Clajadep :: Red de divulgación e intercambios sobre autonomía y poder popular

24-01-2007
Aymaras de Chile, golpean la mesa
Ratificado: pozos del altiplano no se tocan

Leyla Noriega Zegarra
http://cna-aricaparinacota.blogspot.com

Literalmente les salió el tiro por la culata a la Comisión Infraestructura patrocinada por la Corporación de Desarrollo Arica Parinacota (CORDAP), al presentar a Eduardo Bitrán, ministro de Obras Públicas (MOP) la eventual explotación de los pozos altiplánicos como una de sus propuestas para resolver los problemas hídricos del territorio, ya que la autoridad desestimó públicamente dicha medida tras irrupción del Consejo Nacional Aymara (CNA) Arica Parinacota.

En la oportunidad la mesa técnica de la Comisión -integrada por agricultores del valle de Azapa, empresarios, académicos, autoridades de la Cordap y funcionarios de de la Municipalidad de Arica y el MOP-, sugirió la definición de fuentes de recursos subterráneos en el altiplano “considerando la plena participación de las comunidades indígenas y su cosmovisión”, según cita el documento de 17 acuerdos expuestos a la autoridad. No obstante, tan sólo la idea considerar nuevamente algún tipo de estudio o exploración de las reservas acuíferas del altiplano, está plenamente descartado desde el 2005 por el propio Ministerio quien desechó esa posibilidad después que las movilizaciones indígenas de la época evidenciaran el ecocidio inminente.

“El proyecto explotación de agua subterránea de los 10 pozos perforados en el Parque Nacional Lauca en el año 1992 avalado mediante un decreto presidencial, ha causado un daño irreparable a nuestro pueblo Aymara de las provincias de Parinacota, a causa de ello, en el año 2005 el Ministerio de Obras Publicas, de ese tiempo, comunica formalmente el desistimiento al Proyecto de Explotación de Pozos en el Parque Nacional Lauca”, expresó la Comisión Aymara de Defensa del Medio Ambiente, CADMA, que agrupa organizaciones y comunidades del territorio aymara de Parinacota, citando la resolución exenta fechada el 29 de marzo de 2005.

Por su parte el Consejo Nacional Aymara Provincia de Arica comuna de Arica y Camarones y la Comisión de Derecho Indígena de Arica y sus Organizaciones de Base agregaron en su declaración pública que “en el año 2004 quedo demostrado su inviabilidad de la explotación de los pozos, debido que pone en riesgo los ecosistemas, la flora y fauna del Parque Nacional Lauca, Reservas Nacional Las Vicuñas, y el Monumento Salar de Surire, teniendo presente la fragilidad de ese ecosistema que es único en el país. Además teniendo como experiencia la situación de la explotación de pozos de agua al interior de la provincia de Iquique, tales como Salar de coposa, Salar de Huasco, que han ocasionado un daño irreversible en los ecosistemas de los lugares mencionados y han afectado la sobrevivencia de las comunidades aymaras y la flora y fauna de esa zona”.

“Alentamos a que se privilegie la conservación y preservación del medio ambiente, teniendo presente que varias organizaciones publicas y privadas manifestaron sus reparos y cuestionamientos al Proyecto de la Explotación de los Pozos del Altiplano tales como CONAF, Universidades, ONG Ambientalistas, Organizaciones de Derechos humanos, Comunidades Aymaras de la Provincia de Arica y Parinacota, Sectores Sociales de Arica”.

Entonces ¿cuáles fueron las intenciones de la comisión, que contó con una mesa técnica, al poner el tema entre sus solicitudes al Gobierno? O ¿lisa y llanamente frases como: “considerando la plena participación de las comunidades indígenas y su cosmovisión”, que más de alguna vez hemos escuchado de organismos públicos y privados, sólo fue demagogia?

Para el Consejero Nacional Aymara de Putre hay un evidente desinterés y desconocimiento de los representantes del pueblo originario, recalcando que el Consejo Nacional Aymara de Mallkus y T’allas es mandatado como vocero del pueblo aymara por las bases indígenas según estatuto del CNA. “Nos tiene molestos en provincia Parinacota, comuna de Putre, en su gestión como presidente de la Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota en los temas de recurso hídrico, naturales y otros más, donde él toma los decisiones sin consultar; ni si quiera invita a los representantes Aymaras de la provincia Parinacota; sólo toma importancias a los agricultores de valle de Azapa y otros organizaciones que no nos representa a los Aymaras de Parinacota”.

“Ahora tengas tu política de trabajar con estas autoridades originarios en los temas que hay que abordar en nuestros provincias ARICA Y PARINACOTA no queremos más sorpresas como han pasado en estos años con usted en varias áreas que trabajas como presidente (CORDAP) y espero su comprensión a esta petición que hago llegar en tu calidad de presidente que tienes un respeto y también nosotros merecemos un respeto como autoridades originarias… ya estamos muy cansados con estos atropellos que está sucediendo en todos los años que hemos vivido, y si no se toma importancia a este consejero el pueblo AYMARA de Parinacota hará un manifestación fuerte y pacífica y no aceptaremos presencia de fuerza pública y presión de desalojar”.

En tanto, CNA provincia Arica añade que “lamentamos que ad portas del Bicentenario del Estado de Chile todavía no se reconozcan nuestros derechos como pueblo aymara, que no se recojan las recomendaciones del relator especial de asuntos indígenas Rodolfo Sthavenghagen, que la Política de Nuevo Trato a los pueblos indígenas sólo sea un saludo a la bandera sin voluntad política, además la Presidenta Bachelet en su discurso a los pueblos indígenas manifestó el respeto y la participación que tendrán los pueblos indígenas en su gobierno, situación que no se cumple en la práctica”.

“Seguiremos manifestando el rechazo a toda política que atente contra el Pueblo Aymara y los pueblos indígenas y a la preservación de los ecosistemas y tomaremos las acciones que se estime conveniente para impedir la violación de los derechos fundamentales como pueblo”, finalizó.

Leyla Noriega Zegarra es Periodista
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21-07-2007
La silenciosa disputa del territorio en Parinacota

Leyla Noriega Zegarra
Rebelión

Un alcalde encadenado dispuesto a la huelga de hambre, mujeres clamando justicia, autoridades al borde de los golpes…. En un “Todo vale” por la propiedad de la tierra, donde se enfrentan la legislación nacional con los derechos ancestrales no reconocidos en Chile.

Decir escandaloso, al parecer no sería una exageración. Al más puro estilo de protestas antiglobalizadoras, la autoridad comunal de Putre decidió encadenarse a las rejas de la Secretaria Regional de Planificación, oficina Arica. La mediática protesta fue por el rechazo al proyecto municipal de remodelación de la Escuela Internado de Ticnámar E-43, siendo suspendida la inversión por parte de la Serplac, puesto que existen litigios pendientes sobre el territorio.

En medio de la confusa situación, Francisco Humire, alcalde aymara, como él mismo se define, es acompañado por un grupo de ticnameño/as, quienes apoyando a la autoridad putreña, aseguraron que las diferencias sobre el futuro del pueblo tienen directa relación la propiedad del territorio.

Entonces el edil mostró fotocopias de títulos de los terrenos donde se ubica la escuela, demostrando a la opinión pública que la ejecución es viable, ya que es una propiedad privada, en este caso municipal, y no comunitaria y que por tanto, no estaría bajo la administración de la comunidad sucesorial territorial de Ticnámar. No obstante, el administrador pro indiviso, aclaró que ese supuesto título es posterior al de la comunidad sucesorial, por lo tanto, sería una superposición de título, aclarando que no se oponen a proyectos para el pueblo, sino que a estos documentos de dudosa procedencia.

¿Quién es quién?

En medio de la batahola de papeles legales e históricos, y detrás de “la noticia del día”, aparece la comunidad indígena aymara de Ticnámar, que reclama sus derechos sobre los territorios comunitarios, es decir, que se les reconozca legalmente su calidad de comuneros tal como los tribunales chilenos se la han concedido a los integrantes de la comunidad sucesorial.

Esta disputa no es reciente, ya el cronista local, Renato Aguirre* relató que “aunque sus tierras habían sido arrebatadas quién sabe con qué artilugios por los caucásicos, en 1758, el “común de indios del Pueblo Tignamar” le compra a un par de godos, “para todo el tiempo y por siempre jamás”, tres “guaicos de tierras” (cursos de ríos): Amachuma, Tumaya y Putawa. Como en 1903 seis comuneros protocolizan la compraventa y la inscriben como Escritura Pública en la Notaría de don Jovino Troncoso a nombre del delegado “y el común de indios del Pueblo de Ticnamar” (fojas 187 y Nº173), se configura una forma de posesión territorial que el capitalismo chileno no conoce: el ayllu. Para mayor abundamiento, en 1909 se inscribe la propiedad en el Conservador de Bienes Raíces y hasta se reinscribe la propiedad en 1944”.

Es así, entre tanta inscripción y reinscripción el Estado chileno en una evidente política de ‘desaymarización’, fue desarticulando las entidades territoriales originarias. Y figuras como “común de indios” no son descritos en legislación alguna.

Según la administración pro indivisa, al momento de regularizar la sucesión territorial, de acuerdo a antecedentes históricos –acreditación de parentesco, archivos parroquiales, etcétera- y legales –títulos de propiedad-, lograron comprobar que de los seis troncales que se decía existir en registros históricos, sólo cuatro eran originarios de la comunidad. Por tanto, de acuerdo al Código Civil chileno en relación a hacer efectiva la posesión de bienes de más de un propietario, los herederos de los territorios comunitarios son los descendientes de los cuatro comuneros. Siendo esta determinación últimamente zanjada en los tribunales chilenos.

No obstante, la Comunidad Indígena de Ticnámar, autoproclamados como descendientes del común de indios, dicen que ello/as también tiene derechos sobre los territorios comunitarios, ya que el documento colonial junto con mencionar a Diego Apaza -que habría sido alguna autoridad indígena en su momento-, están el “común de indios”, siendo válido su título también. Sumado a ello que la normativa ancestral reconocida por organismos internacionales atribuye la propiedad a los originarios, previos a la existencia de la república.

Cabe mencionar, que en demostrar quiénes son los “verdaderos” dueños del territorio, se han pasado décadas y décadas los ticnameño/as en distintas salas de la Corte de Apelaciones de Arica, significando inversiones millonarias en abogados para los litigantes, que en ocasiones ha marcado la diferencia entre uno y otro sector; como el acceso y manejo de la información, es decir, conocimiento y aplicación legal; cómo, cuándo y dónde recurrir para ejercer derechos.

Y aunque la administración de la sucesión territorial señaló que en su momento se les aviso a todos que regularicen sus títulos antes de hacer efectiva la herencia; la comunidad indígena negó que se les avisara directamente, es más aseguran que todas las acciones han sido entre cuatro paredes y ellos se han encontrado con las sorpresas en tribunales.

Ante tal escenario, el Estado pareciera “lavarse las manos”, cuando estos conflictos fueron generados justamente en el intento de chilenizar la propiedad indígena, quedando en evidencia la inexistente legislación nacional para este tipo de casos, que no son aislados, ya son conocidos los “enredos” por el SNASPE en Chungara y las carreteras en General Lagos.
Sólo consideremos los datos del Ministerio de Bienes Nacionales, que dicen que en la provincia de Parinacota, comuna de General Lagos, las tierras aymaras representan el 95% de la superficie comunal y en Putre, son el 45%. Mientras que en la provincia de Arica, comuna de Camarones, representan el 10%.

Por consiguiente, aunque para un sector, es posible reconstituir el territorio ancestral sabiendo usar la legalidad chilena actual y enfrentar al Estado con sus propias leyes; para otros es necesaria la ratificación de instrumentos internacionales, como el Convenio 169 OIT –que reconoce propiedad de territorios y recursos naturales a los pueblos indígenas, entre otros aspectos- y así reivindicar derechos ancestrales existentes previos a los estados y no supeditar a los indígenas a leyes de una nación impuesta.

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* En : http://www.infoarica.cl/renatoaguirre/27ticnamarchilenizacion.htm
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23-10-2009
Determinadas a exigir a la Presidenta acabar la explotación en el Tatio
“La Marcha de las Abuelas” inicia su último y decisivo tramo

Leyla Noriega Zegarra
Rebelión

Tras recibir el apoyo y hospitalidad de la ciudadanía de la Tercera y Cuarta regiones, Sonia y Amelia, continúan su silenciosa marcha por la carretera de Calama a Santiago por la defensa de los géiseres del Tatio.

Las dirigentas indígenas quisieron manifestar su total agradecimiento por el apoyo de los hermanos y hermanas de Caldera, Copiapó, Vallenar, La Serena, Ovalle, Pan de Azúcar, Salamanca e Illapel. “Nos recibieron, acogieron y comparte nuestros sentimientos”, aclararon las mujeres que desde la semana pasada iniciaron una insólita protesta, dejando sus territorios, trabajos y familias con la convicción de dar sus vidas si es necesario por el sagrado Tata Iu, que resguarda, protege y guía a las y los likanantay.

Con esa determinación de las loinas más cerca de las seis décadas de vida, no ha indiferente a la juventud que se inicia en la defensa de los derechos ambientales, indígenas y humanos en general, pues en este caminar Amelia Choque Mamani, quechua, y Sonia Ramos Chocobar, likanantay, se han sorprendido al recibir el aprecio de las nuevas generaciones. Situación que las impulsa mucho más para exigir a la Presidenta Michelle Bachelet Jeria que detenga absolutamente la intervención de la empresa Geotérmica del Norte en la explotación de los géiseres, que han causado un desequilibrio en el ecosistema de una de las bellezas naturales admirada mundialmente. “Queremos que la Presidenta nos reciba y entienda nuestro sentir”, apelaron.

“Ahora esperamos que nuestros hermanos que viven en Santiago nos apoyen o quienes deseen sumarse de otros lados que se adhieran a nuestra cruzada, porque esta lucha por la vida y el agua no es sólo de las pueblos andinos, sino que de toda la ciudadanía”, expresaron las abuelas marchantes.

Aclararon que no cuentan con apoyo de ninguna institución publica o privada, ni ONG nacional o extranjera, pues esta es una iniciativa de ellas mismas, autofinanciándose esta caminada, recursos que cubren sus gastos alimentarios fundamentalmente. Sin embargo, por el gran apoyo de las comunidades que a medida avanzan en su caminata solidarizan con su causa, han recibido hospedaje, servicios higiénicos y alimentación, además “de compartir experiencias, mucha fuerza y ánimo”, acotaron.

Mientras usted lee estas líneas, Sonia y Amelia, heroínas anónimas, están caminando con sus banderas en mano el último tramo de la “Marcha de las Abuelas”, a pocas horas de arribar en la capital de Chile.

Por Leyla Noriega Zegarra, periodista.

http://www.leylanoriega.blogspot.com
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21-01-2010
Indígenas interponen un recurso legal contra el Gobierno por la exploración minera en Catanave

Leyla Noriega Zegarra
Rebelión

Representantes de la Coordinadora Aymara de Defensa de los Recursos Naturales de Arica y Parinacota interpusieron un recurso de protección contra el Gobierno de Chile por no aplicar el derecho a consulta, participación y el consentimiento previo e informado, establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo –OIT-, en el proyecto de “Exploración Minera proyecto Catanave”, solicitada por la empresa transnacional Southern Copper Corporation – Agencia Chile, que se encuentra en calificación según el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en el marco de la Ley 19.300, Bases del Medio Ambiente.

La coordinadora aclara que el proceso de “participación ciudadana” dada por la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) en el marco de la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente, tiene carácter restrictivo y limitado para los pueblos originarios, y contraviene en gran medida el Derecho a Consultar a los pueblos indígenas cuando se apliquen medidas que les afecten directamente y esté en riesgo su existencia, integridad cultural y sus recursos naturales de subsistencia, establecido en el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales.

Asimismo el conglomerado de representantes indígena urbanos, rurales y sociedad civil, enfatiza que el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, es un tratado internacional de Derechos Humanos, cuyo carácter es vinculante con la legislación interna del país y tiene un rango constitucional, ratificado en el artículo quinto de la Constitución Política chilena que obliga al Estado a respetar y cumplir las normativas en la materia.

Por tanto, mediante la acción legal realizada en la Corte de Apelaciones de Arica, la Coordinadora solicita: la suspensión y/o revocación definitiva del proceso de participación que establece la ley 19 por contradecir en particular al Convenio 169 de la OIT; la anulación de la concesión de exploración minera en el territorio de la Reserva Nacional Las Vicuñas, ya que esta se concedió sin contar con la consulta y consentimiento a las comunidades indígenas directamente afectadas. Y toda medida que tenga por objeto reestablecer el debido imperio del derecho de los afectados, principalmente tomando en consideración los principios cautelares, precautorios y de irreversibilidad del daño ambiental que se pretende causar en la Reserva Nacional de la Vicuñas, con costas.

NORMATIVAS VULNERADAS

Según el recurso interpuesto por el referente aymara, el proceso de participación ciudadana del proyecto Catanave, efectuado el 6 de enero de 2010 en Putre, vulnera el derecho establecido en el Convenio 169 de la OIT en sus articulados 6, 7 y 15, donde se establece que antes de emprender cualquier actividad de exploración o explotación de minerales y/u otros recursos naturales que se encuentren en las tierras o territorios indígenas de debe consultar al Pueblo Indígena, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados y en que medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras.

Como indica el instrumento internacional, los Estados tienen la obligación de consultar a los pueblos indígenas, más aún cuando se pone en riesgo la subsistencia, integridad cultural y existencia de las comunidades directamente e indirectamente afectadas, además del riesgo de la contaminación de su territorio y el uso de sus recursos naturales no renovables.

“Este derecho a la consulta se encuentra amparado en los instrumentos internacionales contenidos en la Convención de la Erradicación de la Discriminación y Racismo, En la Convención de los Derechos del Niño, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y además en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”, añaden en el recurso de protección.

Es más, la Coordinadora indica que el proceso de participación dada por la Conama en del marco de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, contraviene los artículos 12, 13 y el articulo 34 de la Ley 19.253, Ley Indígena, en razón de la protección otorgada por normativa a la propiedad y posesión que tienen los pueblos indígenas sobre tierras ancestrales, además de la obligación legal que se hace para que en estas materias de alto impacto se consulte a las organizaciones indígenas.

Además, el proyecto minero “Catanave” se desarrollaría ubicado a 15 kilómetros de la localidad Tignamar, comuna de Putre, provincia de Parinacota, al interior de la Reserva Nacional de Las Vicuñas, que forma parte del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado (SNASPE). Es decir, la exploración es solicitada en territorio indígena y ancestral amparados por la Ley Indígena, y protegido por las normas del SNASPE, y por los artículos referidos al derecho a la vida, a vivir en un ambiente libre de contaminación, ambos contenidos en el articulo 19 de la Constitución Política de la Republica.

“La autoridad nacional no ha considerado el Convenio 169 de la OIT, en lo que respecta a la consulta, participación y consentimiento. De esta forma el gobierno ha restringido las obligaciones de respeto, protección y garantía establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 1 de la Constitución Política del Estado, que establece como deber del estado la adopción de las medidas de participación que aseguren la mayor realización de los grupos intermedios en el país, más cuando se trata de una nación indígena, en territorio ancestral protegido por leyes nacionales e internacionales”, argumenta la Coordinadora.

Cabe destacar también que sin la participación de los afectados en un proyecto con intervención de alto impacto ambiental, probablemente irreversible, no se cautelan los derechos garantizados por la Convención sobre Diversidad Biológica, suscrita y ratificada por Chile, cuya finalidad es establecer la conservación de la diversidad biológica del territorio indígena que se pretende intervenir, teniendo presente que es una Reserva Nacional de las Vicuñas.

Del mismo modo, la orgánica indígena agrega que “es importante mencionar que este proyecto minero viola la obligación de prevenir y cautelar la integridad ambiental consagrada en la convención de Biodiversidad de Río”.

Finalmente la Coordinadora Aymara de Defensa de los Recursos Naturales recuerda a la opinión pública en general que la empresa de capitales norteamericanos, Southern Copper Corporation, fue condenada por el Tribunal Internacional del Agua en el año 1992, acusada de inminente ecocidio producido por medio siglo en el sur del Perú (Ilo) tras extraer aguas de alta calidad de las cuencas altoandinas, con impactos negativos, afectando la disponibilidad de agua para uso domestico y agrícola; además de descargar relaves al mar destruyendo el cauce del río Locumba y la Bahía de Ite, ecosistema que perdieron su diversidad biológica.
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23-01-2015
Arica: Aymaras, quechuas y mapuche queman simbólicamente Decreto que regula la consulta indígena

Leyla Noriega Zegarra
Rebelión

Durante la jornada de ayer representantes de los Pueblos Aymara, Quechua y Mapuche, ingresaron a la seremi de Desarrollo Social en Arica para hacer entrega de una carta donde manifiestan el rechazo al proceso de consulta previa indígena para la creación del Ministerio de Asuntos Indìgenas.

Con el propósito de expresar el rechazo al proceso de consulta previa indígena para la creación del Ministerio de Asuntos Indìgenas y Consejo de Pueblos, hoy representantes de los Pueblos Aymara, Quechua y Mapuche, ingresaron a la seremi de Desarrollo Social en Arica.
Las y los manifestantes, tras entregar una carta, exigen al seremi de Desarrollo Social Julio Verdejo, una reunión inmediata para establecer una instancia diálogo con las organizaciones indígenas de la comuna de Arica respecto de las propuestas generadas por la Asamblea, como una señal de la buena fe que debiera regir sus acciones, y garantizando la efectividad de la participación de los pueblos indígenas en el proceso.

De acuerdo al comunicado emanado por la Comisión Técnica de la Asamblea Autoconvocada de Organizaciones de los Pueblos Aymara, Quechua y Mapuche: “el lunes 19 de enero, a través de medios de comunicación, nos hemos enterado que el Sr. Julio Verdejo, SEREMI de Desarrollo Social, anunció el “cierre exitoso” del proceso, señalando que con esto “se cumple con las obligaciones internacionales suscritas por nuestro país en torno a la participación de los pueblos indígenas en aquellas decisiones del Estado que los involucren”.

Cabe destaca que desde el 3 de septiembre de 2014, la seremi de Desarrollo Social dio inicio en la Región de Arica y Parinacota a la “Consulta Indígena”. “En esa ocasión, las organizaciones manifestamos nuestra oposición a que este proceso se llevara a cabo según las regulaciones establecidas en el Decreto Supremo № 66 de 2013, que no garantiza el derecho a la consulta, según los estándares del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Recordamos que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en su informe anual presentado el mes de diciembre recomendó al gobierno derogar esta normativa, así como Decreto Supremo № 40, que regula consulta a los pueblos indígenas en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Por ello, exigimos a la autoridad su inmediata derogación, como muestra de la buena fe del actuar del gobierno”, argumentaron.

En horas de la tarde, las y los manifestantes señalaron a Verdejo que exponga ante la asamblea, cita que se materializará el miercoles 28 de enero. Finalmente las personas se retiraron de las dependiencias institucional “quemando” simbólicamente los Decretos Supremos 66 y 40, instrumentos que regulan la consulta indígena en Chile.