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Los organismos de derechos humanos calificaron como arbitraria la detención de seis estudiantes opositores, tres de los cuales eran delegados de la alianza que participa en el diálogo nacional bajo la mediación de la iglesia católica.
La captura de un grupo de universitarios por parte del régimen de Daniel Ortega conmocionó a Nicaragua
Los organismos de derechos humanos calificaron como arbitraria la detención de seis estudiantes opositores, tres de los cuales eran delegados de la alianza que participa en el diálogo nacional bajo la mediación de la iglesia católica
Infobae
5 de septiembre de 2018
Seis universitarios fueron arrestados este martes en una redada policial contra dirigentes de las protestas antigubernamentales en Nicaragua, aunque cuatro de ellos fueron liberados horas después, en un hecho que conmocionó a la comunidad estudiantil que teme por su seguridad.
“Exigimos que se libere de inmediato a los detenidos ilegalmente y se les garantice sus derechos constitucionales y, sobre todo sus derechos humanos”, demandó en un comunicado la Universidad Centroamericana (UCA).
La UCA calificó de “arbitraria” la detención de los estudiantes Ariana Moraga, Grecia Ramírez, Iskra Malespín, Edwin Carcache, Alejandro Centeno y Judith Mairena, algunos de esa casa de estudios.
Casi diez horas después del arresto, las cuatro mujeres fueron puestas en libertad. Ninguna de ellas hizo declaraciones públicas, confirmó la opositora Alianza Cívica (AC), que aglutina a grupos de sociedad civil, y agregó que “seguiremos luchando por la liberación de Edwin y Alejandro”.
La policía no se ha pronunciado sobre la captura.
Carcache, Mairena y Malespín eran delegados de la alianza opositora que participa en el diálogo nacional con el gobierno del presidente Daniel Ortega, bajo la mediación de la iglesia católica.
El dirigente universitario Harley Morales declaró a periodistas que fue una detención “arbitraria” e “ilegal” de sus compañeros, dos de los cuales tienen medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Según la dirigencia estudiantil, los universitarios habrían sido llevados a las celdas de Auxilio Judicial, conocidas como “El Chipote”, en el antiguo centro de Managua, denunciada por organismos de derechos humanos como un centro de torturas.
Morales manifestó que la captura de estudiantes y líderes de las protestas “se inscribe en una estrategia del régimen para desmoralizarnos, aterrorizarnos, además de criminalizar y judicializar arbitrariamente a los dirigentes de nuestro movimiento”.
El también universitario Jean Carlos López consideró que el gobierno persigue “selectivamente a los líderes” de las protestas, como ocurrió con el dirigente campesino Medardo Mairena, lo que interpretó como una expresión más de que Ortega “ya no puede gobernar”.
También fue arretado el profesor Juan Bautista Guevara, un dirigente opositor, denunciaron familiares.
La CIDH dijo en Twitter que fue informada de que los estudiantes fueron detenidos cuando iban a una reunión con el Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra, que integra la alianza opositora.
“Exhortamos al Estado de Nicaragua a brindar datos sobre la ubicación de los jóvenes y los motivos de las detenciones”, escribió el organismo, que mantiene en el país una misión a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI).
La directora de Amnistía Internacional para América Latina, Erika Guevara Rosas, se pronunció en Twitter sobre la captura de los estudiantes y recordó que el 25 de agosto pidieron a Ortega información sobre el paradero de siete estudiantes detenidos. “Hoy lamentablemente se suman más a la lista”, expresó.
“Exigimos su liberación y el fin de la violenta represión”, señaló Guevara.
Amigos y familiares de los detenidos realizaron un plantón frente a la UCA, oeste de Managua, para exigir la libertad de los alumnos.
La madre de Carcache, Mercedes Dávila, visiblemente conmovida, demandó que su hijo sea liberado y no sea objeto de malos tratos.
Los estudiantes iniciaron las protestas el 18 de abril contra una reforma a la seguridad social, que se extendió a otros sectores sociales hasta transformarse en una demanda para la renuncia de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.
La violencia generalizada durante 140 días, deja más de 320 muertos, 2000 heridos y una cantidad desconocida de detenidos, desaparecidos y miles de refugiados en países vecinos.