticas efectivas para promover y proteger el acceso a la
información.
92. Desde el comienzo de las protestas, los periodistas han sido amenazados y
atacados. El 21 de abril, el periodista Miguel Ángel Gahona fue asesinado por arma de
fuego mientras transmitía en las redes sociales en Bluefields, en la RACCS114
. Varios
trabajadores de medios de comunicación han sido detenidos arbitrariamente115
. Periodistas
cubriendo las manifestaciones han sufrido el robo frecuente de sus equipos. La Comisión
de la Verdad, Justicia y Paz recibió informes de ataques físicos contra periodistas y de
“confiscación ilegal de equipos”116
.
93. En su informe preliminar la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz mencionó la
destrucción de varios recintos de medios de comunicación independientes117
. A mediados
de abril, el canal de televisión “100% Noticias” se vio técnicamente imposibilitado para
transmitir su programación durante seis días, después de haberse negado al requerimiento
del Gobierno de cambiar línea editorial sobre las protestas sociales118; su señal fue
posteriormente interrumpida en diversas ocasiones sin notificación de ningún tipo119
. La
Comisión de la Verdad, Justicia y Paz afirmó que “la censura inicial de algunos medios de

114 Ver también https://en.unesco.org/news/director-general-calls-investigation-shooting-journalist-angeleduardo-gahona-nicaragua
115 Ver el caso de Roberto Antonio Collado, corresponsal de Canal 10 en Granada, quien fue privado de
libertad y golpeado por presuntos elementos progubernamentales armados antes de ser entregado a la
policía. Véase Comunicado de prensa: “CIDH confirma informes de criminalización y persecución legal en
Nicaragua” (2 de agosto de 2018), disponible en:
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/169.asp
116 Ver Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, Informe Preliminar, 10 de julio de 2018, p. 34, disponible en:
https://www.cvjp.org.ni/uploads/documentos/20180712140852493.pdf
117 Radio Darío (León), Radio Ya (Managua), Radio Nicaragua (Managua) y Radio Estereo Yes (Matagalpa).
Ver Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, Informe Preliminar, 10 de julio de 2018, p. 21, disponible en:
https://www.cvjp.org.ni/uploads/documentos/20180712140852493.pdf
118 Otros tres canales de televisión sufrieron el corte de sus programas durante varias horas el 20 de abril. Ver
comunicado de la CIDH, “CIDH expresa preocupación por muertes en el contexto de protestas en Nicaragua”,
24 de abril 2018, disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/Comunicados/2018/169.asp y el comunicado
de prensa del Centro Knight de Periodismo en las Américas, “Varios medios de comunicación privados de sus
señales y otros sufren ataques durante la transmisión de protesta en Nicaragua”, 1 de maro de 2018, disponible
en:
https://knightcenter.utexas.edu/blog/00-19602-several-news-outlets-deprived-their-signals-and-others-sufferattacks-during-broadcast
119 Comentario de la vocera del OACNUDH Liz Throssell sobre la violencia de protestas en Nicaragua, 20 de
abril de 2018, disponible en:
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22972&LangID=S
36
comunicación fue una errada decisión por parte de las autoridades” y violó la libertad de
expresión, señalando además que la señal fue restablecida posteriormente120
.
94. Muchos directores, editores y periodistas de medios independientes han recibido
amenazas de muerte; algunos han visto sus nombres, direcciones, y otra información
privada divulgada en redes sociales por simpatizantes pro-Gobierno. El Gobierno ha
responsabilizado a los periodistas independientes de la divulgación de “noticias falsas”, y
de apoyar al terrorismo121 El 24 de julio, las instalaciones de la Radio Stereo Romance, una
emisora de radio local de Jinotepe, fueron objeto de vandalismo con grafiti, en los que se
les acusaba de ser “medios de comunicación terroristas”, a la vez que se hacía un llamado
a asesinar a sus periodistas. Organizaciones independientes han documentado
aproximadamente 250 casos de agresiones o ataques contra los medios de
comunicación122 , siendo objeto particular de los ataques las mujeres periodistas. También
se informó de ciberataques en contra de medios independientes.
95. También fueron informados casos de amenazas, incluso de despido, contra
periodistas que trabajaban en medios de comunicación pro-Gobierno, si no seguían la línea
editorial impuesta por sus editores. Los medios de comunicación también han expresado
su preocupación ante la posibilidad de ser legalmente acusados de financiar el terrorismo,
con base en la reciente enmienda a la legislación sobre financiamiento de terrorismo y
lavado de dinero.
2. Abusos de los derechos humanos cometidos por elementos armados progubernamentales
96. Desde los primeros días de la crisis, surgió un patrón caracterizado por la implicación
de elementos armados progubernamentales123
. Poco después del estallido de las protestas
relacionadas con el incendio de la reserva biológica Indio Maíz y la reforma del Instituto
Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), en abril, individuos vinculados con el partido
Sandinista fueron movilizados para oponerse a las manifestaciones, organizar mítines
paralelos, y acosar e intimidar a los manifestantes. Estos grupos, conocidos como “fuerzas
de choque”, “turbas” o “motorizados” estuvieron en la primera línea de ataques físicos
contra los manifestantes pacíficos. Las turbas estaban armadas con garrotes, palos y

120 Ver Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, Informe Preliminar, 10 de julio de 2018, p. 34, disponible en:
https://www.cvjp.org.ni/uploads/documentos/20180712140852493.pdf
121 La Voz del Sandinismo, “Declaraciones de la compañera Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua”, 17
agosto 2018, disponible en: http://www.lavozdelsandinismo.com/nicaragua/2018-08-17/declaraciones-de-lacompanera-rosario-murillo-vicepresidenta-de-nicaragua-17-08-2018-texto-integro/
“Vergüenza para ell@s, los corrosiv@s, que todavía creen que pueden golpear el Alma Nicaragüense, porque
movilizan Plataformas Mediáticas Internacionales de Medios que les sirven a los Imperios, y se llenan de
mentiras, calumnias, infamias, distorsiones intencionadas… Noticias falsas, pues! Como la publicación un día
de estos en una Cadena Internacional, de una Movilización del Pueblo Sandinista, una Movilización
multitudinaria queriéndola hacer pasar por Marcha de Siglas, de chingastes, de esa poquedad ! Nicaragua
entera los repudia, los rechaza… Y esa patraña, esa noticia falsa, ¿quién la cree?”
126 Información entregada por la Fundación Violeta Barrios Chamorro, al 20 de julio de 2018 (en archivo con la
OACNUDH)
122 Información proporcionada por la Fundación Violeta Barrios Chamorro, 20 julio 2018 (en archivo con
OACNUDH)
123 En sus informes, la CIDH se refiere a estos elementos como “parapolicía”. Ver Informe de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos “Graves violaciones a los Derechos Humanos en el marco de las
protestas sociales en Nicaragua”, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 86, 21 de junio de 2018, párr. 35, disponible en:
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Nicaragua2018-es.pdf
37
piedras y portaban cascos. 124 El 20 de abril, la Radio Darío en la ciudad de León fue
incendiada, presuntamente por elementos armados progubernamentales.
125 Las turbas
estuvieron también implicadas en el hostigamiento a autoridades eclesiásticas (incluyendo
al Representante de la Santa Sede) el 9 de julio en Diriamba126
. También estuvieron
presuntamente implicadas en ataques contra medios de comunicación independientes y
contra la propiedad privada, incluyendo incendios provocados a casas y negocios privados,
y saqueos.
97. El Partido Sandinista ha presuntamente jugado un rol activo en la movilización de
tales grupos, incluyendo a través del uso de las estructuras del gobierno local y de los
llamados Consejos Familiares, Comunitarios y de Vida (anteriormente conocidos como
Consejos del Poder Ciudadano), activos a nivel comunitario, y percibidos por la población
local como la principal fuente de recolección de información de inteligencia para el
Gobierno. El rol de estos grupos en la supresión de las protestas anti -gubernamentales no
sería novedoso, ya que patrones similares fueron observados en el pasado, por ejemplo,
en relación con manifestaciones acontecidas en el marco de elecciones y en las protestas
en contra del Canal Interoceánico en 2016.
98. De acuerdo con numerosos reportes recibidos por la OACNUDH, los elementos
armados progubernamentales estuvieron implicados en ataques en contra de las protestas,
los tranques, y las barricadas. Por ejemplo, habrían tenido un rol activo en los ataques
armados contra las manifestaciones que tuvieron lugar en Managua en el Día de las Madres
(30 de mayo), cuando francotiradores ubicados en el Estadio Nacional Dennis Martínez
habrían disparado contra los manifestantes. Fueron especialmente activos y visibles en el
contexto de la denominada “operación limpieza”. En una operación típica, los elementos
armados progubernamentales aparecen en camionetas pick-up, la mayoría de las veces
durante el día y escoltados por la policía, a veces todos vestidos del mismo color (azul o
verde) y cubiertos con pasa-montañas y disparando al azar o apuntando a los manifestantes
como objetivos.
99. Algunos testimonios también recabados por la OACNUDH indican que dichos
elementos armados han llevado a cabo arrestos arbitrarios de personas a lo largo del país;
a veces de forma conjunta con la policía. La OACNUDH recibió testimonios de personas
que afirman haber sido detenidas por elementos armados progubernamentales y luego
trasladadas a las estaciones de policía y entregadas. Estos elementos armados desarrollan
de manera rutinaria actividades de vigilancia e intimidación en las comunidades locales.
100. Estos elementos armados estarían bien entrenados y dotados con vehículos, equipo
y armas militares, incluyendo armas de alto calibre como el AK-47 y fusiles de francotirador
Dragunov. Existen alegaciones que afirman que estos grupos han sido al menos
parcialmente integrados y entrenados por personal policial y militar jubilado. Jóvenes,
presuntamente algunos de ellos miembros de pandillas, habrían sido también reclutados
para este propósito.

124 Ver https://www.youtube.com/watch?v=HKCXn2OXsN4&feature=youtu.be
125 Al momento del incendio (20 de abril), 13 miembros del personal se encontraban en las instalaciones de la
radio. Todos pudieron evacuar de forma segura. Dos de las personas que esparcieron el combustible habrían
muerto como resultado de las llamas.
126 See https://www.youtube.com/watch?v=KngVZuV2d08
38
101. Si bien inicialmente el Gobierno negó la participación de tales grupos en la represión
de las protestas y en el desempeño de funciones propias de la policía127, en una entrevista
con un canal internacional de televisión, transmitida el 20 de julio, el presidente Ortega
afirmó que estos grupos eran “policías voluntarios” en “misiones especiales” y justificó su
actuar encubierto por razones de seguridad.128
102. La OACNUDH ha recabado amplia información (de fuentes confidenciales y
abiertas) que señala que estos grupos progubernamentales actuaron con el consentimiento
(y frecuentemente de forma conjunta y coordinada) de autoridades estatales de alto nivel y
de la Policía Nacional y que actuaron con total impunidad.
3. Abusos de los derechos humanos cometidos por manifestantes antigubernamentales
“Me golpearon y me tiraron a la palangana de una camioneta pick-up. Pusieron una
capucha sobre mi cabeza y me dijeron que pagaría un alto precio por ser Sandinista. Me
pusieron una pistola contra mi cabeza y me dijeron que podía mandar dos mensajes
desde mi teléfono. Pensé que era hombre muerto.”
Empleado del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS)
Entrevista realizada por la Oficina del ACNUDH el 7 de julio de 2018
103. La OACNUDH observó que un gran número de protestas antigubernamentales
fueron pacíficas y de acuerdo a los estándares y jurisprudencia internacional.129 Sin
embargo, la represión de las manifestaciones y los acosos y ataques por parte de los grupos
progubernamentales en respuesta a las manifestaciones del mes de abril generaron una
respuesta violenta de parte de ciertos manifestantes anti-gubernamentales. A medida que
la crisis se desarrollaba, el nivel de violencia contra los manifestantes por parte de la policía
y de civiles armados aumentó aún más, y también lo hizo el nivel de resistencia de algunos
individuos participando en los tranques y ocupaciones. Existe amplia información sobre el
uso de medios violentos por parte de algunos manifestantes, incluyendo piedras, morteros
y armas improvisadas y armas de fuego (fundamentalmente rifles). Sin embargo, la
OACNUDH no encontró evidencia de que estos actos violentos hayan sido coordinados o
respondieran a un plan preexistente. La Iglesia Católica en varias ocasiones urgió a los
manifestantes a abstenerse de usar la violencia.130

127 El 19 Digital: “Rosario en Multinoticias”, 31 de mayo del 2018, disponible en:
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:77613-rosario-en-multinoticias-31-de-mayo-del-2018
128 Euronews, “Euronews entrevista al presidente de Nicaragua Daniel Ortega sobre la mortal crisis del país”,
20 de julio de 2018, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=saErUvujQA8
129 Según la jurisprudencia de los mecanismos internacionales de derechos humanos, la protección del derecho
a la libertad de reunión pacífica “concierne solo a las concentraciones que son pacíficas”. Sin embargo, “debe
presuponerse el carácter pacífico””, y los términos deben estar sujetos a “una interpretación amplia.” Más aún,
“debe tenerse en cuenta la manera en que se celebra la reunión y las intenciones de los participantes.” Ver
Informe Conjunto del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y asociación y del
Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias, o arbitrarias acerca de la gestión adecuada de
las manifestaciones, A/HRC/31/66, párr. 18, 4 de febrero de 2016, disponible en:
https://www.ohchr.org/SP/Issues/AssemblyAssociation/Pages/AnnualReports.aspx
130 Declaración de la Conferencia Nacional Episcopal, 14 de julio de 2018, disponible en: http://www.cennicaragua.org/noticias.php?recordID=531
/
39
104. La rabia y frustración generadas con la repuesta del gobierno, y la extrema
polarización de la población, desencadenaron estallidos de violencia que excedieron la
crisis. Esto motivó episodios de violencia entre diferentes grupos, represalias, ajustes de
cuentas y ataques en contra de miembros del Partido Sandinista, funcionarios del Gobierno
y miembros de las fuerzas de seguridad (en particular de la Policía Nacional), contra
edificios de instituciones públicas y propiedad privada. Los niveles de brutalidad en algunos
de estos episodios, que incluyen la quema, amputación y profanación de cadáveres, ilustra
la grave degeneración de la crisis. Más aún, los tranques dieron lugar, en ocasiones, al
incremento de prácticas criminales, tales como el secuestro, el acoso, el robo y el cobro de
peajes ilegales. La OACNUDH se reunió con más de 100 miembros de la Policía Nacional
y militantes del Partido Sandinista quienes compartieron sus relatos de los actos de
violencia que sufrieron.
105. Las autoridades estatales han proporcionado datos detallados sobre la muerte y
heridas a miembros de la Policía y militantes del Partido Sandinista. La Policía Nacional
reportó que 22 agentes perdieron la vida en el contexto de las protestas entre el 19 de abril
y el 25 de julio, incluyendo siete policías en los ataques contra las estaciones de policía en
Mulukukú, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, y Morrito, Río San Juan131; muchos
otros sufrieron heridas en el desempeño de sus funciones.
106. La Comisión de la Verdad, Justicia y Paz estimó que hasta el 4 de julio, la
destrucción, quema y saqueo de vehículos, equipo, edificios, y otra infraestructura de
instituciones estatales durante la crisis, ascendía a un monto de 922.320.780 dólares
americanos. 132 64 ambulancias del Ministerio de Salud Pública y 16 unidades de la Cruz
Roja fueron destruidas, según la Comisión. 133 En su informe preliminar, la Procuraduría
para la Defensa de los Derechos Humanos hizo referencia a los efectos de las barricadas
y tranque en el disfrute de los derechos humanos, incluyendo el derecho a la salud y la
libertad de circulación. El informe se refiere a un caso de una mujer embarazada que murió
en una ambulancia que se dirigía a un hospital y cuyo paso no fue permitido por parte de
un tranque.
134
107. En un contexto marcado por la polarización y el conflicto social, y en ausencia de
investigaciones creíbles e imparciales, la medida en la cual los abusos deben ser atribuidos
a los manifestantes antigubernamentales debe ser esclarecida caso por caso, siguiendo
procedimientos que respeten las garantías del debido proceso y los principios de
responsabilidad criminal.

131 Policía Nacional, “Policía Nacional presenta cifras de fallecidos en intento de golpe suave”, 7 de agosto de
2018, disponible en: https://www.policia.gob.ni/?p=20995
132 Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, Informe Preliminar: 10 de julio de 2018, disponible en:
https://www.cvjp.org.ni/uploads/documentos/20180712140852493.pdf
133 Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, Informe Preliminar: Periodo del 18 de abril al 2 de agosto de julio de
2018 (actualizado) (en archivo con la OACNUDH).
134 Informe preliminar de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de la República de
Nicaragua en atención al contexto nacional a partir de abril del 2018, 21 de junio de 2018 (en archivo con la
OACNUDH)
40
“Pertenezco a una familia Sandinista. Me sentí muy inseguro caminando en mi ciudad por
el peligro a ser atacado por aquellos que controlan las barricadas. Nos atacan sólo porque
somos Juventud Sandinista.”
Individuo de la ciudad de Rivas
Entrevista realizada por la OACNUDH el 7 de julio de 2018
4. Otras consecuencias para los derechos humanos
108. El 31 de julio, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR) reportó un crecimiento exponencial de solicitantes de asilo de Nicaragua en Costa
Rica y otros países; un promedio de200 solicitudes de asilo diarias son presentadas por
nicaragüenses en Costa Rica, y 23.000 solicitudes habrían sido presentadas desde abril a
julio.135 Además de los nicaragüenses que están huyendo de su país por razones de
protección, se espera que aumente el número de migrantes económicos hacia Costa Rica
y otros países a medida que la situación económica en Nicaragua continua deteriorándose.
109. El 28 de junio, la independiente Fundación Nicaragüense para el Desarrollo
Económico y Social (FUNIDES) estimó que, desde el inicio de la crisis, 215.000 personas
habían perdido su trabajo y 131.000 habían caído bajo la línea de pobreza. Según
FUNIDES, el Producto Interno Bruto podría reducirse hasta un 5.6 por ciento en
comparación al año 2017, lo que resultaría en un crecimiento negativo de menos 0.7 por
ciento y pérdidas estimadas de 1.400 millones de dólares americanos. FUNIDES indica que
si estas cifras se confirmaran, Nicaragua volvería a los mismos niveles de pobreza de
mediados de los años 90.136 El 15 de agosto, el Presidente de la Comisión Parlamentaria
de Producción y Presupuesto señaló que hasta agosto, el Producto Interno Bruto había
descendido hasta en un 2.2 por ciento, 119.597 personas habían perdido su empleo y 8.708
negocios se vieron forzados a cerrar137
.
110. En este contexto, el 14 de agosto, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una
ley que recortó el gasto público en casi 185 millones de dólares americanos
(aproximadamente el 7 por ciento del presupuesto anual). Estas medidas afectarán los
proyectos gubernamentales de los sectores de salud, vivienda, justicia y educación, entre
otros, y podrían poner en peligro el disfrute del derecho al trabajo, a la salud, a la educación
y a la alimentación de la mayoría de la población, que ya ha estado experimentando los
impactos negativos de los últimos meses. 138

135Comunicado de prensa de ACNUR, “ACNUR aumenta su repuesta a medida que miles de personas huyen
de la violencia en Nicaragua”, 31 de julio de 2018, disponible en:
http://www.acnur.org/noticias/briefing/2018/7/5b6082454/acnur-aumenta-su-respuesta-a-medida-que-miles-depersonas-huyen-de-la-violencia.html
136 FUNIDES, “Impacto económico de los conflictos sociales en Nicaragua 2018”, 28 de junio de 2018, disponible
en: http://www.funides.com/noticias/435-impacto-economico-de-los-conflictos-sociales-en-ni/
137 Hoy: Gobierno propone reducir exoneraciones y exenciones, 15 agosto 2018, disponible en:
http://www.hoy.com.ni/2018/08/15/gobierno-propone-reducir-exoneraciones-y-exenciones/
138Comunicado de Prensa del Secretario-General de la ONU: “Secretario-General profundamente preocupado
ante la intensificación de la violencia en Nicaragua”, G/SM/19132, 11 de julio 2018, disponible en:
https://news.un.org/es/audio/2018/07/1437711
41
IV. Investigaciones y respuesta judicial
111. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha llamado a las autoridades
nicaragüenses a garantizar “la realización de investigaciones efectivas, independientes,
imparciales y rápidas para establecer la verdad y asegurar la rendición de cuentas por las
violaciones y abusos cometidos desde abril”.139

112. El 26 de abril, la Procuraduría General de la República emitió un comunicado de
prensa declarando que seguimiento a una cadena de eventos iniciados el 18 de abril, había
abierto investigaciones por “la pérdida de vidas y lesiones sufridas por estudiantes,
miembros de la policía y civiles como también el robo (…) y daños a la propiedad pública y
privada”140. De acuerdo a la información a disposición de la OACNUDH, las acusaciones
realizadas hasta la fecha por el Ministerio Público al respecto, han sido sólo contra personas
que participaron en las protestas o que apoyaron a aquellos que protestaban (involucrando
al menos a 300 individuos).141
113. Según información disponible de la OACNUDH, no habrían procesos penales
abiertos contra autoridades del Estado en relación con su posible responsabilidad por
violaciones de derechos humanos. La OACNUDH ha presentado varias solicitudes por
escrito en relación con el estado de las investigaciones de las violaciones de los derechos
humanos cometidas desde el inicio de la crisis. Todavía no se ha proporcionado dicha
información.
114. Hasta la fecha, y basándose en la información disponible para la OACNUDH, las
autoridades estatales han fallado en investigar correctamente los hechos en torno a la
muerte de personas en el contexto de las protestas, y en identificar, procesar y penalizar
adecuadamente a los presuntos responsables. La falta de independencia del Poder Judicial
y las irregularidades reportadas respecto de la Procuraduría General de la República y del
Instituto de Medicina Legal, plantean serias preocupaciones en términos de rendición de
cuentas. En relación con este último, la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, en su informe
preliminar, indicó que había tenido acceso a los archivos de autopsias realizadas en el
Instituto de Medicina Legal, e informó que se habían realizado 82 autopsias por el Instituto
durante la crisis, que representan un 30 por ciento del total de las víctimas reportadas a la
Comisión de la Verdad, Justicia y Paz.142 Durante su misión a Nicaragua, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, documentó que los registros de víctimas, hospitales
y del Instituto de Medicina Legal no satisfacían los estándares forenses.143

139 OACNUDH Comunicado de Prensa “Alto Comisionado urge a las autoridades nicaragüenses a actuar de
inmediato para poner fin a la violencia”, 5 de julio de 2018, disponible en:
http://www.oacnudh.org/nicaragua-alto-comisionado-urge-a-las-autoridades-a-actuar-de-inmediato-paraponer-fin-a-la-violencia/
140 Comunicado de prensa del Ministerio Público No. 003-2018, 28 de abril de 2018, disponible en:
https://ministeriopublico.gob.ni/comunicado-03-2018/
141 Ver párrafo 33.
142 Ver Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, Informe Preliminar, 10 de julio de 2018, p. 8, disponible en:
https://www.cvjp.org.ni/uploads/documentos/20180712140852493.pdf
143 Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “Graves violaciones a los Derechos Humanos
en el marco de las protestas sociales en Nicaragua”, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 86, 21 de junio de 2018, párr. 150,
237 y 242 , disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Nicaragua2018-es.pdf
42
115. El 30 de abril, la Asamblea Nacional estableció la Comisión de la Verdad, Justicia y
Paz144 con el mandato de recopilar información, analizar y establecer los hechos que
tuvieron lugar a partir del 18 de abril de 2018. Su informe preliminar cubrió los hechos
acaecidos hasta el 4 de julio y se enfocó en violaciones al derecho a la vida y seguridad
personal, entre otros, como también daños a la propiedad pública y privada. Estos hallazgos
se mencionan a lo largo de este informe.
116. La Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (la institución nacional de
derechos humanos) creó un Comité de Víctimas para recibir denuncias a partir del 18 de
abril, y a 21 de junio, había verificado 65 de las 192 muertes que le habían sido reportadas
y documentado que 1.616 personas habían recibido tratamiento médico en el sistema
público de salud.145 La institución emitió un informe preliminar el 21 de junio y se espera un
segundo informe a finales del mes de agosto.
117. El 30 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el SecretarioGeneral
de la Organización de Estados Americanos obtuvieron el consentimiento del
Gobierno de Nicaragua para crear un mecanismo internacional para investigar los eventos
violentos ocurridos en el país a partir del 18 de abril. El 2 de julio, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos anunció el establecimiento de un Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para Nicaragua.146 Su objetivo es
contribuir y apoyar las investigaciones de los actos violentos cometidos en el contexto de
las protestas ocurridas entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018. A la fecha no se han
tomado medidas para que el GIEI, cubra eventos posteriores al 30 de mayo. El 16 de
agosto, el GIEI informó públicamente que hasta el momento el Ministerio Público no había
compartido con ellos documento alguno sobre las investigaciones criminales en curso. Los
expertos también resaltaron que si bien se habían reunido con los familiares de las víctimas
y las autoridades, no podrían cumplir su mandato sin examinar los archivos de los casos.147
118. La OACNUDH observó que el discurso político de las autoridades de alto nivel
durante el período cubierto por el informe se ha caracterizado por reiteradas declaraciones
desacreditando y criminalizando a aquellos que se oponen al Gobierno o que lideran las
protestas.
148 Las autoridades no han reconocido responsabilidad alguna por acciones
indebidas durante la crisis, sino que han culpado a los defensores de derechos humanos,
medios de comunicación, líderes sociales y de oposición por lo que denominan “violencia
golpista”.

144 Resolución A.N.N. 01-2018 de la Asamblea Nacional publicada en La Gaceta el 30 de abril de 2018. Su
mandato fue extendido por un periodo de tres meses el 20 de julio de 2018.
145 Informe preliminar de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de la República de
Nicaragua en atención al contexto nacional a partir de abril del 2018, 21 de junio de 2018 (en archivo con la
OACNUDH).
146 Comunicado de la CIDH, “CIDH anuncia la creación de Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes
para coadyuvar las investigaciones de los hechos recientes de violencia en Nicaragua”, 30 de mayo de 2018,
disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/Comunicados/2018/121.asp
147 Comunicado de prensa del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Nicaragua, 16 de
agosto de 2018, disponible en:
https://www.oas.org/es/cidh/actividades/visitas/2018Nicaragua/ComunicadoPrensa-GIEI-16Agosto2018.pdf
148 El 19 Digital “Daniel y Rosario en Acto del 39 Aniversario de la Revolución”, 19 de julio de 2018, disponible
en
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:79267-daniel-y-rosario-en-acto-del-39-aniversario-de-larevolucion-19-de-julio-de-2018
and ver declaraciones del Presidente Ortega, 19 de julio de 2018, disponible en
https://www.youtube.com/watch?v=qe1nt_D9Jfo
43
V. RECOMENDACIONES
119. Basado en los hallazgos contenidos en este informe, el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, realiza las siguientes recomendaciones:
Al Gobierno de Nicaragua:
1. Poner fin inmediato al acoso, intimidación, estigmatización, criminalización (incluido
a través del uso de legislación anti-terrorista), y cualquier otro tipo de represalias en
relación con la participación en las protestas, incluidas contra los manifestantes,
personas defensoras de los derechos humanos, opositores políticos, periodistas y
otros.
2. Desmantelar y desarmar inmediatamente los elementos armados
progubernamentales, y proteger a la población de ataques y otros actos ilegales y
violentos.
3. Asegurar que se realicen prontamente investigaciones independientes, imparciales,
efectivas, completas y transparentes en relación con todas las denuncias de serias
violaciones a los derechos humanos y abusos que han ocurrido desde el 18 de abril,
especialmente ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones forzadas de
personas, arrestos y detenciones arbitrarias o ilegales; asegurar que las
investigaciones criminales incluyan a todos aquellos que perpetraron, directa o
indirectamente, ordenaron, apoyaron o toleraron dichos actos, incluyendo la
cadena de mando de las autoridades implicadas. Estos actos no deberían quedar
sin sanción.
4. Detener todos los arrestos ilegales, y liberar a todas las personas que han sido
detenidas arbitrariamente; asegurar que el derecho al debido proceso de todas las
personas acusadas sea respetado y que cualquier acusación criminal contra ellas
sea acorde con los principios de legalidad, proporcionalidad y responsabilidad
individual.
5. Asegurar que información precisa y actualizada sobre personas privadas de libertad
y la ubicación de su detención esté disponible públicamente; que las personas sean
informadas con rapidez de las razones de su arresto, tengan acceso a un abogado
de su elección y sean prontamente llevadas ante un juez, y se les garantice su
derecho a un juicio justo.
6. Asegurar que el derecho a la libertad de reunión pacífica sea plenamente respetado
a través del debido control de las manifestaciones públicas, de conformidad con los
estándares y normas internacionales de derechos humanos aplicables.
7. Tomar medidas urgentes para garantizar la independencia e imparcialidad del Poder
Judicial, absteniéndose de ejercer cualquier indebida interferencia, presión o
influencia.
8. Reanudar el Diálogo Nacional de una forma debida e inclusiva, para lograr acuerdos
basados en los derechos humanos y principios democráticos.
44
9. Terminar y penalizar la estigmatización pública de quienes critican las políticas y
acciones del Gobierno.
10. Otorgar a la OACNUDH acceso directo e irrestricto a todo el país, incluyendo a los
lugares de detención, de acuerdo con el mandato del Alto Comisionado y las
prácticas estándares de interacción y cooperación técnica con las autoridades y la
sociedad civil.
11. Asegurar una cooperación efectiva con el Mecanismo Especial de Monitoreo para
Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con el Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes.
12. Permitir el acceso al país a los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos
Humanos que han solicitado realizar una visita oficial, de acuerdo a la invitación
abierta de Nicaragua extendida en 2006.
A la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos:
13. Implementar su mandato, incluyendo como mecanismo nacional de prevención de
la tortura, en pleno cumplimiento con los Principios de París, fortaleciendo el Estado
de derecho y los derechos humanos, incluyendo a través del monitoreo de la
situación de los derechos humanos, el reporte público de sus hallazgos, y haciendo
recomendaciones a las autoridades.
14. Cooperar plenamente con la Alianza Global de Instituciones de Derechos Humanos;
buscar asistencia técnica de la OACNUDH, con miras a fortalecer sus prácticas
operativas y su marco institucional para promover y proteger los derechos humanos
con independencia del Gobierno.
Al Consejo de Derechos Humanos y a la comunidad internacional más amplia:
15. Monitorear la evolución de la situación en Nicaragua considerando la adopción de
medidas para prevenir un mayor deterioro de la situación de los derechos humanos
y alentando a la Asamblea General a actuar de la misma manera. Estas medidas
podrían incluir la creación de una Comisión Internacional de Investigación o una
Comisión de la Verdad híbrida (nacional– internacional) para asegurar el acceso a
la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.
16. Hacer un llamado a Nicaragua a cumplir con sus obligaciones internacionales en
materia derechos humanos y con sus compromisos y promesas voluntarios,
incluidas aquellas en el contexto del mecanismo del Examen Periódico Universal del
Consejo de Derechos Humanos, y a cooperar plenamente con los órganos y
mecanismos de derechos humanos.
45
OACNUDH está dispuesta a proveer información adicional de manera regular al
Consejo de Derechos Humanos, según corresponda.
46
ANEXO I: Marco legal aplicable, promesas y compromisos voluntarios
1. En la evaluación de la situación de violaciones a los derechos humanos en el
contexto de las manifestaciones en Nicaragua, la OACNUDH se basó en las obligaciones
legales de carácter vinculante y los compromisos voluntarios que el país ha asumido como
Estado Miembro de las Naciones Unidas149 y como Estado Parte de ocho de los nueve
principales tratados internacionales de derechos humanos150, incluyendo el Protocolo
Facultativo de la Convención Contra la Tortura.
151 Nicaragua no ha ratificado la Convención
Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas,
el Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a un
procedimiento de comunicaciones y los protocolos facultativos de la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
2. La OACNUDH revisó las promesas y compromisos voluntarios realizados por
Nicaragua en el contexto de su candidatura y elección como miembro del Consejo de
Derechos Humanos para el periodo 2007-2010 y 2011-2014, conforme a la resolución de
la Asamblea General 60/251.152 La OACNUDH también examinó las promesas y
compromisos voluntarios realizados por Nicaragua en el contexto de su primer153 y
segundo154 proceso del Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derecho Humanos
en 2010 y 2014 respectivamente. La OACNUDH toma nota que en 2006, Nicaragua
extendió una invitación abierta a todos los Procedimientos Especiales temáticos.155
3. De conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, el Estado de
Nicaragua tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y las
libertades fundamentales consagradas en normas obligatorias y de tomar todas las medidas
necesarias para prevenir y remediar las violaciones de esos derechos. Esto requiere tomar
medidas apropiadas para prevenir, investigar, sancionar y remediar tales violaciones a
través de políticas, legislación, reglamentos y sentencias efectivas. La obligación de
proteger requiere que los Estados también ejerzan la debida diligencia en contra de los
abusos a los derechos humanos ocurridos en su territorio y/o jurisdicción por actores no

149 Ver Estados Miembros Fundadores de la ONU, http://www.un.org/depts/dhl/unms/founders.shtml
150 Para una lista de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Nicaragua, ver
https://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en
151 Comunicado de prensa del Subcomité para la Prevención de la Tortura, “Nicaragua: El Subcomité para la
Prevención de la Tortura concluye su primera visita a Nicaragua”, 16 de mayo de 2014, disponible en
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14626&LangID=S
152 Nota Verbal fechada el 18 de abril de 2011 de la Misión Permanente de Nicaragua ante las Naciones Unidas
dirigida al Secretario-General (A/65/823), disponible en:
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/65/823&Lang=S
153 Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal de Nicaragua, A/HRC/14/3, disponible
en: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/121/66/PDF/G1012166.pdf?OpenElement y el
informe de la 14. sesión del Consejo de Derechos Humanos (A/HRC/14/37), disponible en:
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/14/37&Lang=S
154 Ver el Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal de Nicaragua (A/HRC/27/16)
disponible en:
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/070/71/PDF/G1407071.pdf? Open Element
y el Informe del Consejo de Derechos Humanos sobre su 27º periodo de sesiones (A/HRC/27/2) disponible en
ingles en https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/regularsessions/session27/pages/listreports.aspx
155 Ver https://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/StandingInvitations.aspx
47
estatales, incluyendo grupos armados y empresas privadas. Los Estados pueden resultar
responsables por los abusos de derechos humanos cometidos por actores no estatales “por
la falta de debida diligencia en la prevención de la violación [cometida por actores no
estatales] o en la respuesta a ella”156