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Paraguay
Idalina Gomez Hansen
dalinagh@hotmail.co
Red Rural de Organizaciones Privadas de Desarrollo
Foto portada: Karen Gil
1. Marco general del país
Paraguay arrastra una pesada carga histórica en lo relativo al ámbito rural: actores
cercanos al poder político y económico se han apropiado, de forma irregular e ilegal,
de millones de hectáreas (ha), tierras de campesinos y comunidades indígenas, generando
una enorme concentración de la tierra en latifundios, extensos monocultivos
o grandes estancias ganaderas, dejando a miles de familias rurales sin tierras, sin
alimentos y, por consiguiente, sin una vida digna. Los últimos gobiernos no han cambiado
estructuralmente dicha situación, más bien la han agravado aún más.
2017 no fue un año diferente a las gestiones anteriores del gobierno del presidente
Horacio Cartes. Se priorizó el apoyo al modelo agroexportador, a la siembra extensiva
de soja y se facilitó la deforestación y explotación de recursos naturales en detrimento
de la agricultura familiar que, a pesar de todo, sigue en franca lucha por sobrevivir. De
nuevo se expandió el perfeccionamiento técnico del modelo agroexportador de médula
extractivista.
Toda la gestión de gobierno y la estructura del Estado están al servicio del agronegocio,
aún a costa de la expulsión de pequeños productores de sus fincas; prueba de ello es
que en 2017 el gobierno vetó importantes leyes en favor de asentamientos campesinos
y la condonación de deudas de los mismos.
En general, el año que pasó fue escenario de una grave crisis social, política y económica.
Se registraron manifestaciones, cierres de ruta en reclamo de reivindicaciones
de sectores populares como campesinos, indígenas, trabajadores y estudiantes; hubo
represiones, desalojos, quema de ranchos y secuestro de enseres de campesinos,
daños irreparables a comunidades rurales por fumigación de plantaciones de soja, a lo
que deben sumarse inclemencias climáticas que afectaron severamente a la actividad
agrícola del país.
La respuesta del Gobierno ante los reclamos populares y campesinos fue la criminalización.
Tanto la Fiscalía como la Policía actuaron como brazos ejecutores de acciones
tendientes a desmovilizar a las organizaciones en su lucha. Durante el año, 82
personas fueron detenidas y 19 imputadas; también se dieron ocho casos de violenta
represión.
El desalojo constituye en Paraguay una maquiavélica maniobra propiciada por latifundistas
cuya finalidad es apropiarse de tierras destinadas a la reforma agraria y extender
las fronteras de cultivos extensivos como la soja. Los latifundistas empresarios del agronegocio
y de las semillas transgénicas, tanto paraguayos como brasileños y de otras
nacionalidades, actúan como si no existieran leyes que consagran la reforma agraria,
que regulan la agricultura familiar campesina y la vida de los pueblos indígenas y que
preservan el medio ambiente. No cesan en su tenaz y violento atropello y despojo de
tierras para la multiplicación de las suyas, en detrimento del desarraigo de campesinos
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que se ven obligados a afincarse en sectores marginales de las ciudades, agravando su
ya crítica situación de pobreza.
A nivel político, una grave crisis sacudió el escenario con la propuesta de algunos sectores
políticos del oficialismo y de la oposición –encabezados por el propio presidente
de la república, Horacio Cartes– de implementar la reelección presidencial por la vía
de la enmienda constitucional. Esta propuesta fue rechazada por la ciudadanía, sectores
no afines al gobierno y la prensa en general.
Los principales impulsores de la idea reeleccionista fueron el sector del Partido Colorado
afín a Cartes, un sector del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) liderado por
el senador Blas Llano, y la concertación Frente Guasu. La crisis política degeneró en
manifestaciones, represiones de parte de efectivos policiales, quema de la sede del
Congreso Nacional, atropello violento de parte de efectivos de la Policía Nacional a la
sede del partido de oposición, PLRA, hecho en el que fue asesinado el joven dirigente
liberal Rodrigo Quintana y resultaron heridos de gravedad los diputados Edgar Acosta
y Pastor Vera Bejarano. A consecuencia de este incidente, cuatro jóvenes liberales pidieron
refugio en Uruguay. Finalmente, dada la violencia desatada y la fuerte oposición
de múltiples sectores, la reelección vía enmienda constitucional no prosperó.
A inicios de 2017 se presentó el informe de la relatora especial sobre el Derecho a la
Alimentación de Naciones Unidas, Hilal Elver, quien estuvo destacada en Paraguay en
noviembre de 2016. En el documento se resalta que:
“llama la atención acerca de que mientras Paraguay es el cuarto mayor exportador
de soja y el sexto mayor exportador de carne bovina del mundo, la disponibilidad
local de alimentos disminuye sostenidamente, registrando en 10 años un
incremento de 300 % de la importación de hortalizas y legumbres, y más de 400
% la importación de frutas (…). En vez de un esfuerzo por parte del Estado para
fortalecer y estimular el sector (agricultura familiar campesina) se ha observado
una disminución en el gasto público destinado a los programas dirigidos a la agricultura
familiar. Este gasto representó alrededor del 0,14 % del producto interno
bruto en 2015, tasa muy inferior a la registrada en 2005 y 2012 con porcentajes
de 0,42 % y 0,41 %, respectivamente” (Franceschelli, 2017).
2. Avances en el acceso a la tierra y el territorio
El acceso a la tierra está directamente relacionado con la pobreza y con la extrema
pobreza. 2017 también fue difícil para los campesinos, en relación al acceso a tierra
propia para producir para el sustento familiar y proyectarse con productos de renta. El
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) concentró su actividad
en la regularización de lotes entregados en años anteriores a través del Sistema de
Información y Recursos de la Tierra (SIRT), prácticamente abandonando la compra
de nuevas tierras o la recuperación de tierras irregularmente apropiadas, que puedan
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Acceso a la tierra y territorio en Sudam�rica
beneficiar a familias campesinas. Según informes de dicho programa, en 2017 se entregaron
certificados de adjudicación de 10.327 lotes (regularización), lo que sería el
paso previo a su titulación definitiva. También destaca que desde la creación del SIRT
se han entregado 679 títulos1
. Estos datos tan poco significativos demuestran la escasa
importancia que el gobierno actual ha dado a la distribución de tierras.
En el país faltan herramientas jurídicas para defender las tierras destinadas a las familias
campesinas en el marco de la reforma agraria, como señala la investigadora
Milena Pereira:
“El nudo del problema jurídico agrario en Paraguay reside en la ausencia total
de mecanismos jurisdiccionales para la defensa del régimen constitucional de
la propiedad agraria, que exige desalentar los latifundios y promover el acceso
campesino a la tierra. Pese a que, luego de México, fue Paraguay el primer país
latinoamericano en sancionar una ley de reforma agraria, hasta la actualidad
el derecho agrario nacional carece de procedimientos y de fuero especializado
para la solución de los conflictos que tienen por objeto tierras agrarias. A esta
situación se refirió la relatora especial sobre el Derecho a la Alimentación cuando
señalaba la falta de resolución de las situaciones jurídicas, exponiendo como
ejemplo particularmente ilustrativo el caso de Marina Cué (Naciones Unidas,
2017:9-10). El régimen de propiedad agraria es diferente al régimen de propiedad
civil, pues en este último rige el principio de autonomía de la voluntad de
los individuos, propio del derecho privado. Ello no ocurre en el derecho agrario,
aun tratándose de la propiedad agraria adjudicada por el Estado en el marco de
programas de reforma agraria, la cual se rige por un régimen jurídico especialísimo,
integrado por normas de orden público, donde el poder estatal interviene
para la satisfacción de intereses colectivos” (Pereira, 2017).
Las organizaciones campesinas e indígenas son, de alguna manera, las únicas que
frenan el avance de los agronegocios sobre las tierras o colonias campesinas; están a
la vanguardia en la lucha y son las que constantemente confrontan con los intereses
de las grandes corporaciones internacionales del sistema agroalimentario mundial. El
gobierno del presidente Cartes secaracterizó por ser servil a esas corporaciones, pues
ha utilizado todas las herramientas del Estado para que las tierras cultivables de Paraguay
sean utilizadas exclusivamente para el agronegocio y la ganadería. Acceder a este
bien sin mediación del Estado es prácticamente imposible, por los altos niveles de precios
en el mercado y el acaparamiento casi exclusivo por parte de empresas privadas
agrícolas de monocultivo para los negocios transgénicos, así como para la ganadería.
Los sin tierra que ocupan pacíficamente terrenos no cultivables corren el riesgo de imputación
criminal por invasión de inmueble y no pocas veces son enviados a la cárcel con
1 Disponible en: https://bit.ly/2l33rqu
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órdenes judiciales. Esta es una práctica que se repite en cada conflicto rural debido a
que la estructura judicial y administrativa del país responde a poderes políticos y económicos
antes que al paraguayo agricultor. La justicia, las fuerzas del orden y las fiscalías
están al servicio de poderosos terratenientes y dueños del agronegocio, en muchos casos
extranjeros. Son instituciones del Estado que deberían de resguardar y garantizar el derecho
del ciudadano paraguayo, pero más bien se encargan de institucionalizar los atropellos
violentos y el despojo de bienes de campesinos. El prebendalismo, la corrupción,
el amiguismo y la politiquería constituyen pilares con los cuales se maneja el gobierno;
son prácticas inmorales instituidas para beneficiar a una minoría privilegiada, mientras
que millones de paraguayos viven en situación de vulnerabilidad.
Según datos del Censo Agropecuario 2008, unas 117.000 familias viven en lotes de
menos de 5 ha con un promedio de 2 ha por finca. En la mayoría de los casos son tierras
desgastadas con muy baja productividad. La acelerada expansión de la agricultura
empresarial o de los agronegocios en los departamentos de Alto Paraná, Itapúa, Canindeyú
y parte de Caaguazú, entre otros, ha generado alta concentración de la tenencia
de la tierra, tendencia que también agudiza el hacinamiento de las poblaciones en las
zonas centrales del país.
En definitiva, la solución cierta y concreta al problema agrario e indígena en Paraguay es
la democratización del acceso a la tierra en el contexto de una política de Estado. Entre
2002 y 2014 las tierras de la agricultura campesina se redujeron en un 51 %, en tanto
que la superficie del agronegocio se extendió en un 130 %, especialmente en los departamentos
de Misiones, San Pedro, Amambay, Caaguazú y Concepción. De 668.000 ha,
la superficie de la agricultura campesina se redujo a 329.000 ha, la mayor parte en los
departamentos de Canindeyú, Caazapá, Alto Paraná, Central y Amambay. En síntesis, la
agricultura campesina tuvo una resta de 338.000 ha en el citado periodo.
Esa situación tiene sus consecuencias que afectan a la mayoría en su derecho a la
alimentación, pues la merma de la agricultura campesina significa lógicamente la
disminución de la producción de alimentos. En contrapartida, también significa que
Paraguay tiene cada vez mayor dependencia de la importación de alimentos y la supermercadización
de la alimentación. Según un reportaje del diario español El País:
“Paraguay sigue siendo estructuralmente latifundista. Las fértiles tierras agrícolas
del país se concentran en manos de unos pocos latifundistas que expulsan impunemente
a sus habitantes para producir soja y ganado bovino, los principales
productos de exportación del país sudamericano. Un 2,5 % de la población de
Paraguay concentra el 85 % de sus tierras agrícolas, lo que lo convierte en uno
de los países con más latifundios de América Latina y del mundo. Entre 2004 y
2014 el precio de una hectárea de suelo paraguayo de la región más productiva
aumentó de 200 dólares a 1.200 o más”2
.
2 Disponible en: https://bit.ly/2LHUK0i
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Acceso a la tierra y territorio en Sudam�rica
3. Conflictos en el acceso a la tierra y el territorio
Indudablemente que el factor fundamental para la generación de riqueza y de pobreza
sigue siendo la tierra. Debido a esa situación es que la lucha por la tierra por parte de
organizaciones campesinas sigue tan vigente y es factor de conflicto con agentes del
Estado que defienden los intereses de los poderosos del agronegocio.
Según estimaciones, este panorama no cambiará mucho en los próximos años: la
producción y los ingresos, la riqueza, los alimentos, el bienestar o el malestar de la población,
devendrán del control de los recursos estratégicos, como la tierra y territorio,
el agua, la energía, bosques, minerales e hidrocarburos.
En este contexto, al menos 72 medidas de presión (Palau, 2017) se realizaron por parte
de organizaciones campesinas y comunidades indígenas entre finales del 2016 y finales
del 2017. El 75 % fueron movilizaciones y 25 % otro tipo de acciones, como presentación
de propuestas al gobierno o al Parlamento; asambleas, encuentros y ferias, entre
otras. Estas acciones giraron en torno a demanda de tierras y políticas públicas que
atiendan las necesidades del sector. La indiferencia o la criminalización fue la respuesta
del gobierno, con 82 personas detenidas y 19 imputadas judicialmente.
Casos m�s relevantes
El campesinado sufre una política de acoso, hostigamiento y violencia por parte del
Estado y los sojeros para despojarle de sus tierras. Esto se ha manifestado en casos de
desalojos y hostigamiento a comunidades rurales, como los mencionados a continuación
(Pereira, 2017):
a) Comunidad de Yakare’i
El 21 de agosto un fiscal y 200 policías, acompañados de civiles armados, realizaron
un irregular desalojo de 38 familias campesinas que estaban tramitando en el INDERET
el acceso a esas tierras. Destruyeron sus casas, cultivos, enseres personales,
entre otros bienes, pese a que ni siquiera tenían una orden de desalojo emitida por un
juez, y a que el INDERT no tenía conocimiento.
b) Guahory
Luego de los desalojos que sufrió esta comunidad a fines de 2016, en abril del 2017
se aprobó una ley de expropiación de dichas tierras en conflicto, pero al mes siguiente
el Poder Ejecutivo la vetó, con lo cual la situación de indefinición legal se mantuvo.
La tensión ha sido permanente entre colonos sojeros, civiles armados y las familias
campesinas a lo largo de todo el año. No obstante y gracias a la resistencia organizada
y tenaz de la Federación Nacional Campesina (FNC), se lograron conquistar 280 ha
en Guahory. Informes reportan que en esa comunidad se logró abundante producción
fruti-hortícola.
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c) San Juan de Puente Kyha
Se trata de una colonia campesina donde sojeros se han apoderado irregularmente
de lotes que las familias beneficiarias intentan recuperar desde hace varios años. Las
tensiones con guardias privados de los sojeros son constantes y a veces llegan a las
amenazas con armas de fuego. El 8 de septiembre, en el marco de una manifestación
que exigía la recuperación de estas tierras, se realizaron disparos hacia los manifestantes,
hiriendo en la cabeza a Luis Benítez de 18 años, hecho denunciado por la
organización, pero que nunca fue investigado por la Fiscalía.
d) El caso Genaro Meza
Se trata de un campesino luchador de 64 años, miembro de la FNC. Pese a sus dolencias
de espalda, en las marchas y manifestaciones a las que asistió durante varios
años, se desempeñaba como cocinero. El 18 de octubre, miembros de la Fiscalía
Antisecuestro y la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) irrumpieron armados en su humilde
casa en Tava Jopói, departamento de Canindeyu, y después de causar serios destrozos
se lo llevaron acusándolo de terrorista y secuestrador.
Entre las múltiples irregularidades del procedimiento, se destaca que la FTC no está
habilitada para operar en este departamento; pues la ley los habilita exclusivamente
para los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay. Se infiere que lo vincularon
erróneamente con Magna Meza, una de las integrantes del denominado Ejército
del Pueblo Paraguayo (EPP), cuya actividad clandestina se centra en el secuestro
extorsivo de personas en las zonas de Concepción y San Pedro.
Los reclamos, manifestaciones y otras medidas de presión por parte de la FNC y del
Partido Paraguay Pyahurá por la libertad de Genaro Meza, fueron reiterados ante las
autoridades, pero sigue privado de su libertad injustamente.
Latifundismo y extranjerización de la tierra
Brasil avanza sobre Paraguay. Territorialmente, no por medio del Estado o del gobierno,
sino por el agronegocio. En los departamentos ubicados en la frontera con Brasil,
el porcentaje de propiedades rurales en manos de brasileños llega a 60 % y en todo
el país, ese porcentaje alcanza el 14,2 %. Una parte significativa de las propiedades
–23,5 %– se encuentra en manos de extranjeros.
No todos los datos sobre propiedades de tierra en Paraguay están disponibles, pero
hay algunas pistas. De las 3.634.565 ha vinculadas a los cien mayores propietarios de
tierras del país, 12,5 % pertenecen a 16 brasileños que poseen 454.286 ha, según datos
de Oxfam de 2016, como se puede examinar en el siguiente cuadro demostrativo:
216 Informe 2017
Acceso a la tierra y territorio en Sudam�rica
Tabla 1. Propiedad de tierras en manos de brasileños en Paraguay
Nombre del Propietario Empresa Total (ha)
Tranquilo Favero Grupo Favero 123.359
Marcelo Ferraz Bastos Yaguareté Porá S.A. (VLW S.A.) 78.410
Joici Companhoni Ganadera Umbú S.A. 40.000
Emilio Evaldo de Aráujo Agroganadera Aguaray 30.558
Graciano Pereira Parini Agropecuaria Tabor S.A. 28.759
Ulisses R. Teixeira / Saturnino
Teixeira Jr. Paso Kurusu S.A. / XT Paraguay S.A. 27.320
Gino de Biasi Neto / Herbert
Carranca River Plate S.A. / BBC S.A. 20.644
Ildair Di Doménico Agroganadera Forestal Arroyo Pzuelo SRL. 20.000
Hugo Virmondes Borges Filho Ytakyse S.A. 13.557
Joaquim Fernandes Martins - 11.675
Banco Itaú Issos Greenfield International 11.653
Arnaldo Lopez de Almeida Neto - 10.385
Mario Boff Agroganadera Santa Rita S.A. 10.043
José Odvar Lopes Agrícola Entre Ríos S.A. 9.950
Familia Zafaneli Dias dos Reis - 9.329
Apolinario Adamés de Souza - 8.644
Total de hectáreas pertenecentes a brasileños 454.286
Fuente: https://deolhonosruralistas.com.br/deolhonoparaguai/2017/11/06/los-propietarios-brasilenos-tienen-el-14-de-las-tierras-en-el-paraguay/?lang=es
En una lista de los mayores latifundistas del presente siglo en Paraguay, de acuerdo
a un informe elaborado por Luis Rojas, además de los brasileños está la Secta Moon
con 590.000 ha en el distrito de Puerto Casado; el Grupo Cartes del actual presidente
de la República, con 200.000 ha en zonas de Boquerón, Alto Paraguay y Misiones; el
Grupo Espíritu Santo con 136.000 ha en zonas de Ñeembucú, San Pedro y Caazapá;
el Grupo Favero con 123.359 ha en Alto Paraná, Caaguazú y el Chaco; el Grupo Riquelme-Reguera
con 113.000 ha en el Chaco y en Curuguaty; el Grupo Rieder con
94.000 ha en Concepción y en el Chaco; Marcelo Bastos Ferraz con 78.410 ha, en
Puerto Casado y Carmelo Peralta; Heribert Roedel, presidente del Grupo Liebig con
70.000 ha; la Fundación Moisés Bertoni, 69.142 ha, entre ellas la Reserva Mbaracayú;
el Grupo Domínguez Dibb con 52.000 ha en el departamento Presidente Hayes, donde
parte del inmueble es reclamada por la comunidad indígena Yakye Axa.
Como es evidente, el informe consigna una fuerte presencia de propietarios extranjeros.
La extranjerización de la tierra es un proceso que de nuevo está tomando mucha fuer-
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Red Rural de Organizaciones Privadas de Desarrollo
za en la última década, a raíz de la crisis económica mundial que exacerbó el modelo
de explotación extractivista de los recursos naturales y su agresiva expansión a escala
mundial, con los fuertes impactos sociales y ambientales que eso ha conllevado. Estas
prácticas se enmarcan en el ofrecimiento grosero que hiciera años atrás el presidente
Horacio Cartes a potenciales inversionistas extranjeros: “Usen y abusen…” del Paraguay.
Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en concordancia con el sector privado,
conforman un círculo mafioso que influey para que ciertos sectores de poder político y
económico, en muchos casos extranjeros, se apropien de la tierra pública en Paraguay,
siendo que esta debería destinarse a la reforma agraria, es decir, a los campesinos.
Mapa 1. Dónde los brasileños poseen más propiedades
Fuente: De Olho nos Ruralistas 2017. Disponible en https://bit.ly/2ybvWM2
4. Acciones campesinas e indígenas
de acceso a la tierra y al territorio
Mientras la clase política paraguaya no tiene planes ni propuestas para el acceso a la
tierra, la población rural trata de salir adelante enfrentando y superando situaciones
de crisis y obstáculos para acceder a la misma. Las organizaciones campesinas e indígenas
han continuado su lucha por la defensa de sus territorios, el acceso a la tierra y
el mejoramiento de sus condiciones de vida, fortaleciendo la conciencia de sus bases
sobre la necesidad del arraigo, la organización y el fortalecimiento productivo para esos
fines. Destacamos algunas acciones:
218 Informe 2017
Acceso a la tierra y territorio en Sudam�rica
a) Marcha de la Federación Nacional Campesina
La FNC realizó su tradicional marcha el 29 de marzo, desde distintos puntos del país
hacia la capital, con la consigna: “sin reforma agraria no habrá paz”. También protestaron
contra la sojización, los transgénicos, los latifundios, los desalojos y las mentiras
electorales. Exigieron al gobierno la recuperación de las tierras malhabidas, créditos,
promoción de la industrialización de la materia prima y mercados para sus productos.
Proponen que en los próximos diez años, un 4 % del producto Interno Bruto (PIB) sea
invertido en el campo en pos de revertir la crisis campesina. También se manifestaron
respecto a la crisis política desatada en torno a la enmienda constitucional para permitir
la figura de la reelección presidencial, que estaba en su punto más álgido en aquellos
días, dado que la misma no respondía a las necesidades y urgencias del pueblo.
Por otra parte, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) incumplió compromisos
asumidos para proveer semillas e infraestructura, incluyendo pozos, a los campesinos de
la FNC. El reclamo del sector por una política de desarrollo productivo que se refleje en la
producción hortícola es permanente. El 50 % de los productos hortícolas de consumo básico
se importan cada año por falta de una política de planificación, de acompañamiento
crediticio, técnico y de infraestructura que permitan satisfacer el mercado interno de productos
hortícolas. Según el actual ministro de Agricultura y Ganadería, Marcos Medina,
anualmente se destinan 300 millones de dólares para la importación de alimentos.
Entre varios encuentros promovidos por esta organización, el 16 de noviembre en una
plaza céntrica de Asunción, se desarrolló un importante debate sobre la tierra, con
motivo del aniversario de la Federación Nacional Campesina (FNC), destacándose la
participación del exministro de la Corte Suprema de Justicia, Luis Lezcano Claude y del
sociólogo rural Ramón Fogel, quienes abogaron por una reforma agraria que beneficie
a las familias campesinas.
b) Protestas de la Coordinadora Nacional Intersectorial y propuestas legislativas
En 2017 continuaron las movilizaciones de la Coordinadora Nacional Intersectorial
(CNI). Entre julio y agosto hubo una protesta de 36 días en la capital, en el marco de la
cual se logró la aprobación de la ley 5.868 “que declara en emergencia la agricultura
familiar campesina en todo el territorio nacional”. Dicha normativa no ha sido reglamentada
y no se avanzó en su implementación por diferencias en los criterios respecto
a la cantidad de productoras/es que deben ser asistidos. En octubre se acordó establecer
una mesa de trabajo para el efecto y el Ministerio de Agricultura y Ganadería
anunció la solicitud de 40 millones de dólares para la implementación de la ley de
emergencia (Pereira, 2017). A principios del 2018 los integrantes de la CNI seguían
reclamando al Gobierno su cumplimiento pleno.
Miembros de la CNI pidieron al Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia (CIPAE) la
mediación ante las autoridades para el cumplimiento de la ley de emergencia, entre otras
cosas. Esta entidad ecuménica convocó a representantes de los tres poderes del Estado
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a fin de conversar sobre los reclamos campesinos, sin embargo, el único que acudió fue
el presidente del Congreso Nacional, Fernando Lugo. Los otros dos poderes del Estado,
Ejecutivo y Judicial, ni siquiera enviaron representantes.
Integrantes de la Coordinadora Departamental Igualdad de Oportunidades y de la CNI
tomaron de manera indefinida la sede de la Gobernación del departamento de San
Pedro, para exigir al Gobierno el cumplimiento de la ley que declara en emergencia
la agricultura familiar campesina en todo el territorio nacional. El principal reclamo de
este conglomerado de pequeños productores fue la condonación de las deudas de sus
integrantes por el perjuicio que sufrieron como consecuencia de sequías, heladas y
lluvias que afectaron a sus cultivos.
Plantearon un proyecto de ley de rehabilitación financiera –condonación de deudas– propuesta
que fue sancionada por el Parlamento en agosto, pero vetada por el presidente
Horacio Cartes, con respaldo del Parlamento. Presentaron igualmente otros dos anteproyectos
de ley al Parlamento: uno por el que se crea el Sistema Nacional de la Agricultura
Familiar Campesina, y el otro que crea el Ministerio de Desarrollo de la Agricultura
Familiar Campesina. Ambos proyectos aún están aguardando su consideración en la
Cámara de Senadores.
c) Feria de Semillas Heñói
El 28 y 29 de julio tuvo lugar en la capitalina Plaza de la Democracia la tradicional
Feria Nacional de Semillas Nativas y Criollas Heñói, que se realiza desde 2010. Se expusieron
variedades de semillas de unas 16 organizaciones de todo el país, sumando
unos 360 productores campesinos e indígenas. Además del intercambio de semillas
hubo debates en torno a la soberanía alimentaria, la resistencia de las comunidades, la
destrucción ambiental, el rol de las mujeres y la disputa por la tierra, entre otros temas.
Se remarcó la gran diversidad de semillas disponibles, pero también se advirtió que el
volumen de las mismas sigue siendo insuficiente.
5. Propuestas
Seguro Agrícola
En el último día de su gestión como titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería,
Juan Carlos Baruja adjudicó a firmas aseguradoras la contratación del Seguro Agrícola
por un monto de Gs. 7.550.001,850 guaraníes, aproximadamente unos 1,4 millones
de dólares. Las empresas aseguradoras fueron Coaseguro Aseguradora Paraguaya SA,
Aseguradora Tajy Propiedad Cooperativa SA, Sancor Seguros del Paraguay SA y Alianza
Garantía Seguros y Reaseguros SA., bajo la modalidad de contratación por excepción
MAG N° 04/2017, conforme dictamen CEO MAG N° 56/2017.
El llamado al Seguro Agrícola se había hecho como parte de lo que dispone la Ley
5868/2017 “que declara en emergencia la agricultura familiar campesina en todo el
220 Informe 2017
Acceso a la tierra y territorio en Sudam�rica
territorio nacional”, aprobada en el marco de las manifestaciones de la Coordinadora
Nacional Intersectorial. Fue debido a las heladas registradas los días 18 y 19 de julio,
que produjeron pérdidas de hasta 100 % en cultivos de varios rubros de productores
de la agricultura familiar. Se trata de un plan piloto de contingencia cuyo objetivo es no
dejar desprotegidos a productores beneficiarios en caso de futuros acontecimientos de
la naturaleza que puedan afectar de nuevo los cultivos. Cubre a 26.150 agricultores
de los departamentos Concepción, San Pedro, Caaguazú y Caazapá. Entre los rubros
que serán asegurados figuran aquellos considerados principales de autoconsumo y de
renta para los pequeños productores de productos como mandioca, maíz, poroto y el
sésamo en carácter de rubro de renta.
Entre los riesgos asegurables, la iniciativa contempla: viento, heladas, granizo, inundación,
lluvia y sequía. El monto asegurado es de 1.500.000 guaraníes; no obstante,
es una modalidad de aseguramiento impulsada por el gobierno con la cual no están
de acuerdo las principales organizaciones campesinas. La Federación Nacional Campesina
(FNC) impulsa desde hace unos años una propuesta diferente; se trata de la
combinación de dos instrumentos, un Fondo de Garantía de Producción que se activa
en casos de pérdidas productivas por eventos climáticos, y un Seguro Agrícola para
pequeños y medianos productores que contratan financiamiento para el costeo agrícola
en la banca pública y privada. Ambos se conciben como una política pública de
atención integral de la pequeña agricultura. Es decir, integrada a la asistencia técnica,
la introducción de tecnología, el acceso a créditos diferenciados, políticas de garantía
de precios, registros e información agrícola al pequeño y mediano productor. La propuesta
no tuvo mayor avance durante 2017.
6. Normas
En septiembre de 2017 fue promulgada la ley 5881 que obliga al Instituto Nacional
de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) a otorgar título de propiedad a adjudicatarios
de lotes agrícolas de hasta 30 ha, que hayan abonado al menos el 3 % del
valor total del lote adjudicado. Esa disposición legal bajó el porcentaje que establecía
el Estatuto Agrario.
El 6 de diciembre el INDERT presentó a la Comisión de Bienestar Rural de la Cámara de
Diputados un proyecto de ley de acceso gratuito a las tierras públicas para los ciudadanos
que se encuentran en los segmentos de pobreza y extrema pobreza. Se denomina
“de acceso a la tierra y procesos agrarios para el funcionamiento del fondo nacional de
tierras”. El proyecto surgió de un estudio técnico serio luego de revisar experiencias y
legislaciones de diferentes países del continente; el objetivo es que la tierra apunte al
desarrollo rural integral y la lucha contra la pobreza. Las tierras serán de carácter intransferibles,
serán entregadas en forma vitalicia a los beneficiarios que no podrán vender sus
parcelas. Este proyecto aún no ha sido tratado por el Congreso.
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La propuesta legislativa, según declaraciones del titular del ente agrario, Justo Cárdenas,
beneficiaría a unas 80.000 familias que en ese momento estaban censadas por la
Secretaría Técnica de Planificación.
Otras normativas relacionadas a la rehabilitación financiera y a la situación de emergencia
campesina, aprobadas en 2017, ya se han mencionado en apartados anteriores.
Semillas transg�nicas
De acuerdo a informes del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas
(Senave), hasta el 2017 fueron varias las semillas genéticamente modificadas
cuya comercialización fue autorizada mediante diferentes normativas. Ella son: maíz,
16 eventos liberados comercialmente; algodón, cuatro eventos; y soja, tres eventos.
En 2017 fueron autorizadas dos variedades de semillas transgénicas, una de algodón
de la empresa Monsanto, y otra de maíz de Agar Cros. (Apipé, 2017)
7. Instituciones
En el periodo de referencia no hubo modificaciones importantes en la institucionalidad
relacionada al sector rural. El único cambio en un cargo significativo fue el del Ministerio
de Agricultura y Ganadería, donde Juan Carlos Baruja renunció al cargo en octubre,
para poder candidatear a otro cargo electivo en las elecciones de 2018, por lo cual
fue nombrado en su lugar Marcos Medina, quien se desempeñaba como Viceministro
de Ganadería. Medina es un hombre vinculado a la Asociación Rural del Paraguay,
principal gremio de latifundistas del país.
Paraguay en Movimiento
Las aproximaciones académicas y desde el desarrollo, muestran a Paraguay como un país fuertemente
marcado por el tiempo dictatorial y además, reproductor de la desigualdad y pobreza rural.
Las luchas por la tierra remiten a un marginamiento sistemático de indígenas y campesinos, además,
despojo, desocupación y persecución política de los dirigentes movilizados por la demanda
de tierras o la defensa de sus territorios. En ese marco, los asentamientos y comunidades nuevas,
son proyectos colectivos y familiares, apuestas desde organizaciones territoriales, democráticas
que vislumbran las posibilidades de un mejor modelo de producción y alimentación. En el Paraguay,
el acceso a la tierra es sumamente difícil, la vocación de sus campesinos es firme y la
inquietud de los líderes indígenas inspira a continuar buscando y visibilizando más experiencias.
223 PARAGUAY
Red Rural de Organizaciones Priva
224 Informe 2017
Acceso a la tierra y territorio en Sudam�rica
DEPARTAMENTO MISIONES, DISTRITO
SANTA MAR�A DE FE
“Oñondive ikatu jakakua’a – Todos juntos podremos
salir adelante” (Faustino Castillo, 2017).
Desde 1998, los pobladores empezaron a organizarse
con el objetivo de luchar y conseguir tierras para las familias
más necesitadas, se reunían todos los domingos
con el señor Maximiliano Llano, integrante de la Federación
Nacional Campesina (FNC). En ese mismo año se
realizó la primera ocupación con 17 familias en la estancia
de Ka´a Cora. En el año 2000, los pobladores se desplazaron
a realizar la segunda ocupación, un promedio
de 400 personas, para luego quedarse solo los interesados
por la tierra, 107 familias. Al hacer las gestiones en
el INDERT, confirman que la estancia estaba hipotecada
en ABN AMRO Bank, y que éste a su vez, tenía una deuda
con el Estado. Los representantes de la organización
sin tierra remitieron la carta de oferta al INDERT; a partir
de esto, el Estado aprobó comprar las tierras del banco
ofreciendo a los campesinos a un costo de 700.000 guaraníes,
en donde ellos aceptaron la negociación.
Créditos
Asentamiento 29 de octubre
Agradecimientos a la Comisión de Fomento y Desarrollo del
asentamiento, Ramón Coronel, Feliciano Martínez y Faustino
Castillo.
Sistematización realizada por Mirian Mabel Rotela Rojas, Gabriela
Segovia Paredes y Mario Paredes – Alter Vida.
Mejora de
caminos.
2005
Acceso a
servicios
básicos,
salud y
educación.
2009
Actividades
productivas.
2017
Resolución
Urbanización,

loteamiento
y mensura.
2001
Foto: Alter Vida
225 PARAGUAY
Red Rural de Organizaciones Privadas de Desarrollo
143
caso
Línea de tiempo
La lucha por la tierra del
asentamiento Che Jazmín
Disponible en: http://porlatierra.org/casos/143
Se crea la
Comisión
sin Tierra.
1997
Reuniones y
Movilizaciones.
2001
Familia
acceden
oficialmente
a la tierra.
2005
Primera
ocupación
de tierras en
Pino Kue.
1999
226 Informe 2017
Acceso a la tierra y territorio en Sudam�rica
DEPARTAMENTO DE MISIONES,
DISTRITO DE SAN IGNACIO DE GUASÚ
“Buscamos mejorar la calidad de vida de los niños y
niñas en su territorio/ Jaheka ñande mitakuéra toikoporâve
hekohápe” (Docentes de La Escuela Nº 7433).
En el 2005 la Comisión Campesinos sin Tierra se entera
de que el establecimiento Che Jazmín de la compañía
Meza kue de San Ignacio Guasú, perteneciente a Silvestre
Brae, había enviado una carta de oferta de la tierra
al gobierno, y decide movilizar a sus asociados para
realizar una manifestación y presionar al Estado a que
realizara el negocio de compra de la tierra.
Tras varias manifestaciones, el 2007 el INDERT anuncia
la compra del lugar y las familias deciden establecerse
en el portón de la estancia con el propósito de que no ingresara
otro grupo en busca de tierras. Permanecen allí
bajo carpas y árboles durante aproximadamente 15 días,
pasando necesidades y bajo la inclemencia del clima.
Luego, el INDERT confirma la compra, ingresan y realizan
la división familiar de las parcelas para comenzar a
producir rubros de autocon.
Créditos
Comisión Vecinal del Asentamiento Che Jazmín
Agradecimientos a Reinalda Maidana de Herebia,
Tomasa Rotela, Mirian Baéz, y Carlos Coronel,
Feliciano Martínez y Faustino Castillo.
Sistematización realizada por Mario Paredes,
Mirian Mabel Rotela Rojas y Gabriela Segovia Paredes.
Actividades
Productivas.
2017
Resolución
de
colonización
INDERT.
2007
Foto: Alter Vida
Acceso
Servicios de
electricidad,
agua, salud
y educación.
2010
227 PARAGUAY
Red Rural de Organizaciones Privadas de Desarrollo
145
caso
Línea de tiempo
El asentamiento Ka’atygue
lucha por la tierra
Disponible en: http://porlatierra.org/casos/145
Conformación
de la
Comisión
vecinal.
2002
Primera
ocupación.
2006
Movilizaciones.
2005
228 Informe 2017
Acceso a la tierra y territorio en Sudam�rica
DEPARTAMENTO DE MISIONES,
SANTA ROSA
“…el factor determinante en el hecho de decidir luchar
por obtener tierras, se refleja en las necesidades
de las familias campesinas de encontrar un medio para
salir adelante a través de la producción de alimentos de
autoconsumo y por qué no, si las condiciones son las
adecuadas, de rubros de renta…” (Lorgia Monzón, Líder
Del Asentamiento Ka’atygue).
En 2006, la comisión sin tierra integrada por 180 familias
ocupan las tierras de la estancia convirtiéndola en Asentamiento
Ka’atygue. Estas familias tuvieron que caminar
40 kilómetros por el monte para entrar en la estancia y
algunos a caballo, ya que el camino principal estaba obstaculizado
por personas que usurparon el lugar sin ninguna
lucha previa.
La fiscalía de Santa Rosa se encargó de desocupar a la
gente, y la comisión sin tierra volvió a ocupar el lugar
con la intención de no salir más hasta que se concrete
la negociación entre el Estado y el dueño de la estancia
Ka`atygue, y que se realice las mensuras correspondientes
para el loteamiento.
Créditos
Sistematización realizada por Mario E. Paredes F.,
Mirian Mabel Rotela Rojas y Gabriela Noemí Segovia Paredes.
Agradecimientos a la Comisión de Fomento y Desarrollo
del Asentamiento Ka`atygue, a Félix Arnold, Lorgia Monzón,
Emigdia Sánchez, Susana de Gaona, Alberto Gaona.
Resolución
de urbanización
,
loteamiento
y mensura
2007
Acceso a
electricidad,
agua, mejora
de caminos,
salud y
educación.
2009
Realización
de la
segunda
ocupación.
2007
Foto: Alter Vida
229 PARAGUAY
Red Rural de Organizaciones Privadas de Desarrollo
160
caso
Línea de tiempo
Ocupación de
tierras, conflicto
municipio que
disputaba al INDERT
la administración de
las tierras.
2000
Fin del conflicto
e inicio de
construcciones
de viviendas.
2001
Marzo paraguayo y
aprobación de la Ley
de desafectación de
las 2000 ha solicitada
por la comisión
vecinal sin tierra.
1999
Asentamiento San Isidro Labrador,
resultado de esfuerzos y unidad
Disponible en: http://porlatierra.org/casos/160
230 Informe 2017
Acceso a la tierra y territorio en Sudam�rica
CANINDEYÚ,
CURUGUATY
“Yo no voy a renunciar porque me siento confortable
en la organización que estoy y siento que soy durmiendo
en mi casa y en mis tierras con mis hijos…” (Ana Mujica,
Fundadora De Comisión Vecinal De Desarrollo San Isidro
Labrador).
La perseverancia de la Comisión Vecinal Sin Tierra del
Asentamiento de San Isidro Labrador o Marzo Paraguayo,
ahora denominada Comisión Vecinal de Desarrollo
San Isidro Labrador, se ha mostrado en una intensa
lucha por más de una década para acceder a la posibilidad
de comprar tierras. Esta comisión compuesta y liderada
por jóvenes, mujeres y hombres, que no contaban
con tierras propias y vivían en casa de sus padres.
En 1995 solicitaron la desafectación de tierras que formaban
parte de un aserradero y que fueron donadas al
Ministerio de Defensa, instancia que las destinó a ser
una reserva. La Comisión planteó una propuesta de Ley
de desafectación de la tierra en el parlamento de Paraguay,
que debido por la influencia política de contrarios,
se promulgó recién en 1999.
Créditos
Comisión Vecinal de Desarrollo San Isidro Labrador
Sistematización realizada por Ana Mujica de la Comisión Vecinal
de Desarrollo San Isidro Labrador y Karen Gil.
Gestión de
la tierra con
actividades
agropecuarias y
reforestación.
2003
Consolidación
de las
actividades de
aprovechamiento
y reforestación.
2017
Comienzo de
compra de los
títulos a las
familias.
2002
Foto: Ana Mujica

Per�
Pedro Castillo Castañeda
pedro@cepes.org.pe
Programa de Acceso a Recursos Naturales
Centro Peruano de Estudios Sociales - CEPES
Foto portada: AIDESEP-GTANW
1. Marco general del país
El ajustado triunfo del Pedro Pablo Kuczynski (Peruanos por el Kambio – PPK) sobre
Keiko Fujimori (Fuerza Popular – FP) en las elecciones presidenciales de 2016, enardeció
el ambiente político del país. Aprovechó FP la mayoría absoluta en el Congreso
para cuestionar permanentemente a los ministros, logrando censurar al ministro de
Educación en diciembre 2016. A esto se sumaron las acusaciones de corrupción ligadas
al mal manejo del contrato por la construcción del aeropuerto de Chinchero,
en Cusco, situación que derivó en la renuncia al cargo de ministro de Transporte,
ostentado por el vicepresidente de la república, Martín Vizcarra; más tarde, el ministro
de Economía se vio forzado a renunciar, acusado de presionar al Contralor General de
la República para que no cuestione una adenda al referido contrato. El contralor, días
después, fue destituido por el Congreso debido a diversas denuncias de corrupción.
Aunque en diciembre 2016 se declaró la emergencia por sequía en algunas zonas
del país, en 2017 inició con fuertes precipitaciones no vistas desde 1998. El
fenómeno llamado “Niño Costero”1
afectó, según estimados finales del Instituto
Nacional de Defensa Civil (Indeci), a 107.827 hectáreas (ha) de tierras de cultivo y
se perdieron 50.154 ha de tierras. De igual forma se afectaron canales de riego, se
destruyeron 22.674 kilómetros y fueron afectados 49.479 kilómetros. Por otro lado,
se perdieron 12.832 km de caminos rurales y fueron afectados otros 221.219 km.
La intensa temporada de lluvia dejó como saldo 162 personas fallecidas, 285.955
damnificados y 1.559.487 afectados. Al cesar los efectos de este grave fenómeno
se anunció la preparación de un plan de reconstrucción al que se denominaría
“Plan de Reconstrucción con Cambios”, y que se aprobó en septiembre.
También afectaron negativamente el ambiente político del país el caso Lava Jato2
y su
relación con la empresa Odebrecht. A mediados de septiembre todo el gabinete de ministros
fue severamente cuestionado por el Congreso bajo el argumento de tener paralizado
al país, lo que obligó la dimisión del Primer Ministro Fernando Zavala para evitar la
censura a todo el gabinete ministerial. La crispación política llegó a tal nivel que a fines de
diciembre se aceptó en el Congreso una moción para declarar la vacancia del presidente
Kuczynski, la que finalmente fue desestimada por un margen muy estrecho de votos. No
obstante, dos días después el mandatario indultó a Alberto Fujimori, expresidente preso
desde hace unos años, además de otorgarle una gracia presidencial adicional, con lo
que se generó mayor revuelo en el país por considerar ese indulto como irregular.
1 Ocurrencia de lluvias torrenciales que se inició en la cuarta semana del mes de diciembre de 2016 y se
prolongó hasta el 31 de mayo de 2017.
2 Caso de corrupción y lavado de dinero que se originó en Brasil pero que repercutió en toda Latinoamérica.
En Perú, se conocieron procesos de corrupción bajo la forma de cobros ilegales y obras públicas sobrevaluadas
que comprometieron a los más altos ejecutivos del Estado, incluidos los presidentes, desde 2000
hacia adelante. El caso se extiende a candidatos a la presidencia y a exalcaldes de Lima.
235 PERÚ
Centro Peruano de Estudios Sociales - CEPES
En términos de política agraria se continuó sin tomar en cuenta los instrumentos y
leyes a favor de la agricultura familiar y seguridad alimentaria aprobados en la última
parte del gobierno anterior. Mientras el Ministerio de Agricultura concentraba su
atención en los trabajos de reconstrucción, sobre todo en la costa norte severamente
afectada por el fenómeno del Niño Costero, programas oficiales como el Proyecto de
Titulación de Tierras Rurales (PTRT3) avanzaban lentamente. Los espacios de participación
ciudadana que se había logrado (como el Comité Consultivo del PTRT3 y la Comisión
Multisectorial de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar) empezaron
a ralentizar sus reuniones y a devenir en instancias meramente formales.
En el caso de los derechos sobre la tierra, el contexto continuó siendo bastante desfavorable.
Bajo el argumento de promover las inversiones en el país se publicó el 6 de
enero el cuestionado Decreto Legislativo 1333 orientado a facilitar las grandes inversiones
privadas, poniendo en riesgo las tierras de los pequeños agricultores y los territorios
comunales. Esta norma movilizó a las principales organizaciones indígenas, agrupadas
en el Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú, y algunas organizaciones
de la sociedad civil con el fin de lograr su derogatoria, objetivo que se consiguió recién
en los últimos días de mayo, aunque sin la ley que oficialice la misma. Posteriormente,
el propio Ejecutivo, en una maniobra legal por demás cuestionable, ingresó en julio un
proyecto de ley al Congreso de la república con el mismo tenor de la norma derogada.
2. Avances en el acceso a la tierra y el territorio
El último Censo Nacional Agropecuario de 2012 (IV Cenagro, 2012, INEI) reporta la
existencia de 5.231.999 parcelas de las cuales 3.803.864 (73 %) se conducen por sus
propietarios. De estas, 1.508.486 están tituladas, 1.082.792 tienen título registrado y
425.694 están por registrar. En términos absolutos, 2.721.072 parcelas estaban fuera
del sistema de titulación y registro de propiedad cuando se realizó el IV Cenagro.
Cuadro 1. Conducción de la Tierra
Parcelas Parcelas
% Nº
Propiedad 73 3.803.864
Con título registrado 21 1.082.792
Con título no registrado 8 425,694
Sin título pero en trámite 6 313.177
Sin título ni trámite 38 1.982.201
Arrendamiento 5 279.622
Comunal 15 759.349
Posesión 4 218.256
Otro 3 170.908
Total 100 5.231.999
Fuente: IV Cenagro, 2012, INEI.
236 Informe 2017
Acceso a la tierra y territorio en Sudam�rica
Por otro lado, el IV Cenagro identificó a organizaciones de carácter colectivo, como son
las comunidades campesinas (ubicadas principalmente en los Andes, pero también
con presencia en la Costa y Selva) y comunidades nativas (situadas exclusivamente
en la parte amazónica), que en Perú son las formas en las que se organizan principalmente
los pueblos indígenas.
Cuadro 2. Número y superficie agropecuaria
de comunidades campesinas y comunidades nativas
Comunidades Número Superficie ha
Campesinas 6.277 16.359.073,76
Nativas 1.322 7.106.750,68
Total 7.599 23.465.824,4
Fuente: IV Cenagro, 2012, INEI.
Lastimosamente no se cuenta con información actualizada sobre la situación jurídica en
términos de titulación de las comunidades. La última información data de 2010, no obstante
a esa fecha se daba cuenta de la existencia de 6.069 comunidades campesinas reconocidas,
de las cuales 5.110 (84,2 %) estaban tituladas y estarían por titular 959 (15,8
%). Asimismo, se reportaba la existencia de 1.469 comunidades nativas reconocidas, de
las cuales estaban tituladas 1.271 (87 %) y estaban pendientes de titular 198 (13 %).
No obstante, la situación de las comunidades es bastante compleja pues un gran porcentaje
no tiene tierras georreferenciadas. Del universo de las comunidades tituladas,
el 61,5 % de las campesinas no está georreferenciada, lo mismo que el 93,3 % de las
nativas. Esto significa que la localización y extensión de las tierras de esas comunidades
no forma parte de ningún sistema de información geográfica.
Si sumamos las comunidades no tituladas (1.157) con las que no tienen georreferenciación
(4.326), nos damos con la sorpresa de que del total de las comunidades reconocidas
(7.538), el 72,7 % (5.483) no tiene cómo acreditar plenamente su derecho
de propiedad. Sin título y sin planos catastrales georreferenciados, la propiedad de sus
tierras es un derecho inseguro.
Este contexto motivó, a fines de 2014, la gestión para la aprobación de un nuevo préstamo
del BID para retomar el proceso de titulación y saneamiento de la propiedad rural,
conocido como PTRT-3. Las metas previstas para esta nueva fase, que debía iniciar
en 2015, contemplaban el catastro y saneamiento de 441.093 predios individuales, la
entrega de 352.000 nuevos títulos de propiedad, así como la demarcación, titulación
y registro de 403 comunidades nativas y el deslinde, titulación y registro de otras 190
comunidades campesinas.
Sin embargo, desde la fecha en que el PTRT-3 fue formulado y aprobado hasta la actualidad
hubo cambios importantes; el más sustancial tiene que ver con el retraso en
237 PERÚ
Centro Peruano de Estudios Sociales - CEPES
la ejecución del “Proyecto Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú
– Tercera Etapa- PTRT3” que debió iniciarse en 2015 (el crédito del BID se aprobó en
diciembre de 2014 por D.S. 365-2014-EF).
Así, recién durante diciembre de 2017 se inició el proceso de titulación en las regiones
de Puno, Cusco y Apurímac que permitirá formalizar 100.000 predios individuales,
123 comunidades campesinas y cinco comunidades nativas. Se proyecta entregar los
primeros 15.000 títulos a partir de noviembre de 2018.
3. Conflictos en el acceso a la tierra y el territorio3
Durante el presente periodo se mantiene la política de Estado y el marco institucional
que limita el aprovechamiento de la tierra a los agricultores familiares y pueblos
indígenas para cederlos o adjudicarlos a grandes inversionistas privados interesados,
sobre todo, en actividades agrícolas de gran escala, forestales, de extracción minera y
de hidrocarburos. De esta manera, la disputa por el acceso y uso de la tierra continúa
siendo muy aguda en Perú. Destacaron en 2017, por su visibilidad e impacto, los siguientes
conflictos que en muchos casos datan incluso de 2016:
a) Departamento Amazonas: oposición a la concesión de hidrocarburos del Lote 116
por ausencia de consulta previa
La Coordinadora de los Pueblos Amazónicos y algunas comunidades del distrito de
Santa María de Nieva se oponen al contrato de concesión del Lote 116 de la empresa
Maurel Et Prom Perú S.A.C. por temor a una posible contaminación y por no haberse
realizado consulta previa.
El Poder Judicial, a través del Cuarto Juzgado Constitucional de Lima, ordenó la nulidad
del contrato de exploración y explotación de hidrocarburos en el Lote 116. El fallo
judicial se basa en que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y Perupetro no cumplieron
con realizar la consulta previa y conseguir el consentimiento de las comunidades
nativas. Debido a ello se declaró la nulidad del contrato que se firmó en 2016 y se
ordenó el retiro de las empresas operadoras que trabajaban en etapa de exploración.
El fallo judicial fue apelado por las instituciones del Estado.
b) Departamento de Apurímac: proyecto minero de Las Bambas
El conflicto se ubica en el distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas, departamento
Apurímac. 27 comunidades campesinas del área de influencias del proyecto,
el Frente de Defensa de los Intereses del distrito de Challhuahuacho y la Federación
Campesina de Challhuahuacho protestan por los reiterados incumplimientos de los
3 Información obtenida de los reportes de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo. Disponible en:
www.defensoria.gob.pe y en diarios de circulación nacional: El Comercio, Peru21, La República, Diario
Correo y Diario Gestión.
238 Informe 2017
Acceso a la tierra y territorio en Sudam�rica
acuerdos logrados en los diferentes procesos de diálogo implementados en la zona
y que generaron un conjunto de obligaciones del Estado que en gran medida no se
han cumplido. Todo ello ha ido creando un clima de malestar que se ha expresado en
varios momentos en los últimos años.4
Sostiene De Echave que el reiterado incumplimiento de la minera Xstrata Copper (el
proyecto minero Las Bambas fue adquirido por un consorcio administrado actualmente
por la empresa MMG) se sostiene en las modificaciones legales creadas por el
Estado desde 2014, en lo que se conoció como paquetazos ambientales.5
Según la organización no gubernamental CooperAccion, el proyecto Las Bambas fue
modificado hasta en cinco ocasiones en menos de 20 meses; es decir, en promedio una
modificación cada cuatro meses: dos veces se modificó el Estudio de Impacto Ambiental
(EIA) y en tres ocasiones se utilizó el Informe Técnico Sustentatorio (ITS), procedimiento
creado por el primer paquetazo ambiental (DS 054-2013-PCM), que permite aprobar
cambios a los proyectos de manera expeditiva en 15 días y sin mecanismos de participación
ciudadana. En el último año, las modificaciones vía ITS y vía EIA han continuado.6
En el intento de dar una solución al conflicto, en junio el Congreso aprobó la Ley 30589
“que promueve el desarrollo económico y social de la zona de influencia del proyecto
minero Las Bambas”. Así, se declaró de interés nacional y necesidad pública el desarrollo
económico y social de la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas,
en la idea de realizar acciones necesarias para priorizar la elaboración de un plan de
desarrollo económico, social y ambiental.
c) Departamento de Arequipa: proyecto minero Tía María
El conflicto se ubica en los distritos de Deán Valdivia, Cocachacra y Punta de Bombón,
provincia Islay, departamento Arequipa, al sur del país. Agricultores, pobladores y autoridades
locales se oponen al proyecto minero Tía María de la empresa Southern Perú Copper
Corporation (SPCC), por temor de que se generen impactos negativos al ambiente,
y, en consecuencia, se afecte la actividad agrícola en la provincia.
Tía María es un proyecto de explotación y procesamiento de mineral oxidado de cobre.
Contempla dos etapas: al inicio se explotará, a través de un tajo abierto, el depósito
mineralizado La Tapada; y, en la segunda, se explotará, también a través de un tajo
abierto, el depósito mineralizado Tía María. Este proyecto tendrá cerca de 18 años de
operaciones. Supone la inversión de casi mil millones de dólares para producir 120 mil
toneladas de cátodos de cobre de alta pureza (99.99 %) por año.
4 De Echave, José. “¿Qué está pasando en Las Bambas?” En: Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú
(OCM). Disponible en https://bit.ly/2sRSxIN
5 Pedro Castillo, “El gobierno de Ollanta Humala y la continuación del Síndrome del Perro del Hortelano”, en
La Revista Agraria, Nº 181, julio de 2016.
6 De Echave, José Op cit.
239 PERÚ
Centro Peruano de Estudios Sociales - CEPES
Los conflictos se iniciaron en 2009 y su punto más álgido se dio el 23 de marzo de
2015, cuando pobladores de la zona iniciaron un paro indefinido en contra del inicio
del proyecto; la situación fue tensa por el enfrentamiento entre ciudadanos y fuerzas
policiales. Actualmente no existe diálogo entre las partes del conflicto y según la defensoría
del Pueblo, el 5 de diciembre, diversos pobladores de los distritos de Cocachacra,
Punta de Bombón y Deán Valdivia, en el Valle de Tambo, realizaron una marcha de
protesta en contra de la reactivación del proyecto.
d) Departamentos Arequipa-Cusco: trasvase de agua del proyecto Majes Siguas
Este es un conflicto que abarca dos departamentos. En Cusco, el Frente Único de Defensa
de los Intereses de Espinar (FUDIE), la Federación Única de Campesinos de Espinar
(FUCAE), y el Frente de Defensa de Cuenca Cañón del Apurímac, reclaman el
cumplimiento de la sentencia de suspensión del proyecto Majes Siguas II. Ciudadanos y
autoridades de la provincia de Espinar piden al Estado el cumplimiento de los proyectos
y compromisos de afianzamiento hídrico en la provincia. En Arequipa, el Frente de Defensa
de la provincia de Caylloma reclama al Poder Ejecutivo y al Gobierno Regional de
Arequipa la revisión del EIA para Majes Siguas II, la construcción de una carretera y la
entrega de una mayor porción de hectáreas a irrigar por Majes Siguas II.
e) Departamento de Loreto: Lote 192
Este problema afecta a las provincias amazónicas de Datem del Marañón y Loreto, en
el departamento de Loreto. La Federación de Comunidades Nativas del Corrientes (FECONACO),
la Federación de Pueblos Indígenas Quechuas del Pastaza (FEDIQUEP),
la Organización de Pueblos Indígenas Kichwas, Amazónicos Fronterizos del Perú y
Ecuador (OPIKAFPE) y la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo
de Tipishca (ACODECOSPAT) demandan la implementación de un proceso de consulta
previa ante la posible suscripción de un nuevo contrato para la exploración y explotación
del Lote 192; que el Poder Ejecutivo cumpla con los acuerdos suscritos en el
marco de los espacios de diálogo (Actas de Lima, Teniente López y José Olaya) y los
acuerdos derivados del proceso de consulta previa del Lote 192, en 2015.
Durante 2017 siguió vigente el conflicto inclusive con toma de instalaciones de la
empresa Frontera Energy, debido a la agenda incumplida por el Estado, en la que destacan
los siguientes puntos: nuevo proceso de consulta previa, remediación ambiental
por el impacto de actividades extractivas, ejecución de proyectos de salud y educación
a favor de los nativos, entre otros.
4. Acciones campesinas e indígenas
de acceso a la tierra y el territorio
Las organizaciones indígenas no han permanecido al margen de estos procesos. Por
el contrario, desde un rol muy activo, el Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas
240 Informe 2017
Acceso a la tierra y territorio en Sudam�rica
del Perú y sus integrantes ejecutaron una serie de acciones para la defensa de sus
derechos a la tierra y el territorio.
a) Campaña en contra del Decreto Legislativo 1333 y el proyecto de ley 1718
En alianza con el Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú, la Plataforma
para la Gobernanza Responsable de la Tierra y la iniciativa “Nuestra Tierra”,
el Pacto de Unidad gestionó una campaña en contra del Decreto Legislativo 1333,
logrando su derogatoria, y en contra del proyecto de ley 1718. Ambas iniciativas legislativas
pretenden facilitar el acceso a la tierra a grandes inversionistas, amenazando
potencialmente los derechos sobre el territorio de las comunidades campesinas
y nativas.
b) Diálogo en torno a la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra y el territorio
(24 al 26 de agosto)
Esta iniciativa se efectuó en Lima por el Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES)
en alianza con el Pacto de Unidad, y congregó a líderes y lideresas indígenas de
distintas regiones del país con el objetivo de fortalecer sus capacidades en torno a la
gobernanza responsable de la tierra.
c) Socialización y actualización de la agenda del Pacto de Unidad con las bases
regionales
Se realizaron tres encuentros regionales en los cuales representantes del Pacto de
Unidad pudieron compartir su agenda estratégica a las bases de Cusco, La Merced y
Piura, logrando recoger nuevas propuestas para su actualización.
d) Foro público “Pueblos Indígenas: Seguridad jurídica y propuestas para la titulación
comunal en el Perú” (30 de octubre)
Evento organizado por el Pacto de Unidad, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la
Selva Peruana (AIDESEP) y la Confederación de Nacionalidades Amazónicas de Perú
(CONAP) con el objetivo de analizar y debatir sobre la situación actual de la titulación
de los territorios comunales y presentar propuestas para ampliar la cobertura de titulación
de los territorios. Contó con la participación de representantes de comunidades
indígenas a lo largo del país.
e) Curso “Gobernanza Responsable, Tenencia de Tierras y Pueblos Indígenas” (4 al
25 de noviembre)
Curso de especialización ejecutado por el CEPES en alianza con la Pontificia Universidad
Católica del Perú (PUCP), que contó con la participación de líderes y lideresas de
las bases regionales del Pacto de Unidad con el fin de promover conocimiento sobre
las directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra y
su aplicabilidad en las políticas nacionales entre representantes de pueblos indígenas
y organizaciones rurales, decisores y funcionarios públicos.
241 PERÚ
Centro Peruano de Estudios Sociales - CEPES
f) Balance y retos a futuro de los proyectos de titulación de tierras comunales (13 de
diciembre)
Evento organizado por el Pacto de Unidad, el Colectivo Territorios Seguros para las
Comunidades del Perú y la Plataforma para la Gobernanza Responsable de la Tierra,
que contó con la participación de representantes de los principales proyectos de titulación,
con el fin de socializar avances e identificar retos futuros en la implementación,
así como impulsar el debate sobre la necesidad de fortalecer la institucionalidad en
materia de titulación de comunidades.
g) Talleres sobre Gobernanza de la Tierra en Puno (14 al 17 de marzo)
ONAMIAP realizó tres talleres de capacitación a las lideresas de las bases de la región
Puno con el objetivo de promover la participación de las mujeres indígenas en la toma
de decisiones de las comunidades campesinas y nativas sobre la gestión de sus territorios
y el fortalecimiento del gobierno comunal.
h) Evento: ¿Cuánto pierde el país si las mujeres indígenas no tienen acceso al territorio?
(26 de mayo)
El evento, organizado por ONAMIAP, y que contó con la participación de representantes
del Estado, gobiernos regionales y cooperación internacional, tuvo como objetivo
abrir el debate sobre la demanda de las mujeres indígenas a ser incluidas en la
implementación de los diferentes proyectos de titulación de tierras colectivas que se
encuentran en proceso en Perú.
i) Encuentro de comunicación intercultural y vocería: “Gobernanza territorial, bosques
y cambio climático” (7, 8 y 9 de julio)
Alrededor de 60 lideresas, líderes, comunicadores y comunicadoras interculturales de
las diferentes comunidades de la región San Martín participaron en el encuentro en el
que se reflexionó sobre las diferentes problemáticas que enfrentan los pueblos indígenas
kiwchua, awajún y shawis de la región San Martín, siendo una de ellas la poca
participación de las mujeres indígenas.
j) “Encuentro nacional: mujeres indígenas, titulación y gobernanza territorial” (7 y 8 de
agosto)
El encuentro, organizado por ONAMIAP, contó con la participación de mujeres andinas
y amazónicas representantes de los diferentes pueblos indígenas del Perú. Buscó
ser un espacio de diálogo y debate sobre la situación de las mujeres indígenas en el
acceso a los territorios comunales y la gobernanza territorial, con el fin de unificar las
propuestas para lograr la inclusión de las mujeres en los diferentes procesos de titulación
que se vienen ejecutando en el país, así como en el COP 23.
k) Taller “Mujeres indígenas, vocería y gobernanza forestal” (21 y 22 de agosto)
Lideresas representantes de diferentes comunidades nativas de Ucayali participaron
en el taller organizado por ONAMIAP y realizado en la Comunidad Nativa Nuevo San
242 Informe 2017
Acceso a la tierra y territorio en Sudam�rica
Rafael, Ucayali, con la finalidad de fortalecer las habilidades de liderazgo de las mujeres
indígenas, así como brindarles las herramientas y la información adecuadas para
que puedan tener una participación efectiva en la gobernanza forestal.
l) COP 23: Propuestas sobre participación de mujeres indígenas en la gobernanza
territorial (10 de noviembre)
En el marco de la Conferencia de las Partes (COP 23) en Bonn, se realizó el evento
“El rol de las mujeres indígenas en la gobernanza territorial”, en donde dirigentas de la
ONAMIAP presentaron propuestas y discutieron sobre la situación actual, los avances
y los desafíos que enfrentan las mujeres en cuanto a su participación en los espacios
de toma de decisiones sobre los territorios comunales.
m) Taller: “Gobernanza de la tierra. Normas que vulneran derechos de las mujeres, la
tierra y el territorio” (16 y 17 de noviembre)
Convocado por la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas
del Perú (ONAMIAP) y la Asociación de Servicios Educativos Rurales (SER), el evento
congregó a más de 40 lideresas andinas y amazónicas que fueron capacitadas sobre
el funcionamiento del Estado en relación a los derechos de la tierra y el territorio y la
normativa actual que vulnera estos derechos en un contexto de promoción de la inversión
privada, entre otros temas.
n) Mesa de Trabajo “Participación de la mujer rural en la gobernanza territorial” (20
de noviembre)
Lideresas andinas y amazónicas de la ONAMIAP participaron de la mesa de presentación
del proyecto de ley para modificar la Ley General de Comunidades Campesinas
(ley 24656). Dicha iniciativa legal, propuesta por la congresista Tania Pariona, busca
complementar la legislación en torno a la participación de las mujeres en las comunidades
campesinas de Perú.
o) Actualización de estatutos en comunidades nativas de la Selva Central (Junio)
Con el apoyo de ONAMIAP, tres comunidades nativas de la Selva Central actualizaron
sus estatutos para añadir el reconocimiento formal de las mujeres indígenas como
comuneras calificadas con una participación mínima de 40 % en la composición de
las juntas directivas comunales. Dicho trabajo se enmarca en un proceso de incidencia
que ONAMIAP realiza al interior de las comunidades de sus organizaciones de base
en la Selva Central y en la región de Ayacucho, respetando su autonomía y sistemas
de toma de decisiones.
5. Propuestas
Las organizaciones que conforman el Pacto de Unidad son la Confederación Nacional
Agraria (CNA), la Confederación Campesina del Perú (CCP), la Organización Nacional
de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), la Unión Nacional
243 PERÚ
Centro Peruano de Estudios Sociales - CEPES
de Comunidades Aymaras (UNCA), la Federación Nacional de Mujeres Campesinas,
Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FENMUCARINAP) y la Central
Única Nacional de Rondas Campesinas (CUNARC).
Así, el documento Agenda del Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú,
que fue socializado en diversos eventos regionales durante todo el año, reafirma su
contenido y la vigencia de sus propuestas, que de manera resumida presentamos a
continuación:
• Adecuación de la normativa nacional a la luz del derecho internacional de los
derechos de los pueblos indígenas.
• Titulación colectiva del territorio ancestral integral de todos los pueblos y comunidades
indígenas del país, que comprenda la propiedad del hábitat (aguas, bosques,
flora, fauna, recursos, etc.), con garantía de inalienabilidad, inembargabilidad,
imprescriptibilidad e indivisibilidad del territorio.
• Nulidad de las parcelaciones y los traspasos fraudulentos a terceros y de todas las
concesiones otorgadas en los territorios de los pueblos indígenas.
• Eliminación o derogación de la figura legal de “cesión en uso” contemplada en
el art. 11 de la ley 22175 de Comunidades Nativas de 1978 y en la ley 29763,
nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre, debiendo titularse esas áreas forestales
“en propiedad” para los pueblos indígenas.
• Cambio de la legislación minera y la Ley de Tierras (ley 26505) para eliminar y
derogar las figuras de expropiación y servidumbre administrativas; nulidad de los
casos en los que se ha aplicado estas figuras
• Derogatoria de los “paquetazos ambientales” y otros: la ley 30230, el Decreto
Supremo 01-2015-EM, que permite que solo la Junta Directiva Comunal apruebe
autorizaciones para actividades extractivas sin la Asamblea, la Directiva Nº 10
de la SUNARP, que promueve la titulación individual, la ley 30327 y el Decreto
Legislativo 1192-2015, entre otros.
• Derogatoria de las normas y eliminación de las políticas públicas que exigen la
cesión de tierras, aguas y otros recursos naturales a favor de los ministerios de
Educación, Salud, vivienda o empresas privadas de telecomunicaciones para el
acceso a servicios públicos.
• Impulsar que los estatutos de las comunidades indígenas, campesinas y nativas
incorporen medidas de protección de los derechos de las mujeres indígenas.
• Promover la inclusión de las mujeres como comuneras calificadas en los padrones
comunales ya que la condición de la mujer calificada no debe depender del
estado civil.
6. Normas
2017 significó la continuación del modelo que busca dinamizar grandes inversiones
extractivas mediante la simplificación de procedimientos y permisos para acceder a la
244 Informe 2017
Acceso a la tierra y territorio en Sudam�rica
tierra, en claro desmedro de los derechos a la tierra y el territorio de las personas que
tienen en este recurso su real sustento a la vida, como son las comunidades y los agricultores
familiares. En ese marco, se aprobó el decreto legislativo 1333, el 6 de enero,
con el objeto de establecer disposiciones orientadas a facilitar la ejecución de obras de
infraestructura de interés nacional y de gran envergadura.
Fue así que se creó el proyecto especial para el Acceso a Predios para Proyectos de
Inversión Priorizados (APIP) adscrito a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada
(Proinversión) del Ministerio de Economía y Finanzas, siendo una de sus funciones
ejecutar las acciones requeridas para sanear a nombre del Estado los derechos de
propiedad sobre los predios requeridos para la ejecución de los proyectos de inversión
priorizados.
Con esta norma, el APIP se encargará de: 1) identificar las formas de tenencia de los
predios que se encuentran en el ámbito de los proyectos de inversión; 2) identificar la
situación legal de los terrenos y adjudicarlos en favor de las instancias de gobierno que
lo demanden; 3) elaborar y rectificar los planos, áreas, medidas perimétricas y linderos
que presentan superposiciones con los predios sobre los que se ejecutará el proyecto;
4) determinar qué predios no pueden ser usados por el proyecto; 5) rectificar títulos de
propiedad que presenten errores y; 6) determinar si existe necesidad de reubicación
de los pobladores.
Con esto el Ejecutivo buscó desarrollar las competencias reguladas en el Título III de
la ley 30230 de 2014 (ver informe Perú 2016). En la misma línea, la norma le asigna
al APIP la función de implementar el decreto legislativo 1192, la Ley Marco de adquisición
y expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del
Estado, liberación de interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras
de infraestructura, norma cuestionada por establecer un régimen ambiguo de expropiación
y adquisición de inmuebles por parte del Estado.
Tras una fuerte y persistente campaña impulsada por el Pacto de Unidad de Organizaciones
Indígenas del Perú y otras instituciones, la norma fue derogada a nivel del
Congreso el 26 de mayo. Sin embargo, el Ejecutivo nunca aceptó dicha derogación,
por lo que permanece vigente.
7. Instituciones
La institucionalidad relacionada a la tierra cambia permanente en Perú. Así, sin que
se haya terminado de establecer una normativa ni una estructura definitiva aparece
una nueva modificación creando en la práctica una multiplicación de instancias, incluyendo
las derivadas del incompleto proceso de regionalización que vive el país
desde 2002.
245 PERÚ
Centro Peruano de Estudios Sociales - CEPES
En 2016 se reportó que el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) era el que cumplía
funciones de rectoría y desarrollo de normas en materia de saneamiento físico
legal de la propiedad, sin embargo luego de la firma del decreto legislativo 1333,
reseñado líneas arriba, el proyecto especial para el Acceso a Predios para Proyectos
de Inversión Priorizados (APIP) adscrito a la Agencia de Promoción de la Inversión
Privada (Proinversión) del Ministerio de Economía y Finanzas, se convirtió en el nuevo
ente en materia de titulación.
Este nuevo organismo debe encargarse de realizar todas las acciones necesarias para
garantizar el saneamiento físico y legal de tierras, sin distinguir entre públicas o privadas,
formales o informales, comunales o individuales en favor de los proyectos priorizados
de inversión privada. Este nuevo marco legal permitirá al APIP reubicar a pueblos
enteros e inclusive convocar a asambleas comunales para lograr sus fines, vulnerando
la autonomía organizativa de los pueblos indígenas del país.
8. Publicaciones
Centro Peruano de Estudios Sociales (2017) Debate Agrario 48: Análisis y Alternativas.
Lima. CEPES.
Pintado, Miguel (2017). Agricultura familiar y situación alimentaria en Huancavelica.
Lima. CEPES.
Del Castillo, Laureano y Miguel Pintado (2017). Estudio sobre la situación jurídica de
las tierras de pequeños agricultores. Lima. CEPES.
Defensoría del Pueblo (2017). Estándares regionales de actuación defensorial en procesos
de consulta previa de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Lima. Defensoría del
Pueblo.
De Echave, José (2017). Diez años de minería en el Perú (2008-2017). Lima. CooperAcción.
Gonzales Barrón, Gunther (2017) Estudios de propiedad rural, de derecho agrario y de
aguas. Lima. Jurista Editores E.I.R.L.
Maquet, Paul E. y Abel Gilvonio (2017). “Yaku 2017 – Memorias del Primer Encuentro
Nacional por el Agua”. Lima. Unión Europea, Diakonia, CooperAcción y Natural Resource
Governance Institute.
Smith, Richard C. y Carla Soria (2017). Atlas de comunidades nativas y áreas naturales
protegidas del noroeste de la Amazonía peruana. Lima. Instituto del Bien Común.
Per� en Movimiento
Las experiencias muestran la resistencia de las comunidades campesinas e indígenas a actividades
extractivas como la minería, y a megaproyectos que ponen en peligro sus territorios. Liderazgos de
mujeres e indígenas, ejercicio de gobiernos territoriales, son elementos inspiradores que emergen
en un contexto de adversidad, para los pueblos indígenas y para la agricultura familiar campesina.
La gran ciudad como un atractivo a la prosperidad, es una idea que jóvenes y campesinos
cuestionan. La resistencia se extiende al boom inmobiliario y al modelo de vida urbano. La cultura
campesina es activa y vital para sus protagonistas, aun en la reproducción de prácticas y productos
tradicionales; la disputa se extiende al enfrentamiento de un modelo de producción de acumulación
y despojo.
247 PERÚ
Centro Peruano de Estudios Sociales - CEPES
137
caso
Línea de tiempo
Juana y la Comunidad de Tres Islas
contra la minería ilegal
Disponible en: http://porlatierra.org/casos/137
1994
La Comunidad Nativa
Tres Islas elige
a Juana Payaba
Cachique como
primera presidenta
mujer.
2008
El precio internacional
del oro sube
y produce una
avalancha minera
que invade Tres
Islas.
2003
La Comunidad Nativa
Tres Islas vuelve
a elegir a Juana
Payaba Cachique
como presidenta.
248 Informe 2017
Acceso a la tierra y territorio en Sudam�rica
DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS
DISTRITO DE TAMBOPATA,
PROVINCIA DE TAMBOPATA
“Ha sido una lucha tan grande que una comunidad
logre que se respete su autonomía que tiene, que siempre
la hemos tenido, antes que haya el Estado la hemos
tenido. Nosotros ya estábamos aquí y, por tanto,
tenemos derechos sí o sí que se deben respetar” (Juana
Payaba Cachique, primera presidenta de la Comunidad
Tres Islas).
Este caso es la trascripción casi literal de una larga conversación
sostenida con Juana Payaba, expresidenta de
la Comunidad Nativa Tres Islas, la única comunidad del
departamento de Madre de Dios, en el sureste peruano,
que ha logrado el reconocimiento de sus derechos
consuetudinarios como pueblo indígena. La lucha de los
comuneros de Tres Islas contra los mineros ilegales que
invadieron sus tierras aún no ha concluido; sin embargo,
el ejemplo de sus pobladores es una inspiración para
otros pueblos amazónicos que sufren situaciones similares.
Créditos
Juana Payaba, Comunidad Nativa Tres Islas
Sistematización realizada por Guillermo Reaño Vargas, Grupo
Viajeros.
2010
La Comunidad Tres
Islas construye una
caseta de vigilancia
para controlar a
mineros.
2012
Tribunal Constitucional
emite
sentencia a favor
de la Comunidad
Tres Islas.
2010
El Poder Judicial
sanciona y criminaliza
a la comunidad
por obstruir el
tránsito de mineros.
Foto: Grupo Viajeros
249 PERÚ
Centro Peruano de Estudios Sociales - CEPES
140
caso
Línea de tiempo
Parceleros y su resistencia
por la tierra ante la urbanización
Disponible en: www.porlatierra.org/casos/140
Reforma Agraria
y formación
de la Cooperativa
Agraria
de Producción
(CAP).
1974
Instalación
de Consorcio
Agua Azul en
Punchauca.
2000
Parcelación de
la cooperativa.
1980
250 Informe 2017
Acceso a la tierra y territorio en Sudam�rica
PROVINCIA DE LIMA,
DISTRITO CARABAYLLO
“Ya vamos resistiendo más de diez años a las inmobiliarias.
Aunque a los gobiernos no les preocupa el agro,
a nosotros sí. Para nosotros es importante porque de eso
vivimos” (Ysolina Chavarría, productora de Punchauca).
Ysolina Chavarría Quispe es una parcelera que creció en
las haciendas de Caudivilla, Huacoy y Punchauca. Ella
no quiere a vender sus tierras agrícolas a las empresas
inmobiliarias debido a ciertas motivaciones y sentidos
adquiridos por su relación con la tierra y el campo. Ysolina
es productora y promotora de productos orgánicos
o agroecológicos, la agricultura es fuente de su supervivencia
familiar. Viene resistiendo a la presión de las
inmobiliarias por más de diez años, es decir, desde el
2007 en que se inició el boom inmobiliario en Punchauca,
expresado en la acelerada lotización de áreas agrícolas
para el desarrollo de programas inmobiliarios.
Créditos
Sistematización realizada por Nekson Pimentel Sánchez
Fotografías de Nekson Pimentel Sánchez, Fernanda Chávez
Montoya y José I. Távara Castillo.
Boom Inmobiliario
y el inicio
de la resistencia
de familias
parceleras.
2007
Creación de la
Asociación de
Productores
Orgánicos
del Valle del
Chillón.
2014
Exigencias de
la población de
Punchauca para
que SEDAPAL
les instale agua
entubada.
2008
Foto: Nekson Pimentel Sánchez
251 PERÚ
Centro Peruano de Estudios Sociales - CEPES
147
caso
Línea de tiempo
Autonomía de la nación Wampís: Tarimat
Pujut y la construcción del futuro com�n
Disponible en: http://porlatierra.org/casos/147
Inicio del
proceso de titulación,
deslinde
entre comunidad
Wampís y
Awajun.
1974
Nace el
GTANW.
2015
Nace el CAH,
organización
primigenia de
la Amazonía.
1976
252 Informe 2017
Acceso a la tierra y territorio en Sudam�rica
LORETO,
DATEM DEL MARAÑÓN
“Los derechos se ejercen y no se mendigan, ni se piden:
Tierras y Territorios para el Tarimat Pujut y continuidad de
la identidad cultural”. (Wrays Pérez, Pamuk del Gobierno
Territorial Autónomo de la nación Wampís)
El territorio de la Nación Wampís es un gobierno de facto,
vale decir, ejerce su autonomía de hecho, sin expreso
dictamen de la normativa, no obstante que Perú ratificó
el Convenio 169 de la OIT (1994). Ejerce funciones de
gobierno de la nación Wampís para la administración y
control efectivo de sus territorios, en la práctica, y con basamento
en las normas e instrumentos internacionales.
Al hablar de nuestro gobierno autónomo referimos a
una gestión colectiva de una nación, es decir, expresión
genuina para el ejercicio de la autonomía de todas las
comunidades de la nación Wampís. Salvo por la falta de
reconocimiento formal, el caso es equiparable o similar
a las autonomías de otros pueblos indígenas del mundo.
Créditos
Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW)
Sistematizado por Shapiom Noningo Sesén, secretario técnico del
GTANW
Fotografías: Archivos de la Sub Sede del CAH, Centro de Políticas
Publicas y Derechos Humanos-Perú Equidad, Asociación
Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y
autoridades del GTANW.
Presentación
formal del GTNW
ante el Congreso de
la República.
2017
Ejercicio de autonomía.
Desalojo de
mineros ilegales en
Pastacillo.
2017
Foto Archivos CAH
253 PERÚ
Centro Peruano de Estudios Sociales - CEPES
155
caso
Línea de tiempo
Jóvenes agricultores: Relevo
generacional en la agricultura y el campo
Disponible en: http://porlatierra.org/casos/155
Retorno de los
jóvenes a sus
comunidades en
Paucartambo,
después de vivir
en la ciudad.
2012
Constitución
Asociación
de jóvenes
productores
ecológicos de
Paucartambo.
2016
Incursión al
estudio superior
de producción
agropecuaria.
2014
254 Informe 2017
Acceso a la tierra y territorio en Sudam�rica
CUSCO,
PAUCARTAMBO
“ El campo para mí significa un lugar de trabajo. Un lugar
donde puedo pasar más tiempo en convivencia con
la naturaleza y trabajar” (Wilbert Delgado, Asociación De
Jóvenes Productores Ecológicos De Paucartambo).
La gran mayoría de jóvenes que habita en zonas rurales
está optando por migrar a zonas urbanas o ciudades; no ve
en el campo las oportunidades necesarias para su futuro.
Esa situación no es ajena a los 14 jóvenes (18 y 29 años),
que integran la Asociación de jóvenes productores ecológicos
de Paucartambo, ellos anteriormente migraron por
diversos factores pero decidieron volver para quedarse en
sus comunidades campesinas. Iniciaron la conformación
de su asociación y se dedicaron a la agricultura utilizando
técnicas agroecológicas: sembrío de papa, mashua, trigo,
quinua, cañihua y kiwicha, etc. Su involucramiento y
decisión de permanecer en el territorio que los vio nacer,
responde a su relación con la tierra y el campo.
Créditos
Asociación de Productores Jóvenes Ecológicos de Paucartambo,
Rudy Condori Jerillo, Wilbert Delgado Huallapo, Almircar Mamani
Mamani y Carmen Flores Ccasa
Sistematización realizada por Elizabeth Guillen Castro
Fotografías de Elizabeth Guillen Castro, Carmen Flores Ccasa y
Wilbert Delgado.
Al concluir su
carrera, conforman
una
organización
de jóvenes
productores.
2016
Registro de la asociación
como parte
de la Asociación
Nacional de productores
ecológicos del
Perú (ANPE).
2016
Encuentros
regionales de
ANPE Perú: agenda
nacional de jóvenes
agricultores y
agroecológicos.
2017
Foto: Elizabeth Guillen Castro

Venezuela
Vladimir Aguilar Castro
vaguilar21@hotmail.com
Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas – Universidad de Los Andes
Foto portada: GTAI
258 Informe 2017
Acceso a la tierra y territorio en Sudam�rica
1. Marco general del país
La historia de Venezuela muestra cómo ha transitado en medio de vaivenes, respecto a
una economía basada en la agricultura, a fines del siglo XIX y XX, a ser una economía
basada casi exclusivamente en los hidrocarburos. Del café, el cacao y la diversidad
de productos, se pasó al petróleo, convirtiéndose en el país con mayor característica
extractivista y rentista de Sudamérica.
En muy pocos años, el Producto Interno Bruto pasó a ser predominantemente petrolero,
y las ventas de exportaciones llegaron en 2012 a ser 92 % exclusivamente
petróleo crudo. Desde los años 80 el “oro negro” empezó a convertirse en un “factor
de decisiva significación en la vida económica del país. El ritmo del desenvolvimiento
se hace entonces otro, mucho más acelerado, y en unas pocas décadas el nivel de
ingresos del habitante promedio habrá de verse multiplicado muchas veces” (Baptista,
2004)1
. En ese contexto la situación agraria en el país es consecuencia de la condición
petrolera y extractivista, y solamente se comprende en esa medida; lo que no quiere
decir que la agricultura y las tensiones entre los tipos de propiedad y capital hayan
desaparecido, aunque sí que tienen una connotación relativa en contexto más amplio
que es necesario ubicar.
El mayor impacto de un Estado petrolero y rentista ha sido la alta dependencia de
Venezuela de productos de consumo básico del extranjero, incluidos los alimentos,
así como una alta concentración de riqueza y enorme desigualdad entre la burocracia
estatal y los sectores afines como el Ejército, y los campesinos, indígenas, afros,
obreros, entre otros. Venezuela ha hecho esfuerzos importantes para reducir la dependencia
del exterior, sin embargo, en la mayoría de los casos los frutos no han sido
los esperados, entre otras razones por la propia dependencia de la política pública
de la renta petrolera y la estructura prebendal de las instituciones públicas. Décadas
apoyando la agroindustria, propia y extranjera, y en los últimos años con iniciativas
hacia los sectores campesinos.
Desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 19992
, la condición petrolera ha reñido con
la condición agraria. La profundización de una tensión permanente existente a lo largo y
ancho de la historia republicana adquiere mayores dimensiones en estos últimos años,
particularmente durante la presidencia de Nicolás Maduro. Un ejemplo de la orientación
propuesta por el Estado es el Plan de la Patria 2013-20193
, que se considera el Segundo
1 Bastidas, Yohama (2018). “Aproximación a un análisis de actores políticos y económicos de la zona de desarrollo
estratégico Arco Minero del Orinoco”. Anteproyecto de Maestría en Ciencias Políticas. Universidad
de Los Andes. Caracas.
2 Hugo Chávez Frías dirigió los destinos de la nación de manera ininterrumpida mediante procesos eleccionarios
desde 1999 hasta 2012 (año de su renuncia por motivos de salud).
3 Disponible en: http://www.agriculturaproductiva.gob.ve.
259 VENEZUELA
Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas – Universidad de Los Andes
Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación. En el plan resaltan aspectos
importantes para el desarrollo agrario y rural, por ejemplo:
• La eliminación definitiva del latifundio, la zonificación agroecológica y un sistema
de catastro para el acceso justo y racional del suelo
• Acelerar la democratización del acceso de los campesinos y campesinas, productores
y productoras, y de las distintas formas colectivas y empresas socialistas, a
los recursos necesarios para la producción (tierra, agua, riego, semillas y capital),
impulsando el uso racional y sostenible de los mismos.
• Fortalecer la infraestructura, el desarrollo y funcionamiento de los sistemas socialistas
de producción primaria agropecuaria y grandes sistemas de riego, gestionados
a través de empresas socialistas, privilegiando la integración de los procesos
productivos a escala industrial.
• Consolidar las redes de producción y distribución de productos de consumo directo
y del sistema de procesamiento agroindustrial.
• Consolidar el aparato agroindustrial bajo control de empresas socialistas, garantizando
al menos un 60 % de la capacidad de almacenamiento y procesamiento
en rubros básicos (cereales, oleaginosas, leguminosas, azúcar, carne y leche) y
un 30 % en el resto de los rubros alimenticios.
• Establecer mecanismos para ejercer la nueva institucionalidad revolucionaria que
garantice la participación de los pequeños y medianos productores en las decisiones
en materia agropecuaria, a través de los consejos campesinos y las redes de
productores y productoras libres y asociados.
En diversas iniciativas legislativas, financieras, institucionales se reitera el contenido
de las propuestas del Plan de la Patria, con resultados poco conocidos, especialmente
por la ausencia de información sistemática e investigaciones al respecto. Es conocido
el ambiente de tensión política que vive Venezuela, lo que no dificulta al momento una
posición objetiva entre los logros en el campo del desarrollo rural, agrícola, distribución
de tierra, y las manifestaciones en contra del gobierno, así como las alarmantes
cifras de percepción sobre la escasez, o riesgo de escasez, de alimentos que tiene la
población venezolana.
2. Avances en el acceso a la tierra y al territorio
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), de 1999, plantea
que la agricultura constituye el fundamento del desarrollo rural sustentable. El artículo
305 establece que:
“el Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo
rural integral a fin de garantizar la seguridad alimentaria de la población;
entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito
nacional y el acceso oportuno y permanente de estos por parte del público consu-
260 Informe 2017
Acceso a la tierra y territorio en Sudam�rica
midor. La seguridad alimentaria se alcanzará desarrollando y privilegiando la producción
agropecuaria interna, entendiéndose como tal la proveniente de las actividades
agrícolas, pecuarias, pesqueras y acuícolas. La producción de alimentos
es de interés nacional y fundamental para el desarrollo económico y social de la
nación. A tales fines, el Estado dictará las medidas de orden financiero, comercial,
transferencia tecnológica, tenencia de la tierra, infraestructura, capacitación de
mano de obra y otras que fueren necesarias para alcanzar niveles estratégicos de
autoabastecimiento. Además, promoverá las acciones en el marco de la actividad
agrícola. El Estado protegerá los asentamientos y comunidades de pescadores o
pescadoras artesanales, así como sus caladeros de pesca en aguas continentales
y los próximos a la línea de costa definidos en la ley”.
En 2001 fue promulgado el decreto con fuerza de ley de Tierra y Desarrollo Agrario, cuyo
objeto es contribuir al desarrollo rural integral del sector agrícola, y uno de sus mecanismos
declarados es poner fin a la concentración de tierras en Venezuela, donde 10 % de
los propietarios tienen 70 % de la tierra. Esta ley contempla la expropiación de la tierra y
políticas de asentamiento de agricultores. En este marco desapareció el Instituto Agrario
Nacional y se creó el Instituto Nacional de Tierras, el Instituto Nacional de Desarrollo
Rural, la Corporación Venezolana Agraria, entre otros cambios institucionales.
La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario fue modificada en 2010, introduciendo la eliminación
de la tercerización, además del latifundio que se encuentra en la ley original,
como un sistema contrario a los principios de justicia, interés general y paz social en el
campo. En materia agraria, y de pueblos indígenas, Venezuela mantiene separados los
dos ámbitos entre los que serían los productores agrarios con el perfil de propietarios
individuales, y los pueblos y comunidades indígenas como un derecho colectivo sobre
un territorio. Básicamente, los temas agrarios se encuentran en el Ministerio del Poder
Popular de Agricultura y Tierras y en alguna medida el Ministerio del Poder Popular
para las Comunas y los Movimientos Sociales, en cambio los asuntos indígenas son
atendidos por el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas.
Entrando en materia, 2017 estuvo signado por una protesta de tres meses que culminó
con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) por parte del
presidente Maduro. La incertidumbre de los términos de su convocatoria junto a la
posible derogatoria de los artículos de la CRBV de 1999 acrecentaron las dudas sobre
el carácter de la misma. En entrevista hecha a Emma Ortega, agricultora representante
del sector campesino ante la ANC, afirma que
“…hay problemas con la titularidad de las tierras. Según la Ley de Tierras son
sujetos beneficiarios preferenciales de adjudicación de tierras, las ciudadanas
venezolanas que sean cabeza de familia, que se comprometan a trabajar la
tierra para manutención de su grupo familiar y se incorporación al desarrollo
de la comunidad y de la nación (art.14). Si bien eso constituye un avance del
261 VENEZUELA
Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas – Universidad de Los Andes
punto de vista legislativo, no ha sido acompañado por medidas reales que lo
pudiesen garantizar…”4
.
Ese ha sido precisamente el problema principal de 18 años de nueva Constitución,
la ausencia de coordinación entre derecho reconocido y derecho ejercido, o, dicho
de otra manera, entre derecho consagrado constitucionalmente e instituciones
adecuadas para que a través de políticas públicas puedan ser materializados los
proyectos. Hay un divorcio enorme entre lo que se aprobó en la carta magna y lo
que existe concretado como derecho. Los procesos de acceso a la tierra a partir de
políticas agrarias, dinámicas de su distribución de tierras así como su disponibilidad,
formas de acceso y formalización, han tenido como característica fundamental
la inexistente correspondencia entre lo garantizado en la CRBV y su aplicación en
la realidad.
Lamentablemente no se cuenta con cifras oficiales actualizadas y disponibles. Entre lo
poco que se puede rescatar, se encuentran noticias dispersas, en general con un tinte
de difusión política, como las del sitio web Aporrea, que destacaba, por ejemplo, que en
el periodo de julio 2016 a junio 2017 el Instituto Nacional de Tierras (INTI) habría entregado
“2.000.000 de ha regularizadas, beneficiando a 65.000 ciudadanos”5
.
Según el mismo medio, Enzo Cavallo, director del INTI, sostuvo: “hoy vamos a continuar
para seguir dignificando a las campesinas, campesinos, productores y a todos
los que estén haciendo ese trabajo heroico de producir alimentos”. Asimismo, Cavallo
recordó que la segunda fase del Plan Cayapa INTI hace énfasis en el aspecto jurídico
para finiquitar 2.665 casos sin respuesta desde hace más de 10 años”6
. Esta información
da una noción de las dificultades de implementación de la Constitución, así como
de la magnitud de la demanda.
Por otra parte, el Plan Chamba juvenil lanzado por el gobierno de Venezuela en diciembre
de 2017, promete dar empleo y pago a aproximadamente un millón de jóvenes,
de los cuales 100 mil retornarían al campo para dedicarse a la producción agrícola.
El plan contempla una serie de ayudas, incluido un salario. Del total de beneficiarios,
3.000 son ingenieros agrónomos7
.
Entre otras políticas efectuadas en la gestión, se relanzó el Registro Único de Campesinos
y Productores, que tuvo una duración de tres meses, desde la segunda quincena
de octubre de 2017 a la primera quincena de enero de 2018. Este registro, que lleva
vigente desde 2014, no tuvo la recepción esperada, pues a finales de noviembre del
4 Disponible en: https://bit.ly/2sQE3Zl noticia del 4 de octubre del 2017. Revisado el 2 de febrero de 2018.
5 Disponible en: https://bit.ly/2JDfIwI noticia del 27 de junio del 2017. Revisado el 3 de marzo de 2018.
6 Disponible en: https://bit.ly/2JN6JMM noticia del 17 de marzo del 2018,- Revisado el 3 de marzo de 2018.
7 Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1i24PvAf5xTxy1aP9OKNApnWxN_eU_4Gs/view boletín sin
fecha. Revisado el 9 de abril de 2018.
262 Informe 2017
Acceso a la tierra y territorio en Sudam�rica
2018 se registraron “aproximadamente 4.200 campesinos y productores”, pese a que
este registro promete dar paso a una serie de apoyos y programas estatales8
.
La situación de los hábitats indígenas no es muy distinta al de la mayoría de los campesinos
en el país. El alcance, reconocimiento y seguridad jurídica de los territorios
indígenas está atemperado por la falta de armonización en lo que está reconocido y
lo hasta ahora garantizado en la práctica. Los territorios indígenas ocupan aproximadamente
un 45 % por ciento del territorio nacional solapado por áreas bajo régimen
de administración de especial (ABRAE) legalmente establecidas. No obstante, en los
últimos años de consagración de derechos indígenas acorde a la nueva Constitución,
apenas se han titulado el 12 % de las tierras indígenas9
. De acuerdo al informe 2016
del Ministerio para el Poder Popular de los Pueblos Indígenas (MINPPI)
“…a través del proyecto de aceleración del proceso de demarcación del hábitat
y tierra correspondiente a las comunidades indígenas, se elaboraron cinco expedientes
de títulos colectivos de tierra de los pueblos indígenas cumanagoto,
jivi, hoti, kariña, japreria de los estados Apure, Anzoátegui, Monagas, Bolívar y
Zulia, beneficiando a un total de 6.713 habitantes pertenecientes a 186 comunidades.
Esta demarcación nos permitirá trascender del Estado liberal y avanzar
hacia el Estado democrático, social de justicia y de derecho. A su vez, dará las
bases para el libre tránsito a un Estado multicultural. Cabe destacar que esta
demarcación es la única herramienta que nos permite garantizar sus formas
propias y con identidad de vida de los pueblos y comunidades indígenas. Según
el artículo 119 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con
una inversión de 13.200.729,53 bolívares”.
3. Conflictos en el acceso a la tierra y el territorio
El Arco Minero del Orinoco (AMO)
El conflicto mayor para los pueblos y comunidades indígenas del país, específicamente
para los habitantes de la región Guayana, Estado Bolívar, han sido los impactos
impredecibles del Arco Minero del Orinoco. Sumado a ello, encontramos la actividad
minera legal e ilegal que tiene como principal efecto la fragmentación de los territorios
ancestrales y tradicionales de los pueblos indígenas del país. Ante la estrepitosa caída
de los precios del petróleo, el gobierno busca ganar tiempo con la incorporación de la
actividad extractiva minera como fuente de financiamiento de la economía nacional.
8 Disponible en: http://www.inder.gob.ve/?q=node/2799 noticia del 29 de noviembre 2017. Revisado el 9 de
abril de 2018.
9 Ver https://bit.ly/2sRUe97. Aunque cifras oficiales dan cuenta de un 12 %, la realidad es que muchas de
las titulaciones no han consagrado la noción del territorio como espacio de vida de los pueblos y comunidades
indígenas del país. La mayor parte de los títulos otorgados corresponden más a cartas agrarias que
a demarcaciones de hábitats y tierras indígenas tal como lo consagra el artículo 119 de la CRBV.
263 VENEZUELA
Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas – Universidad de Los Andes
Este proyecto nació en 2011 con el expresidente Hugo Chávez que aprobó el Plan
de Acción Estratégico Conjunto de la Faja Petrolífera y el Arco Minero del Orinoco,
para desarrollar un proyecto de engranaje de ambos sectores productivos: petrolero
y minero, dentro de una zona de gran poderío económico10. Más adelante, en febrero
de 2016, su sucesor Nicolás Maduro, mediante el Decreto 2248, creó la Zona de
Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO), según Gaceta Oficial
40.855, como cumplimiento de lo establecido en el Plan Socialista de Desarrollo Económico
y Social de la Nación 2013-2019 que cita:
Objetivo Nacional 3.4. Profundizar el desarrollo de la nueva geopolítica nacional
3.4.1.8. Promover el desarrollo sustentable del Arco Minero, con el control soberano
y hegemónico del Estado en la cadena productiva del sector y sus actividades
conexas, promoviendo el desarrollo de tecnologías propias que permitan
una explotación racional, y con base en la definición de unidades de gestión
territorial para la coordinación de políticas públicas, preservando el acervo histórico
y sociocultural (Gaceta Oficial 6.118 Extraordinario).
La zona, ubicada en el estado Bolívar desde la frontera con el estado Amazonas hasta
Delta Amacuro, con una extensión de 111.843,70 km2
lo que comprende 12,2 % del
territorio nacional, posee minerales estratégicos como oro, bauxita, coltán, diamante,
hierro, cobre, caolín y dolomita (Gaceta Oficial 40.855). Está dividida en cuatro áreas:
• Área 1: área más occidental hasta el río Cuchivero con predominancia de bauxita
coltán, tierras raras y diamante. Superficie: 24.680,11 Km2.
• Área 2: entre el río Cuchivero y río Aro, con predominancia de hierro y oro. Superficie:
17.246,16 Km2.
• Área 3: entre el río Aro y el límite este del Arco Minero, predomina bauxita, oro y
hierro. Superficie: 29.730,37 Km2.
• Área 4: extensión del Arco Minero (Imataca), predominan oro, bauxita, cobre,
caolín y dolomita. Superficie: 40.149,69Km2. (Gaceta Oficial 40.855).
El plan previsto para la explotación tiene como objetivo principal el aprovechamiento
de los recursos provenientes del Arco Minero del Orinoco a través de plataformas
productivas de producción minera. Asimismo, este proyecto de exploración y explotación
forma parte del desarrollo de uno de los 15 motores productivos dentro de la
Agenda Económica Bolivariana que pretenden crear las condiciones necesarias para
fomentar una economía potencialmente diversa en el país. El AMO es coordinado por
un Consejo de Gestión a cargo del Ejecutivo Nacional, en el cual trabajan distintos
grupos de trabajo formados por los ministerios y entes involucrados en el desarrollo
del proyecto. Además de esto, el 24 de febrero de 2016 el presidente Nicolás Maduro,
en el marco del encuentro empresarial de proyectos en el AMO, afirmó que 150
10 Ver https://www.youtube.com/watch?v=mgNZGj4pY4A.
264 Informe 2017
Acceso a la tierra y territorio en Sudam�rica
empresas de 35 diferentes países tenían presencia en Venezuela con el fin de invertir
en el plan de explotación minero11.
En medio de una crisis económica nacional y de polémicas en torno a la explotación
de la zona debido a la afectación de los poblados indígenas que tienen presencia en
el lugar, así como el impacto ambiental de ecosistemas ampliamente importantes, la
presencia del crimen organizado, corrupción y otros aspectos sociales y económicos,
el proyecto se puso en marcha. Según el trabajo periodístico del Organized Crime and
Corruption Reporting Project y el International Center for Journalists, 16 de las 150 empresas
convocadas han formalizado convenios con el Estado y cuatro empresas mixtas
han sido creadas, teniendo presencia en la zona solo una de ellas12.
Uno de los casos más controversiales está asociado a una empresa norteamericana. El
30 de septiembre de 2016, mediante el Decreto 2.465, el gobierno venezolano autorizó
la creación de la Empresa Mixta Ecosocialista Siembra Minera, S.A., la cual está conformada
por la asociación entre la Corporación Venezolana de Minería, S.A. y GR Mining
(Barbados) Inc. (Gaceta Oficial 41.000). GR Mining es manejada por la empresa minera
canadiense Gold Reserve, Inc., la cual desde 1992 trabajó en el yacimiento Brisas, en
el estado Bolívar, uno de los depósitos de oro más grandes del mundo13. Más adelante,
en 2008, Venezuela revocó el permiso para la construcción del proyecto Brisas, y la
compañía realizó una demanda a la nación ante el Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, la cual falló a su favor con
un total de 713 millones de dólares en daños, más intereses.
Sin embargo, en junio de 2017, la compañía canadiense firmó un acuerdo de solución
con el gobierno venezolano, el cual contempla el pago de los 713 millones de dólares
más intereses y 240 millones de dólares por los datos obtenidos en sus trabajos
previos, para una suma total de 1.037 millones de dólares. Además de renunciar al
derecho de apelación ante la sentencia por la Cour d’appel de París.
En su sitio web la empresa Gold Reserve, Inc. asegura que el “Acuerdo de Compañía
Mixta” estableció a la Empresa Mixta Ecosocialista Siembra Minera, S.A. con la finalidad
de desarrollar el Proyecto Brisas Cristinas en el cual la compañía canadiense
tiene la propiedad de 45 % de los activos mientras que Venezuela cuenta con el
restante 55 %.
Algunas de las empresas que figuran en los acuerdos con el Estado venezolano son:
las chinas Camc Engineering CO. LTD. y Yankuang Group, también Afridiam de la República
del Congo y la local Corporación Faoz C.A.14. Esta última suscribió el convenio
11 Disponible en: https://bit.ly/2sQEvqv
12 Disponible en: https://bit.ly/2fEk0KC
13 Disponible en: https://bit.ly/2l4mgcV
14 Disponible en: https://bit.ly/1WKICLg
265 VENEZUELA
Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas – Universidad de Los Andes
con el Gobierno venezolano para la creación de la Empresa Mixta Minera Ecosocialista
Parguaza, S.A., la cual asegura ya haber producido la primera tonelada de Coltán,
extraído de las minas del estado Bolívar, específicamente del sector Los Pijiguaos,
zona de explotación que indiscutiblemente afecta al pueblo mapoyo, una comunidad
indígena ubicada en el municipio Cedeño, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial
de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Al respecto, la ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, Yamilet Mirabal,
aseguró que “los pueblos indígenas han sido incorporados en el Arco Minero bajo
consulta previa. Desde Parguaza podemos decir que para iniciar este proyecto transcurrió
más de casi un año de consulta, debates y mesas de trabajo con los pueblos
indígenas”15. Asimismo, a las empresas mixtas mineras ecosocialistas Oro Azul, S.A. y
Metales del Sur también les fue asignado un territorio para la exploración y explotación
de minas y yacimientos al oeste del estado Bolívar, en tierras pertenecientes a las comunidades
indígenas mapoyo y otras. En total hay unas 16 etnias indígenas ubicadas
en la zona que se pretende explotar y que se ven envueltas en las consecuencias que
pueda generar el AMO.
A pesar de las declaraciones de la ministra respecto a la consulta a los pueblos
indígenas, las organizaciones Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos
Humanos (Provea), el Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) de la
Universidad de Los Andes y el Laboratorio de Paz (LabPaz) declararon en un comunicado
conjunto dirigido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que16:
“El decreto AMO se aprobó sin que existiera información, consulta, ni participación
ciudadana de ningún tipo. Este proyecto a gran escala de megaminería
que abarca el 12,2 %, del territorio nacional de mayor riqueza, reserva
forestal y ambiental, de agua y biodiversidad, no solo para el país sino para el
continente, se aprobó unilateralmente por el Ejecutivo Nacional y a la presente
fecha es imposible tener acceso a la información detallada de las implicaciones,
consecuencias, convenios, impactos”.
No solo la violación al derecho de consulta que establece la Constitución Bolivariana
de Venezuela está en la palestra de la opinión pública respecto al proyecto de minería
al sur del Orinoco, sino también la contaminación de las aguas con mercurio que,
aunque viene usándose antes del AMO, la promesa gubernamental de erradicar esta
práctica establecida en el Decreto 2.413 de la Gaceta Oficial40.960 no ha sido cumplida,
así lo afirman las declaraciones de Misael Reyes –minero entrevistado por el
periodista Edgar López – quien señala: “No hay cambios en la forma en que hemos
15 Disponible en: https://bit.ly/2wRqV7p
16 Disponible en: https://bit.ly/2gRbymv
266 Informe 2017
Acceso a la tierra y territorio en Sudam�rica
trabajado desde siempre. Seguimos picando rocas en los barrancos, trasladando el
material a los molinos y usando mercurio para separar el oro”17.
Aunado a esto, la deforestación y otros aspectos ambientales están afectando directamente
a las comunidades indígenas, a los mineros, a visitantes, animales y cualquier otro
agente vivo involucrado en la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional. En este sentido,
diferentes organizaciones ambientalistas como el Centro de Investigaciones Ecológicas
de Venezuela o la Red de Organizaciones Ambientales no Gubernamentales de Venezuela
(Red ARA), se han pronunciado en contra de proyecto del Arco Minero del Orinoco.
Finalmente, otro de los aspectos más controversiales y destacados dentro de la zona en
cuestión, es el establecimiento del crimen organizado, pues se han conformado mafias
de minería ilegal que toman posesión de los territorios de explotación minera para la
extracción y comercialización de recursos naturales venezolanos. Diferentes medios y
organizaciones nacionales e internacionales han denunciado este hecho desde hace
varios años, sin embargo, el establecimiento del AMO no ha frenado esta situación. En
efecto, en febrero fue asesinado el indígena pemon Oscar Meya en el sector Morichal
de la Gran Sabana, por parte de los llamados sindicatos que controlan las minas. El
Consejo de Capitanes Generales del Pueblo Indígena Pemon18 hizo un pronunciamiento
en contra de estos actores sociales que paulatinamente se han hecho con el control
del negocio del oro en algunas minas de la región.
Acceso a la tierra por sectores campesinos
Entre los conflictos difundidos por la prensa, se encuentran la toma de tierras de un
latifundio ubicado en el estado de Barinas, en los llanos occidentales de Venezuela.
En junio de 2017 se reportó que “un centenar de campesinos venezolanos sin tierras
ocuparon un latifundio de más de 4.000 hectáreas”19. Desde 2010 los campesinos
han realizado gestiones administrativas ante el INTI para exigir rescate de tierras por
parte del Estado, según las leyes vigentes. En 2015 el INTI accedió al rescate de tierras
no ocupadas aunque la propiedad la detenta la compañía mercantil La Gran Señora.
Sin embargo, el rescate nunca se ejecutó y las tierras no se entregaron, ya que el tribunal
agrario otorgó una medida cautelar que suspendió los efectos de la decisión del
INTI. En marzo de 2016 los campesinos ocuparon las tierras de las que poco después
fueron desalojados y tres de sus líderes apresados. Esta segunda toma ocurrió tras
acusaciones de corrupción a funcionarios del INTI.
Meses antes, en el mismo estado, ocurrieron desalojos simultáneos de al menos tres
comunidades: 68 personas en Orticero, 300 en Las Mercedes, 500 en Jovito, hechos
17 Disponible en: https://bit.ly/2HIOwe0
18 Disponible en: https://bit.ly/2t35BtZ
19 Disponible en: https://bit.ly/2JNmy5V noticia del 11 de julio de 2017. Revisada el 9 de abril de 2018.
267 VENEZUELA
Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas – Universidad de Los Andes
que se saldaron, según denuncias, con más de 1.100 hectáreas (ha) destruidas.
En la intervención participaron la oficina regional del INTI, el sistema de seguridad
y orden público, el Ejército, la Guardia Nacional, la Policía Municipal y un grupo
antiextorsión y secuestro. Lo llamativo del caso es que los organismos nacionales del
INTI y otros han desconocido que estos desalojos sean de su conocimiento.20
Existen muchas explicaciones para el incremento de conflictos, una de ellas apunta a un
estancamiento de las políticas de tierra desde 2010. Sumado a ello, la capacidad de los
poderes fácticos en las regiones para determinar los procesos agrarios, así como las contradicciones
e incluso conflictos entre las distintas instancias de una misma institución.21
4. Acciones campesinas e indígenas
de acceso a la tierra y el territorio
Comuna Negro Miguel en la población de Buria, estado Lara
Esta acción se inició con un proceso de ocupación de una finca en estado de abandono
de un alto dirigente gubernamental, exalcalde y capitán del Ejército y con grandes
conexiones a nivel de la burocracia estatal.
La finca contaba con beneficios por parte del Estado, teniendo maquinarias agrícolas con
financiamiento oficial así como rebaños de ganado provenientes de convenios internacionales
entre el Estado venezolano y Nicaragua. La figura bajo la cual era administrada por
el militar llevaba por nombre “Agropecuaria Tío Bravo” y las personas integrantes de la comuna
que dirigieron la acción fueron trabajadores de dicho predio víctimas de maltrato y
despedidos sin ningún tipo de beneficio laboral. Este hecho constituye una de las nuevas
formas de latifundismo por parte de terratenientes que han emergido en el contexto de la
llamada Revolución Bolivariana. En este sentido, se emitió el siguiente informe:
“Los comuneros cansados de ver este tipo de injusticias deciden en asamblea
de comuneros y comuneras ocupar esta finca, acto seguido toda la zona de
El Cuadrado y Araguita es militarizada hasta la presente fecha por efectivos
castrenses jamás vistos en el municipio cuando el paramilitarismo extorsiona
a productores cobrándole vacunas monetarias, ni cuando los grupos hamponiles
han corrido del municipio a históricos compañeros y compañeras que
producían carne, leche, queso y maíz para el pueblo. Es hoy cuando el pueblo
rescata esta unidad de producción cuando desfilan con armas de guerra
frente a nuestras familias pretendiendo amedrentarnos a quienes llevamos en
las venas la sangre del Negro Miguel, y quienes entendemos perfectamente el
Artículo 307 de la Constitución Nacional y nuestra Ley de Tierras; a nosotros
20 Disponible en: https://bit.ly/2LGoaMf , noticia de 12 marzo 2017, visita de 09 de abril 2018.
21 Disponible en: https://bit.ly/2MlH0cA noticia del 25 de marzo de 2018. Revisada el 9 de abril de 2018.
268 Informe 2017
Acceso a la tierra y territorio en Sudam�rica
que tenemos la moral de mostrar ante el país tierras rescatadas en el pasado
y exitosamente productivas en el presente (Unidad de Producción La Horqueta,
UPSA Negro Miguel). No hacen más que alentarnos a seguir por el camino
justo hacia la victoria popular”22.
Jurisdicción especial indígena en territorios ancestrales
La activación de la jurisdicción especial indígena en territorios ancestrales constituye
uno de los principales desafíos de los pueblos y comunidades indígenas del país. Ya son
varias las experiencias a nivel nacional, pero quizás la más interesante es la del pueblo
pairoa (huottoja)23 de la cuenca del Cataniapo del estado Amazonas ya que ha obligado
tanto a la jurisdicción ordinaria regional como a la nacional a su reconocimiento.
Desde el momento en que se estableció la jurisdicción especial indígena huottoja en
2013, varias han sido las decisiones: dos sobre administración de justicia y dos sobre
hábitats y tierras. En cada una de ellas se reitera el ámbito de aplicación del derecho
indígena en los territorios exigiendo su reconocimiento por parte del Estado venezolano.
Las autoridades tradicionales y ancestrales indígenas han hecho una labor importante de
impartir justicia pero también de exigencia de reconocimiento de sus tierras mediante el
proceso conocido como demarcación24 a través de la autodemarcación25.
5. Propuestas
Caso acciones campesinas: comuna Negro Miguel
en la población de Buria, estado Lara
En asambleas los campesinos decidieron estructurar un Plan de Solidaridad con dicha
acción de combate por la ocupación del latifundio. Evaluada la situación se acordó lo
que se apunta a continuación26:
22 Disponible en: https://bit.ly/2JNfRAN noticia del 8 de enero de 2017. Revisada el 9 de abril de 2018.
23 Los piaroa (un término de origen desconocido), también conocidos como huottüja (gente con conocimiento)
o de´aruha (señores o dueños de la selva), son un pueblo de agricultores que habitan principalmente en
zonas boscosas del Orinoco Medio. Si bien estas tierras y territorios se vinculan a una ocupación ancestral
del pueblo indígena huottöja, quienes lo hacían de una forma nómada, a partir de la apertura de la carretera
en la cuenca del río Cataniapo, se produjo la ocupación tradicional de otros pueblos y comunidades
indígenas. Si bien estas tierras y territorios se vinculan a una ocupación ancestral del pueblo indígena
huottöja, quienes lo hacían de una forma nómada, a partir de la apertura de la carretera en la cuenca del
río Cataniapo, se produjo la ocupación tradicional de otros pueblos y comunidades indígenas. Ver Zent y
Freire (2007) Los Piaroa. En IPDRIS (2018). Estudio de caso indígenas Venezuela.
24 La demarcación es la obligación constitucional que tiene el Estado venezolano de deslindar y garantizar el
derecho al territorio de los pueblos indígenas mediante títulos de propiedad colectiva.
25 Por autodemarcación se entiende el deslinde que de manera propia, y mediante usos y costumbres y
planes de vida hacen los pueblos indígenas de sus territorios que luego buscan validar por parte de las
instituciones del Estado.
26 Disponible en: https://www.aporrea.org/desalambrar/n302813.html
269 VENEZUELA
Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas – Universidad de Los Andes
1. Constituirse, a partir de la presente fecha, en Comisión de Enlace y Solidaridad
con la Comuna Negro Miguel. A tales efectos, un o una representante de cada
una de las organizaciones se incorporarán al conjunto de actividades a desarrollar
en solidaridad a la comuna integrara la referida instancia de coordinación.
2.Desarrollar una intensa campaña comunicacional dirigida a informar y sensibilizar
a la sociedad venezolana sobre la legitimidad y justeza de la lucha emprendida
por las comuneras y los comuneros de la Comuna Negro Miguel; asimismo, en
cuanto a la pertinencia de combatir el latifundio a objeto de aprovechar la tierra
con fines productivos en el marco de contribuir a satisfacer las necesidades alimentarias
del pueblo venezolano.
3. Elaborar y presentar ante la Fiscalía General de la República un documento mediante
el cual se solicite la inmediata apertura de una averiguación en aras de
que se establezca las responsabilidades penales a que haya lugar en virtud del
conjunto de irregularidades que se infieren de la situación en que se encontraba
este latifundio para el momento en que fue ocupado por las comuneras y los comuneros,
especialmente en lo tocante a la masiva muerte del rebaño de ganado
adquirido bajo subsidio gubernamental y el abandono de instalaciones de alto
costo y tecnología avanzada para la cría y ordeño de ganado vacuno.
4. Elaborar y presentar un documento ante el Instituto Nacional de Tierras a los
efectos de solicitar, previo el cumplimiento del procedimiento de rigor, le sea adjudicada
dicha hacienda a la Comuna.
5. Elaborar y presentar un documento ante la Defensoría del Pueblo a objeto de
solicitar la debida protección de los derechos humanos de las y los integrantes
de la Comuna Negro Miguel, esencialmente, en virtud de la agresión de la cual
fueron objeto por parte de agentes de la Policía del estado Yaracuy y de la Guardia
Nacional Bolivariana, con la pretensión de ser desalojados del fundo, situación de
agresión que lógicamente no ha cesado.
6.Organizar e implementar un tuitazo nacional en solidaridad con la Comuna Negro
Miguel, en los días inmediatamente siguientes.
7.Organizar, en debida coordinación con la Comuna Negro Miguel, la instalación de
un campamento permanente de solidaridad en la Unidad de Producción Social
Bicentenario de Zamora.
Luego de un año de la denuncia inicial sobre latifundio, de la ocupación por parte de
los comuneros y gracias a la resistencia ante la represión militar y policial y a la presión
popular nacional e internacional, los campesinos aceptaron dialogar con el gobierno
nacional pero se mantienen en la toma de la finca, siempre a la expectativa de lograr
la materialización de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario cuyo objetivo fundamental
es una justa distribución de la riqueza, para que las tierras sean trabajadas por los
campesinos sin ser explotados.
270 Informe 2017
Acceso a la tierra y territorio en Sudam�rica
Caso acciones indígenas: jurisdicción especial
indígena en territorios ancestrales
En el caso de la jurisdicción especial indígena huottoja de la cuenca del Cataniapo se
propuso lo siguiente27:
1. La paralización del Plan de Ordenamiento y Reglamento de uso de la Zona Protectora
de la Cuenca Hidrográfica del Río Cataniapo por no haber sido sometido
a la debida consulta de los pueblos indígenas de la cuenca de conformidad a
los usos y costumbres.
2. Entrega del título de propiedad colectiva de sus tierras y hábitat tal como lo establece
el artículo 119 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
3. Un tema destacado por una de las sentencias de la jurisdicción especial indígena
huottoja es que la implementación de cualquier política pública territorial referente
a la ordenación del territorio en las tierras y hábitat huottoja de la cuenca del río
Cataniapo, debe tener como fundamento sus Planes de Vida y Mapas Mentales.
4. Tanto los planes de ordenamiento como los reglamentos de uso deben considerar
e incorporar los usos y costumbres del pueblo huottoja.
5. Aunque las sentencias han sido remitidas al Circuito Judicial del Estado Amazonas
y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Fiscalía del Ministerio Público, Defensoría
del Pueblo, Ministerio del Ambiente y Defensoría Pública Indígena bajo el principio
de colaboración de los poderes, habiendo sido incluso algunas de ellas publicadas
en la página web del TSJ, aún el pueblo huottoja de la cuenca del Cataniapo resiste
para que se le reconozca su territorio de acuerdo a su autodemarcación pudiendo
coincidir la figura de área protegida con la de su hábitat ancestral.
6. Normas
Sin duda Venezuela constituye uno de los países donde existe mayor desarrollo normativo
en temas de derechos fundamentales. No obstante, es el país también donde
existe una enorme disfunción entre derechos reconocidos y derechos ejercidos. La
razón principal de ello es la ausencia de correspondencia entre derechos garantizados
constitucionalmente e instituciones del Estado que velen por su materialización.
7. Instituciones
Las instituciones agrarias, campesinas e indígenas han emergido a la par de la consagración
de nuevos derechos constitucionales. Sin embargo, los tiempos del derecho no
se han correspondido con los de las instituciones, característica fundamental de estos
largos años de nueva carta magna.
27 Propuestas realizadas por la Jurisdicción Especial Indígena huottoja de la cuenca del Cataniapo del estado
Amazonas, Venezuela.
271 VENEZUELA
Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas – Universidad de Los Andes
Como muestra de lo anterior, un total de ocho ministros de Agricultura y Tierras tuvo
Hugo Chávez desde 1999 hasta 2013, y cuatro Nicolás Maduro desde 2013 hasta
2018.
Las instituciones agrarias y campesinas
La Ley de Reforma Agraria de 1960 fue sustituida por la Ley de Tierras y Desarrollo
Agrario con el objeto de hacer que una norma de carácter preconstitucional fuera
conforme con los nuevos derechos reconocidos en la Constitución de 1999. La Ley
de Tierras contiene 281 artículos más 16 dispositivos transitorios y tres dispositivos
derogatorios todos ellos en siete títulos y 34 capítulos, en los cuales se expresa medidas
de orden financiero, comercial, transferencia tecnológica, tenencia de la tierra,
infraestructura y capacitación de mano de obra, entre otras, para el logro definitivo del
desarrollo agrario. Actúa a través de:
a) Instituto Nacional de Tierras (INTI): tiene a su cargo de la regularización de las
tierras con vocación agraria, procedimientos de declaratoria de finca ociosa, certificación
de finca mejorable o productiva así como los procedimientos de expropiación
agraria y de rescate, y para intervenir preventivamente las tierras que se
encuentran improductivas.
b) Corporación Venezolana Agraria (CVA): desarrolla, coordina y supervisa las actividades
e iniciativas corporativas del Estado para el desarrollo agrario.
c) Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER): contribuye con el desarrollo rural integral
del sector agrícola en materia de infraestructura, capacitación y extensión.
Las instituciones indígenas
Contrario a lo que pudiera pensarse, en las principales reivindicaciones históricas de
los pueblos y comunidades indígenas del país nunca estuvo planteada la posibilidad
de contar con un Ministerio de Pueblos Indígenas. La propia Ley de Pueblos y Comunidades
Indígenas de 2005 preveía la creación de un Instituto Autónomo de Pueblos
Indígenas y no de un Ministerio.
Fue en 2006 que el presidente Hugo Chávez propuso la creación de esta cartera
ministerial, desde entonces una enorme burocracia indígena divorciada de las principales
problemáticas indígenas constituye la característica principal de estos años de
existencia del Ministerio. Sumado a ello, el despacho en cuestión no ha tenido ni siquiera
la capacidad de asumir el proceso de demarcación de hábitats y tierras dejando
esto a merced del Ministerio de Ecosocialismo y Aguas28.
28 Este Ministerio anteriormente era el Ministerio del Ambiente.
272 Informe 2017
Acceso a la tierra y territorio en Sudam�rica
8. Publicaciones
Bastidas, Yohama (2018). “Aproximación a un análisis de actores políticos y económicos
de la zona de desarrollo estratégico Arco Minero del Orinoco”. Anteproyecto de
Maestría en Ciencias Políticas. Universidad de Los Andes. Caracas.
Lander, Edgardo (2017). “Neoextractivismo: Debates y conflictos en los países con gobiernos
progresistas en Suramérica”. En Héctor Alimonda, Catalina Toro Pérez, Facundo
Martín (coordinadores). Pensamiento crítico, diferencia latinoamericana y rearticulación
epistémica. Buenos Aires.
Revista Referencias números 1 y 2 del Programa de Educación-Acción en Derechos
Humanos (PROVEA)
Terán Mantovani, Emiliano (2017). Geografía de conflictos socio ambientales en Venezuela:
Petro-Estado, crisis histórica y las nuevas fronteras de los commodities en
ecología política latinoamericana.

274 Informe 2017
Acceso a la tierra y territorio en Sudam�rica
Venezuela en Movimiento
Aproximarse a la realidad venezolana es un desafío para el resto de la región. El proceso post
constituyente, así como en otros países, ha traído una serie de transformaciones que con su
agitada vida política, resulta difícil de desentramar. Al parecer la estrategia del Movimiento y
su búsqueda de experiencias inspiradoras es la mejor forma de procurar la comprensión de
territorios, tan bastos de naciones indígenas y recursos naturales. Las primeras historias que
recogemos, exponen la capacidad de los pueblos indígenas de demarcar sus territorios y ejercer
sus jurisdicciones propias.
275 VENEZUELA
Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas – Universidad de Los Andes
Sabino recupera
por vez primera la
hacienda Tizina, expulsa
al ganadero.
El gobierno crea las
condiciones para
un enfrentamiento
entre Yukpa del
Yaza. Persiguen al
líder Sabino.
Promulgan la ley
de demarcación de
tierras. Sabino por
segunda vez ocupa
la hacienda Tizina
hasta su muerte.
146
caso
Línea de tiempo
La lucha del pueblo Yukpa por
la recuperación de su territorio
Disponible en: http://porlatierra.org/casos/146
2004 2007 2008
276 Informe 2017
Acceso a la tierra y territorio en Sudam�rica
Se conforma un
movimiento nacional
por el legado de
Sabino.
El gobierno ordena
comprar 38 haciendas
solicitadas en
2007 en propiedad
colectiva.
Primera titulación
de tierras Yukpa,
con una visión
agraria.
ZULIA, PERIJ�
“…Yo como yukpa comparto… yo como cacique he luchado
muchos años pues, 30 años luchando, desde que
mi papá estaba vivo… En caso de territorio yo he rescatado
cuatro haciendas, yo no me quedé con esas cuatro
haciendas, en diferentes haciendas hay Yukpa metidos”
(Sabino Romero, Cacique De La Comunidad Chaktapa).
Debido al crecimiento vertiginoso de la frontera agropecuaria
en todas sus tierras planas, las familias Yukpa se
retiraron a las colinas y a las altas montañas de la Sierra
de Perijá, límite con la república de Colombia. No hubo
mayores enfrentamientos como ocurrió con el pueblo
vecino indígena Barí, y en verano los yukpa bajaban a
sembrar entre los matorrales de los últimos alambres de
púas de potreros de las haciendas.
Pese una serie de recuperaciones a manos de los indígenas
y el asesinato de varios yukpas, recién tras la muerte
de Sabino, el gobierno accedió a comprar 38 haciendas
a los ganaderos, bajo dos títulos colectivos, donde viven
1.000 familias Yukpa.
Créditos
Comunidad Chaktapa.
Sistematización realizada por Lusbi Portillo,
Sociedad Homo et Natura.
2009 2013 2014
Foto: Lusbi Portillo
277 VENEZUELA
Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas – Universidad de Los Andes
Asignación de carta
agraria individual
en Aripao.
Participación de la
comunidad en las
discusiones del Plan
y Ordenamiento
de Uso de la RF El
Caura. No aprobado.
Decreto del Arco
Minero del Orinoco.
151
caso
Línea de tiempo
Aripao: Conservando el bosque,
protegiendo el territorio
Disponible: http://porlatierra.org/casos/151
1975 2003 2006
278 Informe 2017
Acceso a la tierra y territorio en Sudam�rica
Autodemarcación
de las tierras
utilizadas por la
comunidad.
Declaratoria Parque
Nacional Caura sin
Consulta Previa a
Aripao.
Firma del Acuerdo
de Conservación
Suapure.
BOL�VAR, SUCRE
“Los Aripaeños tienen derecho propio sobre la tierra,
ellos nacieron en el lugar, Suapure les pertenece por lo
que deben cuidarlo.” (Manuel Martínez, Comunario de
Aripao).
En las últimas décadas se intensificaron las amenazas
de expansión de la frontera agrícola, extracción de madera,
cacería comercial y pesca masiva no controlada y
la minería ilegal. Ante esta situación, se promueve un
Acuerdo de Conservación en una alianza con instituciones,
Aripao se compromete a resguardar el patrimonio
natural de la cuenca, e impulsan fuentes de desarrollo
sustentable con la extracción de productos forestales no
maderables como Sarrapia o Haba de Tonka y aceite de
Copaiba. Ese espacio fue esquematizado y zonificado en
mapas mentales de autodemarcación, se inició la demanda
de su reconocimiento de sus derechos territoriales.
La autodemarcación posibilitó establecer las actividades
tradicionales ejecutadas con enfoque sostenible
y sirvió para que las comunidades consoliden su apego
al área e inicien el reconocimiento de sus derechos territoriales
internamente y hacia terceros, comenzando un
proceso de carácter político, jurídico y cultural.
Créditos
Comunidad de Aripao
Sistematización realizada por Luis Jiménez, Phynatura A.C.
2009 2013 2017
Foto: Phynatura A.C.
279 VENEZUELA
Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas – Universidad de Los Andes
153
caso
Línea de tiempo
Autodemarcación del Nono-Unono del
pueblo Pemon de Kamarata-Kanaimö
Disponible en: http://porlatierra.org/casos/153
Se crea la Federación
de Indígenas del
Estado Bolívar (FIEB).
Las comunidades
obtienen las primeras
cartas agrarias.
1970
Autodemarcación

del pueblo
indígena
Pemon.
2004
Lucha contra el Tendido
Eléctrico. Denuncia del
Piasán Don Carlos Figueroa
en las Naciones Unidas
al Estado por violación de
derechos indígenas.
1998
280 Informe 2017
Acceso a la tierra y territorio en Sudam�rica
Partidización del
movimiento indígena
venezolano.
Impactos del AMO
sobre el territorio
indígena Pemon.
Procesos de demarcación
inconclusos.
Aprobación de la Ley
Orgánica de Pueblos
y Comunidades
Indígenas (LOPCI).
BOL�VAR,
GRAN SABANA
“La calidad de vida para el pueblo Pemon consiste en
tener territorio propio” (Gilberto Abati Ex Capitán General
Sector II Pueblo Indígena Pemon Kamarata-Kanaimo).
La titulación legal de los territorios está pendiente, los
pueblos han impulsado la autodemarcación como fundamento
histórico de la lucha para el aseguramiento
territorial frente al Estado. La autodemarcación del pueblo
indígena Pemon Kamarata-Kanaimö comprende
1.913.750 hectáreas.
A partir de esta autodemarcación, el pueblo y las comunidades
indígenas Pemon se han aglutinado en torno al
territorio y ha permitido el desarrollo de una perspectiva
cultural para enfrentar las amenazas que se ciernen sobre
el mismo. Aunque su reconocimiento y conversión
sigue siendo un asunto pendiente a garantizar por parte
del Estado, las estrategias para su validación son claves
para destrabar la demarcación. Los beneficios de la autodemarcación
aún están por verse y todo dependerá
del nivel de empoderamiento y organización del pueblo
indígena Pemon.
Créditos
Pueblo indígena Pemon de la Gran Sabana.
Sistematizado por Vladimir Aguilar Castro, Grupo de Trabajo sobre
Asuntos Indígenas (GTAI), Universidad de Los Andes.
2006 2010 2017
Foto: GTAI
281 VENEZUELA
Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas – Universidad de Los Andes
Arribo de comunidades
Piapoco al
Estado Amazonas.
Reconocimiento
de la Escuela
Intercultural
Billingüe Tzazenai y
de la comunidad La
Colonial.
Llegada y establecimiento
de la
comunidad Piapoco
en La Colonial.
159
caso
Línea de tiempo
La Colonial: Buscando un nuevo
hogar en el bosque
Disponible en: http://porlatierra.org/casos/159
1970 2001 2004
282 Informe 2017
Acceso a la tierra y territorio en Sudam�rica
BOL�VAR, SUCRE
“Decidimos mudarnos de las sabanas Parhueñas al
Caura, más cerca del bosque, con abundantes recursos”
(Manuel García, 2017).
Las comunidades indígenas valoraron la opción de incorporarse
al Acuerdo de Conservación, planteado por
varias instituciones, ya que consideraron que sería una
opción para desarrollar sus planes de vida, mejorar sus
ingresos y proteger su territorio. Aripao motivó a las comunidades
a analizar la viabilidad de aplicar esta herramienta,
aprovechando para iniciar la gestión de su
territorio y mejorar las condiciones de vida de las familias,
mediante la conservación de la biodiversidad y la
extracción sostenible de productos no maderables, promoviendo
la zonificación del territorio e iniciando la autodemarcación
territorial y el diseño del plan de vida. La
propuesta adelantada ante el Ministerio de Ecosocialismo
y Aguas (MINEA), para la titulación territorial se basa
en reconocer el derecho colectivo del pueblo Piapoco en
La Colonial, además del Área de Conservación Tzazenai,
sobre un espacio aproximado de 40.000 ha.
Créditos
Pueblo Piapoco de la Comunidad de La Colonial.
Sistematizado por Vladimir Aguilar, Luis Jiménez y Pedro Trejo, de
Phynatura A.C.
Solicitud de
titulación territorial
colectiva ante
el Ministerio de
Ecosocialismo y
Aguas.
2017
Inicio de la
autodemarcación
y contrato del
Acuerdo de
Conservación
Tzazenai.
2013
Foto: Phynatura A.C.
283 VENEZUELA
Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas – Universidad de Los Andes
161
caso
Línea de tiempo
Jurisdicción especial indígena como resisten cia
del territorio huottoja “Purinäri aje”
Disponible en: http://porlatierra.org/casos/161
Ley de Reforma Agraria.
Primeras cartas agrarias a
los indígenas de la cuenca
del Cataniapo pero reconocidos
en su condición de
campesinos.
1960
Presencia
más fuerte de
amenazas de
minería ilegal y
deforestación.
2000
Surgimiento de
las primeras
comunidades indígenas
urbanas
en la Cuenca del
Cataniapo.
1980
284 Informe 2017
Acceso a la tierra y territorio en Sudam�rica
Jurisdicción especial indígena como resisten cia
del territorio huottoja “Purinäri aje”
Disponible en: http://porlatierra.org/casos/161
AMAZONAS,
PUERTO AYACUCHO
“Los pueblos indígenas somos los verdaderos guardianes
de nuestro hábitat y territorios en el marco de la
conservación natural ancestral que nos caracteriza en
el manejo de dicho ecosistema…” (Art. 3 Estatutos A.C.
Pueblo Unido Huottoja Del Cataniapo).
En la cuenca del río Cataniapo se encuentra una complejidad
de relaciones multiétnicas y pluriculturales, este
territorio que constituye el hábitat ancestral y tradicional
del pueblo Huottoja del Cataniapo es de carácter colectivo
por lo que se defienden de las actividades nocivas de los
mineros ilegales, invasiones de tierra y la deforestación.
Con estas amenazas, en 2013 los habitantes del pueblo
Huottoja plantearon una jurisdicción especial indígena
de control y gestión, no solo del territorio sino de administración
de justicia. A partir de ese mecanismo, hacen
efectivo su acceso al territorio y la defensa, en garantía
de una vida más digna.
Créditos
Pueblo indígena Huottoja de la cuenca del Cataniapo.
Sistematizado por Vladimir Aguilar Castro investigador-responsable
del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI), Universidad
de Los Andes.
Sentencia sobre
el plan de
ordenamiento
inconsulto en
la cuenca del
Cataniapo.
2014
Creación
de la
Asociación
Civil
OPUHC.
2015
Consolidación
del
proceso
de autodemarcación.
2016
Conformación
de las
jurisdicciones
indígenas
y primeras
sentencias.
2013
Foto: GTAI

Sudam�rica en Movimiento
www.porlatierra.org/casos

288 Informe 2017
Acceso a la tierra y territorio en Sudam�rica
Casos inspiradores sobre acceso
a la tierra y territorio
www.porlatierra.org
Nº Nombre del caso País Créditos
1 Reconquista Paraguay BASE IS
2 Ykua Porâ: El barrio pionero
del asentamiento de Chino Cue Paraguay BASE IS
3 San Julián de Caquetá: De campesinos
sin tierra a grupo asociativo Colombia Agrosolidaria Florencia
4 Asentamiento Arsenio Vásquez Paraguay BASE IS
5 Quilombo Erepecuru:
La libertad de la tierra conquistada Brasil Bianca Pyl, Lúcia Andade
6 Finca San Luis: Familia Murillo Barajas Colombia IPDRS
7 Del hilado a la tierra: El caso de la
Asociación de Hilanderas de Tilipulo Ecuador Freddy Montenegro y Ligia
Chipantasi, SIPAE
8
Del páramo al subtrópico:
El caso de la comuna Maca Grande,
recinto El Palmar
Ecuador Lama Al Ibrahim, CAAP
9 La finca familiar El Sauce,
vereda El Salitre Colombia Omar Rojas Bravo
10 Doña Águeda Mamani. Acceso a tierras
por derecho hereditario negociado Bolivia Fundación TIERRA
11 Comunidad Tava Guaraní Paraguay BASE IS
12 Asentamiento Ñu Pyahu Paraguay BASE IS
13 Vereda El Rosal Colombia Omar Rojas Bravo
14 Corregimiento de Guáimaro, Salamina,
Magdalena Colombia Omar Rojas Bravo
15 Duitama Boyacá: Vereda San Luisi Colombia Omar Rojas Bravo
16 Comunidad Campesina Laderas Centro Bolivia Comunidad de Estudios JAINA
17 Territorio de Lomerío:
Del refugio a la autonomía indígena Bolivia IPDRS
18 Cabildo Indígena Pijao
Comunidad de Guayaquil Colombia Colectivo Agrario Abya Yala
289 IPDRS
Instituto para el Desarrollo Rural de Sudam�rica
Nº Nombre del caso País Créditos
19 Comunidad campesina
de la finca La María – Hato Frío Colombia
Sneither Cifuentes, David Alirio
y Uribe Laverde, Colectivo
Agrario Abya Yala
20
La defensa de la propiedad comunitaria:
Asociación Ganadera Agrícola del Valle
Central de Tarija
Bolivia
Pilar Lizarraga y Carlos Vacaflores,
Comunidad de Estudios
JAINA
21
Contra el avasallamiento y mercantilización:
La resistencia y persistencia
comunal de San Antonio de La Cabaña
Bolivia Pedro Azuga Hurtado, Comunidad
de Estudios JAINA
22 Asociación de Productores
Agropecuarios de San Rafael Ecuador Lama Al Ibrahim, CAAP e
Ivonne Dávila, FLACSO
23 Resguardo Indígena Pijao de Palma Alta Colombia
Yala Lorieth , Macias Melo
María Angélica Robayo Yannia
Garzón Valencia Colectivo
Agrario Abya
24 Granja escuela agroecológica Mutualitas
y Mutualitos Bogotá, Colombia Colombia
Isabel Colmenares, Marcela
Rodríguez Guzmán y Felipe
Castiblanco Álvarez, Colectivo
Agrario Abya Yala.
25 Asociación de Productores
de Abonos Orgánicos Paocos Colombia
Yala Luz Galíndez Marín
Baudelino Galíndez Colectivo
Agrario Abya
26 Cusiseras en Yaguarú:
Palmera con trabajo de mujeres Bolivia CIPCA Santa Cruz.
José Arturo Herrera León
27 Jatun Ayllu Kirkiawi: Identidad,
territorio y libre determinación Bolivia Toribia Lero Quispe;
Jatun Ayllu Kirkiawi
28 Guirasai, una comunidad guaraní
que se construye en libertad Bolivia Mauro Hurtado Morón,
CIPCA Cordillera
29
Construir un hogar para la vida:
Campesinos y ecología en la comunidad
de Villa Fátima
Bolivia José Arturo Herrera León,
CIPCA Santa Cruz
30 Memoria y reparación: La lucha por
la tierra del asentamiento Zé Bentao Brasil Ana Lúcia Nunes
31 Comunidad de Collagua. Un ejemplo
de perseverancia y organización Bolivia Esteban Sanjinés,
Fundación TIERRA
290 Informe 2017
Acceso a la tierra y territorio en Sudam�rica
Nº Nombre del caso País Créditos
32
Albergue ecológico Chalalán.
El aprovechamiento de un territorio
indígena en la amazonía boliviana
Bolivia Juanita Roca Sánchez,
Fundación TIERRA
33
“Vivir libre, vivir sin dueño”, la lucha por
reconstruir el territorio de la comunidad
guaraní Isipotindi
Bolivia
Rolando Villagra Quispe y
José Arturo Herrera León,
CIPCA Cordillera
34 Assentamento Canaã: os palestinos da
Amazônia Brasil Ana Lúcia Nunes
35 Asociación de productores
orgánicos de Vinces Ecuador Melissa Ramos Bayas, SIPAE
36
Experiencia asociativa y comunitaria en
la gestión del territorio: Asociación de
Usuarios del Campo Comunal de Cerrito
Totora
Paraguay BASE IS
37
Memoria: Arma de lucha por la tierra
Asentamiento Comunidad Campesina
Arsenio Báez
Paraguay BASE IS
38 Quilombola Cabeceiras: Sem medo
de amanhã não poder estar aquí Brasil Otávio Penteado, Comissão
Pró-Índio de São Paulo
39 Ramada quemada:
Consolidación y gestión territorial Bolivia Martha E. Durán y Simar
Muiba. Fundación TIERRA
40 Lucha por la tierra en la comunidad
de Ivitipora Bolivia José Arturo Herrera,
CIPCA León
41 Jatun Ayllu Yura:
Identidad, territorio y autogobierno Bolivia Martha Cabrera Cabrera,
Jatun Ayllu Yura
42
Comunidad indígena Sawhomaxa
Historia de lucha y reivindicación territorial
en el Chaco paraguayo
Paraguay Julia Cabello Alonso,
Tierra Viva
43
Comunidades de Daule –Peripa:
De afectadas a guardianas
de la soberanía alimentaria
Ecuador SIPAE, Jimmy Pérez Bravo
44 Vida rural y autosustentabilidad
en la historia de vida de Aida Cid Chile Marcos Zapata Jaque,
Universidad de Concepción
45 La lucha por el territorio en la
comunidad ancestral La Toglla Ecuador Kathrin Hopfgartner, IEE/
OCARU
291 IPDRS
Instituto para el Desarrollo Rural de Sudam�rica
Nº Nombre del caso País Créditos
46 La propiedad comunitaria de
la tierra en Caspigasí del Carmen Ecuador Fabiola Castro, SIPAE
47
Asociación campesina San Isidro
del Jejuí: El retoro a las tierras y la
conquista de la titulación asociativa
Paraguay Alejandra Torrents y Alejandra
Estigarribia, Grupo SUNU
48
Corporación microempresarial
Yunguilla: La propiedad sustentable
de turismo comunitario
Ecuador Kathrin Hopfgartner,
IEE/OCARU
49 Yanaocas en los andes y la amazonia Perú Cáritas Madre de Dios/IPDRS
50 Yembiguasu, territorio guaraní
de frontera Bolivia Capitanía de Macharetí/ CIPCA
Cordillera, IPDRS
51 Prohibido olvidar:
Asentamiento Mariano Díaz Paraguay BASE IS
52 Belén de Andamarka
y la libre determinación Bolivia Edwin Armata Balcazar,
Programa NINA
53 Acopía: Retorno al campo, una apuesta
familiar para la edificación de sueños Perú Asociación Arariwa/IPDRS
54 Soberanía: unidad y solidaridad
en la amazonía Bolivia Tony Hauck, CIPCA Pando
55 La comunidad Huntuta
y las tierras de Dania Bolivia
Juan Marcelo Mercado
Ponce, Comunidad Científica
Antropológica-U.T.O.
56 Tierras para miel y bosques Ecuador Diana Cabascango y
Patricio Guamán, IEE /OCARU
57 Asentamiento Nueva Esperanza Paraguay
Mario Paredes y Margarita
Franco, Centro de Estudios
y Formación para el
Ecodesarrollo/ALTER VIDA
58
Ordenamiento de nuestra Casa Grande:
Comunidad Indígena Santa Clara de la
Estrella
Bolivia
Carolina Carpio Villarroel
e Ivan Shelemen,
CIPCA Santa Cruz
59 De la resistencia campesina
a la promoción del cacao Perú Cáritas Madre de Dios e IPDRS
60 Comunidades Vitória/Cachoeirinha
A semente da Revolucão Agrária Brasil Ana Lúcia Nunes
292 Informe 2017
Acceso a la tierra y territorio en Sudam�rica
Nº Nombre del caso País Créditos
61 Finca Pagliafora,
una experiencia de agroecología Argentina
Anabel Acosta, Victoria
Pasero y Eduardo Latino,
Grupo Mendoza
62
Huancalle, el florecimiento
de oportunidades: La experiencia
familiar de Narciso y Segundina
Perú CEDEP Ayllu/IPDRS
63 Trayectorias para un retorno,
el emprendimiento de José y Sofía Perú Asociación Arariwa/IPDRS
64 Frontera y resistencia
en la Comunidad de Trinchera Bolivia CIPCA Pando/IPDRS
65
Memoria y reconstitución
de la comunidad campesina
Viscatámpata – Orccohuasi
Perú Alejandro Bellido Baygorrea
y Honorato Méndez
66
Assentamento Oziel Pereira:
A Reforma Agrária são dois passos
adiante e um atrás
Brasil Ana Lúcia Nunes
67 Comunidade Quilombola Kalunga Brasil Ana Lúcia Nunese
Miguel Colaço
68 Pueblo Kamëtsá y su R-existencia Colombia Milson Betancourt, LEMTO
69 Quilombo de Ivaporunduva: protagonismo
na luta por reconhecimento Brasil Comisión Pro Indio
70
Zona de Reserva Campesina de Cabrera:
Memorias de lucha por la permanencia
en el territorio
Colombia
Angie Lorieth Macías,
Sebastián Ramírez, Andrés
Caballero, Mónica María Riaño
y Andrés Forero, Colectivo
Agrario Abya Yala
71 Assentamento Conceição:
A experiencia familiar de Adiva Nunes Brasil Ana Lúcia Nunes
72
Reivindicación por el Territorio en el
Departamento del Cauca: Consejo Comunitario
Comunidad Negra del Pílamo
y Palenque
Colombia
Inti Natalia Castro Zamora,
María Angélica Robayo,
Marcela Rodriguez Guzmán,
David Alirio Uribe y Diego
Balvino Chavez, Colectivo
Agrario Abya Yala
293 IPDRS
Instituto para el Desarrollo Rural de Sudam�rica
Nº Nombre del caso País Créditos
73
Consejo Comunitario de la Alsacia:
lucha constante por la permanencia
y defensa del territorio
Colombia
Nohora Cristina Rivera
Mancilla y Carolina Gutiérrez
Antolínez, Colectivo Agrario
Abya Yala
74 Tierra y aprecio: El caso de los Jararishun
en la Comunidad de la Calera Ecuador Esteban Daza, IEE/OCARU
75 Mayach’tasita Markanakas: De la
música a la titulación del territorio Bolivia Marcelo Mercado, CCA-UTO
76 Cajibío: Asociación de Productores
Campesinos de La Pedregosa Colombia
Sara Jiménez, David Uribe y
Marcela Rodríguez, Colectivo
Agrario Abya Yala
77 Associação do Criminoso: Da produção
individual à produção coletiva Brasil Ana Lúcia Nunes
y Miguel Colaço
78 Ñucanchi Llacta: de vuelta a la tierra Ecuador Esteban Daza, IEE/OCARU
79 Pueblo Mbya Guaraní: Comunidad
Indígena Yvyratymi (Vega Cué) Paraguay Mario Paredes y Margarita
Franco, ALTER VIDA
80 Ocupación Amarildo de Souza: Por
tierra, trabajo y techo Brasil Marina Almeida, Brigadas
Populares
81 Resistencia y lucha por la tierra: Comunidad
Tierra Hermosa Bolivia
Victoria Pasero, Gizell Caballero,
Carolina Carpio y Ivan Shelemen,
CIPCA Santa Cruz
82
A luta pela terra/territorio no Norte do
Estado do Rio de Janeiro: a formação
dos assentamentos rurais de reforma
agrária
Brasil
Eduardo Barcelos,
LEMTO/ Universidade Federal
Fluminense
83 La defensa territorial desde la jurisdicción
indígena de Zongo Bolivia Pedro Pachaguaya y Juan
Carlos Marcani. ADA La Paz
84 Ocupação do Engenho Prado: Do sonho
à conquista de un pedaço de terra Brasil José Plácido da Silva Junior,
LEMTO
85 Quilombolas de Macapazinho:
A liberdade da terra titulada Brasil
Daniela Carolina Perutti y
Otávio C. Penteado, Comissão
Pró-Índio de São Paulo
86 Cabildo Indígena del Resguardo de
Corinto: Autonomía y liberación Colombia Berta Camprubí
294 Informe 2017
Acceso a la tierra y territorio en Sudam�rica
Nº Nombre del caso País Créditos
87 Quilombolas de Guajará Mirim
e a luta por su território Brasil
Daniela Carolina Perutti y
Otávio C. Penteado, Comissão
Pró-Índio de São Paulo
88 Comunidad de Cerro Norte Colombia Juan Jacobo Castillo
89 Comunidade Indígena Pataxó – Aldeia
Indígena Barravelha (Xandó) Brasil Camila Peters Ferrão
90 TIPNIS: Defendiendo
nuestra Casa Grande Bolivia
Marco Arnez Cuéllar,
Colectivo Autogestionario
Territorios en Resistencia
91 Proyecto de Asentamiento
Emiliano Zapata Brasil Valentina Montealegre Melo,
Colectivo Agrario Abya Yala
92 De la guerra entre ayllus a la
producción de coca en Asunta Chica Bolivia Edwin Armata Balcazar,
Programa NINA
93 A familia Teixeira recupera
das terras do Marobá Brasil
Natália Alves da Silva e Isabella
Gonçalves Miranda, Brigadas
Populares
94 Dandara: ocupação rururbana Brasil
Isabela Gonçalves Miranda y
Luiz Fernando Vasconcelos de
Freitas, Brigadas Populares
95 La reconquista del territorio
indígena Leco Bolivia Esteban Sanjinés Delgadillo,
Fundación TIERRA
96 Rodeito, la lucha incansable de un
sindicato agrario por su territorio Bolivia Regional Valles,
Fundación TIERRA
97 Demarcação das terras indígenas
no Alto Rio Negro Brasil Victor Pires Ferreira Corrêa,
ISA
98 Asociación Campesina Guariche Ecuador
Isaac Araujo, Alejandra
Santillana, Esteban Daza y
Isabel Salcedo, IEE/OCARU
99 María, mensajera de lucha
y dignidad mapuche Argentina
María del Carmen Puel, Anabel
Acosta, Mercedes Meineri y
Victoria Pasero, Grupo Mendoza
100 Criação do Corredor de Áreas
Protegidas a Terras do Meio Brasil ISA
101 San Juan de Kelequelera,
una comunidad Leco en el siglo XXI Bolivia Rolando Flores Lima
295 IPDRS
Instituto para el Desarrollo Rural de Sudam�rica
Nº Nombre del caso País Créditos
102 Preservar los caudaudales como
resistencia en la Galerita Ecuador Isabel Salcedo
103 El retorno a la tierra de Petrona Alcón Bolivia Martín Torrico Zas
104 Dom Luciano Mendes: A luta pela
reforma agrária em Salto da Divisa Brasil
Luiz Fernando Vasconcelos
de Freitas e Isabellla Goncalves
Miranda, Brigadas Populares
e CPT
105 Comunidad Miraflores. Recuperación
del territorio y agroforestería Bolivia Bacilia Quispe Orías
y Roberto Menchaca M.
106 ASOMAC: Una reforma agraria
campesina y solidaria Ecuador Esteban Daza y Alejandra
Santillana, OCARU /IEE
107 OINCO: Construir comunidad
para acceder a la tierra Bolivia Ida Peñaranda
108 Comunidad Yurumani,
superando el aislamiento Bolivia Rolando Flores Lima
109 La perseverancia de las mujeres
para acceder a la tierra en Chiara Perú Honorato Mendez Bautista
110 Las luchas de la Marka Quila Quila Bolivia Samuel Flores, Nación Qhara
Qhara, y Stalin Herrera
111 Comunidad de Santa María
y la lucha por la tierra Bolivia Roberto Menchaca Morales
y Bacilia Quispe Orías
112 Sembrando resiliencia
en las pampas de Jailia Bolivia Ida Peñaranda y Cristhian
Buitrago Tejerina
113 Grupo Centurión: el acceso a la tierra
en el noreste ganadero del Uruguay Uruguay Pablo Díaz Estevez
e Ignacio Paparamborda
114 Comunidad indígena Carhuancho.
Por la defensa de la tierra y el agua Perú Ivonne Marleny Pacheco Maita
115 Finca Los Alpes: Acceso a la tierra
y a la producción ecológica Colombia Yuli Fernanda Sánchez Alzate
116 La historia de Ema Tapullima
y las señoras de Puerto Prado Perú Guillermo Reaño,
Grupo Viajeros
117 Los shiringueros de Tahuamanu quieren
vivir nuevamente de sus bosques Perú Guillermo Reaño,
Grupo Viajeros
296 Informe 2017
Acceso a la tierra y territorio en Sudam�rica
Nº Nombre del caso País Créditos
118
Reserva Comunitaria de Junín,
defendiendo el territorio ante la
amenaza minera
Ecuador Diana Carolina Murillo Martín
119 MABOSINFRON, guardianes
del bosque de Alto Purús Perú Guillermo Reaño,
Grupo Viajeros
120 Tariquía, una reserva natural
como territorio Bolivia Pedro Azuga Hurtado
121 Caimito decidió vivir del bosque Ecuador Gabriela Ruales
122 Titulación de la tierra, condición para la
supervivencia de la comunidad Ayapata Ecuador Enver Aguirre, IEE / OCARU
123 Yateirenda, la tierra de la miel
de señorita Bolivia Daniela Toledo Vásquez
124 Identidad y poder comunal en la defensa
del territorio en la comuna Tola Chica Ecuador Isabel Salcedo Quiroga
125 Las mujeres de Patarani y
sus luchas por el acceso a la tierra Bolivia Martha Irene Mamani Velazco
126 Randy Mikuna, de Toacaso a la olla Ecuador Esteban Daza y Milton Corrales
127 Intag, historia de una luz Ecuador Judith Flores
128 Acceso a la tierra en la
comunidad de Uyuvirca Perú Jennifer Alejandra Llamoca
129 Experiencia de recuperación
de tierras en Nuevo Paraíso Ecuador Enver Aguirre, IEE / OCARU
130 San José de Apartadó: ruptura con el
estado como resistencia a la guerra Colombia Berta Camprubí
131 El acceso a los campos públicos
en la Cuchilla del Fuego Uruguay Pablo Díaz Estévez
132 Recinto San Martín: resistencia
al Plan Colombia desde el territorio Ecuador Gioconda Avilés y Cristina
Borja, Acción Ecológica
133 Comunidad 24 de mayo: mujeres
kichwas defendiendo la tierra Ecuador Mauricio Alvarado,
IEE / OCARU
134 Santa Catalina de Chongoyape rescató
sus bosques para recuperar su territorio Perú Guillermo Reaño,
Grupo Viajeros
297 IPDRS
Instituto para el Desarrollo Rural de Sudam�rica
Nº Nombre del caso País Créditos
135
Sembrar suelos para defender la
tierra de la contaminación petrolera
en Shushufindi
Ecuador Braulio Gutiérrez, IEE / OCARU
136 La Piedra: Ocupar, resistir,
producir y crear Argentina
Paula Reinoso,
María Mercedes Ferrero y
Sabrina Villegas Guzmán
137 Juana y la Comunidad Tres Islas
contra la minería ilegal Perú Guillermo Reaño
138 Lucha por la tierra:
Asentamiento 29 de octubre Paraguay AlterVida
139 Proceso Campesino y Popular La Vega Colombia Berta Camprubí
140 Parceleros y su resistencia
por la tierra ante la urbanización Perú Nekson Pimentel
141 La Cooperativa Cuchiyaco Argentina Cristina Esteban
142 El éxodo de Mercedes y Gustavo
por retornar a la vida rural Uruguay Mercedes Acland
y Gustavo Delfín
143 La lucha por la tierra
del Asentamiento Che Jazmín Paraguay AlterVida
144 Resguardo Inga Mandiyaco:
abundancia y familia Colombia Berta Camprubí
145 El Asentamiento Ka’atygue
lucha por la tierra Santa Rosa Paraguay AlterVida
146 La lucha del pueblo Yukpa
por la recuperación de su territorio Venezuela Lusbi Portillo,
Sociedad Homo et Natura
147
Autonomía de la Nación Wampís:
Tarimat Pujut y la construcción del
futuro común
Perú Shapiom Noningo Sesén,
GTANW
148 Los Weenhayek, en camino
a la consolidación de su territorio Bolivia IPDRS/CERDET
149 Familia Moons Herrera y la opción
por habitar poéticamente la provincia Uruguay Fernando de la Cuadra
150 Vereda La Honda: Retornar
a la tierra luego del desplazamiento Colombia Agrodescendientes
298 Informe 2017
Acceso a la tierra y territorio en Sudam�rica
Nº Nombre del caso País Créditos
151 Aripao: Conservando el bosque,
protegiendo el territorio Venezuela Luis Jiménez
152 La Moralia y Venus luchan
por la tierra en el Valle del Cauca Colombia Berta Camprubí
153 Autodemarcación del Nono-Unono del
Pueblo Pemon de Kamarata-Kanaimö Venezuela Vladimir Aguilar, GTAI
154 Retornar al campo: Opción de vida de la
familia Aquino Poma Bolivia
Rosmery Villca,
Wilfredo Plata, Janneth Quispe
y Miriam Huacani
155 Jóvenes agricultores: relevo generacional
en la agricultura y el campo Perú Elizabeth Guillen Castro
156 Familia Mesa Belokón y su decisión de
vivir y producir en el campo Uruguay Virginia Rossi
157 Pueblo Mampa: liberar la alimentación,
alimentar la libertad Argentina Cristina Esteban
158 Pananti APG: La decidida lucha de las
mujeres por acceder a su territorio Bolivia IPDRS / CERDET
159 La Colonial: Buscando un nuevo hogar
en el Bosque Venezuela Vladimir Agular, GTAI,
Phynatura
160 Asentamiento San Isidro Labrador,
resultado de esfuerzos y unidad Paraguay Ana Mujica, Comisión Vecinal
San Isidro Labrador
161
Jurisdicción especial indígena
como resistencia del territorio
Huottoja “Purinäri aje”
Venezuela Vladimir Aguilar, GTAI
162 Machete y Garabato: Compromiso
y creatividad en Quevedo Ecuador IEE/OCARU
163 Areia Grande: A luta no sertão
baiano é pelo Fundo de Pasto! Brasil CPT
164
Insurgência das Comunidades
Tradicionais de Fundo de Pasto
do Baixio do São Francisco
Brasil CPT
165
Discriminatória Judicial de Pilões: uma
nova possibilidade de acesso à terra e
ao território camponês
Brasil CPT

299 Informe 2017
Acceso a la tierra y territorio en Sudam�rica
300 IPDRS
Instituto para el Desarrollo Rural de Sudam�rica
Ilustración de Knorke leaf (2017) “¿Qué hace el Movimiento Regional por la Tierra y Territorio?”. La imagen intenta reflejar una explicación
general y detallada de la concepción del Movimiento, a través de sus principales acciones y su búsqueda por mil casos inspiradores de
acceso a la tierra y territorio, que construye una plataforma de información y conocimiento sobre experiencias que muestran procesos de
dignificación rural, luchas campesinas e indígenas por la tierra, iniciativas de acceso a mercados alternativos para la producción agropecuaria,
entre otros avances. La visibilización de estos casos inspiradores en www.porlatierra.org complementa y coadyuva a las demandas
por tierra y luchas de defensa territorial, amplía los lazos solidarios y estratégicos entre el campo y la ciudad y proporciona insumos para
renovar las categorías que describen a los sujetos rurales, su forma de vida y proyectos a futuro.
301 Informe 2017
Acceso a la tierra y territorio en Sudam�rica
MARCO GENERAL
ARGENTINA BOLIVIA BRASIL COLOMBIA ECUADOR PARAGUAY PERÚ VENEZUELA
Persiste la ausencia de discusión
sobre la tierra, su acceso
y Expansión del agronegocio:
19,2 millones de ha de soja
y 5,1 de maíz (casi exclusivamente
transgénicos), y 1,7
millones de ha de girasol, que
son 70% de la superficie sembrada
a nivel nacional.
Deforestación de casi 130.000
ha en Salta, Santiago del Estero,
Formosa y Chaco; casi la
mitad en áreas protegidas por
la Ley de Bosques (Nº 26.331).
Intensa campaña del gobierno
nacional por el fracking y la
megaminería, en busca de capitales
internacionales. Nueva
ampliación de la frontera
hidrocarburífera en Neuquén,
Río Negro, Mendoza poniendo
en riesgo la producción ganadera,
frutícola, hortícola y
vitivinícola.
Empresarios y el poder político
presionan para ampliar la
frontera de la megaminería.
Profundización y territorialización
de las actividades extractivas,
se registra avance en
la criminalización, represión
y hostigamiento a los pueblos
indígenas, comunidades
campesinas y organizaciones
sociales que se oponen al extractivismo
en sus diferentes
facetas.
Baja de ingresos por materias
primas, intensificación de
extractivismo (hidrocarburos,
proyectos energéticos, ampliación
de frontera agrícola).
Resistencia indígena, campesina
y aliada por la afectación
a territorios y modos de vida.
Concluyó el plazo para el saneamiento
y titulación de la
tierra, previsto para diez años.
Se amplió dos veces y falta
titular 20% de la tierra (20
millones de ha).
Respaldo y atención gubernamental
al sector agroindustrial,
no a pequeños productores,
campesinos indígenas,
que reciben proyectos e inversiones
no suficientes para
salir del estancamiento.
Creciente importación de productos
agrícolas.
Abrogación de la Ley 180 de
intangibilidad del TIPNIS,
ícono de la resistencia al
extractivismo, para dar paso a
la construcción de la carretera
por medio de dicho territorio.
Denuncia de este hecho ante
el Tribunal Internacional de
los Derechos de la Naturaleza,
que recomienda al gobierno
nacional, moratoria al proyecto.

Logros en la implementación
de autonomías indígenas por
parte de organizaciones y
territorios para el ejercicio de
su autodeterminación y autogobierno.
É inegável que o Brasil
passa por uma crise política
sem precedentes, no qual a
mudança forçosa de governo
imprimiu um novo momento
onde as políticas liberais,
que favorecem o latifúndio
e o grande capital, ganham
força promovendo retrocessos
em direitos socioambientais,
principalmente aqueles que
se referem ao direito à terra e
ao território por parte de povos
indígenas e comunidades
tradicionais no país. Neste
contexto o ano de 2017 foi
um ano de aprofundamento
desse processo de retrocesso,
implicando, assim, em um
ano de incremento substancial
da violência e dos conflitos
no campo.
Lo agrario como origen y desarrollo
del conflicto armado. Las
elites y su influencia sostienen
la concentración de la tierra.
La RRI es el primer punto del
Acuerdo de paz, su puesta en
práctica muestra:
- Sostenibilidad fiscal que
reduce las obligaciones del
Estado.
- Burocratización del Fondo
Nacional de Tierras.
- No se vulnerará el derecho a
la propiedad privada.
- Burocratización en el listado
de beneficiarios.
- Desarrollo integral incluye
a empresarios. Las ZIDRES
fomentan la agroindustria.
- Seguridad jurídica y regularización
del mercado de
tierras, en consenso con los
grandes propietarios.
- Derechos de uso para pequeños
y medianos productores,
por concesión y no
propiedad.
Creciente incertidumbre entre
sectores que apoyaron el proceso
de paz.
Implementación de disposiciones
del Acuerdo y la RRI,
61% no iniciadas, 30% mínima,
0% intermedia, 4%
complementa.
Persecución y asesinato de líderes,
defensores de la tierra:
170 líderes asesinados; Cauca
(32), Nariño (28), Antioquia
(23), Valle (14) y Chocó (12).
Lenín Moreno de Alianza País
asume la presidencia con
mayoría en la Asamblea Nacional.
Jorge Glas (vicepresidente)
preso por vínculos con
Odebrech.
Consulta popular retoma el
tema del Yasuní. Nuevo escenario
para el diálogo con las
organizaciones campesinas e
indígenas.
Se lanzó la Gran Minga
Agropecuaria para saldar la
“deuda agraria”: las políticas
productivas profundizan la
dependencia campesina; continuidad
al Acuerdo Comercial
Multipartes con la Unión
Europea; impulso al Acuerdo
Comercial Bilateral con los Estados
Unidos; fortalecimiento
de la agro-exportación y la expansión
de los monocultivos;
las empresas camaroneras
son el principal exportador.
No se habla de redistribución
de tierras, desprivatización
del agua o de Soberanía Alimentaria.
Apoyo al modelo agroexportador:
cultivo extensivo de soja,
deforestación y explotación de
recursos naturales.
Gestión y estructura pública
al servicio del agronegocio, a
costa de los derechos de campesinos
e indígenas, y normativas
sobre la preservación del
medio ambiente y la salud.
Gobierno vetó leyes en favor
de asentamientos campesinos
y la condonación de deudas.
Daños irreparables a comunidades
rurales por fumigación
de plantaciones de soja, e
inclemencias climáticas que
afectaron a la actividad agrícola.
La respuesta del Gobierno
ante los reclamos campesinos
fue la criminalización. La
Fiscalía y la Policía actuaron
como brazos ejecutores de
acciones desmovilizadoras de
las organizaciones en su lucha.
(82 personas detenidas,
19 imputadas, y 8 casos de
violenta represión).
El desalojo, maniobra propiciada
por latifundistas para
apropiarse de tierras destinadas
a la reforma agraria y
extender cultivos extensivos
como la soja.
A fines de 2016 se declaró
la emergencia por sequía en
algunas zonas del país. El
fenómeno de El Niño Costero
afectó a 107.827 ha de tierras
de cultivo y se perdieron
50.154 ha. Se destruyeron
22.674 km de canales de riego
y fueron afectados 49.479 km.
285.955 personas damnificadas
y 1.559.487 afectadas. Se
aprobó el Plan de Reconstrucción
con Cambios.
La política agraria no toma
en cuenta leyes a favor de la
agricultura familiar y seguridad
alimentaria.
Retardación de programas
como el Proyecto de Titulación
de Tierras Rurales (PTRT3) y
acciones de instancias como
el Comité Consultivo del
PTRT3 y la Comisión Multisectorial
de Promoción y Desarrollo
de la Agricultura Familiar.
El Decreto Legislativo N°
1333 (enero) facilita grandes
inversiones privadas, pone
en riesgo las tierras de los
pequeños agricultores y los
territorios comunales. Movilizó
a organizaciones indígenas
del Pacto de Unidad, que logró
su derogatoria. El Ejecutivo,
insistió con otro proyecto de
ley con el mismo tenor de la
norma derogada.
La economía venezolana dejó
de basarse en la agricultura
y se basa casi exclusivamente
en la explotación de hidrocarburos
y minería. Desde el
2012, las exportaciones de petróleo
crudo se constituyeron
en 92% del PIB.
El Plan de la Patria (2013-
2019), formuló la eliminación
del latifundio; la aceleración
de la democratización del acceso
a los recursos naturales
para la agricultura, impulsando
su uso sostenible y estableciendo
mecanismos para
la nueva institucionalidad
que garantice la participación
de pequeños y medianos
productores. Sin embargo, sus
resultados son poco conocidos
y las tensiones políticas
experimentadas en Venezuela
expresan la complejidad de
los logros en el campo del desarrollo
rural.
302 IPDRS
Instituto para el Desarrollo Rural de Sudam�rica
AVANCES EN EL ACCESO A LA TIERRA
ARGENTINA BOLIVIA BRASIL COLOMBIA ECUADOR PARAGUAY PERÚ VENEZUELA
Según la Dirección Nacional
de Tierras y Unidades Agropecuarias,
se avanzó en ocho
proyectos de titulación en
cinco Provincias por cerca de
34 mil ha para 1.040 familias
titulares.
A inicios del 2018 se entregó
425 ha a 23 familias de pequeños
productores tabacaleros,
ganaderos y horticultores
de Pozo Azul (Misiones).
Concluyó 6 relevamientos
territoriales y se reconoce la
ocupación actual, tradicional
y pública, por algo más de 25
mil ha a comunidades de pueblos
Ocloya (14.592 ha), Wichi
(4.074,5 ha), Tastil (4.113 ha),
Mbya Guaraní (2.446 ha), Fiscara
(234,4 ha).
Campesinos, indígenas y productores
pequeños se mantienen
en lucha por la tierra.
Un ejemplo es la organización
campesina de Productores
Independientes de Piray (Misiones).
En 2013, logró una
ley para expropiar 600 ha a la
multinacional Alto Paraná del
Grupo Arauco. Tras 4 años, el
gobierno de Misiones entregó
las primeras 166 ha, y en las
83 ha agrícolas, familias produjeron
alimentos para consumo
familiar y el mercado.
Según el gobierno, a través
del INRA, se habría concluido
el saneamiento de la tierra en
Bolivia, de 103 millones de ha,
quedando un 20% en proceso.
El 2017, según el INRA, el
saneamiento de derecho propietario
de empresarios y medianos
productores avanzó en
4.6 millones de ha (de 6,3 millones
a 10,9 millones de ha).
Se identificaron 2 millones de
ha de tierra fiscal.
A comunidades campesinas
e interculturales se titularon
más de medio millón.
En el caso de saneamiento de
tierras comunitarias de origen
desde hace unos años no tiene
avance. Pero, según los datos
del INRA, entre 2016 y 2017
la superficie disminuye en
100.000 ha, sin más detalle,
de 23,9 millones a 23,8 millones
de ha.
De las 8,1 millones de ha de
tierra fiscal disponible, al
2017 unas 3,2 millones ya
habrían sido distribuidas a
42.073 familias campesinas
e indígenas, de 1.273 comunidades.
A normativa de regulação da
terra tenha sido estabelecida
em 1850, solidificando o mecanismo
de compra e venta, a
Constituição (1988) promoveu
avanços no sentido de se reconhecer,
ainda que sob tutela
do Estado, o direito a terras
ancestrais demarcadas a povos
indígenas e quilombolas.
O Brasil ainda assiste níveis
espantosos de concentração
fundiária, o que se traduz
em concentração de poder
que acaba gerando, por sua
vez, a situação de conflito no
campo. Uma vez que o atual
governo se estabeleceu com
base em aliança com a bancada
ruralista do Congresso
Nacional, que são voz e voto
da oligarquia latifundiária
no país, foi possível observar
a confirmação de algumas
tendências durante os últimos
anos: o abandono sistemático
das políticas de criação de assentamentos
rurais e homologação
de territórios indígenas,
além da reversão de políticas
e do marco normativo que de
alguma forma protegiam os
direitos das populações tradicionais
ou grupos em situação
de subalternidade do país.
800.000 familias campesinas
no poseen tierra (desplazadas
por el conflicto u otros).
59.5% de trabajadores agrarios
en tierras informales.
0.1% de las explotaciones
agropecuarias tienen más de
dos mil ha y controlan 60% de
la tierra; mientras 81% tiene
un promedio de 2 ha y ocupa
menos de 5% de la tierra.
Titulación: 42,7% de las UPAs
de más de 2.000 ha, con irregularidad
en la apropiación,
evasión fiscal, etc.
El Fondo de Tierras se propone
3 millones de ha constituidas
por: Tierras provenientes de la
extinción judicial de dominio o
recuperadas; de la actualización,
delimitación y fortalecimiento
de la Reserva Forestal;
adquiridas o expropiadas con
indemnización; donaciones.
Sin embargo: El Estado desconoce
cuántos baldíos tiene;
los procesos de extinción judicial
marchan lentamente.
Algunas Zonas de Reserva se
interponen a las demandas
colectivas de indígenas y
afrodescendientes; mineros y
petroleros.
La propuesta de Ley de tierras
fue rechazada por campesinos
e indígenas.
ANT facilitará tierra a 942
familias para subsistencia y
ganancias.
No existe política de redistribución
de tierras. La ley de
Tierras (2016) se convirtió en
un bloqueo legal y simbólico.
Las organizaciones denuncian
la burocratización del proceso.
Lenín Moreno ofreció 300.000
títulos, legalización de predios
y territorios ancestrales. Se
entregaron 22.459 títulos y el
MAG formaliza catastros en la
Costa.
El programa Acceso a tierras
de los productores familiares
y legalización masiva en el
territorio ecuatoriano, ha mutado
de nombre, indicadores
y metas, arrancó en 2010 y
cierra en 2018. Rendición
de Cuentas del Ministerio
de Agricultura y Ganadería:
26.876 títulos a predios a
pequeños y medianos agricultores;
1.231,79 ha redistribuidas
a pequeños y medianos
productores; 3.926.29 ha
tituladas a comunidades y
nacionalidades; 10.086,61 ha
entregadas a proyectos productivos;
1.660 resoluciones
de jurisdicción voluntaria.
INDERT regularizó lotes entregados
a través del Sistema
de Información y Recursos
de la Tierra y abandonó la
compra o recuperación de
nuevas tierras irregularmente
apropiadas, para beneficio de
campesinos.
Se entregó certificados de adjudicación
de 10.327 lotes, un
paso previo a su titulación. Se
entregó 679 títulos.
Ausencia de herramientas jurídicas
para defender las tierras
destinadas a las familias
campesinas en el marco a la
reforma agraria.
Acceder a este bien sin mediación
del Estado es prácticamente
imposible, por los
altos niveles de precios en el
mercado y el acaparamiento
casi exclusivo por empresas
agrícolas de monocultivo y
ganadería.
Los sin tierra que ocupan
pacíficamente las tierras incultas
corren el riesgo de imputación
criminal por invasión
de inmueble y con órdenes
judiciales son remitidos a las
cárceles.
Del total de las comunidades
reconocidas (7,538), el 72.7%
(5,483) no tiene cómo acreditar
plenamente su derecho
de propiedad. Sin título y sin
planos catastrales georreferenciados
la propiedad de sus
tierras es un derecho inseguro.
En 2014 se gestionó un nuevo
préstamo del BID para retomar
el proceso de titulación y
saneamiento de la propiedad
rural (PTRT-3). Pero, recién
en diciembre de 2017 se inició
el proceso de titulación en
las regiones de Puno, Cusco y
Apurímac que permitirá formalizar
100.000 predios individuales,
123 comunidades
campesinas y 5 comunidades
nativas. Se proyecta entregar
los primeros 15.000 títulos a
partir de noviembre del 2018.
La Constitución afirma que la
agricultura constituye el fundamento
del desarrollo rural.
Dieciocho años después de
la aprobación de la nueva
constitución y la renovación
legislativa agraria, no hay
relación entre derecho reconocido
y derecho ejercido. Los
territorios indígenas ocupan
aproximadamente 45% del
territorio nacional, y apenas
se han titulado 12% de tierras
indígenas.
No están disponibles cifras
oficiales y actualizadas, sobre
la ejecución de políticas
agrarias.
303 Informe 2017
Acceso a la tierra y territorio en Sudam�rica
CONFLICTOS EN EL ACCESO A LA TIERRA
ARGENTINA BOLIVIA BRASIL COLOMBIA ECUADOR PARAGUAY PERÚ VENEZUELA
El pueblo mapuche sufrió mayor
asedio del extractivismo,
violencia física y simbólica
por parte del Estado. Se lo
estigmatizó como enemigo interno
“cesionista”, “guerrilla
terrorista”.
Sistemática represión, amenaza
y asesinato a sus miembros
y aliados, como a Santiago
Maldonado, en Chubut.
Se evidencia la capacidad
de resistencia de cientos de
comunidades mapuche y sus
organizaciones. Recibieron
respaldo, apoyo y solidaridad
de diversas comunidades y
organizaciones, dentro y fuera
del país.
Situaciones similares de conflicto,
violencia y resistencia
se presentaron en Neuquén,
donde la gendarmería garantiza
el trabajo de YPF en la
extracción de hidrocarburos
con el fracking.
En Tucumán, se desalojó a la
comunidad Indio Colalao (16
familias diaguitas) para otorgarlas
a empresarios extractivistas
de recursos áridos.
En la Provincia La Rioja la
Federación de cooperativas
detuvo el desalojo de afiliados
de la
Cooperativa El Fuerte de las
tierras en que viven y trabajan
hace 30 años.
En torno a acceso a la tierra
y el territorio se ha generado
conflictos y disputas entre originarios
y campesinos sobre
la forma de saneamiento de
la tierra; también el avasallamiento
de tierras por parte
de campesinos interculturales
a territorios indígenas y propiedades
privadas y tráfico
de tierras. Amenazas a territorios
indígenas y reservas
fiscales por megaproyectos y
explotaciones petroleras, pero
también conflictos en áreas
urbanas.
Santa Cruz: disputa por tierras
entre indígenas y campesinos
en Ascensión de Guarayos.
Chuquisaca: conflicto entre
originarios que pretenden el
saneamiento bajo la figura
colectiva ancestral y campesinos
que buscan la titulación.
La Paz: campesinos de la parte
andina avasallan tierras
indígenas de la Amazonía.
Pando: extranjeros avasallan
tierras de indígenas en comunidades
de la Amazonía
pandina, en disputa por la
recolección de la castaña.
Observou-se também um
incremento dos índices de
violência no campo desde
o ano de 2015. No entanto,
em 2017 esse índice dispara
apresentando 68 casos de
assassinatos registrados,
dentre eles quatro massacres.
Foram pelo menos quatro
massacres registrados em
comunidades que estavam
em algum estágio do processo
de reconhecimento de seus
assentamentos. Esse incremento
da violência no campo
ocorre devido à uma forte zona
de incerteza entre o público
e o privado, cujos interesses
se imiscuem com os interesses
políticos e econômicos
da oligarquia rural. Com as
contínuas investidas do governo
Michel Temer contra os
direitos socioambientais até
o momento conquistados, as
oligarquias rurais alimentam
expectativas e tomam o poder
de fato sobre o próprio latifúndio
agindo com violência
e antecipando processos que
futuramente o governo poderá
legalizar ou validar.
Incremento del cultivo de coca
y dificultad en acuerdos locales,
por la persistencia de la
violencia.
Zonas cocaleras en Nariño,
Putumayo y Norte de Santander,
63% de los cultivos
han aumentado de 96.000 a
146.000 ha; al menos 100.000
personas movilizadas.
En Tumaco (Nariño) 5.000
familias campesinas no firmaron
acuerdos por conflicto
con titulación colectiva.
Expectativa de diálogo con el
ELN e implementar el acuerdo
con las FARC, no se reflejan
en los proyectos. Zonificación
ambiental y ordenamiento territorial,
afecta la autonomía
de las comunidades.
Avance de la “locomotora minero
-energética” no permite
la RRI.
La comunidad del páramo del
Almorzadero (Norte de Santander)
rechaza la Ley 1753
del Plan nacional de desarrollo.
Compañía minera de los
Emiratos Árabes Unidos concesiona
tierras del páramo de
Santurbán (Santander) para
la extracción de oro.
Demanda de consultas previas,
ante la posición gubernamental
a favor de las empresas
petroleras y mineras.
ASOMAC (Guayas) demanda
titulación de tierras.
C-CONDEM (Esmeraldas)
denuncia ocupación ilegal
de zonas de manglar. Muisne
denuncia: camaroneras tienen
8.000 de 13.000 ha.
Indígenas de la periferia de
Quito, demandan territorio y
justicia indígena.
La pregunta 6 de la consulta
popular prohíbe la minería
metálica. Concesiones ilegales:
70.000 ha.
Mompiche (Esmeraldas) denuncia
la extracción de arena
negra, piden detener la concesión
a 30 años por 300.000 Tn.
Pacto, Gualaceo y Nanegalito
(Pichincha) son zonas de
explotación minera y se movilizan.
Organizaciones de Cotacachi
(Imbabura) en resistencia.
FOA (Azcuay) denuncia afectación,
pide detener intervención
en Quimsacocha. Contraloría
se compromete a auditar contratos
mineros.
Avanzó el proyecto minero Mirador
y la explotación de oro en
Zamora Chinchipe.
En Zaruma y Portovelo (El
Oro) y San Lorenzo (Esmeraldas),
mineros demandan
legalización de su actividad
y denuncian burocratización.
Minería afecta nacionalidades
indígenas.
Política de acoso, hostigamiento
y violencia por parte
del Estado y los sojeros para
despojar tierras campesinas.
Comunidad de Yakare’i: desalojo
de 38 familias campesinas
que tramitaban tierras en
el INDERT, operativo sin orden
emitida por un juez.
Guahory luego de los desalojos
en 2016, en 2017 se aprobó
una ley de expropiación de
dichas tierras, pero el Poder
Ejecutivo la vetó.
Tensión permanente entre
colonos sojeros, civiles armados
y familias campesinas, la
resistencia organizada de la
FNC se conquistó 280 ha en
Guahory.
San Juan de Puente Kyha:
colonia campesina donde sojeros
se han apoderado irregularmente
de lotes campesinos,
que las familias beneficiarias
intentan hace años recuperar.
La tensión con guardias privados
de los sojeros es constante,
con amenazas con armas
de fuego.
En departamentos de frontera,
las propiedades en manos de
brasileños llegan a 60%. En
todo el país, ese porcentaje
alcanza 14,2% del total.
Política estatal que limita el
aprovechamiento de la tierra
a los agricultores familiares
y pueblos indígenas, favorece
a grandes inversionistas, forestales,
extracción minera e
hidrocarburos.
En el departamento Amazonas,
la Coordinadora de los
Pueblos Amazónicos se opuso
al contrato de concesión del
lote 116, por no realizarse
consulta previa y posible contaminación.
El Poder Judicial
ordenó la nulidad del contrato
de exploración y explotación
de hidrocarburos, el fallo fue
apelado por las instituciones
del Estado.
Apurímac: Proyecto minero de
Las Bambas, 27 comunidades
campesinas y aliados protestan
por incumplimiento de
acuerdos.
Arequipa: agricultores, pobladores
y autoridades locales se
oponen al proyecto minero Tía
María por impactos negativos
y afectación a la actividad
agrícola.
Loreto: Comunidades Nativas
y Pueblos Indígenas Quechuas
y Kichwas, del Perú y Ecuador,
demandan consulta previa
ante posible nuevo contrato
para exploración y explotación
del Lote 192. Toma de instalaciones
de la empresa Frontera
Energy.
Ante la caída de los precios
del petróleo, el gobierno optó
por la actividad extractiva
minera como base de la economía
nacional.
El 2016, el gobierno creó la
Zona de Desarrollo Estratégico
AMO, con el objetivo de aprovechar
los recursos a través
de la producción minera, fomentando
una economía de
potencia en el país. El proyecto
se puso en marcha en un
contexto de crisis económica,
cuestionamientos sobre su
impacto ambiental y social,
corrupción y crimen organizado.

Las actividades mineras
legales e ilegales tienden
a fragmentar los territorios
ancestrales. Existen 16 etnias
indígenas que sufrirán
las consecuencias del AMO,
sin haber sido consultadas,
violando la CRBV. Sumado a
este panorama, la deforestación
y el crimen organizado,
amenazan la vida humana y
la biodiversidad de esta zona.
En febrero de 2018 el indígena
Pemon Pscar Meya fue asesinado
por parte de los sindicatos
que controlan las minas.
304 IPDRS
Instituto para el Desarrollo Rural de Sudam�rica
ACCIONES CAMPESINAS E IND�GENAS DE ACCESO A LA TIERRA Y TERRITORIO
ARGENTINA BOLIVIA BRASIL COLOMBIA ECUADOR PARAGUAY PERÚ VENEZUELA
La UAC realizó encuentros y
coordinación de resistencia al
extractivismo, minero, hidrocarburos,
forestales, represas
y otros avances del gran capital.

Las UAC proponen protección
de bienes comunes naturales,
sin considerarlos como
sujetos de explotación para
incrementar la concentración
de riquezas.
Acción colectiva por la defensa
los ríos, la soberanía
alimentaria, la práctica de la
agroecología, etc.
Universidad Nacional de La
Plata realiza estudios sociales,
sanitarios y ambientales
en la región pampeana. Provincia
Entre Ríos, mayor acumulación
de glifosato a nivel
mundial tras el análisis de
quince campos, insumo para
la lucha contra el agronegocio.
Constitución de la Mesa Nacional
para la Paz y el Diálogo
Intercultural: diálogo con las
comunidades indígenas, discusión
sobre el acaparamiento
de tierras y el extractivismo,
e impulsar el cese de la represión
y hostigamiento hacia los
pueblos indígenas, como el
Mapuche.
Las organizaciones indígenas
y campesinas para el acceso a
la tierra y el territorio, y la defensa
y consolidación de sus
territorios.
Movilizaciones en resistencia
a megaproyectos carreteros,
hidroeléctricas, explotación
petrolera, ampliación de la
frontera agrícola impulsada
por gobierno, agroindustriales
y campesinos con lógicas mercantiles.
Por ejemplo, frente a
proyecto hidroeléctrico y de
riego en Rositas; resistencia
a la construcción de la carretera
por el TIPNIS; en Beni la
Caminata de reafirmación del
bosque Tsimane, entre otros.
Movilizaciones e iniciativas
de pueblos indígenas y originarios
para avanzar hacia las
autonomías indígenas como
vía para la consolidación de
sus territorios ancestrales. En
Charagua, Santa Cruz, se dio
inicio a la primera autonomía
indígena; en el territorio indígena
de Raqaypampa,
Cochabamba, eligieron a sus
autoridades del gobierno indígena,
lo propio el pueblo Uru,
en Oruro.
O ano de 2017 registrou também
muitas ações camponesas
e indígenas em direção ao
acesso autônomo a sua terra
e ao seu território. Algumas
ações realizadas foram de
caráter defensivo em face às
investidas do governo contra
seus direitos conquistados,
como, por exemplo, as campanhas
realizadas nacionalmente,
os acampamentos
de resistência, ocupações
de terras, bloqueios de vias
públicas, protestos, caminhadas,
marchas e outros. Entre
as manifestações, destaca-se
o 8º Encontro Nacional do
Movimento dos Atingidos por
Barragens (MAB), 2ª Feira
Nacional da Reforma Agrária,
o Acampamento Terra Livre
2017, A luta contra a Ação Direta
de Inconstitucionalidade
– ADI 3239, entre outros.
Declaración de la 1ª asamblea
de ANZORC en apoyo a la paz
y acuerdos.
Reclamo ante las contradicciones
del Estado, falta de
participación popular.
Desacuerdo con la propuesta
de ley de tierras por regresiva,
permitir el latifundio, no
especificar la reincorporación
de excombatientes al campo.
ANZORC denunció reordenamiento
de estructuras paramilitares.
117 líderes sociales
asesinados, sin llamar la
atención del Estado.
Tandil (Tumaco): Masacre de
7 campesinos (octubre) en la
protesta por la erradicación
forzada, aún sin esclarecimiento.

Oposición de la COCCAM con
la consigna “Sustitución de
cultivos sí, erradicación forzada
no”.
Paro general: CRIC, COCCAM
y ASCAMCAT movilizados por
salud y educación propia para
pueblos indígenas, recuperación
de tierra y reparación a
sus víctimas. Enfrentamientos
con el ESMAD, 13 oficiales
heridos y 7 capturados. Bloqueos:
vía Cúcuta con Tibú y
Ocaña, afectó contratos de
Ecopetrol; vía Panamericana
en el Cauca, Popayán con Cali.
Huila y Boyacá: productores de
arroz y cacao movilizados por
los precios de sus productos
y acuerdos del Paro agrario
(2013).
CLOC-Vía Campesina apoyó
a Lenin Moreno y propuso El
Acuerdo Soberano por el Buen
Vivir Rural, para defender los
logros “década ganada”.
CONAIE entregó el Mandato
para la implementación del
Estado Plurinacional y la sociedad
intercultural, convoca
a la Marcha por un diálogo con
resultados. La agenda indígena
campesina no logra salir
de lo local y las organizaciones
nacionales no logran recoger
la preocupación territorial.
UOCE, el CAQ y el Seguro Social
Campesino han apostado por
estos espacios de formación
política/productiva: 1) Escuela
Justina Quiñones (Esmeraldas);
2) Escuela de formación
política y Soberanía Alimentaria,
La Troja Manaba (Manabí);
y 3) Machete y Garabato (Los
Ríos), bicadas en zonas de
dominio del agronegocio, alta
migración juvenil, pobreza e
informalidad laboral.
IV Jornadas Agroecológicas
(octubre) reunieron a campesinos
e indígenas en una lucha
por un modelo alternativo
impulsando un “Pacto Ético
por el Campo”.
La Federación nacional campesina,
FNC, realizó su tradicional
marcha el 29 de marzo
de 2017, con la consigna “Sin
reforma agraria no habrá
paz”, contra la sojización,
transgénicos, latifundios y
desalojos.
Propuso que la próxima década
un 4% del producto interno
bruto (PIB) sea invertido en
el campo y revierta la crisis
campesina.
La Coordinadora Nacional Intersectorial
planteó proyecto
de ley de rehabilitación financiera
(condonación de deudas),
que fue sancionada por
el Parlamento, pero vetada por
el presidente de la República.
Presentó anteproyecto de ley
que crea el sistema nacional
de la agricultura familiar
campesina, y otro que crea el
ministerio de desarrollo de la
agricultura familiar campesina.

En julio, en Asunción se llevó
a cabo la tradicional Feria
Nacional de Semillas Nativas
y Criollas Heñói,
Pacto de Unidad y aliados
gestionaron campaña contra
del Decreto Legislativo 1333,
logrando su derogatoria, y
en contra del Proyecto de
Ley 1718; ambos facilitan el
acceso a la tierra a grandes
inversionistas y amenazan
derechos de comunidades
campesinas y nativas.
Pacto de Unidad, AIDESEP y
CONAP organizaron Foro “Pueblos
Indígenas: Seguridad
jurídica y propuestas para la
titulación comunal en el Perú”
(octubre) para debatir sobre la
titulación de los territorios comunales
y presentar propuestas
para ampliar la cobertura.
COP 23: “El rol de las mujeres
indígenas en la gobernanza
territorial”, dirigentas de la
ONAMIAP presentaron propuestas
sobre participación
de mujeres indígenas.
ONAMIAP participó de la mesa
de presentación del Proyecto
de Ley para modificar la Ley
General de Comunidades
Campesinas (Ley Nº 24656),
favorable a la participación de
las mujeres.
En enero del 2017, los trabajadores
de la finca “Agropecuaria
Tío Bravo” en la Comuna
Negro Miguel, iniciaron
un proceso de ocupación, tras
una serie de abusos experimentados
por su propietario,
latifundista relacionado con
la burocracia estatal.
En el año 2013, se estableció
la jurisdicción especial indígena
Huottoja de la cuenca
del Cataniapo del Estado de
Amazonas, que ha obligado
a la jurisdicción ordinaria
regional y nacional su reconocimiento.

305 Informe 2017
Acceso a la tierra y territorio en Sudam�rica
PROPUESTAS (RELACIONADO CON EL ACCESO A LA TIERRA,
EL TERRITORIO Y GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES)
ARGENTINA BOLIVIA BRASIL COLOMBIA ECUADOR PARAGUAY PERÚ VENEZUELA
Prórroga de ley 26.160 (2006),
por 3 años, que declara la
emergencia en materia de
posesión y propiedad de las
tierras de comunidades indígenas,
y suspende la ejecución
de sentencias y actos
procesales para el desalojo
de las tierras mientras no se
cumpla el relevamiento de comunidades
y sus tierras.
Proyectos nacionales de
ley S-609/17, D-1723/17 y
D-4727/17 para prohibir el
uso de sustancias químicas
y/o tóxicas aplicadas a la minería
a cielo abierto.
Proyecto de ley D-3169/17,
para que el Estado Nacional
solicite la licencia social de
los habitantes en cualquier
territorio donde funcionen
industrias que produzcan o
transformen material radiactivo.
Senador Fernando Solanas,
presentó proyecto de ley
S-793/ 17 para reconocer los
derechos de la Naturaleza, a
que se respete su existencia,
el mantenimiento y regeneración
de sus ciclos y funciones
vitales, y que toda persona,
comunidad, organización o
pueblo se encuentra legitimada
para exigir la protección de
esos derechos.
Las propuestas de ley y políticas
públicas propuestas por
organizaciones campesinas
e indígenas son sectoriales e
incluso muy locales.
No existe una agenda estratégica
de reivindicaciones de
tierra y territorio, sino más de
defensa de territorios conquistados.

Los agroindustriales también
tienen propuestas para ampliar
la producción agropecuaria
e incluso para afectar
reservas forestales, tiene una
agenda elaborada en la Cumbre
productiva de 2015.
El Bloque de Organizaciones
Campesinas Indígenas del
Norte Amazónico de Bolivia,
BOCINAB, demanda la aprobación
de Ley del Desarrollo
Integral de la Amazonía,
paralizad en la Asamblea Legislativa.
Por su parte, el sector privado
tiene propuesta para el
desarrollo de la biotecnología
en el país para aumentar la
productividad, rendimiento,
ayudaría a dar respuesta al
cambio climático.
VII Encontrão da Teia dos Povos
e Comunidades Tradicionais
do Maranhão, movimento
de movimentos, uma importante
rede de articulação em
conjunto em prol de uma
agenda em comum, além de
suas ações individuais.
É notória a força que os processos
autônomos de elaboração
de protocolos por
parte de grupos sociais em
situação de subalternização.
Tais protocolos são marcos em
direção a reafirmação de suas
práticas tradicionais e de seus
horizontes de vida em face
das políticas e ações que propõe
o governo. Além disso, são
instrumentos com os quais
as comunidades buscam posicionar-se
em processos de
diálogo e negociação frente
às autoridades. Dentre os Protocolos
que se destacaram no
ano de 2017 estão, o Protocolo
de Consulta Juruna (Yudjá) da
Terra Indígena Paquiçamba
da Volta Grande do rio Xingu;
o Protocolo Comunitário
Biocultural das Raizeiras do
Cerrado, estabelecido pelas
mulheres de comunidades
dos Cerrados, entre outros.
A elaboração de protocolos
sinalizam ações em direção
ao pluralismo jurídico e para
uma real justiça territorial e
ambiental.
El peculiar momento para Colombia
ha volcado todas las
demandas y propuestas de las
organizaciones campesinas,
indígenas y afrodescendientes
en torno a su expectativa por
la construcción de la paz, su
participación en los diálogos
y las consultas territoriales de
las que esperaban participar.
El seguimiento que hacen los
diferentes sectores al cumplimiento
de compromisos
y a la implementación de la
Reforma Rural Integral es
muy importante, así como
la reacción ante los plazos,
políticas y conductas incumplidas.
Un ejemplo de esto es
la actitud de la COCCAM, que
debe soportar la represión y la
violencia, ante la erradicación
violenta, los campesinos no se
cansan de proponer diálogo.
CLOC-Vía Campesina propuso
el Acuerdo Soberano por
el Buen Vivir Rural (febrero),
en continuidad de la Revolución
ciudadana: capitalizar el
Fondo de Tierras, 2% del PIB;
condonación a campesinos
en el BNF en liquidación; derechos
de la naturaleza; derogación
de decretos 016 y 739;
escuelas de formación política
y técnica; Equidad de género;
y creación del Ministerio de la
Producción Familiar Campesina,
universidades e institutos,
Vice Ministerio de Medicina
Ancestral.
CONAIE propuso Mandato
para la implementación del
Estado Plurinacional y la sociedad
intercultural (julio):
reactivar la revolución agraria;
Ecuador libre de minería
metálica industrial; restitución
de territorios afectados;
circunscripciones territoriales
indígenas; reactivación de
la economía rural; Ecuador
libre de transgénicos; cumplimiento
a la consulta previa;
moratoria petrolera; derecho a
la libre organización social; ley
de Circunscripción Territorial
Amazónica.
La FNC impulsa desde hace
unos años una propuesta de
Fondo de garantía de producción
y Seguro agrícola para
pequeños y medianos productores,
como política pública
de atención integral de la pequeña
agricultura. En 2017 no
tuvo mayor avance.
INDERT presentó a la Cámara
de Diputados un proyecto de
ley de acceso gratuito a las
tierras públicas para ciudadanos
en situación de pobreza y
extrema pobreza (unas 80.000
familias), para el desarrollo
rural integral y la lucha contra
la pobreza. Aún no fue tratado
por el Congreso.
El Pacto de Unidad de Organizaciones
Indígenas del
Perú elaboró una agenda que
contiene:
Adecuación de la normativa
nacional a la luz del derecho
internacional de los derechos
de los pueblos indígenas;
Titulación colectiva del territorio
ancestral integral de todos
los pueblos y comunidades indígenas
del país, con garantía
de inalienabilidad, inembargabilidad,
imprescriptibilidad
e indivisibilidad del territorio;
Nulidad de las parcelaciones
y los traspasos fraudulentos a
terceros y de todas las concesiones
otorgada en los territorios
de los pueblos indígenas;
Derogatoria de los “paquetazos
ambientales” y otros: la
Ley 30230, el Decreto Supremo
Impulsar que los estatutos de
las comunidades indígenas,
campesinas y nativas incorporen
medidas de protección
de los derechos de las mujeres
indígenas, y promover su
inclusión como comuneras
calificadas en los padrones
comunales.
Comuna Negro Miguel (Buria,
Estado Lara), estableció estructurar
un Plan de Solidaridad
contra el latifundio, a
través de una red
con la Comuna Negro Miguel;
con una campaña comunicacional
para informar a la
sociedad sobre la legitimidad
de la lucha; presentar a la
Fiscalía General la documentación
para abrir investigaciones
a irregularidades en este
latifundio; y presentar documentación
a la Defensoría del
pueblo, entre otros aspectos.
En el caso de la jurisdicción
especial indígena Huottoja, se
propuso: paralizar el Plan de
Ordenamiento y Reglamento
de uso de la Zona Protectora
de la Cuenca Hidrográfica
del Río Cataniapo por no haber
sido sometido a consulta;
entrega del título de propiedad
colectiva de tierras; y que los
planes de ordenamiento y reglamentos
deben considerar
los usos y costumbres del pueblo
Hutojja. El pueblo Huttoja
aún resiste para que se le reconozca
su territorio de acuerdo
a su autodemarcación.
306 IPDRS
Instituto para el Desarrollo Rural de Sudam�rica
NORMAS
Argentina Bolivia Brasil Colombia Ecuador Paraguay Perú Venezuela
Catamarca: Ordenanza 10/17
que prohíbe en Ancasti las
actividades extractivas que
empleen técnicas de lixiviación
con sustancias tóxicas o
explosivos.
Río Negro: Ley 5227 que prohíbe
la instalación de centrales
de generación de energía
nucleoeléctrica de potencia,
exceptuando plantas de diseño
nacional con tecnología de
Central Argentina de Elementos
Modulares.
Ordenanzas municipales en
General Conesa, General Fernández
Oro y Lamarque que
prohíben la actividad hidrocarburífera
no convencional
con fractura hidráulica en
áreas urbanas y rurales.
Buenos Aires: ordenanza municipal
(1122/17) que prohíbe
la exploración y explotación
de gas y petróleo no convencional.

Entre Ríos: Ley 10477/17 que
prohíbe la prospección, exploración
y explotación de hidrocarburos
líquidos y gaseosos
por métodos no convencionales,
fractura hidráulica.
Santa Fe: Ley 13740/17 que
prohíbe la técnica de fracturación
hidráulica para exploración
o explotación de recursos
minerales e hidrocarburíferos.
Ley 938 de pesca y acuicultura
sustentables.
Ley 931 declara de prioridad
nacional, la producción, industrialización
y comercialización
del Sinini (annona
muricata) y del Asaí (euterpe
oleracea).
Ley 952 establece el plazo
de registro al Programa de
Producción de Alimentos y
Restitución de Bosques para
las propiedades señaladas en
el Artículo 8 de la Ley N° 337.
Ley 906 de la coca, revalorización,
producción, comercialización,
consumo, investigación,
industrialización, y
fiscalización de la coca, bajo
la concepción de recurso natural
renovable de por vida.
D.S. 3197 faculta a la Autoridad
Ambiental Competente
Nacional a otorgar, de manera
excepcional, la licencia ambiental
a Actividades, Obras o
Proyectos, según: a) en situación
de desastre y/o emergencia,
nacional; b) declaratoria
de interés social, utilidad
pública o de interés del nivel
central del Estado; y c) sean
responsabilidad del Estado
central, o en concurrencia con
las entidades territoriales autónomas.
Ley 969, protección, desarrollo
integral y sustentable del
TIPNIS.
Segundo a Confederação da
Agricultura e Pecuária, o setor
agropecuário contribuiu para
o crescimento socioeconômico.
Frente a esse incremento
de incentivos, o Brasil registra
limitações no que se diz
respeito aos recursos para o
fomento da agricultura familiar.
Exemplo são os cortes
em o Programa de Aquisição
de Alimentos, o Programa Nacional
de Alimentação Escolar,
o Programa de Cisternas, o
Programa Nacional de Reforma
Agrária, etc. Panorama
de retrocesso, aprovação da
Lei 13.465/2017, que altera
às normas relativas à reforma
agrária permitindo a regularização
de grandes condomínios
construídos em terras
griladas, além de permitir a
compra de lotes de assentamentos
da reforma agrária
por ruralistas após dez anos
da titulação destes. Outros
projetos de Lei e de Emenda
Constitucional também seguiram
em tramitação, a exemplo
da PEC 215, com a qual,
se aprovada, a competência
para a demarcação e homologação
de Terras Indígenas e
Quilombolas será transferida
para o Congresso Nacional; do
Parecer 001/2017 da AGU, do
projeto de lei PL 4.059/2012 e
PL 827/2015.
Decreto Ley 902: Adopta medidas
para facilitar la implementación
de la RRI en materia
de tierras, el procedimiento
para el acceso y formalización
y el Fondo de Tierras.
Decreto 870: Reglamenta el
pago de servicios ambientales
(PSA), busca reconocer las
acciones de conservación y
recuperación de ecosistemas
naturales realizadas por habitantes
de predios en zonas
ambientalmente estratégicas.
Decreto 893: Organiza los
Programas de Desarrollo con
Enfoque Territorial (PDET)
La derrota del proyecto del
acto legislativo 05 de 2017
buscaba adicionar 16 nuevos
miembros a la cámara de
representantes en una circunscripción
transitoria para
la paz.
Reglamento a ley orgánica de
tierras rurales territorios ancestrales
(enero 2017)
Ley de agrobiodiversidad,
semillas y fomento de la agricultura
sustentable (junio de
2017)
Acuerdo Multipartes con la
Unión Europea. ASTAC demanda
un concejo consultivo que
verifique derechos laborales y
ambientales.
Ley 5881 obliga al INDERT a
otorgar título de propiedad a
adjudicatarios de lotes agrícolas
de hasta 30 ha, que hayan
abonado al menos el 3 por
ciento del valor total del lote
adjudicado, disposición que
bajó el porcentaje establecido
por el Estatuto Agrario.
Fueron autorizadas dos variedades
de semillas transgénicas,
una de algodón de la
empresa Monsanto, y otra de
Maíz de Agar Cros.
La Coordinadora Nacional
Intersectorial, tras 36 días de
protesta, logró la aprobación
de la Ley 5.868, que declara
en emergencia nacional la
agricultura familiar campesina
en todo el territorio nacional.
Aún no ha sido reglamentada
para su implementación.
Decreto Legislativo 1333,
orientada a facilitar obras de
infraestructura de interés nacional
y de gran envergadura.
Crea el Proyecto Especial para
el Acceso a Predios para Proyectos
de Inversión Priorizados
(APIP), adscrito a PROINVERSIÓN,
para sanear, a nombre
del Estado, los derechos de
propiedad sobre los predios
para proyectos de inversión.
La APIP se encargará de: identificar
las formas de tenencia
de los predios que se encuentran
en el ámbito de los proyectos
de inversión; identificar
la situación legal de los terrenos
y adjudicarlos en favor de
las instancias de gobierno que
lo demanden; determinar qué
predios no pueden ser usados
por el proyecto; rectificar títulos
de propiedad que presenten
errores, entre otros.
La campaña impulsada por
el Pacto de Unidad de Organizaciones
Indígenas del
Perú y sus aliados logró la
derogación en el Congreso de
la República, pero el Ejecutivo
no aceptó la derogación, por lo
que permanece vigente aún.
La Ley de Tierras y Desarrollo
expresa medidas de orden
financiero, comercial, transferencia
tecnológica, tenencia
de la tierra, infraestructura
y capacitación de mano de
obra.
En cuanto a los derechos
indígenas, la falta de aplicabilidad
de las normativas,
deja pendientes los siguientes
puntos para el análisis: a) dar
cuenta sobre la propuesta
gubernamental de la ANC llevada
a cabo por el gobierno y
poner en entredicho el avance
de los derechos humanos en
general e indígenas en particular
ante la incertidumbre
de lo que se pretende como
estrategia de acción política;
b) evaluar la evolución de los
derechos indígenas; c) observar
la simbiosis entre derechos
indígenas constituidos
y amenazas constituyentes
por aprobarse en lo relativo al
derecho a la libre determinación,
lo que permite hacer el
diagnóstico del derecho a la
tierra o a los territorios; y d)
los desafíos y posibles derivas
al trasluz de los inciertos momentos
por la inaplicabilidad
del derecho reconocido.