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Hace más de cien años que la ciudad de Montevideo se pregunta qué hacer con sus residuos y el tema parece seguir sin respuesta: “Nuestra culta ciudad es la única que dado el número de habitantes que encierra, cuenta con un ex vaciadero a pocos metros de la población, foco insalubre que afecta directa y particularmente los intereses de la higiene y de la salud pública, mostrando al turista tan inmensa y grave fuente de gérmenes de enfermedades infecciosas, cuna de todas las moscas y ratas que azotan la ciudad y sus alrededores”.
Lucía Fernández
30 agosto, 2018
Brecha
Utopías urbanas en torno a la basura
Residuos y derecho a la ciudad.
Hace más de cien años que la ciudad de Montevideo se pregunta qué hacer con sus residuos y el tema parece seguir sin respuesta: “Nuestra culta ciudad es la única que dado el número de habitantes que encierra, cuenta con un ex vaciadero a pocos metros de la población, foco insalubre que afecta directa y particularmente los intereses de la higiene y de la salud pública, mostrando al turista tan inmensa y grave fuente de gérmenes de enfermedades infecciosas, cuna de todas las moscas y ratas que azotan la ciudad y sus alrededores”. El vaciadero al que refiere el arquitecto Juan María Aubriot en 1914, es el primer vertedero de residuos de la capital, ubicado en la playa del Buceo, donde se acumulaba y se echaba por mar gran parte de los residuos de la ciudad. La historia de Montevideo y su basura es una sumatoria de acciones para correr de lugar un problema sin realmente entenderlo, tratarlo o modificarlo profundamente, asociando en particular el problema de la visibilidad de dicha basura con la pobreza urbana. Su preocupación parece más bien centrada en aspectos de higiene y salubridad pública, creyendo que existe un mejor sitio para colocar residuos que no esté cerca de la población . Esto implica poder alejarlo de la vista de los turistas, utilizados ya en aquel entonces como una figura ajena, quizás para evitar decir que el gran problema parece ser de clases sociales disputando el espacio en una misma ciudad.
Pero la basura no es sólo un problema a erradicar lo más lejos posible de la vista del ciudadano. Una fracción importante de estos residuos que producimos son también un recurso que le da de comer a miles de personas. Sin embargo, al mismo tiempo que la Intendencia de Montevideo los recolecta y los entierra en disposición final a un costo de 64 millones de dólares anuales, miles de ciudadanos dedicados a la clasificación de residuos se han visto imposibilitados de apropiarse de los materiales recuperables para su sustento, y una nueva cámara empresarial de gestores de residuos comenzó a recolectar y transformarlos sin que fuésemos consultados al respecto de cómo quisiéramos gestionar nuestras basuras. Porque a diferencia de otros bienes más preciados y en disputas más visibles, como ha sido el agua o más recientemente la rambla montevideana, los residuos son “males comunes”. Nos cuesta por tanto visualizarlos como productos plausibles de gestiones medianamente democráticas o transparentes, donde su aprovechamiento pueda incluso ser volcado nuevamente a la misma sociedad que diariamente produce esas miles de toneladas de desperdicios, potenciales ganancias colectivas e inconscientemente construidas.
Analizaremos —al menos como primer puntapié para intentar despertar a algún lector motivado por injusticias socioambientales y territoriales— las disposiciones municipales recientes que han permitido este nuevo escenario de, al decir de David Harvey, “apropiación por desposesión” de nuestros residuos, problematizando algunas de sus consecuencias y haciendo foco en los impactos en el acceso de los clasificadores a determinadas zonas de la ciudad. Entendiendo que la dialéctica entre permanencia y circulación de esta población es uno de los nudos teóricos principales en la planificación del manejo de residuos, cabe preguntarse si podemos pensar una gestión de residuos en clave no capitalista, que garantice el derecho a la ciudad de los trabajadores históricamente dedicados a la recuperación de residuos o que al menos, simplemente, demande mecanismos transparentes y consultivos sobre qué queremos que suceda con lo que desechamos.
Apropiación por desposesión de residuos y neoextractivismo urbano
Montevideo produce más de dos mil toneladas de residuos por día (1200 domiciliarias y 1000 provenientes de comercios, empresas e instituciones1 de los cuales unas cientos de toneladas son desviadas de su destino final a través de miles de clasificadores de residuos que se dedican a recolectar, clasificar y vender aquello que puede ser reciclable o recuperable. Esto produce una alteración en el sistema de gestión de los residuos urbanos domiciliarios, que ha generado por más de un siglo intentos de control del gobierno municipal para revertirla. Mientras el gobierno recolecta residuos con camiones importados de última generación, que levantan 13.000 contenedores de la vía pública vaciando su contenido para enterrarlo en un solo sitio de disposición final, unas tres mil personas con carros tirados por caballo, de mano, o en bicicleta, extraen (o más bien extraían) de esos contenedores los materiales que consideran valiosos para su uso propio, venta, o recuperación, disponiendo los restos no recuperables en cientos de vertederos clandestinos o en los fondos de sus propias viviendas.
Cuando el Banco Mundial publicó su reporte “What a waste” (2012), sus estimaciones de aumento de la producción de residuos se transformaron en excelente noticia en términos de acumulación de capital, mediante la privatización de su manejo. Esto es lo que verdaderamente interesa a las soluciones orientadas por la tecnología, no el residuo en sí mismo sino su evacuación, los procesos y las estrategias para descartarlo, tratarlo, creando nuevos escenarios urbanos, producto de un sofisticado trabajo de superficie dónde los aspectos tecnológicos de tratamiento de residuos despliegan desde hace siglos estrategias de tipo higienistas que, como vimos en Montevideo, corren el problema de un lugar a otro o lo depositan en miles de contenedores por la ciudad.
Estos contenedores pueden leerse como “dispositivos” producidos para regular y normalizar nuestra relación con los desechos. Los dispositivos tienen una función estratégica y concreta que se localiza en una relación de poder, y cuando los sistemas tecnológicos se globalizan, estamos globalizando una serie de dispositivos que tiene la habilidad y el poder de normalizar comportamientos planetarios. Nuestros contenedores provienen del norte de Italia, de una multinacional llamada Omb que también nos vendió los sofisticados camiones recolectores y que nos actualiza todo el sistema a costos millonarios.
Nuestras ciudades, como si fuesen reservas mineras, también son objeto de operaciones de extracción, llevadas a cabo mediante el despojo social de bienes comunes urbanos a partir de procesos como la gentrificación del espacio o la privatización de sistemas de gestión. La ciudad no sólo se neoliberaliza privatizando cierto manejo de los residuos, sino removiéndolo de las manos de los más desfavorecidos, creando una lucha por su apropiación. Argumentaremos que grupos poderosos con la ayuda de nuevas normativas públicas neoliberales, han desposeído de la basura a aquellos que viven del residuo en la cadena más precaria del circuito informal como son los clasificadores. Es precisamente en los intersticios del proceso de privatización de los comunes urbanos que deben situarse procesos actuales claves de transformación territorial y política urbana.
Veremos cómo el capitalismo disfrazado de políticas públicas reproduce prácticas de exclusión en la ciudad. Desde 2015, cuando los nuevos contenedores “antivándalos” aparecieron en la esfera pública, muchos clasificadores no pudieron acceder más al centro de la ciudad para recuperar materiales. Particularmente en los últimos cinco años, la práctica de limitar y cercar el acceso a las zonas más ricas de la ciudad y por tanto a la basura que allí se produce, se ha visto intensificada por una serie de“dispositivos normativos”: desde la exclusión de carros a caballo en la ciudad vieja (2013) hasta la entrega a empresarios privados de los materiales recuperables valiosos que históricamente fueran clientela de los clasificadores previo a la formalización de los levantes especiales (2012). Esto implica entre otros, la ruptura de un “sistema sociometabólico” donde más de tres mil clientes ubicados en zonas céntricas de la ciudad, entregaban solidariamente lo que ya no precisaban. Por el contrario, las más de 30 empresas que forman la Cámara de Gestores de Residuos (Cegru), algunas de las cuales realizan ahora estos levantes, declaran una ganancia anual de 70 millones de dólares. Es decir, ganan más los privados por gestionar los residuos industriales, químicos, de grandes generadores, peligrosos, entre otros, que lo que invierte el Estado por gestionar los residuos domiciliarios.
Desplazamientos territoriales y confinamiento de clasificadores en Montevideo
Para esclarecer los conflictos en torno a la basura y cómo estos operan en el espacio, en particular en el espacio público, parece de relevancia analizar la tríada de dispositivos de regulación, privatización y desposesión que ha afectado negativamente a los clasificadores de residuos en tanto pobres urbanos y su acceso al centro de la ciudad.
La circulación de los clasificadores por la ciudad aumenta las chances de vínculos sociales y especialmente, en este caso, de oportunidades de mejorar ingresos u obtener objetos para uso personal más allá de lo que se obtiene por la recolección de residuos domiciliarios o comerciales propiamente dichos.
En los últimos años se registraron varias intervenciones públicas de profundo impacto en el trabajo de los clasificadores y en su acceso al espacio urbano. Por un lado, la ley de “Uso de envases no retornables” constituye una importante iniciativa orientada a regular la generación de residuos de envases, responsabilizando a los generadores privados e incorporando en su implementación a grupos de clasificadores. La aplicación de esta normativa en Montevideo ha significado un importante cambio en lo que refiere a la forma en que configura los usos del espacio urbano. De cara a los clasificadores, esta previó la formalización de su trabajo a partir de la creación de cuatro plantas de tratamiento de desechos ubicadas en las zonas del Cerro, Colón, Casavalle y Piedras Blancas.
De acuerdo a lo dispuesto por la implementación de la ley en Montevideo, los grupos de clasificadores no realizan tareas de recolección, sino que se limitan a recibir los residuos que les vierte la IM y a realizar tareas de clasificado y venta de los materiales a través de un organismo encargado de ello. De este modo, la implementación de esta nueva normativa ha significado la concentración del trabajo de los clasificadores formalizados en las zonas periféricas y ya no deben trasladarse al centro de la ciudad en busca de buenos materiales a recuperar.
Esto supone un acotamiento de sus circuitos laborales, ya que dejarán de transitar determinadas zonas en busca de materiales para confinarse en el espacio de las plantas. De esta forma se imposibilita el relacionamiento y el contacto ciudadano que ocurría entre el clasificador que recorre su ciudad en busca de materiales valiosos, así como entre el clasificador y el comprador de materiales. Sin embargo le permite trabajar en espacios techados y liberar de residuos a su vivienda.
Tres años después de la implementación de la ley de Envases en Montevideo, la IM aprobó la resolución Nº 5383/12, que establece la regulación del proceso de recolección, transporte y disposición final de los residuos no domiciliarios. De acuerdo a dicha resolución, los residuos producidos por grandes generadores (instituciones y empresas) deben recolectarse mediante contratos con entidades recolectoras formales. A través de esta normativa, se habilita a un conjunto de empresas privadas a realizar tareas de recolección, manipulación y transporte de desechos, al mismo tiempo que se prohíbe su acceso a los clasificadores no formalizados.
Si durante décadas se habían ganado la confianza de varios miles de clientes en la ciudad, esta normativa les apropia estos residuos dejándolos sin alternativa alguna más que la formalización en tanto entidades empresariales prestadores de este servicio. El productor de los residuos es ahora obligado a hacerse cargo y pagar por sus desechos generados, pero es otro actor el que podrá sacar ventaja de esta nueva normativa. Se pasa entonces de un vínculo de tipo solidario (se le entregaba el residuo al clasificador en tanto “cliente” de forma gratuita) a un tipo de formalización de tipo mercantil (se le paga a una empresa con vehículo autorizado para realizar el mismo levante) que en su gran mayoría en vez de reciclarse se entierra en disposición final.
Un año después de haber quitado los levantes especiales, eliminando paulatinamente la circulación de carros a través de la restricción de su ingreso a determinados barrios, una resolución de la Junta Departamental de Montevideo prohibió en los barrios céntricos, en particular Ciudad Vieja, el ingreso de los clasificadores con carro a caballo, configurando estos territorios como zonas de exclusión.
De forma paralela a esta resolución, se desarrolló en la órbita municipal un conjunto de transformaciones en materia de regulación de residuos, entre las que se destaca la implementación en algunos barrios montevideanos de un nuevo sistema de recolección selectiva de residuos basado en contenedores herméticos “antivandálicos”. Si se observan en conjunto estas nuevas regulaciones y la ley de Envases, es posible notar que al mismo tiempo que se excluye a los clasificadores informales de las zonas céntricas de Montevideo, se busca formalizar su trabajo en el espacio de las plantas, ubicadas en la periferia de la ciudad. Esta política, además de ser insuficiente desde el punto de vista de la inclusión laboral de los clasificadores2, supone profundas transformaciones en la forma en que configura el acceso de estos trabajadores al territorio, confinados ahora a vivir y circular por la periferia.
Derecho a la ciudad y residuos: expandiendo la noción de los comunes
“Me llamó un vecino en Buceo y me regaló una tele de 29 pulgadas, funcionando y todo. Si nos sacan de la calle, la gente no entiende que perdemos todas estas oportunidades, que no son cuantificables a nivel económico, sino en nuestra propia calidad de vida y nuestra relación con los vecinos”, explicó Juan Carlos Silva, ex-presidente del sindicato de clasificadores (Ucrus). Si excluir grupos, clases e individuos de su urbanidad es también excluirlos de la civilización y de la sociedad, reclamar el “derecho a la ciudad” para los clasificadores es una reacción legítima frente a la organización urbana discriminatoria y segregativa resultante de la combinación de dispositivos que primero buscan regular para luego privatizar y finalmente desposeer del residuo a aquellos que más lo necesitan. Podemos argumentar que el derecho a la ciudad se transforma en el derecho a la centralidad, a usar y apropiarse del espacio público, a no estar excluido de la forma urbana. El derecho a la ciudad como concepto lefebvriano, se originó para desafiar el orden capitalista en la ciudad, para buscar una reestructura radical de las relaciones sociales, políticas y económicas en la ciudad. El derecho a la ciudad planteado por el autor originalmente hace ya 50 años, no es solamente tener derecho a ser parte de la ciudad, sino sobre todo tener el derecho a demandar una nueva, a producir una reconfiguración de los sistemas de poder que determinan la producción del espacio. En este sentido, el urbanista brasileño Edésio Fernandes plantea como clave realizar un cambio de paradigma en la concepción del derecho urbanístico para permitir avanzar hacia un pleno derecho a la ciudad. Éste debe constituirse a partir del concepto del “bien común”, de entender que “la propiedad individual debe quedar subordinada por los intereses sociales y ambientales esenciales para lograr tener ciudades plenas, donde el derecho a la ciudad constituya un derecho social fundamental”, según sostiene Fernandes. Sugiere así que el derecho urbanístico debe ir acompañado necesariamente de la gestión urbana, donde tanto los gobiernos municipales y nacionales, así como los actores sociales se involucren de manera directa en la planeación, modificación de leyes y en la toma de decisiones sobre su espacio de vida cotidiano.
El desafío principal para nosotros será el de la expansión de la noción de los bienes comunes, por un lado incluyendo a los residuos como tales y enmarcándolos en tanto“comunes”. Se entiende a los “comunes” como algo que no está dado, sino que debe ser producido por una comunidad real de personas capaz de proponer finalidades comunes que puedan alcanzarse mediante acciones colectivas. Este concepto que adscribe a la línea argumental de Raquel Gutiérrez y Silvia Federici (entre otros), los enmarca no como objetos sino como procesos que se producen colectivamente, donde su control o manejo no está delegado a un ente ajeno sino que se ejerce directamente por quienes lo producen. La fortaleza de entender a los comunes de esta manera, radica en que su producción nos permite pensar otras posibilidades de crear nuevas formas de reproducción, organización y regulación colectiva del manejo de los residuos. De esta forma podemos entender críticamente las relaciones entre aquellos que producen el residuo (ciudadanos) o lo mejoran en diversas escalas (clasificadores/recicladores) y aquellos que se apropian para sus beneficios de acumulación (empresas de recolección privadas por ej.) argumentando que no es el objeto/basura el común sino las relaciones que pueden transformarlo en tal.
La utopía urbana, es pensar en una ciudad donde el residuo no promueva más acumulación de capital y en particular por desposesión a los más vulnerables, sino que entienda al mismo en tanto producto plausible de transformación mediante procesos de comunalización que reconozcan el trabajo y las contribuciones de los clasificadores en la ciudad, afirmado mediante un nuevo tipo de comunidad/ciudadanía que autogestione sus recursos urbanos. Mediante una reconceptualización del residuo en tanto objeto social producido a partir del intercambio de flujos económicos y de personas en el espacio, podemos entenderlo no como un problema a evitar sino como un recurso común a valorar, que permita intercambios entre distintas clases sociales, habilitando la concreción del derecho a la ciudad para una población de otro modo confinada a vivir y circular en los márgenes.
* Docente del Instituto de Teoría del Urbanismo, Fadu, Udelar
Se puede encontrar una versión completa incluyendo referencias bibliográficas del presente artículo en la versión digital de Hemisferio Izquierdo y en la revista Thema, publicación del Doctorado en Arquitectura, FADU, Udelar, agosto 2018.
http://www.montevideo.gub.uy/arriba-un-montevideo-mas-limpio. Acceso enero 2018.
De los cerca de 3500 clasificadores censados (PNUD, 2015) solamente 128 están formalizados en plantas de clasificación, que están además localizadas lejos del centro y cerca de las viviendas de los clasificadores