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La manifestación del Comité de Desarrollo Campesino Codeca se sumó a las de las comunidades indígenas del departamento de Sololá y a la de los 48 Cantones de Totonicapán, quienes el lunes y martes último, respectivamente, bloquearon tramos carreteros de la Ruta Interamericana en rechazo a las decisiones del presidente sobre la Cicig y su comisionado.
Septiembre 12, 2018
Ciudadanos exigen renuncia del presidente de Guatemala Jimmy Morales
Además de la renuncia del mandatario, quien enfrenta un proceso de antejuicio por supuesta financiación electoral ilícita, también demandaron la salida de su Gabinete de Gobierno y de los 158 diputados al Congreso por considerarlos corruptos.
ACAN-EFE
Miles de campesinos exigieron este miércoles durante una marcha pacífica en la capital, la renuncia del presidente Jimmy Morales y la continuidad de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
Las columnas de manifestantes que salieron desde los cuatro puntos cardinales de ingreso a la ciudad convergieron en el centro histórico, pero no pudieron acceder al Congreso debido a las fuertes medidas de seguridad impuestas por la sesión solemne con motivo del 197 aniversario de la independencia de Guatemala de la corona española, que se conmemora el próximo sábado.
La protesta transcurrió con normalidad y ante la imposibilidad de llegar al Organismo Legislativo, los campesinos se concentraron en la Plaza de la Constitución, en las afueras del Palacio Nacional de la Cultura, donde continuaron con sus demandas.
“Fuera Jimmy” fue una de las principales consignas de los guatemaltecos convocados por el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) que llegaron a la capital desde diversas regiones del interior del país.
Además de la renuncia del jefe de Estado, quien enfrenta un proceso de antejuicio por supuesta financiación electoral ilícita en 2015, también demandaron la salida de su Gabinete de Gobierno y de los 158 diputados al Congreso por considerarlos corruptos.
Los campesinos expresaron su respaldo a la Cicig y a su comisionado, el jurista colombiano Iván Velásquez, quien tiene prohibido ingresar al territorio por decisión presidencial.
El pasado 31 de agosto Morales anunció que no renovará el mandato del organismo de las Naciones Unidas, al vencer el 3 de septiembre de 2019 y su argumento es que se ha convertido en un grupo paralelo similar a los que tiene que combatir y porque su jefe es una amenaza a la paz y la seguridad del país.
“La Cicig se queda”, “corruptos fuera”, “Exigimos la renuncia de Jimmy Morales”, “Exigimos el ingreso de Iván Velásquez”, decían algunas de las mantas de los manifestantes.
La organización campesina criticó la presencia de la Policía y los militares tanto en los alrededores del Congreso como en las afueras del Palacio Nacional de la Cultura. “Así protegen a los corruptos”, dijo.
La manifestación de Codeca se sumó a las de las comunidades indígenas del departamento de Sololá y a la de los 48 Cantones de Totonicapán, quienes el lunes y martes último, respectivamente, bloquearon tramos carreteros de la Ruta Interamericana en rechazo a las decisiones del presidente sobre la Cicig y su comisionado.
Aunque el mandatario ha aclarado que sus decisiones “no son personales” y que están apegadas a la legalidad, desde hace un año las relaciones entre él y el organismo de la ONU, pero principalmente con Velásquez, se enfriaron.
Esto a raíz, primero, de un proceso judicial contra José Manuel Morales y Samuel Morales, hijo y hermano del jefe de Estado, respectivamente, por un caso de corrupción y luego por un antejuicio en su contra por financiación electoral ilícita en 2015 que no prosperó en el Congreso.
De nuevo, el Organismo Legislativo tendrá en sus manos la decisión de levantar o no la inmunidad al presidente para que sea investigado por la posible comisión de ese delito.
La Cicig y la Fiscalía lo señalan de haber recibido más de un millón de dólares para la campaña electoral del 2015 que no reportó al Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Una comisión legislativa de cinco diputados, cuatro de ellos de oposición, realizan en la actualidad la investigación y deberán entregar al pleno del Parlamento su recomendación.
La Cicig se instaló en Guatemala en 2007 y al frente de Velásquez, desde 2015 ha desarticulado una decenas de estructuras criminales que tiene en prisión y procesados, entre otros, al expresidente Otto Pérez Molina, su vicepresidenta Roxana Baldetti, empresarios, diputados y exfuncionarios de Estado.
Durante un discurso pronunciado en el Congreso durante la sesión solemne por la independencia, Morales hizo un llamado a la unidad nacional y exhortó al pueblo a defender la soberanía.
Por su parte, el presidente del Organismo Legislativo, Álvaro Arzú, aseguró que “nadie se opone a la lucha contra la corrupción”, pero dijo que en su país se “están promoviendo escándalos sin fundamentos”, lo cual está dividiendo a la población.