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La expansión del modelo de agronegocios

Hay investigaciones en diversas partes del mundo y son muy serias […]. Las empresas y sus periodistas empleados descalifican una investigación, pero al mismo tiempo no escuchan la catarata de cuadros médicos palpables en las zonas sojeras; las provincias están plagadas de víctimas de agrotóxicos, pero ahí los diarios no quieren llegar, y mucho menos las empresas responsables. No entiendo por qué mi relato tiene más importancia que el de las Madres de Ituzaingó (barrio de las afueras de Córdoba, emblema de la contaminación con agroquímicos). Los médicos de las provincias están desde hace años denunciando, los campesinos y las barriadas urbanas también. Y queda todo silenciado […]. Desde el punto de vista ecotoxicológico, lo que sucede en Argentina es casi un experimento masivo.
Andrés Carrasco, doctor en Medicina, investigador del Conicet (Entrevista, Página 12, 3 de mayo de 2009)
La fase de latencia de las amenazas del riesgo llega a su fin. Los peligros se vuelven visibles. Los daños y destrucciones ya no se consuman solamente fuera de la experiencia personal en la esfera física, química o biológica de las cadenas de efectos, sino que cada vez saltan con mayor claridad a la vista, al oído, al olfato. […] El final de la latencia tiene dos caras: el riesgo mismo y su percepción (pública). Nunca queda claro si los riesgos se han intensificado o nuestra visión sobre ellos. Ambos aspectos convergen, se condicionan y se fortalecen mutuamente, y porque los riesgos son riesgos en el conocimiento, los riesgos y su percepción no son cosas diferentes sino una y una misma cosa. Ulrich Beck, La sociedad del riesgo
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Introducción
En la Argentina existe una vasta y rica literatura que da cuenta de la emergencia de un nuevo modelo agrario. En razón de ello se utilizan categorías como “nuevas tramas productivas”, “nueva dinámica rural”, “ruralidad globalizada”, “nuevo paradigma agrario”, “nuevo modelo tecnológico”, “modelo sojero” y “modelo de agronegocios”. Este nuevo modelo, que se caracteriza por el uso intensivo de biotecnologías, de acuerdo a estándares internacionales (semillas transgénicas a través de la siembra directa), ha colocado a la Argentina como uno de los grandes exportadores mundiales de cultivos transgénicos. Dichas innovaciones implicaron un gran desarrollo del sector agroalimentario y un salto en la escala de producción, incrementando notoriamente su peso relativo en las exportaciones y la economía argentina.
Su vertiginosa expansión implicó una reestructuración global del sistema agrario tradicional, que ya arrastraba una fuerte crisis, agravada por la política excluyente de los años noventa. Este modelo agrario se extendió no solo en la región pampeana, sino también en las llamadas áreas marginales, esto es, en el norte y litoral del país, ocupando en la actualidad unos 20 millones de ha de las 33 millones de ha sembradas, de las cuales el 90% está dedicado a la soja. La rentabilidad del sector agroalimentario se vio favorecida por la salida de la convertibilidad (gracias a la devaluación de la moneda local), así como por el boom de los precios internacionales de productos primarios.
En el presente capítulo no nos proponemos realizar un análisis integral del modelo de agronegocios, algo que, por otro lado, más allá de las controversias, ha sido y es objeto de estudio pormenorizado de diversas disciplinas.1 Ciertamente, siguiendo varios de esos estudios, en una primera parte, haremos una presentación de los rasgos más generales del modelo. En la segunda parte nos interesa indagar el modo en que el modelo de agronegocios impactó sobre los contornos del mundo chacarero y el mundo campesino-indígena, deteniéndonos en la cuestión de la expansión de la
1 Entre otros estudios, hay que citar los trabajos pioneros del Grupo de Reflexión Rural (GRR), así como aquellos realizados por el equipo dirigido por Norma Giarraca y Miguel Teubal, de la Universidad de Buenos Aires, quienes a través de diferentes investigaciones han ido desarrollando una cartografía exhaustiva del mundo del agronegocios y los conflictos por la tierra. Otra línea interesante de trabajo, que aporta una visión integral sobre el modelo del agronegocios en la Argentina, es la que han seguido Carla Gras y Valeria Hernández y su equipo de investigación del Conicet.
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frontera de explotación de la soja y sus impactos, a través del aumento de la criminalización y de asesinatos a campesinos e indígenas. En la tercera y última parte abordaremos uno de los temas más silenciados y denegados desde el discurso empresarial y gubernamental referido al impacto sociosanitario del modelo de agronegocios.
El devenir-soja de la Argentina
Partimos de la idea de que, a diferencia del modelo minero, el de agronegocios presenta una mayor complejidad, debido a su capacidad relativa para articular actores sociales y económicos diferentes, así como también por la red de empleos y servicios generada en torno al mismo. Esta complejidad en la trama socioeconómica no puede atenuar ni obturar, sin embargo, el necesario análisis crítico que requieren tres cuestiones fundamentales e indiscutibles que hoy caracterizan el modelo de agronegocios. En primer lugar, la orientación a la exportación, a la producción de commodities, a la gran escala y al monocultivo; elementos que habilitan la incorporación del actual modelo de agronegocios que impera en nuestro país en lo que hemos denominado la lógica del extractivismo. En segundo lugar, la búsqueda de mayor rentabilidad por parte de los actores involucrados en el modelo, sobre todo a través del monocultivo de la soja, lo que tiene como correlato la tendencia al acaparamiento de la tierra y la expansión de la frontera agraria, fenómeno que explica la mayor deforestación, la pérdida de biodiversidad, la expulsión de campesinos e indígenas y, en el límite, el notorio incremento de la criminalización y los asesinatos de campesinos e indígenas. En tercer lugar, los impactos sociosanitarios de la utilización masiva e intensiva de glifosato, a través de las fumigaciones, los que se tornan cada vez más visibles en el corazón mismo de las provincias sojeras. Son fundamentalmente estos aspectos los que explican por qué el modelo de agronegocios es visto por gran parte de las organizaciones sociales y ambientales y movimientos sociales críticos, como un modelo de maldesarrollo, que no solo recrea bajo lógicas excluyentes una nueva dinámica de ganadores y perdedores, sino que delata en el mediano plazo su insustentabilidad social y ambiental.
Según Gras y Hernández (2013), las características actuales del modelo de agronegocios –que por supuesto incluye, además de la soja, otros cultivos transgénicos como maíz, girasol, algodón y otros–, serían las siguientes: transectorialidad (integración vertical y horizontal); priorización de
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la producción para la exportación; intensificación del papel del capital (y creciente peso del capital financiero) en los procesos productivos agrarios; estandarización de las tecnologías utilizadas; y acaparamiento de tierras para producción a gran escala.2
El nuevo modelo agrario cuenta con diferentes actores. Mientras que en el sector semillero encontramos a las grandes empresas multinacionales del sector (como Monsanto, Syngenta y Cargill) y unos pocos grandes grupos económicos locales, en el circuito de producción surgieron otros actores económicos, entre ellos los “terceristas” (que cuentan con el equipamiento tecnológico), los “contratistas” (suerte de “productores sin tierra”, entre los que se incluyen actores extraagrarios como los pools de siembra y los fondos de inversión) y, finalmente, los pequeños y medianos propietarios (parte de los cuales se convirtieron en rentistas, alquilando sus propiedades para el cultivo de la soja). Por otro lado, la expansión del modelo de agronegocios produjo el surgimiento de organizaciones empresariales vinculadas al sector agroindustrial, entre las que destacan la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID) y la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA), así como organizaciones por cadenas de producción como Maizar (maíz), ACSOJA (soja), AAGIR (girasol), ArgenTrigo (trigo) y ACTA (Asociación de Cámaras de Tecnología), en las que están nucleados –entre otros– proveedores de fertilizantes, agroquímicos y semillas. Estas últimas, a diferencia de las tradicionales Sociedad Rural Argentina (SRA), Federación Agraria Argentina (FAA) o Confederación Intercooperativa Agropecuaria (ConInAgro), presentan una integración vertical que abarca desde la producción primaria hasta sectores de servicios ligados a la nueva trama productiva.
Sin embargo, desde los inicios, la concentración económica ha sido uno de los rasgos propios del modelo de agronegocios. Así, mientras Monsanto controla el 90% del mercado de semillas transgénicas, Novartis es la primera empresa agroquímica a nivel mundial. En el escenario local, desde el proceso de liberalización, apertura y desregulación iniciado en 1996, en la época del “menemato”, cuando Felipe Solá se encontraba al frente de la Secretaría de Agricultura, se abrieron nuevas oportunidades para las grandes empresas, lo que favoreció la concentración en términos horizontales
2 De 30 000 ha implantadas con soja en el país en 1969-1970, pasamos a más de 18 millones de ha en la campaña 2011-2012, según se señala oficialmente en el Sistema Integrado de Información Agropecuaria, .
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y verticales. Así, por ejemplo, el 90% de la venta de aceite refinado de girasol está en manos de seis empresas, lideradas por Molinos Río de La Plata, Aceitera Deheza y Cargill (López Monja, Poth y Perelmuter, 2010: 131).
Cierto es que la crisis de los años ochenta y noventa había afectado mucho al tradicional mundo agrario, pero el cambio de paradigma realizado a fines de la década menemista conllevó transformaciones mayores. Así, en el período 1960-1988 desaparecieron 51 000 explotaciones agropecuarias, 1800 por año; entre los censos de 1988 y 2002 –en la era neoliberal–, desaparecieron 87 000, esto es, 6263 explotaciones por año. Los establecimientos que desaparecen son fundamentalmente los que tienen superficies por debajo de las 200 ha. Posteriormente, la expansión del nuevo modelo agrario se tradujo en la disminución del número de explotaciones y la reducción de mano de obra. Según el Grupo de Estudios Rurales (2004: 112), las técnicas de siembra directa impactaron fuertemente en el uso de la mano de obra, que disminuyó entre un 28% y un 37%, lo cual generó un fuerte éxodo de la población rural hacia las ciudades. Asimismo, los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) confirman la concentración de tierras: el 2% de las explotaciones agropecuarias representa el 50% de la tierra, mientras que el 57% de las explotaciones agropecuarias (las más pequeñas) tienen solo el 3% (citado en Aranda, 2013). La mutación y reconfiguración del sector contribuyó a crear un modelo de “agricultura sin agricultores”, como subrayan tantos especialistas en el tema.
Por otro lado, la emergencia de una nueva configuración social también debe ser leída en términos de cambio profundo en las subjetividades y actitudes de los sujetos. Así, para algunos especialistas, el agronegocios aparece vinculado a un nuevo tipo de empresario rural, “más de tipo schumpeteriano”, que asocia las modernas tecnologías con la búsqueda de nuevos nichos de mercado (Bisang, 2003). Cierto es que sobre este nuevo actor ha habido un fabuloso trabajo de instalación/reinvención identitaria, realizado de manera interesada por instituciones del sector, a través de los suplementos rurales de los principales diarios argentinos, por el INTA, en fin, por intelectuales orgánicos y profesores universitarios, entre los cuales se destaca el ingeniero Héctor Huergo, quien desde el suplemento de Clarín Rural realizó una intensa propaganda, promoviendo “la segunda revolución de las Pampas” (véase la entrevista en Santucho, Genoud, Bercovich y Schaibengraf, 2013).
En opinión de Gras y Hernández (2009), dos autoras que han profundizado en el “nuevo ethos empresarial” del mundo de los agronegocios, el “empresario innovador” ya no se identificaría con el productor, menos aun
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con el agricultor tradicional, sino con un estilo y una cultura gerencial basada en la flexibilidad y la polivalencia cognitiva, propia del management moderno, orientada a la economía global. En un extremo, el arquetipo de este modelo sería el exitoso empresario argentino Gustavo Grobocopatel, quien sostuvo en innumerables oportunidades ser un “sin tierras”, afirmando con ello que la rentabilidad está ligada más a un conjunto de operaciones que a la capitalización en tierras.3 Más allá del desafío o el cinismo que trasunta la frase del empresario, estudios más recientes dan cuenta del carácter mistificador de este discurso, al sostener que, contrariamente a lo que afirman ciertos gurúes locales, “el factor clásico de la propiedad de la tierra vuelve a ocupar el centro de la escena a través del fenómeno del acaparamiento, alarmando a expertos de la FAO y a numerosas ONG e instituciones agrarias de los países del Sur” (Gras y Hernández, 2013).
Mundos agrarios: entre la reconfiguración y la exclusión
El ocaso del mundo chacarero
El pasaje dramático de un paradigma agrario a otro muestra una Argentina que ha ido perdiendo diversidad, al compás del avance del mundo del agronegocios y el monocultivo de la soja. En líneas generales, podríamos
3 Queda igualmente pendiente la pregunta acerca de cuán generalizable es este nuevo tipo de actor. Dicho de otro modo, ¿hasta qué punto no estamos frente a un tipo ideal, cuyo minucioso proceso de construcción ideológico-identitario está lejos de ser representativo del tipo social medio? ¿Cuántos Grobocopatel hay en el agro argentino que se jactan de ser los nuevos empresarios rurales vinculados a redes de poder global? Pensemos en el multimediático Alfredo de Angelis, quien fuera miembro de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, connotado dirigente agrarista durante el conflicto entre el gobierno y las patronales agrarias, y ahora senador nacional por el partido Propuesta Republicana (PRO), quien ofrece un estilo muy diferente, a través de sus modales campechanos, su lenguaje crudo, más ligado a la “antigua” Argentina agraria, pese a su claro pragmatismo político. ¿Podríamos decir que De Angelis refleja el nuevo modelo de empresario rural, en términos subjetivos? ¿El énfasis de lo nuevo, no estará ocultando, en este caso, la presencia siempre relevante de elementos identitarios persistentes, que lejos están de ser residuales? Bien podría afirmarse que, desde la perspectiva política, De Angelis es tan representativo del nuevo modelo, como Grobocopatel lo es desde la perspectiva económica.
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decir que en la Argentina existen por lo menos tres universos agrarios: el mundo claramente hegemónico del agronegocios; el mundo chacarero en sus diferentes declinaciones; en fin, el históricamente marginalizado mundo campesino-indígena. Las lógicas de estos mundos agrarios son ciertamente diferentes, hasta contrastantes, así como la densidad, la extensión y las relaciones de asimetría instaladas entre ellos.4
Efectivamente, una de las problemáticas de las últimas décadas ha sido la desestabilización y el ocaso del mundo chacarero pampeano (vinculado a la agricultura y la ganadería), caracterizado por una diferente organización del trabajo y la producción, así como por otro sistema de valoraciones y disposiciones psicológicas, respecto del actual modelo de agronegocios. Según Muzlera (2009) estas diferencias no suponen una oposición entre lo tradicional y lo moderno, sino más bien un desplazamiento de un modelo de agricultura familiar por el modelo del management; el de una “agricultura con agricultores” a otra caracterizada como una “agricultura sin agricultores”. Esto se ve complementado a través del reemplazo de la cultura del esfuerzo por la cultura de la eficiencia como valor-emblema del nuevo modelo, en el que, además, la tierra no es entendida como valor o patrimonio familiar, sino como una mercancía.
Este proceso de mutación y desgarramiento de las identidades se expresó también en los diferentes posicionamientos asumidos por la FAA, que tuvieron un antes y un después a partir del conflicto desatado entre el agro y el gobierno kirchnerista. Así, en tanto organización gremial, la FAA fue actor y testigo de las actuales transformaciones que conllevaron el ocaso del mundo chacarero que ella representaba. Con anterioridad a 2008, la FAA había adoptado una posición más ambigua, en la que se filtraba un discurso crítico del modelo de agronegocios. En 2005, su presidente, Eduardo Buzzi, llegó incluso a hablar de la naturaleza extractiva del modelo sojero. Ese año, el eje del Congreso Nacional y Latinoamericano de Uso y Tenencia de la Tierra fue la concentración de tierras y el despojo de quienes la trabajan, como consecuencia del agronegocio. El carácter extractivo del modelo sojero aparecía subrayado principalmente en referencia a dos
4 En los años setenta, Archetti y Stölen propusieron una clasificación en “tres grandes tipos de economía agraria: campesina, farmer (familiar capitalizado, chacarero) y capitalista, a partir de dos criterios: tipo de fuerza de trabajo utilizada y acumulación de capital. […] Aunque la explotación capitalista acumule capital, se diferencia de la del farmer en que, en el proceso productivo, la fuerza de trabajo es asalariada. Por lo tanto, habría cuatro clases sociales: campesinos, farmers, proletarios rurales y capitalistas” (Archetti y Stölen, 1975: 86).
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aspectos: por un lado, las ganancias ilegítimas de grandes grupos (pooles, fideicomisos) y la enajenación del trabajo de décadas de los chacareros; y por otro lado, el despoblamiento rural como consecuencia de la expulsión de la explotación familiar que arraigaba población “a la hora de reflexionar sobre la tierra, vale pensar ya no en la necesidad de democratizarla sino de defender también la integridad territorial” (Federación Agraria Argentina, 2005).5
En consonancia con ello, durante diez años la FAA fue el principal impulsor de la sanción de una nueva ley de tierras, con la que se buscaba limitar la extranjerización y regular los arrendamientos (una de las principales exigencias de los pequeños y medianos productores), así como acotar el rol de los pools de siembra. Los principales puntos de debate que incluía esta propuesta consistían en poner límite a las extensiones que se pudieran alquilar y al tiempo del arrendamiento, así como establecer un posible tope al precio e incluir la rotación de cultivos obligatoria por ley.6 La Ley de Tierras fue finalmente sancionada por el Congreso de la Nación en 2011, pero sin contemplar el tema de los arrendamientos.7
De modo inédito, en 2008, durante el conflicto entre el campo y el gobierno kirchnerista, la FAA participó activamente de la Mesa de Enlace con las otras organizaciones patronales (SRA, Confederaciones Rurales Argentinas –CRA– y ConInAgro), sosteniendo las demandas de un conjunto de actores que se oponían al aumento de las rentenciones al sector. Lejos de rechazar el nuevo modelo agrario, la FAA buscaba en aquella puja con el gobierno nacional desarrollar una mejor inserción dentro del mismo, para obtener mayor rentabilidad. De modo que el año 2008 señaló un “fin de ciclo” para las aspiraciones críticas de la FAA, que además, a partir de ello, se insertó decididamente en el campo político de la oposición al oficialismo.
5 Agradecemos el comentario y la fuente bibliográfica aportada por Carla Gras.
6 Como afirman Murmis y Murmis (2010): “Los dos polos del debate representan a los dos modelos de arrendatarios existentes: los arrendatarios tradicionales chicos en contraposición con los llamados pools y empresas agropecuarias modernas que arriendan grandes extensiones y, con mayor poder de mercado, presionan hacia arriba los precios de los arrendamientos e introducen una competencia que pone en desventaja a los medianos y pequeños. Los intereses de los propietarios (quienes dan en arrendamiento sus tierras) estarían más alineados con los de los grandes arrendatarios”.
7 Tratamos el tema de la nueva Ley de Tierras en el capítulo 6.
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El conflicto entre el gobierno y las patronales agrarias
La continuidad en términos de orientaciones y estilo del gobierno kirchnerista se vio cuestionada por un conflicto que se abrió en marzo de 2008 y cuya evolución y desenlace, cuatro meses más tarde, significaron un rudo golpe para el nuevo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Recordemos que a fines de 2007 la nueva presidenta aumentó las retenciones8 de las exportaciones de la producción minera, los hidrocarburos y los productos agrícolas (entre ellos, la soja transgénica), elevándolas a un 35%. Poco después, en marzo de 2008, fijó retenciones móviles (dependientes de los precios internacionales) y anunció un nuevo aumento para el agro, de 44%, sin discriminar entre pequeños y grandes productores. Estas medidas, poco explicadas a la población, generaron un crudo enfrentamiento entre el gobierno y los diferentes sectores organizados del campo. De manera inédita, el frente agrario contrario a las retenciones sumó tanto a las grandes organizaciones rurales –entre ellas, la tradicional SRA, la CRA y ConInAgro– como a los representantes de los pequeños y medianos productores –la FAA–. Durante cuatro meses, estos actores llevaron a cabo conjuntamente una serie de bloqueos de rutas, que dejaron al país al borde del desabastecimiento, en un conflicto que polarizó dramáticamente a la sociedad argentina. Las clases medias urbanas aportaron nuevas dimensiones políticas al conflicto a través de los numerosos “cacerolazos” realizados en apoyo a los reclamos agrarios, en los que no estuvieron exentos ni las cuestiones de orden racista y clasista (el rechazo visceral al peronismo, asociado tradicionalmente a los sectores populares), ni tampoco las demandas institucionales (la distribución del poder político, concentrado en el “matrimonio presidencial” y un pequeño grupo de colaboradores).
Por su parte, la escalada vertiginosa del conflicto mostró la escasa flexibilidad y apertura del nuevo gobierno conducido por Cristina Fernández de Kirchner, lo que se tradujo en una inesperada crisis que se haría tanto más visible en las elecciones legislativas de 2009, cuando el oficialismo perdió la mayoría en ambas cámaras. En este contexto, el ex presidente
8 Cabe mencionar aquí que las retenciones a las exportaciones agrícolas-ganaderas son un instrumento del Estado que existe desde los años cincuenta, y solo fueron suspendidas bajo el gobierno de Carlos Menem, para ser reestablecidas por Eduardo Duhalde, en 2002, en medio de la crisis argentina y en un contexto de gran rentabilidad para los sectores exportadores. El aumento de las retenciones agrícolas por parte de Cristina Fernández de Kirchner tenía entre sus objetivos el de frenar la inflación, neutralizando el posible acoplamiento entre los precios internacionales de los alimentos y los precios del mercado interno.
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Néstor Kirchner asumió nuevamente un fuerte protagonismo político, dando origen a la hipótesis del “doble comando” en el poder. Asimismo, los sectores aliados al oficialismo no dudaron en leer el conflicto en clave latinoamericana, esto es, en el marco de una supuesta polarización entre la derecha oligárquica y un gobierno populista. En realidad, como señalamos en la “Introducción” de este libro, tanto el gobierno de Néstor Kirchner como el de Cristina Fernández han venido apoyando con diferentes medidas a los sectores más concentrados de la agroindustria, haciendo gala una vez más de un doble discurso, ya que a medida que el conflicto se agravaba, tendieron a enfatizar el carácter popular de la resolución, asociando las retenciones no solo a la necesidad de la contención de los precios internos, sino también a la posibilidad misma de desarrollar una política de redistribución económica. Como afirma Claudio Katz (2008),
Los Kirchner estimularon la comercialización privada que generan los grandes lucros del agro-negocio. Mientras atacaban verbalmente esa intermediación pusieron en marcha la re-privatización de ocho corredores de rutas, a favor de seis concesionarios que administran el peaje sin realizar ninguna inversión. También apadrinaron durante años a los pools de siembra que cuestionaron durante la crisis, manteniendo una legislación financiera que asegura la capacidad de estas compañías para operar en gran escala y negociar con ventaja alquileres e insumos.

A fines de junio de 2008, en un contexto de agravamiento de la crisis, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner debió transferir al Parlamento la difícil tarea de decidir acerca del futuro de las retenciones móviles al agro. Finalmente, la resolución fue rechazada desde la Cámara Alta gracias al quiebre del bloque de los senadores oficialistas, y al decisivo voto “no positivo” del vicepresidente de la Nación, Julio Cobos.
Con todas sus limitaciones y virulencias, el conflicto sirvió para difundir por primera vez en la sociedad argentina ciertos temas. Así, por un lado, gran parte de los sectores urbanos pudieron asomarse y advertir cuán grandes y profundas habían sido las transformaciones que sacudieron el mapa agrario argentino en las últimas décadas. Más allá del uso genérico e ideológicamente interesado del término “campo”, más allá de la evidente tendencia a la concentración, la Argentina urbana pudo comprobar la heterogeneidad de los actores que componen el modelo agrario. Es importante subrayar que, en su mayoría, los cortes de ruta que se multiplicaron en el país fueron sostenidos por asambleas de autoconvocados, compuestas por pequeños productores, cuyo perfil se ha visto transformado gracias al nuevo modelo.
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El conflicto, que transitó por vías políticas inesperadas, activó la discusión pública acerca de la redistribución de la riqueza y la persistencia de las desigualdades, algo inimaginable poco tiempo atrás, interpelando al conjunto de la sociedad y sus diferentes voceros (partidos políticos, movimientos sociales, intelectuales, universidades, actores corporativos). Asimismo, el conflicto supo evidenciar los puntos ciegos del nuevo paradigma agrario, al abrir una ventana de oportunidad política para hablar de la situación de los excluidos del modelo sojero, esto es, de los movimientos campesinos e indígenas, que desde hace años sufren el desplazamiento de sus tierras a causa de los desmontes y las plantaciones de cultivos transgénicos, en especial en las provincias del norte argentino. Por último, las intensas movilizaciones y acciones de lucha, sostenidas especialmente por los pequeños productores autoconvocados, mostraron las peligrosas dimensiones de un discurso corporativo y altamente pragmático, a la vez compatible con la forma asamblea, clave de bóveda de los nuevos movimientos sociales, y su refuncionalización de acuerdo a las lógicas de poder de las clases dominantes.
En suma, el conflicto sirvió para instalar en la escena política un conjunto de actores, hoy central para la economía argentina, asociado al nuevo paradigma agrario, defensores a ultranza del modelo, al tiempo que terminó por configurar un nuevo escenario que impulsó una redefinicion del modelo kirchnerista en clave de binarismo, polarización ideológica y exacerbación populista (véase Svampa, 2011c).
Movimiento campesino-indígena y kirchnerismo
Las campañas en defensa de la ecología movilizan cada vez más población comprometida contra las políticas de devastación, pero aún no logran instalarse en las agendas de los partidos o de los gobiernos. Mientras tanto, los movimientos campesinos se debaten en la confusión y fluctúan entre el creciente acorralamiento de sus bases por las políticas de los agronegocios y los equipos ideológicos anacrónicos de sus líderes, cuando no la importante seducción de subsidios o puestos funcionariales ofrecidos por los gobiernos progresistas, que les imposibilitan enfrentar esas situaciones; y si no, desde sesgadas perspectivas de reivindicaciones sociales localizadas, que terminan siendo funcionales al modelo productivo. Jorge Rulli y Maximiliano Mendoza, Grupo de Reflexión
Rural, 2013
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Nunca ha sido fácil ser campesino en la Argentina. No lo es en ningún país de América Latina y mucho menos en un escenario de expansión de las fronteras del capital, de la mano de modelos cada vez más hegemónicos y excluyentes como el agronegocios y el extractivo-exportador. Además, a diferencia de otros países latinoamericanos, en nuestro país la misma categoría de “campesino” o de “campesino-indígena” ha sido poco frecuente. Hemos conocido pequeños propietarios, productores agrarios, ligas agrarias; incluso dentro del lenguaje académico se ha hablado de “farmers”, en el marco de ciertas economías regionales, en fin, pero pocos campesinos y mucho menos autodefinidos como tales.
Recordemos que el propio Movimiento de los Sin Tierra (MST), en Brasil, originariamente no se reconocía como movimiento campesino, y en razón de ello adoptó la nominación de “movimiento rural de los trabajadores sin tierra”. João Pedro Stedile, uno de los fundadores del MST, afirmaba que la categoría “campesino” era una categoría académica, y que además atentaba contra el carácter “popular” del movimiento en su búsqueda de articulación con los sectores urbanos. Sin embargo, luego de la emergencia de La Vía Campesina,9 el MST pareció reconciliarse con la categoría, que ahora se ha incorporado a su propia definición. También es cierto que ha habido fuertes trastocamientos en el modo de ser y de definirse como “campesino”, que colocan el actual estilo de vida lejos del imaginario campesino tradicional. Pero lo cierto es que la categoría de “campesino” se ha visto revitalizada y resignificada positivamente en los últimos años y ello se ha dado en un contexto relacional específico, el de una modernidad agraria que defiende un modelo incluyente ligado a la defensa de la agricultura familiar y a valores tales como “soberanía alimentaria” y bienes comunes.
La soberanía alimentaria afirma el derecho de los pueblos a producir alimentos, a decidir lo que quieren consumir, así como a elegir de qué manera y quién produce esos alimentos. Dicho concepto, desarrollado por La Vía Campesina y llevado al debate público en ocasión de la Cumbre Mun-
9 Según su sitio web, “La Vía Campesina es el movimiento internacional que agrupa a millones de campesinos y campesinas, pequeños y medianos productores, pueblos sin tierra, indígenas, migrantes y trabajadores agrícolas de todo el mundo. Defiende la agricultura sostenible a pequeña escala como un modo de promover la justicia social y la dignidad. Se opone firmemente a los agronegocios y las multinacionales que están destruyendo a los pueblos y a la naturaleza. La Vía Campesina comprende alrededor de 150 organizaciones locales y nacionales en 70 países de África, Asia, Europa y América. En total, representa a alrededor de 200 millones de campesinos y campesinas. Es un movimiento autónomo, pluralista y multicultural, sin ninguna afiliación política, económica o de cualquier otro tipo” (2011).
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dial de la Alimentación en 1996, conlleva el reconocimiento de los derechos de los campesinos, que desempeñan un papel esencial en la producción agrícola y en la alimentación. Desde entonces, en un contexto global y particularmente en América Latina –donde los diferentes gobiernos han optado masivamente por consolidar un paradigma agrario basado en los transgénicos, impulsando en algunos casos la mercantilización de las semillas–, la temática atraviesa el debate agrario internacional (La Vía Campesina, 2004).
Como afirma Hocsman (2011),
En los sistemas campesinos, y dada su organización socio-territorial, la tierra no es concebida como una mercancía que pueda ser vendida o comprada en el mercado formal de tierras, sino que constituye un recurso que, en principio, solo posee valor de uso, y al cual se accede de manera excluyente a través de las relaciones de parentesco. No obstante, este derecho de carácter general, se consagra en el marco de los límites territoriales asignados a cada unidad doméstica, y es en el seno de esta como se resuelve el acceso al recurso.
En la actualidad, en sintonía con el proceso de recampesinización, la construcción de una identidad campesina está anclada en un modo de producción rural en el que la agricultura familiar y el derecho comunitario parecen ir unidos (Barbetta, 2009).
En la Argentina, la categoría “campesino” surge tardíamente de la mano de movimientos sociales como el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), que nació en 1985 y cuenta con unas 9000 familias organizadas, tanto por el tema de la propiedad de la tierra como por la comercialización de sus productos; es, además, una de las primeras organizaciones sociales argentinas integradas a La Vía Campesina. También se han venido conformando movimientos campesinos en otras provincias, como es el caso del Movimiento Campesino de Córdoba, el Movimiento Campesino de Formosa (Mocafor) y la Red Puna, entre otros, hoy enrolados en el Movimiento Nacional Campesino e Indígena (MNCI), que surgió en 2003 y que forma parte de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones Campesinas (CLOC).10
10 El Movimiento Nacional Campesino e Indígena de la Argentina (MNCI) está integrado por organizaciones campesinas, indígenas y barriales de las provincias de Santiago del Estero, Córdoba, Jujuy, Salta, Misiones, Mendoza, San Juan y Buenos Aires, algunas de ellas con más de quince años de trabajo, .
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En un contexto de expansión de la frontera agrícola, la acción de estas organizaciones es permanentemente hostigada por las guardias “paramilitares” y los sicarios de los grandes terratenientes, en connivencia con los gobiernos provinciales. Asimismo, los campesinos enfrentan la judicialización de los conflictos en torno a la propiedad de la tierra, ya que muchos de ellos no cuentan con los títulos de la misma, a pesar de que la reforma constitucional de 1994 incorporó el reconocimiento al derecho veinteñal, abriendo de ese modo la posibilidad de titularización de las tierras a indígenas y campesinos.
El denominado “corrimiento de la frontera agropecuaria” se manifiesta de manera brutal a través de la expulsión y el desplazamiento de poblaciones y, en el límite, en el asesinato encubierto bajo la forma de accidentes o de ataques “tercerizados” a miembros y dirigentes de poblaciones campesinas e indígenas. Como consigna Darío Aranda (2013a):
En los últimos cinco años se sucedieron asesinatos y muertes dudosas (catalogados como “accidentes” por la policía pero denunciadas como asesinatos por las organizaciones sociales). Javier Chocobar (octubre de 2009, diaguita de Tucumán), Sandra Juárez (marzo de 2012, Santiago del Estero), Roberto López (noviembre de 2010, qom de Formosa), Mario López (noviembre de 2010, pilagá de Formosa), Mártires López (junio de 2011, de Chaco), Cristian Ferreyra (noviembre de 2011, de Santiago del Estero), Miguel Galván (octubre de 2012, lule-vilela de Santiago del Estero), Celestina Jara y Lila Coyipé –beba de 10 meses– (ambas qom de La Primavera, Formosa), Imer Flores (enero de 2013, qom de Chaco), Juan Daniel Díaz Asijak (enero de 2013, qom de La Primavera), Florentín Díaz (22 de mayo, qom de Chaco).
Asimismo, Aranda (2013b) cita los datos de la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) –colectivo que reúne a organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales y técnicos–, la que, tras realizar un relevamiento de conflictos, en agosto de 2011 había contabilizado (para la zona del norte del país) 244 casos: 209 exclusivamente de disputas por tierras, 25 por temas ambientales y 10 mixtos. Todos los conflictos por tierras obedecen al corrimiento de la frontera agropecuaria. La superficie en disputa alcanza los 11,4 millones de ha y las personas afectadas son 1 600 000.
Por otro lado, tal como sucede en otros lugares del país en relación a la expansión de la frontera petrolera y minera, el modo en que los jueces – sobre todo provinciales– entienden la ley veinteñal y definen la tierra, su propiedad y sus usos, suele ser más parte del problema que de la solución.
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A título de ejemplo, para los jueces, “mantener el bosque en pie y resguardar el equilibrio ecológico es sinónimo de atraso”. Lejos de toda formulación en términos de pluralismo jurídico (algo que constituye un gran desafío en países con fuerte presencia de pueblos originarios), los fallos manifiestan el monolingüismo del poder (Barbetta, 2009).
Ahora bien, por lo dicho hasta aquí, podría pensarse con toda lógica que los movimientos campesinos se hallan a la vanguardia de la oposición al gobierno kirchnerista. Es decir, deberíamos pensar que, en la medida en que aquellos proponen un modelo alternativo de agricultura (familiar, agroecológica, de alimentos, etc.), estarían lejos de apoyar una opción política contraria, como la que se promueve activamente desde el Estado: el modelo de agronegocios. Sin embargo, por paradójico que resulte, aunque el proceso de arrinconamiento de los campesinos sea cada vez mayor, la posición política de las organizaciones que componen el MNCI se enmarca dentro del oficialismo kirchnerista. En realidad, tal como ha venido sucediendo con otras organizaciones sociales –sindicatos, piqueteros, organismos de derechos humanos, posteriormente organizaciones GLTTB–, el MNCI también fue interpelado por el kirchnerismo, muy especialmente a partir de 2005, luego del exitoso “No” al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) que quedó establecido durante la IV Cumbre de las Américas, celebrada en Mar del Plata los días 4 y 5 de noviembre de ese año. Otra serie de hechos políticos –como la intervención de la provincia de Santiago del Estero, en 2004,11 la influencia del gobierno venezolano bajo la presidencia de Hugo Chávez y, finalmente, el conflicto entre el campo y el kirchnerismo por la Resolución 125/08– decidieron al MNCI a apoyar activamente al gobierno.
11 En 2004, durante el gobierno de Néstor Kirchner, ante graves denuncias de corrupción y persecución política contra el gobierno provincial de Santiago del Estero encabezado por la gobernadora “Nina” Aragonés de Juárez, y su marido, Carlos Juárez, se realizó la intervención federal de la provincia. Luego de un interregno, ocupado por el interventor Pablo Lanusse (abril de 2004-marzo de 2005), Gerardo Zamora, de origen radical, accedió a la gobernación, convirtiéndose en el primer aliado transversal del kirchnerismo. En 2013 este batalló por obtener de la Corte Suprema de Justicia un fallo a favor de lograr su tercera reelección (las dos elecciones anteriores fueron en 2005 y 2009). Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia frenó la reelección, al considerar que el caso no estaba habilitado por la Constitución provincial. . A raíz de ello, para asegurar la continuidad (y reeditar así el esquema juarista), se presentó como candidata a gobernadora la esposa de Zamora, Claudia Ledesma Abdala, quien en diciembre de 2013 obtuvo una victoria contundente, con el 65% de los votos.
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Por otra parte, el gobierno kirchnerista logró seducir o entrampar (según como se lo vea) a los movimientos campesinos y a sus dirigentes históricos a través de diferentes políticas públicas compensatorias. En este sentido, la situación de estos movimientos rurales no difiere demasiado de la de los pobres urbanos, quienes fueron beneficiados con una batería de políticas sociales, que incluyó desde el Plan de Jefes y Jefas de Hogar (instituido por Eduardo Duhalde), pasando por el Plan Familias, hasta llegar a la Asignación Universal por Hijo y el Plan Argentina Trabaja. En el caso de los movimientos campesinos, la incorporación de nociones del tipo “agricultura familiar” y “agroecología”, expresadas a través de diversos “programas de desarrollo” como el Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios (PROINDER), el Programa Federal de Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable (ProFeder) y Prohuerta, entre muchos otros, y la puesta en marcha de espacios institucionales dependientes del Estado nacional, significaron un cierto alivio para las familias, muy especialmente si se comparan estas políticas con las de gobiernos anteriores.12 Así, en 2007 se creó la Subsecretaría de Agricultura Familiar y en 2008, las delegaciones en todas las provincias. Por otro lado, en el marco del conflicto por la Resolución 125, se creó el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar (CIPAF), dependiente del INTA, cuyo objetivo es
generar, adaptar y validar tecnologías apropiadas para el desarrollo sostenible de la pequeña agricultura familiar. Con la finalidad de promover la generación de empleos e ingresos genuinos a nivel territorial, arraigo rural, contribuir a la seguridad alimentaria y posibilitar el acceso a los mercados (Hocsman, 2011).

En suma, por un lado es posible identificar críticamente el carácter asistencial de estos programas, en la medida en que tienden a consolidar un
12 En un trabajo de Ryan y Bergamin (s/d) se hace un listado detallado de todos los programas sociales destinados al “mundo campesino”, y se afirma que “estos programas se presentan como un mecanismo de apoyo técnico y financiero, cuyo objetivo es permitirles a las poblaciones rurales superar sus restricciones económico-productivas, a través del fortalecimiento asociativo de los productores y de las instituciones públicas y privadas que se dedican a este sector. El objetivo principal está dirigido a mejorar los ingresos de los productores y a promover su participación organizada en las decisiones de políticas. Son focalizados y se gestionan en forma descentralizada. Otros instrumentos que incluyen son la investigación adaptativa, apoyo a la comercialización y fortalecimiento institucional”.
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modelo de ciudadanía asistencial-participativa, que acentúa la dependencia respecto del Estado y no propende a una verdadera inclusión y autonomía de los sujetos y las familias, válido tanto esto respecto de los pobres urbanos como de los pobres rurales. Por otro lado, sin embargo, si sumamos a estos programas las instituciones y agentes estatales que vienen atados a los mismos, hay que concluir que estos han tenido una gran eficacia simbólica, en la medida en que lograron destrabar o colocarse por encima de situaciones estructuralmente desfavorables que atraviesa el movimiento campesino indígena, y que lejos están de presentar visos de una transformación a favor de ese movimiento. Todo lo contrario: en la Argentina, el área cultivada con soja transgénica creció un 900% desde 2003 hasta la fecha. En 2010, el gobierno nacional diseñó el Plan Estratégico Agroalimentario 2020 (PEA2), con el fin de alcanzar las 160 millones de toneladas de granos transgénicos (soja y maíz, en su mayoría) para ese año (en la actualidad es de 100 millones), lo que va a implicar mayores desmontes, mayor desplazamiento compulsivo de poblaciones, mayores conflictos con campesinos e indígenas, hacinamiento urbano, presión sobre los bosques nativos y pérdida de suelos, entre otros.
En una interesante entrevista realizada en 2012 por la agencia oficialista Paco Urondo a tres referentes del MNCI, en la que se les preguntaba si el apoyo al gobierno nacional no implicaba una contradicción a raíz de las problemáticas asociadas al boom sojero, los dirigentes campesinos entrevistados, lejos de responsabilizar al kirchnerismo, afirmaron que “la Argentina tiene una historia de doscientos años de modelo agroexportador y proveedor de materia prima a los países centrales, no es un problema del kirchnerismo. O mejor, sí es un problema del kirchnerismo porque ellos heredan un país que se desindustrializó”. Tampoco consideraban como central el hecho de que los gobernadores aliados del kirchnerismo fueran también aliados de los actores responsables de los desalojos que ellos enfrentan. Así, uno de ellos respondía:
Para nosotros está claro que, en el caso del kirchnerismo, la lógica del poder en el Estado trae aparejada esas contradicciones. Sabemos que en varias provincias están esos porque no hay otra opción y tampoco nosotros, hoy, vamos a poner toda nuestra fuerza en construir una opción electoral en el corto plazo. Quizá nuestra crítica no tiene tanto que ver con eso sino con cómo podemos ir resolviendo esas contradicciones, sobre todo en el modelo agrario. Ahí quizás es cuando nuestra lectura es más crítica. Es decir, qué hacemos hoy, no para combatir a los sojeros, sino para fortalecer la agricultura campesina. Ahí creemos que el kirchnerismo
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está flojo. Se piensa desde el Ministerio de Desarrollo Social, que no está mal, pero no desde el Ministerio de Agricultura, porque no hay un convencimiento de que el campesinado puede ser un sujeto que revierta las condiciones de la producción. Nosotros sí creemos, tenemos experiencia y datos. Hemos desarrollado experiencias tecnológicas, muchas veces también se estigmatiza, se dice “no creen en la tecnología” (Guranaccia y De la Calle, 2012).
Uno de los momentos de mayor tensión en la inextricable relación entre movimiento campesino-indígena y gobierno kirchnerista fue en noviembre de 2011, cuando el joven Cristian Ferreyra, campesino de la etnia lule y miembro del Mocase, fue asesinado por sicarios de un terrateniente en la avanzada del modelo de agronegocios. A raíz de ello, con el apoyo de numerosas organizaciones (entre otras, el oficialista Movimiento Evita), el MNCI impulsó un proyecto de ley –que tomaría el nombre del joven asesinado y pasaría a ser conocida como “ley Ferreyra”– para frenar los desalojos rurales por un lapso de cinco años, como así también buscar soluciones a las disputas entre el campesinado y los empresarios del agro, para lo cual se preveía la creación de un Registro Nacional de Relevamiento de Tierras Rurales.
Un año más tarde, la “ley Ferreyra” no solo no estaba aprobada sino que, además, fue asesinado otro miembro del Mocase (Miguel Galván) en las mismas circunstancias, esto es, por un sicario al servicio de un empresario rural.
Expansión de la frontera y Ley de Protección de los Bosques Nativos
La expansión de la frontera de los agronegocios, al servicio del monocultivo de la soja transgénica y con utilización de agrotóxicos, arrasa con los bosques, reduce la biodiversidad e implica la degradación de los suelos. Claro que el desmonte o la tala de árboles no es algo nuevo, pero la gran escala del actual modelo agrario y su expansión por zonas no tradicionales han amplificado notablemente el fenómeno. Así, la Argentina es uno de los países con mayor tasa de deforestación del mundo. Solo en el siglo XX el país perdió el 70% de sus bosques nativos.
Fue en junio de 2006 que el diputado Miguel Bonasso, en ese entonces presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara Baja, presentó el proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. La Ley
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26 331 de Bosques Nativos fue sancionada ante la necesidad de proteger un patrimonio natural sumamente afectado por la ampliación de la frontera agropecuaria y el cambio de uso del suelo, particularmente representado por el desarrollo inmobiliario. En marzo de 2007 obtuvo su aprobación en la Cámara de Diputados, a pesar de la férrea oposición de algunos representantes de las provincias del norte. Luego, la ley pasó a la Cámara de Senadores, donde fue girada a seis comisiones para su tratamiento. Allí comenzó un lento proceso en el que los representantes de las provincias que se oponían a la norma buscaron obstaculizarla. Ante esta situación, más de treinta organizaciones sociales entregaron en el Senado un millón y medio de firmas de personas de todo el país en reclamo por el urgente tratamiento de la norma, demostrando un alto nivel de consenso social, lo que generó su aprobación en noviembre de 2007. A partir de la sanción de la ley, la lucha se reorientó a lograr su reglamentación por parte del Poder Ejecutivo nacional, lo que recién ocurrió en febrero de 2009. Sin duda, fue el trágico alud en Tartagal (provincia de Salta),13 provocado en gran medida por la deforestación,14 lo que precipitó su reglamentación.
El artículo 1 de esta ley fija el sentido de la norma, que no es otro que la protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, la conservación, el aprovechamiento y el manejo sostenible de los bosques nativos, y de los servicios ambientales que estos brindan a la sociedad, cualquiera fuere el tipo de ordenamiento que se hiciere sobre el territorio.
A los efectos de determinar el bien a proteger, el artículo 2 es contundente en su definición:
Considéranse bosques nativos a los ecosistemas forestales naturales compuestos predominantemente por especies arbóreas nativas maduras, con diversas especies de flora y fauna asociadas, en conjunto con el medio que las rodea –suelo, subsuelo, atmósfera, clima, recursos hídricos–, conformando una trama interdependiente con características propias y múltiples funciones, que en su estado natural le otorgan al sistema una condición de equilibrio dinámico y que brinda diversos
13 El 9 de febrero de 2009 el río Tartagal, que cruza la ciudad homónima, se desbordó; como consecuencia de ello murieron tres personas y hubo graves pérdidas para más de novecientas familias. Decenas de casas, negocios y calles fueron literalmente borradas del mapa como consecuencia del aluvión.
14 Un exhaustivo estudio del Servicio Geológico Minero Argentino (“Inundación de detritos en la ciudad de Tartagal”) concluyó que el desmonte y la actividad petrolera influyeron en el fenómeno. .
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servicios ambientales a la sociedad, además de los diversos recursos naturales con posibilidad de utilización económica.
Asimismo, para determinar los objetivos de la ley nacional es relevante identificar los incisos a, b y d del articulo 3, que fijan la promoción de la conservación mediante el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos, la implementación de medidas necesarias para regular y controlar la disminución de la superficie de bosques nativos existentes y hacer prevalecer los principios ambientales precautorio y preventivo. Para ello, se establece la obligación del mantenimiento de bosques nativos, aun cuando sus beneficios ambientales –o los daños ambientales que su ausencia generase– no puedan demostrarse con las técnicas disponibles en la actualidad.
Así es que a los efectos de proteger los bosques nativos, desde el mismo momento de la sanción de la Ley de Presupuestos Mínimos, se estableció en sus artículos 7 y 8 las prohibiciones de realizar cualquier tipo de desmonte, mientras no exista un ordenamiento territorial provincial. Ello debe ser realizado necesariamente mediante un proceso participativo, conforme a los criterios de sustentabilidad de la norma, a fin de establecer, de este modo, las diferentes categorías de conservación en función del valor ambiental de los distintos bosques y de los servicios ambientales que estos presten.15
15 En efecto, el capítulo 2 de la Ley 26 331, titulado “Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos” establece:
“Artículo 6.- En un plazo máximo de UN (1) año a partir de la sanción de la presente ley, a través de un proceso participativo, cada jurisdicción deberá realizar el Ordenamiento de los Bosques Nativos existentes en su territorio de acuerdo a los criterios de sustentabilidad establecidos en el Anexo de la presente ley, estableciendo las diferentes categorías de conservación en función del valor ambiental de las distintas unidades de bosque nativo y de los servicios ambientales que estos presten.
La Autoridad Nacional de Aplicación brindará, a solicitud de las Autoridades de Aplicación de cada jurisdicción, la asistencia técnica, económica y financiera necesaria para realizar el Ordenamiento de los Bosques Nativos existentes en sus jurisdicciones.
Cada jurisdicción deberá realizar y actualizar periódicamente el Ordenamiento de los Bosques Nativos, existentes en su territorio.
Artículo 7.- Una vez cumplido el plazo establecido en el artículo anterior, las jurisdicciones que no hayan realizado su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no podrán autorizar desmontes ni ningún otro tipo de utilización y aprovechamiento de los bosques nativos.
Artículo 8.- Durante el transcurso del tiempo entre la sanción de la presente ley y la realización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, no se podrán autorizar desmontes.”
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Transcurridos cinco años de la sanción de la ley, las organizaciones ambientalistas que más la impulsaron –Greenpeace, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Fundación Vida Silvestre Argentina– elaboraron un duro informe (2013)16 en el que alertaron sobre los escasos avances en la implementación de la norma. Como resume la periodista Laura Rocha (2013), los ambientalistas advirtieron que la moratoria a nuevos permisos de desmontes establecida por ley no fue respetada y que, si bien desde la sanción de la Ley de Bosques el promedio de deforestación anual disminuyó casi un 20% (al pasar de aproximadamente 280 000 ha a 230 000 ha al año), esos números siguen siendo muy altos. En la actualidad, la expansión de la frontera sojera, y con ello la deforestación, avanza incluso sobre la Patagonia, donde ya existen ensayos en la provincia de Neuquén y Chubut.17
Uno de los incumplimientos denunciados por las organizaciones ambientalistas está relacionado con el artículo 31 de la Ley de Bosques, que establece los criterios aplicables al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, que no podrá ser inferior al 0,3% del presupuesto nacional, a lo que deberá sumarse el 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, la ganadería y el sector forestal, correspondientes al año anterior.
Este fondo tiene como objetivo fortalecer la capacidad técnica y de control de las provincias, compensar a los titulares que realicen tareas de conservación y manejo sostenible, y fomentar las actividades productivas que los pequeños productores rurales y comunidades indígenas realizan en los bosques. A pesar de su importancia, en los 2008 y 2009 la norma no contó, directamente, con presupuesto alguno.
En 2010 los fondos asignados fueron de $ 300 millones, cuando debieron haber sido de –al menos– $ 821 millones (0,3% del presupuesto nacional); si se suman las retenciones a las exportaciones, tendrían que haber alcanzado los $ 1200 millones. En 2011, al no contar el país con Ley de Presupuesto, los fondos asignados fueron nuevamente de $ 300 millones, cuando debieron haber sido de –al menos– $ 1119 millones (0,3% del presupuesto nacional); y si a eso se le suma las retenciones a las exportaciones, tendrían que haber alcanzado los $ 1500 millones. En 2012 los fondos fueron aún menores: $ 267 millones; como mínimo, debieron haberse previsto $ 1300 millones (0,3%
16 “Ley de Bosques: 5 años con pocos avances”, .
17 .
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del presupuesto nacional), lo que ascendería a unos $ 1900 millones si se hubiesen sumado las retenciones a las exportaciones. En 2013, los fondos fueron tan solo de $ 230 millones (diez veces menos que lo establecido por la Ley de Bosques); cuando debieron haber sido de –al menos– $ 1515 millones (0,3% del presupuesto nacional), y $ 2300 millones, si se le adiciona el porcentaje ligado a las retenciones a las exportaciones.
Ante esta evidente ausencia de voluntad política del gobierno nacional, hay que mencionar las distintas luchas que se dieron –y se dan– en cada una de las provincias para lograr la aplicación efectiva de la norma,18 que a pesar de encontrarse en vigencia desde el año 2007 no pudo frenar el proceso de desmonte incontrolado de miles de hectáreas que continúa en la actualidad, tanto por el corrimiento de la frontera del agronegocios como por el avance de negocios inmobiliarios.
El impacto sociosanitario: un gran experimento masivo
Que por más que deseáramos una realidad distinta, la única verdad es la que hoy tenemos: el actual sistema de producción agrario es el responsable de ocasionar estos problemas sanitarios, además de otros graves problemas, como ecológicos y sociológicos.
Declaración de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, 2011
En la actualidad, en la Argentina hay unos 12 millones de personas que viven en zonas sobre las que se arrojan 300 millones de litros de agrotóxicos al año. La Defensoría del Pueblo de la Nación realizó un informe, en septiembre de 2011, en el que se señala que más de dos millones de niños están expuestos al uso de agroquímicos (Defensoría del Pueblo de la Nación, 2011).
En abril de 2009, el doctor Andrés Carrasco, profesor de embriología, investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y director del Laboratorio de Embriología Molecular que funciona en el ámbito de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y del Conicet, dio a conocer una investigación en
18 Muchas provincias han demorado el “Ordenamiento de los Bosques Nativos existentes en sus territorios” que dispone expresamente la ley nacional, o lo han realizado sin el proceso participativo, con una fuerte presión del agronegocios, para desvirtuarlo.
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embriones sobre los efectos dañinos del agroquímico glifosato. A través de ese trabajo, el investigador demostró que la exposición a dosis de glifosato hasta 1500 veces inferiores a las utilizadas en las fumigaciones que se realizan en los campos argentinos, provocan trastornos intestinales y cardíacos, malformaciones y alteraciones neuronales. La investigación, que fue publicada al año siguiente en la revista estadounidense Chemical Research in Toxicology, trajo a Carrasco una serie de consecuencias impensadas: amenazas anónimas, campañas de desprestigio mediáticas e institucionales, fuertes presiones políticas, entre otras. La campaña de difamación contra este científico tuvo tal voltaje, que generó una declaración de apoyo firmada por más de trescientos investigadores y colegas del ámbito nacional e internacional, en defensa de la libertad de investigación y de la ética pública (Colectivo Voces de Alerta, 2009; Barri y Wahren, 2013).
La respuesta oficial al estudio del doctor Carrasco vino de parte del Comité Nacional de Ética en la Ciencia y la Tecnología (Cecte), que recomendó al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación crear una comisión para analizar los múltiples aspectos relacionados con el uso y aplicación del glifosato. Esta comisión recomendada por el Cecte es diferente de la Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos (CNIA), que funciona en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, y que fue creada en enero de 2009 por el Poder Ejecutivo.19 Es decir, dos comisiones que funcionan en distintos ministerios estarían elaborando información y recomendaciones sobre el uso del glifosato.
Así, un primer interrogante que surge es por qué las autoridades gubernamentales –que deben constituirse como garantes de la salud y el bien común– permitieron que transcurriera tanto tiempo antes de abordar este problema, sobre todo considerando que la soja resistente al glifosato (RR) fue aprobada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca en 1996, y que desde entonces se incrementó el número de denuncias judiciales vinculadas a las consecuencias ambientales y sociosanitarias que provocan las constantes fumigaciones con glifosato.
Por otra parte, si este interrogante puede aplicarse a funcionarios técnicos del gobierno (INTA, INTI, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de
19 La Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos (CNIA) fue creada a partir del decreto presidencial 21/2009 del 19 de enero de 2009, con el objetivo de investigar, prevenir y brindar asistencia y tratamiento a las personas expuestas al uso de productos químicos y sustancias agroquímicas y “con el propósito de promover la salud pública y la integridad del ambiente en todo el territorio nacional”. Ver en: .
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la Nación, entre otros), es todavía más significativo en el caso de los miembros de la comunidad científica, entre quienes circula una vasta bibliografía que señala los daños producidos por los agroquímicos en general y por el glifosato en particular. Es más, llama mucho la atención que en el informe enviado por el Cecte al ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, doctor Lino Barañao, se mencione como “bibliografía” las fuentes que prueban la “inocuidad” del glifosato y como “denuncias” (restándoles estatus científico) las que señalan los daños del agroquímico, considerando que la Argentina es uno de los diecinueve países del mundo que produce soja y uno de los cinco que lo hace en gran escala.
Apenas se hizo pública la investigación del doctor Andrés Carrasco, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) solicitó judicialmente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que “se ordene la suspensión de la comercialización, venta y aplicación de glifosato y endosulfán –agrotóxicos básicos de la industria sojera– en todo el territorio nacional”.20 La acción judicial exigía que el gobierno determinara dentro de un período máximo de 180 días el efecto sanitario que producen los químicos agrarios tanto en la población como en los ecosistemas, apuntando la responsabilidad fundamentalmente sobre el Estado nacional y los estados provinciales de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, y también sobre Monsanto, la compañía líder del sector, la mayor productora y comercializadora de semillas transgénicas. La presentación judicial citaba, al menos, media docena de estudios científicos que describen los efectos nocivos que producen los agrotóxicos y destacaba la necesidad de priorizar la protección del ambiente y la salud de los pueblos por sobre una actividad económica.
En junio de 2009, mientras la Procuración General de la Nación comenzaba a analizar la acción judicial ante la Corte Suprema para emitir su dictamen, la AAdeAA solicitó públicamente que la CNIA “se expida de manera urgente” sobre el tema, dado el aumento de denuncias de daños en ecosistemas y trastornos de salud asociados al plaguicida. En ese momento ya habían transcurrido seis meses desde que la CNIA estaba constituida, pero la comisión no había hecho ningún pronunciamiento sobre el tema, mientras crecían las denuncias contra el uso del glifosato y sus consecuencias.
El decreto nacional 21/2009 que establece el funcionamiento de la CNIA sostiene que, entre otras consideraciones, esta comisión fue creada “atento
20 Esta acción de amparo, iniciada el 15 de abril de 2009 por AAdeAA, invocaba la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
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los casos denunciados de intoxicación con agroquímicos por fumigación de campos linderos al barrio cordobés de Ituzaingó de la provincia de Córdoba, que salieran a la luz luego de haberse detectado determinadas enfermedades oncológicas y diversas patologías en vecinos de la población urbana”. La CNIA funciona en la órbita del Ministerio de Salud y está integrada, además de por este ministerio, por los siguientes miembros: los ministerios de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, y de Trabajo; la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (dependiente de la Jefatura de Gabinete); los organismos autárquicos Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), Instituto Nacional de Alimentos (INAL), Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), Conicet, INTA e INTI; la Organización Panamericana de la Salud (OPS); y las Honorables Cámaras de Senadores y Diputados de la Nación.
El tibio reconocimiento oficial de los efectos de los agroquímicos a través del decreto presidencial que creó la comisión se transformó en otra decepción más. En el año 2011, dicha comisión publicó la denominada Guía de uso responsable de agroquímicos (GURA)21 que “contiene los principios básicos para el manejo y uso correcto de agroquímicos, según las buenas prácticas agrícolas y las normas vigentes en la materia, y se propone como material de consulta”. Así, de esta manera, desde el gobierno se pretendió cerrar el debate sobre la problemática de los agroquímicos.22
En sintonía con esto, en diciembre de 2011 la Corte Suprema se desentendió de la problemática y, sin tratar la cuestión de fondo, declaró la “incompetencia originaria”(V/lex, 2011) para entender en la acción judicial, mientras se sucedían (y suceden) decenas de acciones judiciales en todo el país interpuestas con el objeto de buscar protección a las ya visibles consecuencias que trae aparejado el “modelo sojero”. Estas presentaciones ante la Justicia, que aparecen dispersas por todo el mapa allí donde se encuentra instalado el agronegocios, toman al Derecho ambiental como columna vertebral de sus argumentaciones.
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22 En febrero de 2012, en la misma línea, el subsecretario de Relaciones Sanitarias e Investigación del Ministerio de Salud, Jaime Lazovski, quien supervisaba la Comisión Nacional, señaló al diario Página 12 que “hasta el momento no se ha comprobado relación entre productos agroquímicos y efectos en la salud. No decimos que no haya vínculo, sí que aún no tenemos pruebas”.
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La manipulación de los principios del Derecho ambiental
“Resulta apremiante pedir a las autoridades públicas nacionales y provinciales la toma de medidas de resguardo y cautelares, para evitar la discapacidad producida por el uso de agrotóxicos”, dice otro informe publicado en febrero de 2012 por el defensor del pueblo de la Nación sobre agrotóxicos y discapacidad.23 Además, el trabajo refiere que la toxicidad de los agrotóxicos en la salud humana requiere, sin más opción, la aplicación inmediata del principio precautorio, dado que los daños y la discapacidad sobreviniente como resultado de la ausencia de medidas para aplicar ese principio, activarían la responsabilidad de quien no lo previene.
Sin embargo, cuando el modelo extractivista no puede soslayar la aplicación de los principios fundamentales del Derecho ambiental, sus operadores se encargan de subvertirlos, como ocurre con el principio precautorio, establecido en la Ley General de Ambiente. Así, en la Argentina, la falta de certidumbre es utilizada para “legalizar” muchas de las actividades y productos más contaminantes. Habría que interrogarse por qué los funcionarios y muchos científicos interpretan una pieza clave del Derecho ambiental, el principio precautorio, al revés de lo que ocurre en sociedades responsables e informadas. Por ejemplo, es evidente que, cuando se autorizó y comenzó a utilizar el glifosato, se estaba al menos frente a una incertidumbre científica que disparaba la aplicación del principio. No obstante, se autorizó rápidamente su uso y sin debate alguno. Pasado todo este tiempo de su aplicación y tras la aparición de numerosos trabajos de médicos, de estudios sociales rurales, de informes de ingenieros agrónomos preocupados por las poblaciones, de la vasta bibliografía internacional de las “ciencias duras” involucradas, y de lo que es aún más importante, las reiteradas y coincidentes denuncias de comunidades y organizaciones sociales en distintas provincias, quedan pocas dudas sobre lo que sucede. Lo que sucede es que en nuestro país el principio precautorio se encuentra perversamente subvertido. En lugar de que la ausencia de certeza científica genere la obligación de actuar precautoriamente, la falta de certidumbre es utilizada para “legalizar” la mayoría de los agroquímicos que se usan en forma generalizada en nuestros campos. Peor aún, se les exige a las comunidades perjudicadas por estos químicos que carguen con la ciclópea tarea de acreditar científicamente su peligrosidad, cuando por aplicación del principio señalado junto con otros principios ambientales, los que introducen la sustancia química en la socie-
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
dad son quienes tienen la responsabilidad de probar irrefutablemente su inocuidad. Parafraseando al mexicano Pedro Medellín Milán, en lugar de aplicarse el principio precautorio se utiliza el “principio temerario”: si algo deja buenas ganancias y da ventajas en el dominio del mercado, se hace, aunque no conozcas bien sus implicancias en la salud de las personas y en el ambiente. En definitiva, se produce “una inversión de sentido” como mecanismo de producción de “ausencias” –de víctimas y del drama social– en la agenda de discusión y toma de decisiones políticas (Giarracca y Viale, 2009).
En octubre de 2013, una investigación de la agencia de noticias Associated Press (Warren y Pisarenko, 2013) volvió a inquietar a los fabricantes de agroquímicos. Las impresionantes imágenes fotográficas que realizó un equipo periodístico de la agencia estadounidense generaron incluso una respuesta de Monsanto.24
Las fumigaciones al banquillo25
Si tenés cáncer y luchas contra él, la gente te llama héroe, te dice “qué fuerza que tiene, que valor, lo admiro tanto”. Si luchás por el cáncer de tu hijo, la gente se compadece de vos, hace campañas a tu favor, y el intendente se saca una foto con tu hijo.
Pero si luchás por el cáncer de mil personas, por el futuro cáncer de un millón de personas, la gente te llama ambientalista, mucha gente se molesta de tus acciones, el gobierno te manda a reprimir, la policía disfruta de hacerlo, y los medios te echan la culpa de la violencia. Que cosa rara, ¿no? Colectivo Paren de Fumigar, citado en Ecos Córdoba, 2013a
El barrio Ituzaingó Anexo, ubicado en el sector sudeste de la ciudad de Córdoba, es un emblema de las consecuencias que genera la aplicación y aerofumigación con glifosato, herbicida que se utiliza en las plantaciones de soja genéticamente modificada, producido y comercializado por Monsanto bajo el nombre de Roundup Ready.
24 .
25 Bajo este titular retomamos parte del trabajo realizado por Enrique Viale en el capítulo “Agronegocios, extractivismo y derecho” que integra el libro La patria sojera, compilado por Daiana Melón (Editorial El Colectivo, 2014).
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A partir del año 2001, un grupo de madres de ese barrio, movilizadas por el aumento en la cantidad de casos de cáncer infantil y en adultos, malformaciones congénitas, leucemia, abortos espontáneos, hipotiroidismo, entre otros, comenzaron a reunirse y a realizar relevamientos para contabilizar el número de enfermedades existentes. Ante los reclamos constantes de las que luego serían conocidas con el nombre de Madres de Ituzaingó y de vecinos que se fueron plegando a su lucha, el día 21 de mayo de 2002 se sancionó la Ordenanza Municipal Nº 10 505, que declaraba la emergencia sanitaria en el barrio Ituzaingó Anexo y establecía la realización de un censo de las diversas patologías presentes en la zona que pudieran estar vinculadas con las condiciones ambientales. Además, la ordenanza determinaba también la conformación de un centro de información a los vecinos sobre las medidas preventivas y acciones que se ejecuten en resguardo de la salud de los mismos.
El 9 de enero de 2003, el municipio de la ciudad de Córdoba sancionaba dos ordenanzas vinculadas a las consecuencias que acarrea el modelo de soja transgénica: la Ordenanza Nº 10 589, que prohíbe la aplicación aérea de plaguicidas y biocidas químicos en todo el ejido urbano, y la Ordenanza Nº 10 590, que prohíbe la aplicación, ya sea aérea o terrestre, de pesticidas a menos de 2500 m de cualquier vivienda o grupos de viviendas del barrio Ituzaingó Anexo. A pesar de la existencia de estas normativas municipales, las fumigaciones con agrotóxicos continuaron. Tal es así, que el 11 de febrero de 2004, una de las integrantes del grupo de las Madres de Ituzaingó, Sofía Gatica, denunció ante la Unidad Fiscal del lugar que en el campo del productor agrosojero Francisco Parra, ubicado en el sector oriental del barrio, se estaban realizando aplicaciones de agrotóxicos a través de “mosquito” (camión aplicador). A raíz de la denuncia, se realizó un allanamiento en la propiedad de Parra, donde se detectaron restos de pesticidas, compuestos organoclorados y fosforados, 2.4D, dieldrín y clorpirifós en la tierra. A pesar de ello, desde el 24 de febrero en adelante, el expediente quedó estancado.
El 1 de febrero de 2008, el por entonces subsecretario de Salud de la ciudad de Córdoba, doctor Medardo Ávila Vázquez, denunció ante el fiscal de Instrucción Penal, doctor Carlos Matheu, que en un campo lindero al barrio se estaban llevando adelante fumigaciones aéreas, a pesar de las prohibiciones sancionadas en el municipio. A partir de este hecho, la Justicia comenzó una investigación por medio de la cual se logró determinar que el avión que realizaba las aplicaciones era propiedad de Edgardo Pancello y que se estaba fumigando con glifosato y endosulfán, sin haber realizado la declaración ante el organismo que regula el tráfico aéreo. De
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esta forma, amparándose en la Ley Provincial de Agroquímicos N° 9164, que regula el marco en el que deben realizarse las aplicaciones, y en la Ley Nacional de Residuos Peligrosos Nº 24 051, que establece procedimientos de tratamiento y manejo de este tipo de residuos, el fiscal doctor Carlos Matheu elevó la causa a juicio oral. En un primer momento, la acusación fue desestimada por el juez de control, doctor Esteban Díaz, pero luego la Cámara de Apelaciones dio curso a la causa. Luego de numerosas trabas, la Cámara 1ª del Crimen de Córdoba, cuyo fiscal es el doctor Marcelo Novillo, aceptó llevar adelante este juicio, en el que fueron imputados dos productores rurales, Francisco Parra y Jorge Gabrielli, bajo el delito de contaminación dolosa continuada, y al aeroaplicador Edgardo Pancello, acusado de ser el supuesto autor material de las fumigaciones.
El día 11 de junio de 2012 comenzó el juicio oral y público en el que se denunciaban dos hechos puntuales. Por un lado, la aplicación, en el año 2004, de dieldrín y DDT en campos lindantes al barrio Ituzaingó Anexo; y por el otro, la fumigación con glifosato y endosulfán en 2008. En el transcurso del juicio se presentó un estudio realizado por personal de la Unidad de Pronta Atención 28 (UPA, centro de salud vecinal) titulado “Estudios de biomarcadores de exposición en población infantil del barrio Ituzaingó Anexo”, en el que se ratificó que aproximadamente el 80% de los niños del barrio poseen entre dos y seis agroquímicos en la sangre. Además de los plaguicidas, se determinó la presencia de plomo, cromo, arsénico y PCB.
Tras cuatro semanas de juicio, el día 22 de agosto, el tribunal dictaminó que el productor agropecuario Francisco Parra era responsable del delito previsto por el artículo 55 de la Ley de Residuos Peligrosos, que establece que
Será reprimido con las mismas penas establecidas en el artículo 200 del Código Penal, el que, utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. Si el hecho fuere seguido de la muerte de alguna persona, la pena será de diez (10) a veinticinco (25) años de reclusión o prisión.
Por su parte, el aeroaplicador Edgardo Pancello fue hallado coautor del mismo delito.
A pesar de haber sido encontrados culpables y de que la ley establece la prisión para quien incurriese en este delito, el tribunal determinó que los imputados cumpliesen la condena realizando trabajos comunitarios en el Estado o en instituciones de bien público vinculadas a la salud. Además,
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Parra fue inhabilitado por ocho años para realizar aplicaciones de agroquímicos, mientras que Pancello quedó inhabilitado por diez años.
Si bien las condenas no cumplieron las expectativas de los vecinos y del grupo de Madres del barrio, este juicio sentó un hito por ser el primer caso en el que se juzga la fumigación. Esto podría representar un antecedente importante para aplicar en causas que se estén llevando adelante en otros barrios o municipios afectados por el “modelo agrosojero” y azotados por las fumigaciones diarias.
Monsanto y la sintonía fina
La planta de Monsanto en Malvinas Argentinas está destinada a acondicionar semillas transgénicas de maíz; acondicionamiento que consiste principalmente en seleccionarlas e impregnarlas de varios agrotóxicos. Siendo el principal de ellos clotianidina. Este químico se encuentra prohibido en Europa por sus efectos tóxicos ambientales, prohibición que se extiende a todas las semillas tratadas con este veneno; incluyendo, obviamente, las de maíz. Las semillas de Monsanto procedentes de esta nueva y gigantesca planta, contaminarán enormes extensiones de suelo argentino y amenazarán la salud de las personas expuestas a ellas y a sus empleos […].
Medardo Ávila Vázquez, Red Universitaria de Ambiente y Salud, 2013
Hoy nuestro país tiene 28 eventos transgénicos vigentes, de los cuales el 75% fueron aprobados entre 2003 y 2013, incluidos los últimos productos estrella de Monsanto: la soja RR 2 y el maíz RR 2 que incorpora la tolerancia al glifosato. Por ello no resulta casual que el modelo del agronegocios esté en el centro de las críticas. Estas apuntan no solo a los gobiernos que lo fomentan, sino también a empresas como Monsanto, que no es la única que produce transgénicos pero sí es la corporación paradigma mundial de este tipo de cultivos.
Desde hace más de una década se conmemora el 16 de octubre como el Día Mundial de la Soberanía Alimentaria. En 2013 el lema para este día fue “Nada que festejar”. Con mil millones de personas en el mundo que padecen hambre crónica y otros mil millones que sufren obesidad, el actual
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modelo alimentario desnuda toda su perversidad. Estamos malnutridos o, como titula Soledad Barruti un libro de su autoría, Mal comidos (2013). El caso es que el último aniversario del Día Mundial de la Soberanía Alimentaria encontró a muchos vecinos y militantes en alerta en uno de los principales centros del modelo de agronegocios: la localidad de Malvinas Argentinas26 (Córdoba), donde desde septiembre de 2013 se lleva a cabo un acampe en contra de la instalación de una planta de Monsanto, una de las más grandes del mundo, cuya construcción fue anunciada por la propia presidenta de la República.
Monsanto inauguró su primera planta acondicionadora de semillas híbridas de girasol en Pergamino, en el año 1978. La corporación paradigma de las semillas transgénicas cuenta con un historial sórdido, como aparece en el documentado libro de Marie Monique Robin, El mundo según Monsanto, publicado en 2008. Ahora bien, la profundización de la alianza estratégica del gobierno kirchnerista con Monsanto formarían parte de la llamada “sintonía fina” (Rulli y Mendoza, 2013) prometida por Cristina Fernández de Kirchner durante su campaña electoral en 2011. Así,
el 14 de junio del año 2012, pocas horas después de su aclamada intervención por la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas ante el Comité de Descolonización de la ONU, Cristina Fernández de Kirchner participó de una reunión en el Consejo de las Américas junto a diversos representantes de las corporaciones transnacionales más poderosas del mundo. Entre ellos, por supuesto, se encontraban los directivos de Monsanto Company (Rulli y Mendoza, 2013).
Ese mismo día se dio a conocer la noticia de la construcción de dos plantas experimentales de Monsanto en Córdoba: una, en la ciudad de Río Cuarto; otra, en la localidad de Malvinas Argentinas, en las afueras de la capital cordobesa. “Durante la reunión, los ejecutivos analizaron junto a la presidenta la importancia que tendrá la innovación en agricultura en el contexto de un crecimiento exponencial de la demanda mundial de alimentos durante los próximos años. En este contexto, la compañía prevé un rol clave para la Argentina”,27 decía la empresa, un día después, en un comunicado de prensa.
26 La localidad de Malvinas Argentinas se encuentra a 14 km de la ciudad de Córdoba.
27 Ver video: .
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Monsanto preveía construir en la localidad de Malvinas Argentinas una de las dos plantas más grandes del mundo para el “tratamiento y acondicionamiento” de semillas de maíz con una capacidad máxima de producción para 3,5 millones de ha. En ella produciría una semilla, el maíz MON810, a la que se le han injertado genes –por lo que se trata de una variedad transgénica– y que durante su ciclo vital, en cada una de sus células, secreta una sustancia tóxica. Entre otros genes implantados, esta semilla contiene unos que la convierten en resistente a los antibióticos de uso común en medicina humana. Estas toxinas no son inocuas para los seres humanos e impactan enormemente en el ambiente. Además, en esta planta se pretende desarrollar otro producto, cuyo nombre comercial es “Intacta”, que consiste en una semilla que soporta el glifosato y el glufosinato. El proceso previsto para el funcionamiento de la planta, en cuanto al “curado” de las semillas, consume gran cantidad de agua y genera una importante cantidad de líquidos residuales altamente peligrosos y que la semillera debe desechar, desconociéndose el procedimiento para ello.
En esta planta de maíz transgénico, Monsanto prepararía semillas reproducidas en el Valle de Conlara, en la provincia de San Luis (REDUAS, 2013). Se trata de semillas que aprovisionarán los 3,4 millones de ha de campos argentinos destinados a este cultivo. El proceso de preparación de las semillas de maíz tiene varias etapas; la más importante es la denominada “curado” del grano, que consiste en impregnar las semillas de agrotóxicos muy persistentes (venenos de moléculas que no se degradan ni modifican) y peligrosos (clase toxicológica II según la Organización Mundial de la Salud –OMS–), para luego pintarlas de colores fluorescentes, a efectos de que nadie de modo accidental las ingiera por error, supuesto en que produciría resultados irremediablemente letales.
Como señala la Red Universitaria de Ambiente y Salud (REDUAS, 2013), los venenos que se utilizarán en esta etapa son insecticidas y fungicidas. Fue la propia Monsanto la que declaró en su Aviso de Proyecto (Soria, Garat y Moroni, 2012), que usará varios agrotóxicos para el “precurado” (antes del almacenaje en 216 silos allí instalados) y el “curado” propiamente dicho. Esos productos serían propoxur, deltametrina, pirimifós, tryfloxistrobin, ipconazole y metalaxyl, pero sobre todo clotianidina28 (fabricado por Bayer en Alemania). Para la primera fase de la planta se utilizarían
28 Este es un insecticida sistémico del grupo de los neonicotinoides (llamados así por actuar de forma similar a la nicotina); en mayo de 2013 se prohibió su utilización en todos los países miembros de la Unión Europea (Reglamento de Ejecución -UE- N° 485/2013).
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350 000 litros de plaguicidas al año, que corresponden al 20% de operaciones previstas (REDUAS, 2013); esto implica que el uso de plaguicidas podría trepar a 1 750 000 litros/año con el 100% de las operaciones previstas. Por lo menos la mitad de ese volumen, 875 000 litros, sería clotianidina.
Este novedoso maíz que pretende producir Monsanto tiene consecuencias ambientales y sanitarias absolutamente desconocidas. En el mundo es rechazado sistemáticamente el maíz que genera una sola toxina Bt, y en Argentina se autoriza y cultivará un maíz que tiene tres venenos Bt, cuyo impacto es desconocido y que fue autorizado por la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA) y el SENASA, en base al principio de equivalencia sustancial de transgénico con orgánico; equivalencia que imaginan hipotéticamente, pero que no demuestran, y afirman como real con temeraria irresponsabilidad (Resolución Nº 382/2012, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación),29 advierten alarmados en otro informe los Médicos de Pueblos Fumigados.30
Por otro lado, casi en coincidencia con el anuncio de la instalación de las plantas de Monsanto en Córdoba, en agosto de 2012 el entonces ministro de Agricultura, Norberto Yahuar, anunció que el gobierno había decidido “avanzar con un proyecto de una nueva ley de semillas, como corresponde en un país que aspira a ser líder en la producción de alimentos, y que busca proteger la propiedad intelectual en el proceso de desarrollo”. Se inició así un proceso de negociaciones en el marco de la Comisión Nacional de Semillas (CONASE), del que participaron miembros de organismos públicos (Instituto Nacional de Semillas –INASE–, INTA, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca); del sector privado (Asociación Semilleros Argentinos –ASA–, Cámara Argentina de Semilleros Multiplicadores –CASEM–, Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola –AACREA–, Asociación de Productores de Siembra Directa –AAPRESID–); y de las entidades de productores agrarios (FAA, SRA, ConInAgro y CRA). Como señala Perelmuter (2013),
El nuevo texto tuvo desde el primer momento la opinión favorable de la industria semillera, de la AAPRESID y también de la AACREA, de la Sociedad Rural Argentina, de CRA y de Coninagro, aunque estas últimas
29 Resolución Nº 382/2012, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. .
30 .
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con algunas objeciones. La Federación Agraria, en cambio, formuló su rechazo y se retiró de la mesa de negociaciones. Otros actores vinculados con las semillas, como las organizaciones campesinas e indígenas, o aquellas relacionadas con la denominada agricultura familiar, no fueron consultados ni incorporados formalmente al debate. Para fines de 2012, las negociaciones estaban estancadas.
El intento de modificar la Ley de Semillas no es nuevo y se enmarca en un contexto global –definido desde la Organización Mundial del Comercio (OMC)– de apropiación del proceso alimentario por parte de las grandes corporaciones, que buscan imponer derechos de propiedad intelectual sobre la semilla a través de lo que se conoce como “derecho del obtentor” (Vicente, 2013). Este busca recortar los derechos de agricultores y campesinos, anulando con ello un derecho milenario en el uso de las semillas y otorgando el monopolio (la patente) de la semilla a la empresa comercializadora (el obtentor). Su sola sanción conllevaría una modificación importante del sentido mismo del término “semilla”.
Mediante la biotecnología y la inserción de organismos genéticamente modificados, la propensión es a que no puedan reproducirse sino que, para iniciar un nuevo ciclo agrícola se deben comprar a los monopolios que las producen. Para las grandes empresas y para las legislaciones que las amparan, se trata de invenciones. Así, con la imposición de derechos de propiedad intelectual sobre semillas, la tendencia es a que los agricultores se transformen en simples arrendatarios del germoplasma que poseen las empresas biotecnológicas. Las semillas convertidas ya en mercancías, se constituyen en verdaderos productos de la industria al tiempo que se vuelve crucial el poder que otorgan sobre todo lo demás. Ya que controlar las semillas es controlar la reproducción de la vida (Perelmuter, 2013).

Viñeta 1: Declaración del Segundo Encuentro de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados
Como hemos visto, pese al persistente silenciamiento del tema, ya existen claras evidencias del impacto sociosanitario del modelo sojero, producto del uso de agrotóxicos. En este sentido, es de destacar el rol pionero que el movimiento de Madres del barrio Ituzaingó, de la ciudad de Córdoba, ha tenido en el tema, a través de las denuncias que iniciaron a partir de
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2002, vinculadas al uso de plaguicidas y su impacto en la salud. Esta tarea hoy ha sido asumida también por un conjunto de organizaciones de afectados y de profesionales, entre ellos la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, que ha venido realizando informes detallados sobre el impacto de las fumigaciones sobre la salud humana. Así, la declaración del Segundo Encuentro de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, realizado en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario en 2011, da cuenta de la gravedad de la situación:
Los miembros de los equipos de salud de los Pueblos Fumigados de la Argentina, junto con científicos, investigadores y académicos, reunidos en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, reiteramos nuestras certezas expresadas en la Declaración del Encuentro anterior de agosto de 2010, en la Facultad de Ciencias Médicas de la UN Córdoba. Esto es:
Que es muy importante la agresión a la salud en las poblaciones de localidades sometidas a fumigaciones constantes en la Argentina, y que la situación se agrava día a día, detectándose con mucha mayor frecuencia enfermedades severas como cánceres, abortos espontáneos, trastornos de la fertilidad y nacimientos de hijos con malformaciones congénitas.
Que distintos trastornos, como los respiratorios, endócrinos, neurológicos, hematológicos y psíquicos, son mucho más frecuentes en las poblaciones sistemáticamente fumigadas como consecuencia del actual modelo de producción agroindustrial.
Que la utilización de plaguicidas no deja de aumentar año a año, siendo que el crecimiento de su consumo fue del 74% en la última temporada, cuando 340 millones de litros de venenos se fumigaron sobre un área habitada por algo más de 12 millones de personas.
Que, valiéndonos de un conjunto suficientemente fuerte de datos, que no pueden ser negados al analizarse con objetividad la situación sanitaria de nuestros pueblos, la información científica explica la causalidad biológica de las manifestaciones clínicas que observamos en nuestros pacientes, y las revisiones sistemáticas de los estudios clínicos y epidemiológicos de observación, generan evidencia, suficientemente sólida y consistente.
Que por más que deseáramos una realidad distinta, la única verdad es la que hoy tenemos: el actual sistema de producción agrario es el responsable de ocasionar estos problemas sanitarios, además de otros graves problemas, como ecológicos y sociológicos, que no trataremos aquí.
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Oportunamente manifestamos y exhortamos, a las más altas autoridades nacionales, para que, utilizando el “principio precautorio” y con el fin de proteger a la población rural, se impusieran restricciones públicas al uso de los plaguicidas; reclamo que ha sido totalmente desoído.
Tampoco se observó compromiso parlamentario con el derecho a la salud de la gente; desgraciadamente en el Congreso Nacional continúa prevaleciendo la defensa de los derechos a la propiedad privada y al agronegocio.
Por esa razón, y considerando que estamos inmersos en un proceso electoral, es que nos dirigimos directamente a todos los candidatos que aspiran a gobernar el Estado Nacional y a las provincias agroproductoras, manifestándoles que podrán escuchar muchas voces sesgadas por intereses económicos, comerciales o políticos; pero nosotros, médicos, miembros de equipos de salud, investigadores, científicos y académicos que analizamos este problema, no creemos, sino que estamos seguros, de que los crecientes padecimientos en la salud de los habitantes de los pueblos fumigados, son generados por las fumigaciones. Esta seguridad nos la da conocer cómo evoluciona la salud de nuestras comunidades, mediante cotejos con la creciente información científica y solo interesándonos en la salud y calidad de vida de nuestros pueblos.
Por eso, exhortamos a los señores candidatos a Presidentes y Gobernadores, que tengan en cuenta esta realidad, que no solo consideren que Argentina aprovecha una coyuntura internacional con precios especulativos de commodities en alza y demanda sostenida. Sino que ello genera divisas en un sistema sin ningún tipo de control real, modelado por laboratorios multinacionales que promueven la utilización de más y más pesticidas que destruyen el ambiente, caen sobre la gente y generan cánceres en nuestros pacientes y malformaciones en sus (nuestros) hijos. Requerimos de los Candidatos que se expresen públicamente sobre cómo van a proteger la salud y la vida de la población de los Pueblos Fumigados. Nosotros proponemos como respuesta urgente a este problema que se PROHÍBAN las fumigaciones aéreas en todo el territorio nacional, como ya se estableció en la Unión Europea, y se restrinjan las fumigaciones terrestres alejándolas del límite de las plantas urbanas de los pueblos.
Observamos con preocupación que los reclamos y acciones de los vecinos de los pueblos afectados, nuestros pacientes, son reprimidos y judicializados con el objetivo de detener sus crecientes reclamos de reparación y defensa a sus derechos legítimos a la salud, por lo que
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reclamamos del Estado que se garanticen los mismos y se tomen urgentes medidas de reparación.
Por otro lado, reclamamos que se reclasifiquen los agrotóxicos considerando sus efectos agudos, de mediano y largo plazo en ensayos de laboratorio y en estudio en humanos. Exigimos que una dependencia de Salud y Ambiente sea la encargada de autorizar o rechazar el uso de cada pesticida en particular, como ocurre como ser en Canadá y no un ente donde solo participan el área de agricultura del Estado, los productores y las Cámaras productoras de plaguicidas, y prevalecen las necesidades productivas y comerciales de esos actores.
Por último, queremos reconocer el esfuerzo de todos los miembros de los equipos de salud en general, los vecinos de los pueblos y todos quienes entienden que en esta democracia necesitamos que se prioricen valores, como la salud y el ambiente, sobre los intereses económicos y comerciales de grandes grupos, empresas y pools de siembra.1
1 .

Monsanto y el derecho a decidir
Dijimos que en junio de 2012 la presidenta argentina anunció la construcción de dos plantas de semillas de Monsanto en la provincia de Córdoba. En razón de ello, el 18 de septiembre de 2013, vecinos y vecinas de la localidad de Malvinas Argentinas y miembros de diversas organizaciones sociales y ambientales decidieron instalarse de forma permanente sobre la ruta provincial A188 (ex A88), a menos de dos kilómetros de la localidad, para evitar el ingreso de camiones y materiales destinados a la construcción de la nueva planta. Los vecinos denuncian que no hay licencia social, exigen estudios de impacto ambiental y la realización de una consulta pública que garantice su derecho a decidir sobre el emplazamiento de la planta. El acampe situado a la vera de la ruta ha recibido el apoyo y la solidaridad de organizaciones sociales, de derechos humanos y políticas de las más variadas.31
31 También del ámbito de la cultura, como los cantantes Manu Chao, Rally Barrionuevo y Ricardo Mollo, de la conocida banda de rock Divididos, entre muchos otros. En el acampe, a la vera de la ruta los manifestantes han creado una huerta orgánica para autoabastecimiento pero fundamentalmente como una manifestación
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Sin duda, esta protesta contra Monsanto constituye un punto de inflexión en las luchas socioambientalistas de la Argentina. En este caso, los vecinos se enfrentan no solo con la empresa que es paradigma mundial en semillas transgénicas, sino también con la transversalidad política propia del extractivismo, ya que la instalación de la planta es apoyada por la presidenta de la Nación, por el gobernador de la provincia (el justicialista José Manuel De la Sota) y por el intendente de la localidad (el radical Daniel Arzani).
Durante el acampe, que se ha prolongado por varios meses, hubo por lo menos tres intentos de desalojo violento, que incluyeron la detención de varias personas que participaban de las protestas y el traslado al hospital de Sofía Gatica, una de las conocidas “Madres” del barrio Ituzaingó, por agresiones a la salida de su trabajo. Asimismo, la empresa Monsanto envió una carta-documento a la Asamblea de Autoconvocados del Bloqueo en Malvinas Argentinas, intimándolos a abandonar el corte. Las amenazas recibidas posteriormente, sumadas al grave ataque que Sofía Gatica sufrió el 22 de noviembre de ese año, dejan al descubierto la existencia de una acción orquestada para violentar a una de sus protagonistas y a quienes participan en la protesta contra Monsanto.
El día 28 de noviembre ocurrió otro grave hecho de represión contra el acampe, pero en este caso perpetrado por una “patota” –de la que formaron parte barrabravas del club Talleres de Córdoba– dirigida por la burocracia sindical de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y que actuó en el marco de una zona liberada por la
policía provincial.32, 33

de la posibilidad de existencia de otra agricultura. También se organizan charlas informativas y se deciden las acciones a seguir mediante el formato asambleario.
32 Su líder, el secretario general de la UOCRA de Córdoba, Gerardo Martínez, que acababa de ser reelecto, es una de las figuras centrales de la llamada “CGT oficialista” y ha sido denunciado por organismos de derechos humanos como cómplice de la dictadura. Según precisa el sitio especializado en cuestiones ambientales, COMAMBIENTAL, el fiscal Víctor Chiappero, encargado de investigar lo sucedido, señaló que “está probado que integrantes de la UOCRA estuvieron en el lugar. Si todos pertenecían a esa organización, no se puede confirmar todavía”, .
Exactamente un año antes, también una patota ligada a la UOCRA protagonizó un ataque a asambleístas contra la megaminería en Rawson, capital de la provincia de Chubut.
33 La amenaza constante de represión sobre quienes realizan el acampe contra la planta hizo que un grupo de académicos y miembros de organizaciones de la sociedad civil de la provincia de Córdoba, de todo el país, de América Latina y del resto del mundo, crearan una Comisión Veedora por la Vigencia de los Derechos
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El 8 de enero de 2014 la Justicia cordobesa falló en contra de Monsanto y ordenó paralizar la obra. La sentencia fue dictada por la Sala Segunda de la Cámara del Trabajo de Córdoba, que dio lugar al amparo presentado por los vecinos de Malvinas Argentinas en septiembre de 2012.34 En efecto, esta Sala ordenó a la empresa Monsanto frenar la obra civil hasta tanto se complete el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.
Además de aceptar la petición de los vecinos, la Justicia fue contundente al afirmar que las resoluciones y ordenanzas que autorizaban la construcción de la planta devienen
arbitrarias en forma manifiesta e inconstitucional, en tanto violenta normas de jerarquía superior, al disponer la autorización del Aviso de Proyecto correspondiente a la ejecución de la Etapa 1 “Planta de Acondicionamiento de Semillas de Maíz” en la localidad de Malvinas Argentinas, presentado por la firma Monsanto Argentina SAIC, aplazando la presentación del Estudio de Impacto Ambiental, para el momento previo al inicio de la Etapa Operativa.
Esto atento que fueron “sancionadas en violación de toda la normativa ya examinada en esta causa (Arts. 41 CN, 3, 4, 6, 19 a 21, ley 25 675, 2 y 5 a 8 decreto reglamentario 2131/00), pues incumplen también con los recaudos legales establecidos respecto a la oportunidad de la realización del Estudio de Impacto Ambiental y la audiencia pública”.
Por ello, la Justicia ordenó a la Municipalidad de Malvinas Argentinas
se abstenga de autorizar a la firma Monsanto Argentina SAIC, toda implementación, obra, ejecución o acción, hasta tanto no se cumplimente con la realización del correspondiente Estudio de Impacto Am-

Humanos en Malvinas Argentinas. De esta comisión forman parte numerosos
Premios Nobel Alternativos de todo el mundo y el Premio Nobel de la Paz de la Argentina, Adolfo Pérez Esquivel, entre otras destacadas figuras. La conformación de esta Comisión tiene como fin “observar permanentemente las acciones –privadas y estatales– con el objetivo de fortalecer el principio de respeto a los Derechos Humanos, así como registrar posibles transgresiones a los derechos y, llegado el caso, levantar las quejas y las denuncias correspondientes, tanto a nivel nacional como internacional”. Por ello sus miembros exhortaron “a las autoridades de los organismos involucrados a extremar los esfuerzos para enmarcar y resolver el conflicto cumpliendo a rajatabla la normativa provincial y nacional, y evitar la violencia represiva del Estado y el uso de la violencia entre ciudadanos”.
34 Impulsado por el abogado Federico Maciocchi, del Club de Derecho Argentino.
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biental y la celebración de una audiencia pública, que establecen la Ley General del Ambiente N° 25 675, la ley provincial 7343 y el decreto 2131/00.
Asimismo, ordena que se suspendan las obras que se llevan a cabo con los permisos otorgados por los instrumentos normativos tachados de arbitrarios e inconstitucionales a través de dicha sentencia.
Como hemos señalado, los vecinos piden solamente una consulta popular que garantice su derecho a decidir sobre el emplazamiento de dicha planta, la cual es negada sistemáticamente por el poder político. Y es negada porque es claro que no existe licencia social. En abril de 2013, investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), la Universidad Católica y el Conicet habían realizado 350 encuestas en Malvinas Argentinas, que mostraban que nueve de cada diez personas se manifestaron a favor de que se realice una consulta popular en la localidad y el 58% explicitó su rechazo a la instalación de la planta. Posteriormente, en octubre de 2013, la consultora Sicchar difundió otra encuesta de opinión de 1000 casos (de Córdoba capital y el resto de la provincia), en la que el 63,2% de los encuestados se mostró en desacuerdo con la instalación de la planta y el 66,8% expresó su acuerdo con los vecinos que se oponen a ella.35
Por otro lado, Monsanto también recibió un fuerte golpe en Río Cuarto, cuando en noviembre de 2013 el intendente impidió por decreto la insta-
35 . Por otro lado, Cecilia Carrizo, de la cátedra de Justicia
Ambiental de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, propone pensar el hecho como un caso de “chantaje locacional”. “En el caso de la pretendida radicación de la planta de Monsanto en Malvinas Argentinas, proponemos pensar un desplazamiento: desde el concepto de ‘chantaje locacional’ elaborado por las ciencias sociales para comprender la situación, a la reflexión para actuar en la situación sobre lo que en el campo del Derecho se conoce como una conducta delictual tipificada: la ‘extorsión’.
Conforme a nuestro Código, la extorsión consistente en ‘obligar a otra persona a entregar, depositar, enviar o colocar a su disposición o a la de otro, cosas, dinero o documentos que tengan la virtud de producir consecuencias jurídicas, y que no eran legítimamente exigibles; utilizando para ello los siguientes medios: intimidación (amenazas verbales o escritas, sobre el destinatario de la amenaza o un allegado suyo, expresas o implícitas), simulación de autoridad pública (fingir poseer una autoridad que no se tiene) o tener falsa orden de la autoridad. La pena es de reclusión o prisión de cinco a diez años’. A la denunciada falta de cumplimiento de la Ley General de Ambiente respecto a la obligatoriedad de la evaluación de impacto ambiental previo y la participación ciudadana, la lucha ciudadana devela nuevos elementos” (las cursivas son originales), Cecilia Carrizo, .
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lación de la otra planta experimental en la ciudad. El ejecutivo municipal aclaró, además, que se trataba de “una decisión política, que se basó en garantizar la paz social”, ya que la instalación de Monsanto traería más perjuicios que beneficios a la ciudad. Además, informó que el Estudio de Impacto Ambiental presentado fue rechazado por el Ente de Control Municipal (EDECOM), aunque aclaró que el decreto que impide la instalación de la planta experimental se presenta independientemente de las falencias técnicas detectadas (Ecos Córdoba, 2013b).
También en noviembre, cuando se cumplían dos meses del bloqueo a la planta de Malvinas Argentinas, las universidades Católica, de Río Cuarto y de Córdoba cuestionaron, en comunicados independientes entre sí, que se haya permitido la obra sin la previa Evaluación de Impacto Ambiental, como establece la Ley General del Ambiente, y que tampoco se cumpliera con el procedimiento de audiencia pública. El 10 de febrero de 2014 la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba rechazó con una dura resolución el Estudio de Impacto Ambiental presentado por Monsanto. La Comisión Técnica Interdisciplinaria que evaluó la documentación adjuntada consideró que esta era “insuficiente, reiterativa y sin profundidad técnica necesaria para responder adecuadamente a los condicionamientos cursados”.36 Esta determinación oficial no implica que el gobierno rechace definitivamente la instalación de la empresa en Córdoba; de hecho, se espera que en un futuro inmediato la firma presente un nuevo Estudio de Impacto Ambiental.
El tema no es menor: estamos ante un conflicto que nos alerta sobre la peligrosa relación que hay en nuestro país entre extractivismo y regresión democrática. Como sucede con la megaminería, en la que los proyectos se imponen verticalmente sobre las poblaciones, en Malvinas Argentinas los vecinos denuncian que no hay licencia social, exigen estudios de impacto ambiental y su derecho a decidir sobre el emplazamiento de la planta, a través de una consulta pública. En suma, lo que ocurre hoy en Córdoba cuestiona a Monsanto pero también cuestiona el modo en que se toman estas decisiones desde el poder político, advirtiéndonos de que no se trata solamente de una discusión técnica sino de un debate más amplio, que pone en juego el derecho a decidir colectivamente sobre los modelos de desarrollo.
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Épocas de cambios si las hay, la del paisaje rural de la Argentina. Ciertamente, los procesos de descomposición y de recomposición social que ha venido atravesando la estructura agraria de nuestro país en los últimos veinte años son enormes; cambios que seguimos con evidente preocupación. La estructuración del agronegocios, en tanto modelo hegemónico, conllevó y continúa implicando grandes mutaciones y desgarramientos. Así, la gran concentración de transgénicos y agroquímicos, debido a la cantidad de hectáreas cultivadas, “convierten al país en una suerte de primer laboratorio a cielo abierto” (Gras y Hernández, 2013).
Los impactos negativos del sistema agrario hegemónico se perciben tanto en el centro del modelo como en la periferia. En el centro o núcleo del modelo: uno de los grandes temas silenciados, antes latente aunque cada vez más manifiesto, es el que está ligado al impacto sociosanitario, producto del uso de agrotóxicos, a través de las fumigaciones. En la periferia: la expansión de la frontera de explotación (especialmente en las provincias del norte), se manifiesta de un modo cada vez más brutal, a través de la expulsión y desplazamiento de poblaciones y, en el límite, del asesinato encubierto bajo la forma de accidentes o de ataques “tercerizados” a miembros y dirigentes de poblaciones campesinas e indígenas. Una parte importante de los nombres que componen la lista de muertos por represión desde 2003 hasta el presente está vinculada a la expansión de la frontera sojera.
Laboratorio a cielo abierto, experimento a escala masiva, tanto sobre los territorios como sobre los cuerpos de las poblaciones, el caso es que estamos frente a un modelo de maldesarrollo, que ilustra uno de los temas más obturados por el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y los actores económicos involucrados.

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El modelo minero como figura extrema del extractivismo
Hay que dar discusión responsable y en serio en el país. Exigir calidad ambiental a las empresas pero también responsabilidad y seriedad sobre los planteos que se realizan, sin posiciones dogmáticas ni cerradas que se resisten a cualquier matiz.
Cristina Fernández de Kirchner, sobre la minería, en diálogo con un dirigente de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) durante el acto de ampliación de una planta cementera de Olavarría, 9 de febrero de 2012
Cristina recogió el guante y dijo lo suyo a favor de la minería, además de descalificar a quienes denostan la actividad y apelar al debate serio y responsable sobre la evolución del sector en el país. El gesto presidencial resulta más que positivo y no sorprende: hace tiempo que CFK se viene manifestando en ese sentido y fue recibido ayer, en las empresas mineras, como un espaldarazo, en medio de tantos ataques livianos de argumentos pero de tanto efecto mediático, a partir de Famatina.
Mining Press Argentina, 10 de febrero de 2012,
Las consecuencias de implementar una actividad propia del extractivismo como la contaminación del agua y del aire, los daños a la salud humana y consecuencias socioambientales
(desarticulación de las economías regionales, las
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migraciones, o el desempleo) son cuestiones serias que no han sido consideradas por el gobierno nacional y los gobiernos provinciales al momento de aceptar la instalación de estos proyectos. Las asambleas, en cambio, sí vienen teniendo ese debate serio que tanto se reclama desde hace años a través del trabajo reflexivo de los compañeros y las compañeras en los cortes, conversando con la comunidad, debatiendo en escuelas, lugares de trabajo, universidades y llevando adelante medidas de carácter institucional. Carta abierta de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), respuesta de las Asambleas en lucha contra la Megaminería a la señora presidenta de la Nación, febrero de 2012,
Introducción
Concebido como un país tradicionalmente agroexportador, ligado a la producción de granos y carne, la Argentina no posee un pasado de minería a gran escala, como sí sucede en los casos de Chile, Bolivia, Perú y México. A lo largo de los siglos XIX y XX la minería se llevó a cabo puntualmente en algunas provincias, como Jujuy (donde, como vimos en el capítulo 3, dejó un pasivo ambiental importante) y La Rioja (donde la explotación del cerro Famatina dejó viva la memoria del despojo, a través de un faraónico cablecarril y de una gran mina abandonada).
Sin embargo, debido a las posibilidades de explotación que en la actualidad ofrecen las nuevas tecnologías, se ha venido instalando un tipo de minería aun más depredatoria que la anterior, que se conoce como megaminería a cielo abierto. Esta se expande hoy en una decena de provincias argentinas, que incluyen desde Salta y Jujuy hasta la patagónica Santa Cruz, pasando por la región cordillerana, la precordillera y las estribaciones. No obstante ello, hasta enero de 2012, fecha en la que tuvo lugar la pueblada en Famatina, eran pocos los argentinos que estaban al tanto del tema. Asimismo, también eran muchos los que ignoraban el escenario de fuerte disputa que se había ido configurando en los territorios subnacionales entre las poblaciones que resisten el avance de la megaminería, por un lado, y la acción de las empresas y los gobiernos que buscan imponer el nuevo modelo, por el otro.
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Para dar cuenta de estos escenarios, en el presente capítulo haremos una presentación sobre el tema a través de cuatro momentos. En un primer apartado haremos un repaso general de las características del modelo minero y su expansión en nuestro país. En segundo lugar nos ocuparemos de ilustrar la realidad de las provincias mineras por excelencia: Catamarca, San Juan y Santa Cruz; retomaremos varios de los tópicos ya analizados en el libro colectivo 15 mitos y realidades de la minería transnacional en la Argentina (Colectivo Voces de Alerta, 2011), con el fin de actualizarlos y responder a otros nuevos mitos que se han difundido en los últimos años en favor de esta actividad. En el tercer momento haremos una reflexión sobre los debates acerca de la megaminería que han tenido lugar en nuestro país, desde aquel que involucró a las universidades públicas por el tema de los fondos de Bajo de la Alumbrera, hasta el debate parlamentario en torno a la Ley Nacional de Glaciares. Por último, en un cuarto apartado abordaremos algunos de los casos emblemáticos de la resistencia a la megaminería en la Argentina, desde el de Andalgalá (Catamarca), pasando por dos de los fracasos más estruendosos como fueron los de Potasio Río Colorado y Pascua Lama, hasta llegar a la pueblada de Famatina (La Rioja), que sin duda sintetizó el punto máximo de las luchas contra la megaminería en nuestro territorio.
El modelo minero y sus actores
¿A qué se debe esta expansión acelerada de la minería a gran escala en un país que nunca antes había conocido esta modalidad de explotación? Sin pretender reiterar desarrollos ya realizados en otras publicaciones (Svampa y Antonelli, 2009; Svampa y Sola Álvarez, 2010; Colectivo Voces de Alerta, 2011), quisiéramos resumir aquí las características del modelo minero.
En primer lugar, el elemento central que explica el pasaje de la minería “tradicional” a la “moderna” está dado por la escala de explotación, que obedece al progresivo agotamiento –a nivel mundial– de los metales en vetas de alta ley. En razón de ello, asistimos hoy a la generalización del sistema de explotación minera a cielo abierto o tajo abierto (open pit), que utiliza técnicas de procesamiento por lixiviación o flotación, en las que se emplean gran cantidad de agua y sustancias químicas contaminantes que permiten la extracción de los minerales diseminados en la roca portadora.
En segundo lugar, hablamos de minería transnacional, lo que subraya el hecho de que la actividad está altamente concentrada en unas pocas grandes empresas de capitales extranjeros que operan a escala global. Hoy,
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casi el 60% de la megaminería está en manos de empresas canadienses, a lo que hay que añadir la presencia cada vez mayor de capitales de origen chino. Asimismo, el carácter transnacional se refiere a que el destino casi exclusivo de este tipo de minería (oro, plata, cobre y otros minerales estratégicos) es la exportación de concentrado, con escasa transformación o valor agregado. Esto, a su vez, viene confirmando una desigual geografía de la extracción y el consumo general, que afecta a todo el subcontinente latinoamericano. Por ejemplo, América Latina produce el 26,2% de la bauxita en el mundo, pero solo consume el 2,9%; en cuanto al cobre, produce el 45,1%, y consume el 6,1% (Machado Aráoz, 2012 y 2014). Respecto del oro, se extrae el 15,2%, pero se consume solo el 3%; a esto hay que agregar que la minería aurífera, muy expandida en nuestro país, refiere a un metal que tiene un escaso uso o utilidad social, ya que el 83% de su producción es utilizado para reservas bancarias y joyería.
En tercer lugar, se trata de minería a gran escala. Este tipo de minería hidroquímica aparece asociada a megaproyectos o grandes emprendimientos, que por su misma envergadura conllevan un mayor consumo de químicos y explosivos (voladura de cerros), y una mayor utilización de agua y energía. En consecuencia, sus impactos económicos y ambientales sobre los territorios y la población son también mayores. Por ejemplo, Minera Alumbrera (provincia de Catamarca), el primer emprendimiento de este tipo inaugurado en la Argentina (1997), es el mayor consumidor privado individual de energía eléctrica del país; este consumo representa el 85% del consumo total de la energía de la provincia y el 35% del consumo industrial de todo el Noroeste (Gutman, 2013: 61). Asimismo, Minera Alumbrera está habilitada a utilizar 100 millones de litros de agua por día. Por otro lado, el proyecto binacional argentino-chileno Pascua Lama, de la empresa Barrick, tenía previsto consumir casi 1000 millones de litros de hidrocarburos durante todo su proceso extractivo (Colectivo Voces de Alerta, 2011). En razón de ello, este tipo de minería entra en competencia con otras actividades económicas regionales (agricultura, ganadería, industria y turismo) por los mismos recursos (tierra, energía y agua).
En cuarto lugar, en la medida en que la minería avanza sobre los territorios y entra en competencia con otras actividades por la utilización del agua, la energía y otros recursos, termina por reorientar la economía del lugar donde se implanta, configurándose como un modelo territorial excluyente frente a otras concepciones del territorio. En este sentido, el modelo minero que sostienen las empresas transnacionales, en alianza con los diferentes gobiernos (nacional y provinciales), despliega una concepción binaria del territorio sobre la base de la división viable/inviable, que desemboca en
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dos ideas mayores: por un lado, en la idea de “territorio eficiente”, concepto que se articula con los tópicos clásicos del paradigma productivista acerca del progreso y la modernización; por otro, en la idea de territorios vacíos o “socialmente vaciables” o –para decirlo en términos más concretos– de áreas o zonas de sacrificio. Desde luego, la eficacia simbólica de esta estrategia está vinculada con la implantación geográfica de los proyectos mineros en zonas relativamente aisladas o caracterizadas por una escasa densidad poblacional, todo lo cual construye escenarios de fuerte asimetría social entre los actores en pugna. Así, las economías regionales son devaluadas o minimizadas respecto de los impactos posibles de la actividad extractiva. El establecimiento de zonas de sacrificio, en función de la rentabilidad y la exportación de bienes primarios, posteriormente repercute y tiene efectos visibles sobre los cuerpos de las poblaciones.
En quinto lugar, existe una larga lista de los impactos ambientales que este tipo de minería genera, y que intentaremos resumir. La minería a cielo abierto produce cincuenta veces más desechos que la minería de socavón (Gutman, 2013: 73); por ejemplo, cada gramo de oro extraído en Pascua Lama requerirá remover 4 toneladas (4 000 000 g) de roca, y consumir 380 litros de agua, 43,6 kwh de electricidad (similar al consumo semanal de un hogar argentino medio), 2 litros de gasoil, 1,1 kg de explosivos y 850 g de cianuro de sodio (Colectivo Voces de Alerta, 2011: 71). La minería a cielo abierto contamina frecuentemente las cuencas hídricas con metales pesados y sustancias químicas como el cianuro. El agua, principal insumo en el proceso extractivo, es obtenida de ríos y acuíferos cercanos a los proyectos a razón de cientos o miles de litros por segundo; las explotaciones suelen situarse en los sectores más altos de las cuencas hídricas, y en algunas ocasiones en las proximidades de reservas de agua fósil. Por otro lado, esta modalidad de minería afecta profundamente la morfología de la zona donde se efectúa la explotación, ya que obliga a realizar un pozo (tajo, rajo u open pit) de hasta cientos de hectáreas de superficie y cientos de metros de profundidad. Esta excavación es abandonada al finalizar la explotación, es decir que donde antes había un cerro, o una ladera del mismo, queda una gran hondonada (o decenas de ellas, como las que ya ha generado la mina Cerro Vanguardia en Santa Cruz). Asimismo y antes de comenzar la explotación, la megaminería ejerce una fuerte intrusión en vastas zonas del territorio para el acceso a los yacimientos y la posterior extracción: huellas mineras, aperturas de acceso, camiones de muy gran porte, ingreso y traslado de sustancias peligrosas y explosivos. Para ello, además, las empresas utilizan a discreción rutas y caminos públicos, usufructúan la infraestructura del Estado y demandan cuantiosa obra pública para poder operar.
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Este tipo de minería utiliza sustancias tóxicas –como el cianuro y el ácido sulfúrico, entre otros– para extraer los metales de las rocas removidas, trituradas y molidas, mediante operaciones conocidas como lixiviación y/o flotación, según los casos. Los residuos generados por la extracción son almacenados en depósitos (diques de cola) que muchas veces, ya sea por deterioros o derrames, terminan contaminando los cursos de agua o las aguas subterráneas. También suelen contaminarse el aire y los suelos, los sistemas productivos y las personas, que llegan a padecer serios trastornos de salud (cánceres y enfermedades respiratorias y de la piel son algunos de los signos que han proliferado en las zonas afectadas). Los escombros generados durante la explotación también contaminan: las rocas removidas remanentes de la explotación son depositadas formando escombreras, que pueden drenar diversas sustancias contaminantes (ácidos y metales de diversa toxicidad). Otra cuestión es el fenómeno del drenaje ácido, que puede durar cientos o miles de años, y puede ser particularmente grave cuando las explotaciones mineras están ubicadas en las cabeceras de las cuencas hídricas, lo que hace que el impacto contaminante avance aguas abajo de las mismas.
Por último, como hemos visto en el capítulo 3, los procesos contaminantes suelen tener un carácter transfronterizo, al que se añade la irresponsabilidad de las empresas ante el cierre de minas (pasivos ambientales), que quedan a cargo de la población y del Estado.
En sexto lugar, es necesario hacer notar que megaminería y conflictividad aparecen intrínsecamente asociados. En efecto, si hay algo que no puede ser negado o minimizado, ni siquiera por el propio discurso tecnocrático prominero, es la fuerte conflictividad social desencadenada de manera creciente por los proyectos mineros. Así, a lo largo de toda América Latina y de la geografía de los países del sur en general, a medida que se fue ampliando la frontera minera y que aumentó la cantidad de proyectos de extracción de oro, cobre y otros minerales, los conflictos territoriales y ambientales provocados por esta actividad también se multiplicaron. Cada proyecto minero desencadena, de por sí, un proceso conflictivo que no cesa ni aun cuando este es momentáneamente paralizado, ni cuando se hubiere agotado el ciclo de vida del yacimiento (Colectivo Voces de Alerta, 2011: 69-82; Machado Aráoz, 2012).
Esta combinación de aspectos –máxima expresión del despojo económico, expropiación de los territorios, deterioro y contaminación ambiental– es lo que convierte a la megaminería en una suerte de figura extrema, símbolo del extractivismo depredatorio. Es por ello que, utilizando la expresión de Mirta Antonelli (2010), podemos afirmar que la megaminería sintetiza un “modelo de ocupación territorial”, pues la actividad avanza con una lógica vertical, de arriba hacia abajo, sin licencia social ni consulta
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a las poblaciones, imponiéndose por sobre las territorialidades existentes, alternativas o latentes, sea que estas enarbolen la defensa de las economías regionales o que vehiculen un lenguaje de valoración del territorio diferente al hegemónico, tal como pueden hacer los pueblos originarios o las asambleas de autoconvocados que existen en nuestro país.
La expansión del modelo minero
Como en otros países de la región, en la Argentina la introducción de este modelo fue posible gracias a una serie de leyes promulgadas en los años noventa, durante los dos mandatos de Carlos S. Menem (1989-1995, 19951999). La reforma constitucional de 1994 fue evidentemente un parteaguas, pues implicó un cambio profundo en relación con la explotación de los recursos naturales, al consagrar su provincialización (gas, petróleo, minería) y autoexcluir al Estado de su explotación, dando paso obligado a la privatización. En el campo de la minería, se establecieron un conjunto de medidas que consistieron en el otorgamiento de beneficios y exenciones al capital transnacional, algunos de los cuales son los siguientes: estabilidad fiscal por treinta años; exención del pago de los derechos de importación; deducción del 100% de la inversión en el impuesto a las ganancias; exención al descubridor del yacimiento del pago del canon por tres años; en cuanto al pago de regalías, se estableció un porcentaje máximo del 3% al valor boca mina declarado por la empresa (y del cual se descuentan los costos que implica el proceso desde su extracción hasta el traslado para la exportación); exención a las empresas del pago de retenciones por exportaciones; no obligación de liquidar divisas en el país.
El Código de Minería de la República Argentina, que desde su elaboración en la década de 1880 no había sufrido mayores modificaciones, vio alteradas incluso ciertas restricciones que regían desde la época de la Colonia. Se eliminaron así las limitaciones en cuanto al tamaño de las concesiones de exploración y explotación, al tiempo que se ampliaron los plazos de arrendamiento y usufructo de minas. La construcción de un andamiaje legal específico fue acompañada desde el Banco Mundial por el Programa de Asistencia a la Minería Argentina (PASMA), cuyo principal objetivo fue el de realizar reformas regulatorias e institucionales tendientes a alentar la inversión privada en minería (Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva –SECyT–, Plan Nacional Plurianual 1998/2000-Anexo Minería). El proyecto tuvo una duración de seis años (1995-2001), ejecutándose a nivel del Estado nacional y en seis provincias. Posteriormente,
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se llevó adelante la segunda fase, que incluyó a diecisiete provincias. Entre los componentes del proyecto se encuentran el desarrollo del marco institucional, el sistema de catastro y registro minero, el manejo ambiental y el sistema unificado de información minera.
Asimismo, se implementó una legislación de “facilitación fronteriza” para que los límites entre países y sus consecuentes incumbencias no fueran un impedimento para la explotación a ambos lados de la cordillera de los Andes, mediante el Tratado de Integración y Complementación Minera con Chile, firmado en julio de 1996. En dicho tratado, los Estados nacionales de Chile y Argentina transfirieron poder de decisión y soberanía, configurándose así un territorio donde se desdibujan las fronteras y se genera una legalidad propia a los intereses mineros.
El marco regulatorio fue impulsado por los gobernadores de las provincias hoy consideradas mineras, entre ellos José Luis Gioja (San Juan) y Ángel Maza (La Rioja). El panorama se completa si incluimos otra de las provincias emblemáticas del país minero, Santa Cruz, que fue gobernada hasta 2003 por Néstor Kirchner. Cabe resaltar que, en 2004, siendo presidente, el mismo Kirchner confirmó la continuidad del modelo minero declarándolo como un “objetivo estratégico”, para lo cual avanzó incluso en la exención total del IVA para la minería y otros puntos estratégicos relacionados con el desarrollo del sector minero. La continuidad de la política, el involucramiento de la estructura del Estado nacional y, por supuesto, el compromiso aun mayor de sus homólogos provinciales, demuestran hasta qué punto este tipo de minería se ha convertido en política de Estado.
A fines de 2007, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner aumentó las retenciones a las exportaciones de los hidrocarburos y los productos agrícolas. En ese marco, también se introdujeron retenciones móviles a las exportaciones mineras (de 3% a 5%). Sin embargo, hasta el conflicto en Famatina (enero de 2012), la línea general del gobierno fue el apoyo fáctico a la política minera, que coexistía con la ausencia de un discurso oficial más explícito sobre estos temas, en medio del silenciamiento de los riesgos ambientales y de las movilizaciones de las poblaciones, frente a un contexto de oportunidades económicas.
Así, en el último decenio, nuestro país ha sido testigo de la expansión vertiginosa de la megaminería con propósitos de exportación. Por ejemplo, hacia 2002, las exportaciones totales de oro de la Argentina eran de unos US$ 89 377 000, lo que representaba un 0,35% del total. En 2012, ese volumen había crecido más de 24 veces, alcanzando los US$ 2 259 618 000, lo que equivalía casi al 2,8% de las exportaciones totales del país. En la actualidad, si seguimos los datos oficiales, la megaminería incluye unos seis-
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cientos proyectos, en diversos grados de avance (prospección, exploración, construcción, explotación y cierre). Por último, si bien la cartografía extractiva incluye sobre todo el oro, la plata y el cobre, en los últimos años se ha extendido hacia otros minerales, hoy considerados estratégicos, entre ellos el litio, cuyos yacimientos se encuentran en el norte del país.
Resistencias sociales y legislaciones del “no”
Debido a cuestiones vinculadas con las características negativas del modelo, potenciado cada vez más por razones de índole histórica –la memoria larga del saqueo colonial–, la megaminería metalífera a cielo abierto se convirtió en la actividad extractiva más cuestionada por las poblaciones latinoamericanas. No obstante, cabe aclarar que lejos estamos de asistir a una oposición contra todo tipo de minería. Las poblaciones, se trate de comunidades campesino-indígenas o de asambleas de vecinos, multiétnicas y policlasistas, en pequeñas y medianas localidades, se oponen al modelo de minería metalífera a gran escala. En ese sentido, las críticas no se dirigen a la minería no metalífera; es decir, el eje del debate no tiene que ver ni con la sal de la mesa, ni con la roca para la cal, ni con el cemento, sino que básicamente lo que se cuestiona e impugna es la megaminería metalífera a cielo abierto, con las características descriptas más arriba (Colectivo Voces de Alerta, 2011).
Actualmente, no hay país latinoamericano con proyectos de minería a gran escala que no tenga conflictos sociales suscitados entre las empresas mineras y el gobierno versus las comunidades: México, varios países centroamericanos (Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá), Ecuador, Perú, Colombia, Brasil, Argentina y Chile. Según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), en 2010 había en el subcontinente 120 conflictos mineros que involucraban a 150 comunidades afectadas; en 2012, los conflictos ya eran 161, e incluían 173 proyectos y 212 comunidades afectadas. En febrero de 2014, el número de conflictos ascendía a 198, con 297 comunidades afectadas y 207 proyectos involucrados. La lista de países con mayor cantidad de conflictos contempla a Perú (34), Chile (34), México (29), Argentina (26), Brasil (20), Colombia (12), Ecuador (7) y Uruguay (1); a ellos se agregan 6 de carácter transfronterizo. Como vemos, la Argentina se halla en cuarto lugar, luego de tres países con un importante pasado minero (OCMAL, 2014).
Por lo general, las acciones de oposición arrancan con reclamos puntuales (económicos o ambientales) y van configurando nuevas “comunidades del no” (la expresión es de Mirta Antonelli [2009]). Pero en la misma
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dinámica de lucha, estas tienden a ampliar y radicalizar su plataforma representativa y discursiva, incorporando otros temas como el cuestionamiento al modelo de desarrollo hegemónico y la demanda de desmercantilización de los bienes comunes. En otros términos, los procesos de movilización van conduciendo a una concepción de la territorialidad opuesta a las nuevas formas de colonización de la naturaleza, ilustradas por el discurso eficientista y el desarrollismo dominante. Para el caso que nos ocupa, asistimos a la emergencia de una nueva ecología política del agua, en defensa de las cuencas hídricas, fuertemente amenazadas por la actividad minera, tal como lo refleja la consigna “el agua vale más que el oro”, que hoy recorre las luchas contra la megaminería en todo el continente.1
Otro de los elementos más novedosos de las resistencias contra la megaminería es la articulación entre actores diferentes, que incluyen desde organizaciones o comunidades de vecinos hasta pequeñas organizaciones ambientalistas (ONG), colectivos culturales y juveniles, así como profesionales y universitarios. Uno de los mayores logros es que este diálogo entre disciplinas y organizaciones heterogéneas ha ido produciendo un saber experto independiente de las corporaciones y de los gobiernos, desde el que ha sido posible plantear una disputa, a la vez epistémica y política.
Resulta imposible realizar un listado de las redes autoorganizativas nacionales y regionales contra la megaminería que existen tanto en nuestro país como en América Latina, además de las organizaciones campesinoindígenas preexistentes.2 En la Argentina, desde 2006 existe la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), que congrega un centenar de organizaciones que cuestionan el modelo minero, y que realiza dos encuentros nacionales por año en diversos puntos del país. Asimismo, existen articulaciones de orden regional, como la Asamblea Socioambiental del Noroeste Argentino (ASANOA) y la Unión de Asambleas Patagónicas (UAP), que nuclea a organizaciones que luchan en diversos frentes territoriales y ambientales (megaminería, fracking, contra el cerramiento de espacios públicos, contra el acaparamiento de tierras, entre otros).
1 Para una mirada más global de estos procesos ligados a la megaminería desde una perspectiva que acentúa las alteraciones en el metabolismo socioeconómico, véase G. Delgado Ramos, 2010.
2 A título de ejemplo, podemos mencionar la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI), nacida en 1999 en Perú; y la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA), creada en 2008 en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con el apoyo de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS), que incluye diferentes frentes de lucha.
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Hemos dicho anteriormente que la megaminería avanza sin licencia social. En este sentido, es importante señalar que a pesar de que existen dispositivos institucionales previstos por nuestra Constitución nacional, las constituciones provinciales y una amplia normativa ambiental, estos dispositivos son raramente aplicados. Nos referimos a diferentes mecanismos de participación ciudadana, entre ellos las audiencias públicas y las evaluaciones de impacto ambiental (ambos de carácter obligatorio), así como a la normativa que establece la obligación de consulta a los pueblos originarios (convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo – OIT–, que estipula la consulta libre, previa e informada), y el derecho de consulta del conjunto de la ciudadanía, establecido en la Constitución nacional por la reforma de 1994.
A diferencia de otros países latinoamericanos, las consultas o plebiscitos no han sido la vía institucional más frecuentemente utilizada por las poblaciones en nuestro territorio.3 En la Argentina solo se han registrado dos plebiscitos entre 2003 y 2012 para consultar a la población sobre la posibilidad de llevar a cabo un emprendimiento minero: el primero de ellos fue en la localidad de Esquel y la Comarca Andina (Chubut), y el segundo, más reciente, en la localidad de Loncopué (Neuquén). Entre uno y otro mediaron casi diez años y varias prohibiciones de llevar a cabo plebiscitos locales, entre ellas tres en Calingasta (San Juan), dos en Tinogasta y una en Andalgalá (ambas en Catamarca). En todos los casos, los estados provinciales alegan que, al ser los recursos naturales de dominio originario de las provincias, los municipios no tienen competencia para decidir sobre los mismos y, por ende, sus poblaciones tampoco.
Quizá por esa razón, el camino más frecuente en la Argentina ha sido el de la sanción de leyes provinciales que prohíben o restringen la megaminería con algún tipo de sustancia química. Así, en nuestro país, el surgimiento de un campo de disputa alrededor de la aceptación o rechazo del modelo minero ha generado una cartografía singular y cambiante, en la que el avance vertiginoso de este modelo convive con diferentes leyes protectoras, que prohíben la megaminería hidroquímica en varias provincias. Por otro lado, es necesario observar que la conflictividad adopta diferentes rasgos, según la etapa en la que se encuentre el proyecto: anterior a la instalación del mismo (como sucedió en los casos exitosos de Esquel y Fama-
3 “From Tambogrande in 2002 to Mataquescuintla (Guatemala) in November 2012, 68 consultations/referenda have been conducted in 5 Latin American (LA) countries.” Estas consultas han involucrado a unas 700 000 personas. Véase Mariana Walter y Leire Urkidi, 2013.
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tina); durante la explotación (como sucede con el problemático yacimiento de Alumbrera, que afecta de manera directa e indirecta a cuatro provincias); o a partir del cierre de la mina (como sucede en Jujuy, con Abra Pampa).
Entre 2003 y 2011, gracias a la resistencia y movilización de las poblaciones afectadas, fueron varias las provincias que sancionaron leyes que prohíben la minería con uso de determinadas sustancias tóxicas. Cuatro factores clave jugaron a favor: movilización multisectorial, socialización de la información, construcción de redes territoriales y acumulación de las luchas (Svampa, Sola Álvarez y Bottaro, 2009). Estas legislaciones representan un logro muy importante de las asambleas de autoconvocados, en articulación con actores político-partidarios y algunas ONG ambientalistas. Tanto su promulgación como la continuidad de las mismas son producto de acciones institucionales sostenidas por la acción directa, que incluyen desde la recolección de firmas hasta la realización de marchas, los eventos culturales y las performances, la participación en festivales y fiestas conmemorativas a nivel local y provincial. Sin embargo, la vigencia de estas leyes no está garantizada. Muy por el contrario, el lobby minero apunta a lograr la declaración de nulidad, con pedidos de inconstitucionalidad a los supremos tribunales de Justicia provinciales, tal como sucede en las provincias de Mendoza y Córdoba.
Cuadro 5.1. Provincias que dictaron leyes que prohíben algún aspecto de la actividad minera metalífera
Provincia Ley Fecha
Chubut 5001 04/2003
Río Negro 3981 07/2005, derogada el 28/12/2011
La Rioja 8137 03/2007, anulada 07/2008
Tucumán 7879 03/2007
Mendoza 7722 06/2007
La Pampa 2349 08/2007
Córdoba 9526 09/2008
San Luis s/d 10/2008
Tierra del Fuego s/d 12/2011
Fuente: elaboración de M. Sola Álvarez, L. Bottaro y M. Svampa en el marco del equipo de investigación “Modelos de desarrollo en disputa”.
Asimismo, de modo recurrente, el cambio en el sistema de oportunidades políticas ha sido aprovechado por el poder provincial para impulsar la
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derogación de las leyes protectoras, tal como ocurrió en La Rioja, donde de modo escandaloso la ley fue derogada en 2008 por el gobernador Luis Beder Herrera, el mismo que había promovido su sanción solo un año antes. Algo similar ocurrió en Río Negro, a fines de 2011, cuando la llamada ley anticianuro (una de las primeras en ser aprobada, luego de la ley provincial en Chubut) fue derogada sin debate alguno, en un contexto de emergencia económica y social desatado a raíz de la erupción del volcán Puyehue, cuyas cenizas afectaron el desenvolvimiento de las economías regionales (prioritariamente la ganadería y, de modo secundario, el turismo).
Por último, otra de las estrategias que apuntan a la derogación de las leyes protectoras es la propuesta de cambio regulatorio o de zonificación (con el establecimiento de zonas de sacrificio), en el afán por impulsar la megaminería en territorios donde esta ha sido prohibida o restringida, como sucede en Chubut, provincia pionera en el tema. En todo caso, las amenazas de derogación son múltiples y las corporaciones se demuestran pacientes, a la espera de hallar la oportunidad adecuada para volver a “abrir el debate” sobre la megaminería, en aquellas localidades y provincias donde ha sido prohibida, con tal de obtener sus objetivos.
Los mitos de la megaminería y la realidad de las provincias mineras
Desde un punto de vista estructural, el principal efecto ha sido el de reinstalar un nuevo patrón de asimetrías económicas y geopolíticas a través de la creación de territorios especializados en la provisión de bienes naturales, intervenidos y operados bajo el control de grandes empresas transnacionales. De tal modo, estas se constituyen, por un lado, en nodos de apropiación de rentas generadas políticamente a través de los beneficios fiscales y comerciales; y por el otro, cumplen la “función geopolítica” de asegurar a nivel global la provisión de insumos críticos y estratégicos para las dinámicas de transformación y consumo controladas desde las potencias que detentan el monopolio de la innovación tecnológica y de los flujos financieros mundiales. Colectivo Voces de Alerta, 15 mitos y realidades de la minería transnacional en la Argentina
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En este apartado nos interesa colocar el acento en tres de los mitos fundamentales que impulsan los defensores de la megaminería, tomando como ejemplo a las provincias donde se ha implantado dicha actividad. El primero de ellos tiene que ver con la asociación entre megaminería y desarrollo; el segundo, entre megaminería y empleo; y el último, la cuestión de la renta minera y los beneficios del Estado.
Mito 1: La minería como “motor de desarrollo”
Como hemos dicho en otro trabajo (Colectivo Voces de Alerta, 2011), uno de los mitos más ampliamente difundidos –y sin embargo más endeble– de la minería transnacional a gran escala versa sobre los impactos macroeconómicos positivos que esta actividad tendría sobre las economías nacionales de los países que la acogen. Desde esta perspectiva, estos emprendimientos se constituyen presumiblemente como “motores de desarrollo”, que impulsan en conjunto la expansión y maduración de las economías locales. Tales aseveraciones se suelen sostener apelando a los grandes montos financieros de las inversiones iniciales que las empresas mineras realizan, y a los altos valores de exportación que generan, alegando que ellos se constituyen en fuentes de divisas, en importantes ingresos fiscales y en dinamizadores del resto de los sectores económicos. Las posturas apologéticas, por lo general, no consideran las condiciones político-institucionales que hicieron posible la “expansión minera”, ni la significación y los efectos que dicho “crecimiento” implica en términos de la estructura productiva y las relaciones de poder resultantes.
Asimismo, hemos señalado que, en términos de relaciones económicas, la globalización planteó una nueva división internacional del trabajo que acentuó aun más las asimetrías entre los países centrales y los periféricos. Esto se manifiesta en la tendencia de los países del norte a desplazar fuera de sus fronteras las primeras fases de la actividad extractiva, privilegiando el cuidado del ambiente en sus territorios, pero a costa de un mayor deterioro del ambiente a nivel global, particularmente de los países del sur, cuyos territorios son utilizados como fuente de recursos y sumidero de residuos (Naredo, 2006). Los principales efectos “macro” de la radicación de las fases extractivas de la minería transnacional a gran escala sobre las economías nacionales están vinculados a los siguientes aspectos: la recreación geopolítica y económica de asimetrías entre países proveedores de recursos primarios y países consumidores de bienes ambiente-intensivos; y, correlativamente, la extranjerización, concentración y reprimarización
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del aparato productivo interno de los países en los que se radican esas fases extractivas. Estos impactos redundan en mayor dependencia económica, comercial, financiera y tecnológica respecto a los “mercados internacionales” y las estrategias corporativas de las empresas que controlan el sector a escala global, y provocan mayor vulnerabilidad de las economías nacionales en relación a los flujos cíclicos y los vaivenes especulativos de la economía mundial.
En términos generales, estas transformaciones han tenido la función y el efecto de crear nuevos dispositivos de subalternización de las economías nacionales y de apropiación y transferencia de grandes excedentes financieros, asociados estructuralmente a la pérdida del peso relativo del Estado en la producción y regulación económica de sus territorios y el correlativo incremento de la participación y el poder de las grandes empresas transnacionales, tanto en las economías nacionales como en el plano mundial. Una de las consecuencias de ello en los países del sur ha sido la consolidación de economías de enclave, algo visible en los escasos encadenamientos productivos endógenos que produce la megaminería y en la fuerte fragmentación social y regional, lo cual termina configurando espacios socioproductivos dependientes del mercado internacional (Colectivo Voces de Alerta, 2011).
En otro orden, hay que señalar que dichas transformaciones geopolíticas volvieron a instalar el mito del desarrollo como “gran relato”. En el capítulo 1 hemos advertido que las narrativas del desarrollo que atraviesan el discurso extractivista, tanto de los gobiernos neoliberales y conservadores como de aquellos progresistas, aparece muy asociada a la visión hegemónica y sus dispositivos discursivos (desarrollo sustentable, responsabilidad social empresarial y gobernanza). Más allá de las narrativas dominantes, vale la pena preguntarse si la minería se ha consolidado como motor de desarrollo de las economías regionales. En la Argentina, las principales provincias ligadas a la megaminería son Catamarca, San Juan y Santa Cruz. Debido a la resistencia registrada en Chilecito y Famatina, La Rioja ha quedado más relegada, si bien la campaña prominera que actualmente realiza el gobierno provincial apunta a implantarla en otras localidades (véase Sola Álvarez, 2012). Sin embargo, en dichas provincias, la minería está lejos de haberse convertido en un motor de desarrollo. La acentuación de los niveles de pobreza, indigencia y desempleo contrasta notablemente con la “evolución” de las variables macroeconómicas en un contexto de fuerte expansión de las exportaciones mineras. A la hora actual, después de tres lustros de explotación de Bajo de la Alumbrera, el paisaje socioeconómico de Catamarca no cambió favorablemente, sino
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todo lo contrario: los índices industriales y de la construcción cayeron y los niveles de pobreza siguen siendo más altos que la media nacional (17,2% de pobreza en 2009 para el Gran Catamarca), con porcentajes de población “asistida” a través de los diversos “programas sociales” entre los más altos del país (es la provincia que presenta el mayor número de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo) e, incluso, con algunos valores superiores a la media de la región. A esto hay que añadir que Catamarca tiene la tasa de empleo público más alta del país: 25% de la población económicamente activa trabaja en el Estado, según consignaba el diario El Ancasti en 2010, que en una editorial reconoce que la megaminería, lejos de haberse convertido en “motor de desarrollo”, tal como pregonan sus defensores, se habría consolidado como una economía de enclave (Machado Aráoz, 2012).
Así, el mito de la “prosperidad minera” que esgrimen sus defensores se ve desmentido por la crisis fiscal que atraviesan tanto Catamarca como Santa Cruz, sin contar que durante 2011 la primera de estas provincias continuaba recibiendo del Estado nacional (es decir, del conjunto de los argentinos) el triple de fondos que Mendoza; por su parte, San Juan, el símbolo de la megaminería, recibe el doble. Siguiendo a Marcelo Giraud, que retomó los datos proporcionados por un estudio del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea en el período 2003-2010,
San Juan recibió transferencias de capital desde la Nación por valor de $ 4671 por habitante, mientras que Mendoza solo $ 1058 por habitante, es decir 4,4 veces menos. Peor es el caso de Santa Cruz, que recibió $ 20 893 por habitante transferidos desde la Nación. Catamarca (donde el municipio de Andalgalá en 2009 no tenía para pagar los sueldos) recibió $ 2886 por habitante. Multiplicando por la población según los datos preliminares del censo 2010, resulta ser que la Nación habría transferido a San Juan $ 3 178 274 517, mientras que a Mendoza (cuya población es 2,56 veces la sanjuanina) solo $ 1 842 623 380. Según ese mismo cálculo, a Santa Cruz (solo 15,6% de la población mendocina) le habrían llegado desde Nación $ 5 693 843 032.4
4 Agradecemos a Marcelo Giraud, quien retomó y reelaboró los datos del siguiente artículo, que reproduce parte del informe del IERAL. .
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Mito 2: La minería genera empleo
Pese a las promesas del sector, en 2011 la minería representaba en la Argentina el 0,7% del total de los asalariados registrados y menos del 0,5% del total del empleo privado registrado. Es que la megaminería es una actividad capital-intensiva y no trabajo-intensiva.
Cuadro 5.2. Empleos directos generados por la minería en la Argentina 1996-2012
Año Extracción de minerales
metalíferos
(1) Explotación de otras minas
y canteras
(2) Fabricación Explotación de productos de minas y can-
primarios de teras (excluidos
metales precio- hidrocar-
sos y metales buros) (4) no ferrosos (3) Total
(5)
1996 1172 10 349 4796 11 521 16 317
1997 1673 10 675 4854 12 347 17 201
1998 2138 11 055 4445 13 193 17 637
1999 2173 10 262 4128 12 435 16 563
2000 2327 9536 3701 11 862 15 563
2001 2392 9064 3530 11 456 14 986
2002 2555 7466 3134 10 021 13 155
2003 2833 7845 3189 10 678 13 867
2004 3321 9297 3561 12 618 16 179
2005 4328 10 830 3830 15 157 18 987
2006 5194 12 236 4176 17 430 21 606
2007 6321 13 355 4611 19 676 24 286
2008 7366 13 573 4883 20 939 26 821
2009 7685 12 903 4586 20 587 25 173
2010 8479 13 105 4727 21 584 26 311
2011 9320 14 254 4999 23 573 28 573
2012 10 087 14 244 4976 24 322 29 308
Fuente: elaboración de A. Slipak en el marco del proyecto de investigación “Modelos de desarrollo en disputa”, dirigido por M. Svampa, en base a datos del Sistema Integrado Provisional Argentino (SIPA).
(1) Extracción de carbón y lignito; extracción de turba. Incluye procesos de extracción, pulverización, aglomeración, deshidratación según el mineral correspondiente y hasta la gasificación in situ en el caso del carbón. Se trata de minas subterráneas y a cielo abierto.
(2) Se incluye: extracción de minerales y concentrados de uranio y torio; extracción de minerales metalíferos; explotación de otras minas y canteras.
(3) Según la contabilidad nacional, esta actividad es industrial y no extractivo primaria. Se trata mayoritariamente del proceso de separación del oro. Sin embargo, esta actividad se encuentra necesariamente asociada a la minería, motivo por el cual incluimos estos empleos para no incurrir en subestimaciones.
(4) Sumatoria de (1) y (2). (5) Sumatoria de (3) y (4).
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Por cada millón de dólares que invierte el sector, se generan entre 0,5 y 2 puestos de trabajo (Colectivo Voces de Alerta, 2011). En realidad, precisamente debido a la introducción de nuevas tecnologías, hoy se están perdiendo puestos de trabajo como consecuencia de la megaminería. Sin embargo, en nuestro país, la Secretaría de Minería (dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios) sostiene en su sitio web oficial que esta actividad habría generado ya más de 500 000 puestos de trabajo (sin distinguir entre trabajo directo e indirecto).5
Pero los datos reales están lejos de estas imaginativas estadísticas oficiales. Por ejemplo, el ya citado informe del IERAL de la Fundación Mediterránea indicaba que “incluyendo a las otras provincias mineras (siempre refiriéndonos a la gran minería), en el año 2009 el empleo directo superaba las 10 000 personas, mientras que el indirecto estaba por encima de las 16 000” (IERAL, 2011).6 Por otra parte, si tomamos los datos del Boletín Anual de Empleo y Empresas 2012, elaborado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, obtenemos que el total de empleos directos que generaba la minería en el año 2002 era de 13 155 empleos, mientras que en 2012 el número alcanzaba los 29 308 (véase cuadro 5.2).
Para percibir la magnitud inflacionaria de las estadísticas oficiales, veamos algunos datos correspondientes a otros Estados. En Perú, que es
5 En el marco del proyecto de investigación “Modelos de desarrollo en disputa”, dirigido por M. Svampa, indagamos sobre la cuestión de los empleos indirectos. La metodología de cálculo de los mismos es a través de multiplicadores de empleo que las oficinas encargadas de la medición de los agregados macroeconómicos de la contabilidad nacional estiman al elaborar las matrices insumo-producto para cada economía. Estos coeficientes se calculan a través de las compras que realiza un sector económico a otros. En la Argentina no se publica una matriz insumo-producto desde 1997. Según cálculos de A. Slipak, con estos coeficientes de 1997, a partir del empleo directo informado en el cuadro 5.2 (para la totalidad de los rubros incluidos) en el año 2012 el total de empleos indirectos generados apenas alcanzaría los 52 216, totalizando 81 524 empleos directos e indirectos. Si se asume que respecto a 1997 la totalidad de sectores vinculados a la minería hubieran duplicado la capacidad de generación de empleos indirectos (lo cual habría requerido un exagerado incremento de las proporciones en las compras de insumos y contratación de servicios locales), los empleos totales (directos e indirectos) alcanzarían los 163 048. Esta última cifra aun resulta extremadamente inferior a los 500 000 puestos de trabajo que habría generado la actividad según la Secretaría de Minería.
6 Continúa el informe: “Las estimaciones nacionales hablan de un empleo directo de 87 250 personas y de empleo indirecto de 316 000, pero debe aclararse que estos datos se refieren a toda la minería, y no solo a la gran minería, que es objeto de este estudio” (IERAL, 2011: 11).
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el país minero por excelencia, la minería ocupa el 2% de la población económicamente activa (PEA), contra el 23% de la agricultura, el 16% del comercio y el 10% de la manufactura (Maquet, Programa de Democracia y Transformación Global, 2013: 37). En Chile, donde la minería factura aproximadamente ocho veces más que en la Argentina (excluyendo hidrocarburos), según el Servicio Nacional de Geología y Minería de ese país, en 2009 el sector dio empleo a un total de 174 125 trabajadores, incluyendo contratistas, lo que equivale al 2,4% de la PEA chilena (Colectivo Voces de Alerta, 2011). En Canadá, con una facturación total seis veces mayor a la minería argentina, se registraron 51 116 trabajadores directos (ibid.). Si retomamos nuevamente el informe elaborado en 2011 por IERAL-Fundación Mediterránea (entidad que dificílmente podría ser catalogada de “antiminera” o “ambientalista”), vemos que allí dice que “En San Juan, la minería metalífera actualmente emplea unas 2500 personas en forma directa, casi 1% del total del empleo en esa provincia (una cifra baja)”.
Este conjunto de datos evidencian la falsedad de las cifras que aporta la Secretaría de Minería de la Nación, en su objetivo de seducir a las poblaciones, principalmente a través de la promesa de empleo, cuando en realidad lo que sucede es que la megaminería genera empleo en una de sus fases, que es la de construcción del emprendimiento. Y aun en dicha fase, suele crear menos cantidad de puestos de trabajo de los que promete…
El caso de Bajo de la Alumbrera, en la provincia de Catamarca, uno de los yacimientos de cobre más grandes de América del Sur, es emblemático. Cuando comenzó este proyecto, en 1997, predominó la sensación de que, aun cuando las concesiones otorgadas fueran excesivas, se trataba de la “única alternativa para aprovechar tales riquezas como motor del desarrollo provincial”. Minera Alumbrera auspiciaba la creación de 10 000 puestos de trabajo para ocupación de mano de obra directa. Sin embargo, durante la fase de construcción de la mina se crearon 4000 puestos, según un informe publicado por la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM). Si tomamos un estudio elaborado por la Universidad Nacional de San Martín, el empleo directo creado fue de 831, 795 y 894 puestos de trabajo para los años 2000, 2001 y 2002, respectivamente. Por otro lado, según la página web de la empresa, en 2010 en el yacimiento minero trabajaban 1800 empleados, 800 de los cuales son de planta permanente y un promedio de 1000, contratistas; la mayor parte de esos trabajadores no provienen de la zona de explotación, lo que pone en evidencia la desvinculación del proyecto con las localidades cercanas como Belén y Andalgalá. No por casualidad, en 2009-2010 esta última fue declarada zona de emer-
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gencia social y económica, mientras que el proyecto de la Alumbrera se desarrollaba a unos pocos kilómetros de allí.
Un episodio vergonzoso, pero emblemático, da cuenta del modelo de desarrollo propiciado por este tipo de minería. En 2009, el diputado nacional del Frente para la Victoria (FpV) por Tucumán, Gerónimo Vargas Aignasse, presentó un proyecto de declaración para que el Congreso de la Nación expresara “que vería con agrado que el alimento sobrante diario de Minera Alumbrera Limited fuera entregado en forma de donación al Municipio de Andalgalá y Amaicha del Valle, escuelas y comedores escolares, como así también a toda sociedad de beneficencia de niños carenciados de la Provincia de Catamarca y Tucumán”. Esta entrega de sobras a escolares y carenciados, ¿sería el famoso “efecto derrame” que los paladines de la megaminería invocan para defender la actividad? ¿O sería una expresión novedosa del clientelismo empresarial, que muchos pretenden disfrazar tras el pomposo concepto de “responsabilidad social empresarial”? ¿Acaso no era que la minería se iba a revelar como un motor de “desarrollo provincial”? (Svampa y Viale, 2009).
Mito 3: La renta minera y su contribución al Estado
En 2012, a raíz de la fugaz “nacionalización” del debate sobre la minería, producto de la pueblada de Famatina, la pregunta acerca de cuánto tributan las mineras al Estado estuvo en el origen de una fuerte publicidad de los actores promineros, destinada a mostrar el gran aporte económico que el sector realiza a las arcas del Estado nacional. Ciertamente, las reformas de los noventa y el régimen tributario permitieron que el sector funcionara con altas tasas de rentabilidad: así, la ingeniería fiscal está compuesta de inéditas exenciones y beneficios impositivos que inciden de modo determinante en la porción de las rentas de explotación que los Estados y las sociedades ceden a favor de los inversionistas. Esto no quiere decir, sin embargo, que la minería no pague impuestos; pero, en general, las empresas del sector cuentan con un régimen que les permite deducir el 100% de lo invertido en prospección y exploración, no pagan tasas municipales y se les garantiza tarifas “no distorsivas” de luz, gas, combustibles y transportes, entre otras muchas exenciones.
Respecto de los consumos, las mineras acceden a una gran cantidad de carburantes y energía, no solamente subsidiada sino también exenta de im puestos. Así, por ejemplo, como consigna Gutman, los tres principales proyectos mineros de nuestro país –Bajo de la Alumbrera, Pascua Lama y
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Agua Rica– concentran un nivel de consumo de 395 MW, lo que supera la producción de la central nuclear de Atucha (375 MW). “Solo hace falta multiplicar estas cifras por los más de 500 proyectos por ser aprobados en la Secretaría de Minería de la Nación para dimensionar la demanda de energía de estos megaproyectos. Cada nueva mina a cielo abierto equivale a la incorporación de una ciudad de 300 mil habitantes a la red de suministros” (Gutman, 2013: 62-63). Estamos, entonces, ante una enorme transferencia de recursos de la sociedad a las grandes corporaciones, que además se viene realizando en un contexto de déficit energético.
Ya en el año 2005, el economista Alejandro Bercovich escribía que la minería
es el único sector de la economía que estuvo al margen de la última recesión, y uno de los que creció con más fuerza tras el fin de la convertibilidad […]. La ecuación económica de la minería metalífera no tiene fisuras: costos internos devaluados, precios internacionales por las nubes, marco impositivo de privilegio, reservas comprobadas por miles de millones de dólares y un 75 por ciento del territorio potencialmente productivo aún inexplorado (Bercovich, 2005).
Asimismo, cabe recordar que las retenciones impuestas en 2007 (5% para oro y plata y 10% para otros metales) son soportadas, pero no aceptadas. Las mineras pagan el impuesto a la exportación, pero la mayoría de ellas inició juicio al Estado a raíz de que este decreto viola la Ley de Estabilidad Fiscal, que en 1993 dispuso la estabilidad fiscal por treinta años. A esto hay que añadir que el sector minero ha sido el único que durante la posconvertibilidad estaba exceptuado de liquidar sus exportaciones en el país. Las mismas eran recibidas en cuentas externas, por lo que ninguno de todos esos millones de dólares habría ingresado al territorio nacional. De modo fugaz, recién hacia octubre de 2011 se suspendió este régimen especial y se obligó a las empresas mineras, así como a las petroleras, a liquidar las divisas en el país, aunque en 2013 estas medidas fueron flexibilizadas. En concepto de regalías, el porcentaje máximo que se cobra es del 3% del valor de boca de mina y a simple declaración jurada, pero este puede ser menor, como es el caso de San Juan, donde en 2009 la empresa Barrick Gold aportó por la mina Veladero solo el 1,7% en regalías (Colectivo Voces de Alerta, 2011).
Respecto de los impuestos, el Código de Minería concede al sector otros beneficios. Así, apenas otorgada la concesión del yacimiento, el artículo 214 del Código establece una exención impositiva durante los primeros cinco
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(5) años de la concesión, que abarca a todo gravamen o impuesto nacional, provincial o municipal, aplicable a la explotación y a la comercialización de la producción minera; quedando excluidas de esta exención las tasas retributivas de servicios y el sellado de actuación (Kadamoto, 2012).
Pese a esto, desde el sector minero se insiste en afirmar que la presión tributaria sobre la actividad en la Argentina es una de las mayores en el continente. Por ejemplo, en un informe elaborado por la consultora de economía y negocios Abeceb para la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), que tuvo gran difusión durante el año 2012, se afirmaba que en 2010 la minería habría “aportado a la Nación” unos $ 4340 millones, distribuidos de la siguiente manera:
Cuadro 5.3. Presión tributaria sector minero según Abeceb
Concepto Monto (1)
Derechos de exportación 1180
Ganancias 2200
IVA 140
Seguridad social 680
Aportes YMAD (Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio) 140
Total 4340
(1) En millones de pesos. Fuente: Abeceb (2011).
En primer lugar, más allá de que resulte curiosa y polémica la inclusión en este informe numérico de los fondos YMAD-Minera Alumbrera destinados a las universidades nacionales,7 llama la atención el tratamiento que se le da a la Seguridad social como un “impuesto”. En segundo lugar, Abeceb no explicita la metodología de obtención de las cifras del cuadro 5.3; sin embargo, es importante destacar que la cifra de $ 4200 millones (excluyendo los aportes YMAD a las universidades) se atribuye al sector minero en su conjunto (sin considerar el cemento), que incluye un arco variopinto de actividades que van desde la extracción de sal hasta la recolección de guano, y por supuesto la tradicional minería de socavón.
7 Véase el próximo apartado, donde retomamos el tema sobre los fondos YMAD.
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Una de las cuestiones que es interesante observar del informe de Abeceb es que no explicita con claridad cuáles son las actividades económicas que se consideran para estimar la “recaudación que genera la minería”. Cuando la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informa sobre los ingresos tributarios de cada actividad económica según la tercera Revisión del Clasificador Industrial Uniforme (CIIU 3), el rubro “Explotación de minas y canteras” no solo incluye la minería a cielo abierto, sino también la tradicional, la totalidad de metales, los hidrocarburos, la cal y el cemento. Aun teniendo en cuenta que dicha consultora podría excluir con facilidad a los hidrocarburos, la cal y el cemento, el informe parece dar a entender que sería la megaminería a cielo abierto la modalidad que redunda en una recaudación de $ 4200 millones (insistimos, que incluye a la Seguridad social), cuando en realidad se debería explicitar con claridad que semejante cifra proviene también de la minería tradicional y de la explotación de múltiples metales. Asimismo, es interesante remarcar que si estos datos fueran ciertos, los $ 2200 millones que se estarían recaudando por la actividad minera en concepto de impuesto a las ganancias, representan tan solo el 2,87% del total de lo recaudado en relación con el total de las actividades económicas para 2010.8
8 Véase el informe de recaudación tributaria de AFIP correspondiente al IV trimestre de 2011, . Más allá de que los datos de recaudación presentados por Abeceb estarían sobreestimados, podríamos aseverar que los $ 4200 millones que se habrían recaudado durante 2010 gracias a esta actividad, se muestran exiguos en relación a la recaudación total a partir de impuestos nacionales de ese año, que fue de $ 252 679 millones, resultando prescindente a nivel presupuestario.
Otra discusión que plantea el informe de Abeceb es el de una aparente elevada presión fiscal sobre la actividad minera en general. El informe indica que la presión tributaria sobre el sector rondaría un 39%, siendo la cuarta actividad en el país con mayor presión fiscal. La forma de cálculo de la presión fiscal sobre un sector debería resultar de la siguiente ecuación: presión fiscal = [(impuestos totales sobre el sector - subsidios) / valor agregado por el sector]. Según el informe de Abeceb, la minería habría aportado a la Nación estos $ 4340 millones (incluyendo los aportes YMAD y la Seguridad social) y unos $ 1260 millones a las provincias en concepto de regalías. Total, $ 5600 millones (incluyendo todos los rubros del anexo 1, a excepción de los que comienzan con “11” y el 1410 –es decir, hasta la extracción de arcilla–). Aun sin descontar los subsidios que tiene la actividad –que implican una presión tributaria menor–, para que la presión tributaria resultase, en 2010, del 39% como indica el informe de Abeceb, el valor agregado por el sector debería ser necesariamente tan solo de unos $ 14 350 millones (aproximadamente). Es interesante observar que durante 2010, el Producto Bruto Interno medido a precios corrientes de Argentina fue de
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Incluso un informe de la AFIP sostiene lo siguiente:
Podría afirmarse que la crítica respecto a que la explotación minera en manos de empresas extranjeras “no deja nada para el país” sería infundada; para defender esta conclusión es muy importante contar con información de origen impositivo más completa que la reseñada más arriba. En todo caso, es posible imaginar que la crítica podría redefinirse alegando que esas empresas pagan poco frente a un beneficio extraordinario que refleja la elevada renta derivada de la explotación de un recurso no renovable, propiedad del Estado argentino, a partir de las particulares condiciones que han afectado a los mercados internacionales de commodities desde el período 2002-2003 (Sereno, 2011: 29; las cursivas son nuestras).
Mientras que en Chile y en Perú se levantaron, en 2010, fuertes voces críticas reclamando cambios en la legislación tributaria para la minería y el pago de una renta extraordinaria, en nuestro país no ha habido una discusión de este tipo. En el caso chileno, estos debates desembocaron en la sanción de la Ley 20 026, que establece el pago de un impuesto equivalente al 5% de las Utilidades Operacionales para empresas (o grupo de empresas relacionadas) que vendan más de 50 000 toneladas métricas finas de cobre al año, o su valor equivalente para otros productos mineros.9
Sin embargo, más allá de las ganancias extraordinarias y lo que estas puedan aportar a las arcas del Estado, la historia mundial ha venido mos-

$ 1 442 655, y el valor agregado por el sector de la “Explotación de minas y canteras” fue de $ 47 727 millones (es decir el 3,31%). Si consideramos como ciertos todos los datos de Abeceb (la presión fiscal del 39% y los impuestos nacionales y provinciales por $ 5600 millones –incluyendo hasta los fondos YMAD–), de los $ 47 727 millones que genera de valor agregado el sector de la “Explotación de minas y canteras”, la minería –deducimos– generaría $ 14 350 millones y los restantes $ 33 377 millones corresponderían a las industrias del petróleo, el gas y el cemento. Los $ 14 350 millones de valor agregado generados por la minería representan entonces menos del 1% del PBI de la Argentina, de los cuales una parte –como venimos diciendo– se explicaría por la minería de socavón, la extracción de arcilla y toda la amplia gama de productos del cuadro 5.2, salvo los que hemos excluido. Ahora bien, esto no se condice mucho con las afirmaciones de CAEM y OLAMI (Organismo Latinoamericano de Minería) respecto a que la extracción de oro “genera desarrollo”. En todo caso, deberían admitir que en este informe están o sobreestimando los impuestos, o exagerando la presión tributaria, o sencillamente todo está perfectamente calculado y la minería genera menos del 1% del valor agregado por la economía.
9 Sobre la cuestión de las rentas extraordinarias y su discusión en otros países, como Australia, véase Gutman, 2013.
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trando que ningún país del sur se ha desarrollado apelando a la explotación de sus recursos minerales. Aquellos que alegan que tanto Estado Unidos, como Canadá y Australia, se desarrollaron gracias a la minería, omiten decir que en esos países la explotación minera tenía un uso, un destino y un valor muy diferentes a los de hoy, especialmente por el contexto histórico y geográfico. Retomando a Gutman (2013: 25-27), durante la expansión minera estos tres países ya eran naciones ricas y poderosas, contaban con un amplio mercado interno en expansión que recibía los minerales como insumo para el despegue, y la explotación era realizada por miles de individuos y pequeñas empresas. Esto está muy alejado de la cruda realidad argentina y latinoamericana del despojo, donde la actividad minera está concentrada en unas pocas empresas transnacionales, que generan una exigua mano de obra (en su mayoría, no calificada), cuya producción está orientada de modo exclusivo a la exportación masiva de minerales (sin valor agregado alguno), y que dejan como herencia pasivos ambientales tras el cierre de las minas (configurando zonas de sacrificio) que quedarán a cargo del Estado nacional, las provincias y, sobre todo, las poblaciones.
Es cierto que para el caso de los países especializados en materias primas, la minería transnacional puede generar fuerte crecimiento económico (aumento del producto interno bruto), tal como sucede en el Perú minero, el país que más ha crecido en América Latina; pero este crecimiento es volátil, con escaso “derrame” y sin auténtico desarrollo para la población. Si a ello agregamos la escalada represiva y el número de muertos vinculados directamente con la resistencia a la megaminería que se ha producido en Perú (25 muertos por represión desde que asumió Ollanta Humala, en julio de 2011), el contexto de crecimiento que resaltan ciertos analistas económicos, resulta aún más perturbador.

Viñeta 1: Viaje al mundo feliz de la megaminería
Junto con Catamarca, Santa Cruz es la primera provincia donde se puso en marcha la megaminería. Allí se encuentran en explotación emprendimientos como el de Cerro Vanguardia, Mina Martha, San José, Manantial Espejo, entre otros. En Santa Cruz, tal como sostiene el geógrafo Alejandro Schweitzer, las empresas petroleras (como Pan Americam Energy) y las empresas mineras han impuesto un proyecto de territorio que convierte a la provincia en una región primario-exportadora de ener-
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gía y minería, desplazando aquellos proyectos de reordenamiento territorial realizados por la propia sociedad regional (véase Schweitzer, 2008). Como subrayan los inversores mineros, “la minería es la vaca lechera de Santa Cruz”, aunque la pregunta de rigor es ¿en beneficio de quién…? Según Schweitzer (2012), el empleo minero en esta provincia es de 4000 puestos directos y 3000 indirectos, 800 de los cuales son provistos por el estado provincial a través de la empresa de Río Turbio (Yacimientos Carbonífero Río Turbio) y 1500 están empleados en la construcción de Cerro Negro (en manos de Goldcorp). El 12% del territorio provincial estaría concesionado, particularmente para la explotación de oro y plata, y en menor medida de cobre. Entre las empresas que se encuentran operando en Santa Cruz –que además comparte la cuenca Austral con Chile– están Anglo Gold Ashanti, Pan American Silver, Goldcorp, entre otras.
Pese al discurso celebratorio de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien en pleno “efecto Famatina” visitó la mina Cerro Vanguardia, en 2012, para ponerse a la cabeza de la defensa del modelo minero, la situación fiscal de Santa Cruz es grave. Ese mismo año, el gobernador de la provincia, Daniel Peralta, estaba reclamando a las corporaciones mineras un Fondo de Responsabilidad Social Empresarial de $ 14 millones por mes, para financiar los catorce hospitales de la provincia, poniendo así en evidencia la profunda crisis del estado provincial, en medio de huelgas y reclamos de empleados públicos. Sin embargo, la Cámara Minera de Santa Cruz (Camicruz) respondió negativamente a la solicitud del gobierno provincial, por lo que en julio de 2012 el tono de la confrontación escaló peligrosamente.
Luego de esta fallida exigencia, hubo varios anuncios y declaraciones grandilocuentes, que iban desde la amenaza de cambiar el marco regulatorio hasta el planteo de propuestas que exigían contratar mano de obra local o servicios a terceros locales, conformar un fondo fiduciario con el 1% de la rentabilidad o cobrar el 20% por la transferencia de acciones y propiedades mineras. Finalmente, en septiembre de 2013, el gobierno
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provincial creó un impuesto inmobiliario minero, que grava las reservas mineras en un 1% y con el cual se busca recaudar $ 155 millones anuales para salir del déficit fiscal.
Si tomamos los trabajos de investigación realizados por Larry Andrade, de la Universidad de la Patagonia Austral, la minería en Santa Cruz produjo un total de 355 800 onzas de oro.
Un cálculo simple arroja una ganancia de US$ 426 960 000 generados en las empresas mineras radicadas en la provincia solo por la venta de oro y tomando un costo por onza estimado promedio en US$ 1100 (cualquier portal de internet hoy muestra que la onza está sobrepasando los 1400 –con picos de 1600 durante mayo/11 y de 1900 en julio/11– y que durante 2010 no bajó de 1100). Por la venta de la cantidad de onzas de plata indicadas más arriba, a US$ 18 la onza, la gran minería obtuvo en Santa Cruz US$ 241.200.000 (Andrade, 2011).
Una de las principales empresas radicadas es la Anglo Gold Ashanti, multinacional de origen sudafricano y británico, la segunda productora de oro en el mundo. Esta compañía enfrenta conflictos muy graves en Colombia, que han llevado a la suspensión de la gran explotación minera La Colosa (véase Seoane, Taddei y Algranati, 2010) debido a la denuncia de las organizaciones indígenas y ambientales. En la provincia patagónica, Anglo Gold Ashanti es propietaria del 92,5% de las acciones de Cerro Vanguardia (mina cercana a la localidad de Puerto San Julián), mientras que el restante 7,5% es de la sociedad estatal Fomento Minero de Santa Cruz (Fomicruz), que pasa a ser así un socio secundario. Cerro Vanguardia –asentado en un área de 514 km2 donde se remueven 25 millones de tn de roca por año– obtiene una producción de 220 000 onzas anuales, lo que arroja ganancias fabulosas para las empresas. Recordemos que Fomicruz es la empresa del estado provincial que los “progresistas” defensores de la minería han presentado como modelo a seguir, en el
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marco de la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI), creada en febrero de 2012.
En realidad, Santa Cruz no es una excepción: como en otras latitudes, la expansión de la megaminería confirma la ecuación “exiguos ingresos fiscales versus enormes ganancias empresariales”. La provincia “presidencial” agrega a ello una total opacidad informativa respecto de los controles y monitoreos ambientales que debería realizar el Estado. Por ejemplo, nada se sabe acerca del impacto de la minería sobre el suelo y el agua, a dónde van a parar los millones de toneladas de escombros, o el estado de los diques de cola, entre tantas otras cuestiones que involucran al modelo actual de megaminería. Por último, en Santa Cruz existe un celo particular por mostrar que, respecto de la megaminería –y a diferencia de otras provincias–, no existen fisuras críticas: como hizo la presidenta en su entusiasta visita a Cerro Vanguardia o sus alusiones a las virtudes de los pueblos mineros,5 Santa Cruz parece ser el mundo feliz de la megaminería…
En Santa Cruz, el celo y el cepo continúan manteniéndose firmes, en contra de la apertura de un debate democrático que involucre a diferentes actores –fuera de los empresarios y los representantes del gobierno–. La sociedad civil, la población, la ciudadanía –organizada o no– continúan siendo las convidadas de piedra.
5 .

Universidades públicas, Congreso Nacional y agendas
Entre los obstáculos epistemológicos y los intereses económicos
Si usted cuestiona “esta” minería, por ende quiere un mundo sin minería y pretende que volvamos a vivir en las cavernas. Un discurso propiamente de las cavernas. Pretender que quien se opone a “esta” minería está en contra de “la” minería es una provocación tendiente a esconder justamente los dudosos métodos de “esta” minería. “Sin minería no habría metales; no habría progreso”, escriben los empresarios en vocabulario de chantaje, del mismo modo
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que si quien denunciara publicidad engañosa en una marca de yogur estuviera en contra de la lactancia infantil. Las empresas no se hacen cargo de que la resistencia social es en contra de “esta” minería.
Sergio Federovisky, Los mitos del medio ambiente
¿Por qué la cuestión de la megaminería tardó tanto tiempo en instalarse en términos de debate –si es que realmente lo ha hecho– en la agenda pública y la política nacional? ¿Ha sido solo por desconocimiento, o en realidad hay otros factores –económicos, geopolíticos, culturales y de sentido común– que explican esta obturación y ocultamiento? ¿A qué responde el encapsulamiento del debate en las provincias o en los claustros universitarios, así como su rápido silenciamiento, una vez que el problema ingresó a la política nacional, por la vía de la Ley Nacional de Glaciares primero, entre 2008 y 2010 (incluso debido a la represión en Andalgalá), y luego, gracias a la pueblada de Famatina, en enero de 2012?
El debate sobre las características del modelo minero y sus impactos comenzó en las provincias, lejos del centro político del país. Pero la puesta en agenda pública a nivel nacional de estas cuestiones, llamémosle “la cuestión ambiental y el extractivismo”, no ha sido ni acelerada ni tampoco estable, ni parece haber logrado ganar la simpatía de las poblaciones de los grandes aglomerados urbanos. En nuestra opinión, esto sucede por varios motivos.
En primer lugar, hay razones de índole geopolítico; a saber, la megaminería –como otras actividades extractivas– suele implantarse en pequeñas y medianas localidades, incluso en zonas marginales y poco pobladas (la frontera extractiva), lejos de los grandes aglomerados urbanos. Esta realidad nos retrotrae a antiguas divisiones o desconexiones entre lo urbano y lo rururbano, o entre grandes ciudades y pequeñas y medianas localidades, entre las cuales se instalan escasas pasarelas –en términos de coordenadas demográficas y culturales– que hacen difícil la tematización de la problemática en los grandes centros urbanos. Así, los cuestionamientos a la megaminería nacieron en el interior, allá en la pequeña localidad de Esquel, en Chubut, entre 2002 y 2003, en época de plena efervescencia asamblearia. A partir de 2004, lo que en otro lugar hemos denominado el efecto Esquel (Svampa, Sola Álvarez y Bottaro, 2009) fue difundiéndose hacia otras provincias argentinas, a medida que las localidades iban despertando y revelándose a aceptar el “destino minero” impuesto por los gobiernos, en alianza con las empresas. Tanto el efecto Esquel como su contracara negativa, el efecto la Alumbrera, fueron guiando los pasos de
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diferentes colectivos y asambleas de autoconvocados, los que entre 2007 y 2011, en un contexto de ascenso vertiginoso de las luchas, lograron la sanción de leyes provinciales contra la megaminería en siete provincias argentinas. En 2010, hubo un importante hecho de represión en Andalgalá. Pero no fue sino hacia enero de 2012, después del levantamiento de Famatina, que la megaminería se instaló de modo muy efímero en la agenda política y mediática nacional.
Una de las características de los conflictos mineros es la multiescalaridad que tiene lugar en el marco de un entramado complejo, en el que se encuentran involucrados diferentes actores sociales, económicos y políticos, a nivel local, regional, estatal y global. En la dinámica multiescalar, “lo global” y “lo local” se presentan como un proceso en el que se cristalizan, por un lado, alianzas entre empresas transnacionales y los estados nacional y provinciales, que promueven un determinado modelo de desarrollo; y, por otro lado, las comunidades locales –vecinos autoconvocados, ONG, colectivos culturales, organizaciones indígenas, representantes provinciales de partidos políticos, que cuestionan ese modelo y los estilos de vida que impone.
En varias regiones de nuestro país, la multiescalaridad de los conflictos suele combinarse con la tipología ya expandida de las economías de enclave. Un tema no menor es que la actividad minera suele encontrar un terreno favorable en aquellas regiones marcadas por una matriz económica poco diversificada y/o un tejido social jerárquico, donde se perpetúan gobiernos provinciales y municipales de bajísima calidad institucional. En este contexto, las asimetrías propias de la dinámica entre lo local y lo global se exacerban: las grandes empresas tienden concentrar un número importante de actividades, reorientando la economía del lugar y conformando enclaves de exportación. El peso económico de estas grandes empresas es tal, que no resulta extraño que los intereses mineros atraviesen y hasta sustituyan al Estado, menospreciando y violentando procesos de decisión ciudadana e imponiendo planes de reordenamiento territorial poco beneficiosos para el desarrollo de la población. Así, la relación entre economías de enclave y deterioro de los derechos civiles se expresa en la territorialización creciente de los conflictos, a partir de los cuales estos quedan librados a la intervención de la Justicia y los entes municipales y/o provinciales, cuyo grado de vulnerabilidad son mayores que el de sus homólogos nacionales (Svampa, 2008).
En segundo lugar, otro de los obstáculos para la puesta en debate público y nacional del problema que nos ocupa tiene que ver con el tipo de conflicto que plantea la megaminería. A diferencia de las puebladas de los años
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noventa (pensemos en los levantamientos de las localidades petroleras en Neuquén y Salta entre 1996 y 1997 y, más adelante, en los movimientos de desocupados), que encontraron una gran resonancia en las devastadas y populosas zonas del Conurbano bonaerense, el despertar de la conciencia ambiental y los parámetros culturales y simbólicos que esta instala para pensar la sociedad son diferentes a las protestas ligadas a las necesidades básicas (alimentación y trabajo). Más aun, esta disociación es frecuentemente utilizada por los gobernantes para contraponer la narrativa propia de la cuestión ambiental (preservación, bienes comunes, justicia ambiental) con la narrativa propia de la cuestión social (consumo, redistribución, justicia social). Esto no significa adherir de modo esquemático a la división entre valores materialistas y posmaterialistas, como hizo otrora la literatura acerca de los nuevos movimientos sociales. Antes bien, como viene sosteniendo desde hace años Joan Martínez Alier (2004 y 2009), los conflictos socioambientales en los países del sur marcan el nacimiento de una nueva ecología popular, que al tiempo que denuncia las asimetrías en la distribución de daños ambientales y sanitarios entre el norte y el sur, encara la lucha por la supervivencia de los territorios y los ecosistemas.
A esto hay que añadir, en la línea de Bachelard, que existen otros obstáculos de índole epistemológico que implican como punto de partida la necesidad de desnaturalizar algo ya instalado, esto es, cuestionar lugares comunes o nociones propias del sentido común, a saber: ¿cómo cuestionar la minería, si esta es una actividad que acompaña a la humanidad desde sus primeros pasos? No por casualidad, más allá de su linealidad, este argumento –que omite describir las diferencias entre la minería convencional y la megaminería a cielo abierto– continúa siendo uno de los caballitos de batalla, junto con la inflación de los puestos de trabajo, de parte de las cámaras empresariales y los gobiernos de turno a la hora de defender pública y mediáticamente la megaminería. En consonancia con lo que sostiene el biólogo y periodista ambiental Sergio Federovisky y que hemos incluido como epígrafe de este apartado, durante al menos cuatro meses, luego de la pueblada de Famatina, los sectores promineros “extorsionaron” a la población con argumentos reduccionistas que buscaban velar el tipo de minería al que aluden las resistencias. El caso más conocido es el de la publicidad de la CAEM, un video de dos minutos que propone explicar cómo sería un mundo sin minerales.10
10 Véase la publicidad de la CAEM, “Un mundo sin minería”, .
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En tercer lugar, la cuestión geopolítica y cultural se potencia en el marco del Consenso de los Commodities y provoca otras desconexiones, vinculadas al modelo de consumo dominante, que es fomentado por los diferentes gobiernos latinoamericanos. Pues, no hay que olvidar que, a diferencia de otros períodos, las protestas contra la megaminería se realizan en un contexto de crecimiento económico y de aumento del consumo. Así, en nombre de las “ventajas comparativas”, la política del gobierno argentino ha apuntado a promover un modelo de inclusión anclado en el consumo (en clave plebeyadesarrollista), en el que la figura del ciudadano consumidor sobredetermina y marginaliza cualquier imaginario alternativo que coloque las cuestiones de la Justicia ambiental y la defensa de los bienes comunes en el centro de las preocupaciones. Por otro lado, el acoplamiento de corto plazo entre avance del Estado, crecimiento económico y modelo de ciudadano consumidor aparece como condición de posibilidad del éxito electoral, lo que refuerza el rechazo por parte de los diferentes gobiernos (el kirchnerismo no es una excepción) a pensar cualquier hipótesis o escenario de transición y de progresiva salida del extractivismo a mediano y largo plazo.
El reconocimiento de estos obstáculos no significa afirmar, empero, como sostienen con ligereza los voceros del oficialismo, que no ha habido debates sobre megaminería en el país. Sin tales debates, resultaría muy difícil explicar la sanción de nueve leyes provinciales –dos de ellas hoy derogadas y siete, vigentes– en contra de la megaminería. En realidad, los debates acerca de la importancia de los cuestionamientos ambientales, la defensa del territorio y qué se entiende por desarrollo se han venido dando al compás de las luchas, a partir de 2003, pero con mayor fuerza desde 2006, en diferentes territorios provinciales.
Por otro lado, en los últimos años otros dos debates instalaron la cuestión de la megaminería en la agenda pública nacional, si bien en cierta medida quedaron truncos. El primero de ellos tiene que ver con las universidades públicas y los fondos de YMAD-Minera Alumbrera (2009-2010); el segundo, con el trámite parlamentario de la Ley Nacional de Glaciares (2008-2010).
Las universidades y los fondos de la Alumbrera
Las universidades, sobre todo la universidad pública, tienen el deber de mantener una mirada crítica sobre toda actividad productiva y sus impactos sobre la población. Mantener esta distancia crítica implica que la universidad goce de una total independencia para desarrollar sus
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investigaciones. El hecho de que la producción de saberes técnicos dependa de fondos originados en una actividad tan cuestionada como la que desarrolla Minera Alumbrera Ltd. le resta confiabilidad.
Carta de Adolfo Perez Esquivel al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y a las universidades nacionales, 10 de junio de 2009
El conflicto por el tema de los fondos de la Alumbrera se inició en el año 2007 con las acciones que la ONG tucumana Pro-Eco Grupo Ecologista, las comunidades diaguitas calchaquíes y la Asamblea Socioambiental del Noroeste Argentino (ASANOA) emprendieron contra la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Estas organizaciones denunciaban la complicidad de la UNT en la devastación ambiental y en las violaciones de derechos de las comunidades indígenas por parte de Minera Alumbrera, y solicitaban una sesión extraordinaria del Consejo Superior de esta universidad para que este recibiera a pobladores de las localidades afectadas por el emprendimiento (la cual se realizó, finalmente, en 2009).
Recordemos que el yacimiento que hoy explota la empresa Minera Alumbrera es uno de los que integra la Zona Abel Peirano, nombre que remite al farmacéutico que lo descubrió en 1936, egresado de la Universidad Nacional de Tucumán y quien, luego de empadronarlo a su nombre, lo testó a favor de esa casa de estudios. En 1958, la provincia de Catamarca reivindicó su derecho a la propiedad del yacimiento por vía judicial, con manifestaciones populares; finalmente, ese mismo año, con la mediación del gobierno nacional, se conformó Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), una empresa interestatal de derecho privado integrada por la Universidad Nacional de Tucumán y la provincia de Catamarca, cuyo presidente es designado por el Estado nacional. En los ’90, bajo el menemismo, se modificó el marco legal, tributario y administrativo de YMAD. Así, para la explotación de ese yacimiento YMAD conformó una Unión Transitoria de Empresas con la empresa Minera Alumbrera Ltd., a partir de lo cual percibe actualmente solo el 20% de las utilidades de su explotación. De ese 20% YMAD está obligada a repartir el 60% a la provincia de Catamarca, el 20% a la UNT y el otro 20% a las universidades nacionales. El restante 80% de las ganancias son percibidas por las corporaciones trasnacionales que operan la explotación del yacimiento: la compañía suiza Xstrata Plc. tiene el 50% del paquete accionario, Goldcorp (Canadá) el 37,5%, y Northern Orion Resources Inc. (Canadá) el 12,5%. Esas “utilidades” se empezaron a repartir recién en el 2008, diez años después del inicio de la fase de explo-
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tación. Así, en el período 2008-2009 ingresaron a las universidades públicas $87 millones en concepto de fondos de YMAD. El primer rechazo formal a los fondos de YMAD se materializó el 1 de septiembre de 2008 en el Consejo Asesor Zonal de Esquel de la Universidad Nacional de la Patagonia; el segundo fue propiciado por la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos, el 26 de septiembre de ese mismo año. Sin embargo, la problemática de los fondos de YMAD en relación con las universidades nacionales no logró instalarse a nivel nacional sino hasta el año siguiente.
En abril de 2009 la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), en su noveno encuentro nacional, decidió impulsar la iniciativa de enviar cartas de protesta al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y a las universidades nacionales, a fin de repudiar y rechazar los fondos de YMAD en el sistema universitario nacional (REDAJ, 2010). Estos hechos, que fueron producto del activismo y la participación coordinada de docentes, investigadores y estudiantes nucleados en torno a la UAC, abonaron a la instalación del debate a nivel nacional y a la generalización de la problemática sobre la distribución de los fondos a otras universidades nacionales. Poco después (10 de junio de 2009), una carta abierta del premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel,11 dirigida a los rectores de las universidades públicas, abriría finalmente el debate sobre los controversiales fondos que el YMAD-Minera Alumbrera habían comenzado a distribuir entre las mismas. A su vez, estos hechos estuvieron precedidos por el procesamiento del vicepresidente de Minera Alumbrera, por delito de contaminación, por parte del Tribunal Federal de Tucumán,12 lo que otorgó visibilidad a las denuncias realizadas por numerosas asambleas y vecinos del NOA, que
11 Para consultar el texto completo de esta carta (del que el epígrafe de este apartado es un fragmento), véase Colectivo Voces de Alerta, 2011.
12 En junio de 2008, sobre la base de denuncias existentes del biólogo Juan González, la Cámara Federal de Apelaciones Nº 2 de Tucumán procesó al vicepresidente primero y gerente general de Minera Alumbrera por el delito de contaminación peligrosa para la salud previsto en el artículo 55 de la Ley de Residuos Peligrosos (24 051) en coordinación con el artículo 200 del Código Penal de la Nación (11 179, T.O. 1984 actualizado), que se reprime con reclusión o prisión de tres a diez años. Al día de la fecha, la causa sigue abierta y por objeciones formales la empresa ha evitado el juicio oral y público. Solo un mes después de esta decisión judicial, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en su reunión del 10 de julio de 2008, acordó la distribución entre las universidades nacionales de las utilidades provenientes de YMAD correspondientes al ejercicio 2007, que ascendían a $ 50 millones.
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durante 2008 fueron acompañadas por distintas acciones y bloqueos contra los camiones que llevaban insumos a la mina.
Aquellos que apuntan a disociar la cuestión ética (el carácter contaminante de la megaminería a cielo abierto, la destrucción de economías locales, el avasallamiento de los derechos de las comunidades y las poblaciones) y argumentan que las universidades públicas están obligadas a aceptar por ley los fondos provenientes de YMAD, suelen desconocer que los objetivos de la Ley 14 771, que estipula la distribución de beneficios a las universidades nacionales, eran otros. El espíritu de esa ley, sancionada bajo el gobierno de Arturo Frondizi, apuntaba al desarrollo científico nacional así como al control del Estado sobre los recursos naturales. Estemos de acuerdo o no con estas premisas, el caso es que el espíritu originario de la ley fue completamente tergiversado, gracias a las generosas reformas de los noventa que inhiben al Estado nacional de disponer del subsuelo y favorecen de manera escandalosa, a través del nuevo marco regulatorio, un modelo de expropiación económica en manos de grandes empresas transnacionales.
Por otro lado, como sostiene Horacio Machado,
en el marco de las actuales condiciones de operación de las empresas mineras, donde el Estado no tiene un rol de fiscalización real de sus transacciones y estas se toman a partir de la simple declaración jurada de la firma que controla la explotación, decir que se verifica una “distribución de las ganancias” a través de lo previsto en el art. 18 de la Ley 14 771 es cuanto menos una ingenuidad. Esas “utilidades” se empezaron a repartir recién en el 2008, ¡a DIEZ años de inicio de la fase de explotación! Cuando con todos los beneficios fiscales y comerciales que las leyes de los noventa concedieron a las mineras, estas se aseguraron tasas de retorno inéditas entre los países mineros, según lo verifica el Instituto Fraser y el Colorado School of Mines (USA) que sitúan a nuestro país entre los tres primeros en tasas de retorno para proyectos de cobre. Las universidades no pueden sin más aceptar la “plata de la minería” desentendiéndose del espíritu originario de la ley, de las modificaciones sucesivas y de los sustanciales cambios en las condiciones y circunstancias en las que actualmente se llevan a cabo las explotaciones mineras a gran escala. Mientras que originariamente el reparto de los beneficios de esos yacimientos (que se pensó dirigido y controlado por el Estado) a las universidades tenía el sentido de que estas eran la sede del “desarrollo científico y tecnológico” ligado a un proyecto de “desarrollo nacional”, celosamente “cuidado” de los intereses extranjeros, actualmente ese re-
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parto se da en un contexto de lisa y llana disolución de una idea tal, en el marco de una inusitada extranjerización y primarización de la estructura productiva del país y del creciente control que ejercen los grandes capitales transnacionales sobre los “recursos naturales” estratégicos del país. En ese marco, aceptar estos fondos es, ya abierta, ya veladamente, asumir la peligrosa senda de “mercantilización” de la universidad pública y de encubierto vaciamiento de la misma como nodo productor de conocimientos al servicio de la “nación” (Horacio Machado, en Colectivo Voces de Alerta, 2011).
En consecuencia, resultaba claro que las universidades públicas no podían aceptar acríticamente estos fondos, desentendiéndose del espíritu de la ley, como tampoco podían ignorar las ingentes denuncias de las comunidades afectadas por la vertiginosa expansión del actual modelo minero en nuestro país, que denuncian el carácter insostenible del mismo.
De modo que, volviendo a la carta de Pérez Esquivel, entre los años 2009 y 2010 se generalizó el debate en el seno de las universidades por los fondos que Minera Alumbrera comenzó a liquidar como parte de los dividendos en el año 2008. Entre 2009 y 2010, el debate y los repudios se fueron extendiendo por diferentes unidades académicas y universidades nacionales del país: Universidad Nacional de Córdoba, Río Cuarto, Mar del Plata, Luján y un centenar de unidades académicas. Entre estos rechazos, hay que destacar la resolución pionera del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba, que en diciembre de 2009 rechazó los $ 3,3 millones procedentes de los fondos, decisión adoptada después de consultas con profesionales de las más diversas disciplinas. La declaración concluyó en una larga y fundamentada resolución crítica respecto de la megaminería, que planteaba la necesidad de revisar los contratos mineros y la legislación existente, al tiempo que manifestaba su apoyo a las comunidades afectadas por la minería en sus reclamos reivindicatorios. Una declaración similar realizó la Universidad Nacional de Río Cuarto, pronunciándose en contra de la aceptación de los fondos.
Mientras seguía creciendo el escándalo por el tema de los fondos oscuros de la minería,13 la Universidad de Buenos Aires rechazaba la posibilidad de un debate abierto, negando incluso la palabra a voceros de organismos
13 Veáse las posiciones de Maristella Svampa, coautora de este libro, y la del geógrafo Carlos Reboratti, publicadas en diario Clarín, y 
de derechos humanos –como el Serpaj– y con los fondos de la Alumbrera compraba el cine Cosmos (¡un emblema de la contracultura porteña!), que sería anexado al Centro Cultural Ricardo Rojas.14 Otras universidades, como la de La Plata, más allá del rechazo de ciertas unidades académicas (como la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación), si bien realizaron algunos debates abiertos entre 2010 y 2012 (de los que participaron los autores de este libro), dejaron congelada la toma de decisión, sin que se sepa a ciencia cierta qué sucede hoy con esos fondos destinados a la UNLP...
Sin duda, una de las universidades públicas más comprometidas con el actual modelo minero, además de la Universidad Nacional de Tucumán (beneficiada directa de la Alumbrera), es la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), en la que Hugo Nielson, uno de sus fundadores y secretario de Gestión Institucional, connotado miembro de OLAMI (Organismo Latinoamericano de Minería), es uno de los promotores más conocidos de este tipo de minería e impulsor de la realización de diferentes convenios entre las universidades y la minera en cuestión.
Por último, el CIN15 ha buscado encuadrar sus posturas dentro del paradigma del “desarrollo minero sustentable”. Ejemplo de ello son las resoluciones Nº 548/09 21 y Nº 572/09 22: si bien ambas instan a la realización e instrumentación de estudios y diagnósticos socioambientales sobre la Alumbrera, tienen entre sus fines emprender el desafío de hacer de la minería a gran escala una actividad al “servicio del desarrollo humano”. A su vez, en un informe elaborado por la Comisión Especial sobre Minería, del CIN, en el año 2010, se puntualizaba lo siguiente:
La actividad minera es una actividad reconocida por la Constitución Nacional como actividad económica lícita, habiendo establecido el constituyente la manda al Congreso de la Nación de dictar un Código de Minería. Asimismo la comisión entiende que no resultan positivas modificaciones puntuales al Código de Minería, toda vez que ello atenta a los principios de unicidad de los Códigos, afectando la lógica de los
opinion/o-01968948.htm>, así como en un foro realizado en la UBA, .
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15 El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) fue creado en 1985, a fin de aglutinar a todas las universidades nacionales en un organismo coordinador de políticas universitarias. A través de la Ley de Educación Superior sancionada en 1995, el CIN es reconocido como órgano de consulta obligatoria en la toma de decisiones que connoten un carácter trascendente para el sistema universitario nacional.
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mismos. Cabe poner de resalto que el régimen jurídico minero no se limita a las leyes dictadas en la década del noventa, ni son estas las más importantes, sino que es una actividad reglada desde fines del siglo XIX habiendo puesto el legislador límites a dicha propiedad en función del interés del Estado y de toda la sociedad, pudiendo encontrarse en la normativa centenaria cuantiosos institutos (citado en Red de Asistencia Jurídica contra la Megaminería, 2010).
Respecto de la distribución de los fondos en particular, el considerando de la Resolución Nº 548/09, el CIN aclara:
que el sistema universitario nacional no ha recibido donación alguna por parte de Yacimiento Mineros Aguas de Dionisio, sino que se le ha notificado lo que le correspondería por la vigencia de la Ley 14 771; que esta situación no genera ningún tipo de vínculo, relación, ni condicionamiento alguno al sistema universitario; ni otorga licencia social ni académica a Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio, ni a las explotaciones mineras desarrolladas bajo su jurisdicción; que al no tratarse de una donación, sino del cumplimiento de una ley, no corresponde acto de aceptación alguna, limitándose los Consejos Superiores a incorporar los fondos al presupuesto de cada universidad como lo prevé la normativa nacional 25. El especial énfasis en el argumento de que la distribución de los fondos está legitimada legalmente por la vigencia de una Ley Nacional, y que por ende su aceptación se hace en calidad de obligación legal, vislumbra explícitamente la toma de posición del CIN respecto de la distribución de las utilidades megamineras al sistema universitario nacional (citado en REDAJ, 2010).
Finalmente, cabe acotar que la comisión creada por el CIN para tratar el tema estaba integrada solo por abogados e ingenieros, lo que clausuraba cualquier intento de abordaje interdisciplinario que pudiera considerar las diferentes dimensiones (sociales, ambientales, culturales) de la problemática megaminera, en términos de modelos de desarrollo.