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Capítulo 14 Empresas recuperadas en Córdoba: memoria y balance
Adolfo Buffa, Susana Roitman, Carlos Martínez.

La especificidad del caso cordobés
El fenómeno de la recuperación de empresas en Córdoba no tuvo el alcance cuantitativo que tuvo en los otros dos grandes conglomerados urbanos e industriales, Buenos Aires y Santa Fe, con los que es posible realizar una comparación. De las más de ciento ochenta empresas recuperadas en el país, los casos que lograron continuidad en la provincia de Córdoba fueron en el sector servicios (tres), siendo el restante de la rama metalúrgica.
Uno de los problemas a plantear entonces es la escasa repercusión que tal movimiento tuvo en la provincia. A pesar de que el contexto general del país involucró un violento proceso de reestructuración productiva y de expulsión de mano de obra, el proceso de recuperación de empresas por sus trabajadores no se vio reflejado en Córdoba, al menos de la manera en que la estructura productiva de la provincia lo hubiese permitido. Podemos decir que la estructura industrial de Córdoba (su sector metalmecánico por ejemplo), si bien menor a la de la provincia de Buenos Aires, es de gran importancia. Sin embargo, los casos de ERT del cordón metropolitano de la provincia de Buenos Aires representaron el 45% de los casos del total nacional , de los cuales solo el 6% no corresponde al sector industrial, mientras que en Córdoba sólo se registró un caso (Pauny) y de características particulares que serán analizadas mas adelante.
El total de ERT del interior representa el 39% del conjunto. Es significativo, pero sólo en forma relativa. En el rubro interior se agrupan casos de las provincias de Santa Fe (los más numerosos), Córdoba, Mendoza, Neuquén, Chaco, La Rioja, el interior de la provincia de Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy y Tierra del Fuego.
El caso de Córdoba llama la atención ya que también en forma relativa y de acuerdo a su capacidad productiva instalada debería haber más casos de ERT en el conjunto provincial. Lejos de ello, los casos corresponden al sector servicios y gráficos.
Lo descripto anteriormente puede obedecer a diversas causas.
El sector metalmecánico liderado por la UOM y el SMATA no generó ninguna política hacia la recuperación de empresas. Tanto la UOM como el SMATA son parte de fuertes organizaciones gremiales en donde no se pudo vehiculizar el tratamiento o al menos la posibilidad de la recuperación de empresas.
No es factible que los dirigentes de los gremios industriales no supiesen lo que ocurría en otros lugares del país. Para el año 2001 y 2002 la práctica de la toma y la recuperación se había desarrollado en gran medida y hasta se habían obtenido una importante cantidad de leyes de expropiación de unidades productivas (aunque ninguna de ellas brindaba una solución definitiva).
Los procesos de recuperación de empresas tuvieron como característica general la participación de dirigentes o ex dirigentes gremiales que encabezaron los procesos de lucha y resistencia. La dirigencia sindical tradicional, en su gran mayoría, no encabezó estos procesos sino que se dieron al margen de las conducciones sindicales y en muchos casos aun con su resistencia
Otro factor importante es que esta experiencia pudo transmitirse de una manera rápida hacia otros puntos del país teniendo primero su base en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. En este último lugar y en el sector metalmecánico el proceso fue iniciado por un sector orgánico de la UOM (la seccional Quilmes) y luego rápidamente imitado por otros trabajadores. Aunque en el caso de las gráficas recuperadas en Córdoba contaron con el apoyo del Sindicato de Prensa de la provincia, a pesar de esta participación y apoyo gremial el sindicato no pudo intervenir en el armado de otros procesos que condujeran a la recuperación.
La experiencia en nuestra provincia abarca:
1. La Clínica Junín en la ciudad de Córdoba
2. Pauny, ex Zanello, en la localidad de Las Varillas
3. El Diario, de Villa María
4.-El diario Comercio y Justicia, de la ciudad de Córdoba
Sin dudas la estructura productiva de Córdoba permitiría un mayor dinamismo que no se produjo en la provincia. Esto pudo deberse a la falta de articulación política de sectores sociales, políticos y sindicales, articulación que se constituyó en una característica común en los casos de las ERT.
Esta falta de articulación y la incapacidad de trasladar la experiencia por parte de los dirigentes de los movimientos de ERT pueden aportar a la solución del problema de por qué en una provincia como Córdoba no se dieron más casos de recuperación de empresas por parte de los trabajadores.
Sin dudas, los promotores y transmisores de la experiencia no pudieron insertarse en las estructuras de resistencia política al neoliberalismo que se expresó en otras provincias Sean cuales sean los factores, lo cierto es que la experiencia de la recuperación no cristalizó en Córdoba y el capital simbólico que pudo ser usado en otros lugares del país no pudo ser utilizado en nuestra provincia.
Estas razones generales fueron acompañadas por particularidades que se dieron en la provincia. Tratando de dilucidar las razones de esta situación, adelantamos algunas hipótesis que dan cuenta de ella.
• El papel del Estado provincial y municipal: el Poder Ejecutivo y el Judicial ejercieron una abierta oposición a las ERT y en casos una represión física a procesos de ocupación de empresas como en la Clínica Halac.
• El papel de los sindicatos: el movimiento sindical de Córdoba en su vertiente clasista y combativa no logró afirmarse en el proceso post dictadura. Luego describiremos la vinculación con los sindicatos que corresponden a las ERT.
• La articulación con los movimientos sociales: no hubo militancia orgánica favorable a la recuperación. Contradiciendo las tradiciones de lucha histórica, no acompañó los cambios políticos que se produjeron a nivel nacional posteriormente a diciembre de 2001.
• El escaso desarrollo de un movimiento de ERT en la provincia y sólo una relación superestructural con los dirigentes de estos movimientos, casi inexistente entre los trabajadores de base. Se mantuvieron a nivel de resistencia.
• El papel de la Universidad pública
• El ambiente de la recuperación: escasa circulación de información y experiencias de recuperación, compromiso militante, etc.
Análisis de tres casos
En este trabajo discutimos dos aspectos: los alcances de la democratización laboral y de la recomposición entre concepción y ejecución en el proceso productivo a partir de la recuperación de empresas. Esta reflexión se realizará mediante un estudio comparativo entre tres casos de la provincia de Córdoba, analizando las similitudes y diferencias. Previamente esquematizaremos las trayectorias recorridas en el proceso de recuperación, lo que puede hacerse extensivo a la mayoría de las ERT.
Los tres casos bajo análisis son:
• Cooperativa de Trabajo de la Salud Junín Limitada: una clínica gestionada por una cooperativa conformada por 31 trabajadores que funciona desde mediados de 2002.
• Cooperativa de Trabajo La Prensa Ltda.: empresa gráfica editora del diario Comercio y Justicia, con 61 trabajadores gestionando la empresa a partir de diciembre de 2001. .
• Cooperativa de Trabajo Metalúrgica Las Varillas: cogestionando la fábrica de tractores Pauny S.A. a partir de enero de 2002.
Si bien la cuestión de las ERT se encuadra en la discusión más amplia sobre si es posible construir vínculos de otro tipo en una sociedad capitalista, en este trabajo no nos proponemos discutir el alcance teórico de estas cuestiones (desarrolladas en otros capítulos), sino más bien discutir a partir de lo empírico cuestiones referidas a la democratización laboral.
Regularidades
En la historia del capitalismo han aparecido una y otra vez experiencias de autogestión, pero conviene reconocer como rasgos originales de las ERT aquellos que condensan tres vertientes: movimiento obrero, cooperativismo y movimientos sociales de nuevo tipo.
Las ERT nacieron al calor de formas de lucha propias del movimiento obrero – la ocupación de los establecimientos – pero desbordaron las típicas demandas sindicales; se sumaron a la emergencia de nuevos movimientos sociales, aunque no se articulan desde el territorio sino desde la producción; su origen se aproxima muy poco al cooperativismo tradicional si bien se nutren en sus principios. A modo de conjetura sostenemos que en el proceso de recuperación de empresas podemos señalar una regularidad en su desarrollo y una dispersión en los caminos seguidos.
La regularidad tiene la impronta del contexto. El reguero de quiebras y cierres de empresas de la década del 90 produjo resistencias, algunas diluidas, otras retomadas como movimientos de desocupados. Pero en la efervescencia pre y sobre todo post diciembre de 2001 la “recuperación” de la fuente de trabajo apareció como un “¿por qué no?” que desafiaba el orden naturalizado: ¿por qué no mantener la fuente de trabajo? ¿por qué no hacer nuestra su propiedad? ¿por qué no producir sin patrones ?¿por qué no administrar y gestionar nuestra empresa?. Interrogantes que implican una autorreflexión colectiva sobre lo “establecido” que va creciendo en el tumulto de las batallas compartidas.
Esquematicemos la secuencia cuyos pasos se repiten total o parcialmente en la recuperación de la empresa:
• Desde mediados de los 90 – y en consonancia con el contexto de desindustrialización y de caída del mercado interno – las empresas comienzan a dar claras señales de dificultades en la continuidad de la producción.
• Ante las dificultades el empresario opta por proceder a un vaciamiento sistemático y a maniobras dolosas, precarizando las condiciones laborales mediante atrasos importantes en los salarios, suspensiones, despidos, trabajo en negro, contratos basura.
• Los empresarios intentan proceder al cierre, en la mayoría de los casos con la vista puesta en el mercado financiero o a un nuevo comienzo, con el capital y los medios de producción que extrajeron de las empresas en crisis.
• Los trabajadores toman la empresa para evitar el vaciamiento y la discontinuidad, en el marco de innumerables focos de resistencia que se extienden por el país.
• El Estado en un principio reprime, desconoce, aísla y asume la defensa de los intereses de los empresarios.
• Se instala un proceso deliberativo: organizaciones de diverso tipo sindicatos, asambleas barriales, cooperativas, grupos de derechos humanos, partidos políticos, centros de estudiantes, piqueteros e intelectuales rodean a los trabajadores, comenzando un debate sobre las posibilidades y las perspectivas jurídicas, económicas y políticas de la recuperación. Así se instala el conflicto en la agenda de la sociedad local, a veces nacional e internacional. Crece el proceso asambleario acompañando la toma y la resistencia. Los debates se enriquecen y van más allá de la actividad productiva para involucrarse en una perspectiva política. En este proceso surgen liderazgos nuevos y también deserciones. Los trabajadores realizan en pocos días un aprendizaje político de magnitud donde se vincula la situación particular con la situación general. La formación de este colectivo que establece vínculos nuevos, poco habituales en condiciones de trabajo cotidiano, reviste gran importancia en la resolución del conflicto y la continuidad de la empresa recuperada.
• Se abre una larga etapa complicada y tortuosa de negociaciones y arreglos institucionales que incluyen los aspectos jurídicos, económicos, financieros y organizativos. En la mayoría de los casos esto continúa hasta hoy y produce reacomodamientos que se acompañan con las dificultades y logros en la gestión del día a día de la empresa.
• El eje de la disputa por las empresas se traslada a los ámbitos del Estado, donde lo jurídico y lo económico tienen un papel relevante.
El Estado asume un rol condicionado por las circunstancias, entre
la defensa de la propiedad privada como valor fundamental y las demandas del movimiento lo cual se manifiesta en discursos políticos ambiguos.
El lema de uno de los movimientos que agrupa a los emprendimientos recuperados sintetiza esta secuencia: “Ocupar, resistir, producir”.
Democratización laboral
Con la recuperación de la empresa se produce una apropiación por parte de los trabajadores sobre los medios de producción. En la efervescencia 2001-2002 esto parece marchar de la mano de la democratización laboral. Aunque este concepto puede implicar múltiples interpretaciones, a los fines de este trabajo entendemos como democratización laboral a un proceso no terminado, que alcanza distintos grados y que implica tres elementos: la participación colectiva en la toma de decisiones de gestión, el replanteo del producto y la equidad en las remuneraciones. En síntesis, una apropiación del proceso, del producto y de los resultados económicos por parte del colectivo.
Precisemos algo más acerca de las tres instancias implicadas en nuestra definición.
Decisiones de gestión colectivas: implican una organización del proceso productivo que tienda a recomponer las distancias entre el saber hacer y el hacer. Esto no significa la indiferenciación de tareas ni la imposición de polivalencia y polifuncionalidad tan caras al posfordismo, sino la comprensión de la totalidad del proceso productivo y de la situación de la empresa en cada momento por parte de los trabajadores, que permita debatir estrategias cooperativas en el proceso productivo y establezca mecanismos de participación efectiva por parte del colectivo.
Replanteo del producto: lo producido en las ERT materializa debates que muestran rupturas y continuidades con las empresas anteriores. Si se cuestiona la lógica de la ganancia y se plantean otros vínculos éstos deben dejar su huella en lo producido. Esto es claro de ver en servicios de salud, educativos o comunicacionales. Pero tampoco la manufactura produce artefactos mudos o neutrales. “El artefacto tiene política” al decir de Langdom Winner.
Equidad en las remuneraciones: Se ponen en cuestión las jerarquías y las valoraciones establecidas acerca de las competencias y su relación con el ingreso. Se tienden a achatar las brechas o hacerlas desaparecer en cuanto las reglas para la fijación de los ingresos de los socios son alternativas a las del mercado laboral y contrarias a la tendencia de aumentar la brecha en la distribución del ingreso.
El cooperativismo tradicional resume la democracia en la expresión “un asociado, un voto”. En las ERT, inmersas en su nacimiento en el clima deliberativo, las discusiones de las asambleas populares y los movimientos piqueteros sobre autonomía y participación, sumado a la crítica a las mediaciones “representativas”, se va más allá, incorporando prácticas asamblearias con capacidad de decisión.
La discusión acerca de la relación entre apropiación colectiva de los medios de producción y democratización laboral es un debate de larga data en las corrientes socialistas y en el movimiento cooperativista.
Por otra parte, desde los discursos de la sociedad del conocimiento, sociedad de la información o sociedad en red, se ha afirmado la desconexión entre propiedad y democratización laboral, sosteniendo que la primera resulta una categoría difusa para estos tiempos y la segunda se logra mediante el abandono de las rígidas jerarquías y separación entre concepción y ejecución propias del taylorismo-fordismo. De estas discusiones podemos formular dos preguntas
¿Son independientes la propiedad colectiva de los medios de producción y la democratización laboral?
¿Es posible la existencia de emprendimientos que sostengan la propiedad colectiva y la democracia laboral al mismo tiempo, y por períodos prolongados en el contexto del capitalismo, cuyas reglas van en sentido contrario?
En relación a la primera pregunta el posfordismo planteó que se podían superar los problemas de rentabilidad del capitalismo de los 80 democratizando la relación al interior de la producción, recomponer las tareas fragmentadas, involucrar al trabajador en todas las etapas de la producción… ¡superar el extrañamiento del trabajador con su producto sin modificar las relaciones de producción (al contrario, exacerbarlas)! Sólo era cuestión de extender los ejemplos a todos los rincones para producir el milagro: un trabajo satisfactorio y bien remunerado en el contexto del capitalismo tardío.
Las críticas al posfordismo que han formulado Gorz y otros han mostrado que la democratización laboral no se puede desarrollar si las decisiones de producción y la definición del producto siguen siendo competencia del capitalista. Partimos pues del supuesto que la propiedad colectiva es una condición necesaria aunque no suficiente para la democratización laboral.
En relación al segundo interrogante se desarrolla nuestro trabajo empírico, focalizado en las ERT de Córdoba.
Sostendremos qué es posible la propiedad colectiva y la democracia laboral en contextos dominados por la lógica del capital, aunque la propiedad colectiva no garantiza por sí misma la democratización laboral. Esto implica que la lógica económica de la ganancia y de la eficiencia está en tensión con la lógica política de la participación y el debate que excede los límites de la empresa para enlazarse con problemas más amplios. Las luchas y la resistencia son un elemento clave en el sostenimiento de la democracia laboral en los términos en que los hemos planteado.
Por otra parte señalemos dos elementos que refuerzan el potencial para la democratización laboral en las ERT, y que la diferencian de otros emprendimientos de la difusa constelación de la llamada “economía social”.
En primer lugar, el núcleo dinámico de estos emprendimientos nace desde adentro. Esto es, aunque se inspiren y se conecten con otras experiencias, no provienen de ONG, de programas estatales o privados o de partidos políticos, si bien en su decisión de continuidad los respaldos y las alianzas se multiplican.
En segundo lugar, su origen estriba en la necesidad inmediata y sencilla de sostenerse como trabajadores en un medio amenazante para quien carece de empleo. Lo cual significa que no hay una reflexión previa sobre las implicaciones de la recuperación, en términos de desafío al orden establecido. Sin embargo, al andar y en la particular coyuntura del 2001-2002 se abre la posibilidad de una comprensión más amplia del significado de la recuperación, es decir el proceso se politiza.
Siguiendo a Fajn , sostenemos que el proceso de recuperación y la conflictividad asociada se relacionan con el alcance de la democratización laboral de la empresa que se pone en marcha.
Pero la dispersión de los procesos postrecuperación que se sucedieron en el tiempo sugieren la necesidad de estudios comparativos que pongan en juego otros elementos como la experiencia previa sindical y en gestión, el papel de los técnicos, el rol del Estado, el tamaño de la empresa, la posibilidad de insertarse en redes económicas alternativas, las conexiones con los movimientos sociales.
Este trabajo abordará en los tres casos indicados, elementos explicativos que den cuenta de su actual perfil en términos de democratización laboral. Nuestra perspectiva es que la democratización laboral se intensifica en la medida en que el colectivo sostiene el cruce de identidades entre cooperativista y trabajador, a la vez que se abre a los movimientos sociales. Al mismo tiempo, las trayectorias sindicales y las experiencias en gestión previas, así como las características del conflicto inciden de manera relevante en la definición de esa identidad.
Tres casos
Veamos los casos analizados. Sin que en este trabajo se realice una revisión comparativa sistemática, las primeras apreciaciones nos llevan a algunas consideraciones:
En la Clínica Junín no había experiencia de gestión anterior de parte de los trabajadores y tampoco había un colectivo consolidado, ya que quienes condujeron la recuperación habían sido incorporados en los últimos meses a la ex-empresa. Los trabajadores no tenían militancia sindical y el sindicato de la sanidad no apareció como actor relevante, por el contrario, boicoteó el proceso. El conflicto los consolidó como colectivo en la etapa de la ocupación y la resistencia logrando éxitos notorios, pero no resultó suficiente para una gestión integral y eficiente, donde se pone en evidencia el déficit del saber de gestión.
En cuanto a los parámetros que hemos definido en relación a la democratización laboral tenemos hoy que, en cuanto a las decisiones de gestión colectiva, los mecanismos de comunicación son deficientes y esto preocupa a sus miembros, quienes se interrogan sobre la manera de consolidar la empresa a la par de lograr democracia interna. Sin embargo, funciona la asamblea como instancia efectiva de decisión colectiva. La preocupación por la horizontalidad aparece en el discurso que retoma las consignas del 2001, y es una caja de resonancias de los movimientos sociales que a su vez la ponen como referente. Se ve como obstáculo que en la búsqueda de horizontalidad se confunden los roles. Pareciera que se hubieran superado las diferencias entre el hacer y el saber hacer, pero en realidad hay una cierta indiferenciación de tareas en algunos ámbitos de la gestión. Es “como una incapacidad de reconocimiento del rol de cada uno de los integrantes de la cooperativa. O sea, yo creo que hay gente que quiere entender todo, cuando quizás no lo pueda entender a todo. Entonces eso hace más engorrosa la tarea del que la está haciendo” – según relata Claudia.
El vaciamiento de la clínica, que era una estructura compleja porque contaba con todos los niveles de atención a la salud, produce una desorganización que se percibe caótica. La puesta en marcha sin recursos condicionó a que sólo se abriera el primer nivel de atención, el ambulatorio. La percepción del colectivo es que se desaprovechan las competencias de los miembros y hay una nostalgia por las tareas previas. Pero se reconoce que la realidad es otra y que el proyecto debe ser reformulado en términos de una oferta de servicios vinculadas a una propuesta alternativa de salud.
De lo anterior se sigue que en, términos de producto, la Clínica lleva adelante un Plan de Salud Solidario, el cual brinda acceso a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Todo ello origina una tensión, objeto hoy de debate, entre sostener un modelo de salud alternativo y la rentabilidad económica del emprendimiento; entre el imaginario del modelo anterior con las posibilidades abiertas hoy.
En términos de remuneraciones estas son totalmente igualitarias entre los miembros de la cooperativa. La decisión de sostener esta igualdad al interior de la cooperativa, no se ha hecho extensiva a la relación con los profesionales que no la integran. Este es otro de los desafíos que se enfrentan en función de sostener el espíritu que ha animado a la cooperativa desde sus orígenes.
En términos políticos, el colectivo percibe un fuerte deseo de construir una ERT que cumpla con los atributos del “tipo ideal”: democratización laboral, modelo de salud solidaria, recomposición del hacer y el saber hacer, asegurar un ingreso digno y equitativo y seguir participando activamente en las instancias de movimientos sociales de Córdoba. Así, ubican dos nudos problemáticos como resultado de un taller de autodiagnóstico:
• “Dificultad para poner en funcionamiento a la organización como un todo y poder alcanzar los resultados económicos esperados”.
• “Dificultad para construir una empresa de salud alternativa al mo-delo vigente, al esquema organizativo anterior, al modelo empresarial hegemónico, dentro de un contexto de gobierno y jurídico desfavorable”
En Comercio y Justicia hay una experiencia previa de autogestión con fuerte participación en las luchas sindicales de los 80. La construcción de un colectivo consolidado en la lucha gremial abreva en dos organizaciones sindicales que han tenido durante el menemismo una actitud combativa: gráficos y prensa. A esto se suman experiencias de gestión. Por ejemplo, frente a un conflicto con la patronal en el año 1988, el resultado fue la cogestión de la empresa en forma transitoria Esto generó confianza en ellos mismos y aprendizajes en el manejo del negocio del diario. Tanto la experiencia gremial como la de gestión son elementos explicativos de la puesta en funcionamiento sin mayores dificultades después de la recuperación.
En términos de decisiones colectivas en la gestión, las asambleas de socios están restringidas a una ordinaria y anual prevista en el estatuto de la cooperativa. El Consejo de Administración es el que asume las decisiones más importantes.
Con relación a la división de tareas la actividad de los trabajadores gráficos, previa al cambio tecnológico, exigía especializaciones que permitían que el obrero conservara un grado importante de control del proceso productivo. El cambio tecnológico de los 80 implicó la simplificación de categorías – de las diez categorías previas pasan a tres: operarios, encargados y los que hacen otras funciones – y la exigencia de polivalencia. En síntesis: en una empresa mediana, a un colectivo consolidado con experiencia en gestión y sindical no le fue difícil apropiarse del “saber hacer” de la gestión.
También aquí hay equidad distributiva pero ésta no es absoluta: la brecha de remuneración entre los socios es hasta de un 30%. A fin de tener elementos de comparación, las asignaciones de cada uno de los socios son cerca de tres veces más altas que las de la Cooperativa de Salud Junín.
El producto es un diario orientado a sectores profesionales especializados en temas jurídicos y económicos. No hay un replanteo del producto, pero hay un cambio de enfoque: se aspira a una pluralidad informativa siguiendo fieles a los mismos destinatarios.
Por otra parte, la participación de CyJ en los movimientos sociales es limitada y la tendencia por el momento es a crecer y consolidarse como empresa. Ellos muestran el éxito económico alcanzado como el logro más importante de la gestión. Esto condiciona el proceso de democratización laboral. Desde el comienzo del proceso se advierte la tensión entre la lógica económica y la lógica política. Las palabras de Eduardo, actual presidente de la cooperativa, sintetizan las discusiones que se dieron desde el conflicto: “una postura era la de algunos gráficos y dirigentes sindicales que plantearon seguir trabajando así porque sí, a cualquier precio. Ellos querían la toma, literalmente. Esa propuesta fue rechazada de raíz por la mayoría. No llegamos a votarla. Sólo se discutió. No lo vimos viable. Imaginate que el Tribunal Superior (de Justicia de la provincia de Córdoba) es uno de nuestros clientes más importantes. En esa época el diario estaba encapsulado en la justicia, no es como ahora que tenemos más clientes en el área comercial. Si nosotros apoyábamos la toma, íbamos a perder muchos clientes.”
Pauny (ex Zanello) es una gran empresa. En algún momento Zanello tuvo hasta mil empleados y lideró el mercado de tractores argentino. Estos datos nos hablan de la complejidad del proceso productivo. Previo al cambio tecnológico de los 80 los obreros especializados y calificados tenían un cierto grado de control sobre el proceso productivo. En esa década se incorporaron las máquinas de control numérico que implicaron también simplificaciones en las calificaciones, en los oficios. Al tiempo se acentúa la distinción entre ejecución, diseño y gestión. La ejecución queda a cargo de trabajadores polivalentes que pierden así el relativo control que posibilita la especialización; el diseño y la gestión en tensión entre una patronal paternalista al tiempo que innovadora y un grupo de técnicos y gerentes bien formados.
El peso del conflicto en Zanello fue soportado por los operarios, cuyos dirigentes tienen una trayectoria sindical en un gremio que no puede ser caracterizado como combativo: la Unión Obrera Metalúrgica. Los liderazgos provienen de esa militancia sindical y la seccional regional de la UOM resulta clave en las negociaciones que se entablan con el Estado nacional y provincial para la resolución del conflicto. La conformación de la cooperativa de trabajadores articuló a los otros actores – gerentes, concesionarios y municipalidad – y produjo el desenlace cogestionario: la propiedad se distribuye en un 33% para la cooperativa de operarios, 33% para los empleados jerárquicos, 33% para los concesionarios y 1% para la Municipalidad de Las Varillas.
Esta situación condiciona los alcances de la democratización laboral.
En cuanto a las decisiones colectivas de gestión marquemos algunas cuestiones: la cooperativa como miembro minoritario del directorio de la Sociedad Anónima tiene capacidad de decisión limitada. Por otra parte, sólo un núcleo reducido de los operarios integran la Cooperativa. Esto significa que el colectivo de trabajadores no tiene decisión en la determinación de las características del producto, en el proceso productivo ni en la fijación de las remuneraciones. La participación de una Cooperativa en una S.A. es un elemento de debate en el seno de los movimientos de empresas recuperadas. Se cuestiona que una forma democrática como es la cooperativa quede subsumida en la típica organización empresaria capitalista. En términos de organización del proceso productivo sigue en pie la distinción entre ejecución, a cargo de los trabajadores; el diseño, a cargo del equipo técnico y la gestión, a cargo del directorio de la S.A. y que decide sobre procesos y productos.
Esta parcelización es percibida por los trabajadores más como un logro que una restricción en cuanto garantiza la continuidad de la fuente de trabajo y permite sostener su identidad de trabajadores. Nos dice Mario, dirigente del proceso de recuperación: “la continuidad no hubiera sido posible de no dejar intactas las formas de organización que teníamos. En una metalúrgica de Buenos Aires que conocemos en la que se quiere decidir todo por asamblea las cosas no funcionan porque no se sabe como hacerlo”, marcando así una percepción de la participación colectiva en las decisiones, casi como obstáculo a una organización eficiente.
En este esquema las remuneraciones de los operarios se efectúan conforme al convenio metalúrgico. En cuanto al producto, la innovación tecnológica se convierte en emblema de la empresa, recuperando la tradición de Zanello, aunque ahora más imbuida de una racionalidad gerencial. Resulta coherente en este marco que no se cuestionen las características del producto ni el mercado al que va dirigido.
No obstante, la cooperativa Pauny se suma como miembro activo en las instancias organizativas de las empresas recuperadas y apadrinó el surgimiento de una cooperativa de transporte de pasajeros de la ciudad de Córdoba. El crecimiento en dirección al mercado venezolano es percibido por muchos como un compromiso bolivariano y popular. De modo que una vez más es perceptible la tensión entre lo “político” y lo “económico”.
Vale la pena transcribir algunos pronunciamientos de los representantes de los distintos estamentos de la S.A. con respecto a la gestión de la empresa.
Dice Raúl Giai Levra, presidente de la S.A. (personal jerárquico): “En las empresas hablamos de dinero y el dinero no tiene cara solidaria, puede tener un fin de aplicación solidaria, pero en el fondo, la forma de obtención dista mucha de eso (…) En momentos difíciles hay que sobreponerse a la adversidad y juntos ver como salimos.
En la medida en que hay crecimiento uno tiene que aplicar metodologías correlativas con lo que está pidiendo el momento, porque si no la empresa desaparece”. En tanto Fabián Bustos, presidente de la cooperativa, dice en un reportaje que “en una empresa se puede ser solidario siempre y cuando a uno se le retribuya en algo, porque no se puede ser solidario porque sí, porque por ser solidario se va a dejar en la ruina a los compañeros. La solidaridad va de la mano de que el negocio marche bien. Esto es una empresa y no una sociedad de beneficencia”. En tanto Omar Pérez, gerente técnico y representante de la Municipalidad de Las Varillas, dice que “aquí están representadas todas las partes que involucran la producción y la comercialización del producto. Si están los trabajadores pero falta la parte comercial, ejecutiva y empresarial que tenga el management de la empresa, es imposible que una empresa salga adelante” .
La experiencia de la recuperación y de la gestión deja sin embargo en Pauny un fuerte “potencial de cambio”.
Conclusiones
La democratización laboral en las ERT no es un destino inexorable. Tampoco es una posibilidad cerrada. Es un proceso dinámico con matices y diversidades en el cual inciden factores como la consolidación previa del colectivo, la experiencia sindical, la experiencia en la gestión, el tamaño de la empresa, el destino y diseño del producto, el horizonte del proyecto y los factores externos. Sin embargo la posibilidad de direccionarse hacia la democratización laboral lleva a la introducción de la lógica política en el seno de la producción en desmedro de la lógica económica. Es decir, al interior del proceso productivo hay espacio para una política que se proyecte hacia el entorno. Las ERT mixturaron sindicalismo, cooperativismo y movimientos sociales, lo que permitió hacer visibles los planteos sobre la democracia laboral.
Hemos visto desde la Cooperativa de Trabajo Junín Ltda., en donde predominan los rasgos de movimiento social, hasta Pauny, que deviene en una empresa integrada al sistema, con una situación intermedia en la Cooperativa La Prensa, diferencias notables en los alcances de la democracia laboral, tal como la hemos definido.
Para algunos la democratización laboral es un obstáculo para mejorar el nivel de retribuciones. Esta es una pregunta abierta. Avanzaremos nuestros estudios sobre la hipótesis de que sostener la democracia laboral no está reñido con logros económicos en materia de remuneraciones.
Más allá de los alcances de la democratización laboral en las ERT, su constitución es ya un cuestionamiento a la lógica del sistema que supone que la coordinación de la producción sólo está en manos del capital. Constituyen pues una crítica radical al mostrar que es posible funcionar sin patrones y sobre la base de vínculos solidarios, y esto ya es un paso enorme de crítica al sistema.
La visibilidad de su actuación estimula la resistencia de los trabajadores frente a la precarización, el despido, el cierre, el vaciamiento, porque aparece como un horizonte de posibilidad cierta.

170 Soledad Calderón, Penélope Mazzoli, Natalia Polti, Mariela Sarlinga, Verónica Vázquez Hugo TrincheroMarceloAdolfo Buffa, Susana Roitman, Carlos Martínez.Sabrina Accorinti, Andrea Méndez, Marysol Orlando, Valeria SalvadorMónica HuertasVieta
Capítulo 15 Innovación social en las ERT mendocinas: la Mesa de Empresas Recuperadas
Mónica Huertas
“ y así vamos…
tenemos una frazada que es corta: o nos tapamos los pies, o nos tapamos la cabeza.” (C: 50 años, capataz en CC)
La desindustrialización y las ERTs en la provincia de Mendoza
Bien sabemos que en Argentina el neoliberalismo comenzó a establecerse como nuevo modelo económico a partir de 1976, con el llamado Proceso de Reconstrucción Nacional, reemplazando al modelo de sustitución de importaciones implementado hasta ese momento. También sabemos que en la década de los noventa, el modelo se consolidó favoreciendo la instalación de políticas públicas que tendieran a la liberalización y desregulación de la economía y que apuntaran a producir un superávit fiscal que permitiera pagar la deuda externa y subsidiar a “algunos” sectores que adscribían plenamente a las recomendaciones del Consenso de Washington. Pues bien, el proceso de liberación comercial afectó, principalmente, a las PYMES, que tuvieron que competir con productos importados (sin que mediara un control antidumping) y enfrentar “desigualdades” en temas tales como tecnología, créditos y exportaciones. La consecuencia: la destrucción de los encadenamientos productivos, el cierre generalizado de plantas industriales y una alta tasa de desocupación que, a su vez, incidió en la precarización de las condiciones laborales, los bajos salarios y la inequidad distributiva, e incluso, en el rol de los sindicatos.
En Mendoza, estas transformaciones estructurales de la economía tuvieron que ver con una “serie de leyes y decretos que modificaron la forma de intervención del Estado en diferentes áreas, tales como la salud, el desarrollo social, la producción y la distribución de energía eléctrica y agua potable y saneamiento” . Estos cambios condujeron a la profundización de la fragmentación social y también a la concentración económica de algunos grupos de empresarios mendocinos (Pescarmona, Cartellone, etc.) hasta que en los noventa, cuando el proceso de contracción del sector industrial se profundizó, la merma en la producción repercutió en casi todos los rubros y, en consecuencia, al llegar al año 2001, la tasa de desocupación en Mendoza osciló entre el 10% y el 13,5%. Frente a esta situación que significó la inminente pérdida de fuentes de trabajo, los procesos de recuperación de fábricas mendocinos no se diferenciaron demasiado de los procesos que se fueron dando en todo el país; procesos, con modalidades variadas, en los que los ex trabajadores fueron desarrollando experiencias de autogestión en distintos sectores de la producción.
La provincia de Mendoza cuenta con seis ERTs según datos coincidentes (2007) del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y del Jefe de Proyectos y Desarrollo Cooperativo de la Subsecretaría de Integración, Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Mendoza. Éstas abarcan distintos rubros (frigorífico, conserveras, producción de ladrillos cerámicos, imprenta), se hallan ubicadas en el Gran Mendoza (4) y en la zona sur (2), y son:
1. Ex Litografías Sanz; Gráficos Asociados (GA)
2. Ex Conservera Demán;Cooperativa Oeste Argentino (OA)
3. Frigorífico La Lagunita (LL)
4. Ex Ballarini; Recuperando lo Nuestro (RLN)
5. Ex Cerámica Cuyo S.A; Cerámica Cuyo (CC)
6. Ex Conservera Alfa; Conserveros del Sur (CS)
Puntaremos ahora, de manera sucinta, algunas coincidencias de las ERT mendocinas con las del resto de país, especialmente Bs. As, y luego marcaremos una importante diferencia.
Primero, la contracción de amplios sectores, las privatizaciones, el crecimiento de unas pocas empresas y la retracción de la PyMES, fueron moneda corriente en Mendoza.
Por ejemplo, los cambios que se fueron dando en la producción frutícola (y vitivinícola) de la zona tuvieron que ver con nuevos agentes económicos nacionales y extranjeros que compraron grandes extensiones de tierras para cultivar, y al mismo tiempo instalaron modernas plantas para procesar la producción, reemplazando a los pequeños agricultores y a las pequeñas fábricas de conservas.
Segundo, hacia el interior de las unidades productivas, las circunstancias que condujeron al cierre y dispararon los procesos de recuperación respondieron a aspectos tales como el endeudamiento salarial, la carencia de inversión en tecnología, el viraje a inversiones en el sector financiero, las deudas impositivas, y otros temas concatenados que llevaron a la merma de la producción y, a posteriori, a la quiebra y el vaciamiento. La baja – o nula – producción se explica a partir de la carencia de maquinaria adecuada, las deficiencias en infraestructura y la escasa materia prima . Las dificultades en la gestión pone de manifiesto la falta de trabajadores especializados en el área administrativa, por un lado, y la inexperiencia para accionar dentro del mercado, por el otro. Cabe mencionar que dos variables clave que se suman a lo anterior son la inestabilidad legal y las dificultades para acceder al crédito.
Tercero, como rasgo general, todas las ERT asumieron la forma legal de cooperativa de trabajo y lograron una ocupación temporaria; no obstante, una de ellas ya saldó la deuda hipotecaria de la empresa. Las unidades productivas cuentan con una cantidad de trabajadores que oscila entre 12 (en GA) y 40 (en CC), quienes cobran el mismo salario, aunque ajustado a los vaivenes de la producción. Cabe aclarar que la deserción durante los procesos se dio, en la mayoría de los casos, por los salarios/retornos bajos al comienzo, jubilaciones y problemas de salud.
Cuarto, la participación de los sindicatos en los procesos de recuperación resultó escasa, salvo en CC que contó con alguna ayuda del Sindicato de Empleados de Comercio, y en GA que contó con la asistencia del Sindicato de Gráficos. Sin embargo, muchas de las ERT sí contaron con el apoyo de la comunidad, de algunos legisladores, y de estudiantes universitarios.
Y quinto, el compromiso del gobierno de Mendoza con las ERT, desde la percepción de los trabajadores, resultó escaso durante el período 2002-2007 y es casi nulo desde el 2008, luego de un cambio en la orientación política de la administración provincial.
Ahora bien, la gran diferencia o particularidad que le proporciona a los procesos mendocinos una impronta diferente, es la dimensión política, expresada en el rol protagónico de la Mesa de Empresas Recuperadas de Mendoza (MERM) que aglutina a la totalidad de las ERT de la provincia. Según lo manifestado por sus miembros, la intención de “intercambiar experiencias y unirnos para pelear por nuestros derechos y actuar en bloque” los llevó a emprender acciones conjuntas en el ámbito local. No obstante, es importante destacar que durante el año 2007, la MERM comenzó a tender lazos con la Asociación Nacional de Trabajadores Autogestionados (ANTA) y, durante el 2008, estrecharon lazos con el INAES.
En líneas generales, los integrantes de la MERM coinciden en afirmar que los nudos más problemáticos a los que se enfrentan las ERT mendocinas son: obtener la posesión definitiva, crear un fondo para ERT, sin garantías, y poder pagarle a los acreedores para lograr la posesión definitiva de las empresas. Por lo tanto, el accionar en conjunto tiende a encontrar soluciones a estos problemas, emprendiendo y propiciando gestiones coordinadas y organizativas en temas tales como las expropiaciones, el apoyo de la comunidad, los créditos, los subsidios, los préstamos, etc. En pocas palabras, la MERM funciona como motor para impulsar las transformaciones que los distintos procesos requieren.
A continuación presentamos las características de cada una de las ERTs:
1. (ex Cerámica Cuyo S.A.) Cerámica Cuyo [fábrica de ladrillos: en producción]
Esta ERT se halla en el Gran Mendoza, en la ciudad de Bermejo, Departamento de Guaymallén. Produce, en la actualidad, ladrillos cerámicos y otros productos cerámicos para la construcción; y cuenta con 33 trabajadores, aproximadamente. Con una expropiación temporaria, ha tercerizado la administración y comercialización mediante un contrato con otra cooperativa. Según los entrevistados, la ERT vende toda la producción, aunque ésta podría mejorar si la infraestructura para la producción se modernizara. Un problema serio que preocupa a los trabajadores es una hipoteca por una deuda que contrajera la ex empresa con un banco. Este tema es el que deberán resolver pronto, para poder recibir el subsidio provincial que mencionamos anteriormente.
En cuanto a la ERT como unidad productiva, podemos describirla como una empresa autogestionada que surge luego de una quiebra y un posterior vaciamiento. La forma jurídica que adoptan los trabajadores es la de una cooperativa de trabajo que, en la actualidad (2009), está asociada a otra cooperativa que se encarga de lo administrativo, a través de un contrato de asociatividad temporario de 30 meses. De los 58 puestos de trabajo al comenzar el proceso de recuperación quedan 33. La pérdida de los puestos de trabajo se debió a la deserción por sueldos adeudados, por jubilaciones y por migraciones. En cuanto a la incorporación, 5 asociados son nuevos, tres de ellos, hijos de otros trabajadores.
La capacidad de producción mejoró de 700 toneladas (en julio del 2006) a 1400 toneladas (en diciembre del mismo año), y en la actualidad (2007), se vende todo lo que se produce. La ERT compró maquinaria y obtiene crédito de sus proveedores; en cuanto a los insumos, hay un stock para un mes de algunos productos. Todos los trabajadores trabajan 8 horas diarias y, si la producción lo requiere, hasta 10. Los salarios/retornos son todos iguales, cobran por horas trabajadas, y estos pueden variar en función del total de horas trabajadas por jornada.
Con respecto al papel del estado, la ERT recibió algunos subsidios de la Dirección de Cooperativas para el pago de servicios y para saldar deudas de máquinas. Los trabajadores están tramitando un subsidio mayor para saldar la hipoteca que pesa sobre la empresa, y están pagando un crédito por una máquina que fue comprada. Si bien la ERT fue expropiada temporalmente, por Ley 7451 en el 2005, existe la continua amenaza de un pedido de remate a partir de la hipoteca que pesa sobre ésta. Con respecto a este tema, los trabajadores hicieron un pedido de “detención” de esta acción hasta que caduque la expropiación, por un lado, y están buscando la forma de gestionar la expropiación definitiva, por el otro.
Finalmente, cabe recordar que esta ERT adscribe a la Mesa de ERT de Mendoza que, a su vez, participa esporádicamente en encuentros y jornadas en Capital Federal, e incluso en el exterior (por ejemplo, dos trabajadores jóvenes asistieron a Venezuela 2005). Los trabajadores manifiestan tener escasa o nula relación con otras organizaciones de ERT y sólo acuden a ellas para alguna consulta puntual en cuanto a lo organizativo o legal. Hacia el interior, la ERT cuenta con un Consejo de Administración, pero, según los trabajadores, “las cosas importantes” se deciden por asamblea.
2. (ex Litografías Sanz) Cooperativa Gráficos Asociados [imprenta: en producción]
La ERT, creada en 1948, se halla ubicada en la ciudad de Mendoza y su proceso data de unos 5 años atrás, luego de la muerte del dueño y de una quiebra que ya se había iniciado. En el 2002 los trabajadores recurren a la justicia por sugerencia del Sindicato de Gráficos y con la asistencia de la Dirección de Cooperativas, presentan un proyecto de trabajo para asegurar la continuidad de la empresa e inician el proceso de recuperación adoptando la forma jurídica de una cooperativa de trabajo para luego gestionar la ocupación temporaria por tres años. De los 100 trabajadores que trabajaban, en 1980, hoy sólo quedan 12, más uno contratado; y la mayoría de las deserciones se debió a jubilaciones y otros trabajos.
En la actualidad (2009) producen casi la mitad de lo que producía la antigua empresa debido a la carencia de máquinas adecuadas y de capital de trabajo. No obstante esto, los proveedores son los mismos de la antigua firma y los clientes van desde grandes empresas y el estado provincial hasta el público en general.
Los retornos que perciben se adecuan a las horas trabajadas, que por lo general de 8 a 12 horas diarias, según las demandas de la producción, y no cuentan con categorías diferenciadas. Además, debido al número de asociados, todas las reuniones de consejo cuentan con la totalidad de los asociados presentes.
Cabe agregar que la ERT recibió un subsidio del Ministerio de Trabajo de la Nación para insumos, en el 2006, y acaba de cancelar las deudas hipotecarias de la quiebra de la antigua empresa con el subsidio del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, articulado por la Dirección de Cooperativas.
3. (ex Ballarini) Cooperativa Conservando lo Nuestro [conservera: en producción]
La ERT se halla ubicada en el sur de la provincia de Mendoza, en la ciudad de San Rafael. Es una conservera que producía tomates en conserva, dulces, frutas secas, etc. El proceso de ocupación atravesó un serio conflicto en el 2005, hasta que en noviembre del mismo año la Legislatura de la provincia aprobó la ocupación temporaria por tres años. Durante el conflicto algunos trabajadores ocuparon el patio de la empresa ya que no podían ingresar a la empresa debido a una fuerte oposición de la jueza que entiende en la causa.
Un 7% de la deuda que llevó a la antigua empresa a declararse en quiebra (unos $ 54 millones), corresponde a los salarios adeudados a sus 35 ex trabajadores que apelan a esa condición para disputar el traspaso. Sin embargo, más de un 40% pertenece al fideicomiso Atuel, fondos residuales de bancos privados (Buci-Corpbanca) más el Central, administrado por BBVA-Banco Francés. Debido a esta situación conflictiva, resulta interesante comentar que los trabajadores se turnan para seguir con la ocupación del patio de la planta original para evitar que se lleven la maquinaria.
Los 34 trabajadores/as de la ERT produjeron en forma mínima y precaria algunos dulces durante un tiempo, pero en el 2008 encararon la producción de triturado de tomate, utilizando una planta alquilada. Esto fue posible con un subsidio del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para comprar el tomate, las botellas y otros insumos; mientras que el alquiler fue pagado con la producción; por otro lado, el gobierno provincial se comprometió a otorgarles un subsidio para tramitar la marca y mejorar la comercialización.
El proyecto en marcha es auditado por la Dirección de Cooperativas de la provincia, la tarea de control de calidad de los productos es realizada por una escuela de agronomía, y reciben colaboración, en lo referido a la producción, de estudiantes de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la Universidad de Cuyo.
4. (ex Demán) Cooperativa Oeste Argentino [dulcera/conservera: producción a façon]
La ERT se halla situada en Rodeo de la Cruz, en el Gran Mendoza. Surge como cooperativa para resolver la situación legal del proceso de recuperación, luego de un proceso de vaciamiento de la patronal en el 2003; y logra, en el 2005, la ocupación temporaria.
Cuenta con 12 trabajadores, en su mayoría, mujeres. Los retornos que éstos perciben son magros o nulos debido a que la producción es mínima y la ERT no logra ponerse en marcha. Obtuvieron un subsidio de Ministerio de Desarrollo de la Nación para hacer arreglos en las instalaciones y comprar maquinaria, y están tramitando otro, de la Dirección de Cooperativas de la provincia para saldar la deuda de la antigua planta y comprar la hipoteca.
En el 2007 los trabajadores sólo lograron concretar la producción de dulce de membrillo ya que contaban con una reserva de pulpa para producir panes de este dulce. Debemos comentar que la inversión en el rubro conservero es muy grande y muy rápida, debido a la naturaleza temporal de los productos. Por ejemplo, la temporada del tomate es de dos meses- en los que debe ser comprado y envasado- y por lo tanto, los gastos de inversión y producción se llevan a cabo en períodos muy cortos, con cifras muy altas.
5. (ex Frigorífico La Lagunita) Cooperativa La Lagunita [sin producción]
La ERT está situada en la ciudad de Bermejo, en el Gran Mendoza. Antiguamente fue un importante frigorífico líder de la zona que incluso se articulaba con una estación de tren. Cuando se inicia el proceso de recuperación, 7 años atrás, un incendio sólo deja en pie el enorme edificio. No está produciendo en la actualidad, y algunos de los trabajadores de la cooperativa (36, en total) fluctúan para cuidar el lugar, limpiarlo y organizarlo nuevamente.
La situación es difícil porque es la ERT que necesita la mayor cantidad de inversión de dinero. No se remató todavía el inmueble y aunque la deuda no es muy grande, el lugar está totalmente desmantelado. Además, la zona en la que se halla es actualmente considerada zona urbana, por lo tanto, el faenamiento de los animales no se va a poder llevar a cabo en el lugar y tendrán que desempeñar otras actividades asociadas, posteriores al faenamiento: faena menor y embutidos.
Con una ocupación temporaria por tres años, también, desde la MERM, los trabajadores gestionan un subsidio de la Dirección de Cooperativas para saldar la deuda y luego poner en marcha algún sector del frigorífico que les permita iniciar alguna producción.
6. (ex Conservera Alfa) Conserveros del Sur [conservera: sin producción]
Esta ERT se halla ubicada al sureste de la provincia, en Gral. Alvear. La cooperativa cuenta con 20 asociados y se dedica a la producción de dulces y conservas; aunque no está produciendo en la actualidad.
Los trabajadores se hallan en vías de instalarse en un galpón de empaque comprado mediante un subsidio de la Dirección de Cooperativas de la provincia. La antigua planta fue rematada en el 2006 y las máquinas fueron entregadas a los acreedores.
Cabe agregar que, desde el 2007 los trabajadores gestionan un subsidio para resolver el problema de las máquinas, y que el proyecto de compra del galpón incluye un espacio en el que funcionará una sede de la Universidad de Cuyo.
La innovación social y la Mesa de Empresas Recuperadas.
Al examinar los procesos de las distintas ERT de la provincia de Mendoza teniendo en cuenta la experiencia de los trabajadores con la realidad que los interpelaba, advertimos que mediante una red de interacciones sociales los trabajadores encararon las numerosas transformaciones que requiere la autogestión de sus empresas, y cambiaron, al mismo tiempo, la relación capital-trabajo. Analizaremos, a continuación, algunas de las transformaciones innovadoras más importantes, deteniéndonos en la Mesa de ERT como el rasgo más distintivo de las ERT mendocinas.
Nueva división del trabajo
Hacia el interior de las ERT mendocinas, una de las importantes transformaciones encaradas por los trabajadores es la nueva división del trabajo. Esta nueva división, producto de la necesidad de cubrir todas las áreas de la ERT, constituye una innovación que hace que muchos de los trabajadores que antes sólo se encargaban de la producción, pasen a hacerse cargo de la gestión, o bien cumplan con múltiples tareas. Un capataz, por ejemplo, se ocupa de comprar combustible, controlar las salidas de los productos, hacer tareas de mantenimiento (los domingos), recibir a proveedores y llevar un control de los gastos para la producción y de lo cargado en los camiones (lo vendido).
Otro ejemplo es el de los encargados de interactuar con agentes del gobierno, hacer los escritos para petitorios, proyectos, pedidos de subsidios, acudir a bancos y reuniones. Así, uno de los grandes cambios que la autogestión demanda de los trabajadores es el de pensarse desde un lugar de gestión, como dueños de los medios de producción, y actuar en consecuencia en aspectos relacionados con la forma de encarar la producción, lo legal, lo comercial, lo administrativo. Se trata de aprender desde la experiencia, el ensayo y el error los nuevos saberes y resignificar los anteriores. “Después de 15 ó 20 años en relación de dependencia, cuando en lo único en que uno se preocupaba era en trabajar y cobrar” nos decía C de CC, “el hecho de ser jefes, gerentes, empleados, gestores, no es tarea fácil, más bien un gran desafío”.
Así, podemos decir que en esta nueva división, la gestión empresarial es, en primer lugar, un terreno en el que la mayoría de los trabajadores ha tenido escasa o nula experiencia; algunos intentan aprender y se esfuerzan por hacerlo, otros, tercerizan la tarea. Este tema dio lugar en algunas ERT, al acercamiento de un “socio” que cumplía esa función administrativa y aportaba, también, dinero; aunque, luego, la administración en manos de estos personajes fracasó pues seguían la lógica de una empresa capitalista, y asumían la conducción de la empresa (no de la producción, reservada a los trabajadores) con la sola intención de obtener ganancias u otros beneficios.
En otras empresas, como en CC, la tercerización dio lugar a un contrato con otra cooperativa de trabajo que se ocupara de lo administrativo y la comercialización, pero bajo el control de los trabajadores. En segundo lugar, como la necesidad primordial de una ERT es ponerse en marcha, las acciones desde la gestión empresarial se centran en dos objetivos importantes: capitalizar la ERT y “despejar” la situación comprometida en que se halle.
La capitalización de la ERT implica reinvertir y reestablecer líneas de crédito para comprar insumos y maquinaria. Los pasos que vemos repetirse son: lograr algún subsidio provincial o nacional, comprar alguna máquina que a su vez sirva de garantía para sacar algún crédito, que a su vez sirva de respaldo para pedir otro. En cuanto a las trabas legales, la gestión también significa tramitar la expropiación, prorrogar hipotecas, presentar escritos cuando aparecen obstáculos en los legajos, etc. Sin embargo, más allá de quiénes se hacen cargo de lo empresarial o administrativo, y de cuáles son sus prácticas, lo innovador lo constituyen los mecanismos sociales que se ponen en funcionamiento en una empresa que sigue operando en el contexto del mercado. Estos mecanismos siguen una lógica que se aparta del modelo capitalista, en aspectos tales como: la socialización de la información sobre los pormenores del proceso de recuperación y de la capacidad productiva (temas antes vedados a los trabajadores), o la solidaridad, que se puede explicar con el siguiente testimonio:
“(…) Vamos a incorporar más gente, tenemos que incorporar más gente. Y si llegamos al tope de la producción podemos trabajar 60 familias adentro, más 15 camioneros que viajan, más 10 que nos traen la tierra, que son más familias relacionadas de forma indirecta.” (CC; G: 51años, presidente)
Producción colectiva
Pasamos ahora a la producción. La mayor parte de las ERT mendocinas comenzaron su actividad mediante el trabajo a façon, una forma “tercerizada” de producir para otra empresa del mismo rubro que tomó el trabajo. También algunas producen “por encargo” y esto consiste en que el cliente adelante el capital necesario para que la empresa compre los insumos que le faltan para elaborar el producto, aunque esto les signifique un margen ínfimo de rentabilidad. Estas formas de producir les posibilitó (a algunas) y les posibilita (a otras) poder entrar nuevamente a competir en el mercado y ganar credibilidad hasta tanto su situación legal les permita ofrecer otras garantías: hecho que a su vez les facilitaría la gestión de algún crédito.
Los dispositivos sociales a los que apelan son los de relacionarse con otras empresas del mismo rubro, contactarse con algunos clientes que estén dispuestos a adelantar el dinero antes de obtener el producto, o bien reiniciar (y “conquistar”) relaciones comerciales, basadas sólo en la palabra comprometida, e incluso acudir a proveedores de insumos que estén dispuestos a aceptar pagos diferidos, sin garantías.
“(…) Y ahora la credibilidad que tenemos es otra, antes no nos fiaban ni un centavo, ahora, este hombre que vino [se refiere al proveedor] por ejemplo, si no le pago, sabe que la semana que viene le voy a pagar; el de la tierra, también. Conseguimos casas para comprar los aislantes, y antes no nos fiaban, y ahora saben que no los vamos a estafar.” (CC; C: capataz 50 años)
Otro aspecto que vale la pena mencionar es que la inserción de los trabajadores en todas las áreas de las ERT, hace que la producción sea encarada desde una lógica distinta, es decir, teniendo en cuenta todas las variables que inciden en el proceso de desarrollo de la empresa: los costos, la falta de crédito, la precariedad de las máquinas, la forma de comercializar los productos, los salarios justos, la ausencia de apoyo sindical, la escasa experiencia en lo administrativo, las relaciones sociales, etc.
“(…) porque a veces, no sé, estás enfermo y tenés que ir a otro sector, o te jodiste un brazo y… eso va en uno. Si a uno lo llevan a otro lado y uno tiene la predisposición de aprender lo que se hace ahí, lo aprendés… si el maquinista no viene, el que sabe manejar, no tiene problema. El que sabe, va y lo hace (…) En el taller se arregla todo, está el electricista, por ejemplo. Ahora hay dos personas que están encargadas de arreglar las bandejas, ¿no es cierto? Por ahí se desuelda algo y van ellos y lo arreglan. Y a veces la misma gente que está en la máquina, porque hace tantos años que están ahí, que ellos saben, paran dos minutos y lo arreglan. Casi todo lo arreglan entre la gente del taller y de la máquina, porque se necesita… bah…acá todos nos necesitamos con todos. Vos terminás cargando acá y después te vas a trabajar para allá.” (CC; D: 25 años, “gente de los hornos”)
En el registro anterior podemos percibir dos aspectos, íntimamente relacionados: la producción colectiva y el conocimiento técnico. Se trata de producir entre todos, y esto significa cubrir distintos puestos en distintos momentos para que la producción no se detenga. Los mayores, aportando el conocimiento técnico necesario, fruto de muchos años de trabajo; los jóvenes, aportando la predisposición y la ductilidad para moverse en los distintos puestos, aunque cuenten con apenas algunas pocas experiencias en el área.
Nuevas relaciones laborales
En las empresas capitalistas, la organización del trabajo está mediada por un gerente, sin embargo, en las ERT, esta organización adopta una nueva alternativa, la de estar mediada por formas horizontales de organización. En este sentido, hablamos de relaciones laborales alternativas a la explotación capitalista y nos estamos refiriendo, por ejemplo, a la no jerarquización de los puestos de trabajo que implica que todos los miembros de la ERT resultan igualmente importantes independientemente de la tarea que desempeñen (administración, producción, comercialización, etc.).
“(…) Cobramos por horas trabajadas, todos igual. (…) Se trata de que los sueldos no se toquen. Cuando hay una buena producción, se separa plata, porque si hay un imprevisto está eso, de reserva….porque si no, vamos a tener que bajar los sueldos y va a ser para problemas. Entonces está ese margen y los sueldos no se tocan. Al contrario, desde que yo estoy acá, siempre han ido en aumento, nunca se bajaron. Eso se respeta mucho… porque uno se acostumbra a un sueldo y sacas un crédito, etc. ¿y después, qué hacés? Eso fue una de las cosas que se hablaron siempre, desde un principio.” (CC; D: 25 años, “gente de los hornos”)
Carlos Martínez4 sostiene que “la relación capital/trabajo queda suspendida y se verifica la posibilidad del trabajo de autovalorizarse como hasta ayer se valorizaba al capital. (…) En este sentido el proceso autogestivo adquiere no sólo relevancia económica sino relevancia política, al reificar al trabajo como creador de valor y situar al capital por fuera del sistema de valor generado en una unidad productiva.”
En lo que respecta a la democratización en la toma de decisiones, creemos que este rasgo instala una nueva forma de participación de los trabajadores en todas las instancias que va atravesando la ERT –que son muchas y que la mayoría de las veces no involucra sólo la producción, sino otros temas más conflictivos. Por ejemplo, aceptar, o no, la ayuda de un “socio” para poder seguir adelante, hacer un fondo de reserva para imprevistos, retrasar el pago de las quincenas e incluso resolver conflictos internos que se manifiesten en el proceso de la autogestión.
“(…) Aparte, si no trabajamos, no cobramos; aguinaldo, vacaciones… lo tenemos que producir nosotros. Nos pusimos de acuerdo y en lo que cobramos mensualmente tenemos un porcentaje de aguinaldo, de vacaciones, para obra social, seguro de accidentes. No tenemos como antes, cuando trabajábamos en relación de dependencia, que estábamos pensando en aguinaldo, salario familiar… ahora, día que no trabajamos, día que no cobramos.” (CC; C: capataz 50 años)
Al mismo tiempo, esta posibilidad de relacionarse entre todas las áreas desde la horizontalidad, significa una modificación al modelo de producción capitalista, un modelo con áreas claramente jerarquizadas, en el que las decisiones son tomadas por unos pocos, en la cima de la pirámide del poder dentro de la empresa.
El lema del cooperativismo “un hombre, un voto”, sirve para sostener la idea de horizontalidad en las relaciones dentro de la ERT y así alejarse bastante de una empresa capitalista típica. Sin embargo, tal como lo expre-

4 2006
sa el testimonio anterior, existen otros dos aspectos clave que llevan a que los trabajadores asuman roles de igualdad dentro de la ERT: la equidad en el valor de la hora de trabajo y el respeto por las decisiones tomadas en asamblea o en las reuniones con respecto al tema de salarios/retornos . Esto también es un gran cambio ya que los salarios de una empresa capitalista están diferenciados de acuerdo a una jerarquía, y el llamado costo patronal implica no sólo los retiros de los empresarios, sino también las comisiones, los sueldos gerenciales, las consultoras, etc.
Por último, nos interesa destacar la presencia de una variable importante: la precariedad en la que se desarrolla el proceso de recuperación. Las instalaciones y las máquinas de muchas de las ERT están deterioradas, producto de largos años de desinterés por parte de los antiguos empresarios y del posterior abandono del lugar. Si a esto se le agrega la falta de recursos, la única opción posible es que los mismos trabajadores se encarguen de modificar la situación. Muchos de ellos, luego de más de quince años en un puesto, conocen muy bien cómo funcionan las máquinas y se ocupan de mantenerlas en el mejor estado posible, de comprar los repuestos, e incluso de repararlas en horarios en los que no perjudique la producción. Cabe agregar que otros actores sociales, como los torneros, bobinadores y electricistas pasan a formar esa red externa que se relaciona con la ERT, y que de alguna manera también depende de, y sostiene, en forma indirecta, la conservación de esta fuente de trabajo.
“(…) Nos hace falta plata para arreglar los secaderos, arreglar la máquina que corta, es decir, la que produce el ladrillo; eso es lo más urgente. Bueno…, tierra para hacerlos, también. Son tres cosas: primero arreglar la máquina, de a poco, porque no podemos pararla del todo… y eso lleva más o menos dos meses, y hay que hacer bandejas -traemos 1 ó 2 personas que suelden-, y después los secaderos, con eso se mejora la producción, pero muy mucho. La máquina hay que arreglarla toda. Desde la tolva donde cae la tierra hasta donde sale el ladrillo, todo.” (CC; D: 25 años, “gente de los hornos”)
Tenemos, entonces, la adecuación de la tecnología a las condiciones de precariedad de las ERT, y a su vez, la adecuación de la producción a la tecnología existente. En el caso de CC, por ejemplo, la descarga de los ladrillos de los hornos debe hacerse en forma manual, esperando que los mismos estén lo suficientemente tibios como para manipularlos; todo esto debido al hecho de no contar con una máquina que los transporte, calientes, a un lugar de enfriamiento, dejando libre el horno para la próxima horneada. Por esta razón, rechazan pedidos de ladrillones (un tamaño especial) ya que esto les significaría más tiempo de enfriamiento y menor disponibilidad de los hornos para otros tamaños, y por lo tanto, menor rentabilidad. En GA, las impresiones que requieren manos de barniz no se toman como trabajo ya que las barnizadoras están completamente rotas, y en cuanto a los otros tipos de impresión, sólo toman pedidos en los que la producción pueda resultar competitiva. Es decir que las adecuaciones no se dan sólo en la forma de producir, sino también en la de comercializar los productos.
En pocas palabras, sin la disponibilidad de los trabajadores y mecánicos para reparar las máquinas, sin la adecuación de la producción a las posibilidades de su comercialización y de la infraestructura, la precariedad manifiesta en estas ERTs habría resultado un obstáculo imposible de salvar.
La Mesa de Empresas Recuperadas de Mendoza
En esta parte centraremos nuestra atención en la MERM, una entidad que agrupa a todas las ERT de la provincia y que se constituyó como tal para aunar experiencias y actuar en forma conjunta a nivel provincial y nacional. Esta innovación social, entendida, en este caso, en términos de creación e implementación de un instrumento que sirve a los intereses del grupo que la conforma, representa, a nuestro entender, una importante herramienta política. Por esta razón, ahondaremos en la función política y social que cumple, describiremos su papel dentro del espectro político mendocino e intentaremos reflexionar acerca de todo lo que esto signifique.
El acercamiento de los trabajadores de las ERT mendocinas surgió desde las relaciones sociales que estos trabajadores habían entablado por transitar caminos paralelos, que en ocasiones se conectaban y cruzaban. Las dos ERT que primero se pusieron en contacto fueron las que ya llevaban un par de años recorriendo el proceso de recuperación (GA y CC). Según cuentan los relatos de los trabajadores, la situación legal de ambas era comprometida (usurpación, acreedores, etc.), y la producción, mínima. Los procesos habían estado minados de contratiempos y frustraciones, debían encontrar la forma de capitalizar todas las experiencias y sacar provecho de lo aprendido. Esto significó que aquellos con más práctica en el proceso de recuperación (CC y GA) socializaran lo vivenciado y luego emprendieran un accionar conjunto.
Entre las actividades de la MERM en el presente (2009), cabe destacar las reuniones semanales o quincenales, en las que se informa a las otras ERT acerca de los procesos individuales, se intercambian opiniones y se sugieren pasos a seguir. El diálogo grabado en una reunión de la MERM que transcribimos a continuación, así lo expresa.
“K (38 años; OA): Bueno, esta semana hemos estado con el abogado para ver cómo está esa deuda, la sigue manteniendo el banco, el Standard Bank, ahora, y no ha habido cambios. Me contacté a Bs. As. y de ahí me mandaron a un estudio jurídico de la calle Perú. Fui al estudio (…) me dicen que algunas hipotecas el banco las vendió, pero de todos modos, las que haya vendido, las maneja ese estudio también (…) luego me piden una propuesta. Yo les cuento que el gobierno tiene un tope para darnos y no podemos pasarnos de ese tope.
J (56 años; GA secretario): Tenés que aclararle que tienen 200 mil y ahí tienen que incluir los honorarios, si no van a quedar con una deuda.
K: Yo le aclaré que no somos un grupo aislado sino que trabajamos dentro de una MERM y que estamos en contacto… y si necesitaba otro dato, que me lo pidiera. También le dije que podía venir con algún abogado, pero me dijo que no iba a hacer falta.
J: Dale, armá todo porque esa es la única forma de exigirles a los de la Dirección de Cooperativas que apuren las cosas; pero si vos no llevás todo, entonces no podés exigir nada. En el convenio con el banco tenés que poner la cifra que las partes acuerdan, y un plazo para hacer el pago, por ejemplo, nosotros pusimos una fecha: 30 días después de la firma del convenio, y eso después te sirve para exigir a la Dirección de Cooperativas el dinero.”
Puntualmente, la innovación que significa la socialización de lo aprendido tiene que ver, por un lado, con aprender y transmitir la forma de: peticionar a las autoridades nacionales, provinciales o municipales, presentar proyectos en la legislatura, tramitar subsidios, seguir la causas judiciales, recurrir a abogados para hacer presentaciones en los expedientes, conseguir distintos subsidios nacionales o provinciales (para insumos o maquinaria, por ejemplo).
Sin embargo, también se relaciona con el intercambio de otras experiencias:
“G (CC presidente; 51años): (…) después de las corridas con el banco, cuando llego a la fábrica veo a todos sentados, pienso: terminaron. No, no habían trabajado porque creyeron que no iban a cobrar. Todavía no sé quién les dijo que no les iba a pagar. Perdimos la producción. Al otro día hicimos una reunión y saltó que había bronca porque había mandado a una reunión de cooperativas a unos, y no, a otros… en fin… una huevada. (…) uno les habla y les explica, y todo está muy bien… pero después cambian, y algunos, si faltan, te traen certificado médico trucho. Igual, cuando pisan el palito, yo los suspendo… yo sé que cuando las cosas empiecen a andar mejor se van a dar cuenta, pero ahora, no pasa.
J (56 años; secretario GA): Es que la juventud no entiende muchas cosas, si no han estado en el oficio o han tenido una experiencia dura, no lo entienden. Es que tenemos que capacitarnos todos para que la gente vea lo que es una cooperativa, cada uno en su puesto de trabajo, y que la gente vea eso. Es difícil pasar de ser empleado a socio o dueño.”
Es decir, experiencias relacionadas con todos los otros aspectos que involucra la autogestión: nuevas relaciones laborales, conflictos internos, articulación con la comunidad y el estado, formas de producir, formas de administrar, formas de comercializar, etc.
La MERM funciona en el ámbito local, pero también en el ámbito nacional. En este último, los trabajadores se vinculan con otras empresas recuperadas en Jornadas y Encuentros Nacionales para mantenerse al tanto del hacer de las otras ERT del país. En la actualidad (2009), debido a cambios en el signo político del gobierno de la provincia y de funcionarios en el Ministerio de Desarrollo Social, la MERM estrechó lazos con el IINAES para poder lograr en el ámbito nacional aquellos subsidios que la provincia les retacea.
Las ERT de la MERM también forman parte del ANTA (Asociación Nacional de Trabajadores Autogestionados), una organización que intenta nuclear a las ERT y los micro-emprendimientos a “manera de sindicato”, dice J. de GA.
En el caso de GA, el hecho de conectarse con otras ERT del mismo rubro a nivel nacional, les posibilita acceder a la Red Gráfica organizada, por ejemplo, para trasladar los pedidos de trabajo de una ERT a otra ERT, en el caso en que la primera no pudiera cumplir con el pedido por razones de tiempo, infraestructura, o maquinaria, y también para comprar insumos en cantidades mayores y a mejor precio.
El ANTA es percibido como un espacio en el movimiento nacional que, al mismo tiempo, les permitió acceder a conexiones con otras ERT del mismo rubro, a una asistencia técnica y a la posibilidad de sindicalizarse y contar con una obra social. En este sentido, adherimos a la idea de que “muchas experiencias de empresas recuperadas que han perdido vinculación política con otros sectores se han visto afectadas notoriamente en una baja calidad de su proceso político autogestivo.”
Ahora bien, creemos que uno de los pilares que sustenta la lógica de la MERM es la solidaridad social. Ésta está presente en los relatos que cuentan cómo se originó la MERM, pero también lo está entre los trabajadores de una misma ERT y en la relación de la empresa con su comunidad. En este sentido los trabajadores encararon acciones concretas: un proyecto presentado en el ministerio de trabajo de la provincia para la instalación de una escuela de artes gráfica en GA, prácticas de una escuela agrotécnica para el procesamiento de dulces y conservas en RLN, y una obra de teatro que cuenta la historia de una de las ERT en CC. Como en otras ERT, la apertura de actividades solidarias serviría para emprender una devolución agradecida a la comunidad que los apoyó, o bien para generar legitimidad social al proceso, reforzando la capacidad de presión a los poderes políticos y al sistema judicial .
El otro pilar que encontramos – y que se retroalimenta en la Mesa – es la convicción, la certeza de que el camino que transitan es el correcto. Un camino o “un proceso social en el que elementos no-técnicos (valores, moral, convicciones, intereses y presiones económicas) desempeñan un papel decisivo en su génesis y consolidación.”
En cuanto al accionar en bloque de la MERM, consideramos que uno de los sostenes de ese accionar es la identidad colectiva. Una nueva subjetividad que resultó de la unión de fuerzas para encarar una inserción en lo político, desde un nuevo lugar dentro de la sociedad mendocina: el de “trabajadores autogestionados”. Una subjetividad que se expresa, por ejemplo, en la presencia de todo el grupo (las seis ERT) en las peticiones a las autoridades provinciales, en la frase “el fracaso de una es el fracaso de todas” (J; GA) y simbólicamente, en la bandera que los identifica en manifestaciones, jornadas, encuentros y otros eventos nacionales o provinciales.
Paralelamente a esta identificación, podríamos decir que la nueva formación política de los trabajadores que integran la MERM, en tanto acumulación de experiencias para pelear espacios y tensionar las relaciones con autoridades provinciales o estatales, los ha llevado a que, una vez trazado el camino a seguir, los trabajadores lleven al interior de las ERT el “mandato”, el convencimiento, de agotar todas las instancias posibles para poder transitarlo. Por ejemplo, en el caso de CC, con una hipoteca que está a punto de ejecutarse, los trabajadores fueron buscando el apoyo de distintos actores sociales para obtener la expropiación definitiva: concejales radicales, justicialistas, demócratas, del ARI, la ministra de economía, la comunidad, distintas entidades de Buenos Aires, e incluso estuvieron viendo la posibilidad de hipotecar la producción para lograr un préstamo del gobierno provincial, a través del municipio. Otro ejemplo, es el de los trabajadores de OA, quienes para obtener el subsidio provincial para la cancelación de la deuda hipotecaria, debieron averiguar qué banco tenía la hipoteca, constatar que la cifra que le daban fuera la cifra de la deuda real, hacer el convenio con los acreedores para acceder al subsidio, agregar por escrito que el pago del subsidio debía hacerse efectivo a los 30 días de haber entregado toda la documentación al Ministerio de Desarrollo Social, insistir para que el contador y el abogado tuvieran los papeles en regla, y mucha burocracia más.
“(…) se trata de agilizar los trámites, presentar la documentación que nos piden en cada caso, y después, juntas, presionar a las autoridades.” (J, 56 años; secretario de GA)
Cabe agregar que los trabajadores de las ERT mendocinas consideran que si el estado nacional, o el gobierno provincial, les otorga subsidios para cancelar las deudas hipotecarias, está avalando la legitimidad de las ERT, y por lo tanto, deberá apoyar también, sus pedidos de expropiación definitiva y futuros subsidios. De ahí el interés por resolver con celeridad los problemas de todas las cooperativas, ya que de ese modo todas podrían estar en condiciones de presionar a las autoridades para obtener la expropiación definitiva y acceder a futuros subsidios. El correlato de todo esto sería, según la percepción de los trabajadores, el fortalecimiento de la MERM como “gremio” (palabra usada por ellos) y como articulación con otras experiencias del país.
Finalmente, consideramos que la innovación social que significa la MERM podría responder a la combinación de varios factores.
El primero, la necesidad de contar con una herramienta organizativa que no fue suplida por los movimientos nacionales a los que adscribieron en algún momento de sus procesos individuales.
Luego, la certeza de que el accionar en bloque – un bloque de seis que favorece la comunicación y la toma de decisiones – los fortalece también en lo individual, y el intercambio de experiencias los enriquece y los forma en la autogestión. Y por último, lo que convendremos en llamar la “visibilidad ante el gobierno mendocino”, una característica que se da en esta provincia de 1.600.000 habitantes en la que los ciudadanos no resultan anónimos ya que, de alguna manera u otra, las distintas relaciones/lazos entre los miembros de la comunidad les confieren alguna identificación.
Por ejemplo, durante las entrevistas (tres) que se llevaron a cabo en la Dirección de Cooperativas del Gobierno de Mendoza, observamos que los miembros de distintas cooperativas – incluyendo la ERT – que acudían al sector, dialogaban con distintos empleados y éstos no sólo conocían sus nombres, sino que estaban al tanto de las instancias en las que se encontraban sus trámites y gestiones, e incluso les preguntaban sobre algunos pormenores de los procesos. Esta particularidad de tener una presencia “visible” ante el gobierno y la comunidad, no es poca cosa, especialmente cuando se trata de lograr un subsidio o un préstamo. Así, como en un círculo virtuoso, la identidad colectiva, la fuerza y la seguridad que la MERM le imprime a las acciones encaradas, en definitiva, se retroalimentan y resultan en generar confianza en la herramienta política que la misma significa, para luego emprender nuevas acciones.
Algunas reflexiones finales
A lo largo de este trabajo intentamos describir el contexto y la forma en que se desarrollaron los procesos de las ERT de la provincia de Mendoza y contribuir, así, al conocimiento sobre las implicancias de estos procesos. Para ello, nos centramos en la experiencia de la clase trabajadora mendocina y en la forma en la que los trabajadores autogestionados emprendieron nuevas relaciones sociales de producción e iniciaron un camino de transformación de las fuerzas productivas en temas tales como la relación salarial, la división del trabajo, las decisiones colectivas, la administración y la solidaridad, entre otros. Consideramos que, al explicitar las implicancias de esta experiencia, es posible advertir cómo las acciones innovadoras que los trabajadores han incorporado a la autogestión significan herramientas fundamentales que funcionan articuladamente con el sistema social en el que se insertan. En otras palabras, un sistema social con actores tales como ex trabajadores, abogados, funcionarios estatales, proveedores, vecinos, otras ERT, estudiantes universitarios, que se interconecta para poner en marcha la producción, conseguir recursos, buscar respaldo legal, democratizar las relaciones de producción, superar la precariedad.
Resultó especialmente interesante detenernos en la Mesa de Empresas Recuperadas de Mendoza ya que ésta se nos presentó como una herramienta política que unificaba a las ERT en un accionar en común. En un movimiento fragmentado con múltiples y contradictorias relaciones con el Estado, los partidos y otras agrupaciones políticas, la MERM significó organización firme y la práctica política concreta de los trabajadores mendocinos. Coincidimos con Martínez9 en que “es en el desarrollo de una estrategia desde el sector de ERT lo que puede conferirles algún tipo de seguridad en cuanto a la permanencia y explotación de la unidad productiva. Bajo este aspecto, la experiencia autogestiva debe desarrollar elementos que sean capaces de disminuir los riesgos inherentes a su precaria situación jurídica”. Pues bien, la MERM es esa estrategia, ese elemento, esa herramienta que opera como soporte y andamiaje, y al desarrollarla, los trabajadores de las ERT mendocinas reforzaron su integración y compromiso, potenciaron sus gestiones, emprendieron nuevas relaciones sociales de producción e iniciaron un camino de transformación de las fuerzas de producción, proyectándose hacia un posterior desarrollo, es decir, hacia el futuro de las empresas.
Finalmente, y para cerrar nuestras reflexiones, creemos que es importante expresar que más allá de las acciones, reacciones y contradicciones que los procesos involucren, este grupo de trabajadores es parte de un fenómeno social mayor: el amplio espectro de ERT argentinas. Un fenómeno que se dio ante una situación generalizada en el país de escasas probabilidades de reinserción laboral para quienes quedaban desempleados. Un fenómeno que mostró cómo los trabajadores argentinos dinamizaron su accionar para resistir el embate neoliberal, desarrollando una “capacidad innovativa tecnológica, organizacional y sociocultural en su forma de relacionarse con el trabajo y hacer funcionar a las ERT en situaciones impensables para el capital”10. Un fenómeno que, a pesar de las dificultades, va mostrando cómo, desde la necesidad, la clase trabajadora argentina se vuelve a situar dentro del aparato productivo y emprende una ofensiva a la hegemonía del capitalismo global.

9 2006
10 Trinchero, Ruggeri, Martínez; 2005.
Capítulo 16
De trabajadores desocupados a trabajadores autogestionados.
La Cooperativa de Trabajo del Movimiento Territorial de Liberación.
Dan Deligdisch y Fernando García
En este capitulo abordamos los obstáculos y potencialidades de la autogestión en la experiencia de una cooperativa de trabajo formada por un movimiento social de trabajadores desocupados. Esta experiencia expresa múltiples dimensiones que la diferencian de la autogestión en una unidad productiva como se manifiesta en el caso de las empresas recuperadas, ya que en este caso la autogestión implica esencialmente el impulso de un proyecto de desarrollo social, político y cultural por parte de trabajadores desocupados.
La autogestión de este proyecto de desarrollo presenta implicancias económicas, pero con particularidades propias que trataremos en las siguientes líneas. No obstante y más allá de sus particularidades, consideramos que esta experiencia comparte con el resto de las desarrolladas en este libro un proceso de autogestión que cuestiona la lógica de gestión capitalista.
El actual orden económico y político capitalista es un proceso que continuamente genera sus propias contradicciones, producidas y reproducidas históricamente en formaciones sociales concretas.
De estas contradicciones esenciales del sistema capitalista, derivan nuevas y distintas formas de producción, y toda transformación en la forma de dominación hegemónica engendra su propia resistencia o contrahegemonía.
Podemos decir que estas resistencias se reflejan en una experiencia concreta del campo popular, donde un movimiento de trabajadores desocupados (comúnmente conocidos como movimientos piqueteros) en la lucha por sus reivindicaciones materiales, impulsó un megaproyecto de construcción autogestivo, con centralidad en la formación de una cooperativa de trabajo, articulado con un proyecto político más amplio y profundo para dar respuesta a las necesidades económicas que le impone la realidad a estos sectores socialmente desfavorecidos.

El panorama político social de la Argentina en 2001 estuvo caracterizado por el surgimiento de diferentes formas de expresión popular, ya sea desde las movilizaciones, como también la construcción de movimientos sociales que ocuparon los espacios vacíos en la representación de los intereses populares. La articulación de las políticas económicas aplicadas, la postergación y abandono por parte del Estado de los sectores populares, marcó el comienzo de muchas experiencias autogestionarias, no sólo la multiplicación de empresas recuperadas por sus trabajadores, sino también el fortalecimiento de lazos solidarios entre diferentes organizaciones sociales. Como desarrollaremos en este capítulo, uno de estos casos se concretó en un proyecto de gran magnitud, la cooperativa de trabajo de construcción de viviendas Monteagudo, organizada desde el Movimiento Territorial de Liberación (MTL), es decir, la autogestión como proyecto de transformación político-social. La experiencia Monteagudo se enmarca en el surgimiento de nuevos movimientos sociales, que buscaron desde la organización del trabajo autogestionado las herramientas necesarias para dar respuestas a las problemáticas sociales.
El MTL constituye uno de los nuevos movimientos sociales que emergen como resultado dialéctico de aquellas contradicciones del sistema capitalista. Por nuevo movimiento social entendemos a aquellos movimientos político-sociales de construcción contrahegemónica y contracultural que surgen a partir de la década del 80 y toman un fuerte impulso en los 90, desarrollándose en paralelo a la descomposición de la hegemonía del modelo neoliberal a escala mundial. Estos movimientos político-sociales hacen uso de prácticas innovadoras y resignifican en la actualidad prácticas históricas del campo popular. Claro está que el hecho de ser un nuevo movimiento social no vacía su contenido histórico, más bien lo contrario, puesto que incluye continuidades históricas. La memoria colectiva almacena un copioso acervo de experiencias de lucha con sus aciertos y fracasos; y del aprendizaje de esas experiencias se nutre el MTL.
El Movimiento Territorial de Liberación
En el año 2001 se funda el MTL de Capital Federal a partir de la confluencia de distintas organizaciones territoriales (barriales y municipales), junto a los esfuerzos de militantes del Partido Comunista Argentino para construir una herramienta de organización de crecientes sectores de excluidos del mercado laboral formal o en situación de desocupación que recupere su identidad como trabajadores y de respuestas políticas a problemas políticos, en un contexto de creciente proliferación de organizaciones de desocupados.
Sus militantes decidieron que la forma organizativa del Movimiento debía ser “democrática, amplia y participativa; autónoma de los partidos políticos, el Estado y los patrones; una fuerza de poder y expresión popular”, que debía tener “unidad en la acción; legitimarse de abajo para arriba; luchar contra el modelo económico y contra el sistema de exclusión de los sectores populares”. Y, además, debía ser “clasista, antiimperialista, anticapitalista y solidaria, permitiendo la articulación de las luchas particulares y la participación de compañeros independientes y promover la conciencia de clase” .
En principio se pensó en una organización de la Provincia de Buenos Aires y Capital Federal, pero por su dinámica se expandió a 19 provincias de la Argentina, dando forma a un movimiento de carácter nacional con una diversidad de experiencias y elementos culturales.
Las políticas neoliberales que causaron el incremento de la desocupación estructural tuvieron un efecto disciplinador en la clase trabajadora inserta en el mercado laboral formal, reflejado también en el nivel cada vez más bajo de los salarios. En este contexto, un movimiento de trabajadores desocupados como el MTL entendió que la lucha por sus reivindicaciones no podía ser ajena a la del resto de la clase trabajadora, ni por ende al resto de la lucha política. Por lo tanto, se insertó dentro de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), que considera que el ámbito de organización de la clase obrera argentina no puede ser únicamente el propio lugar de trabajo (la fábrica), sino también el territorio del trabajador (su barrio), puesto que de encontrarse desocupado no contaría con ninguna herramienta de lucha sindical que lo representase ante el Estado. También mantiene estrecha relación con el Partido Comunista, pero como una organización autónoma e independiente.
El MTL se define como un movimiento político-social que se basa en la idea de construir poder popular, así como también contracultura y contrahegemonía. Entendiendo esta constitución del poder como territorial, y que es en el territorio donde se expresan las leyes, la represión, la educación, la salud, agrupa organizaciones de base, donde lo predominante son los desocupados, reivindicándolos como trabajadores. Por otro lado, se define a los trabajadores más allá de su presente laboral: pueden ser trabajadores desocupados, desocupados flexibilizados, jubilados, pero todos son trabajadores y la diferencia entre ser trabajador activo o no, es sólo una diferencia contractual del mercado laboral, que no tiene peso a la hora de definir los derechos de toda la clase trabajadora.
El MTL en la Ciudad de Buenos Aires
La Argentina, y más específicamente la Ciudad de Buenos Aires, actuó en las últimas décadas como un polo atractivo para distintas corrientes migratorias de los países vecinos, ya sea por mejores condiciones de trabajo, por una mayor demanda de mano de obra o por las ilusiones de acumulación económica que da un mejor tipo de cambio con respecto a la moneda de su país de origen. A su vez, estos países con un horizonte laboral sumamente precarizado (aún peor que la Argentina en términos comparativos) actuaron como un polo centrífugo que estimuló un éxodo migratorio en busca de mejores condiciones de vida.
Los trabajadores inmigrantes (que ya de por sí se encuentran precarizados tanto por la flexibilización laboral como por la discriminación de la que muchas veces son objeto en la sociedad de destino) frecuentemente carecen de documentación (transitoria o definitiva) que les permita el acceso a seguridades sociales con las que cuentan aquellos que sí la tienen.
Con lo cual, los trabajadores precarizados en la situación de mayor vulnerabilidad social son los inmigrantes. Hecho que explica que en la composición social de los miembros del MTL en Capital Federal la presencia de inmigrantes adquiera un peso especifico enorme en comparación con otras regiones donde se desarrolla el movimiento. El origen migratorio externo proviene mayoritariamente de Perú y Bolivia, pero también hay un número importante de inmigrantes de Paraguay y otros países sudamericanos.
En Capital Federal, la situación habitacional de gran parte de los inmigrantes es problemática, ya que una vez llegados a Buenos Aires no siempre tienen lugar donde alojarse y, muchas veces, son víctimas de engaños o caen en manos de redes mafiosas que lucran con sus necesidades; en otros casos, se suman a casas de familiares o allegados, aumentando la situación de hacinamiento.
A partir de la modificación de la Ley 25.488 de Alquileres, promulgada en noviembre de 2001, que postulaba el desalojo automático de cualquier inquilino u ocupante de una vivienda en 48 horas en caso de no cumplir con los reglamentos de alquileres, junto a la especulación inmobiliaria, se creó una situación de incertidumbre que agravó el problema habitacional para los inquilinos. La emergencia habitacional es una problemática que afecta a millares de familias que se ven sometidas a miserables condiciones de subsistencia y hacinamiento, cuando no se encuentran directamente en situación de calle.
Esta realidad capitalina le impuso ciertas condiciones al Movimiento, que en respuesta a las necesidades de sus militantes y de la problemática social, desarrolló una fuerte resistencia para frenar los desalojos. Se articuló la lucha en la calle con la lucha parlamentaria y se consiguieron los cánones de Viviendas Transitorias, primer paso para lograr encauzar la intervención estatal a una solución colectiva más sólida.
Hasta ese entonces, los subsidios de promoción social que otorgaba el GCBA para la gente en tránsito de calle consistían en el alquiler de piezas en hoteles donde se cobraba una tarifa por persona. Esto, además de una deficiente inversión pública, llevaba a formas de hacinamiento de las familias en una pieza.
Con las Viviendas Transitorias se buscó en primer término que el Estado alquilase viviendas con una estructura edilicia (algunas que anteriormente funcionaban como hoteles) que permitieran vivir a varias familias con un baño y cocina por espacio ocupado. Esto también ayudó a que en las viviendas alquiladas colectivamente con los subsidios de Promoción Social se empezara a formar una conciencia colectiva, puesto que eran los mismos militantes de base que organizados en las comisiones de vivienda iban a discutir y pelear con los funcionarios públicos para que les den respuesta no sólo a su situación sino también a la de sus compañeros que no podían estar allí.
Los subsidios estatales fueron resignificados por la lucha para obtenerlos, lo que implicó el aprendizaje y toma de conciencia política del colectivo que iba construyendo respuestas en forma conjunta para encarar el problema habitacional hacia un proyecto político. Desde el MTL se va acompañando este proceso de construcción colectiva con el objetivo de poder dar una vivienda digna, pero generando un cambio significativo en las prácticas de los sectores más perjudicados, ya que muchas veces los militantes que pasaban por las viviendas transitorias entraban con una autoestima y una moral muy dañada después de haber estado desocupados por largos períodos (muchos jóvenes jamás habían formado parte del mercado laboral formal) y quizá también haber vivido en situación de calle con sus familias; con lo cual este tránsito donde convivían distintas familias implicaba un profundo proceso de adaptación y reaprendizaje de valores como la solidaridad y la unidad.
El MTL planteó fundamentalmente dos ejes de reivindicaciones económicas: vivienda digna y trabajo genuino. Especialmente, la exigencia de trabajo genuino es central para un movimiento de trabajadores desocupados, en un contexto donde las empresas cerraban y la asistencia estatal solamente remediaba coyunturalmente las necesidades más urgentes de subsistencia de sus bases; además que se entendía que estos planes asistenciales eran masificados por los gobiernos como diques de contención contra el desborde social y como mecanismos de cooptación.
La experiencia “Monteagudo”
Inicialmente el Movimiento toma un terreno de dos manzanas, un lote de 14.400 metros cuadrados en el que se encontraban las empresas de pinturas Bunge y Born y Molinos Río de La Plata, ubicado en la calle Monteagudo 597, en el barrio de Parque Patricios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En este contexto el MTL comienza a utilizar un marco legal que le es útil a su proyecto político y le da respuestas parciales para la solución de las dos problemáticas centrales que tienen sus miembros: vivienda digna y trabajo genuino. Con la Ley 341 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (promulgada en 2000) y su modificación del año 2003, la Ley 964, que “instrumenta políticas de acceso a vivienda para uso exclusivo y permanente de hogares de bajos recursos en situación habitacional crítica, asumidos como destinatarios individuales o incorporadas en procesos de organización colectiva verificables, a través de cooperativas, mutuales o asociaciones civiles sin fines de lucro mediante subsidios o créditos con garantía hipotecaria”, se articuló a través de la Ley FONAVI la financiación del proyecto. Esto fue el resultado de una fuerte campaña de presión y lucha política tanto desde las instituciones como desde la movilización hasta que finalmente se consigue que el Gobierno de la Ciudad le adjudique el megaproyecto de construcción del complejo habitacional de Monteagudo y otorgue el subsidio para la compra del terreno. Es decir, se logró a través de la sanción y modificación de la ley 341 poder instrumentar la ley FONAVI (Fondo Nacional de la Vivienda), que deja a cargo de cada jurisdicción la forma de implementar los recursos atribuidos desde el FONAVI.
Esto significaba que el MTL, administrando recursos estatales, podía construir viviendas por y para sus miembros, lo cual implicaba dos cosas: por un lado, el marco legal les ofrecía la posibilidad de dar solución a las dos problemáticas con un mismo proyecto, es decir, trabajo y vivienda. Pero, por otro lado, el mismo marco legal los obligaba a formar legalmente una cooperativa.
Esto desató intensos debates al interior del Movimiento, porque es cierto que el constituirse legalmente como una cooperativa de trabajo lo somete a diversos condicionamientos de la sociedad capitalista en la que se desenvuelve tal proyecto de desarrollo.
Es decir, desplegar un megaproyecto económico dentro de una sociedad capitalista lo somete a nivelar sus costos con los parámetros que impone el mercado. Aquí se plantea algo similar al caso de las ERT, dado que la figura legal de la cooperativa es la forma de sustentar la experiencia autogestiva, ya sea por obtener derechos ante el Estado, como por las posibilidades de financiamiento de los proyectos.
El MTL entiende al cooperativismo como una herramienta más que posee el movimiento popular para autoorganizarse y generar ciertos grados de autonomía respecto del Estado y las clases dominantes. La autonomía pasaría por la implementación de un proyecto de desarrollo propio y autogestionado por el propio movimiento por fuera de la estructura estatal. De tal forma, no se depende de la voluntad política de tal o cual funcionario para que otorgue directamente dinero o bienes, sino que es la misma organización de los trabajadores que maneja el presupuesto estipulado legalmente. Se plantea al cooperativismo como una herramienta transformadora de la sociedad en el marco de la lucha de clases, orientado por un proyecto político liberador en lo económico, político, social y cultural.
Finalmente el MTL decide formar la Cooperativa de Trabajo EMETELE como figura legal, pero sigue siendo el Movimiento quien dirige el desarrollo de la obra y las decisiones relativas a la cooperativa puesto que todos los miembros pasan a ser socios de la cooperativa sin deber pagar cuota. A fines del año 2003 comienzan a preparar el terreno para la obra y con la venta de la chatarra que quitaron de los viejos galpones abandonados pudieron comprar las primeras herramientas.
Para llevar el proyecto adelante, la cooperativa de construcción de vivienda se organiza con una mesa directiva conformada por cinco miembros, cuyos cargos son fijos. En cuanto a la toma de decisiones, tienen una mesa federativa y una mesa ejecutiva. Cada zonal tiene cuatro delegados que se reúnen regularmente para trasladar las inquietudes y planteos tratados en su zona. Eso constituye la mesa federativa, la cual determina, decide y pasa al ejecutivo. De esta manera se busca lograr horizontalidad, en cuanto a todos los miembros del MTL (ya que las reuniones semanales del zonal son abiertas), y se logra resolver las cuestiones referentes a la organización. El ejecutivo se modifica cada año, a través de encuentros anuales en los cuales se efectúa una evaluación. Se ve si hay que ampliarlo, si funcionó, y a partir de ahí si permanece o se elige a nuevos miembros. Los miembros del ejecutivo son electos por mayoría, y en esos encuentros anuales se convoca a todas las zonales. La mesa ejecutiva resuelve las cuestiones políticas y hay, también, una junta directiva, que es la que representa a la cooperativa. Por otro lado, el ejecutivo tiene la posibilidad también de tomar decisiones urgentes en el caso de que sea necesario, sin obligación de consultar a la junta directiva. Con esta estructura, la cooperativa pretende trabajar en lo que denominan los proyectos principales del MTL: por un lado la cultura del trabajo y por otro, la vivienda digna. Son 500 los trabajadores, que perciben asignaciones familiares, aguinaldo, vacaciones, ART y obra social.
Se presentó el Proyecto Monteagudo a la Comisión Municipal de Vivienda (CMV) -actualmente Instituto de la Vivienda (IVC)- en octubre de 2003 y se le otorgó a la Cooperativa Emetele un crédito de 16 millones de pesos, que financió la construcción de 326 viviendas, un centro materno infantil, diez locales comerciales, un salón de usos múltiples y una estación de radio, nueve patios internos y una plaza.
Es necesario comprender que el MTL ingresaba con un ambicioso proyecto de gestión económica alternativa (autogestivo) en un sector de la producción con particularidades propias, aceptando el desafío tácito de demostrar que es eficiente y comparativamente superador. El sector de la construcción presenta la particularidad de que es muy difícil estimar previamente un costo total de producción, puesto que cada producto, es decir, cada obra construida, tiene particularidades específicas que imponen ciertas adecuaciones a la medida.
Por otro lado, cuando en otros países la resolución de crisis recesivas ha llevado a un creciente proceso de modernización del sector, en la Argentina condujo a mayor precarización del empleo, degradación de la calificación y formación laboral y creciente tasa de riesgo por accidentes de trabajo . Entonces, en la Argentina tenemos un sector de la construcción atrasado en comparación con el resto de las ramas productivas de la economía que con una baja composición orgánica del capital (esto es un bajo nivel de tecnología en relación a la inversión total de capitales) obtiene altas tasas de ganancias por medio de una explotación más intensa de los trabajadores. Esto genera grandes “cuencas de empleo” y, cuando los capitales golondrina se redirigen hacía la inversión en otras ramas, producen “cuencas de desocupación” que causan un profundo efecto retorno que impacta sobre el resto de la economía.
Al ser el Movimiento quien administraba los recursos y gestionaba la producción de la obra, se invierte la relación que presenta típicamente el sector, son los trabajadores que a través de su organización en la Cooperativa EMETELE contratan la maquinaria y autogestionan la construcción de viviendas construidas por ellos y para ellos. Con lo cual, los trabajadores antes desocupados pasan, no sólo a ser obreros que cobran asignaciones familiares, maternidad y vacaciones, sino también a autogestionar un proyecto de desarrollo centrado en la construcción de un complejo habitacional de carácter popular.
Por otro lado, si bien en lo político se solucionaba la necesidad de trabajo genuino, al menos a 500 trabajadores, la Cooperativa de Trabajo debía asumir el costo que implicaba el tiempo necesario para la adaptación de mano de obra deshabituada al intenso ritmo de trabajo de la construcción.
Cuando se acordó el monto del subsidio que otorgaría el Estado (según lo que aproximadamente está estipulado que cuesta el metro cuadrado de construcción) se contemplaron los sueldos de los trabajadores en el costo total de la producción en base a los convenios de trabajo de los obreros de la construcción.
Esto significa que, aun cuando los trabajadores son socios de la Cooperativa de Trabajo EMETELE, percibían todos los beneficios y cargas sociales con las que cuenta un trabajador en relación de dependencia, es decir, asignaciones familiares, aguinaldo, vacaciones, ART y obra social.
De trabajadores desocupados a trabajadores autogestionados
Con la obra en marcha el MTL comenzó a profundizar la búsqueda, a través de la construcción de contracultura y contrahegemonía, de un cambio de subjetividad de los trabajadores. Y para producir tal cambio de subjetividad era necesario también incrementar simultáneamente su conciencia política, ya que muchos trabajadores continuaban reproduciendo prácticas de resistencia pasiva, como lo hubiesen hecho previamente en relaciones laborales frente al patrón. Los trabajadores desocupados ahora trabajaban en la construcción, en una Cooperativa formada por ellos y para ellos. Y aun cuando el subsidio otorgado por el Estado fuese destinado a construir sus propias casas, éstas debían hacerse en tiempo y forma (pautadas por convenios); de lo contrario debían pagar multas al incumplimiento que desfavorecían a todo el proyecto.
La baja autoestima y la inestabilidad emocional repercutían en el núcleo familiar del trabajador, que también había habituado sus ritmos cotidianos al ocio improductivo, dada la situación del mercado laboral. Lo que ocurría era que los trabajadores desocupados después de meses o años de no contar con la posibilidad de trabajar se habían desacostumbrado al ritmo de trabajo (incluso, muchos de los más jóvenes nunca habían ingresado al mercado laboral), sus cuerpos no respondían con la mayor eficiencia por no estar habituados al ritmo de la construcción, pero por sobre todo su subjetividad como trabajador venía muy dañada. En los casos de ausencia de trayectoria laboral los cambios para insertarse en una cultura de trabajo se hacen más dificultosos.
Por otro lado, gran cantidad de los que habían ingresado a la obra por necesidad de trabajar nunca lo habían hecho en el sector de la construcción, con lo cual también la cooperativa asumió el compromiso de capacitar a sus miembros en los distintos oficios que requería la obra con talleres de oficio.
Se buscó estimular este cambio de subjetividad entre los trabajadores de la Cooperativa de Trabajo EMETELE fomentando la toma de decisiones colectivas en asambleas de los trabajadores, para que fueran ellos mismos quienes decidieran (por ejemplo, en una ocasión fue necesario resolver como reponer las horas de trabajo atrasadas: se decidió en distintas ocasiones aportar trabajo los sábados, sin ser un día laboral), y a estas iniciativas asistieron incluso sus referentes. Esto nos habla de una toma de conciencia colectiva que se fomentaba al interior de la experiencia de Monteagudo.
Aquí es donde se constituye un cambio en la cultura del trabajo, ya que una parte de los trabajadores de la cooperativa experimentan por primera vez tener trabajo, otros lo recuperaron pero todos dejaron de ser trabajadores desocupados para ser trabajadores con iniciativa y capacidad propia de autogestionar un proyecto de desarrollo productivo, donde prime el aprendizaje colectivo, que fomente valores de solidaridad social por sobre la mera rentabilidad económica y el individualismo. Y esto significa no sólo generar la actividad física propia del trabajo o el oficio que se lleve adelante, sino un cambio en la subjetividad donde la vida cotidiana pasa a estar ligada a la transformación directa de su realidad.
Más allá de la experiencia de la cooperativa de trabajo formada en Capital Federal, el MTL busca que el proceso de cambios políticos-culturales no quede agotado en un solo proyecto, sino que se desarrollen esos cambios culturales en otras esferas de la vida social que incluso trasciendan al movimiento.
Alcances y obstáculos de la experiencia “Monteagudo”
Terminado el megaproyecto de Monteagudo en marzo de 2007, se puede apreciar cómo este barrio constituye una novedosa concepción del ambiente urbano para los trabajadores, que contradice a quienes postulan que un complejo habitacional popular debe ser priorizar el ahorro de espacio en relación al precio que impone el mercado inmobiliario. En oposición a ésta concepción, el complejo habitacional de Monteagudo demuestra que el trabajador tiene derecho a vivir dignamente junto a su familia, en un hogar cómodo y luminoso, con espacio en los patios internos para que sus hijos jueguen junto a los hijos de sus vecinos.
Pero una vez finalizada la construcción de Monteagudo no quedan resueltos por completo los problemas de los trabajadores, ya que es necesario que paguen mensualmente sus propias viviendas. Por tal motivo la Cooperativa de Trabajo EMETELE continúa generando trabajo genuino para sus trabajadores en otros emprendimientos de construcción privados y se espera la concreción de un segundo megaproyecto.
Por otro lado, cuando los trabajadores aún vivían en las viviendas transitorias se fue desarrollando un fuerte trabajo de concientización para romper con los patrones de la cultura del consumismo y conseguir que administren con regularidad sus ingresos de manera más racional. Puesto que, cuando los trabajadores se mudan a sus nuevas viviendas, deben pagarlas regularmente como cualquier crédito hipotecario, era necesario previamente estimular un consumo de sus ingresos acorde a esta necesidad.
Cuando un movimiento popular se autoorganiza para solucionar las necesidades más urgentes de la clase trabajadora corre dos riesgos: burocratizar sus estructuras bajo el influjo del Estado, y permitir que las formas permanentes de autoorganización desvíen sus objetivos transformadores, para terminar siendo administradores de la subsistencia. Sin embargo, la experiencia de la construcción del complejo habitacional de Monteagudo demuestra que es posible que los trabajadores desplieguen un proyecto propio de desarrollo autogestionado que genere en la práctica innovadoras alternativas políticas, económicas, sociales y culturales.
Esto se hizo posible gracias a la sólida organización de sus trabajadores que busca transformar las pautas y normas impuestas por la lógica capitalista. La experiencia no fue fácil y libre de obstáculos, al contrario, los trabajadores de la Cooperativa del MTL debieron superar con mucho esfuerzos diversos preconceptos y prácticas adquiridas de manera inconsciente y por lo tanto, no cuestionadas.
Primero, en la convivencia dentro de las viviendas transitorias debieron transformar sus costumbres cotidianas adquiridas estando sin trabajo. Pero este proceso de transformación subjetiva no es individual, sino social y colectiva, pues no solo repercute en el trabajador sino también en su núcleo familiar, sus pares y las familias de sus pares.
En esta transformación subjetiva del trabajador desocupado, la convivencia con sus pares dentro de un ambiente solidario y liberador ayudó a modificar y romper prácticas culturales que lo oprimían y estancaban en una posición subordinada.
Luego, el trabajo actuó como un ordenador de su vida que lo forzó a asumir en la práctica su verdadero rol de sujeto activo, capaz de transformar la realidad que lo rodea. Con la implicancia de la toma de decisiones diariamente con sus pares, contribuye a que en la práctica los reconozca como sujetos y viceversa.
Para finalizar, es posible señalar a partir de esta experiencia que la mejor forma en que un proyecto autogestivo subsista, funcione y crezca en medio de un océano capitalista, depende de una favorable correlación de fuerzas donde la clase trabajadora pueda acumular peso político propio, a través de su articulación con un proyecto político más amplio que trascienda lo meramente reivindicativo. Ante la culminación del proyecto de construcción de viviendas, surgen otros horizontes que deben apoyarse en el cambio cultural, donde se pueda canalizar en futuros proyectos una forma de participación política transformadora.

200 Soledad Calderón, Penélope Mazzoli, Natalia Polti, Mariela Sarlinga, Verónica Vázquez Hugo TrincheroMarceloDan Deligdisch y Fernando GarcíaAdolfo Buffa, Susana Roitman, Carlos Martínez.SMónica Huertasbrina Accorinti, Andrea Méndez, Marysol Orlando, Valeria SalvadorVieta
Cuarta Parte

Las empresas recuperadas y la autogestión en América Latina
Las empresas recuperadas y la autogestión en América LatinaLas empre as recuper das yAlgunas dimensiones analíticasla autogestión en la ArgentinaUna presentac ón 201

202 Soledad Calderón, Penélope Mazzoli, Natalia Polti, Mariela Sarlinga, Verónica Vázquez
Hugo TrincheroMarceloHenrique T. NovaesDaAdolfo Buffa, Susana Roitman, Carlos Martínez.SMónica Huertasb Deligdisch y Fernando Garcíana Accorinti, Andrea Méndez, Marysol Orlando, Valeria SalvadorVieta

Capítulo 17 Un balance de las Fábricas Recuperadas brasileñas frente a un contexto de crisis avasalladora
Henrique T. Novaes
Introducción
En el Brasil de los años 90, surgieron numerosas formas de resistencia de la clase trabajadora frente al crecimiento del desempleo y subempleo, en la nueva fase del capitalismo con hegemonía del capital financiero. Entre estas formas de resistencia de la clase trabajadora, en este artículo nos referimos al surgimiento de iniciativas con características autogestionarias originadas a partir de empresas que quebraron o en vías de hacerlo.
En la primera sección del artículo trazaremos algunas líneas sobre las estrategias de los trabajadores frente al cierre de las fábricas, la cantidad de Fábricas Recuperadas (FRs) existentes y los sectores a las que las mismas pertenecen. Enseguida, revisaremos los principales trabajos que abordan las FRs en Brasil. En la última sección, apuntaremos algunas tendencias en las FRs, sus límites y potencialidades.
¿Qué hicieron los trabajadores brasileños cuándo las fábricas cerraron?
Diversas fueron las formas de lucha de la clase trabajadora en un contexto de aumento de la barbarie del capitalismo (desindustrialización, desnacionalización, privatización de las riquezas públicas, subempleo, cierre de fábricas, aumento de la corrupción y de la concentración del ingreso, escalada de las drogas, aumento de condominios y favelas, etc) . Incluso sabiendo que el objetivo primordial de las FRs es la defensa de los puestos de trabajo, ellas no son una respuesta automática a las condiciones macroeconómicas de los años 90, sino también el resultado de un nuevo contexto histórico, principalmente en función de los procesos de “redemocratización” y de un nuevo “clima social” en América Latina.
Más precisamente, se trata de un “nuevo” fenómeno social o un “nuevo” método creado por la clase trabajadora en un contexto de hegemonía del capital financiero, donde la lucha sindical tradicional por empleo en relación de dependencia no encontraba más resultados y donde el desempleo y el subempleo se volvieron estructurales.
Cruz 3parece concordar con nosotros sobre el surgimiento de esta “novedad” en la historia de América latina cuando afirma que
(…) el surgimiento de millares de iniciativas económicas de tipo asociativo – cooperativas, asociaciones, empresas recuperadas, instituciones comunitarias de crédito, clubes de trueque, etc. – en el Cono Sur de América Latina, desde los años 90, representa la emergencia de un fenómeno económico y social que, aunque guarde estrechas relaciones con experiencias anteriores, tiene características específicas, que resultaron de las transformaciones ocurridas en las últimas décadas, tanto de la economía cuanto de la sociedad latinoamericana”.
Frente a este nuevo contexto, muchos trabajadores pasaron a ocupar fábricas como forma de resistencia. En un primer momento, apenas sobrevivían con cantidades ínfimas de dinero. Después, pasaron a tener “sueldos” (retiros) más próximos a los del mercado en formas igualitarias o proporcionales, “optaron” por alquilar (en la mayoría de los casos) o adquirir los medios de producción, instalando mecanismos de decisión parlamentaria en el seno de la unidad productiva (un socio: un voto) y cuestionando la división del trabajo anterior.
La Secretaría Nacional de Economía Solidaria (SENAES - Ministerio del Trabajo y Empleo) ya concluyó el primer relevamiento de la Economía Solidaria del Brasil. Hasta el presente, no tenemos exactitud en la información en cuanto al número de FRs sobrevivientes en Brasil, pero debe girar en torno a 150. Cabe aclarar también que la mayoría de las FRs está en el sector metalúrgico, en el sector textil y de calzados.
La historia de las FRs en Brasil puede ser dividida en tres momentos. El primero puede ser caracterizado por el surgimiento de casos aislados, en los años 80. El segundo tiene como contexto la valorización cambiaria y la apertura comercial del gobierno de Fernando Henrique Cardoso. Fue en este momento histórico que surgieron la mayoría de las FRs brasileñas. El tercer momento es aquél donde aparecen casos dispersos, en los años 2000, pero que no pueden ser despreciados.
La mayoría de las FRs brasileñas señala la autogestión como un horizonte de sus luchas. Sin embargo, como en la Argentina y en Venezuela, algunas fábricas reivindican la estatización bajo control obrero de las fábricas ocupadas. Cabe acentuar que ni el gobierno Cardoso ni el gobierno Lula apoyaron tal iniciativa .
Entre las entidades que apoyan las FRs, se destacan la ANTEAG (Asociación Nacional de Trabajadores y Empresas de Autogestión), fundada oficialmente en 1994 y la UNISOL Cooperativas, fundada en marzo de 2000, con el apoyo institucional del Sindicato de los Metalúrgicos del ABC paulista. La UNISOL inicialmente actuaba en el Estado de São Paulo, pero después ganó alcance nacional. La Central Única de los Trabajadores (CUT) lanzó, también en 2000, la Agencia de Desarrollo Solidario (ADS) .
Una breve revisión bibliográfica
La academia brasileña viene interesándose cada vez más sobre los diversos temas que tienen que ver con las FRs y las cooperativas populares. Esta sección presenta brevemente algunos de los estudios más importantes sobre el tema.
Reconocemos que sería imposible en este artículo presentar los innumerables estudios que están brotando en Brasil, pero, incluso así, intentaremos hacer una breve revisión bibliográfica.
Lorena Holzmann trata de la experiencia de trabajo y de gestión en dos cooperativas industriales organizadas por los empleados de la antigua Metalúrgica Wallig en el año 1984 a través del alquiler de los medios de producción por los antiguos trabajadores.
Lo que llamó la atención de Holzmann fue el tipo de gestión entonces inaugurada en las dos cooperativas (Wallig Sul y Wallig Norte). En su condición de socios, los fundadores asumieron la gestión, reformularan normas disciplinarias y pusieron fin a mecanismos de control que hasta entonces regulaban la cotidianeidad del trabajo. Se añade a estas reformulaciones voluntariamente decididas, la vigencia de procedimientos democráticos en cumplimiento de la legislación que reglamenta la formación y funcionamiento de organizaciones cooperativas en el país .
Holzmann observó lo que surgió de diferente con la creación de estas dos cooperativas. Al fundarlas e integrarse como socios, los trabajadores pasaron a tener derechos y deberes iguales – al menos en teoría – y, con la supresión de la antigua jerarquía existente en las fábricas, pretendieron eliminar cualquier idea de subordinación.
Fue el modo como lo tradicional y la innovación se combinaron lo que caracterizó como diferente a la gestión de las cooperativas, desde la que se construyó una nueva experiencia de trabajo, pero de la cual no formó parte la negación de la organización capitalista del trabajo y de la propia sociedad capitalista como un sistema ordenador del conjunto de relaciones sociales.
Aun en la ausencia de un patrón personificando el capital, los valores del trabajo, de la jerarquía, de la disciplina, con los que el capital construye su legitimidad, se reprodujeron en este contexto, asegurando la operación de los mecanismos de generación y apropiación del excedente .
En este nuevo formato, los trabajadores podrían tener plena participación en cuestiones relativas a la toma de decisiones y en todas las esferas de las cooperativas, desde la definición de políticas de inversión y remuneración hasta la organización del proceso de trabajo, relaciones entre los trabajadores, vigencia de las nuevas reglas disciplinarias, la evaluación de la propia situación legal, determinada por la condición de socios y la consecuente pérdida de derechos laborales, así como la evaluación de la propia experiencia como trabajadores propietarios .
En las cooperativas, la posibilidad de opinar, de ser consultados, de pedir explicaciones y recibirlas se integraba a las normas de convivencia en el trabajo como un derecho dispuesto en el estatuto. Veamos la argumentación:
“Decisiones como la elección de las direcciones y hasta la posibilidad de su sustitución, así como la distribución de los excedentes, pasaron a ser atribuciones importantes del conjunto de los asociados reunidos en asamblea general. Su magnitud no puede ser minimizada cuando se la compara con la exclusión a que, en general, son relegados los trabajadores. Sin embargo, tampoco se puede considerar que el proceso de toma de decisiones incluía siempre el conjunto de los trabajadores, ya que el Consejo de Administración concentraba un amplio espectro de atribuciones que le garantizaba una relativa autonomía para tomar decisiones sin obligarse a consultar al conjunto de los asociados”11.
Cabe resaltar que, con el tiempo, la dirección pasó a decidir, sin consultar a los demás asociados, sobre una serie de cuestiones, como promociones de personal, definición de sueldos e inversiones. Asociados del sector administrativo, integrantes del Consejo de Administración, admitieron estas prácticas y las consideraban como un avance.
El fin del síndrome de participación y la “autonomización” del Consejo hizo que emergiese entre algunos asociados la certeza de que había habido
“una apropiación de las instancias decisorias por un pequeño número de asociados. Esto habría ocurrido incluso con la renovación obligatoria de cargos en cada uno de los consejos (el de Administración y el Fiscal), ya que hubo, en el primero de ellos, un proceso de cooptación, por los intereses de los asociados del sector administrativo, de asociados de la producción electos por la base, mientras que el Consejo Fiscal era inoperante” .
La autora nos muestra también que las franjas de sueldos no eran divulgadas, no siendo de conocimiento del cuadro social de las cooperativas.
Holzmann constató que la posibilidad de intervención y de sugerir alteraciones en los procedimientos de trabajo existía y era ejercida de hecho, mayormente por trabajadores calificados y muy raramente por ayudantes u obreros de línea de montaje. El conocimiento más abarcativo de los obreros calificados y de los profesionales abría posibilidades de proponer cambios técnicamente viables, lo que “era objetivamente más limitado para los obreros sin calificación, aun cuando estas posibilidades no le fuesen negadas” .
Los trabajadores que se asociaron posteriormente en función de la crisis del empleo no se identificaban con el proyecto. Éstos hicieron la lectura de que una cooperativa significaba la ruptura radical con la disciplina usual. Holzmann verificó que empezaron a suceder con frecuencia inobservancia de horarios, ausentismo, no acatamiento de disposiciones de los coordinadores, provocando el descontento entre los propios asociados.
La eliminación de las atribuciones de las antiguas jefaturas de permanente control y evaluación del desempeño de los obreros, al mismo tiempo que fue considerada como algo muy positivo por todos los asociados, fue también responsabilizada por la negligencia con que algunos encaraban el trabajo. La inexistencia de mecanismos alternativos de control (que fuesen más allá de las presiones circunstanciales desencadenadas por algunos asociados menos tolerantes con conductas consideradas incorrectas), ejercidos por el colectivo de trabajadores – que pudiesen reclamar a cada una su cuota de responsabilidad – abrió espacio para las actitudes negligentes, produciendo un clima de insatisfacción, pues los que se consideraban cumplidores de sus tareas se sentían dañados por aquéllos que, en su opinión, abusaban de la libertad existente.
Holzmann observó también que, por tener oportunidad de una actuación menos pasiva respecto a los procedimientos de trabajo, algunos obreros, particularmente los más calificados, pasaron a tener una autoevaluación más positiva de sus capacitaciones profesionales frente a los ingenieros, que, en su opinión, siempre fueron los profesionales que tomaban las decisiones pertinentes a las actividades adentro de la fábrica, para las cuales los obreros no eran consultados.
En cuanto a la interpretación de los trabajadores sobre los accidentes de trabajo, no hubo cambio, pues los trabajadores asumían los accidentes ocurridos como resultado de sus propias conductas, atribuyendo a sí mismos la responsabilidad de no tener cuidado para evitar los riesgos que consideraban inherentes a las tareas que ejecutaban. La concepción de que la ocurrencia de accidentes era resultado de conductas impropias de los trabajadores tendía a establecerse como realidad, pasible de modificación solamente con la modificación de aquellas conductas. Cree que los trabajadores no enfrentaban este problema debido a una combinación de sentimiento de fatalidad y culpa.
Holzmann deja explícito éste argumento al señalar la ausencia de cambio de actitud de los trabajadores cuando éstos se volvieron dueños. Al relatar las posibilidades “privilegiadas” de intervención en la seguridad del trabajo que tenían estos trabajadores, esta investigadora deja claro que éstos
“no llegaron a comprender que, dadas las condiciones de que gozaban en las cooperativas, tenían posibilidades privilegiadas de intervenir en el espacio de trabajo, minimizando o hasta eliminando los riesgos ahí existentes. Pero continuaron entendiéndolos como inherentes al ambiente fabril. Cuando mucho, deberían partir de la dirección iniciativas que aumentasen la seguridad de los trabajadores. A éstos cabría tan sólo un cambio de actitudes, además de apostar a la suerte” .
Los investigadores de la Coppe-UFRJ (un centro de enseñaza e investigación en ingeniería de la Universidad Federal de Río de Janeiro) buscaron verificar la “capacidad de integración competitiva, tecnológica y organizacional-social en el tejido social brasileño” de algunas FRs .
En la CBCA, empresa que extrae carbón en minas, había antes una separación rígida entre el “lado pensante y el manual”. Con el proceso de recuperación de la empresa, la mayoría de los ingenieros fue forzada a salir debido a las pésimas relaciones con los trabajadores, que “erróneamente les juzgaban innecesarios”. Más tarde, el nuevo presidente (un ingeniero) indicado por el sindicato consiguió incluir la participación de los trabajadores tanto en las decisiones técnicas como en las administrativas. La CBCA, del Estado de Santa Catarina, fue conocida en el Brasil entero porque los trabajadores se ataron dinamita al cuerpo durante la lucha por la expropiación. Maurício Tragtenberg, uno de los mayores intelectuales brasileños que pensaron la autogestión, cuando estuvo en la mina, clasificó la misma como un ejemplo de co-gestión y no de autogestión.
Maurício Faria estudió el caso Makerli, una empresa de calzados de la ciudad de Franca. En 1993 los trabajadores adquirieron los medios de producción de los antiguos dueños, contando con una financiación del Banespa (antiguo Banco del Estado de São Paulo) para tal adquisición .
El investigador demuestra que, a pesar de que la expresión “autogestión” sugiere una alteración en las relaciones de poder en el interior de la fábrica, en verdad prevalecían en Makerli las relaciones sociales de producción capitalistas, manteniéndose los lugares determinados por la división del trabajo y la jerarquía de rendimientos y de decisiones, viviendo los trabajadores ambiguamente la condición de “dueños” de la empresa. O sea, eran “dueños” de la empresa que les explotaba .
Faria no cree que se trate de una experiencia con características autogestionarias, a pesar de que así la denominaron el sindicato y la dirección administrativa que asumió la empresa. Para Faria, evaluando desde una mirada de la autogestión como experiencia histórica del movimiento obrero y en los dichos de los trabajadores de base de la fábrica, Makerli está lejos de ser un ejemplo de autogestión.
Las investigaciones de Faria lo llevaron a creer que el cambio en las relaciones de propiedad no fue suficiente, pues los trabajadores perdieron “el control de los centros de decisión de la empresa” . Para él, el cambio en las relaciones de propiedad no es suficiente, por sí solo, para alterar las relaciones sociales de producción capitalistas, mientras la fuerza de trabajo mantenga su práctica fragmentada en el proceso de producción.
Entre los estudios que tuvimos contacto, uno de los más amplios es el realizado entre 1998 y 2000 por los investigadores Cândido Vieitez y Neusa Dal Ri19 en 19 empresas, afiliadas a ANTEAG. De esas empresas, una es del sector agroindustrial, siendo las demás de los rubros metalúrgico, hilandería, textil, cristales, calzados, confección, carbón mineral, muebles y plásticos.
La investigación de Vieitez y Dal Ri buscó contestar a las siguientes cuestiones: a) ¿Cuál es la estructura de las relaciones industriales y de trabajo que caracteriza a esas empresas?, b) ¿Cuáles son las posibilidades de desarrollo de esas empresas, de acuerdo a esa estructura?, c) ¿En qué estado se encuentra la democratización de las relaciones de trabajo en esas empresas? y d) ¿La democratización de las relaciones de trabajo podrá avanzar en el porvenir o la reversión a estructuras de tipo tradicional es apenas una cuestión de tiempo?
Nuestro análisis de las cuestiones levantadas por Vieitez y Dal Ri está centrado en la observación que realizan sobre cambios tecnológicos, en la división del excedente y en el proceso de trabajo en iniciativas autogestionarias (IAs).
En cuanto a la parte que nos interesa más de cerca, esto es, los cambios en el proceso de trabajo, los autores señalan que los procesos de trabajo encontrados son, desde el punto de vista técnico, casi los mismos que los existentes en las empresas capitalistas , siendo que las principales modificaciones se encuentran en lo que denominan la variable “control del trabajo”.
Las IAs alteraron muy poco los procesos de trabajo oriundos de las empresas capitalistas, particularmente en lo que atañe a las relaciones de los trabajadores con las máquinas, equipos y tecnologías de producción . Justamente por eso concluyen que esa situación de los trabajadores en el proceso de trabajo se encuentra en contradicción tanto con la estructura general de las relaciones de trabajo cuanto con los propósitos democráticos declarados de las IAs.
Para los autores las dificultades para alterar la organización del proceso de trabajo son evidentes. Se deben básicamente al hecho de que las máquinas, equipos y tecnologías de producción utilizadas, que fueron o aún son las disponibles en el mercado, determinan en gran parte la organización del proceso de trabajo.
Los principales cambios introducidos por las IAs en el proceso de trabajo refieren a la división de tareas, a las cadencias y, en general, a lo que en la empresa capitalista corresponde al “control del proceso de trabajo” .
En cuanto a la división del trabajo, hay una significativa alteración en la tradicional división de la fábrica en sectores con funciones de ejecución y de dirección, siendo los trabajadores encargados, al mismo tiempo, de dirigir la organización. Otro indicador de cambio evidenciado por los autores es la “quiebra del sistema de funciones especializadas” .
Vieitez y Dal Ri afirman que la cadencia del trabajo es distinta de la empresa capitalista. Eso porque la ausencia de la presión recurrente del capital con vistas a su valorización hizo que el colectivo trabaje, en general, en un ritmo más lento. Sin embargo, cuando las circunstancias exigen, el ritmo puede volverse más intenso. Generalmente en el inicio hay aflojamiento de la disciplina, inobservancia de las horas, aumento del número de faltas no justificadas y la negación de la autoridad de las coordinaciones. Después, se produce la implantación de nuevas reglas y normas de comportamiento para el colectivo.
De las 19 empresas estudiadas, ocho están adquiriendo máquinas y equipos de a poco. Los autores notan también que la utilización de computadoras y programas de informática es baja y que una de ellas implantó un sistema gerencial total. En cuanto al control de calidad, tres empresas se valen sólo de los propios operadores para la realización del control. Se observa una cierta propensión a que cada trabajador cuide la calidad, práctica que no se aviene a los preceptos difundidos por las teorías recientes de gestión de la calidad, pero sí a la mayor responsabilidad y compromiso del asociado con la iniciativa .
Los autores señalan todavía que tres empresas: Agroeste, Irison y Mactel (todos nombres ficticios) realizan investigaciones. La Agroeste firmó un convenio con la UNESP (Universidad del Estado de Sao Paulo) y la UNICAMP (Universidad de Campinas) para el desarrollo de técnicas de aumento de la productividad, control de plagas y predadores naturales. La Irison desarrolla nuevas tecnologías intentando modificar el proceso de producción de cerraduras. La Mactel busca nuevas tecnologías por medio de convenios con el SEBRAE y con el SENAI (instituciones del Estado brasileño).
En cuanto a la innovación de productos, de 16 empresas que contestaron, 10 (62,5%) no realizaron ninguna innovación de productos y tampoco están involucradas en algún proceso innovador aunque hayan declarado la intención de innovar en el futuro . Sólo Coopermar y Agroeste lanzaron nuevos productos en el mercado . En cuanto la innovación de productos, estos pensadores abogan que el “pensamiento no puede ser el mismo”. Observan todavía que “no se encontró ningún mecanismo formal o informal de estímulo a los asociados para que éstos aporten con ideas innovadoras, lo que no deja de ser paradójico, ya que los trabajadores tienen espacio y también motivos para se interesen por la innovación” .
En cuanto a los retiros, los datos muestran una inclinación a la equidad distributiva. Sin embargo, 64,2% de las empresas no han sido capaces de generar un excedente que posibilite la distribución de ganancias entre los asociados.
Un último problema que me gustaría puntualizar se refiere a la forma como algunas cooperativas están manejando la dependencia del trabajo a façon. Por ejemplo, el edificio de la Coopercon pertenece a la empresa StarUp y puede ser retomado por ella en cualquier momento. La Cooperjeans está diversificando sus clientes proveedores de trabajo a façon y la Coopermar desarrolló un producto propio y está implantando una red de tiendas minoristas.
De acuerdo con Alaniz28, que también estudió el caso de la Univens (en realidad Cooperjeans), en las empresas recuperadas los trabajadores son desafiados a administrar la iniciativa y a tomar decisiones sobre los principales aspectos que envuelven el funcionamiento de la empresa, como, por ejemplo, decidir sobre la utilización del excedente y la inversión: se suscita el examen y la discusión de las opciones existentes a fin de establecerse las directrices generales. Prácticas como ésta permiten el desarrollo intelectual de los trabajadores.
Según Alaniz, en los límites del capital, la calificación se coloca de forma autoritaria y despótica. En los marcos de la autogestión, la calificación debe ser pensada teniendo en vista la superación de la división del trabajo, la democratización del poder de decisión y el acceso a la totalidad del conocimiento que circula en la fábrica.
Ahora, en el caso de que las cooperativas ocupen apenas los primeros eslabones de las cadenas de producción o continúen dependiendo de trabajo a façon, todo nos lleva a creer que continuarán recibiendo apenas las menores franjas de la división del excedente a lo largo de la cadena. En ese sentido, un paliativo se da a través de la diversificación de los clientes a façon y una actitud más osada se da cuando una cooperativa implanta una red de tiendas,
28 2003
tal como Coopermar. En el caso de Coopal, decidió ascender en la cadena productiva cuando pasó de mera productora a industrializadora de leche.
La disertación de Henrique Parra29 parece ser una excepción en el campo de la investigación en iniciativas solidarias. No se limita a la caracterización interna de las cooperativas, sino también a la de las relaciones de las cooperativas con su entorno.
Parra acierta al decir que la práctica de los trabajadores en el proceso de implementación de la autogestión interroga y desnaturaliza la aparente neutralidad de los criterios de eficiencia productiva, de la división socio-técnica del trabajo y la distribución de los recursos económicos de la sociedad .
Al describir Uniwídia (antigua Cervin), empresa que fabrica herramientas, él nos recuerda que en la década de 1980 esta empresa poseía 250 trabajadores, facturando US$ 1 millón por mes. En 1993, la empresa entró en crisis y en 1998, cuando se profundizó la crisis económica, los trabajadores ocuparon el edificio de la administración.
El sindicato de los metalúrgicos del ABC apoyó a los trabajadores en las negociaciones. Todos fueron despedidos y se creó una cooperativa de cogestión (facturación dividida entre cooperativa y administración). En un segundo momento, los trabajadores arrendaron Cervin, excluyendo a los antiguos propietarios del negocio (socios de la cogestión).
El cambio de la situación de empleados asalariados a trabajadores asociados trae consigo innumerables resistencias y transformaciones culturales.
Las anteriores relaciones de mando, subordinación, consentimiento, sumadas a una capacitación profesional para un trabajo fabril fragmentado, produjeron trabajadores con un perfil que choca frontalmente con los principios no jerárquicos y participativos promulgados por la autogestión.
Parra reconoce que existen serios límites a la implementación de estrategias de remuneración alternativas a las convencionales en el interior de empresas de autogestión. Siendo así, los valores acaban convergiendo hacia números cercanos a aquellos estipulados por el mercado de trabajo.
De acuerdo con Parra, las relaciones de producción en el interior de una empresa pueden ser analizadas a través de la observación de la división social y técnica del trabajo expresadas, por ejemplo, en la arquitectura de la fábrica, en la disposición de los equipos, en las jerarquías y en la subjetividad de los trabajadores. Esta división sufre profundos cuestionamientos en el proceso de transición de la relación asalariada hacia el trabajo asociativo, explicitando, muchas veces, un campo de disenso político que se mantenía sofocado por las relaciones de producción anteriores. Esa percepción, sin embargo, ocurre de forma diferenciada y no significa necesariamente cambios .
En Uniwídia, los trabajadores de planta y el directorio intensificaron la comunicación directa para la discusión de cuestiones que afectaron puntos fundamentales en la vida de la empresa. Los directores de Uniwídia ya habían trabajado en la producción y eran considerados “bastante eficientes”. En algunos momentos, fueron requeridos para ayudar, hecho éste que Parra denomina “multiplicidad de papeles”.
Parra cree que los cooperativistas organizaron las tareas productivas entre sí de una forma diferente. Antes, había 250 empleados y, en el momento de la investigación, 48 cooperativistas. Los trabajadores utilizaban las mismas máquinas e instalaciones que llegaron a funcionar con 250 trabajadores. En Cervin (antigua empresa) cada empleado era designado para trabajar en una máquina, debiendo producir un cierto número de autopartes. Y, si trabajase adicionalmente en otro torno, iría “tomando el lugar de otro”. Como los trabajadores de la producción pasaron a participar de la definición de las metas de productividad, y como los trabajadores no pudieron más ser fácilmente “eliminados”, surgieron nuevas formas de organizar eficientemente la producción33. De eso surgió el pensamiento: “que él termine allá para que venga a ayudarme”. En cuanto a los trabajadores que asumieron varias funciones, la intensificación del trabajo fue clara. No solo en ese estudio, sino también en otros, se verifica que muchos trabajadores, además de acumular varias funciones, trabajan en jornadas de trabajo exhaustivas.
Una de las modificaciones interesantes ocurridas en la gestión gira en torno a la participación de los trabajadores de la producción en la definición de las metas de productividad. En Cooparte, cooperativa de producción artesanal de vidrios y cristales, algunos asociados sospecharon de los contratos que habían sido firmados entre la cooperativa y la empresa que hacía la distribución y comercialización de sus productos. Frente a ese hecho, “la no participación ahora es percibida como falta, como ausencia de control sobre las condiciones del propio trabajo” .
Los encargados que hacían el control de calidad de las autopartes solían penalizar a algunos trabajadores, rechazando las autopartes producidas por ellos, cometiendo, en las palabras de Parra, “pequeñas venganzas”. Hoy, como relató un cooperativista, las personas que hacen el control de calidad tienen una postura distinta, pues cualquier pérdida en la producción afecta el conjunto de los miembros de la cooperativa .
En Cooparte, de manera general, la diferencia entre las mayores y menores remuneraciones disminuyó y los retiros son definidos tomando como criterio las funciones. En Cervin (antigua empresa), el salario más bajo era de 278 Reales y en 2002 en la Uniwídia el más bajo era de 500 y el más alto de 3000 Reales.
Vale destacar que una asamblea en Uniwídia decidió que la diferencia tiene que ser de 1 a 6 y que podrían existir once franjas de remuneración. Aquí, dos hechos curiosos deben ser mencionados. Uno de los directores (único ingeniero) rechazó esta propuesta. Los asociados no querían perder a aquel ingeniero y dos directores (que siempre trabajaron en la producción) decidieron reducir sus retiros en 500 reales cada uno para que el director se quedase .
En una “acalorada reunión” sobre los excedentes de fin de año, un trabajador dijo que Cooparte no era una empresa privada como las otras. Por ser una cooperativa no tenía sentido seguir tomando los derechos laborales y la CLT (ley brasileña que regula el trabajo asalariado) como referencia, tal como proponían los demás cooperativistas. Para él, los excedentes de la cooperativa debían ser divididos en partes iguales entre todos los miembros, en vez de que su distribución fuera hecha conforme a las diferenciaciones en las remuneraciones .
Otro estudio nodal es el de Nilson Oda. Al investigar el caso de la constitución de cuatro cooperativas surgidas del arrendamiento de los equipos e instalaciones de la antigua Conforja (la mas grande empresa de fundición de América Latina), aun concluyendo que los “socio-trabajadores tienen la posibilidad de ejercer un grado de participación irrestricto” , deja en claro que la propuesta de formación de la cooperativa Coopertratt, la primera de las cuatro que vendrían a constituirse:
“tenía su foco dirigido para el mantenimiento del trabajo y la renta. En este sentido, las discusiones entre los trabajadores privilegiaban la cooperativa sólo como una forma jurídica que podría viabilizar la continuidad del ‘empleo’.(…) Así, temas como la gestión de la cooperativa, la organización del proceso productivo y de trabajo y, principalmente, de la participación de los socios-trabajadores en la conducción de los negocios de la cooperativa no ocuparon un lugar destacado en los debates realizados con los trabajadores ”.
Cuando verificaron el buen desempeño logrado por Coopertratt, los trabajadores de las otras tres cooperativas pasaron a “agitarse, sabiendo que el retiro del primer mes [de los trabajadores de la Coopertratt] había sido de 190 horas y en el segundo mes el retiro había sido del total” (ex presidente de Coopertratt ).
A pesar de la asamblea ser la instancia máxima de decisión de los rumbos de las cooperativas, Oda reconoce que los “coordinadores generales” concentran gran parte del poder en las cooperativas y llega a compararlos con los ejecutivos contratados por los accionistas de una empresa convencional.
Aun verificando el número significativo de asambleas realizadas y la participación de los trabajadores en las mismas, Oda observa que “no se verificó que los socio-trabajadores sugirieran temas que influencien la cotidianeidad de las cooperativas, en términos de la organización de la producción y del trabajo”. Queda aún recordar que en un total de 130 asambleas, el asunto “sueldos” ocupó una posición destacada.
Cuando relata el trabajo en las cooperativas, Oda observa que la acumulación de funciones (producción y administración) desempeñadas por los trabajadores se dio por la reducción del número de trabajadores y que el proceso productivo “heredado” no fue modificado. Oda clasifica el método de organización de trabajo de Conforja como del tipo de racionalización de la tarea y del cargo conforme a técnicas propuestas por la administración científica y concluye que
“pocas alteraciones en la organización del trabajo fueron hechas por las cuatro cooperativas de producción, que puedan caracterizar un cambio en el método anteriormente adoptado por Conforja. En principio no se verificó, en ninguna de las cuatro cooperativas, indicios de que nuevas formas de organización del trabajo fueron implantadas ”
Oda reconoce aun que no hubo cambios significativos en los cargos, funciones/tareas, remuneraciones y en la jornada de trabajo.
Al analizar la opinión de los entrevistados que están en el comando de las cooperativas, Oda afirma que para éstos, la participación de los sociostrabajadores en la organización de la producción y del trabajo debe ser dirigida para alcanzar una mejoría en el desempeño de las cooperativas, pero las cuestiones como seguridad en el trabajo, ritmo e intensidad del trabajo, calificación profesional, entre otras respecto a las condiciones de trabajo – o la forma como el propio socio-trabajador ve el trabajo, o aún como el socio-trabajador gustaría que fuese el trabajo – no son abordadas por los entrevistados .
Sin embargo, Oda advierte que, en Cooperfor, los trabajadores son motivados a hablar sobre los problemas y dificultades enfrentadas en el desempeño de las actividades del sector y desde el diagnóstico, los cooperativistas presentan opciones para la solución de los problemas en el ámbito interno “redistribuyendo/re-dividiendo tareas o responsabilidades específicas” y “externamente, estableciendo responsables para el encaminamiento de la solución junto al sector/cooperativa involucrados en la solución del problema”45 Aun reconociendo que el embrión de esas reuniones fue la discusión sobre los valores de sueldos por cargo y función/actividad, este investigador cree que las reuniones actuales agilizan las asambleas, pues sólo los problemas que alcanzan a la cooperativa como un todo o los problemas que el sector no consigue solucionar individualmente son llevados al conocimiento de los demás.
El análisis de Oda, sin embargo, nos lleva a creer que la preocupación fundamental de los trabajadores no giraba en torno a cuestiones tales como un nuevo proceso de trabajo, salud laboral, mayor participación en las decisiones de los rumbos de las empresas, etc.
Fernando Kleiman46 y Nascimento47 analizaron la mayor iniciativa de la economía solidaria en el Brasil, la Usina Catende-Harmonía, en el Estado de Pernambuco, en el nordeste brasileño. Catende es una usina de caña de azúcar que quebró y hoy es administrada por los trabajadores. Este caso fascinante envuelve cerca de 4.000 familias, cinco municipios y cerca de 26.000 hectáreas.
En el campo de las investigaciones orientadas por problema, o más precisamente, de investigación-acción que tenían como meta crear Políticas Públicas para las FRs brasileñas, se destaca el estudio de 27 FRs realizado en el primer gobierno de Lula, coordinada por José Tauile et al. 48
Algunas tendencias en las FRs brasileñas
En esta sección, pretendemos apuntar algunas tendencias en las FRs brasileñas, basadas en la lectura de los textos arriba indicados así como en nuestras investigaciones en dos FRs, la Cones (cooperativa textil de procesos de cardado, teñido y torsión del hilado) y en la Textilcooper (cooperativa productora de mantas y mantillas).
En nuestra opinión, el contexto de crisis está impidiendo el cambio de un momento defensivo para uno ofensivo. Más que eso, los trabajadores de las FRs están cada vez más recurriendo a la auto-explotación o la contratación de trabajadores asalariados como estrategia de mantenimiento de la FR en el mercado, según veremos a continuación.
Lima Filho49 cree que la clase trabajadora adoptó innumerables estrategias defensivas para sobrevivir en un contexto de crisis avasalladora. Entre éstas, tuvimos las FRs. Según él, para que se conviertan en una propuesta de ofensiva socialista, debe haber una conjugación de los intereses de las FRs con los intereses de las masas teniendo en vista la superación, de acuerdo con las posibilidades históricas, del capital.

45 Oda, 2001, p.101.
46 2006.
47 2007.
48 2005.
49 2004
Da
Muchas experiencias demuestran que no puede haber un vacío de leyes y normas de conducta colectiva. Si esto ocurre, probablemente los trabajadores perderán el control sobre sí mismos.
En muchas FRs brasileñas está habiendo una burocratización de las decisiones: caída del número de asambleas, ausencia de rotación en la presidencia y consejos, no socialización de la información estratégica, etc. Para nosotros, eso puede ser un síntoma de la degeneración de las FRs.
Además de las FRs ser explotadas por las iniciativas heterogestionarias , todo lleva a creer que en algunas (¿o muchas?) cooperativas y asociaciones de trabajadores la propia clase trabajadora está - además de autoexplotarse, como nos recuerdan K. Marx y R. Luxemburg - explotando otros trabajadores por la vía de la contratación sin los mismos derechos cooperativos. El número de contratados en la Conos ascendió de 8 a 100 en dos años. En Uniforja, hay 300 cooperativistas y 300 asalariados. Maurício Faria51 encontró, en una cooperativa de Rio Grande do Sul, 150 asociados y 800 contratados (!) .
En nuestro libro “O Fetiche da Tecnologia – a experiência das Fábricas Recuperadas” vimos que las FRs brasileñas, a pesar de estar insertas en el sistema productor de mercancías y tendiendo a reproducir las relaciones de trabajo heredadas, promovieron cambios en los ámbitos: a) software: cambios de naturaleza cultural ligadas a la división del excedente (esto es, “retiros” con menos diferencia entre sí o igualitarios), adecuación parcial de la fábrica a los intereses de los trabajadores, apropiación del conocimiento del proceso productivo sin modificación de la división del trabajo; b) orgware: apropiación del conocimiento del proceso productivo con modificación de la división del trabajo; y c) hardware: adquisición de maquinas, adaptaciones y repotenciación .
Las FRs investigadas por nosotros, así como algunas de las fábricas visitadas por otros investigadores, aunque hayan promovido estos procesos arriba trazados, parecen encontrar obstáculos debido: a) a la naturalización de la organización del proceso de trabajo por los cooperativistas, b) al fetiche de la tecnología, que lleva a que se crea que la última tecnología es siempre la mejor y se ignore el carácter relacional de la tecnología, c) al tiempo necesario para una transformación significativa de las fuerzas productivas y de la forma de división del excedente y d) a la no generalización de la “expropiación de los expropiadores”55.
Creemos, como Galvão56, que la propuesta de asumir el control de una empresa y rehabilitarla ya es en sí mismo una estrategia innovadora desde el punto de vista de trabajadores acostumbrados a recibir salarios y a no inmiscuirse en los aspectos administrativos de la vida de la empresa. Por estar frente a un momento de crisis, la simple supervivencia de estas FRs ya es algo sorprendente.
Si es imposible abolir el capital por decreto, creemos que las fábricas que surgen de la apropiación o arrendamiento de los medios de producción son ejemplos prácticos de las posibilidades de promoción de discontinuidades en la continuidad, donde los trabajadores pueden subvertir una tecnología y una organización del proceso de trabajo creadas para propósitos distintos de aquéllos vislumbrados por iniciativas en que buscan la autogestión, sin hablar en las posibilidades de modificación de la forma en la que se divide el excedente.
En esta misma línea, Marques57 apunta que las FRs son una especie de “laboratorio” social, donde los trabajadores experimentan innumerables soluciones innovadoras para su emancipación social.
Para Vieitez y Dal Ri58, hay cambios en las FRs brasileñas, principalmente en la organización y en las relaciones de trabajo, así como en la gestión. Sin embargo, afirman que las modificaciones realizadas hasta ahora alcanzan a transformar la esencia de las FRs – producción de mercancías, supremacía de los cuadros, etc. La posibilidad de avance estaría en la articulación de las FRs con el movimiento de lucha más general de los trabajadores, y de una visión y un programa de modificación de la sociedad, y no apenas de unidades productivas.
De acuerdo con Gaiger, las formas de producción de la “Economía Solidaria” son atípicas, sin embargo, pueden convivir - sin “estremecerlo” – con el capitalismo59. Para que éstas se conviertan en una nueva forma de producción, son necesarias transformaciones significativas que escapan al objetivo de este artículo.
Debemos recordar que, a diferencia, por ejemplo, de la Revolución Española (1936-1939), donde numerosas fábricas fueron colectivizadas, los casos por nosotros estudiados no se insertan en un contexto revolucionario. En este sentido, son pocas las posibilidades de mantenimiento de las FRs en un momento de aislamiento frente al océano capitalista y, más que eso, en un momento de regresión histórica que fragmenta la clase trabajadora y le quita derechos conquistados en el período anterior a la crisis (1945-1973).

55 Novaes, 2007.
56 2004.
57 2006.
58 2001.
59 Gaiger, 2002.
Da
La relativa disminución del cierre de fábricas y la disminución del cuadro de desempleo en América Latina se volvieron un problema para la continuidad de los movimientos de FRs, pues con el relativo crecimiento de la economía, ¿cómo podrían “contaminar” a otros trabajadores? Solamente como ejemplo, ANTEAG pasó también a actuar junto a políticas de generación de trabajo y renta, cambiando parcialmente su estrategia.
Creemos entonces que el reflujo de las FRs brasileñas se debe a diversos factores, siendo los más importantes: a) un contexto extremadamente desfavorable, defensivo, que impide el florecimiento del cooperativismo y la influencia de otros trabajadores teniendo en vista la creación de una sociedad más allá del capital; b) el ambiente hostil - llamado “mercado” - que estrangula el desarrollo de las FRs (al final, ¿pueden las flores sobrevivir en medio de hierbas dañinas?); c) problemas internos de los movimientos de FRs y la baja relación con otros movimientos sociales; d) la crisis teórica de la izquierda, dando origen a remiendos teóricos, mezclas entre el ideario del capital con pequeñas recetas de reforma; e) si tomamos la relación de estos movimientos con el Gobierno, el cuadro es desalentador, una vez que el gobierno Lula ve el cooperativismo como una forma de contención al desempleo en masa o de disminución de las tensiones sociales. Este gobierno es claramente pro-capital, principalmente pro-capital financiero . Esto nos permite decir que las FRs empezaron como un “tsunami” y hoy son una “olita” en la sociedad brasileña.
En Brasil, la clase trabajadora viene sufriendo numerosas derrotas . La reforma de la legislación sobre recuperación de empresas – extremadamente perjudicial del punto de vista de los trabajadores – fue aprobada en el gobierno Lula (2005). En las fábricas que reivindican la estatización, son muchas las intervenciones judiciales que impiden la consecución de las luchas de los trabajadores. El BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social) da migajas a los trabajadores de FRs y millones de reales para las corporaciones multinacionales. Aun con una visión alternativa a este escenario, la SENAES (Secretaría Nacional de Economía Solidaria) acaba volviéndose una piedra proto-socialista en un collar pro-capital, principalmente pro-capital financiero.

220 Soledad Calderón, Penélope Mazzoli, Natalia Polti, Mariela Sarlinga, Verónica Vázquez
Hugo TrincheroMarceloHenrique T. NovaesDaAdolfo Buffa, Susana Roitman, Carlos Martínez.SMónica Huertasb Deligdisch y Fernando Garcíana Accorinti, Andrea Méndez, Marysol Orlando, Valeria SalvadorVieta
Capítulo 18
Las empresas recuperadas en América Latina:
en torno al Primer Encuentro Latinoamericano de ERT
Andrés Ruggeri
A fines de octubre de 2005 el fenómeno de las empresas recuperadas adquirió dimensión continental con la realización del Primer Encuentro Latinoamericano de Empresas Recuperadas en Caracas, Venezuela. Posibilitado logísticamente por el apoyo e interés del gobierno bolivariano de Hugo Chávez, este evento que convocó a trabajadores de más de 200 ERT del continente significó el reconocimiento internacional de su importancia y la posibilidad de la organización y la transmisión de experiencias entre sus protagonistas y entre quienes, desde uno u otro lugar, trabajamos en su apoyo, trascendiendo las fronteras de cada uno de sus países. Por primera vez, por otra parte, esta trascendencia no se daba de la mano de difusores de los países centrales, cuyo particular enfoque suele asignarles a estas experiencias objetivos e inteligibilidad casi exclusivamente entendidos desde la lucha antiglobalización, sino asentada en el debate y el encuentro cara a cara entre trabajadores. Por último, el Encuentro sirvió para mostrar distintas facetas del fenómeno en países diferentes y exponer los alcances de su posible colaboración.
Sin embargo, además de sus aristas altamente positivas, el evento mostró también limitaciones importantes a la hora de servir como articulador de organizaciones y de los casos particulares en forma directa. Limitaciones vinculadas, como es lógico, con las propias del fenómeno pero, también, con los intereses contrapuestos que motorizaron la realización de la reunión. En el Encuentro de Caracas, como se lo conoció, convergieron lógicas políticas regionales y locales, intereses gubernamentales y propósitos de intercambio y obtención de acuerdos económicos. Lo que tendría que haber sido el puntapié inicial de una serie de pasos convergentes hacia un fortalecimiento regional de un movimiento de empresas recuperadas latinoamericano fue, por lo menos hasta el momento, el único y aislado paso dado en ese sentido .
El impulso de las ERT como movimiento llegó hasta esta instancia de despegue, que parecía mostrar un camino de crecimiento, sin poder superarlo en términos políticos y organizativos. Tanto la fortaleza como la debilidad de las ERT quedaron, de alguna manera, francamente expuestas, y la unidad alcanzada no pasó mucho más allá de los papeles o débiles intentos de coordinación. Quizá las expectativas creadas alrededor de este Encuentro fueron mucho más altas de lo que realmente se estaba en condiciones de hacer, y otras lógicas, predominantemente políticas, ocultaron la capacidad de organización y debate de los cientos de trabajadores que participaron.
En el marco de este trabajo, entre tanto, el Encuentro es un buen punto de partida para realizar un breve análisis de la realidad latinoamericana de las ERT y su potencialidad en el fortalecimiento de la capacidad de los trabajadores para reconstruir su papel como protagonistas de la lucha social latinoamericana.
El desarrollo del Primer Encuentro Latinoamericano de ERT
Las relaciones entre organizaciones latinoamericanas de empresas recuperadas se remontan a la eclosión del fenómeno argentino posterior a la crisis de diciembre de 2001. A fines de 2002 y principios de 2003, ya conformado el MNER, dos de sus dirigentes principales, Eduardo Murúa (presidente) y José Abelli (vicepresidente) tienen reuniones y participan como invitados en eventos organizados por la ANTEAG brasileña y la CUT. Si bien las relaciones no continuaron en forma orgánica2, implicaron el conocimiento mutuo de su existencia y cierto debate e intercambio entre ambas organizaciones. Por la misma época, se conoce en la Argentina el surgimiento de alrededor de veinte ERT en Uruguay, que se insertan en la central sindical oriental, el PIT-CNT.
Estos primeros contactos son la base (aunque luego ANTEAG no participó del Encuentro de Caracas) de, por así llamarla, una política internacional del movimiento de empresas recuperadas, impulsada por dos factores principales: la pujanza del movimiento argentino, todavía en alza a pesar de las dificultades y fracturas del MNER, y el interés del gobierno bolivariano de Venezuela por el fenómeno, como una forma de darle profundidad a su política de fortalecimiento del movimiento obrero y del sector productivo de una economía en aquel momento fuertemente jaqueada por los intentos

apoyo de la estructura del Estado bolivariano como el anterior. Otras organizaciones argentinas se negaron explícitamente a concurrir.
2 Un ejemplo de esto lo tenemos en la inserción de un artículo de J. Abelli (transcripción de una intervención oral) en un libro con trabajos presentados en un encuentro organizado en São Paulo en 2004 por equipos universitarios dedicados al fortalecimiento y desarrollo de la economía solidaria. Abelli participó junto con dirigentes de ANTEAG. Sin embargo, en una visita del autor a la ANTEAG en noviembre de 2007, estos manifestaron haber perdido total contacto con las ERT argentinas. Ver Lesser de Mello, Sylvia (org.), 2005, Economia solidária e autogestão.:encontros internacionais. São Paulo, NESOL-USP, ITCP-USP, PW.
golpistas de la oposición de derecha, cuestión que desarrollaremos brevemente más adelante.
Esta confluencia de intereses fue clave para la organización y la idea misma del evento. Eduardo Murúa realizó varias visitas a Venezuela durante 2005, participando incluso en reuniones con el mismo presidente Chávez, y la convocatoria maduró en reuniones con las recuperadas uruguayas, los venezolanos y un sector de trabajadores brasileños no encuadrados ni en la ANTEAG ni en ninguna de las demás vertientes ligadas a la CUT, sino en un grupo de cerca de veinte fábricas conocidas como Fábricas Ocupadas, entre las cuales se encontraban algunas empresas de gran porte del sur del Brasil.
En estas reuniones se avanzó en una dirección política de unidad entre los movimientos, pero también sobre la idea de la cooperación económica con apoyo financiero del gobierno venezolano. Por lo tanto, la convocatoria, por lo menos en la Argentina, tuvo un componente muy importante de oportunidad de acceso a subsidios y apoyo desde Venezuela y de posibilidades de negocios con aquel país. Este aspecto fue más importante quizá que lo reconocido públicamente como motivo de la presencia de una enorme cantidad de ERT argentinas en Caracas, a pesar de que el enfrentamiento entre los sectores políticos en que se había dividido el MNER estaba en pleno auge. Sirvió, entre otras cosas, para que la presencia de trabajadores argentinos fuera la más numerosa en el Encuentro a despecho de las diferencias que ya eran expresadas a viva voz por los distintos sectores pero, también, fue esta presencia numerosa la que expuso mayormente la falta de unanimidad de visiones entre quienes hasta poco tiempo antes habían compartido el espacio del MNER. Asimismo, esto permitió una gran pluralidad en la convocatoria, con una lógica bastante simple: había una posibilidad concreta de acceder a capital de trabajo y a convenios de negocios internacionales que superaba lo que hasta ese entonces se había logrado en el propio país.
Sin embargo, el debate entre las ERT y las rondas de negocios entre ellas y otras cooperativas y emprendimientos no eran el único aspecto a destacar. En otro plano, el Encuentro fue un lanzamiento de la política chavista de cogestión entre trabajadores cooperativizados y el Estado sobre empresas quebradas o abandonadas, en el marco de la confrontación político-social que atraviesa Venezuela desde el ascenso al poder del movimiento bolivariano. Y, a su vez, el Encuentro se desarrolló en otros dos planos de debate donde se pusieron de manifiesto las enormes diferencias entre la política y los objetivos de cada país al participar. Uno de ellos fue la reunión de las organizaciones nacionales de trabajadores, de la que participaron dirigentes obreros que por lo general no habían tenido relación alguna con las ERT, tanto por carecer de casos en sus países (como ser Bolivia o algunas naciones de América Central), como por no haber desarrollado hasta el momento políticas activas hacia el sector.
El otro aspecto fue la reunión entre representantes gubernamentales de los países participantes para acordar políticas comunes. Y es aquí donde se vieron las mayores diferencias. Mientras la importancia del Encuentro para los venezolanos estaba demostrada por su apertura por el propio presidente Hugo Chávez y la activa participación de varios ministros y el vicepresidente Rangel en las deliberaciones, el interés de los gobiernos de Uruguay y Brasil por la presencia del ministro y viceministro de trabajo, respectivamente, la numerosa delegación argentina estuvo compuesta por una pléyade de funcionarios de tercera o cuarta línea sin capacidad ninguna de incidencia en una política pública seria hacia las ERT, y mucho menos con legitimidad para cerrar acuerdos de Estado a Estado.
Por lo tanto, el proyecto de creación de un fondo de cien o doscientos millones de dólares para la creación de una gran asociación latinoamericana de empresas recuperadas, propuesta por el chavismo venezolano, quedó casi en la nada ante la constatación de que prácticamente no habría otra fuente de financiamiento que PDVSA y que, incluso el dinero que podría salir de ese fondo, iba a ser filtrado por los respectivos gobiernos y orientado políticamente hacia los sectores considerados más afines dentro de las ERT. Esta realidad condenó al fracaso al Encuentro en uno de sus aspectos que generaban más expectativas en los protagonistas.
Si bien las rondas de negocios entre ERT se realizaron, fueron pocos los acuerdos serios que surgieron de ellas. La conclusión del evento fue el anuncio de la formación de asociaciones productivas entre empresas venezolanas, brasileñas y uruguayas, remarcando lo anteriormente dicho acerca de la importancia dada por la participación gubernamental de cada país. Los trabajadores de las ERT argentinas, siendo los más numerosos, casi no pudieron sellar acuerdos de ninguna naturaleza, como no fueran políticos, y la decepción fue uno de los sentimientos mayoritarios entre ellos.
El desenlace confirmó también algo que ya habíamos mencionado, sobre el papel que el gobierno venezolano le había asignado al evento para el lanzamiento de su política de cogestiones y cooperativización de empresas en su propio país, algo para lo cual el Encuentro sí fue efectivo.
Las ERT en el MERCOSUR
Hemos mencionado en el capítulo 4 los antecedentes de la autogestión en la región, especialmente el caso chileno en la etapa del gobierno de Salvador Allende y algunos otros ligados a las luchas obreras anteriores a la instauración de las numerosas dictaduras militares que ensangrentaron el continente en los años 70 y 80. Como en la Argentina y en el Brasil, analizado por Henrique Novaes en el apartado anterior, en los demás países latinoamericanos se vivieron procesos neoliberales semejantes, con sus consecuencias de desindustrialización (teniendo en cuenta que los grados de complejidad y desarrollo de las estructuras económicas e industriales de cada país eran y son bastante disímiles) y desocupación masivas.
En el MERCOSUR, los estados más pequeños, como Uruguay y Paraguay, tuvieron también sus propios casos de ERT. Especialmente el Uruguay, con una estructura económica algo más diversificada y atravesando por etapas de política económica altamente interrelacionadas con lo que iba aconteciendo en sus dos grandes vecinos, se dieron alrededor de veinte casos de ERT. En el Paraguay, un país de una economía fuertemente agraria y con escasos emprendimientos productivos no agropecuarios, los casos fueron apenas dos o tres.
Para el caso uruguayo es interesante destacar, como lo hace el investigador de la Universidad de la República Juan Pablo Martí (siguiendo un recorrido conceptual similar al utilizado aquí), la importante interrelación entre las ERT, el movimiento sindical y, como gran diferencia con la Argentina, el movimiento cooperativo. Si bien se señala para el Uruguay la existencia de experiencias cooperativas con orígenes en empresas anteriormente capitalistas desde hace unos 50 años, las actuales ERT surgen, al igual que en la Argentina y el Brasil, en el marco de la reestructuración social y económica producida en el marco del neoliberalismo de los años 90, especialmente hacia el final de aquella década y principios de la actual. Asimismo, los sectores económicos en los que se dan los casos replican aproximadamente la estructura económica productiva uruguaya anterior a los 90, dándose recuperaciones básicamente en el sector agroindustrial y en industrias químicas y plásticas, con un caso importante, tanto en número de trabajadores como de importancia económica de la empresa, en una fábrica de neumáticos que era la mayor del país (FUNSA). En este último caso se dio una salida cogestionaria a partir de la formación de una cooperativa de trabajadores.
Otro aspecto importante del Uruguay es, como adelantamos, la articulación de los trabajadores de las ERT con el movimiento sindical y el cooperativo. Esto se debe especialmente a que en el país no se dio la fragmentación política y organizativa del movimiento obrero que se pudo observar en la Argentina y, en forma diferente, en el Brasil. Los sindicatos uruguayos han permanecido unidos en torno a la central PIT-CNT y han tenido importante presencia en los conflictos que llevaron a la toma de plantas y formación de cooperativas. Por lo tanto, conservando su tradición obrera de organicidad gremial, las ERT uruguayas no se han constituido como un “movimiento” autónomo, sino que se mantuvieron dentro de las estructuras de sus sindicatos y el PIT-CNT.
También es destacable que, en forma similar a la adscripción sindical, las ERT uruguayas han establecido desde el comienzo una importante y productiva articulación con el movimiento cooperativo, especialmente con la federación de cooperativas de producción. A diferencia de la evolución del cooperativismo argentino, el movimiento cooperativo del Uruguay no se ha diferenciado tanto del movimiento obrero o de otras expresiones sociales. Principalmente, las cooperativas de producción (asimilables a las que en la Argentina son las cooperativas de trabajo) y las cooperativas de vivienda, se encuentran ligadas fuertemente a las estructuras de la militancia obrera y del gran conglomerado de la izquierda expresado en el Frente Amplio, actualmente en el gobierno.
Esto le dio a las ERT un marco de contención y articulación, no sólo desde su especificidad de trabajadores, sino desde la de cooperativistas, pudiendo acceder a intercambios con otras experiencias de gestión, siempre dentro de sus particularidades como empresas recuperadas. En este sentido, las ERT uruguayas, si bien no se han desarrollado como un sujeto político independiente y con el protagonismo que supieron tener en la otra orilla del Plata, han logrado apoyos desde una doble adscripción, tanto a la organización sindical como a la cooperativa. A pesar de ello, las dificultades por la que atraviesan son similares a las del conjunto, pues, como señala también Novaes para el caso brasileño, los problemas de la autogestión de empresas recuperadas son más complejos que la experiencia previa que pueden aportar ambas estructuras.
En el caso paraguayo, las ERT son experiencias aisladas y poco difundidas. Pudimos obtener alguna información acerca de ellas a través de los trabajadores que participaron del Encuentro de Caracas. Se trata un puñado de empresas que, con grandes dificultades, lograron retomar la producción en un país con una estructura económica y social mucho más regresiva hasta el momento que la de sus vecinos. Las empresas recuperadas de las que tenemos noticia en el Paraguay son tres, una de las cuales es una ladrillera y las otras son agrícolas. En el caso de la ladrillera, sus dirigentes están relacionados estrechamente con los sindicatos paraguayos.
En otros países latinoamericanos las ERT suelen ser casos aislados, donde no se encuentra fácilmente una articulación de experiencias o, siquiera, una transmisión de caso a caso. La expansión del fenómeno del cono sur y su difusión puede haber tenido en los últimos años un efecto imitativo del que, por el momento, no podemos dar cuenta. En el Perú, por ejemplo, hay una serie de emprendimientos cooperativos que pueden ser asimilados a las ERT, la mayoría relacionados con la explotación primaria, como en el sector artesanal ligado a la producción de prendas tradicionales o en el faenamiento de pescado. En los casos que conocemos, la adscripción a la denominación de ERT se da posteriormente al Encuentro de Caracas.
Podemos señalar también la existencia de casos aislados en países como Bolivia, Ecuador, Colombia y México (donde se desarrolló la emblemática cooperativa de refrescos Pascual, iniciada en los años 80 y aun en funcionamiento).
El caso venezolano: las empresas recuperadas como una política de Estado
Venezuela vive, desde finales de 1998, un proceso político que la diferencia del resto de América Latina. La llegada de Hugo Chávez al poder, después de un tránsito conflictivo por la década del 90 en el cual, a la par de la implementación de las mismas recetas neoliberales que en el resto del continente, se vivió un proceso de luchas populares y simultánea descomposición del sistema político, iniciadas en el Caracazo de febrero de 1989, marcó el comienzo de una etapa de cambio en todo el continente frente al agotamiento del neoliberalismo extremo como hegemonía política y económica.
Los primeros años del gobierno bolivariano estuvieron marcados por el intento, en buena parte exitoso, de dar al país un nuevo marco constitucional que permitiera el desalojo del viejo aparato político para dar paso a la construcción de un nuevo Estado con herramientas de participación popular, que permitiera al gobierno llevar adelante los cambios más profundos, en los niveles social y económico, necesarios para avanzar hacia una nueva estructura social.
Pero fue recién al tocar intereses económicos poderosos, especialmente en el manejo de la renta petrolera que constituye el centro de la estructura productiva venezolana, donde se vio claramente que el gobierno de Chávez empezaba a encontrar una férrea resistencia de los sectores dominantes de la sociedad, para los cuales el chavismo era no sólo una amenaza sino además un afrenta a su condición de privilegiados sociales. Y es a partir de este momento donde se empieza a ver en la experiencia de las ERT, especialmente argentinas, una potencialidad como estrategia en el marco de una lucha política y social que es cualitativamente diferente a lo que sucedía en los demás países de la región.
En el marco de la política pública del gobierno bolivariano, la llamada “economía popular” (un concepto en alguna medida, pero no totalmente, asimilable a la economía solidaria) fue objeto de un fuerte impulso. La creación de un ministerio a tal efecto y el fomento a la creación de cooperativas y núcleos de desarrollo endógeno a nivel comunal fueron las principales herramientas de esta política, mucho más importante en los sectores rurales que en los urbanos.
Pero los intentos sucesivos de golpe de Estado (el más clásico de abril de 2002, y el intento feroz de colapso económico con el sabotaje petrolero de fines de 2002 y principios de 2003) sometieron al gobierno y las organizaciones populares venezolanas a una prueba de fuerza donde se tensaron al máximo las contradicciones sociales y sus expresiones políticas, culturales y económicas. Fue en el contexto del sabotaje a la economía del país encabezada por la burocracia técnica y administrativa de la empresa petrolera estatal (PDVSA), donde los trabajadores venezolanos comenzaron a dar muestras de su capacidad para ensayar el camino autogestionario. Fueron los obreros petroleros los que ganaron la batalla decisiva en ese conflicto al conseguir poner en funcionamiento la gigantesca empresa, a pesar del sabotaje y la ausencia de los sectores gerenciales y tecnocráticos.
Esa experiencia fue fundamental para que grandes sectores del chavismo (encabezados por el propio presidente) vieran la necesidad de aumentar la participación de los trabajadores en la gestión de la economía. No sin contradicciones y dificultades, el Primer Encuentro Latinoamericano de Empresas Recuperadas sirvió como lanzamiento de la recuperación de empresas por sus trabajadores como una política de Estado. Los casos venezolanos de ERT han sido apoyados desde el aparato estatal como no lo han sido en ningún otro país con presencia significativa del fenómeno, aunque se apuntó a la generación de una cogestión, entre la cooperativa de trabajadores y el Estado. Esto, entre otras cosas, aseguraba la provisión de capital de trabajo y otras herramientas de desarrollo de la empresa, dejando a los trabajadores una parte fundamental en la gestión y el desarrollo. Sin embargo, al contrario que en los otros países, no es la quiebra o el vaciamiento de empresas individuales el elemento principal que lleva a la autogestión obrera de empresas, sino el abandono por causas políticas por parte de los empresarios, que buscaron, especialmente en los años más álgidos del conflicto (entre el golpe de abril de 2002 y la victoria de Hugo Chávez en el referéndum revocatorio de agosto de 2005), boicotear de esa manera la economía del país para ayudar a la creación del clima político necesario para la derrota del bolivarianismo.
Se trata entonces de una política propiciatoria de la gestión económica por parte de los trabajadores profundamente inserta en el marco de la lucha política y social que se da en la sociedad venezolana. El Encuentro de Caracas fue funcional a esa estrategia: si para las ERT del resto del continente fue una oportunidad organizativa y de crecimiento a partir de la realización de acuerdos económicos internacionales (que se concretaron en contados casos, los principales asociando ERT venezolanas, brasileñas y uruguayas), para los venezolanos fue la oportunidad de dar impulso a las ERT en su propio país y fortalecer las experiencias, bastante precarias, que existían hasta el momento.
Se han desarrollado así alrededor de 40 ERT venezolanas, la mayoría a partir de empresas casi inexistentes a partir del desguace que sus propios dueños hicieron de ellas. En la mayoría, la formación de la cooperativa de los trabadores es el paso previo a la cogestión con el Estado. Sin embargo, no conocemos hasta ahora estudios en profundidad acerca del desarrollo interno de estos procesos en el sentido en que hemos analizado los de la Argentina y Brasil a lo largo de este trabajo.
Otra consecuencia importante del conflicto petrolero, asociado a la misma política de fortalecimiento del papel de los trabajadores en la gestión económica, es el intento de desarrollo de una Universidad de Trabajadores. La formación de la Universidad Bolivariana de Trabajadores “Jesús Rivero”, impulsada por los sectores obreros que tuvieron mayor protagonismo en el conflicto de 2002-2003 y por sectores bolivarianos presentes en la Universidad Bolivariana de Venezuela, ha sido una línea de acción tendiente a formar los cuadros obreros en la lucha política y en la gestión económica, con vistas a prepararlos para el reemplazo de los escalones tecnocráticos de las empresas, en el contexto del proyecto bolivariano. La experiencia ha resultado, hasta donde tenemos noticia, trabajosa al no lograr el total apoyo del internamente complejo y heterogéneo chavismo.
Podemos concluir, entonces, que el fenómeno de las ERT no es exclusivo de la Argentina ni del MERCOSUR. Así como en numerosas partes del mundo, a lo largo de la historia de las luchas de los trabajadores, los intentos y prácticas autogestionarias han surgido con mayor o menor fuerza y coherencia, en la América Latina contemporánea su surgimiento, asociada a la resistencia antineoliberal, ha dado paso a estrategias diversificadas que van desde lo absolutamente defensivo hasta políticas públicas pensadas desde un marco que excede al proceso en sí. Los grados de desarrollo no solamente varían entre los distintos países sino a su interior, dependiendo de los innumerables factores que hemos ido analizando en estas páginas. Su potencialidad y sus alcances están en cuestión pero, si hay algo de lo que no quedan dudas, es de que la estrategia de recuperación de empresas llegó para quedarse, como una más – y cada vez más importante – de las herramientas de lucha de los trabajadores para defender sus intereses inmediatos y, por qué no, para avanzar en la conformación de una economía alternativa a la capitalista, con lógicas de crecimiento que no privilegian la acumulación sino el trabajo, al fin y al cabo, lo único que poseen los trabajadores y, al mismo tiempo, su principal y enorme fortaleza.
En una sociedad global donde el capitalismo empieza ver sus propios limites, y a pesar de un discurso hegemónico en contrario, cada vez queda más claro que lo único consistente en el desarrollo de las sociedades humanas y en que se puede basar una proyecto alternativo a lo existente es, como siempre lo ha sido, el trabajo humano.

230 Soledad Calderón, Penélope Mazzoli, Natalia Polti, Mariela Sarlinga, Verónica Vázquez
Hugo TrincheroMarceloHenAndrés RuggeriDaSMónicadolfo Buffa, Susana Roitman, Carlos Martínez.b Deligdisch y Fernando Garcíaique T. Novaesna Accorinti, Andrea Méndez, Marysol Orlando, Valeria SalvadorHVietaertas
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Índice

Las Empresas Recuperadas: Autogestión Obrera
En Argentina y América Latina: una presentación (Hugo Trinchero) 1
Primera Parte
Las empresas recuperadas por sus trabajadores, en torno a los problemas y las potencialidades de la autogestión obrera (Andrés Ruggieri) 11
Capítulo 1 13
Capítulo 2 20
Capítulo 3 27
Capítulo 4 34
Capítulo 5 41
Capítulo 6 48
Capítulo 7 72 Capítulo 8 82
Segunda Parte
Algunas dimensiones analíticas sobre las empresas recuperadas 91
Capítulo 9 (Marcelo Vieta) 93
Capítulo 10 (Marcelo Vieta) 103
Capítulo 11 (Soledad Calderón, Penélope Mazzoli, Natalia Polti,
Mariela Sarlinga, Verónica Vázquez) 115
Capítulo 12 (Gabriel Clark y Javier Antivero) 125
Tercera Parte
Las empresas recuperadas y la autogestión en la Argentina 139
Capítulo 13 (Sabrina Accorinti, Andrea Méndez,
Marysol Orlando, Valeria Salvador) 141
Capítulo 14 (Adolfo Buffa, Susana Roitman, Carlos Martínez) 157
Capítulo 15 (Mónica Huertas) 171
Capítulo 16 (Dan Deligdisch y Fernando García) 189
Cuarta Parte
Las empresas recuperadas y la autogestión en América Latina 201
Capítulo 17 (Henrique Novaes) 203
Capítulo 18 (Andrés Ruggieri) 221
Bibliografía 231

Una presentación 239

240 Hugo Trinchero