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Capítulo 7
El papel de la tecnología y la innovación social

A lo largo de los capítulos precedentes hemos analizado los principales aspectos relacionados con el surgimiento, la evolución y los más significativos nudos problemáticos de las empresas recuperadas por sus trabajadores, enmarcados en la historia y el desarrollo de la autogestión obrera. En este capítulo nos referiremos a las transformaciones de la lógica empresaria que llamamos innovaciones sociales, relacionadas con un problema al que no se le da por lo general importancia en la mayoría de los estudios sobre los procesos autogestionarios, enfocados mayoritariamente hacia el análisis de las relaciones de propiedad, la organización y democratización de los procesos de trabajo y los cambios en la subjetividad y la conciencia política de los trabajadores. Nos referimos al problema de la tecnología, lo que el investigador brasileño Henrique Novaes llama “el fetiche de la tecnología” .
Es evidente al visitar prácticamente cualquier empresa recuperada que el estado de las instalaciones y la maquinaria, su falta de mantenimiento y la obsolescencia tecnológica son problemas que afectan la productividad y las condiciones de trabajo de la empresa. Los trabajadores son plenamente concientes de esto e insisten en la necesidad de apoyo estatal, en forma de subsidios o créditos blandos, para la reparación, actualización y compra de nuevas máquinas. Suelen tener para esto el asesoramiento de especialistas, generalmente ingenieros provenientes de la Universidad u organismos estatales, particularmente el INTI . Las observaciones de los técnicos apuntan, en la mayoría de los casos, a indicar los mismos problemas y las mismas soluciones que los miembros de la ERT ya conocen más o menos intuitivamente, en base a su experiencia y sentido común. El problema siguiente al diagnóstico es quién financia las medidas propuestas. La ausencia de financiamiento es la realidad que suele condenar la mayoría de estos informes técnicos, a veces muy detallados, al cajón de los funcionarios y al olvido de los trabajadores, que seguirán penando con máquinas ruinosas e improvisando soluciones más o menos ingeniosas según los casos.
En realidad, así como sucede con los análisis provenientes de las ciencias sociales sobre el fenómeno, la mayoría de estos estudios no se plantean la cuestión decisiva de qué tipo de tecnología es apropiada para fortalecer los procesos de autogestión, en vez de que contribuya a reforzar los métodos laborales y la organización del trabajo heredada de las anteriores relaciones de propiedad y gestión. Siguiendo a Novaes y Dagnino , la cuestión es cuál es el papel del desarrollo tecnológico en los procesos autogestionarios. La tesis central de este enfoque es discutir la neutralidad de la tecnología y el pensamiento común a trabajadores y técnicos de que la mejor tecnología es la más nueva, desconociendo el contexto de producción de la misma. Este problema aparece como decisivo no sólo para los procesos de autogestión, sino en el contexto de un planeta en que la acelerada globalización capitalista conlleva la expansión mundial de modalidades de consumo de bienes y servicios de alto nivel de inversión tecnológica, generados en la sociedad expansiva e industrializada de los países centrales. Mientras, este modelo de consumo basado en el desarrollo científico-técnico se despliega en forma inversamente proporcional a la profusión de problemas sociales y económicos en las sociedades tercermundistas, especialmente en cuanto al aumento de los niveles de desigualdad social y el escaso o nulo aporte que este desarrollo tecnológico hace a la solución de cuestiones cruciales pero elementales de la humanidad, como el hambre, el analfabetismo, la salud precaria y la miseria extrema de cientos de millones de personas.
La cuestión no se reduce a qué tipo de tecnología se produce y para qué sirve, sino a qué clase de relaciones sociales de producción responde. Enfocando nuestro problema, la cuestión que se plantean Dagnino y Novaes, y aquí compartimos, es acerca de las consecuencias de tratar de aprovechar sin ningún tipo de adecuación o adaptación la tecnología pensada para los modelos de gestión generados por el capitalismo a la forma de producir de la autogestión. La propuesta de estos autores es el concepto de Adecuación Sociotécnica (AST), es decir, el necesario proceso de adaptación de la tecnología existente a la formación de nuevas relaciones sociales de producción, tomando al mismo tiempo como problemas los condicionamientos que generan este tipo de procesos y las dificultades inherentes a los mismos.
En este sentido, es preciso pensar a la tecnología utilizada como concebida para este tipo de relaciones de producción, entendiendo que cada fase del régimen de acumulación capitalista desarrolla su propia forma de organización del trabajo buscando la mejor adecuación a las condiciones de acumulación del capital imperantes. Dicho en otra forma y ejemplificando en una fase del régimen de producción capitalista, hay una relación dialéctica entre la organización del trabajo fordista y la tecnología de la producción en masa característica de este modelo de organización del proceso de trabajo. Es decir, hay un contexto de producción de la tecnología que no es neutral, sino adecuado a las relaciones sociales en que se inserta. Esto se pone de manifiesto no sólo en cómo el uso de la maquinaria determina la forma de organización del trabajo en la fábrica sino también en los mismos mecanismos de formación de los profesionales técnicos encargados de la implementación de este uso de la tecnología y, por supuesto, en la orientación de la investigación básica mediante la direccionalidad intencionada de la inversión, tanto desde el Estado como desde las propias empresas hegemónicas de cada sector productivo.
En síntesis, la tecnología que los trabajadores heredan en la fase de autogestión en una ERT (pero también en cualquier otro tipo de emprendimiento autogestionario, mediante adquisición, donación o provisión por parte del Estado de la maquinaria o instrumental) está pensada para el sistema productivo del capitalismo y su uso tiende a reproducir prácticas laborales que organizan la forma en que los trabajadores se mueven dentro de la planta, las relaciones entre estos en el curso del proceso de trabajo e incluso cómo, cuándo y quiénes deben tomar las principales decisiones que afectan a la producción.
Cuando los ingenieros que, con intenciones de ayudar a los trabajadores, analizan las instalaciones de una ERT, lo primero que suelen observar es la disposición de la maquinaria en la planta, buscando organizar la forma en que se produce. Esto en general busca ahorrar tiempos muertos, facilitar desplazamientos, hacer más fácil el acceso a ciertas partes de la línea de producción y aumentar los niveles de seguridad. Todas cosas necesarias pero que, al mismo tiempo, suelen reflejar los mismos métodos de trabajo que se han roto o alterado con la recuperación de la empresa. Y de la experiencia de nuestro equipo trabajando en conjunto con grupos de la Facultad de Ingeniería de la UBA podemos ver que la mayor parte de estas sugerencias son descartadas en la práctica por los trabajadores. Muchas veces por no estar en condiciones económicas de llevarlas a cabo, pero en gran proporción también por desconfiar de los ingenieros por su experiencia previa en la planta, en la cual el especialista formaba parte del dispositivo patronal de control, tomando tiempos, verificando movimientos, buscando “eficiencia”. La visión que los ingenieros suelen tener de la forma de trabajar en una ERT está teñida de su formación pensada para formar parte de la tecnocracia de las grandes empresas. Por lo tanto, no pueden dejar de ver en la ERT una serie de fallas y problemas que, por lo general, realmente existen, pero no siempre responden a lo que ellos conciben como modelo tecnológico apropiado. Y, mucho menos, las soluciones propuestas.
Para ejemplificar esto, podemos citar el caso de un informe técnico hecho para una ERT para obtener un subsidio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en que un estudiante avanzado de ingeniería señalaba como máxima debilidad de la empresa recuperada (a la cual se suponía que estaba apoyando) la ausencia de jerarquías y jefes que pudieran ordenar la producción. Es decir, el problema de la fábrica sin patrón era que faltaba el patrón, porque no imaginaba una organización del trabajo sin el capital . Este es un caso extremo pero sintomático de la formación de los ingenieros en la Universidad Pública (no hablemos ya de las privadas) y, especialmente, de la casi total ausencia de una preocupación en los especialistas técnicos acerca de los usos y los fines de la tecnología.
Pero no son solamente los ingenieros los que piensan en la tecnología existente como la única posible. Por lo general, como señala Novaes, la creencia en la neutralidad de la tecnología está extendida también entre quienes se preocupan y hasta teorizan sobre los procesos de autogestión. La autogestión está vista como un proceso social de democratización de relaciones económicas, prefigurativo de nuevas relaciones sociales de producción, de cambio en las relaciones de propiedad, de avance de los trabajadores sobre el capital, pero rara vez hay un cuestionamiento hacia el uso del aparato tecnológico y hacia cómo éste puede condicionar la reorganización del proceso de trabajo sobre nuevas bases.
El problema de las fuerzas productivas
Novaes señala, ya en un plano más teórico, que para pensar este problema hay que replantearse el papel de las fuerzas productivas en la dialéctica del modo de producción capitalista y su posible evolución hacia otro sistema social. Para él, siguiendo a Dagnino y otros pensadores, el desarrollo de las fuerzas productivas no está exento de los condicionamientos dados por las relaciones sociales de producción , por lo tanto, no es neutral, sino orientado por las relaciones sociales existentes.
En el capitalismo, el dominio del capital por sobre el trabajo es el que orienta y selecciona los dispositivos tecnológicos y productivos que conforman ese desarrollo. Es decir, no bastaría con apropiarse de los medios de producción, sino que hay que adecuarlos a las nuevas relaciones de producción para que el desarrollo de las fuerzas productivas vaya en consonancia con las nuevas formas de organización social.
En el marxismo clásico, esto es, por lo menos, poco claro. Algunas interpretaciones políticas que piensan en términos abstractos o consignistas el éxito de los procesos de autogestión o del control obrero de la producción no se plantean este problema, sino simplemente el de asegurar el control o la propiedad de los medios de producción. Presuponen que utilizando la misma planta concebida por los ingenieros y tecnócratas del capitalismo y los mismos modos de organización de la producción, pero bajo control o gestión obrera, las nuevas formas de la sociedad se van a desarrollar de todos modos. En este esquema, sólo hay que sacarse de encima (tarea nada fácil, por supuesto) a los capitalistas para que el cambio de los sistemas de producción y organización social de las relaciones de producción capitalistas comience a gestarse por la sola democratización de la gestión o por su control por la mayoría de los trabajadores. El problema de quién controla la producción no deriva en cómo la controla y qué herramientas usa para ello: la tecnología, entre otros dispositivos, aparece aquí como un elemento neutral que puede ser usado a favor o en contra del cambio social.
El mismo Marx no es totalmente terminante en esta cuestión . Cuando en el Prólogo a La contribución a la crítica de la economía política señala, en un célebre pasaje, que los cambios revolucionarios acontecen cuando el desarrollo de las fuerzas productivas entran en contradicción con las relaciones sociales de producción, queda abierto el camino, afirmado después por Lenin y otros marxistas, de que la principal característica del socialismo será el libre desarrollo de las fuerzas productivas, haciendo plausible la interpretación de que las fuerzas productivas se desarrollan autónomamente del sistema de relaciones sociales con el cual interactúan, el cual puede trabar o liberar su desarrollo evolutivo. Si bien esto es matizado o complejizado en otros textos, esta es la idea hegemónica del papel de las fuerzas productivas que se impuso como versión corriente del problema.
Esta forma de ver el problema se repite entre quienes asesoran o investigan los emprendimientos de la economía solidaria, aun los más pequeños, así como a las ERT. Al reducir el problema no sólo a la correcta aplicación de la tecnología sino al mismo acceso a ella, hay toda una serie de condicionamientos y contradicciones que van quedando fuera del análisis y de las propias expectativas acerca de estas experiencias. Quienes, por ejemplo, señalan la falta de modificaciones en el proceso de trabajo en las empresas recuperadas, rara vez indican cuáles deberían ser esas modificaciones. Quienes esperan que un cambio en la subjetividad del trabajador descanse exclusivamente en asumir el reemplazo del patrón por la gestión colectiva y en la democratización de las decisiones, eligen inconscientemente ignorar las consecuencias de estos cambios en la práctica concreta del desarrollo posterior de la empresa autogestionada si no se piensa cómo modificar otros aspectos como componentes esenciales de la autogestión. Por último, aquellos que ven fallas en la autogestión obrera de las ERT por no incorporar el know how cooperativo reducen a una serie de normativas y reglamentaciones, que no implican ningún tipo de modificación en el proceso de trabajo, la posibilidad de la implementación de métodos innovadores en el desarrollo autogestionario.
La Adecuación Sociotécnica y la Innovación Social
Ahora bien, el problema pasa a ser, entonces, cómo generar una apropiación por parte de los trabajadores de la cuestión del desarrollo tecnológico en las difíciles condiciones en que se encuentran, en la gran mayoría de los casos, las empresas recuperadas y todo emprendimiento autogestionario en el marco de la tierra arrasada del capitalismo neoliberal. Más aun, se trata de ver cuáles son los procesos por los que pueden darse transformaciones que ayuden a no seguir el camino aparentemente inexorable de volver a adoptar las formas de la organización empresarial del capitalismo y retornar, por lo tanto, más tarde o más temprano, a ser una empresa jerarquizada y orientada al mercado. Por último, cómo se complementarían estos posibles cambios en la adaptación de la tecnología a la forma de producir autogestionaria con otras transformaciones que amplíen el radio de acción al que se limita la empresa típicamente capitalista o se propongan caminos alternativos a su organización del trabajo y su forma de relacionarse con un mercado que, por el momento y por largo tiempo, continuará siendo profundamente capitalista.
Para Novaes y Dagnino86, como ya hemos puntualizado, esta problemática debe ser analizada desde la propuesta de la Adecuación Sociotécnica (AST). Esto, sin embargo, no significa reducir el problema de la autogestión a la cuestión tecnológica ni condicionar las posibilidades del desarrollo de formas de organización del trabajo autogestionario a la transformación de las fuerzas productivas. Al contrario, el concepto de la AST implica una gradación de las adecuaciones sociotécnicas posibles de acuerdo a las circunstancias de desarrollo de los emprendimientos autogestionarios. La Adecuación Sociotécnica es, en la visión de estos autores, tanto un concepto sobre el desarrollo del problema del uso de la tecnología en la autogestión

86 2004.
como una propuesta para el desenvolvimiento de estos procesos. Como el propio Novaes explica en el capitulo 17 de este libro, las transformaciones operadas en una empresa autogestionada en los términos propuestos por la AST se desarrollan en distintos niveles, desde el más elemental del mismo control de los trabajadores sobre la empresa hasta el último y más desarrollado nivel que implica la generación de una nueva tecnología pensada y desarrollada en el marco de la producción autogestionaria, algo que sólo se podría realizar teóricamente en una sociedad donde se hayan eliminado las relaciones de explotación capitalistas .
La AST es un proceso, desde este punto de vista, en que la tecnología utilizada en un emprendimiento sufre modificaciones que no necesariamente son en su desarrollo material, sino en su uso social, en “el conjunto de aspectos de naturaleza socioeconómica y ambiental que constituyen la relación ciencia, tecnología y sociedad” .
En las ERT argentinas, el problema tecnológico fue en general abordado como una falencia relacionada con la imposibilidad de las empresas recuperadas de realizar las inversiones indispensables para el desarrollo de innovaciones en la maquinaria y en el proceso productivo. Sin embargo, y aunque la perspectiva de la AST no ha sido por lo general enunciada ni por los investigadores ni por los trabajadores, la conciencia de la necesidad de una adecuación en ese sentido está presente, pero en general aceptando como válida la aceptación sin más de la tecnología existente. Intervienen en ello no sólo la cuestión de la inversión necesaria, sino también la conciencia de las deficiencias en la propia calificación profesional por parte de los trabajadores, a pesar de las declamaciones políticas en contrario . La falta de capacitación es señalada habitualmente por los trabajadores como uno de los problemas importantes de las ERT, y en más de una ocasión se discutió el problema del asesoramiento universitario a las cooperativas en el sentido del desarrollo tecnológico necesario para la prolongación temporal de las ERT como empresas viables. Esto último era concebido por dirigentes del MNER como el papel esperado de la relación de las universidades con el Movimiento, en una suerte de polo científico destinado a formar el perfil de desarrollo tecnológico de las ERT. La idea, sin embargo, no pasó de una enunciación teórica por ambas partes.
Si la Adecuación Sociotécnica se plantea un uso diferente de la tecnología en el desarrollo de las nuevas formas de producción autogestionarias, el concepto de innovación social, que hemos adoptado en distintos artículos como forma de analizar los cambios generados por los trabajadores en las ERT implica otro tipo de cuestiones que bien pueden confluir con la AST. En particular, hemos pensado los cambios en las condiciones de producción y funcionamiento económico-social de las empresas recuperadas como rupturas de la lógica económica de la empresa capitalista anterior a la recuperación. Es, en este sentido, un proceso específico de las ERT: las innovaciones producidas en los procesos se inscriben en la lucha de los trabajadores por escapar a las constricciones del mercado y la herencia de las viejas relaciones de explotación, aun cuando se desarrollen en el curso de la práctica y no como ideas concebidas adrede para provocar esas rupturas.
Podemos caracterizar las innovaciones sociales en las ERT como procesos que alteran, condicionan, reemplazan o generan alternativas a los mecanismos de gestión y la lógica de racionalidad económica de la empresa capitalista sobre la cual se monta el proceso de autogestión. Estas transformaciones no implican necesariamente al proceso de trabajo o el modelo productivo y tecnológico, sino que también (y hasta ahora principalmente) impactan en cuestiones sociales antes inimaginables en el contexto empresario, como ser la ruptura del secreto empresarial y la ampliación del uso social de la empresa hacia la solidaridad de clase o comunitaria, además de la implicación política de la ERT y su organización sectorial en términos totalmente diferentes que las cámaras empresarias o el movimiento sindical.
En los hechos, los trabajadores han logrado algunas modificaciones más o menos importantes en la lógica empresarial que impera en las ERT. Estas modificaciones no se han dado de la misma forma en todos los casos y los ejemplos son de una diversidad muy grande, que responde a la misma heterogeneidad de las ERT. Estas innovaciones, de las cuales Marcelo Vieta realiza una enumeración analítica en el capítulo 10, no se hallan al margen de las particulares condiciones de surgimiento y desarrollo de las experiencias, que hemos ido mostrando a lo largo de este trabajo.
Como señalamos en el capítulo anterior, el principal aspecto donde podemos aplicar el concepto es en la necesidad de los trabajadores de concebir la empresa de forma diferente a la del capital: se trata de ampliar la perspectiva de la viabilidad empresaria a aspectos y actividades ajenas a la lógica de la reproducción y ampliación del capital. En este sentido, lo que constituye un límite para el desarrollo de la empresa capitalista es una virtud para la empresa autogestionada por los trabajadores. Nos referimos a las consecuencias de la tendencia obrera a no perseguir la acumulación de capital y, por lo tanto, el desarrollo empresarial más allá de la cobertura de las necesidades de la reproducción de la vida de sus trabajadores y de la supervivencia de la ERT en el mercado en el que deben, necesariamente, insertarse.
Esta concepción supone permanentes tensiones incluso entre miembros de la cooperativa, entre quienes ven como una falencia la falta de ambiciones de acumulación y quienes ven el desarrollo empresario en términos de “más trabajo” en vez de “más capital”.
La empresa recuperada es viable en tanto asegura ingresos percibidos como decentes para sus trabajadores, es decir, ingresos (retiros) que aseguren la reproducción de la fuerza de trabajo sin necesidad de la acumulación de plusvalía. El límite para esto es difuso y algunas ERT están en tensión permanente entre respetarlo o sobrepasarlo. Las contrataciones de empleados por parte de una ERT que se comporta como un capitalista colectivo van en este sentido, aunque también, siempre y cuando encuentre los modos de incorporarlos al mismo esquema asociativo, la incorporación de nuevos trabajadores como recuperación de fuentes de trabajo es vista por lo general como positiva. Generar trabajo es pensado desde las ERT como uno de sus fines sociales, aun cuando no consigan emplear a más trabajadores que los que recuperaron la empresa.
Otro aspecto innovador que va en el mismo sentido de modificar el concepto de empresa es la desaparición del secreto capitalista de la unidad empresaria. Es lo que algunas ERT denominan como “fábrica abierta”, una empresa que no oculta su funcionamiento y que ha socializado lo que cualquier burócrata gerencial o propietario sabe guardar como lo más sagrado: sus condiciones de producción y, en algunos casos, sus números. Se trata principalmente de la apertura social de la fábrica, del descubrimiento del secreto empresario, incluyendo, más de una vez, los costos, el estado de la maquinaria y la capacidad productiva de la empresa. No son pocas las ERT que han hecho un artículo de fe de la noción de “fábrica abierta”, en contraste claro con la fábrica patronal, cerrada a la mirada de todos, incluso la del Estado y, principalmente, de la de sus trabajadores. Esto no significa necesariamente que cualquiera tenga acceso a todos los datos de la empresa. En realidad, el secreto empresario en el capitalismo oculta las informaciones claves a los competidores pero, esencialmente, a sus trabajadores. En este último sentido, el secreto más celosamente guardado de cualquier empresario capitalista se encuentra, en las ERT, desnudo.
Esta “fábrica abierta” tiene sus raíces en las condiciones de surgimiento de la empresa recuperada, con trabajadores que debieron apelar a la solidaridad social para conservar su trabajo, bajo la forma de la ocupación de la empresa. Para desarrollarla como unidad productiva sobreviviente de una quiebra o vaciamiento, con todas las dificultades consabidas, han debido emprender un camino sinuoso que, las más de las veces, no siguió la lógica económica que marca la racionalidad capitalista. Ninguna empresa capitalista consiente la apertura de su planta a la comunidad que la rodea, mediante la utilización de su espacio físico para actividades solidarias que, no solamente no son habituales sino que son contrarias a su lógica. Abrir centros culturales en las empresas no solamente no tiene relación con lo que se espera de una empresa capitalista, sino que tiene una racionalidad antieconómica de base. Y, además, esta práctica no se relaciona con la adecuación de la tecnología a las nuevas condiciones de gestión. Sencillamente, es una innovación en el campo de lo social y lo cultural. Y, además, en varios casos, esta innovación es condición de supervivencia de la empresa, lo que nos muestra como lo aparentemente irracional desde el punto de vista económico adquiere, en realidad, otra racionalidad que incorpora el factor político y solidario al desarrollo de la nueva empresa autogestionada.
En varias ERT, la apertura de actividades solidarias sirvió para generar una legitimidad social al proceso que posibilitó presionar desde una posición de mayor fuerza a los poderes políticos y al sistema judicial para el otorgamiento de la tenencia de la planta a los trabajadores. En otras, se trata de una devolución agradecida a la solidaridad vecinal que sostuvo, incluso desde lo económico, la ocupación del establecimiento. En ciertos casos, la apertura de los espacios a actividades económicas muy diferentes de la original tuvo un efecto dinamizador sobre el conjunto de trabajadores que permitió posteriormente retomar la producción de la empresa anterior. En todos, nos encontramos con la innovación sobre el camino establecido para la empresa de acuerdo a lo que marcan las reglas de juego del sistema .
Estos son los procesos profundos que hacen de las ERT un punto de quiebre en la experiencia de lucha de los trabajadores, independientemente de cómo se siga desarrollando el proceso. Aunque se vuelva a cerrar la brecha que permitió que estas situaciones se dieran, la fractura, imposible de pensar para muchos, se dio. Y se dio fuera del marco de ofensivas revolucionarias de trabajadores, en medio de la hegemonía imperial que impone sus reglas de juego a todo el planeta.
Como en otras latitudes en que se han producido grandes o pequeñas rupturas al orden establecido, las empresas recuperadas muestran al conjunto de los movimientos y organizaciones populares que las fracturas del status quo son posibles y, aunque nada asegura que el camino sea fácil, deben ser aprovechadas. La clase trabajadora argentina ha generado así un hecho de transformación social, económica y cultural, casi sin darse cuenta de ello. Una experiencia de lucha que es coherente con su rica historia de conquistas, mártires, derrotas y triunfos.
Capítulo 8
La política
Toda manifestación de lucha social tiene, en algún momento, un correlato político ineludible. En el caso de las empresas recuperadas por sus trabajadores, éste viene dado por la necesidad de apelar a mecanismos de presión política sobre el Estado para asegurar condiciones mínimas de funcionamiento, facilidades legales o, por lo menos, la no obstaculización de los procesos. La búsqueda de las leyes de expropiación como opción jurídica frente a callejones sin salida originados en complejas causas judiciales obligaron a las ERT a un intrincado camino de negociaciones y presiones sobre legisladores, jueces, funcionarios y organizaciones o personajes de la llamada clase política. Para ello debieron organizarse en forma de movimientos, asociaciones o federaciones que les permitieran reconocerse y ser reconocidos como un sector con reivindicaciones y planteos propios.
A su vez, los condicionamientos de una situación de descomposición institucional (y posterior recomposición) de las estructuras políticas argentinas tiñó de incertidumbre todo este proceso. Los vaivenes de la coyuntura política, los reacomodamientos partidarios, sindicales y, especialmente, la asunción del gobierno de Néstor Kirchner, que generó esperanzas y desconfianzas simultáneamente en distintos sectores de los trabajadores, influyeron notoriamente sobre la evolución de este aspecto del fenómeno.
Al mismo tiempo, las relaciones con el Estado fueron tomando diferentes aristas que vale la pena analizar, tanto en su influencia en el curso de los acontecimientos relacionados con el sector como por la poca profundidad de sus acciones comparadas con las esperanzas que un gran sector de los trabajadores colocó en este accionar.
Estos dos aspectos, el de la organización política de las ERT como movimiento más allá de sus dinámicas económicas y sociales internas, como el de la relación con el Estado en todas sus formas, serán los que analizaremos, brevemente, en esta sección.
Los movimientos
La necesidad de agruparse surgió tempranamente entre las ERT. Los objetivos eran varios pero bastante simples. En primer lugar, los trabajadores de las empresas recuperadas habían quedado desprotegidos frente a la claudicación y el desconocimiento de los sindicatos (salvo algunas notorias excepciones, entre los que se destaca la Unión Obrera Metalúrgica de Quilmes y, luego de un comienzo dubitativo, la Federación Gráfica Bonaerense) y, por otra parte, no se sentían representados por las organizaciones del cooperativismo tradicional. Al mismo tiempo, necesitaban algún tipo de representación frente a los poderes públicos y desarrollar, de alguna manera, lazos orgánicos de solidaridad entre ellos. Los agrupamientos de empresas recuperadas surgieron, entonces, como una necesidad de suplir carencias pero sin metas precisas a mediano y largo plazo.
Observando retrospectivamente al cabo de varios años de desarrollo del proceso, es difícil caracterizar a las ERT, a pesar de organizarse en algunas estructuras fluctuantes denominadas “movimientos”, como un movimiento social de características asimilables a otros que generalmente se identifican como fruto de la crisis de 2001, no sólo por no surgir exclusivamente de ésta, sino por constituir un fenómeno socioeconómico emergido de la economía formal, con capacidad de incidencia política mucho mayor al que su importancia numérica podría hacer suponer.
Mientras los piqueteros, a través de sus numerosas organizaciones, tanto las ligadas a redes de clientelismo como las más militantes, movilizaban a centenares de miles de personas y los clubes de trueque y las asambleas barriales llegaban a todos los barrios de Buenos Aires, las ERT explotaban como conflictos obreros localizados en los que a lo sumo se aglutinaban algunos miles de trabajadores en sus lugares de trabajo. Mientras unos expresaban la protesta social ante las consecuencias del neoliberalismo dominante, las ERT representaban una práctica de los trabajadores que enfrentaba y resistía al fenómeno económico del cierre de empresas y fábricas, tratando de evitarlos. Cada caso, por otra parte, no podía ligarse con el resto más que a través de la solidaridad y la acción ejemplificadora, pues la supervivencia o no de cada experiencia dependería casi exclusivamente de su propia capacidad y, además de representarlas frente al Estado y tratar de arrancar concesiones al poder político, poco más podían hacer las estructuras que las reunían, a menos que intervinieran activamente en los asuntos internos de cada empresa.
A pesar de no haber podido consolidar estructuras unificadas y de su fragmentación actual, los agrupamientos de ERT han tenido importancia fundamental en la consolidación del proceso visto en conjunto. En primer lugar, la intervención de los movimientos ha sabido ser decisiva en los momentos conflictivos de la ocupación de los establecimientos. Especialmente en el caso del MNER en su fase más activa, las organizaciones transmitieron la experiencia de las recuperaciones anteriores, llevaron solidaridad y conexiones políticas y sociales a las nuevas cooperativas, les dieron visibilidad social, política e incluso mediática y, en más de una oportunidad, su intervención fue decisiva para lograr el acceso de los trabajadores a las instalaciones y la posterior puesta en funcionamiento de la empresa. Podemos citar entre estos casos a varias empresas recuperadas surgidas entre 2002 y 2004, como Chilavert, Acrow, Lavalán, Gatic Piqüé, Global o el Hotel Bauen, casos en los cuales la intervención de otros trabajadores y militantes tuvo importancia decisiva.
En segundo lugar, la existencia de los movimientos les dio a las ERT una capacidad de presión multiplicada sobre el poder político que, con el correr del tiempo y el debilitamiento de la organización común, se fue disipando, pero que fue importante en los años de mayor fortaleza del sector.
Por último, la existencia de estos agrupamientos ha facilitado el acceso a las ERT de equipos universitarios y técnicos que contribuyeron al mejor conocimiento del fenómeno y a brindar asesoramiento con las limitaciones que ya hemos mencionado en capítulos anteriores. Además, han contribuido para la vinculación de las ERT con otras organizaciones sociales y políticas, del país y del exterior.
No obstante, los distintos movimientos han mostrado una capacidad limitada de acompañar los procesos fuera del momento crucial de la ocupación e, incluso, algunas de sus manifestaciones han desarrollado facetas expropiadoras, tanto de la capacidad de expresión política (convirtiéndose en trampolín para las carreras políticas de algunos líderes y militantes ) como directamente económicas (a través del gerenciamiento propiciado por algunos dirigentes ).
Una breve historia de las organizaciones de empresas recuperadas
En un momento inicial, una veintena de ERT se agruparon informalmente alrededor de las dos mayores referencias existentes hacia mediados de 2001, el frigorífico Yaguané y la metalúrgica IMPA. El Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas empieza a organizarse, en un principio convocando también a otros emprendimientos de la economía solidaria, aunque pronto adquiere el carácter específico de una organización de ERT ante el crecimiento y las particularidades del fenómeno.
En estas primeras etapas cobran un papel político fundamental de impulso de esta articulación algunos cuadros vinculados a la UOM Quilmes y a la vieja oposición a la burocracia sindical en la UOM Capital, como Eduardo Murúa, que pronto, por su participación en el proceso de IMPA, se convirtió en uno de los principales referentes del sector.
Otros dirigentes comenzaron a tener protagonismo, como José Abelli, desde Santa Fe, y un (por ese entonces) estudiante de abogacía vinculado al PJ de Avellaneda y a la derecha católica, Luis Caro. La trayectoria de este último es interesante para entender algunos de los procesos que ocurren alrededor de las ERT, demostrando su estrecha relación con las tradiciones y trayectoria política, ideológica y organizativa de los distintos sectores de la clase trabajadora argentina. Lejos del anticapitalismo, las posiciones del “Doctor” muestran una herencia clara de las más rancias expresiones de lo que fue la derecha sindical peronista en los años 70, así como otros dirigentes provienen de recorridos ideológicos opuestos.
Sin embargo, la primera organización formalizada de empresas recuperadas, encabezada por Daniel Flores, del frigorífico Yaguané, se separó de las que poco después hicieron el MNER para formar la FENCOOTER (Federación Nacional de Cooperativas de Trabajadores de Empresas Reconvertidas). Este grupo se articuló a través de una Unidad Ejecutora en el INAES durante el gobierno provisional de Eduardo Duhalde, que no sobrevivió al cambio de gobierno y desapareció apenas asumió Néstor Kirchner. Y, con ella, la FENCOOTER, que demostró así su dependencia del aparato estatal y su escaso nivel de autonomía.
En estas primeras etapas también jugó un papel la FECOOTRA (Federación de Cooperativas de Trabajo) con actuación en la provincia de Buenos Aires, pero su pertenencia al ámbito del cooperativismo no logró hacer confluir en esta organización a quienes se seguían identificando como trabajadores antes que como cooperativistas.
Fue el MNER el que agrupó en un principio a la gran mayoría de los casos. A pesar de funcionar informalmente desde tiempo antes, se oficializó como agrupamiento en un acto que tuvo lugar en la fábrica metalúrgica La Baskonia, en el partido de La Matanza, el 7 de septiembre de 2002. Ese acto se realizó en forma simultánea a un Encuentro Nacional de Fábricas Ocupadas y en Lucha, convocada por organizaciones de izquierda, donde tuvieron destacado papel las dos principales ERT que proponían la estatización con control obrero, Brukman y Zanón.
En la reunión de La Baskonia participaron más de 50 empresas recuperadas, con un perfil netamente vinculado al movimiento obrero y se legitimaron tres dirigentes como principales referentes del MNER: Eduardo Murúa, Luis Caro y José Abelli.
El MNER unificado no duró mucho. Luis Caro lo fracturó en enero de 2003 para formar el Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas por sus Trabajadores (MNFRT) y separarse de la línea que seguía el MNER, especialmente de su consigna “Ocupar, Resistir, Producir”, que pasó a ser, en el discurso de Caro, una incitación a la ilegalidad y a una muestra de la línea política izquierdista que, según él, no representaba a los trabajadores . La mayor diferencia entre ambos movimientos, sin embargo, no pasó necesariamente por lo ideológico, a pesar del discurso del MNFRT. Mientras el MNER mantuvo fuerte presencia en los conflictos que explotaban uno detrás de otro en 2003 y principios de 2004, el MNFRT se concentró en consolidar sus lazos orgánicos con las ERT que adscribían a su organización, basados en un fuerte liderazgo personal de Caro. Si observamos como se fue estructurando cada una de las fracciones, vemos que el MNFRT engrosa su lista de adherentes en buena parte con ERT que defeccionan de los otros grupos, generalmente a través de fracturas y conflictos internos. Caro se presenta como un abogado experto en solucionar los problemas de las empresas recuperadas con su pericia jurídica (que es innegable, aunque es difícil distinguir cuantos de sus logros en los juzgados se deben a su habilidad como abogado y cuantos a sus contactos políticos en el poder judicial) y, posteriormente, como capaz de brindar soluciones económicas a través de servicios de consultoría, apoyo e, incluso, acercando proveedores de trabajo a façon. En ese sentido, se presenta más eficiente que cualquier otro tipo de organización del sector, asegurando “viabilidad” a cambio de un cierto cercenamiento (que no es uniforme) a las capacidades autogestionarias de cada ERT .
El MNER, en cambio, nunca tuvo, incluso en sus mejores momentos (entre 2003 y 2004), demasiada capacidad para orientar a los trabajadores en la fase autogestionaria. Su fuerte siempre fue su habilidad para organizar la solidaridad y de presionar a los poderes públicos en pos de la expropiación, subsidios y apoyos estatales. El liderazgo de Eduardo Murúa, en ese sentido, se comportó como diametralmente opuesto al de Caro. Su presencia, así como la de otros referentes del movimiento, era habitualmente importante en la situación de conflicto, generando así un amplio sentimiento de lealtad entre los trabajadores por su actuación en los momentos decisivos para la recuperación. Sin embargo, en la evolución posterior de la ERT, los lazos se volvían laxos. El MNER prefería dejar que los trabajadores resolvieran solos sus problemas y acudir en su ayuda solamente si estos la necesitaban y la pedían. Esta situación se debía tanto a criterios de construcción política como a la falta de posibilidades prácticas de intervenir de otra manera.
Sin embargo, el debilitamiento del MNER no fue provocado por esta circunstancia sino por las diferencias entre sus principales dirigentes sobre la política a seguir con el gobierno de Néstor Kirchner. Estas se hicieron irreconciliables a partir de fines de 2004, especialmente durante el proceso de recuperación de Gatic Pigüé. Posteriormente, los problemas se agudizaron a principios de 2005, en torno al conflicto suscitado en IMPA, la cooperativa emblema del MNER. Quienes se posicionaron como aliados o, por lo menos, no opositores del gobierno kirchnerista aprovecharon el conflicto para desmarcarse de las posiciones de Murúa y la división del MNER se tornó irreversible.
En 2006, el sector de Abelli, con la mayoría de las ERT de Santa Fe y Córdoba y algunas ERT de Capital encabezadas por el Hotel Bauen, más cooperativas de trabajo que no tenían origen en ERT, formaron FACTA, la Federación de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados. Más o menos simultáneamente, adquirió importancia (aunque existía desde 2004) otra organización ligada en forma orgánica a la Central de Trabajadores Argentinos, denominada ANTA (Asociación Nacional de Trabajadores Autogestionados). Ya en 2008 se produce un acercamiento entre los sectores del MNER que aun seguían relacionados con Murúa y al ANTA, que apoyó fuertemente la defensa de la cooperativa IMPA frente a un nuevo intento de desalojo, cimentando una alianza con bases ideológicas pero también basada en una dinámica común a ambos agrupamientos.
FACTA mientras tanto, se moviliza principalmente alrededor del Bauen, que sufre permanentemente ataques por parte de jueces y funcionarios debido a su importancia económica y complicada situación legal. En 2008 participaron activamente de la formación de una nueva confederación, la Unión de Cooperativas de Trabajo de la Argentina, donde se intenta articular a cooperativas de trabajo de diferentes asociaciones además de las ERT . Estas iniciativas lograron establecer una buena relación con el gobierno nacional a través del INAES. Finalmente, el 30 de mayo de 2009, FACTA, ANTA, FECOOTRA y otras federaciones de cooperativas de trabajo formaron la Confederación de Cooperativas de Trabajo, un paso aun demasiado reciente para poder analizarlo en este texto.
Como se desprende del relato anterior, la fragmentación en el sector es amplia. Sin embargo, los problemas de los trabajadores siguen siendo similares y, entre ellos, los enfrentamientos y divisiones superestructurales no parecen tener demasiada importancia. A pesar de diferencias políticas y organizativas, las reivindicaciones comunes y los momentos difíciles que requieren la solidaridad del conjunto siguen encontrando unidos a los trabajadores. Es notorio también como muchas ERT no consideran excluyente pertenecer a determinado grupo para participar de actividades o tener relaciones con otro. ANTA, por ejemplo, participa simultáneamente de actividades con el MNER y es miembro de la Unión de Federaciones de Cooperativas de Trabajo.
También es importante la organización regional o sectorial. Empresas recuperadas que forman parte o se referencian con distintos dirigentes o grupos participan conjuntamente de ámbitos regionales o municipales, como los estructurados a través de los municipios de La Matanza y Avellaneda. Se destaca entre estas experiencias la Mesa de Empresas Recuperadas de Mendoza, que es analizada por Mónica Huertas en el capítulo 15 de este libro. La Red Gráfica Cooperativa, por su parte, es un interesante intento de agrupamiento empresarial autogestionario de cooperativas del sector gráfico, que reúne a varias ERT y a otras cooperativas del sector.
La relación con el Estado
En el libro “Las empresas recuperadas en la Argentina” nos referimos críticamente a la responsabilidad del Estado en la generación de una necesaria política pública hacia las ERT, señalando que las acciones en ese sentido eran emprendidas en forma heterogénea y fragmentaria. Desde aquel entonces hasta el presente la situación no se ha modificado demasiado, salvo en que se ha diversificado aun más la política estatal hacia las ERT, con la intervención de actores que hasta ese entonces estaban ausentes o con escasa incidencia, como el ministerio de Desarrollo Social o el propio INAES. Además, en algunos casos los organismos estatales han intervenido activamente en los conflictos internos de los movimientos, tanto priorizando alguno de los sectores como tomando partido a favor de uno u otro actor en la interna del MNER o las rivalidades entre fracciones.
Hasta el momento, lo esencial se mantiene, el gobierno no tiene a las ERT por un interlocutor importante y no destina ningún plan coherente que contribuya a su salvataje ni a su fortalecimiento. Mucho menos a utilizar la capacidad de los trabajadores de autogestionarse para imponer reformas en pos de una expansión del sector cooperativista de la economía, como pretendía el MNER a través de la propuesta de reforma de la ley de Quiebras . El Ministerio de Economía sigue sin formular una línea de acción que proteja o promueva a las ERT y el INAES, organismo que se ocupa de las cooperativas y los emprendimientos asociativas, sólo interviene para inclinar la balanza a favor de quienes percibe como aliados políticos dentro de las ERT o para integrar a las empresas recuperadas en el seno del movimiento cooperativo, minimizando las particularidades que las diferencian de otras cooperativas, cuestión esta última que ampliaremos más adelante (cap. 9).
Sin embargo, hay algunas iniciativas interesantes en agencias técnicas, como el INTI, que trató de llevar a la práctica algunas de las conclusiones del Encuentro Latinoamericano de Empresas Recuperadas que tuvo lugar en Caracas a fines de 2005. Entre otros, nuestro equipo de la UBA fue convocado a participar de la formación de una red de asistencia técnica que no consiguió integrar a otros organismos públicos, aparentemente por cuestiones políticas secundarias, tal como pasó en otros casos.
Pero todo esto, más que demostrar que el gobierno no toma seriamente a las ERT, indica especialmente que éstas ya no tienen la capacidad de presión sobre los poderes políticos que ostentaban en otros tiempos. Ni las empresas recuperadas son el potente actor social movilizado que supieron ser, socialmente prestigiosos y legitimados, ni las instituciones públicas tienen la debilidad que mostraba la clase política en 2002 o 2003, cuando, repudiados por el conjunto de la población, los diputados debieron convertir el edificio del Congreso en una fortaleza. La situación se ha transformado en su inversa, donde incluso funcionarios de segundo o tercer orden se sienten con derecho a intervenir en los conflictos de las ERT sin pagar demasiados costos públicos.
Aquí cobra importancia, como señalamos en el capítulo 3, la concepción que se tiene desde el Estado acerca de las ERT. Caracterizarlas como emprendimientos precarios de la economía social las pone en el ámbito de la “economía para pobres” a la que se destina ingentes recursos de contención social y de desarrollo de pequeños emprendimientos sin mucho futuro sin el sostenimiento económico y político del Estado.
Pensar, por otro lado, a las empresas recuperadas como una manifestación más del cooperativismo, como parece impulsar el INAES, ignora deliberadamente las particularidades y las potencialidades de las ERT como manifestaciones de resistencia obrera y de su identidad como trabajadores autogestionarios. Intentar encauzar estas experiencias en el cooperativismo tradicional, con sus reglamentos y, muchas veces, sus prácticas anquilosadas en normativas que no favorecen la dinámica diaria de la autogestión ni las innovaciones sociales y sociotécnicas que se producen en su interior, sólo lleva a un camino de domesticación de un sector que surge con la fuerza de la desesperación pero, también, con una importante creatividad en la búsqueda de una racionalidad económica superadora no sólo de la empresa tradicional sino también de la vieja forma cooperativa. Por otra parte, algunas iniciativas por parte del Ministerio de Trabajo han sido beneficiosas pero limitadas por la pequeña dimensión de los programas específicos diseñados para el apoyo de las ERT.
Lo que brilla por su ausencia, entonces, en la actitud estatal hacia las ERT, es el Ministerio de Economía. Independientemente del tamaño y facturación de las ERT (muchas pueden ser consideradas como empresas medianas), el conjunto del sector, diverso y extendido a lo largo de todo el país, y su potencialidad no sólo como salida económica a la desocupación estructural y al cierre de empresas que producen, casi en su totalidad, para el mercado interno, las posicionan como una alternativa digna de ser sostenidas e impulsadas como parte de un desarrollo de la economía nacional que el discurso del gobierno actual dice sostener. Y, en tiempos de crisis, la expansión y la multiplicación de los casos es una posibilidad cierta que no debería ser ignorada no sólo como fenómeno social o del trabajo, sino desde cualquier planteamiento de una política económica independiente.
Por último, es importante destacar que el accionar estatal no se reduce a las acciones del Ejecutivo. Los legisladores se han mostrado receptivos a los reclamos de las empresas recuperadas en la medida en que estas parecían cercanas a su base de sustentación política (generalmente, legislativos municipales o provinciales) y menos al llegar a las instancias nacionales, es decir, el Congreso Nacional. Allí no ha prosperado nunca una iniciativa destinada a las ERT, al contrario de algunas de las legislaturas provinciales y la de la Ciudad de Buenos Aires. A medida que se fue desvaneciendo el movimiento social impugnador de la política que eclosionó en 2001, la percepción de los legisladores acerca de la capacidad de presión de las empresas recuperadas (y muchos otros movimientos y organizaciones) fue cambiando desde la atención y la sensibilidad hasta una mayoritaria indiferencia.
Algo similar pasa con el poder judicial, el primer ámbito de la esfera estatal con el que deben enfrentarse los trabajadores de las ERT. Como es sabido, la dependencia de los estrados judiciales de los cambios políticos es mucho más remota que la de los otros dos poderes, que deben legitimarse cada dos años en elecciones generales. El Poder Judicial es, por lo general y por una cuestión de origen de clase de casi todos sus integrantes, hostil a que los trabajadores reemplacen a los empresarios, que suele ser la visión sesgada que tienen del fenómeno. Si bien algunos de los jueces a los que le han tocado las causas por las quiebras de las empresas que dan origen a las ERT se mostraron sensibles a los reclamos de los trabajadores, no son así la mayoría de las respuestas. La necesidad de los trabajadores de apelar a las presiones hacia los otros poderes tiene un claro origen en esta situación. Es, por lo tanto, urgente la sanción de una normativa que limite la arbitrariedad de los jueces y fiscales sobre estos conflictos.
La actitud estatal hacia las empresas recuperadas es, como hemos visto, resultado de factores de gran complejidad que responden no sólo a la orientación política del gobierno nacional o de los provinciales y municipales, sino también a las contradicciones que operan en un espacio institucional que ya no puede ser percibido como monolítico sino como un campo más de disputa política y económica. Cuáles son los organismos del ejecutivo que deben intervenir, qué leyes deben sancionarse y qué procedimientos deben seguir los jueces son producto de las relaciones de fuerza que se dan en la política y en la sociedad en su conjunto. Hasta ahora, las ERT han sabido desenvolverse medianamente bien en ese contexto, pero está claro que, por limitaciones propias y por fuertes intereses ajenos, estamos aun muy lejos de la existencia de una clara agenda pública que favorezca el desarrollo y sostenga el esfuerzo de los trabajadores de las empresas recuperadas. Nos referimos a un apoyo que no se limite sólo a sus procesos particulares, sino que los incluya como parte de una política mucho más amplia que los tenga en cuenta como alternativas viables para la formación de una economía concebida en función de un desarrollo nacional y latinoamericano basada en el trabajo y la autogestión.

Segunda Parte

Algunas dimensiones analíticas sobre las empresas recuperadas
Algunas dimensiones analíticasUna presentación 91

92 Hugo TrincheroMarcelo Vieta
Capítulo 9 Las empresas recuperadas por sus trabajadores como cooperativas de trabajo
Marcelo Vieta
Haciéndose visibles para la opinión pública y los analistas internacionales durante la gran crisis económica, política y social que sufrió Argentina entre los años 2001 y 2003, y como una respuesta directa al agotamiento de las políticas neoliberales hasta entonces hegemónicas, las transformaciones microeconómicas y sociales forjadas por las empresas recuperadas por sus trabajadores (ERT) – las que llamamos sus “innovaciones sociales” (ver capítulo 7) – han enfrentado directamente las incapacidades de las instituciones políticas argentinas para contener los altos niveles de subempleo, desempleo e indigencia que se expandieron en el país en aquellos años.
Este capítulo explorará las consecuencias de dos particularidades de las ERT que muchas veces son pasadas por alto o minimizadas en otros estudios que examinan las empresas recuperadas argentinas.
En primer lugar, las acciones iniciales de tomar empresas en decadencia o ya quebradas o vaciadas, los actos de resistencia y ocupación, y la reapertura autogestionada de estas empresas no emergen desde una voluntad previa de control obrero o revolución clasista, sino que lo hacen inmanentemente desde los mismos miedos y desafíos de los trabajadores enfrentados con la posibilidad de perder sus puestos de trabajo.
Es decir, casi todas las ERT tienen orígenes en respuestas directas que surgen de la preocupación de sus protagonistas ante la posibilidad de quedar estructuralmente desempleados.
Las motivaciones que acerca la autogestión a la mayoría de los trabajadores de las ERT – especialmente en la “primera era” del fenómeno, entre 1997-98 (cuando vemos las primeras ERT) y 2003 (cuando se empieza a recomponer la economía argentina) – se pueden denominar como reacciones

defensivas contra un agotado régimen neoliberal que propició las maniobras fraudulentas de empresarios y gerentes.
Segundo, casi todas las ERT se reorganizan bajo el marco legal de una cooperativa de trabajo poco antes o inmediatamente después que los trabajadores toman control de la unidad –y casi siempre en un proceso de semanas y a veces meses de lucha– no porque los trabajadores ya tuvieran una predisposición de ser cooperativistas o un convencimiento político, sino como una estrategia legal y pragmática que nace en los primeros tiempos de la lucha para recuperar sus lugares de trabajo. Por razones que detallaré en las siguientes páginas, esta salida legal se ha convertido en una importante maniobra defensiva para los trabajadores de las ERT, especialmente dada la posibilidad aún existente de represión estatal o contraofensiva del establishment capitalista. Además, esta maniobra – es decir, reformularse como una cooperativa de trabajo – asiste a los trabajadores en la estructuración de los modelos horizontales que muchas de las ERT adoptan para la producción autogestionada. A la vez, recrearse como una empresa cooperativa les ayuda a volver a sus mercados y conseguir préstamos y otros tipos de financiamiento que serían difíciles de alcanzar sin un reconocido marco legal.
Dados estas dos cuestiones, este capítulo analizará algunos de los aspectos que más destacan a las ERT como cooperativas de trabajo. Antes de ilustrar cómo el cooperativismo se vive en la práctica en las ERT en el capítulo 10, presentaré aquí una tipología de las cinco características más sobresalientes de las tácticas de acción directa para defender puestos de trabajo y las subsecuentes estrategias autogestionarias y cooperativas adoptadas por sus trabajadores.
Las ERT como cooperativas de trabajo
El sociólogo argentino Héctor Palomino escribe que el impacto políticoeconómico del fenómeno de las ERT está más “relacionado a su dimensión simbólica” que a su tamaño real porque, hasta la actualidad, el fenómeno incluye un número cercano a 160 principalmente pequeñas y medianas empresas que agrupan alrededor de 9.000 trabajadores argentinos. A pesar que el fenómeno de las recuperadas argentinas es el mayor en cantidad de firmas recuperadas y trabajadores autogestionados en Latinoamérica, se debe también reconocer que el fenómeno constituye menos del 1% de los 14.393.000 participantes de la economía urbana del país.6 Como también subraya Palomino, aunque es verdad que esto forma una pequeña fracción de la capacidad productiva total del país, las ERT han, sin embargo, inspirado “nuevas expectativas para una transformación social”7 puesto que demuestran una innovadora y viable alternativa al subempleo y desempleo crónico. Dicho esto, el camino a la autogestión ha sido, y en muchos aspectos sigue siendo, económicamente y políticamente arduo para estas agrupaciones de trabajadores autogestionados a pesar de la recomposición de la economía argentina en los últimos años bajo los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Y muy posiblemente las ERT enfrenten más dificultades bajo la crisis internacional mundial que empieza a afectar la economía del país desde finales de 2008 y los primeros meses del 2009.
Una vez recuperadas, y en casi todos los casos analizados en la Argentina, el 94% de las ERT se organizan formalmente bajo el marco legal de una cooperativa de trabajo en los momentos iniciales de la ocupación y puesta en funcionamiento de la planta.8 Paradójicamente, en la mayoría de los casos, aunque algunos de los trabajadores han tenido experiencias de militancia gremial o política de base barrial o comunitaria, la mayoría de los ex empleados que comienzan a autogestionar una empresa recuperada no han tenido experiencias cooperativistas.
¿Por qué toman esta decisión organizativa dado la carencia de experiencias cooperativas de los trabajadores de las ERT? Esta pregunta es significativa para conocer mejor las experiencias de las ERT, sus características distintivas, y para reconocer cuáles son sus consecuencias novedosas y prefigurativas para la lucha laboral argentina, y aun más allá de ella.9 En particular, propongo que otras preguntas relacionadas también deberían ser mejor entendidas por los estudios antropológicos y sociológicos que investigan las ERT para profundizar más sobre la importancia del marco legal

coupent.pdf (fecha de acceso 25 junio 2007).
6 Ministerio de Trabajo. 2004. “Población urbana total y población económicamente activa: 1991-2003.” Ministerio de Trabajo, Empleo, y Seguridad Social, Gobierno Nacional de la Rebública Argentina. Ver: http://www.
trabajo.gov.ar/left/estadisticas/bel/bel.asp?idCapitulo=1 (fecha de acceso 25 enero 2006).
7 Palomino 2003, p. 73.
8 Ruggeri et al. 2005, p. 69.
9 Al hablar de las ERT como “prefigurativas” nos referimos a que demuestran potencialidades o posibilidades con respecto a otro tipo de vida productiva y económica más allá de las limitaciones del marco capitalista. Se podría decir que trazan un croquis de un nuevo mundo productivo y económico. El concepto de prefiguración también trata de las posibilidades para otra sociedad que existen dentro de la cáscara capitalista y que nace de las tácticas y estrategias contra la alienación y explotación desde los trabajadores mismos. La economía solidaria es una de las prácticas comunitarias que las ERT “prefiguran”, por ejemplo. El trabajo comunitario como una recuperación de la plusvalía es otra prefiguración. El trabajo asociado con vista a la producción social que va más allá del trabajo privado capitalista es otra. Teóricamente, este concepto sale de la teoría crítica de, por ejemplo, Herbert Marcuse, y también de los trabajos “pos-anarquistas” de escritores angloparlantes como Todd May, Richard Day, y Hakim Bey. Previo a estos pensadores, el concepto tiene raíces en las filosofías anarquistas de Kropotkin, Landauer, y, aunque no fue anarquista en sí, la teoría de la utopía de Martin Buber.
cooperativo y el concepto del cooperativismo en las prácticas actuales de autogestión de las ERT: ¿cómo es que la decisión de organizarse en una forma cooperativa suma exponencialmente los desafíos que los trabajadores tienen que encarar desde los primeros días de autogestión, en que además de tener que recomponer – o mejor dicho recuperar – una fábrica o una unidad de servicio, deben aún aprender nuevas habilidades empresariales, reorganizar las compras y las ventas de los productos de la unidad en un mercado sumamente competitivo, y autogestionar una empresa formalmente jerárquica y en plena dificultad económica, todo ello cooperativamente? Y ¿cómo es que esta decisión de reorganizarse como una cooperativa de trabajo consecuentemente interviene en las formaciones organizativas que deciden tomar los nuevos trabajadores autogestionados cuando reabren la empresa? Intentaré contestar estas preguntas en una manera provisional en este capítulo, profundizando más sobre los desafíos y las innovaciones sociales del cooperativismo y la autogestión en el siguiente.
Aunque es verdad que, con uno de los movimientos cooperativos más antiguos del planeta, el 41% de todas las cooperativas argentinas son cooperativas de trabajo –6.500 cooperativas argentinas pertenecen a esta categoría – sólo poco más de 2,5% de ellas se pueden denominar “empresas recuperadas.” Otra manera de decir esto es que el 98,5% de las cooperativas de trabajo que existen hoy en la Argentina no tienen origen en grupos de ex-empleados que, frente al abismo de la desocupación permanente, deciden tomar, ocupar, y autogestionar sus ex empresas capitalistas quebradas o fracasadas por culpa de las decisiones fraudulentas o las malas gerencias de sus patrones. En la mayoría de los casos, una vez que la empresa se encuentra bajo el control de los trabajadores, los desafíos continúan porque ellos tienen que encontrar la manera de llevar adelante la ERT sin el apoyo formal del Estado argentino. En cambio, y sin minimizar los desafíos que enfrenta cualquier agrupación de trabajadores que quiere poner una cooperativa de trabajo en marcha, la gran mayoría de los cooperativistas argentinos tradicionales no tuvieron que pasar circunstancias tan traumáticas como las que tuvieron que encarar los trabajadores de las ERT. Más aún, muchas de las otras cooperativas de trabajo que no son ERT se encuentran activas y han podido sobrevivir momentos de crisis micro-económicos, en gran parte, gracias al apoyo que les brindan organismos estatales como el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). Prácticamente, esto quiere decir que las cooperativas de trabajo que no son ERT existen bajo condiciones económicas más estables.
Es importante recalcar las diferencias entre las ERT y las cooperativas tradicionales, especialmente cuando consideramos la literatura angloparlante sobre las ERT (pero también muchas veces cuando analizamos autores locales) porque las empresas recuperadas argentinas son casi siempre confundidas en estos textos con las más antiguas y convencionales cooperativas de trabajo. Al no distinguir diferencias entre las ERT y otro tipo de cooperativas laborales los autores de estos textos borran a la vez aspectos de los desafíos específicos y las innovaciones y prácticas productivas inspiradoras y prefigurativas de las ERT. Es decir, estos estudios no pueden distinguir algunas de las innovaciones sociales que nos ofrecen las ERT, innovaciones que, a pesar de los problemas que enfrentan las ERT, nos brindan otro tipo de relaciones entre el trabajador y los medios de producción. En verdad, a diferencia de las recuperadas, las cooperativas que no nacen a partir de una empresa formalmente capitalista disfrutan de más beneficios estatales, de más legitimidad dentro de sus mercados, reciben más inversiones regulares de fuentes de financiamiento fuera del alcance de la mayoría de las ERT, y, aun más importante, disfrutan de más estabilidad económica porque no tuvieron que atravesar los senderos difíciles que las ERT han tenido que enfrentar. Es más, los trabajadores de las ERT, al no tener raíces en el cooperativismo, han tenido que aprender nuevas prácticas autogestionarias. Finalmente, la dinámica de la autogestión implica importantes cambios en la subjetividad del trabajador, formas nuevas de concebirse como sujeto protagonista de las relaciones de trabajo opuestas a la antigua conciencia del trabajador asalariado bajo dependencia de una relación jerárquica. Este último punto no es nada fácil cuando la relación del obrero con su trabajo ha sido siempre dentro del marco alienador y explotador de la relación salarial bajo patrón. En general, y dificultosamente, la puesta en marcha del proceso autogestionario trae aparejado el desarrollo de una conciencia cooperativista, dejando de lado la identidad de empleado y reemplazándola con una subjetividad de trabajador asociado. Por lo tanto, confundir a las ERT con otros tipos de cooperativas de trabajo no sólo nubla los desafíos y las necesidades específicas de las recuperadas, sino también ocultan las nuevas experiencias de autogestión y las innovaciones sociales que están inventando a pesar de las dificultades.
Dadas estas diferencias, volvemos a la pregunta que vengo formulando: ¿por qué los trabajadores de las recuperadas, sin ninguna experiencia previa con el cooperativismo o la autogestión, deciden adoptar la forma de la cooperación del trabajo para autogestionarse?
Una respuesta histórica se puede encontrar en los debates que sostenían los protagonistas de las primeras ERT y las organizaciones que los expresaban, como el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER), con activistas, académicos comprometidos y miembros de partidos de la izquierda argentina. Estos últimos, especialmente, sostenían la necesidad de la estatización bajo control obrero como única salida viable para las ERT. Según esta visión, la cooperativización sólo era un paliativo que liberaba al Estado de su responsabilidad de dar trabajo y no constituía una verdadera autogestión obrera, ya que el cooperativismo, planteaban, convertía gradualmente en empresario al trabajador y era una vía muerta en la lucha por un cambio de sistema político-económico. En realidad, la opción de estatización se trataba de una consigna política antes que una alternativa real, con un Estado en quiebra como era el argentino en el año 2002. Aunque la estatización bajo control obrero era teórica e históricamente plausible, los protagonistas de estos debates tempranos optaron por formar cooperativas de trabajo cuando se vio claramente que el Estado rehusaba la propuesta de la estatización. El Estado capitalista argentino, a pesar de su grave crisis, no pudo, ni aún puede por su propia naturaleza, introducir el precedente de nacionalizar en masa pequeñas y medianas empresas, y mucho menos para entregarlas al control de sus trabajadores.
Entonces, el punto que tenemos que subrayar acá es que la “decisión” que toman los trabajadores de las ERT por organizarse como cooperativas de trabajo no es en realidad una decisión con muchas opciones en la Argentina. Salvo la falsa salida de los planes sociales para los desocupados introducidos masivamente por el gobierno de Eduardo Duhalde en plena crisis en 2002, siempre ha habido una falta de voluntad del Estado para encontrar otras alternativas legales para trabajadores enfrentando el desempleo estructural. Es decir, al principio los protagonistas de las recuperadas “deciden” adoptar el cooperativismo como un marco legal no como una vocación porque ya fueran ideológicamente cooperativistas, sino que lo adoptan para asegurar sus puestos de trabajos una vez que se dan cuenta que es la manera más práctica y accesible para autogestionarse en Argentina.
Dicho esto, a pesar de esta opción legal que nace de la necesidad, los protagonistas de las recuperadas pronto se dan cuenta, una vez que empiezan a autogestionarse, que (re)formarse como una cooperativa de trabajo les permite las nuevas formas organizativas que buscan. Primero, el marco legal de una cooperativa de trabajo les ofrece un armazón organizativo para reorganizarse como un colectivo de trabajadores más igualitario. Segundo, encontrarse dentro de una cooperativa de trabajo también contrarresta para los trabajadores de las ERT las memorias que tienen de las estructuras y prácticas explotadoras de la vieja empresa capitalista donde una vez fueron empleados. Tercero, la estructura legal de una cooperativa facilita satisfacer los deseos y las necesidades comunes que poseen los trabajadores de las recuperadas, ayudándoles también a encarar con más confianza y colectivamente los desafíos que surgen durante las tomas, las ocupaciones, y en los variados y complicados procesos de la vuelta a la producción bajo autogestión.
Estos deseos incluyen, por lo general, formas organizativas y productivas democráticas y horizontales (por ejemplo, los consejos y asambleas de trabajadores que gerencia la ERT y los procesos y divisiones de trabajo horizontalizados) y las formas más equitativas de distribución de los ingresos de la empresa recuperada. Cuarto, y en la práctica, transformarse en una cooperativa de trabajo antes que otro tipo de entidad abre la empresa recuperada a las posibilidades de obtener subsidios o créditos de organismos públicos y organizaciones del movimiento cooperativo, le ofrece un fundamento ideológico para la apertura de centros comunitarios dentro y fuera de la empresa recuperada (por varias razones que describo en el próximo capítulo), protege a los trabajadores de las ERT de la usurpación de sus bienes personales en caso que la cooperativa fracase, y asegura que la cooperativa de trabajo se beneficie de favorables reglamentos de impuestos que les brindan las leyes cooperativas del país. Más aún, formándose como una cooperativa legitima la empresa frente a sus clientes y otras compañías dentro de su sector económico y sus mercados verticales. Finalmente, este marco legal le ofrece al conjunto de trabajadores cierta protección contra los reclamos de los ex dueños que quisiesen retomar sus viejas o abandonadas empresas y evita que los trabajadores deban asumir las viejas deudas del empresario.
¿Qué experiencias destacan a las ERT como cooperativas de trabajo?
Como otras cooperativas de trabajo, y como expresan los principios del cooperativismo de la Asociación Internacional de la Cooperación, las empresas también son asociaciones voluntarias de trabajadores que cooperan en la gestión de una unidad productiva y donde cada trabajador debería tener una voz equitativa en la gestión de la cooperativa.
En las ERT, estos dos principios fundamentales que forman parte de cualquier cooperativa de trabajo se evidencian en las asambleas de trabajadores y los consejos de administración cuyos miembros son elegidos por voto común de los socios. Como unidades productivas de cooperación, y también al igual que otras cooperativas de trabajo, las ERT son entidades donde el trabajo contrata al capital y no viceversa.
Es decir, el trabajo, y no el capital, es la contribución común de cada socio. Por lo tanto, y como debería ser en todas las cooperativas de trabajo, el control en las ERT está vinculado al trabajo. En otras palabras, las recuperadas, siendo cooperativas de trabajo, en teoría deberían estar basadas en una economía interna del trabajo y no en una economía de acumulación de capital. En la práctica, los desafíos de la autogestión en un mercado nacional que continúa siendo altamente competitivo y capitalista impulsa a algunas ERT a transformarse nuevamente en una unidad que, tratando de enfrentar las presiones intensas de algunos mercados, se convierten, en una forma u otra, nuevamente en una empresa que actúa en maneras capitalistas: por ejemplo, el retorno del individualismo, la competencia interna entre diferentes equipos de trabajo, la (re)introducción del taylorismo como procesos de producción, la reemergencia de la forma del gerente en forma del “gerente cooperativo” o de consejos que actúan en maneras capitalistas, o, en general, la presencia o reemergencia de la acumulación de los ingresos como eje central.
Estas tendencias no cooperativistas quizás ilustran las debilidades del cooperativismo laboral predicho por Marx mismo. Todo esto amenaza con arriesgar el trabajo comunitario y el bienestar de cada socio como las metas centrales de la ERT.
Pero es importante también subrayar que, en otras formas, las recuperadas marcan nuevos hechos y éxitos en las experiencias del cooperativismo laboral.
Según nuestros estudios, sus novedades surgen desde cinco características generales que hemos identificado y que están animadas desde los orígenes de las ERT en la acción política directa. Estas cinco características también tocan las formas horizontales de organización que surgen y se moldean durante y después de los desafíos que rodean la toma, la ocupación y la autogestión productiva.
Es más, estas cinco características forman los ejes centrales de las principales características novedosas de las ERT argentinas.
Primero, las ERT se destacan por el hecho de que la gran mayoría de ellas fueron tomadas o apropiadas por sus ex empleados en circunstancias de alta conflictividad económica, política, social, y laboral. Muchas de ellas usaron tácticas de ocupaciones y enfrentamientos riesgosos con dueños, patrones, el Estado (entes legislativos, jurídicos o policiales), o a veces hasta con sus propios gremios.
Segundo, muchas de las empresas recuperadas argentinas hacen un esfuerzo para no replicar las jerarquías gerenciales y las prácticas explotadoras de la vieja empresa capitalista.
Esta idea tiende a ser importante especialmente en los primeros días de la autogestión de la empresa y, en particular, en las ERT que se identifican o identificaban con el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER), la Asociación Nacional de Trabajadores Autogestionados (ANTA) de la CTA, la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionadas (FACTA, otro agrupamiento que surge de rupturas del MNER), y empresas relacionadas con estas agrupaciones, en comparación con las formas organizativas más jerarquizadas de la otra agrupación principal de ERT, el Movimiento Nacional de Fábricas

Recuperadas por sus Trabajadores, o MNFRT, a pesar de la insistencia de éste en lo contrario (ver capitulo 8).
Tercero, y como ya mencioné, las recuperadas suelen tener estructuras organizacionales sumamente horizontales, especialmente cuando las comparamos con los esquemas organizativos que tenían cuando eran empresas capitalistas y, aún, hasta cuando las comparamos con algunas de las cooperativas más tradicionales del país.
Estas formas horizontales –por ejemplo, cada trabajador tiene un voto en las asambleas que convocan regularmente; las decisiones cotidianas más pequeñas se suelen hacer en consultas ad hoc dentro del taller y dentro de los equipos de trabajo, etc– no las adoptan necesariamente del movimiento cooperativista sino que son herencia de tradiciones de organización obrera anteriores a la recuperación, de prácticas adoptadas en el momento del conflicto que dio origen a la nueva empresa, en la soledad del colectivo de trabajadores enfrentando una situación extrema, o a ejemplo de formas de organización horizontales que se generalizaron entre los movimientos sociales surgidos en la crisis de 2001.
Cuarto, y otra vez diferenciándose de otras experiencias cooperativistas, la mayoría de las recuperadas – el 56% de ellas – practican esquemas de remuneración completamente equitativas a pesar de las diferencias en las habilidades y la antigüedad de cada socio.
Profundizando un poco más en este aspecto de las ERT en el próximo capítulo, debería subrayar aquí que, otra vez, los protagonistas de las ERT toman esta decisión en contraposición con la lógica empresaria capitalista que antes los explotaba.
Quinto, estas cuatro características surgen desde los hechos cotidianos vividos por cada trabajador de una ERT, de los desafíos y deseos de cada grupo de trabajadores y, debería también subrayar, desde el largo camino hacia la autogestión. Tomándolas en conjunto, estas características surgen de reacciones y tácticas defensivas que no solamente influyen en el proceso concreto sino que, especialmente, se convierten en alternativas viables para reorganizar el proceso de trabajo alrededor de estrategias autogestionarias y cooperativistas. Desde una mirada más amplia, las prácticas autogestionarias de las ERT producen alternativas a las mismas relaciones explotadoras que existen entre el capital y el trabajo visto desde el punto de la producción y dentro del marco capitalista. En fin, estas transformaciones organizativas nacen de reacciones defensivas de base y serán entendidas mejor si recordamos que en la Argentina de los últimos años del siglo XX y los primeros del siglo XXI el desempleo era, para muchos trabajadores, desempleo permanente – lo que para ellos representaba “la muerte en vida.”
Cuando consideramos estas cinco características y las comparamos con otras experiencias similares en otras coyunturas y otros tiempos, podemos decir que las ERT son una nueva experiencia en la historia de la cooperación del trabajo y las luchas obreras mundiales, a pesar de encontrar en la experiencia histórica de los trabajadores experiencias similares. Después de todo, los movimientos cooperativo y gremial surgen históricamente a partir del descontento de los trabajadores, la lucha para la mejoría de las condiciones cotidianas del trabajo industrial y, a veces, como reacción directa contra las contradicciones y las crisis del capitalismo. Lo que quisiera aclarar aquí es que, según nuestras investigaciones, ninguna otra experiencia similar en la historia mundial de las luchas obreras ha circunscrito las cinco características que propongo en esta elaboración a la vez. En ningún otra circunstancia aparte del fenómeno de las ERT argentinas y de otros países de América Latina podemos ver, a la vez, un movimiento obrero tan multisectorial, que cruza todas las regiones geográficas de un país industrializado, con un eje de práctica de la producción basado en la autogestión y el cooperativismo laboral, sin el apoyo del Estado, sin una organización política partidaria, sin el apoyo contundente de casi todos los gremios nacionales o sin una importante estructura organizativa que lo guíe.
En forma de conclusión, quisiera plantear que la presencia de las cinco características en la gran mayoría de las más de 160 ERT argentinas son, consideradas en conjunto, una experiencia única en la historia de las cooperativas de trabajo y las luchas obreras. Como enfatizamos en este libro, el reconocimiento de las innovaciones y los desafíos de las ERT es sumamente importante si queremos entender mejor el fenómeno de las recuperadas argentinas. Más aún, los orígenes de cada ERT particular y del fenómeno entero están íntimamente marcados por los dos aspectos política y antropológicamente más sobresalientes de las ERT: 1) su emergencia defensiva desde el sentido fenomenológico del miedo de cada trabajador y 2) la reformulación ofensiva de la empresa como una unidad de producción autogestionada bajo el marco legal de una cooperativa de trabajo. Como analizaré en el próximo capítulo, podemos decir que estos dos hechos son las que más motivan y forjan las nuevas estructuras organizativas e innovaciones sociales de las ERT. En varias maneras, la breve tipología que he presentado en este capítulo distingue a las ERT como entidades productivas y colectividades de trabajadores en comparación con otras cooperativas de trabajo formadas en otros contextos.
Capítulo 10 Desafíos e innovaciones sociales en las empresas recuperadas por sus trabajadores
Marcelo Vieta
A pesar de las posibilidades que la autogestión brinda a los trabajadores, hay dos desafíos mayores que incitan a las ERT en Argentina a retomar, en ciertas formas, las prácticas de negocios que habían rechazado en un principio: una subproducción crónica en comparación con los niveles originales de producción bajo la estructura patrón-gerente y una dependencia continua de la dinámica del mercado.
En promedio, el nivel de producción actual de las ERT es el 20-60% de la capacidad de producción original . Lo que quizás resulte más crítico para los trabajadores de las ERT es que la disminución en los niveles de producción afecta los ingresos necesarios para cubrir salarios y sostener a la compañía mensualmente. Una causa de la subproducción está ligada a asuntos de financiación: dado que las ERT son consideradas pobres “sujetos de crédito” por las instituciones crediticias, existe una escasez en el acceso al crédito para la financiación de insumos o para sostener la circulación de capital en meses de baja producción.
Las necesidades de financiación están asimismo íntimamente relacionadas con la depreciación de las maquinarias. En muchas ocasiones, los protagonistas de las ERT no han tenido más opción que llevar adelante la producción con máquinas que ya funcionaban mal antes de que los trabajadores tomaran la compañía, o que habían dejado de utilizarse durante los largos períodos de inactividad transcurridos entre el cierre de la empresa y su reapertura en las manos de los trabajadores.
Con fuentes irregulares o inadecuadas de financiación sumadas a problemas de capitalización preexistentes e ingresos reducidos, los problemas de subproducción se ven exacerbados por el agravante de máquinas rotas o inadecuadas que no pueden ser reemplazadas a la brevedad, y que, por lo tanto, deben ser operadas a bajos niveles de rendimiento o quedar temporariamente fuera de servicio mientras los trabajadores intentan repararlas.
Esto por lo general significa que el preciado tiempo de producción se ve reemplazado por periodos extensivos de baja productividad. La falta de financiación y el tema de una producción insuficiente se ven asimismo complicados aún más por el hecho de que no existe hasta hoy una política nacional de gobierno para asistir a las ERT.
Como sostiene Andrés Ruggeri en el capítulo 8, el gobierno argentino se encuentra tensionado entre sus intentos por reconocer a las ERT como modelos viables para preservar trabajos y sus compromisos con el modelo capitalista basados en el derecho a la propiedad privada. Por lo tanto, de ser considerada, cada ERT es tratada por el Estado según el caso.
Además, y tal como lo discutiré en breve, mientras que fuentes de financiación innovadoras, irregulares, y no convencionales ligadas a ONGs, recaudaciones de fondos comunitarios, o proyectos universitarios han ayudado a sostener muchas ERT, dichas fuentes erráticas de financiación no relacionadas a los ingresos comerciales principales de la firma complican las capacidades productivas de las ERT y refuerzan la inestabilidad de las vidas cotidianas de sus trabajadores. Si bien estas fuentes de financiación no tradicional prefiguran prácticas microeconómicas no capitalistas, tener que competir en el mercado con empresas que pueden cumplir adecuadamente con sus necesidades de capitalización necesariamente pone a las ERT en desventaja con respecto a las demandas del mercado, cuando sus trabajadores deben dedicar tiempo que podría ser invertido a la producción en actividades no directamente productivas como la reparación de máquinas y la recaudación de fondos irregulares.
Otro factor que posiciona a las ERT en una desventaja competitiva y que contribuye a la producción insuficiente y a la inestabilidad microeconómica crónica está relacionado a los esfuerzos políticos que los trabajadores deben dedicar para negociar la expropiación y el reconocimiento legal.
Estos desafíos ocurren especialmente en los primeros días o poco después de la toma, es decir durante sus luchas más duras contra la vieja patronal o el Estado.
En los hechos esto significa que, aún con la empresa bajo su control y legalmente reconocidos como una cooperativa de trabajo, deben por lo general también renegociar con acreedores directamente relacionados con la puesta en marcha del establecimiento (como proveedores de electricidad, gas y telefonía), avanzar en el reconocimiento por parte de los juzgados que intervienen en la quiebra de la empresa anterior y negociar ante las legislaturas regionales la expropiación, además de tener que luchar para recuperar mercados perdidos o convencer a una clientela temerosa de que continúen comprándole a una compañía anteriormente fracasada y ahora gestionada por sus trabajadores. Asimismo, la promesa de la expropiación formal de estas empresas a favor de los trabajadores-protagonistas, si bien es posible en teoría bajo la legislación argentina, en la práctica sólo ha asegurado para la mayoría de las ERT una expropiación temporaria de entre 2 y 5 años, sujeta a una renovación al finalizar dicho período.
La lucha por la expropiación permanente de estas empresas – una lucha que continúa al día de hoy (ver capítulos 5 y 8)– ha significado que sus protagonistas han debido recurrir a tácticas de protesta, incluso ocupando legislaturas locales durante días, para presionar a los políticos locales.
Una vez más, la necesidad de involucrarse en el accionar político en vez de focalizarse en la producción acarrea consecuencias reales para las ERT, sobre todo durante los meses iniciales de una existencia precaria. Durante dichas instancias políticas, algunos trabajadores de la empresa, y a veces la totalidad de los mismos, necesita ser movilizado para afrontar actividades político-jurídicas no directamente relacionadas al quehacer de la empresa.
Finalmente, los trabajadores de las ERT, a diferencia de la fuerza de producción de sus competidores capitalistas, deben participar de períodos extensos de aprendizaje de nuevas habilidades administrativas mientras intentan recomponer una empresa en quiebra.
Durante estas etapas, la presión y exigencias que recaen sobre los protagonistas mientras intentan aprender lo más rápido posible los mecanismos del cooperativismo y la autogestión comprometen aún más la posición competitiva de la empresa, incrementando los períodos de producción insuficiente.
Como Gabriel Fajn y Julián Rebón han señalado, esta precariedad financiera crónica, así como la capacidad de producción insuficiente, significa que los actores de las ERT tienden a trabajar con un conocimiento constante de que los ingresos pueden no ser suficientes para cubrir los salarios que esperan.
Como también lo plantearon Rosa Luxembourg y Carlos Marx, esta inseguridad material ilustra la contradicción principal implícita en la autogestión dentro del marco capitalista imperante: las ERT corren el riesgo de perder el espíritu colectivo y los ideales democráticos que los condujeron a transformarse en una cooperativa de trabajo en la medida en que sobrevivir se transforma en el foco principal de sus trabajadores para cumplir con el tiempo de trabajo necesario que requiere la competitividad del mercado.
Tal como Fajn y Rebón observan, las presiones que resultan tanto de la desesperación de mantenerse a flote como de la búsqueda de ingresos suficientes para cubrir los salarios y reinvertir en la empresa sirven para desviar la atención de las ERT de sus posibilidades cooperativistas y hacia la misma lógica capitalista que habían rechazado en un principio. Para Fajn y Rebón, los efectos de estos desafíos han significado que ciertas ERT han retornado a los esquemas de negocios y administración que dictan las normas capitalistas, tal como la readopción de tareas de trabajo repetitivas y fragmentarias, el privilegio de las habilidades técnicas y mercado-técnicas, el incremento de la intensificación del trabajo, y la presión de trabajar horas extras sin compensación adecuada “por el bienestar del equipo,” así como situaciones en las que el control una vez ejercido por el supervisor de piso es devuelto a la figura del “supervisor colectivo.” En dichas situaciones, las ERT corren el riesgo de transformarse en una “cooperativa capitalista” que privilegia, una vez más, la maximización de ingresos (y ganancias) sobre todo lo demás. Tal como los autores lo señalan – otra vez, con reminiscencias de la crítica marxista a dichas instituciones – cuando los trabajadores se encuentran sobrecargados por las arduas demandas de la autogestión en el marco de un mercado competitivo, prácticas que imitan las prioridades capitalistas amenazan con empujar a la ERT a adoptar un modelo de producción basado en la “autoexplotación y la (auto) burocratización.”
Pero, como propongo en las siguientes páginas, y como lo detalla Andrés Ruggeri en los capítulos 6 y 7, las innovaciones sociales y las nuevas metas de los trabajadores de las ERT tienden a contrarrestar en varios sentidos las tendencias y lógicas de la acumulación capitalista, incluso quizás también la tendencia a la “auto-explotación”. Quizás estas innovaciones protejan a las ERT del escenario negativo que se desprende del análisis de Fajn y Rebón.
Algunas de las innovaciones sociales de las ERT
Las tensiones entre el deseo de la autogestión y los desafíos generados por la precariedad financiera, la subproducción, la competencia obstinada de los mercados y un Estado indiferente impactan cada ERT a un nivel cotidiano, influenciando los procesos cooperativos de trabajo que las ERT terminan adoptando. En esta sección, describiré cuatro de las más salientes innovaciones sociales que han sido generadas por las ERT – innovaciones que mitigan los problemas discutidos en la sección precedente. Asimismo, estas innovaciones sociales emergen en forma creativa, con particularidades especificas a cada ERT, y como respuestas directas a la tensión que sufren las empresas autogestionadas en el contexto argentino actual.
1. Respuestas creativas a los desafíos de financiación y de productividad
La significación del problema de la subproducción tiende a variar de sector en sector. Las ERT que dependen de pequeñas máquinas con un operador, como las que se encuentran en talleres metalúrgicos, gráficos, textiles, de procesamiento de comidas, o en el sector de servicios en general, tienden a producir a tasas más altas sobre la capacidad instalada que aquellas de industrias pesadas, como astilleros, frigoríficos, de papel y pulpa, de gas y de electricidad, que dependen de maquinarias mucho mayores y de procesos de producción más complejos. Porque estos últimos sectores de capital intensivo requieren altos niveles de automatización con máquinas más sofisticadas y ciclos de producción multifacéticos, con necesidades operacionales constantes, como reparación de máquinas y recambio tecnológico que se vuelven difíciles sin acceso a fondos regulares y confiables para reinvertir en la cooperativa. En cambio, en las fábricas de producción liviana que forman parte de sectores de menor intensidad de capital, la tendencia es que los trabajadores-operadores reparen ellos mismos sus propias máquinas y resuelvan por sus propios medios los obstáculos de producción, involucrándose en prácticas de producción de bajo rango.
Como resultado de los desafíos productivos y financieros, e ilustrativo de las capacidades de innovación y adaptación de los trabajadores autogestionados, la mayoría de las ERT han tenido que recurrir a la creatividad y determinación colectiva e individual de sus trabajadores para asegurar el funcionamiento operacional de la empresa. Ejemplos de cómo las ERT lidian con barreras estructurales en la producción incluyen prácticas de producción toyotistas como “just-in-time” (justo a tiempo) o de día-a-día, requerirles a los clientes pagar por las materias primas apenas se realice un pedido, o el proceso denominado “trabajo a façón”, como lo explica Ruggeri en el capítulo 6. Los trabajadores de las ERT también han tenido que aprender y compartir tareas y habilidades de contabilidad, ventas y marketing. Estas últimas fueron las habilidades principales que se perdieron en muchas ERT que emergieron durante los años de crisis entre 1997-2003, por lo general porque los trabajadores que se encargaban de estas tareas, a veces profesionales, eran en promedio más jóvenes que los trabajadores de taller y producción y más cotizados en el mercado laboral. La contracara de los desafíos provocados por la pérdida de este personal calificado es que muchos trabajadores de las ERT han tenido la oportunidad de desarrollar nuevas habilidades y capacidades que permanecían ocultas en la división del trabajo más estricta de una empresa bajo control privado.
Este proceso de aprendizaje de nuevas calificaciones muestra que, tal como Marx pensaba, las habilidades y capacidades de los trabajadores transcienden sus roles específicos y que, a pesar de la retórica capitalista, los trabajadores poseen la capacidad de actualizarse y motivarse ellos mismos, sin la necesidad de coerción gerencial. De hecho, los trabajadores de las ERT están comprobando que la capacidad de innovación y práctica emprendedora no es monopolio de patrones y gerentes.
Otras iniciativas innovadoras que responden a los desafíos de subproducción y de financiación incluyen:
1. Prácticas de reciclaje de materiales sobrantes, para fines económicos y ecológicos.
2. Negociación con prestamistas como coaliciones colectivas de menos riesgo que, en efecto, rectifican creativamente la estrategia de evaluación de riesgo del sistema bancario.
3. Acceso a fondos de gobierno y programas de desarrollo de negocios en asociación con equipos de investigación universitarios, ONGs extranjeras, o iniciativas de investigación que se unan a las ERT.
4. Organización de fondos solidarios barriales.
5. La creación de redes de expertos, facilitadas por programas de soporte universitario e institutos técnicos, para asistir en tareas administrativas y de reparación/mantenimiento tecnológico.
6. La emergencia de economías solidarias entre las ERT.
La emergencia de economías solidarias entre las ERT es quizás el aspecto más prometedor de las respuestas creativas a los desafíos financieros y de producción. De hecho, se trata de un prototipo prefigurativo de una economía no capitalista y autogestionada por los trabajadores mismos. En dichas economías de solidaridad nacientes, los mercados competitivos están siendo remplazados por prácticas que ven a las ERT en sectores conjuntos o similares, compartir ordenes y productos y hasta colaborar con el mantenimiento y uso de maquinarias, los procesos laborales, las materias primas, las tareas de marketing y administración, la asistencia legal, el inventario, y otros aspectos relacionados a la producción.
Asentadas pragmáticamente y enriquecidas teóricamente con las posibilidades de otra modalidad de vida económica, las prácticas económicas solidarias no sólo asisten a las ERT a competir con estrictas empresas capitalistas y a reducir sus dependencias de fuentes irregulares de financiamiento, sino que empiezan a idear otros modelos de producción y distribución de riqueza menos competitivos y más asociativos. Prácticas de economías asociativas entre las ERT también sirven para, una vez más, poner en duda los privilegios de los valores de negocios competitivos basados sólo en la generación de ganancias, esencialmente poniendo en práctica el sexto principio del cooperativismo: la cooperación entre cooperativas. En el análisis de las tres siguientes innovaciones sociales que describiré a continuación, se enumeran algunos aspectos específicos de las nuevas economías de solidaridad emergentes entre las ERT y dentro de la colectividad de trabajadores de una ERT en particular.
2. Respuestas cooperativas: recreando la división de trabajo, horizontalizando la producción, y distribuyendo ingresos en formas más equitativas
Noventa y cuatro por ciento de las ERT reorganizan su producción bajo la figura legal de cooperativas de trabajadores. ¿Por qué? Si bien es cierto que la adopción del cooperativismo por parte de una ERT inicialmente tiene que ver con que se trata de uno de los pocos marcos legales disponibles en Argentina para reconstituir una empresa capitalista fallida bajo el nuevo control colectivo de los empleados, los protagonistas de las ERT pronto descubren que, conceptual y prácticamente, el cooperativismo de trabajo constituye un modelo viable para autogestionar la producción. En segundo lugar, tal como los trabajadores autogestionados señalan y como también planteaba en el capítulo anterior, volverse una cooperativa les ofrece una base más equitativa sobre la cual contrabalancear los efectos y recuerdos nefastos de las estructuras y prácticas de explotación capitalista. En otras palabras, el marco legal cooperativo facilita las necesidades de recomenzar el trabajo y recomponer una empresa fallida así como sus deseos comunitarios a medida que la planta es apropiada y comienza a ser autogestionada. En la práctica, dichos deseos comunes se manifiestan en las formas democráticas en las asambleas y la redistribución equitativa de ingresos que muchos de las ERT adoptan. De hecho, asambleas de trabajadores regulares y otros procesos de decisión democrática son integrales a la administración diaria, semanal, o mensual de la vasta mayoría de ERT.
La última década de prácticas de autogestión en las ERT también ha puesto en evidencia que una vez que el modelo cooperativo invade el imaginario de los trabajadores en las ERT, la mayor parte de sus miembros se compromete a reorganizar sitios de trabajo en formas igualitarias. Un claro ejemplo es la preponderancia de esquemas de pago equitativos, sin resguardo por la edad del trabajador o las habilidades que éste posea; el 56% de las ERT practica una equidad de pago total o casi total. Este es aún otro tipo de innovación social prometedora que sirve para reconceptualizar el trabajo dentro de una entidad productiva, mientras transforma y reduce jerarquías organizacionales basadas en habilidades laborales particulares y revaloriza las contribuciones de todos los trabajadores. La práctica de paga equitativa, asimismo, no es necesariamente un denominador común a todas las cooperativas de trabajo argentinas o en otras partes (ver capítulo anterior), se trata más bien de una innovación única que diferencia a las ERT de otras cooperativas de trabajo.
Un punto a resaltar es que los esquemas de paga equitativa están asociados con la antigüedad de cada ERT, con la turbulencia política que la colectividad de trabajadores tuvo que atravesar durante los periodos más caóticos de la empresa y con su tamaño. Las ERT de mayor antigüedad que tuvieron que hacer frente a conflictos intensos de ocupación y resistencia entre los años 1997 y 2003 son las más predispuestas a practicar esquemas de paga equitativa, en comparación con las ERT que se formaron luego del 2003, cuando la economía argentina comenzó a recuperarse. Por ejemplo, 70% de las ERT que se recuperaron durante o antes del 2001 practican un modelo de paga equitativa total, mientras que sólo 39% de aquellas que se recuperaron durante el periodo 2003-2004 practican dicho modelo.
Además, el tamaño de la empresa también tiende a estar relacionado con la paga equitativa: 64% de las empresas con 20 trabajadores o menos practican dicho modelo, comparado con el 47% de empresas que tienen 20-50 trabajadores y el 54% de empresas con más de 50 trabajadores.
Existen dos explicaciones para la relación entre la paga equitativa y la antigüedad, el tamaño y la historia de una ERT. Con respecto al tamaño, la colectividad de trabajadores que pertenece a una ERT de menores dimensiones tiende a generar lazos sociales más fuertes que en las de mayor tamaño; los compañeros en empresas más pequeñas tienden a relacionarse más entre sí en el día a día, y poseen un conocimiento más intimo del trabajo de cada uno, de sus vidas personales, y de sus preocupaciones.
Esto significa, tal como se ha observado en un principio, que las ERT más pequeñas tienden a experimentar menos faccionalismo, individualismo, y competencia en comparación con otras ERT de mayor tamaño. Con respecto a las ERT más antiguas que han emergido en los años de mayor conflicto social, político, y económico del país, los lazos sociales en estas empresas fueron solidificados durante momentos de intensa lucha política y económica. Especialmente para aquellas colectividades de trabajadores que formaron sus ERT en los días caóticos de la última crisis político-económica hacia finales de siglo, dichas luchas incluyeron largos periodos de ocupación de fábricas; momentos intensos de represión policial, lidiando con ex patrones o con decisiones judiciales adversas; y la experiencia grupal de desafíos que conlleva dichos conflictos.
3. La recuperación de la plusvalía: en camino hacia la producción social
Un resultado de la cooperativización de los procesos laborales dentro de economías de solidaridad emergentes son los experimentos de las ERT con modelos de producción social que redistribuyen la riqueza social más equitativamente, a la vez que minimizan los modelos capitalistas basados en la acumulación de riqueza y la plusvalía. Por ejemplo, si bien no siempre es posible, las ERT tienden a asegurarse de que los ingresos sean distribuidos primero entre los trabajadores a fin de satisfacer sus necesidades materiales y los fondos de jubilación de sus miembros (ver capítulo 11) antes de invertir el capital restante en las necesidades de producción de la empresa.
Es decir, la preferencia en las ERT tiende a ser la redirección de los ingresos restantes hacia las necesidades de producción y el mantenimiento de la empresa sólo luego de haber cumplido con las necesidades individuales de los trabajadores. Algunas ERT, como Zanón/FaSinPat en la provincia de Neuquén o la Unión Solidaria de Trabajadores (UST) en la ciudad de Avellaneda, por ejemplo, practican la redistribución de ingresos entre las necesidades de capitalización, los salarios, y los servicios comunitarios. Reestructuradas bajo los valores del cooperativismo, la compensación equitativa y el servicio comunitario en lugar de la maximización de ganancias, dichas formas alternativas de distribución de riqueza son posibles porque, siendo una cooperativa de trabajo, el trabajo emplea al capital y no viceversa como en una empresa capitalista. En otras palabras, es la asamblea de trabajadores la que decide cómo los ingresos serán distribuidos, y no el patrón o el incesante deseo de lucro.
El reclamo de la producción social a través del principio cooperativo del “trabajo empleando el capital” también replantea los procesos laborales y de toma de decisiones de las ERT:
Estructuras de organización horizontales enmarcadas por consejos de delegados electos y asambleas de trabajadores regulares que tienden a garantizar métodos de administración y autogestión más transparentes que cuando las ERT se encontraban bajo regímenes patronales.
Prevalencia de procesos laborales y comités de trabajo ad hoc que se adecuan a las necesidades de cada orden o estadio de producción particular y que son integrados a procesos de toma de decisiones en la planta.
Estructuras de comunicación más horizontales en la producción que fomentan un dialogo más abierto y flexible entre los trabajadores.
Pasatiempos y actividades regulares para todos los miembros (como, por ejemplo, almuerzos grupales diarios, partidos de fútbol semanales, parrilladas, etc.) y pausas varias durante el día para ayudar a descomprimir las tensiones y aliviar el stress de la rutina diaria.
4. Recuperando más que la plusvalía: Abriendo talleres de trabajo a la comunidad y recuperando la producción social
El trabajo, por supuesto, no es la única actividad recuperada por las ERT. Las nuevas formas de producción social y de redistribución de riqueza que son parte del nuevo fenómeno de las ERT también incluyen la apertura de espacios de trabajo para otros usos no consagrados a la producción. Muchas ERT, por ejemplo, son utilizadas fuera del horario de producción como centros comunitarios o culturales, como clínicas de salud comunitarias, como centros de enseñanza populares, como espacios multimedios, y hasta como restaurantes barriales, organizados por trabajadores, vecinos o voluntarios.
La imprenta Artes Gráficas Chilavert, en el barrio de Nueva Pompeya de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, posee un centro cultural denominado Chilavert Recupera, que organiza obras de teatro, conciertos musicales y eventos comunitarios en ocasiones ligados a los movimientos sociales. Chilavert también convierte su piso en un taller de arte los fines de semanas. Durante una de mis visitas en 2005, trabajadores voluntarios de la comunidad daban clases de fileteado mientras que otros trabajadores y visitantes de la comunidad jugaban al ping pong en el centro cultural. En otra ocasión, en Julio de 2007, fui testigo de una obra teatral comunitaria sobre el movimiento de empresas recuperadas , en la cual Chilavert se transformó en un teatro viviente. IMPA, la gran cooperativa metalúrgica ubicada en el corazón del barrio porteño de Caballito, también conocida en los últimos años bajo el nombre de La Fábrica Ciudad Cultural, brindaba en su momento una gran porción de su espacio a una escuela de arte, a un taller de serigrafía y a un teatro comunitario . La Gráfica Patricios, ubicada en el barrio de Barracas de la ciudad de Buenos Aires, contiene una escuela primaria, una estación de radio comunitaria y una clínica médica que es organizada por voluntarios de la comunidad y del barrio. En Agosto de 2007 asistí a un concierto comunitario en la calle frente a Patricios donde más de mil espectadores escucharon a numerosas bandas que tocaban en un escenario improvisado en un camión de la fábrica, con la participación voluntaria de músicos locales. Y UST, la ya mencionada ERT de Avellaneda, reinvierte un tercio de sus retornos en desarrollos comunitarios. Dicha iniciativa ha construido más de 100 casas que reemplazan a las precarias viviendas de algunos de sus trabajadores y residentes, con docenas de otras viviendas en camino. Además, UST organiza un complejo de deportes para la juventud del barrio, un taller de medios alternativos y un programa radial, así como una iniciativa de reciclaje de plásticos para los hogares de menos recursos ubicados en las inmediaciones de la planta.
La organización de dichos espacios culturales y comunitarios, y su compromiso con las necesidades de las comunidades locales, no sólo es una forma de devolverle al vecindario su solidaridad. Las plantas recuperadas son vistas por los protagonistas de las ERT como extensiones de sus vecindarios.
Estas ERT casi siempre están abiertas al barrio y a los vecinos. Durante mis varias visitas a la Argentina aprendí rápidamente que en el caso de muchas ERT, las paredes de la fábrica no demarcan barreras que protegen el trabajo interior de la comunidad exterior. Todo lo contrario, como muchos protagonistas me lo señalaron, los sitios de trabajo recuperados son reconocidos por ellos como una herramienta fundamental en la resolución de las necesidades y deseos de la comunidad local, y por lo tanto, la participación de la fábrica en los quehaceres de la comunidad son una parte integral de su razón de ser.
En la práctica, insertarse en los barrios que las rodean y abrir el sitio de trabajo recuperado al vecindario redobla el valor social de las ERT dentro de la comunidad. Un resultado directo de este valor social agregado es que estas ERT se fortalecen frente a amenazas de cierre por parte del Estado o los antiguos dueños. Como ha pasado en varias instancias, si un juez, por ejemplo, considerase cerrar una ERT o devolvérsela al antiguo patrón, las burocracias administrativas y judiciales deberían afrontar la resistencia no sólo de los trabajadores sino también el potencial rechazo y las movilizaciones de la comunidad aledaña. Consecuentemente, el capital social de las ERT crece exponencialmente con la apertura de las cooperativas a la comunidad, especialmente comparado al negocio capitalista cuyas conexiones con el mundo fuera de sus paredes son limitadas al ámbito del mercado. Se puede decir que la autovalorización de las ERT dentro de las comunidades vecinas incrementa su valor social en formas no contempladas por el modelo capitalista basado en la plusvalía, ni por el interés individual.
Por lo tanto, con la reapertura de una ERT, se recupera más que una fábrica, una imprenta, una panadería o una clínica médica. Las prácticas de autogestión de las ERT también recuperan valores solidarios de ayuda mutua, asistencia recíproca, y producción social no comercializada, transcendiendo de esta manera los intereses primarios de una empresa capitalista típica.

114 Soledad Calderón, Penélope Mazzoli, Natalia Polti, Mariela Sarlinga, Verónica Vázquez Hugo TrincheroMarcelo Vieta
Capítulo 11
Las Empresas Recuperadas y la Seguridad Social: trabas a la hora de enfrentar problemas relacionados con los riesgos del trabajo y la (im)previsión social.
Soledad Calderón, Penélope Mazzoli, Natalia Polti, Mariela Sarlinga,
Verónica Vázquez
Luego de más de una década de comenzado el proceso de recuperación y puesta en funcionamiento de las Empresas Recuperadas por sus Trabajadores (ERT) en la Argentina, las mismas deben enfrentar un nuevo tipo de problemas. Uno de los desafíos en este momento es consolidar las prácticas autogestivas que garanticen la continuidad de estos emprendimientos productivos.
Si bien el marco legal por el que se ha optado en la mayoría de los casos es la cooperativa de trabajo debido a las ventajas comparativas que resultan de ella , en algunos aspectos surgen conflictos que dificultan el desarrollo. Por ejemplo, al ser cooperativas de trabajo no pueden acceder a la cobertura de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) ni encuadrarse en una categoría tributaria que les permita continuar con su historial previsional. Cabe destacar que este no es un problema menor ya que un alto porcentaje de los trabajadores de ERT cuentan ya con la edad jubilatoria o están próximos a cumplirla.
Tales problemas surgen debido a la inexistencia de una ley específica sobre cooperativas de trabajo que contemple todas las particularidades que este tipo de organización cooperativa debe enfrentar. Este vacío legal supone una verdadera traba en todo lo referente a la seguridad social, colocando a los trabajadores de las ERT en los límites de la (in)seguridad social.
A partir del contacto que tenemos con diversas ERT, a través del Programa Facultad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, pudimos conocer algunas de las dificultades que cotidianamente deben enfrentar estos trabajadores. Por ejemplo, las ausencias por enfermedad o accidentes y los inconvenientes para reemplazar estas ausencias, o las dificultades para cubrir con seguros a los compañeros que ya alcanzaron la edad jubilatoria, lo que impide que en algunos casos sigan desempeñando las mismas tareas. Al indagar sobre por qué se generan estos problemas descubrimos que estos trabajadores tienen ciertas restricciones a la hora de acceder a los beneficios de la seguridad social. Beneficios que les corresponden no sólo por ser trabajadores sino por ser ciudadanos argentinos.
Lo que nos proponemos analizar a continuación son las dificultades que deben enfrentar los trabajadores de ERT debido a estos vacíos legales y describir algunas de las soluciones que los mismos ensayan para suplir estas falencias.
Legislación cooperativa
En la actualidad, las cooperativas se regulan mediante la ley Nº 20337/73. Esta es una modificación de la antigua ley de Cooperativas Nº 11388 sancionada en 1926. Ambas tuvieron como objetivo reglamentar el creciente movimiento cooperativista que avanzaba en el país y estuvieron pensadas para lo organización cooperativa en general. Es decir, las condiciones materiales que impulsaron la sanción de estas leyes distan mucho de las actuales, es por eso que su espíritu no contempla la realidad social, cultural y económica en la que nos vemos inmersos y en la que buscan insertarse las ERT. Pongámoslo en otros términos: esta ley ha perdido contacto con el objeto que pretendía legislar y reglar dejando un vacío legal ante la nueva realidad. Las ERT, entonces, se encuentran enmarcadas en una ley que no fue creada para legislar sobre las necesidades específicas de las cooperativas de trabajo y, mucho menos, sobre sus propias particularidades.
En la Resolución Nº 784 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), se establece que “los asociados a las cooperativas de trabajo no revisten la calidad de dependientes de la misma, debiendo considerárselos como trabajadores autónomos”. Un trabajador autónomo, según su definición es “aquel que se desempeña con independencia en el trabajo o ausencia de subordinación (…) desenvolviendo su actividad en una organización propia, de la cual el mismo sujeto es el organizador, asumiendo los riesgos, trabajando por sí y para sí” . Ahora bien, una cooperativa de trabajo no es otra cosa que un grupo de personas (trabajadores de cualquier profesión y especialidad), reunidos para producir determinado bien o servicio mediante su trabajo personal organizado en común. Los trabajadores de las ERT, entonces, no son empleados en relación de dependencia pero tampoco son trabajadores autónomos, ya que se organizan colectivamente para autogestionar la cooperativa. La ley, entonces, no contempla el carácter colectivo de esta forma de organizar el trabajo -ya que para la misma si no hay dependencia entonces hay autonomía-, con lo cual los trabajadores de las ERT deben “disfrazarse” bajo esta figura para poder acceder al menos a dos de los cinco componentes del sistema de seguridad social (jubilación y obra social) enmarcándose en el régimen del monotributo.
El Monotributo es un régimen tributario integrado y simplificado que unifica en un solo pago mensual las obligaciones impositivas (IVA e impuesto a las ganancias) y previsionales (obra social y jubilación). Este régimen fue creado a partir de la ley Nº 24.977 en 1998. La creación de este sistema, en pleno auge del neoliberalismo en el país, buscaba incluir a la totalidad de la actividad económica, incluyendo trabajadores informales o en negro, en el marco de la economía formal, ya que debido a la progresividad del sistema, se supone que los que menos tienen pueden contribuir menos y disfrutar igual de los beneficios de la seguridad social. A través de la Resolución General Nº 619/99 de la AFIP se permite adherir a este régimen a los socios de cooperativas de trabajo.
El sistema único de seguridad social en la Argentina
Existen dos grandes tendencias desde donde puede entenderse la seguridad social. Por un lado, están los que consideran a la seguridad social en un sentido restringido, es decir, los que entienden que los beneficiarios de la seguridad social son sólo los trabajadores. De este modo, se les reconoce el derecho a la protección en tanto que con su trabajo han aportado a la sociedad. Según esta perspectiva, entonces, la seguridad social es un derecho derivado del trabajo y de las relaciones laborales. Las prestaciones son entendidas como un salario diferido y se financia principalmente a partir del aporte de los beneficiarios de las prestaciones, es decir, trabajadores y empleadores. El objetivo de la seguridad social es garantizar las condiciones de vida de los trabajadores y la reproducción de la fuerza de trabajo. Según la OIT la seguridad social es “la protección que la sociedad provee a sus miembros mediante una serie de medidas públicas contra la necesidad económica y social que se produce por la cesación o sustancial reducción de sus ingresos motivados por la enfermedad, maternidad, riesgo del trabajo, desempleo, invalidez, vejez y muerte, la provisión de asistencia médica y subsidios a las familias con hijos” . Sin embargo, este tipo de sistemas contributivos de seguridad social conllevan inevitables desigualdades. Un ejemplo es lo que se define como “la paradoja de la protección social”, en la cual los trabajadores que están mejor posicionados en el mercado del trabajo reciben más y mejor protección que los trabajadores que se encuentran en los límites del sistema formal.
Por otro lado, la seguridad social también puede entenderse en sentido amplio. Desde esta perspectiva es concebida como un derecho general de cualquier individuo en tanto integrante de una comunidad sin importar su actividad profesional. Desde este punto de vista lo que se busca es garantizar un nivel de vida uniforme para todos los ciudadanos independientemente de sus ingresos profesionales. Las prestaciones de la seguridad social así entendida adquieren un carácter asistencial que no se relaciona con el salario. El financiamiento no recae en el trabajador sino en impuestos recaudados por el Estado, lo que le da a estas prestaciones un carácter redistributivo. En este sentido, la seguridad social es un conjunto de disposiciones legales de naturaleza pública que alcanza a todos los habitantes de la nación como se expresa en el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional. Es decir, que los beneficiarios de la seguridad social son todas las personas y no solamente los trabajadores. De esta manera, garantizar la seguridad social es garantizar el libre ejercicio de los derechos humanos que constituyen la base de la vida en sociedad.
En la Argentina, las contingencias sociales que contempla la seguridad social se encuentran cubiertas a través del Sistema Único de la Seguridad Social (SUSS) que comprende cinco subsistemas: el sistema integrado de jubilaciones y pensiones, el régimen de asignaciones familiares, el de riesgos del trabajo, las prestaciones por desempleo y el sistema nacional de seguros de salud (obras sociales). Este sistema único se crea a partir del llamado decreto de Desregulación Económica (Dec. 2284/91) que unificó la recaudación de sus distintos componentes a partir de la creación de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Cabe destacar que la creación del SUSS en la década de los ´90 le dio a la seguridad social un fuerte carácter contributivo. Aclaremos lo anterior: es sobre la base de la solidaridad del trabajador bajo relación de dependencia -quien aporta un gran porcentaje de los fondos que luego se destinarán a la seguridad social- que funciona la contribución.
Tras décadas de desmantelamiento del Estado de Bienestar – podemos situar el inicio de este proceso en el golpe de estado de 1976 – la década de los ´90 sólo fue la estocada final de un proceso que fue avanzando sin pausa y a paso firme sobre los derechos de los trabajadores.
Específicamente con respecto a la seguridad social, las políticas neoliberales aplicadas en los años siguientes a 1990 significaron la progresiva quita del peso de las contribuciones de la órbita patronal para recargarla sobre los trabajadores y un Estado que en esos momentos atravesaba la senda del achique en busca de la “eficiencia”. Por ejemplo, a partir de 1994, con el objeto de promover la creación de empleo y para bajar costos laborales, a través de diferentes decretos del Poder Ejecutivo Nacional fueron reduciendo las contribuciones patronales hasta en un 50 % según los años y los casos.
En un informe del Dr. Carlos Neffa queda demostrado cómo los empresarios aprovecharon este “regalo” para engrosar sus ganancias a partir de la reducción de sus costos laborales, sin que esto se vea reflejado en la creación de nuevos puestos de trabajo. Una vez más, la lógica empresaria capitalista utiliza al trabajador como variable de ajuste.
De lo dicho se desprende que el sistema de la seguridad social vigente en nuestro país está pensado casi exclusivamente para los trabajadores en relación de dependencia “en blanco”, aún cuando “el sujeto de la seguridad social puede ser toda persona aunque trabaje en forma autónoma o no trabaje porque se encuentre desempleado o no pueda trabajar por estar impedido de hacerlo en forma permanente (discapacidad) o transitoria (enfermedad, accidente, mujer embarazada) o que se encuentre en edad inactiva (ancianos y niños)” 8
Seguridad social y ERT: una relación conflictiva
Es importante destacar que, a través del pago del monotributo, cada trabajador accede sólo a dos de los cinco componentes de la seguridad social: jubilación y obra social.
Respecto al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP), en las ERT pudimos observar que, si bien un alto porcentaje de los trabajadores está próximo a cumplir la edad jubilatoria o ya cuentan con ellas (60 años para las mujeres, 65 para los hombres), muchos de ellos no pueden jubilarse porque no cuentan con la cantidad de años de aporte requeridos (30 años), pues los antiguos patrones no hicieron los pagos correspondientes. Por otro lado, cuando logran jubilarse, al haber tenido que aportar al régimen de autónomos pierden la categoría que tenían como trabajadores en relación de dependencia, lo que supone una baja en el promedio de las remuneraciones que hace que, finalmente, terminen jubilándose con un haber mínimo.
Todo esto hace que muchos trabajadores con edad de jubilarse se vean obligados a seguir trabajando. Si bien esta situación puede ocasionar serios problemas, es importante recordar que estos trabajadores de edad avanzada fueron parte del proceso de recuperación y muchos de ellos sostuvieron —incluso hasta con su salud— los duros momentos del inicio. También es importante remarcar que estos trabajadores cuentan con una amplia experiencia que no debería dejarse de lado por el simple hecho de alcanzar la edad jubilatoria.
No obstante, en las cooperativas donde existe un alto porcentaje de trabajadores mayores de 65 años (en algunos casos casi un tercio está jubilado o tramitando la jubilación) se generan algunas dificultades tanto a nivel productivo como legal. Por un lado, un trabajador de edad avanzada no produce al mismo ritmo que un trabajador más joven. En estos casos los trabajadores jóvenes deben trabajar más para compensar el déficit que se genera por la disparidad en los ritmos de producción. Estas situaciones son definidas por los trabajadores como un problema que se materializa, por ejemplo, en los conflictos al momento de la distribución de los ingresos. Así, surgen diferencias de opinión entre los trabajadores jóvenes y los jubilados en torno a que ambos grupos etarios reciban el mismo retiro cuando estos últimos ya cobran una jubilación (aunque sea la mínima) lo que los obliga a improvisar soluciones que no siempre conforman a todos.
Por otro lado, a los mayores de 65 años se les dificulta acceder a la cobertura contra accidentes de trabajo, ya que las aseguradoras imponen mayores trabas –sobre todo económicas- para asegurar a trabajadores de edad avanzada. Lo que les impide, en algunos casos, seguir desempeñándose en áreas que impliquen mucho riesgo. Esto se debe a que el vacío legal en el que se ven inmersas las ERT no les permite acceder a la contratación de una ART como lo haría cualquier otra empresa del mercado. Esto es así debido a que en las disposiciones de la ley Nº 24.557 de Riesgo del Trabajo se establece que son los empleadores los que deben contratar el seguro. Ahora bien, el vínculo que existe entre los trabajadores asociados y la cooperativa es de carácter asociativo por lo que no existe relación de dependencia laboral, que es la única condición que se necesita para la contratación de una ART. Una vez más, la ausencia de una ley específica de cooperativas de trabajo deja a estos trabajadores fuera de la protección que la seguridad social establece para todos los trabajadores. La incorporación de los trabajadores autónomos está mencionada en la Ley de Riesgo de Trabajo pero todavía no está reglamentada, lo que agrega confusión y genera un vacío aún mayor respecto de la formas de inclusión de las cooperativas de trabajo en general y de las ERT en particular dentro del sistema de seguridad social.
Otra dificultad con respecto a la contratación de seguros personales contra accidentes de trabajo tiene que ver con el costo, ya que su valor supera ampliamente el de la alícuota de una ART. No sólo eso, sino que además este tipo de seguros no contemplan en su cobertura, por ejemplo, el pago de los retiros del trabajador durante el tiempo que dure la enfermedad, compromiso que debe afrontar la cooperativa. Al no cubrir los retiros de los asociados licenciados, la cooperativa debe afrontar la misma cantidad de retiros con menor cantidad de trabajadores, mientras que en una empresa cubierta por una ART los salarios de los trabajadores enfermos corren por cuenta de ésta, liberando al empleador para contratar un reemplazo durante la recuperación. Cuando algún compañero de la cooperativa se accidenta es la propia cooperativa la que debe hacerse cargo de los retiros de ese asociado y de ver cómo se redistribuye el trabajo o contrata a otra persona para cubrir el cargo vacante. Cuando las vacantes son muchas o son en lugares difíciles de reemplazar, el malestar o las discusiones son cada vez más intensos. En el caso de enfermedades crónicas esto es más notorio y el nivel de conflictividad también. Como se puede ver, esta situación se traduce en una gran desventaja para las ERT que deben competir en el mercado con otras empresas que acceden a la cobertura de ART para sus trabajadores y no tienen trabas ni problemas de edad respecto de las personas empleadas.
Respecto al acceso al seguro de salud, aquellos trabajadores de ERT que se inscribieron al monotributo reciben cobertura optando por las obras sociales registradas como agentes de seguro . Cada asociado al contribuir como monotributista, aporta un monto a un seguro social fijo que va a la cuenta de alguna obra social, a través de la que se cubre la atención de la salud por un plan médico básico de cobertura (programa médico obligatorio, PMO), donde todas las prestaciones que no se encuentran incluidas en el mismo deben ser abonadas aparte. Además, para que los familiares de los asociados estén cubiertos deben pagar por separado lo correspondiente por cada miembro del grupo familiar. Esto significa una clara desventaja para un trabajador que ve a sus pares de otras empresas acceder con su grupo familiar a la cobertura médica, acceso que solía ser el abecé del trabajador protegido por el Estado. Más aún, si el trabajador se retrasa de los 10 primeros días de pago del monotributo no tiene derecho a utilizar la obra social hasta no hacerlo efectivo, mientras que los trabajadores en relación de dependencia pueden seguir gozando de este beneficio hasta tres meses después de vencido su contrato.
Es importante destacar que esta situación no es exclusiva de los trabajadores de las ERT. En muchos casos, la forma de contratación que imponen los empleadores mediante la utilización de la figura del monotributo les permite deshacerse de sus obligaciones para con los trabajadores, recargando en éstos sus antiguas responsabilidades. Es aquí donde se hace evidente que el problema no es sólo de las ERT o de las cooperativas. El desamparo al que están librados muchos de los trabajadores argentinos afecta al conjunto de ellos, agravándose más en el caso de los trabajadores de las ERT que no tienen un marco legal ni propio ni claro en el que encuadrarse.
En busca de soluciones
Hacia el interior de las propias ERT se están ensayando formas de resolver estos problemas. Respecto de la cobertura de riesgos del trabajo la solución es contratar pólizas individuales de seguros contra accidentes de trabajo. El problema que se presenta, como ya se ha dicho, es que este tipo de seguros es más costoso que la cuota de una ART y que no brinda el mismo tipo de cobertura. Es imprescindible, en este sentido, que se finalice la reglamentación de la Ley de Accidentes de Trabajo para el sector autónomo, hasta el momento sólo nombrado en el texto de la ley. Volvemos a insistir: es preciso que se tomen las medidas necesarias para que la legislación laboral se vuelva a adecuar a la realidad social que le da sentido. Se presenta como urgente una ley que sea solidaria con los trabajadores y en donde realmente los trabajadores de ERT estén contemplados con sus especificidades.
En cuanto a las problemáticas relacionadas con los trabajadores en edad de jubilarse, una de las posibles soluciones que están ensayando las empresas recuperadas es reubicarlos en lugares donde no tengan que trabajar con maquinaria peligrosa o que implique un gran desgaste físico. Por ejemplo, en algunas cooperativas, se ocupan de capacitar a los nuevos trabajadores o de hacerse cargo de acompañar el proceso de las pasantías laborales . También se les suele asignar como nueva función la de articular con el afuera de la fábrica, es decir, atender a la gran cantidad de visitantes que suelen acercarse a este tipo de experiencias (periodistas, estudiantes, investigadores nacionales y extranjeros, etc.). En otros casos, se ha intentado reducir los retiros para con la diferencia contratar gente nueva que cubra a los trabajadores jubilados que no pueden seguir trabajando en las máquinas, pero esta es una salida que no siempre pudo ser consensuada. En los casos donde los niveles de conflictividad aumentaron al punto de generar disputas que pusieron en riesgo la capacidad productiva se ha llegado a optar por soluciones más drásticas, como proponer a los jubilados que no asistieran más a trabajar pero continuar dándoles una parte del retiro por un tiempo para compensar las magras jubilaciones, destinando el resto para contratar a gente más joven.
La situación descripta se presenta compleja: por un lado, el alto promedio de edad de los trabajadores de las ERT se podría presentar como una “traba”, pero si reflexionamos sobre el lugar que el mercado laboral le depara a las personas mayores de 55 años se hace evidente que las ERT apuestan a una revalorización de la experiencia de sus trabajadores. El proceso de recuperación no se detiene sólo en la fuente laboral, sino que además recupera para los trabajadores mayores un espacio en el cual insertarse de manera productiva. Una vez más, a contrapelo de la precarización que produce la implementación de políticas neoliberales, la experiencia de estos trabajadores nos indica el camino de la solidaridad como antídoto a la desolación que produce en miles de trabajadores argentinos la instancia de quedar fuera del sistema productivo en el momento de sus vidas en que mayor experiencia han adquirido. Incluso las actividades que en algunas empresas se les reasignaron están orientadas a mantener vivos los vínculos con la comunidad que también los acompañó durante el proceso de recuperación. En otros casos también desarrollan tareas de “enlace” en las diferentes redes y organizaciones que se están formando entre las ERT.
A lo largo del trabajo dejamos establecidas las dos maneras en que entendemos la seguridad social: en un sentido restrictivo (sólo para los trabajadores en relación de dependencia y en blanco) y en un sentido amplio (que alcance a todos los ciudadanos, ya sean trabajadores o desempleados). Retomando estas concepciones pensamos que el proceso de recuperación y puesta en marcha de una empresa por sus trabajadores es un proceso de recuperación múltiple. Pues al recuperar una empresa, estas personas no sólo recuperan una fuente laboral (cuestión que en la actual situación debería ser más que suficiente para que el Estado dirigiera su mirada a las necesidades que las aquejan), sino que se recuperan a sí mismos como trabajadores, es decir, apuestan a seguir insertos en el ciclo productivo. Su fortaleza reside en el “contrato social” que estas personas sostienen al interior de la empresa que resulta ser su más preciado capital: su identidad de trabajadores.
En este mismo sentido, nos parece importante volver a remarcar que el carácter contributivo que en la actualidad tiene el SUSS conlleva inevitables desigualdades, como las que la OIT define a través de la “paradoja de la seguridad social” , según la cual aquellos trabajadores mejor remunerados son los que tienen acceso a mayor cobertura de la seguridad social. Es decir, el sesgo contributivo que ha adquirido el SUSS en Argentina en los 90 hace que una protección concebida para mitigar las diferencias que el mercado laboral crea entre los trabajadores mejor pagos y en blanco y los trabajadores menos beneficiados – o más aún los que no tienen empleo o lo tienen en negro- se convierta en un factor de desigualdad que abre brechas cada vez mayores, que se vuelven casi insalvables en el caso de los desocupados. Consideramos que es necesario distribuir de manera más equitativa las cargas y contribuciones de las que depende la seguridad social. Aquellos sectores informales o más desprotegidos son los que necesitan de la mayor atención y asistencia del Estado. Sus trabajadores deben contar con todos los componentes que el sistema de la seguridad social prescribe, sin que esto signifique deducir de sus ingresos un porcentaje excesivo. Una vez más, está en manos del Estado establecer prioridades en cuanto a los beneficiarios de las políticas de seguridad social estableciendo esquemas en los sean contemplados sectores económicos postergados.
De lo anteriormente desarrollado se desprende la necesidad de elaborar, discutir, consensuar y sancionar una ley específica que contemple las particularidades de las cooperativas de trabajo en general y de las ERT en particular. Una ley cuyo espíritu se funde en la promoción y revalorización del trabajador como elemento esencial del entramado social, que cuente con un marco normativo específico que regule y otorgue seguridad jurídica a las relaciones que se establecen entre la cooperativa y sus asociados teniendo en cuenta el carácter colectivo de éstas .
La Argentina comienza a verse ensombrecida por la amenaza de la crisis económica que se esparce por el planeta. Puede ser este un buen momento para refundar las bases de una economía más solidaria, que recupere la cultura del trabajo y que dé cuenta de la diversidad de sus formas. 
Capítulo 12 La intervención sindical en las empresas recuperadas en la Argentina
Hacia la reconstrucción selectiva de un modelo de justicia social
Gabriel Clark y Javier Antivero
Este capítulo pretende abordar la relación existente entre las empresas recuperadas por sus trabajadores y los sindicatos, considerando que ambas experiencias se corresponden con formas de organización establecidas por los trabajadores en función de las necesidades materiales planteadas en un determinado proceso histórico, e intentando esbozar qué aporte original puede establecer la interrelación entre estos actores en el campo político, económico y social.
Asimismo, para poder explicar dicho proceso histórico deben tenerse en cuenta los cambios estructurales producidos en el mercado de trabajo en la Argentina, cambios que, si bien con orígenes en la dictadura militar durante los años 70, se han profundizado en la década del ‘90 como consecuencia del proceso de transnacionalización de la economía y concentración de la riqueza.
Las actuales formas de la gestión productiva, como la deslocalización de los establecimientos industriales y la flexibilización de los puestos de trabajo, determinaron nuevas características del fenómeno del desempleo. Desde entonces, la desocupación no puede explicarse por la caída de la producción y la crisis de las empresas, ya que las mismas están dispuestas a expulsar trabajadores al mismo tiempo que obtienen las mayores ganancias de su historia. Y, además, al establecer una línea difusa entre el hecho de tener y no tener ocupación, las empresas capitalistas contribuyeron a modificar la visión tradicional del empleo, vinculada anteriormente con la estabilidad laboral que permitía un margen de independencia de los trabajadores en la construcción de estrategias individuales y colectivas, por una nueva concepción del empleo identificado como algo temporal, intermitente e inseguro.
Por lo tanto, lo que se busca describir se corresponde con aquellas experiencias relacionadas con los obreros industriales que se niegan a aceptar esta nueva concepción del trabajo asalariado, intentando conservar un

proyecto de vida y valores solidarios de organización, que forman parte de la antigua concepción del acceso al trabajo como un derecho social. Por estos motivos, debe entenderse que la recuperación de empresas se vincula con principios ideológicos que se encuentra enraizados en la tradición de resistencia de la clase obrera argentina y que se dirigen hacia la búsqueda de lo que podría denominarse la reconstrucción selectiva de un modelo de justicia social.
Modelo sindical
El proceso de industrialización que se dio en la Argentina a partir de la década del 30, conocido como modelo de sustitución de importaciones, no puede explicarse sin tener en cuenta el rol desarrollado por el Estado. Si durante los siglos XVIII y XIX el desarrollo económico de los países centrales fue promovido por la actividad privada, por los denominados capitanes de la industria, en los países que llegan con posterioridad a dicho proceso esta función la debió ocupar el propio Estado.
En tal sentido, desde la gestión estatal se intervino, primero, en la formación del mercado de trabajo de pleno empleo; segundo, en la orientación de la política económica por medio de la inversión pública y, tercero, en la contención política y social de los sectores involucrados en el proceso de cambio.
Entonces, se decidió elaborar una legislación laboral que regulara el mercado de pleno empleo, desarrollando aquellos sectores más dinámicos de la economía y participando en la organización de los sindicatos con el fin de preservar la disciplina en las fábricas.
Con la intención de consolidar el mercado interno que constituía la base del nuevo modelo económico, se alcanzó la construcción de una instancia superadora que pudiera articular los intereses de los distintos sectores sociales en torno de un proyecto de desarrollo nacional.
Durante los primeros gobiernos peronistas (1946-1955) se produce la gestación de dicho proyecto nacional vinculado con el crecimiento de la producción industrial que implicaba, por un lado, la reconfiguración de las instituciones del Estado y, por otro, la elaboración de políticas sociales que permitieran la extensión del derecho de ciudadanía.
En tal sentido, algunas expresiones que fueron posteriormente consagradas, tales como las de “soberanía económica” y “justicia social”, constituyeron el significado de un proyecto de país que permitió el desarrollo con crecientes niveles de equidad, haciendo posible que gran parte de la población se identificase política y culturalmente con el imaginario peronista.
Por la amplia incidencia estatal en la construcción del modelo productivo, se estableció una confluencia entre el ámbito económico y el ámbito político de la vida social, haciendo que en torno a la categoría de trabajo asalariado se observara una herramienta de acceso al derecho de la ciudadanía y, simultáneamente, se desdibujara la división existente entre los capitalistas y los trabajadores para expresar la confrontación política en términos del enfrentamiento entre bandos amigos y enemigos del proyecto en cuestión.
Son expresión de dicha confrontación las distintas estrategias que adoptó el Estado justicialista para las diferentes áreas y según las sucesivas coyunturas. Estrategias políticas que pueden manifestarse en la cooperación o la intervención de las organizaciones empresariales, en la apropiación de la renta que se produce en sectores clave de la economía como sucedió con la nacionalización de las empresas de servicios o en acuerdos que beneficiaron la acumulación privada, y sobre todo en la búsqueda de consolidación de un modelo particular de intervención sindical.
En este último aspecto, en el año 1945 por medio del decreto 23.852 el entonces coronel Perón, al frente de la Secretaria de Trabajo y Previsión, establece las bases del nuevo modelo de Negociaciones Colectivas que luego, a través de la ley 14.250 del año 1953, caracterizarían el grado de representación y el nivel de organización de las relaciones profesionales en la Argentina. Dicha legislación otorga el monopolio de la representación sindical a aquellos gremios con mayor número de afiliados en su respectiva rama de actividad, limitando la existencia de otras organizaciones que compitan en la representación de los trabajadores y condicionando la participación de los mismos dentro de un esquema centralizado que entrega las decisiones políticas a las máximas jerarquías institucionales. Este sistema de representación responde desde su origen a los intereses del Estado, dado que le permite proteger a los sindicatos que le son afines y también marginar a las organizaciones que le resultan hostiles, tratando de alcanzar el objetivo de subordinar la política de los gremios y silenciar la conflictividad dentro de los establecimientos industriales.
Este modelo sindical, que alcanza su consolidación definitiva cuando Perón es derrocado del gobierno, etapa en la que adquiere la denominación de “vandorismo” , prosiguió construyendo su propia ideología y relación con el poder político según la aproximación o alejamiento de aquel proyecto de desarrollo nacional por parte de los distintos gobiernos.
Asimismo, reafirmando su estrategia política basada en la confrontación de bandos hacia el interior del movimiento sindical y en principios vinculados con la distribución social del trabajo, cuestionaron y enfrentaron duramente a otras formas de organización gremial que postulaban la lucha de clases y la transformación social.
De tal forma, se constituyó un modelo de representación sindical basado en la negociación colectiva, que intercedía por los trabajadores en defensa de sus salarios, las condiciones de seguridad e higiene en los lugares de trabajo y que les brindaba cobertura sanitaria por medio de las obras sociales pero que, fundamentalmente, se encontraba preparado para defender los derechos de un determinado tipo de trabajador. Dicha ideología construyó un modelo de trabajador asalariado basado en el individuo que realizaba sus tareas en un mercado de trabajo de pleno empleo, con estabilidad en el puesto de trabajo, que luego de permanecer décadas en una misma empresa culminaba jubilándose allí.
En cierto sentido, la realidad misma daba cuenta de esta situación representada por la inmensa mayoría de la población económicamente activa, destacando que la propia actividad profesional era quien regulaba la vida cotidiana de estas personas y le brindaba una identidad para su inserción social.
Ahora bien, a medida que se fue consolidando la concentración de capitales en ciertos sectores de la economía, los sectores dominantes comenzaron a librar su batalla contra la intervención estatal y el mercado de trabajo de pleno empleo, pues si bien ambos elementos contribuyeron al crecimiento de la producción y el incremento de la tasa de ganancia, nunca dejaron de representar un límite para la hegemonía política del capital. Luego de más de treinta años, la disputa se resuelve con la transformación del propio movimiento peronista, que en la década de los ‘90 abandona los objetivos de aquel proyecto de desarrollo nacional para brindar su garantía a las políticas vinculadas con la transnacionalización de la economía y la concentración de la riqueza, sobre todo en sectores no productivos. En tal sentido, en esta etapa neoliberal el justicialismo procede con la desestructuración del mercado de trabajo de pleno empleo, mediante la implementación de la flexibilización laboral, y con el proceso de las privatizaciones elimina toda participación del Estado en la gestión económica.
Cabe señalar que, tanto la privatización de las empresas públicas como la flexibilización del mercado laboral consiguieron establecer nuevas categorías intermedias entre los conceptos de empleo y desempleo. Desde entonces, con la fragmentación del mercado de trabajo, el “ejército industrial de reserva” del cual hablaba Marx pasó a constituir el grueso de la fuerza de trabajo.
De este modo, hoy se pueden encontrar dentro de un mismo espacio productivo, por un lado, un grupo integrado por obreros que mantienen sus antiguos derechos sociales, cada vez más reducido y sometido a mayores exigencias en función de la movilidad y adaptabilidad que exigen las nuevas formas de producción, y por otro lado, un sector integrado por la mayoría de los trabajadores por medio de subgrupos que abarcan a los tercerizados , subcontratados, temporarios por agencias, informales, pasantes, entre otras situaciones, para quienes la frontera existente entre la ocupación y la desocupación se torna difusa.
Puede decirse que, si bien el monopolio de la representación sindical es lo único que permaneció en pie de lo que habían sido las transformaciones llevadas adelante por el peronismo en los años 40, aquel modelo de asalariado que constituía su objeto de representación en la actualidad abarca a un sector minoritario da la fuerza laboral, mientras que para la inmensa mayoría el empleo ya no constituye el principal mecanismo de inclusión social que le permita salir de la pobreza.
Aquella dirigencia sindical que se formó dentro del antiguo proyecto de desarrollo nacional, ocupando un rol de interlocutor central con los representantes del gobierno y de la clase empresaria, muerto el proyecto que la albergaba, optó por conservar su lugar de poder dentro del nuevo bloque hegemónico.
Considerando que los gobiernos neoliberales sostuvieron su política económica en la entrega de los sectores más rentables a los conglomerados multinacionales y en la apertura del mercado interno, ocasionando un proceso de desindustrialización sin precedentes en la historia argentina, el modelo sindical tradicional debió elegir entre integrarse a este proyecto o mantener una convivencia hostil con el mismo. En tal sentido, distanciada desde hace décadas de su base social, la cúpula gremial se ocupó de conservar sus privilegios, para lo cual no dudó en transformarse en socia de los negocios que le planteaba el neoliberalismo, como es el caso de aquellos gremios que a, pesar de perder a sus afiliados, pasaban a constituirse en empresas de servicios privatizados (energía y transporte, entre otros), ART (Aseguradoras de Riesgo de Trabajo) o AFJP (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones), convalidando un modelo de sindicalismo empresarial. Y, por otro lado, viendo irremediablemente abandonado todo proyecto vinculado con el desarrollo industrial, otros dirigentes sindicales trasladaron la lógica confrontativa hacia el interior de la propia clase obrera, con el fin mantener un poder aunque sea limitado dentro del nuevo esquema de distribución de la riqueza, configurando una imagen desgastada del vandorismo.
Sin embargo, hubo asociaciones que se opusieron a las políticas económicas neoliberales implementadas desde el gobierno menemista, marcando una posición contraria a la adoptada por la CGT (Confederación General del Trabajo) principalmente la nueva Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y el Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA).
La CTA fue fundada en el año 1992 por un bloque de sindicatos disidentes de la CGT oficial con la propuesta de formar un sindicato autónomo de los partidos políticos y de las empresas, ampliando además su campo de representación incorporando no sólo a asociaciones sindicales, sino además a otras agrupaciones, incluyendo a trabajadores desocupados y jubilados; quienes carecían de representación bajo el modelo sindical tradicional. Permitió también la afiliación individual y no solamente a través del sindicato.
En el año 1994, entre tanto, se constituye el MTA, como un nuevo desprendimiento de la CGT oficial, formado principalmente por sindicatos del transporte (la UTA, colectiveros, y el Sindicato de Camioneros, conducido por Hugo Moyano). Si bien este sector disidente de la CGT oficial se opuso a la implementación de las políticas neoliberales, no planteó ningún cuestionamiento al modelo de sindicalismo representado por la CGT.
En definitiva, la experiencia de las ERT se desarrolló dentro de un contexto de desindustrializacion signado por la desregulación de la legislación laboral y por la precarización del empleo y, fundamentalmente, vinculado con un proceso en el cual el modelo sindical tradicional comenzaba a fragmentarse producto del cuestionamiento de los propios trabajadores pero sin que los mismos lograran construir una organización política alternativa.
Los sindicatos frente al planteo de la recuperación de empresas
Producto de las reformas ocurridas en el mercado de trabajo en la década de los 90, que trajeron aparejadas el aumento desmedido de los índices de desocupación y el crecimiento del empleo no registrado, vinculado principalmente a los sectores de la economía informal, los sindicatos se vieron fuertemente debilitados, como así también su rol como instrumento de presión política, forzándolos de esta manera a priorizar las estrategias defensivas tendientes a tratar de conservar lo conquistado por sobre las estrategias reivindicativas, limitando su campo de acción y de protesta.
Es en este contexto que se hace visible un nuevo actor social catapultado por la crisis de principios de siglo; el trabajador de empresas recuperadas. El fenómeno de las empresas recuperadas se presentó ante los sindicatos como algo desconocido, sobre todo para aquellos gremios que se encuentran arraigados en las características del modelo sindical tradicional. Y aquí nos surge el interrogante de, si tradicionalmente los sindicatos cumplen con el objetivo de representar colectivamente a los trabajadores frente a la patronal ¿cuál será su rol si la patronal ha desaparecido?
Tal como ha ocurrido en las empresas recuperadas, este interrogante plantea hacia el interior de la conducción de los sindicatos una serie de modificaciones estructurales y de su accionar, que debería llevar a una transformación de las bases mismas del sindicalismo, creado y adaptado a las características sociales y económicas definidas por el Estado de Bienestar. En este sentido, estas experiencias se traducen en un desafío para el movimiento obrero organizado.
La heterogeneidad de los actores involucrados nos permite identificar las distintas posturas asumidas por los sindicatos frente al proceso de recuperación de las empresas pertenecientes a su rama de actividad. Los principales desacuerdos surgen entre la conducción sindical a nivel nacional y sus seccionales, que se encuentran más allegadas a los trabajadores que representan que las cúpulas.
Las relaciones establecidas por los sindicatos con estas experiencias presentan situaciones positivas para los trabajadores en aquellos casos en las cuales los han acompañado y asesorado en el proceso de recuperación y otras en que el sindicato se ha comportado con total indiferencia o bien interviniendo de forma negativa.
En tal sentido, intervenciones que han resultado positivas fueron aquellas en las que el sindicato intervino directamente o por medio de sus respectivas comisiones internas en la organización de los trabajadores, tanto durante el conflicto o tiempo después, cuando la empresa ya fue recuperada y puesta en funcionamiento. A continuación citamos algunas experiencias de este tipo de intervención, a modo de ejemplo.
a) Ya se ha mencionado en capítulos anteriores el importante papel del sindicato metalúrgico de Quilmes en la formación de las primeras ERT y en el sostenimiento de estas experiencias en la zona. Sin embargo, al plantear al sindicato nacional el reconocimiento de los trabajadores de las empresas recuperadas como afiliados al sindicato con plenos derechos, capaces de ser representados y representar a otros en la organización, se encontraron la férrea oposición de los dirigentes de la UOM (Unión Obrera Metalúrgica) a nivel nacional, para quienes los trabajadores de las empresas recuperadas eran empresarios –haciendo referencia a la figura de socio dentro de las cooperativas–, sin considerar que la identificación principal de los trabajadores no era con la figura de cooperativistas, sino como trabajadores metalúrgicos de empresas recuperadas. Planteando éstos sus argumentos en un congreso nacional que se desarrolló en la cooperativa BAUEN y mediante el apoyo de otras seccionales, lograron modificar los estatutos de la UOM, incorporando la figura del trabajador de empresa recuperada con los mismos deberes y derechos que el resto de los trabajadores metalúrgicos.
b) Otra cuestión de relevancia en la relación entre los sindicatos y las ERT, y en la cual la UOM Quilmes también representó un rol importante es el papel de los delegados de fábrica que, en muchos casos , no sólo tuvieron un rol importante en el proceso de la recuperación sino que inclusive en la situación actual son los que mantienen mayor compromiso con el desarrollo de la empresa. En el caso de la Cooperativa Felipe Vallese (ex Polimec), fue de vital importancia el papel de la comisión interna, con amplia experiencia sindical y fuerte respaldo por parte de los trabajadores que, cuando el dueño de la empresa decide abandonarla y cederla a los trabajadores con todas sus deudas, impulsó el proceso de recuperación.
c) Otra particularidad asociada con la intervención de la UOM Quilmes es la insistencia en la capacitación de los trabajadores. Desde el sindicato se insiste en la necesidad de involucrar a todos los trabajadores y su capacitación en distintos niveles. Por tal motivo, desde la seccional se puso en práctica un convenio con la Unión Europea y la participación de Universidad de Quilmes y ONGs italianas de cooperación internacional (COSPE y MLAL), que intenta implementar un programa de asistencia para el desarrollo de las empresas, relacionado con la necesidad de capacitar a los trabajadores para poder competir exitosamente en el mercado, pero a su vez, con la posibilidad de generar trabajo digno y no autoexplotación al interior de las fábricas .
d) En tanto, la relación entre el sindicato gráfico y la recuperación de empresas no tuvo un buen comienzo con el caso de la cooperativa Chilavert, por la oposición del sindicato a la formación de la cooperativa con argumentos similares a los de la UOM nacional. Sin embargo, la experiencia exitosa de Chilavert sirvió para que no mucho después, frente a la experiencia de Cooperativa Patricios (ex Conforti) , el gremio modificara su postura. Actualmente las relaciones han cambiado notablemente e, incluso en el caso de la Cooperativa Chilavert, los trabajadores lograron reincorporarse – previo pago de una cuota mensual correspondiente a un porcentaje del retiro – a la obra social sindical y afiliarse al gremio. En casos posteriores, el gremio intervino fuertemente en defensa de los trabajadores en trance de recuperar su empresa.
e) En la experiencia de los supermercados Tigre el sindicato de empleados de comercio de Rosario ha tenido un papel crucial organizando a los trabajadores en defensa de sus puestos de trabajo. En este caso nuevamente debemos diferenciar la postura de la seccional rosarina con respecto a la asumida por el sindicato a nivel nacional.
La connotación negativa de la participación de los sindicatos en el proceso de recuperación se dio en relaciones de mayor tensión, donde la conducción gremial no estuvo de acuerdo con el posicionamiento tomado por los trabajadores de las ERT, como ha ocurrido en los casos que comentamos a continuación.
a) En el caso de la recuperación de la empresa Maderera Córdoba, el sindicato de la madera, lejos de apoyar a los trabajadores, actuó con total indiferencia. Los trabajadores se sintieron abandonados por el sindicato, que no se acercó en ningún momento para interiorizarse de su situación.
b) En la Cooperativa Textil CUC (ex Gatic San Martín), el sindicato del calzado se opuso a la formación de la cooperativa y, tras haber negociado con la patronal amenazó a los trabajadores para que dejaran de ocupar la planta, a pesar de que el cierre de la empresa (con seis plantas en todo el país) representaba una fuerte pérdida tanto de puestos de trabajo como de afiliados y aportantes al sindicato,. Anteriormente, algunos de los propios delegados habían sido cómplices del vaciamiento de la empresa, llevándose maquinaria para montar su pequeño taller privado. Con el objeto de evitar el conflicto una vez cerrada la empresa, el sindicato trató de desalojar a los trabajadores por la fuerza, sin lograr su objetivo debido a que los trabajadores organizados dentro de la planta resistieron el intento de desalojo.
c) Por su parte la UTA (Unión de Tranviarios Automotor) impidió varias veces mediante el uso de la violencia contra sus propios afiliados los intentos de recuperación por parte de sus trabajadores de empresas de transporte quebradas, como Transporte Río de la Plata y Transportes del Oeste.
Una experiencia que reúne las características de estos dos tipos de intervención sindical es la de la cooperativa FaSinPat (ex Zanón), donde antes de la recuperación el cuerpo de delegados del Sindicato de Obreros y Empleados Ceramistas de Neuquén de la antigua empresa recibía “coimas” por parte del dueño a cambio de no generar ningún conflicto en defensa de los derechos de los trabajadores. La formación de una lista clasista y el triunfo dentro de la empresa fue en este caso una condición necesaria para el éxito de la formación de la empresa recuperada. Esta lista, encabezada por Raúl Godoy, logró incluso ganar la conducción del sindicato regional (formado por trabajadores de cuatro fábricas ceramistas de Neuquén, incluida la recuperada FaSinPat), rechazando numerosos intentos de expulsión de los trabajadores de la planta, no solamente por parte de las fuerzas estatales a partir de órdenes judiciales, sino también por bandas organizadas por el sector derrotado del sindicato. Zanón es un caso notorio de conjunción entre la lucha gremial y la lucha por la recuperación de empresas, manteniendo una estrecha relación entre los trabajadores de la empresa recuperada con las luchas de otros trabajadores, incluso desocupados, y la comunidad del zona.
Si bien el panorama económico de nuestro país ha cambiado con la salida del modelo de convertibilidad, la disminución de los índices de precariedad e informalidad conocidos en la década pasada no logró erradicar el flagelo que tales fenómenos implican para la sociedad. A pesar de ello, la recuperación de ciertos sectores de la economía, que se vieron beneficiados por el tipo de cambio que favoreció el crecimiento del mercado interno en detrimento de las exportaciones, ha permitido la generación de nuevos puestos de trabajo, con la consecuente disminución de los índices de desocupación y por ende el fortalecimiento de los sindicatos, recuperando así estos su capacidad negociadora. Aun frente a la disminución de casos de recuperación de empresas, a las experiencias ya existentes se le suman otras que surgen en un nuevo contexto. Por lo tanto, podemos afirmar que la recuperación y puesta en funcionamiento de las empresas por sus trabajadores se ha instalado dentro del movimiento obrero organizado como una estrategia legítima de lucha para hacer frente a los empresarios que abandonan junto con sus empresas a los trabajadores.
En función de lo señalado y para entender la relación existente entre los sindicatos y la ERT, habría que analizar el marco legal que regula la participación de los trabajadores en las actividades gremiales.
De acuerdo a lo pautado por la ley 23.551 del año 1988, ley de asociaciones sindicales, se considera como tales a aquellas organizaciones constituidas por trabajadores de una misma actividad, un mismo oficio o profesión y que prestan servicios en una misma empresa (artículo 10). Asimismo, dichas asociaciones en representación de sus afiliados pueden asumir como formas de organización los sindicatos o uniones y las federaciones y confederaciones, estas dos últimas en su carácter de organizaciones de segundo grado (artículo 11). Además, la misma ley regula el número mínimo de trabajadores que se requiere para representar a las asociaciones sindicales dentro de los lugares de trabajo. De uno a cincuenta trabajadores corresponde un delegado; de cincuenta y uno a cien, dos delegados, y de ciento uno en adelante, un delegado cada cien trabajadores. También establece que en las empresas con más de un turno de trabajo debe haber un delegado por turno como mínimo y que cuando la representación sindical está compuesta por tres o más trabajadores, debe funcionar como cuerpo colegiado (artículo 45).
Teniendo en cuenta lo establecido por la ley, podemos realizar tres observaciones. En primer lugar, de la legislación vigente se desprende una estructura determinada de representación sindical, constituida por los afiliados de base que se desempeñan como trabajadores; los delegados o la comisión interna de fabrica, dependiendo de la dimensión de la empresa o el número de afiliados; la seccional local del sindicato integrada por todos estos; y, luego, las organizaciones de segundo grado: la federación y la confederación.
En segundo lugar, la participación en la actividad gremial implica el ejercicio de tareas en uno o más niveles de la estructura antes mencionada. Considerando que la mayoría de los análisis se limitan a la dirigencia sindical, cabe señalar que en todos los niveles referidos se despliegan formas de intervención de los trabajadores que muchas veces difieren sensiblemente de las prácticas sindicales de las cúpulas.
Y, en tercer lugar, hay que contemplar que tanto por la estructura centralizada como por el grado de participación de los trabajadores, los conflictos que se suscitan en los lugares de trabajo dependen de una serie de estrategias para ser institucionalizados por la organización gremial.
En tal sentido, cabe esperarse que las empresas más grandes – por tener mayor cantidad de trabajadores – cuenten con comisiones internas que, a su vez, tengan por su número más peso en la decisiones de la seccional; o que,por el contrario, se dé el caso de que las decisiones dependan mas de las vinculaciones políticas dentro de la seccional que del número de delegados. Otras veces, la institucionalización puede depender del grado de visibilidad del conflicto. Muchas empresas tienen un significado emblemático para la comunidad en general, más allá del sindicato en sí, debido a su antigüedad en el barrio o por su importancia como enclave económico de la zona.
Como ejemplo podemos citar a la Unión Obrera Metalúrgica, que durante la década del 70 asumió un papel protagónico dentro del movimiento sindical, transformándose en referente para los demás sindicatos en aquellos temas vinculados con la negociación salarial y la prestación de servicios sociales para los afiliados.
Con el cambio en el modelo de acumulación capitalista y la consecuente desindustrialización, la UOM fue cediendo su lugar de preferencia dentro del movimiento. A pesar de ello, la incidencia de algunas seccionales se ha mantenido hasta nuestros días poniéndose en evidencia en las ERT.
Siguiendo con el caso metalúrgico, y de acuerdo con el relevamiento realizado en el año 2004 por el Programa Facultad Abierta, el 29% de las empresas recuperadas corresponden a empresas de esta rama, de las cuales el 39% son empresas medianas que poseen un plantel superior a 50 trabajadores.
Según la ley 23.551 estas empresas contarían con comisiones internas conformadas por dos o más delegados. Siguiendo este análisis, podemos ver que en empresas muy pequeñas que constituyen un significativo 36% de las ERT , es muy probable que la acción del sindicato haya estado ausente no tanto por una deliberada política en contra sino por su ya escasa presencia en estos establecimientos de reducidas dimensiones y pocos trabajadores.
Considerando además que el 60% de las empresas relevadas fueron fundadas entre la década del 50 y 70, podemos indagar que hubo una mayor incidencia del sindicato en las mismas. Sin embargo, los pequeños talleres corren con desventaja en este sentido, por lo cual la incidencia del sindicato puede llegar a ser mucho menor en los establecimientos que cumplan con estas características.
Los delegados, como ya hemos mencionado, han cumplido un rol central en la organización de los trabajadores, con o sin el apoyo del sindicato, con el objeto de llevar adelante la recuperación de las empresas.
Su experiencia de activismo sindical, el acceso a la información y los canales de contactos que pueden generar a través del sindicato, les brindan las herramientas necesarias para impulsar el proyecto. Aunque se trate de comisiones internas opositoras a la conducción, el conocimiento adquirido parte de la práctica misma de la actividad sindical.
Sin embargo, la heterogeneidad de los casos no ha recibido siempre la misma respuesta por parte de las comisiones internas, muchas de ellas influenciadas por la cúpula del sindicato, que hasta le han sugerido a sus propios compañeros abandonar la idea de recuperar la empresa o bien han sido corrompidas por la patronal con el objetivo de evitar el conflicto.
Otro modelo de intervención política
Analizada a nivel macroeconómico, la crisis que conllevó al proceso de recuperación de empresas por los trabajadores, como todas las demás crisis cíclicas de la expansión capitalista, se manifestó en tres áreas: la monetaria, la de la mercancía y la de la fuerza de trabajo.
La crisis monetaria siempre se vincula con el problema de la falta de liquidez, expresión de la transferencia de ingresos de los sectores más desaventajados a los sectores privilegiados de la pirámide social, que en el caso argentino tuvo relación con la fuga de capitales al exterior y con el denominado corralito financiero.
En cuanto a la crisis de la mercancía, la misma tiene que ver con la competencia y el desequilibrio ocasionado en el sector industrial, que se traduce en la deslocalización de empresas que optan por migrar a economías con mayores ventajas comparativas y el consiguiente cierre de plantas en el país, o con aquellos casos en que se produce la quiebra de las fabricas por caída de la producción y falta de inversión.
Por último, la crisis de la fuerza de trabajo expresa la situación de agotamiento de la misma. Vale decir, cuando el ejército industrial de reserva se torna ingobernable, y se produce la movilización y el enfrentamiento con los responsables del sistema de explotación.
Del mismo modo, si llevamos un análisis económico al nivel micro, representado por cada una de las unidades productivas, se puede observar la presencia de las tres esferas de la crisis. Primero, se puede dar cuenta del vaciamiento de muchas empresas por la fuga de capitales por parte de los empresarios para llevarlo al exterior o destinarlo a la especulación financiera; segundo, el quiebre de algunas fabricas por la falta de competitividad o por la deslocalizacion (caso del cierre y reapertura con otro nombre de la misma firma); y, tercero, la consiguiente resistencia presentada por los trabajadores como producto de meses de salarios atrasados, aguinaldos impagos, deudas provisionales, etc.
En tal sentido, puede decirse que lo que se estableció dentro de estos y otros espacios laborales fue una nueva sociedad de grado cero de contrato. Principalmente, teniendo en cuenta lo que había sido el modelo de relaciones del trabajo impuesto por el fordismo, basado en una relación contractual que de alguna manera intentaba establecer una simetría entre las partes, lo que se instaura con el neoliberalismo es un estatuto de dominación al interior de las empresas.
En aquellos casos de recuperación de la fábrica con institucionalización del conflicto, es decir, con una mayor adhesión por parte de la organización sindical, todo este proceso además de poner un límite al sistema de explotación y terminar con la facultad de mando de las patronales, permitió restablecer valores asociados con la figura del trabajador como un ser con derechos que no se resigna a una vida precaria.
Considerando que el trabajo constituye un elemento esencial de la sociabilidad, que permite al trabajador conocer su posición concreta en su medio de actividad y adquirir un saber que lo trasciende en relación a la sociedad que lo rodea, puede señalarse que “el sentido de la empresa recuperada reside en una muy profunda recuperación: la del trabajador a través de la recuperación del puesto de trabajo” .-
Por lo tanto, la recuperación de empresas por los trabajadores tiene que ver con volver a plantear criterios de simetría económica y equidad social, restableciendo el derecho al trabajo como una herramienta para la inclusión de la ciudadanía y el rediseño de la esfera de lo público.
Asimismo, la declaración de utilidad social de la unidad productiva planteada por los trabajadores en la discusión ante las autoridades públicas busca consolidar un proyecto vinculado con los principios del constitucionalismo social que abrió el camino de los derechos colectivos en la historia del siglo XX.
De este modo, los trabajadores intentan construir un proyecto alternativo que trazando el eje en el trabajo propone: la redistribución de la riqueza por medio de la participación en la gestión económica, la democratización de las instituciones políticas partiendo desde el mundo del trabajo, y la transformación del espacio productivo en esfera pública mediante la interrelación con el barrio.
En los años 60, en la Escuela de Manchester se elabora la noción de economía moral para analizar aquellos actos de sublevación y rebeldía de las capas populares contra los sectores privilegiados que, con el objeto de quedarse con los recursos comunitarios, expulsaban a aquellas hacia la marginación y la miseria durante el proceso conocido como la acumulación originaria.
E.P.Thompson señala que la economía moral alumbra las luchas de los pobres contra los poderosos en su intentando de imponer un límite a la codicia y recuperar el equilibrio perdido dentro de las comunidades. Intentaban reconstruir un modelo selectivo, basado en formas de reciprocidad social u obligaciones mutuas, que resistiera la desintegración de los lazos sociales involucrados en los procesos productivos, mientras los mismos pretendían ser erosionados por el liberalismo económico que imponía su razón práctica: la célebre figura del individuo maximizador de las ganancias cuyos beneficios redundan en favor del proceso civilizador de la sociedad burguesa.
Entonces, siguiendo preferentemente a Thompson, quizás pueda decirse que la recuperación de las unidades productivas también se enmarca dentro de una reconstrucción selectiva de un modelo de justicia social que los trabajadores llevan adelante como forma de resistencia frente al nuevo ciclo de acumulación que el sistema capitalista puso en marcha en las últimas décadas.

138 Soledad Calderón, Penélope Mazzoli, Natalia Polti, Mariela Sarlinga, Verónica Vázquez Hugo TrincheroMarcelo VietaGabriel Clark y Javier Antivero
Tercera Parte

Las empresas recuperadas y la autogestión en la Argentina
Una presentación 139

140 Hugo Trinchero

Capítulo 13 Cambios y continuidades en las empresas recuperadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Sabrina Accorinti, Andrea Méndez, Marysol Orlando, Valeria Salvador
En el marco del Programa Facultad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y en convenio con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), realizamos a fines del año 2007 un relevamiento cuyo objetivo fue elaborar un diagnóstico social sobre la situación de las empresas recuperadas por sus trabajadores (ERT) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires .
Con los datos obtenidos en el relevamiento como disparadores, e incorporando estudios anteriores del equipo , en el presente artículo realizamos una caracterización de la situación actual de las empresas recuperadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, haciendo énfasis en las formas de organización que asumen las mismas, tanto a nivel interno –de los trabajadores– como externo –el Estado, otras recuperadas, cooperativas, sindicatos, entre otros.
Consideramos que si en su momento la meta a alcanzar fue el logro de la recuperación y la puesta en marcha de las empresas generando nuevos vínculos, las preguntas que se suscitan ahora rondan en torno a las formas de organización convenientes para lograr ser productivas, en un marco de competencia del sistema capitalista en su etapa neoliberal, y ante la trayectoria de organización de los trabajadores en relación de dependencia. Indagaremos entonces en este artículo las modalidades organizacionales que asumen las ERT en torno a la consolidación de la experiencia de autogestión y al logro de una sustentabilidad económica.
Las empresas recuperadas en la CABA
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires contaba en 2007 con aproximadamente treinta empresas recuperadas, de las cuales la mayoría se concentra en el rubro gráfico y el de alimentación (cinco para cada uno de estos rubros)3. Para este artículo, nos centraremos en los datos obtenidos del relevamiento de las siguientes quince empresas recuperadas: 18 de Diciembre (textil), Amigo (comercio), Bauen (turismo), Campichuelo, Chilavert, El
Sol, Patricios (gráfica), Cefomar (editorial), Comunicaciones (educación), IMPA (metalúrgica), La Argentina, La Mocita, La Ciudad (alimenticias), La Nueva Esperanza (industria del caucho) y Rabbione (transporte).
Características actuales de la unidad productiva
Al analizar las características de la unidad productiva de las ERT debemos tener en cuenta el lugar desde el cual parten para poner en funcionamiento la empresa, ya que en su mayoría atravesaron un proceso de quiebra, muchas veces fraudulenta, acompañada de un proceso de vaciamiento. Gran parte de ellas cuentan con maquinaria obsoleta, que en muchos casos fue necesario reacondicionar luego del abandono patronal y en oportunidades hasta debieron conseguir las maquinarias faltantes por dicho proceso de vaciamiento. Asimismo, el ajuste de éstas para la puesta en producción fue necesario por las trabas legales que condujeron a extensos procesos de lucha – que en algunos casos alcanzaron los 17 meses de ocupación4. En este sentido hemos observado en el relevamiento de 2004 que las empresas que atravesaron procesos de ocupación, alcanzaban niveles de producción más bajos de acuerdo a la capacidad instalada5. Teniendo en cuenta los datos obtenidos en el relevamiento de 2007, percibimos que aun con dificultades para alcanzar los niveles máximos de producción, en términos generales, la capacidad productiva utilizada actualmente es mayor que en 2004.
Cuadro 1

3 Luego del relevamiento han tenido lugar nuevas recuperaciones: Cooperativa Punto Gráfico, Frigorífico Torgelón, Cooperativa Talleres Unión, Indugraf, Arrufat y Cooperativa de Trabajo Impresora Barracas; siendo en la actualidad 9 empresas gráficas.
4 17 meses en Brukman, 14 en BAUEN, y 10 meses en Patricios y Global, según relevamiento 2004.
5 Ruggeri, Martínez, Trinchero; 2005; Pág. 56 y 57
En 2007, el 40% utiliza entre un 90 y 100%, mientras que en 2004 sólo el 6% llegaba a estos niveles. Como contrapartida, en 2004 casi la mitad de las empresas producían a niveles inferiores al 50% de su potencialidad (contando las empresas que no se encontraban produciendo), mientras que en 2007 son sólo el 27% las que producen a niveles inferiores del 50%. (Ver cuadro 1)
El incremento de los niveles de producción ya se percibía en 2004 respecto a 2002 . Esta tendencia puede deberse, por un lado, a la recuperación de la actividad a medida que transcurren los años – especialmente en el contexto de crecimiento constante del PBI que se presentó a partir de la devaluación. Por el otro, teniendo en cuenta que el universo de empresas recuperadas en la CABA se ha ampliado, parece ser que las recuperadas más recientes han tenido mayor facilidad para su puesta en funcionamiento, ya que dos de las tres recuperadas entre 2005 y 2006 se encuentran produciendo al 100%. Esto último puede estar vinculado a la mayor facilidad legal con que contaron estas empresas por la modificación de la ley de quiebras y el apoyo que recibieron del resto de las ERT que les aportaron sus experiencias.
Este proceso de mejora también se pone de manifiesto al observar que el 57% de las ERT encuestadas han adquirido maquinaria o infraestructura nueva. Además, hay que rescatar que la mayor parte de las empresas recuperadas aumentó su cantidad de trabajadores. De todos modos, debemos considerar que la mayoría son pequeñas empresas (hasta 50 trabajadores) .
El crecimiento parece haber sido más fácil para las empresas recuperadas a partir de 2003, correspondiéndose con la fase ascendente del ciclo económico. (Ver cuadro 2)
Cuadro 2

Este crecimiento, a su vez, estaría vinculado con las posibilidades o las limitaciones de las ERT según el rubro al cual pertenecen, lo que dependería de dos situaciones. Por un lado, la capacidad para incrementar rápidamente la producción, lo cual depende de la infraestructura que requiere el sector para ello y, por el otro, su pertenencia o no a los sectores más favorecidos en la fase de crecimiento posterior a la crisis de 2002 –caracterizada por un tipo de cambio alto. En este sentido, las ERT de la CABA que aumentaron su tamaño en mayor proporción pertenecen al sector turismo, transporte, industria del caucho y alimentación8.
Teniendo en cuenta este proceso de puesta en funcionamiento, incremento de los niveles de producción y crecimiento en el tamaño de la empresa, pasaremos a analizar qué sucede con la organización de la producción.
Observamos que en el 66% de las ERT se mantienen las mismas áreas de trabajo que en la gestión anterior; incluso en uno de los casos donde no cuentan con las mismas áreas, se manifiesta el deseo de recuperar la estructura previa. Si bien puede pensarse que esto representaría una debilidad en el desarrollo de un proyecto autogestionario, hay que tener en cuenta que mantener las áreas es un logro frente a la pérdida de trabajadores de sectores como el administrativo o el comercial, que generalmente son los primeros en irse al cierre de la fábrica o en el proceso de vaciamiento anterior.
De todos modos, mantener la misma estructura productiva seguramente responde a las determinaciones del sistema de competencia y a la dificultad de transformar el modo de organización de la producción. Los cambios vinculados a un nuevo proyecto socioeconómico se manifiestan más en las condiciones de trabajo y los vínculos sociales que en el aspecto productivo.
Consideramos que los cambios en la producción se deben más a una necesidad que a un proyecto transformador, ya que la experiencia misma de la recuperación responde a la conservación de la fuente de trabajo antes que a la intención del cambio de un sistema de producción capitalista por otro. Sin embargo, la práctica de la autogestión va produciendo transformaciones, dando lugar a acciones que responden a un proyecto político alternativo. En este sentido, una ERT manifiesta que ha cambiado las áreas de trabajo en que se organizaba de acuerdo a una reformulación del proyecto.
En torno a estas cuestiones, podría pensarse cuáles son los aspectos a modificar en la organización de la producción, entendiendo que la misma está estrechamente vinculada al proyecto integral de la empresa. En términos de Novaes9, en una ERT se debería dar un proceso de adecuación socio técnica, es decir, poner la tecnología al servicio de un nuevo proyecto impulsando nuevas formas de organización del trabajo acordes a experiencias autogestivas. En este sentido, la adopción de aspectos organizativos propios de la lógica de acumulación capitalista plantea una reflexión en términos de límites y posibilidades de la autogestión. Un cambio en la organización de la

88 La evolución del PBI por sector -según datos del INDEC- muestra un mayor crecimiento en los servicios de transporte, almacenamiento y comunicaciones y enseñanza, servicios sociales y educativos. También es alto el crecimiento en hoteles y restaurantes y en la industria manufacturera. Dentro de esta última se destaca la industria del caucho y plástico y la industria alimenticia.
9 Novaes et al, 2004.
producción que se da en gran medida es la rotación de tareas, lo cual se manifiesta en el 50% de los casos. Esto muchas veces responde a la necesidad de cumplir con la producción, pero al mismo tiempo expresa la experiencia colectiva, el compromiso y la responsabilidad compartida, en la que todos se hacen cargo del todo.
Respecto de la situación comercial se percibe que cerca del 70% de las empresas recuperadas entrevistadas han conservado antiguos clientes . Algunas explicaciones de esta situación podrían ser el conocimiento previo y la confianza que inspira dicha relación, la falta de una estructura de comercialización para ampliar su cartera de clientes o la percepción de no tener la capacidad organizativa y/o productiva para comprometerse con nuevos y mayores pedidos (lo que implicaría más horas de trabajo, turnos rotativos o diferenciados, contrataciones, compra de materias primas o maquinarias que puede llevar a endeudamientos).
En este sentido, si bien prácticamente la totalidad de las ERT conservan un área de ventas, observamos que no presentan estrategias muy desarrolladas que les posibiliten una total reincorporación al circuito comercial. Esto podría deberse a que en la mayoría de ellas los trabajadores que recuperaron la empresa son quienes se desempeñaban en trabajos de producción, distanciados del sector administrativo y de comercialización, sectores que en muchas oportunidades quedaron más asociados al sector directivo y “desprestigiados”, en tanto no son visualizados como los que le agregan valor al producto. El bajo desarrollo del sector de comercialización se manifiesta en que en la mayoría de los casos la obtención de los clientes se hace “de boca en boca” y sólo el 10% afirma que su estrategia es mediante un equipo de vendedores. En relación al modo de comercialización, debemos tener en cuenta que existe el debate en torno al hecho de adoptar “hacia afuera” las mismas formas que una empresa bajo gestión capitalista.
Una dificultad que enfrentan algunas empresas recuperadas es tener las ventas concentradas en pocos clientes o trabajar a façon, aunque esto no se expresa en el grueso de las experiencias: un 60% de las ERT manifiesta un bajo grado de dependencia en este sentido.
Además de las dificultades ya mencionadas, las unidades productivas se enfrentan con la cuestión legal como obstáculo para la proyección a largo plazo. Aun con expropiaciones definitivas y temporarias, continúa siendo una limitación en términos productivos por la inestabilidad en la posesión del inmueble y las maquinarias, y la consecuente dificultad de acceso al crédito.
De acuerdo a las situaciones planteadas en lo que concierne a las unidades productivas, percibimos que esta forma de organización colectiva presenta condicionamientos en la práctica productiva, que surgen del hecho de estar insertos en un sistema de competencia capitalista. Esta tensión se manifiesta en la afirmación de Rosa Luxemburgo de que las cooperativas “constituyen un híbrido en el seno de la economía capitalista: una producción socializada pequeña dentro del intercambio capitalista”. (Luxemburgo, 1978:67). A pesar de los condicionamientos macroeconómicos y de las limitaciones al proyecto autogestivo de las ERT, creemos sin embargo que las estrategias políticas y colectivas que han adoptado constituyen una instancia de resignificación y apertura a nuevas prácticas.
El colectivo de trabajo dentro de las ERT
La característica de estas unidades productivas es que los trabajadores son los responsables de la producción y la gestión de la empresa. La organización del trabajo en este sentido dista de la empresa capitalista tradicional, en la cual los trabajadores en calidad de empleados en su mayoría cumplen con las ordenes que les son dadas; aquí son ellos mismos en tanto colectivo los que toman las decisiones de qué y cómo producir.
En primer lugar podemos decir que en las mismas se reivindica la igualdad, tanto en la cantidad de horas trabajadas como en el monto de los retiros. En la mayoría de las ERT (60%) todos trabajan la misma cantidad de horas. La igualdad en las horas trabajadas había sido ya apreciada en el informe del anterior relevamiento, según el cual en el 70% de las empresas encuestadas de la CABA los trabajadores afirmaban trabajar la misma cantidad de horas.
Por otro lado, como decíamos anteriormente, también observamos una tendencia a la igualdad en torno al monto de los retiros, los cuales son acordados por el colectivo y nuevamente el 50% de las empresas encuestadas adoptan la forma igualitaria. Cabe mencionar que en uno de los casos en que se establece una diferenciación, el criterio utilizado es la antigüedad y por familia numerosa. Esto último, si bien se puede relacionar con el salario familiar, representa una novedad en el sistema de reparto tradicional de las cooperativas de trabajo, relacionada con la tradición obrera de los trabajadores de las ERT.
Una de las explicaciones posibles de este proceso de igualación entre los trabajadores de las ERT en cuanto al retiro involucra a las experiencias de lucha compartidas en la recuperación de la empresa, en donde los distintos niveles de conflictividad plantean la conformación de una nueva identidad como consecuencia de la confrontación con un otro, dando lugar a un colectivo, que necesita consolidarse y cohesionarse para afrontar la lucha. La distribución igualitaria de los ingresos ayuda en este sentido a reafirmar esta nueva identidad, homogeneizar y llevar adelante cualquier instancia de enfrentamiento
A su vez, tal como mencionamos anteriormente, son pocos los trabajadores de los sectores jerarquizados que sobreviven a este tipo de procesos y son generalmente los operarios de planta quienes resisten hasta el fin del conflicto, lo cual redunda también en la igualdad de los salarios. En relación con las empresas en las cuales no se establece un retiro igualitario, podemos hacer una lectura considerando el año de inicio de las mismas como cooperativas y el rubro al que pertenecen. Respecto de la antigüedad, podemos observar que la mayoría de las empresas de menor trayectoria como recuperadas (desde 2003 en adelante) se inclinan por una forma de retiro igualitaria, mientras que las ERT cuyo proceso de recuperación es anterior, tienden a adoptar con el tiempo sistemas de retiros más diferenciados. (Ver cuadro 3)

Esto podría responder a que la recuperación económica y el aumento de los excedentes posibilitan el replanteo de los modos de retiro. Durante el transcurso de las primeras etapas en la recuperación de la empresa, resulta bastante difícil conservar estructuras salariales diferenciadas, debido a la precaria situación económica en que se encuentran. De este modo, con el transcurrir de los años, disminuiría la necesidad de igualación existente en los inicios del proceso. En términos generales se observa que, en comparación a 2004, en 2007 es menor el número de ERT que poseen salarios igualitarios (pasando de un 65 a un 50%).
Tal como mencionábamos anteriormente, encontramos una vinculación entre la forma de retiro y el rubro, siendo que las empresas correspondientes al rubro alimentación asumen formas de retiro igualitarias y que tres de las cuatro empresas gráficas realizan retiros según cargo.
Creemos que esto podría responder a los diferentes niveles de especialización de los trabajadores de este sector, en el cual suelen requerirse distintos grados de capacitación y responsabilidad en el manejo de las máquinas. De todos modos, esta modalidad también podría tener origen en la fuerte tradición sindical de los trabajadores gráficos, teniendo un peso importante el reconocimiento del convenio colectivo de trabajo, con remuneración por escalafón.
Otra cuestión a tener en cuenta en la conformación del colectivo está dada por la modalidad de incorporación de trabajadores, ya que en un 57% de los casos analizados se realiza por medio de familiares y conocidos. Esto podría corresponder a las características de la gestión colectiva, ya que los más cercanos podrían establecer vínculos y un compromiso más profundo al conocer el proceso de lucha atravesado.
Por último, una problemática que afecta a los trabajadores de las empresas recuperadas es la dificultad para hacer frente a la seguridad social con las formas actuales de legislación que rigen para ello, dado que las cooperativas de trabajo no tienen una ley específica. Actualmente, los trabajadores de estas empresas deben regirse por la ley de cooperativas en general y las resoluciones 183/92 y 784/92, que indican que para el régimen previsional y la cobertura médica son considerados en carácter de trabajadores autónomos, siendo la cooperativa la que debe responder a ello. A pesar de estas dificultades, más del 60% de las empresas recuperadas de la CABA han logrado cumplir con la cobertura médica y la jubilación a través de la figura del monotributo. Respecto del seguro de trabajo, deben contratarlo de manera particular sin poder contar con una ART, lo cual implica mayores costos y menores beneficios .
Un dato a rescatar es que la cobertura médica y la jubilación están cubiertas en la totalidad de las empresas que han aumentado su tamaño en más del 50%. Esto estaría demostrando que la cobertura de dichos aspectos constituye una prioridad en momentos de crecimiento.
La Asamblea como modo de gestión
De acuerdo a la ley 20.337, Capítulo VI -con sus modificatorias de la Ley 22.816 del año 1983-, los socios que componen una cooperativa tienen que reunirse anualmente en asamblea ordinaria, con motivo del cierre de ejercicio; también pueden reunirse en asamblea extraordinaria en cuanto lo consideren necesario.
En las empresas recuperadas analizadas, percibimos una particularidad en este sentido, dado que lejos de hacer sólo reuniones anuales, según los datos obtenidos, en un 86% de los casos relevados se reúnen en asamblea como mínimo cada dos meses, siendo más de una vez al mes en el 44% de los casos.
Al indagar acerca de qué decisiones se toman en asambleas, salvo en uno de los casos en el cual es convocada para la aprobación de los balances, encontramos que en el 72% de los casos “todas” las decisiones referentes a la empresa se toman en asamblea, mientras que el resto resolvería en estas instancias las cuestiones “más importantes”. Esto es expresado en frases tales como: “la asamblea toma las decisiones de fondo y las políticas a seguir para el mejor desarrollo de la cooperativa”, “las cuestiones más importantes pero no cotidianas, (…) lo que afecta a retiros”, “las de más responsabilidad”.
Sin embargo, a pesar del énfasis puesto en la realización de asambleas, observamos cierta informalidad en los canales de circulación de información, lo que, según creemos, podría afectar la toma de decisiones. En varios casos, son directamente las asambleas las que se utilizan como canal de información, pero también se menciona la comunicación “de boca en boca” o se sostiene que la información “circula permanentemente”, o que es provista en “el momento del almuerzo”. Sólo en algunas oportunidades se menciona la utilización de pizarras, carteleras o fotocopias informativas. Consideramos que este es un ítem a tener en cuenta para las ERT, dado que la informalidad de los canales de información puede llevar a la no información de los trabajadores sobre ciertos temas, obstaculizando o restringiendo la adopción de otras posturas o decisiones, la participación plena y activa o la emisión de opiniones más elaboradas en lo que involucra a la empresa. Resultaría entonces conveniente atender a que la información llegue a todos para que puedan estar en igualdad de condiciones, y en este sentido darle importancia a los canales de información para alcanzar una mayor participación, ya que a veces no alcanza sólo el hecho de reunirse en asamblea para lograr una decisión colectiva de fondo.
Una de las modalidades que podría contribuir en este sentido es la adoptada por una cooperativa que utiliza el horario intermedio de cada turno para que el tesorero exponga las novedades, dando además la opción de que todo trabajador que quiera informar algo que considere relevante pueda hacerlo también en ese momento.
Las asambleas son significativas desde diferentes perspectivas. Por un lado, los ayuda a reafirmarse como colectivo, es un elemento más con el cual reivindican la igualdad, dado que los trabajadores por medio del acto de la asamblea participan de las decisiones de la ERT, al tiempo que reafirman cotidianamente en este acto que son ellos quienes están llevando el control de la empresa, en tanto trabajadores y en tanto colectivo organizado. Por otra parte, es importante recordar que en el momento de la recuperación la mayor parte de los trabajadores que llevaron adelante este proceso fueron quienes se desempeñaban con anterioridad en tareas productivas y no administrativas. Podemos pensar entonces que una vez asumida la gestión, las asambleas ayudan a los trabajadores a poder tomar las decisiones acerca de cómo gestionar la empresa, dado que es una tarea que les era totalmente ajena hasta el momento. En este sentido, el hecho de reunirse en asambleas contribuye así a un aporte colectivo para definir los pasos a seguir, y de este modo compartir las responsabilidades. Las asambleas también pueden pensarse como un elemento de continuidad con las formas de organización obrera, tal como se profundiza en capítulos anteriores.
Se trata entonces de una asamblea resignificada, dado que los trabajadores de las ERT, lejos de realizar la asamblea estipulada por la ley de cooperativas, se apropian de esta instancia – dándole otra forma y contenido – desde sus años de experiencia sindical y su experiencia de lucha para la recuperación.
Vinculación con el Estado
La cuestión legal constituye un aspecto fundamental para analizar la relación que las ERT mantienen con el Estado. Los trabajadores manifiestan la preocupación en torno a la falta de reconocimiento legal. Encontramos que, desde el Estado, no se ha avanzado en políticas para el sector que respondan a las necesidades y experiencias reales vividas a lo largo del proceso de recuperación y puesta en marcha de sus cooperativas. No se ha creado un fondo para la ejecución de las expropiaciones, ni se ha sancionado una legislación para las cooperativas de trabajo. Entendiendo además que la modificación de la ley de quiebras resulta insuficiente.
Sin embargo, mediante la movilización de las ERT acompañadas por vastos sectores de la sociedad se ha logrado la sanción de la ley de expropiación definitiva para trece cooperativas y se han frenado varios juicios de desalojo. Por esto, consideramos que la situación legal ha mejorado si se comparan los datos obtenidos en el relevamiento 2004 con los de 2007. Hasta 2004 (debido a que la ley 1529 fue sancionada a fines de noviembre de ese año) sólo el 41% de las ERT habían obtenido la expropiación del inmueble y/o maquinaria; mientras que en 2007 el 60% posee la expropiación (siendo en el 40% de los casos expropiación definitiva) y el 27% se encuentra en una situación más estable porque han podido comprar o se encuentran alquilando el inmueble.
Respecto de la Ley 1529 de expropiación definitiva, cabe destacar que su reglamentación debía efectivizarse a enero del 2008, fecha límite para que el Estado liquidara el total de las deudas generadas por los antiguos dueños. Sin embargo, esta reglamentación ha quedado pendiente, en excepción de la Cooperativa Maderera Córdoba que fue el único caso en que se ha hecho efectiva la tasación y pago a acreedores por parte del Estado. En este aspecto hay que tener en cuenta que la gestión del actual Jefe de Gobierno de la Ciudad ha replanteado la situación de las ERT: Mauricio Macri dispuso evaluar “caso por caso”, reiniciando acciones de juicios de desalojo.
En este marco, la cooperativa de transporte de cargas Rabbione recibió, en noviembre de 2008, la orden de desalojo y posterior remate del edificio, junto al embargo de bienes personales de siete socios fundadores de la cooperativa. Esta medida fue dictada tras declararse inconstitucional la ley de expropiación sancionada en septiembre de 2006, a favor de la cooperativa en un primer intento de subasta judicial. Para esta medida, se argumentó que en la ERT “no se verifica la existencia de una utilidad pública significativa” . El remate estaba destinado al pago de acreedores, debido a que el Estado no cumplió con el proceso expropiatorio . Los trabajadores han podido continuar con sus actividades, encontrándose actualmente a la espera del dictamen judicial y de un crédito a 20 años que les permita pagar la quiebra.
Otro ejemplo donde se evidencia la debilidad legal a la que está sometido el sector es el caso del Hotel BAUEN que fue reabierto en marzo de 2003 por sus trabajadores. La cooperativa BAUEN recibió a mediados de 2007 una orden de desalojo que beneficiaba a la firma Mercoteles S.A. Esta empresa, vinculada a los antiguos dueños, compró el hotel entre 2005 y 2006 mediante una operación poco clara, siendo su director cuñado del antiguo dueño, Marcelo Iurkovich. Cabe aclarar que el hotel había sido puesto en marcha y estaba siendo gestionado por sus trabajadores al efectuarse estos traspasos de firma. Los trabajadores han resistido el desalojo con el apoyo de otras empresas recuperadas y amplios sectores de la sociedad. En junio de 2008 la diputada nacional Victoria Donda, del bloque del Frente para la Victoria, presentó un proyecto de ley de expropiación del hotel con el aval de trece legisladores nacionales, asentándose en la situación irregular del crédito con el que fue construido el BAUEN y que aún no ha sido cancelado. Según la última liquidación judicial, la deuda con el BANADE (Banco Nacional de Desarrollo) asciende a 8,6 millones de pesos.
Volviendo a las formas de vinculación de las ERT con el Estado, en numerosas ocasiones el motor es el logro de políticas que incentiven económicamente al sector. En este sentido, analizaremos la obtención de subsidios. Observamos que para el año 2007, la totalidad de las empresas entrevistadas declaran haber recibido algún tipo de subsidio. Estos han sido otorgados, en su gran mayoría, por la Subsecretaría de Desarrollo y Producción de la CABA, antes de la gestión de Macri y, en menor medida, por diferentes áreas del gobierno nacional. Si bien la obtención de subsidios ha mejorado respecto a 2004 (cuando el 41% de las empresas encuestadas había obtenido un subsidio y el 24% lo tenía en trámite), no se percibe en la actualidad una política propicia al incentivo de estas experiencias, hecho aun más problemático en el actual contexto recesivo internacional.
Debido a la situación de las unidades productivas descripta, en el 33% de los casos el subsidio ha sido aplicado al mantenimiento de infraestructura y en un 19% para la incorporación de nueva maquinaria. Puede observarse que, además de las mejoras en infraestructura, otro 33% se orientó a la adquisición de insumos o capital de trabajo y un 15% a la inversión en seguridad e higiene.
Es importante considerar que el acceso a estos subsidios no es sencillo, ya que las solicitudes y los requisitos para alcanzarlos presentan numerosas trabas burocráticas que, en muchos casos, las ERT no llegan a cumplimentar debido a un desorden administrativo producto del proceso atravesado y a la falta de personal especializado en el tema. Por otro lado, no podemos dejar de tener en cuenta que las políticas públicas dirigidas hacia el sector se enmarcan desde el modelo de la economía social; a esto responde que se les otorguen montos que fueron planificados para emprendimientos de menor envergadura, los cuales terminan resultando escasos para la renovación tecnológica o la compra de insumos propios de la industria.
Entonces, si bien se han otorgado este tipo de subsidios, no se ha generado una política de intervención en el ámbito crediticio al alcance de las ERT, financiamientos de envergadura de la producción autogestionada, o bien de una fuerte inversión que le permita a las empresas recuperadas alcanzar un desarrollo sustentable.
En este sentido, la intervención del Estado para apoyar a las empresas recuperadas es insuficiente. Más allá de que se hayan generado espacios especiales para el trabajo con estas experiencias y del apoyo que se puede brindar desde estas áreas, consideramos que el Estado no le ha dado el peso necesario para una real solución de los problemas de las ERT. Percibimos que existe una desarticulación entre las áreas dedicadas a este tema, un incentivo económico limitado y ausencia de normativas que acompañen en esta dirección. En este sentido, el rol del Estado presenta incoherencias y contradicciones, por lo que su intervención no representa una solución acorde a las necesidades.
La articulación de experiencias
En 2007, de acuerdo a nuestro relevamiento, puede observarse que la articulación entre las ERT se mantiene, aunque quizás sea menos orgánica que en los momentos de conflicto. La mayoría de las empresas recuperadas de la CABA mantienen vínculos entre ellas, y un 43% declara conservar relaciones comerciales. Sin embargo, se le brinda una especial importancia a las relaciones solidarias u organizativas, vínculos que pueden pensarse como una estrategia para posicionarse frente al capital concentrado.
Al reflexionar en torno a esto, vemos que una de las modalidades que suelen reforzar la experiencia autogestiva se halla en la conformación de distintas formas organizativas colectivas. Algunas de ellas tomaron relevancia, en momentos de ocupación, desalojos y recuperación de empresas, por la necesidad de apoyo y asesoramiento dando lugar a una lucha en común, a una acción conjunta de reclamos hacia el Estado.
Esta articulación de experiencias se encuentra en varios movimientos que surgieron tanto al inicio como a lo largo del proceso. Además de los movimientos existentes al 2004 detallados en el anterior relevamiento (FECOOTRA; MNER; MNFRT) y ANTA, se conformaron durante 2007 FACTA y La Red Gráfica Cooperativa Ltda.
Entre estas articulaciones queremos destacar la experiencia de la Red Gráfica en tanto percibimos que presenta aspectos innovadores en el proceso autogestivo. Comprendiendo que las ERT se encuentran sometidas a la lógica del mercado, vemos que en este proceso de lucha se han generado innovaciones, es decir, ciertas modificaciones en sus dinámicas económicas y en sus procesos de producción que constituyen una fortaleza frente a la competencia capitalista. En este sentido, se rescata la experiencia de la Red Grafica, cuyos integrantes comenzaron estableciendo lazos solidarios y, en el año 2007, lograron oficializar esta vinculación. Está compuesta por las cooperativas Campichuelo, Chilavert, Patricios, Ferrograf, El Sol, Cogtal, Gráficos Asociados, Punto Gráfico, La Nueva Unión e Idelgraf , teniendo como objetivo gestionar conjuntamente para potenciarse en lo económico.
Se puede observar también la importancia de la tradición sindical de los gráficos al potenciar esta vinculación, que se manifiesta en el apoyo del sindicato a esta experiencia. Entre las ERT porteñas, sólo un 33% mantiene una relación sindical, porcentaje representado por cuatro ERT del área gráfica y una de transporte. La persistencia de la relación con el sindicato gráfico podría apoyarse en el peso que tiene el gremio en tanto construcción de identidad marcando la actual asociatividad entre los trabajadores del rubro.
Sin embargo, la presente situación laboral condujo a los trabajadores a nuevas vinculaciones, en las cuales no se enfrentan con sus patrones sino que se organizan, en el caso de la Red Gráfica, dentro del rubro para obtener ventajas competitivas, diferenciándose asimismo de las cámaras empresarias ya que esta lógica de articulación posee características cualitativamente diferentes.
Por medio del desarrollo conjunto de la comercialización, la gestión de los recursos humanos y tecnológicos, se apunta a un mejor posicionamiento en el mercado. Consideramos que estos vínculos manifiestan una experiencia de innovación que implica un sustento económico desde lo productivo y lo comercial, como así también en lo político, al posibilitar coordinar en conjunto procesos productivos, jurídicos y financieros. Dentro de las gestiones, podemos incluir la compra de materias primas (obteniendo mejores precios), la socialización de los clientes (de acuerdo a la especificidad productiva de cada cooperativa) y la adopción de estrategias de comercialización y difusión, sumado a la intención a futuro de constituirse como firma editorial y comercializadora.
Asimismo, en las ERT se han dado prácticas de innovación social amparadas desde vínculos construidos con la comunidad y con otras organizaciones sociales. Estas innovaciones se enmarcaron en la conformación de nuevas relaciones solidarias, que se contraponen totalmente a la racionalidad de las empresas capitalistas. Los cambios generados desde estas prácticas lograron sacar a las ERT de la lógica de la administración empresarial, encerrada en la acumulación y renovación del capital, transformando la imagen tradicional de la empresa, aislada de su comunidad, en un novedoso accionar que podemos entender a partir del concepto de “Fábrica Abierta” .
Una forma de apertura hacia la comunidad, supuso la utilización de espacios de las fábricas para actividades solidarias, entre las que pueden verse la conformación de distintos proyectos educativos. Un caso representativo es el de los bachilleratos populares de jóvenes y adultos implementados por la CEIP . En la Ciudad de Buenos Aires funcionan 4 bachilleratos, de los cuales 3 son de la modalidad de bachillerato popular (el de IMPA, Chilavert y Maderera Córdoba) impulsados por la CEIP, y el restante, en la Gráfica Patricios, es un escuela secundaria dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al cual la cooperativa le cede el uso de las instalaciones. El proyecto está destinado a los trabajadores y a jóvenes y adultos que han quedado excluidos del sistema tradicional de instrucción pública. En consecuencia con los destinatarios estos bachilleratos cuentan con diferentes regímenes de cursada en tres años de duración. A principios del 2008, los bachilleratos de la CEIP fueron reconocidos por el Gobierno de la CABA, logrando así que los títulos que otorguen sean oficiales. Estos proyectos, tienen como propósito la promoción en conjunto de una organización social escolar que estimule a conformar un ámbito de Enseñanza-Aprendizaje autogestionado.
También han funcionado en algunas ERT centros de salud, a través de convenios con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para ser utilizados por el personal de la empresa y la comunidad barrial.
Otra forma de inserción social, que le confirió cierta notoriedad a estas experiencias, se ha dado a través de la creación de centros culturales en los que se organizan espectáculos, talleres de diversas disciplinas, ciclos de música, galería de exposiciones artísticas, charlas y capacitaciones en general, etc. También se abren espacios con otros fines tales como encuentros de discusión política como es el caso del BAUEN, la Radio Gráfica que trasmite desde Cooperativa Patricios y el Centro de Documentación sobre Empresas Recuperadas que funciona en la Coop. Gráfica Chilavert, a cargo del Programa Facultad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.
Para finalizar, comprendemos que las innovaciones sociales se contraponen a la racionalidad económica capitalista, ya que en términos de costos y beneficios no maximizan las ganancias de la empresa pero sí representan un importante sustento para las experiencias, siendo elementos vitales que acompañan su resistencia y transformación. Podemos entenderlos como una forma de ampliar, además de legitimar socialmente, las instancias y los lugares de lucha.
Actualmente, en un contexto de crisis económica, vemos aparecer varios casos de lucha por la recuperación de empresas que cuentan con la ventaja del conocimiento de las experiencias anteriores. Los trabajadores vislumbran que es posible recuperar y poner a funcionar las unidades productivas desde la autogestión, y para ello cuentan con todo lo vivido en los años anteriores, los movimientos que los apoyan y las ERT que se encuentran en condiciones de aportar a las nuevas experiencias y potenciarlas. Con este plus se ven favorecidas estas nuevas recuperaciones: la posibilidad de contar con las experiencias de lucha y los años de producción autogestiva de las ERT fortalece a los trabajadores en conflicto.