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“No matamos ni secuestramos, estamos presos por defender el agua”, aseguran los seis nahuas de Tlanixco condenados a 50 años de prisión, en la primera entrevista que conceden en la cárcel

Gloria Muñoz Ramírez
5 octubre 2018 0
Desinformémonos

Almoloya de Juárez, Estado de México. Es un sábado de septiembre y el patio principal de la cárcel de Santiaguito luce repleto. Es día de visita y largas filas de hombres y mujeres con bolsas de plástico y de mandado esperan su turno para entrar. Adentro es una romería, un grupo musical pone el ambiente cumbiero y decenas de parejas se ponen a bailar. Hileras de presos exponen sus artesanías en el suelo, mientras otro tanto las ofrece de mesa en mesa. En un rincón se sientan en dos mesas Dominga, Rómulo, Pedro, Marco Antonio, Teófilo y Lorenzo, nahuas defensores del agua de la comunidad de San Pedro Tlanixco, municipio de Tenango del Valle, Estado de México. Es la primera vez en 15 años que ofrecen una entrevista.

El primero de abril del 2003 la vida toda se transformó para la comunidad de Tlanixco, en el valle de Toluca. Ese día se escucharon fuerte las campanas de la iglesia en el centro de la comunidad, como suenan en todos los pueblos indígenas cuando hay alguna urgencia o algo importante que les compete a todos. A mediodía ingresaron a su territorio 11 empresarios floricultores del municipio vecino de Villa Guerrero, encabezados por su líder Alejando Isaak Basso, quienes, cuentan, con insultos y agresiones físicas acusaron a la comunidad de ensuciar el agua del río. Al repique de las campanas acudieron más de 300 personas para defender el agua que los floricultores les disputan desde el 2002, y para exigir que salieran de su comunidad.

En la parte conocida como El Salto, los floricultores atacaron verbalmente a la población nahua, “indios pendejos”, les dijeron, y los pobladores insistieron en que el agua del río Texcaltengo les pertenece por derecho. En medio de la acalorada discusión, señala la defensa encabezada por el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, el ingeniero Isaak Basso “cayó en una barranca, lo que le ocasionó la muerte”, y de ese acontecimiento el Estado acusa justo a los seis representantes visibles de la defensa del agua.

Dominga González Martínez, de 61 años, es “chaparrita y morenita”, dos características que la tienen presa. Un hombre dijo que una mujer con ese perfil asesinó a Alejandro Isaak Basso, líder de los empresarios de la flor de Villa Guerrero, con quien la comunidad mantenía una disputa jurídica por el río río Texcaltengo, también llamado río Grande, que nace en su territorio y que los floricultores requieren para el riego de sus invernaderos. Fue detenida desde hace 11 años en un operativo en el que, recuerda, privó “la violencia y la tortura” ejercida por más de 100 judiciales “armados y encapuchados” que llegaron en 35 vehículos y allanaron la casa que habitaba con sus hijas y la familia de su hermano.

“Me subieron a un vehículo y me llevaron a un cuarto muy feo, ahí me agredieron y amenazaron con violarme”, recuerda esta mujer de cabello largo y tranzado, enfundada en un vestido azul, el color impuesto en el penal para quienes están en proceso de sentencia o de resultado de apelación. De beige visten “los confirmados” o, mejor dicho, los condenados.

Dominga no duda: “detuvieron a los que participamos en la lucha por la defensa del agua y armaron una cacería de brujas en el pueblo. Nosotros estamos aquí por defender el agua de Tlanixco, mi comunidad”. Ella obtuvo una concesión para uso del agua porque es ejidataria “y con mi título fui a defender lo que nos pertenece, pero en la Agraria, con la lucha jurídica, no matando a nadie”.

La defensa de ríos y manantiales en Tlanixco no es nueva. Más de 18 años tienen los nahuas defendiendo sus derechos territoriales sobre las aguas que nacen en su localidad. En 1999, explica Carlos González, abogado de la comunidad, la Asociación de Usuarios de Riego de Villa Guerrero, representada Isaak Basso, obtuvo una concesión sobre las aguas superficiales del río Texcaltenco, que dejó a la población indígena sin posibilidades de tomar una gota de agua del afluente. El primer amparo contra esta disposición se metió en 2001, pero en 2003 se desató una fuerte cacería de brujas en la comunidad que terminó con el encarcelamiento de seis de los defensores y la implantación del terror en todo el territorio.

Es curioso, dice Dominga “en mi comunidad tenemos ríos y manantiales, pero en las casas no tenemos agua porque se la llevan los empresarios de Villa Guerrero. Con pipas se recibe cada semana el agua y hay veces que ni para lavar los trastes tenemos, cuando ahí está el río que es de nosotros”.

Y por su defensa, insiste, fue encarcelada a los 49 años y sentenciada a pasar el resto de su vida en prisión, pues la condena es de 50. Los días tras las rejas “pasan tristes” y, para que pasen más rápido teje y borda servilletas, cojines y manteles. Está enferma de la presión y tiene diabetes, lleva tres cirugías bajo prisión y desde aquí lloró la muerte de su madre y de su padre. Su único motor, dice, es imaginar su libertad y regresar con sus tres hijas, su hijo y sus nueve hermanos y hermanas.

Sus compañeras de celda le dicen que no se desespere, que va a salir, y su humildad le ha ganado el respeto hasta de las custodias. Dominga no sabe leer ni escribir, no fue a la escuela pero sí aprendió las tablas de multiplicar. Las palabras, dice, “se me hace difícil rejuntarlas”.

Antes de que la detuvieran, Dominga se dedicaba a recolectar plantas medicinales para hacer trueque con ellas. Intercambiaba gordolobo, yerbabuena, manzanilla y también trabajaba como jornalera en la cosecha de maíz, donde le pagaban 60 pesos diarios por trabajar de las siete de la mañana a las cuatro de la tarde. Como muchas mujeres de su pueblo, Dominga también se empleó en casas particulares como trabajadora doméstica, pero, dice, le gusta más el campo.

La mujer nahua, pequeñita de estatura, preparó para el día de visita un mole de olla. Su hija la fue a visitar y recarga su cuerpo sobre ella. No duda. Si recobra su libertad seguirá defendiendo el agua “pues sin ella se acaba la vida”.

-¿Ha valido la pena?

– Una parte sí, porque defendemos lo nuestro. Pero estando aquí una pierde todo. Viene la familia pero se va y volvemos a nuestra realidad, a los dormitorios, a la tristeza.

Lo que nosotros queremos para sobrevivir, otros lo quieren para enriquecerse: Marco Antonio Pérez González

Marco Antonio apenas tenía un año de casado cuando lo detuvieron en la Ciudad de México, donde trabajaba como ayudante de albañil. Tenía entonces 26 años, hoy tiene 38, de los cuales 12 ha estado tras las rejas, condenado a 50 años de prisión por privación de la libertad y homicidio calificado del ingeniero Alejandro Isaak.

Un día antes de que llegaran los floricultores de Villa Guerrero, Marco Antonio y su esposa bautizaron a su hijo Juan Carlos. El día que sonaron las campanas “estaba ayudando a arreglar la casa” cuando pasó una señora y les avisó que habían llegado los de Villa Guerrero y querían desviar el agua. Marco Antonio en encaminó hacia el lugar, pero ni siquiera llegó “ya luego me entero que el señor cayó al barranco”.

Lo detienen tres años después, el 12 de diciembre del 2006, en su lugar de trabajo en una obra en la Ciudad de México. Estaba en la misa de la Virgen de Guadalupe “cuando llegaron los judiciales y me dijeron ‘ya te cayó la chingada’. Me preguntaban ‘quién mató al ingeniero’ y luego me llevaron a la Procuraduría del DF y más tarde, rápido, a Santiaguito”.

Marco Antonio pisó la cárcel “y aquí me sentí triste, derrotado, angustiado. Todo se te cae. Aquí te das cuenta de que las leyes no son para nosotros. Se ensañaron porque defendemos el agua, porque somos indígenas, porque lo que nosotros queremos para sobrevivir, otros lo quieren para enriquecerse”.

Al año de que lo encarcelaron, murió la mamá de Marco Antonio, “más que enfermedad fue de tristeza”. Actualmente hace artesanías, cuadros, servilleteros, rompecabezas, portarretratos, todo de madera, que luego se esposa vende afuera para las fiestas. Ella trabaja haciendo el quehacer en casas en Toluca y él estudia en el penal la preparatoria.

El agua, finaliza, “para nosotros es la vida, es sagrada, sin ella no somos nada. Me dicen ahora que no hay en el pueblo ni para lavar. Y yo digo, ‘ah, chinga, si yo estoy aquí por eso’”.

“Defender nuestros derechos no es un delito”, remata.

“Que el nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador, se de cuenta de que llega a un país con presos políticos indígenas”: Pedro Sánchez Berriozábal

“La cárcel es una bomba de tiempo. Es muerte. Estado vegetal. Convivimos con gente asesina, gente que no tiene valor de la vida, violadores, secuestradores, sicarios, enfermos mentales. Hay hasta un caníbal que mató a su esposa y se la comió. Yo, en cambio, estoy aquí por defender el agua”, afirma Pedro Sánchez, de 52 años, campesino y comerciante, defensor del agua, esposo de Marisela y padre de cinco hijos. Lleva 15 años en prisión y está condenado a 50. Viste de beige, pues tiene sentencia confirmada.

“Las personas que me acusan”, dice, “no quieren justicia por el muerto, sino someternos para que la lucha por el agua desaparezca”. Por eso, explica, “no es casualidad que a los tres participantes en la defensa del agua nos dieran las penas más altas. Dijeron que nosotros habíamos pateado al ingeniero, pero los que nos inculpan han acomodado sus declaraciones. Uno de ellos hasta declaró que la hermana del ingeniero Basso lo preparaba para las declaraciones como testigo”.

Pedro es ejidatario de Tlanixco. El 1 de abril del 2003 no escuchó el repique de las campanas porque no se oye en la tortillería que tenía, pero como apenas ocho días antes fungía como vocal del Comité del Agua Potable, pasaron por él. “Cuando me avisaron fui a donde estaba el presidente de la Asociación de Floricultores de Villa Guerrero; su representante legal, de nombre Adolfo y su comitiva. La gente les reclamaba que porqué estaban ahí, profanando nuestros lugares sagrados. Ellos decían que iban a entubar el agua porque estaba sucia. Entonces yo me regresé para el pueblo. Un niño comentó que el ingeniero se desbarrancó y así me entero”.

Tres meses después, un 22 de julio de 2003, lo detienen a las 11 de la mañana. Se dirigía al campo, a recoger una cargada de claveles para vender en el mercado. Hombres armados, encapuchados y sin identificarse interceptaron su camioneta, lo subieron a su vehículo y se lo llevaron al Ministerio Público de Tenango del Valle. Luego lo trasladaron a la Procuraduría, donde le pidieron que firmara una hoja en blanco “y yo le puse rayas a la hoja”. La siguiente parada, ese mismo día, fue Santiaguito.

“En el asunto del agua”, explica, “el Estado siempre favoreció a los empresarios de Villa Guerrero. El gobierno le echaba más lumbre al conflicto, no quería arreglarlo por intereses económicos de los floricultores. El gobernador Arturo Montiel los favoreció siempre con el arroyo Río Grande. No hay pruebas para habernos sentenciado como culpables y menos para las penas que nos dieron. Hoy, tantos años después, no se trata de que nos disminuyan las sentencias, queremos la absolución. Somos inocentes”, dice tajante.

En Santiaguito trabajó durante mucho tiempo como artesano y actualmente estudia la preparatoria. “El encierro es muy rudo, te tira. Vivimos con la ilusión de que a los compañeros que están esperando la apelación, como Dominga, se les resuelva favorablemente, conforme a derecho y que se respete su condición indígena. El Estado sabe que tuvo la culpa de hacer crecer esta situación, pero no pierdo la esperanza, pues me sé inocente”.

Pedro es claro en su demanda: “que el nuevo presidente electo Andrés Manuel López Obrador, se de cuenta que llega a un país con presos políticos indígenas”.

“Yo ni siquiera estuve en el lugar”: Teófilo Pérez González

Aquél primero de abril del 2003, Teófilo no alcanzó a llegar al lugar en el que los floricultores de Villa Guerrero, encabezados por su líder Alejandro Basso, discutían con la gente de la comunidad que les exigía que salieran. Lleva 15 años presos, dice, por “defender un recurso de mi pueblo, el agua que nos pertenece”.

Teófilo Pérez tiene 47 años, 15 preso, sentenciado a 50 de prisión. Es de oficio albañil, pero trabajó 10 años como policía, luego se fue a trabajar como migrante en Carolina del Norte, donde sembraba flores y pasto en casas particulares. Regresó en 2002 a Tlanixco y empezó con la albañilería, dos meses se compró un taxi y trabajaba la ruta Tenango del Valle-Tlanixco.

En noviembre de 2002, una asamblea del pueblo lo nombró miembro del Comité de Agua para abastecer a las casas de agua potable. En febrero del 2003 asumió el cargo tradicional, sin pago alguno. “El primero de abril de ese año me fui a trabajar a San Bartolo, Villa Guerrero, estaba pegando unas ventanas en una casa. No había cemento y nos regresamos a Tlanixco, luego me fui a darle de comer a unos cerdos que tenía y estaba ahí a mediodía cuando escuché las campanas. Llegó mi esposa y me avisó que llegó la gente de Villa Guerrero. Yo estaba arreglando un cable de luz y a las 3 o 4 de la tarde decido ir al río, me voy por el camino, no por la vereda. Vi gente reunida a lo lejos, pero llevaba hambre y me fui para mi casa. Al otro día me fui a trabajar en el taxi. O sea que yo ni siquiera estuve en el lugar”.

En los días posteriores, cuenta, “nos mandó llamar el Secretario de Gobierno del Estado de México, en Toluca. Nos dijeron que se haría un estudio del agua para que no nos faltara. Y así quedamos. Pero el 22 de julio vinieron por mi como a las 6:30 de la mañana. Iba yo por el crucero de Tengo del Valle y se me cerró una pick up como con ocho personas armadas. Me bajaron de mi taxi y me subieron a su camioneta. Eran judiciales pero nunca se identificaron. Me llevaron a la Procuraduría sin orden de aprehensión. Nada”.

Dos horas después lo subieron a otro vehículo, ahí vio a su compañero Pedro, y junto a él lo trasladan a Santiaguito. “A las 72 horas me dictaron el auto de formal prisión acusado de homicidio, y tres años después recibí la sentencia de 50 años, que luego me confirmaron”.

Teófilo no pierde el tiempo en prisión. Es parte del coro de la iglesia, aprendió a tocar guitarra, teclados y acordeón y se apegó a la lectura de la biblia. Elabora portarretratos, lámparas y cuadros que su esposa vende afuera. También colabora en la clínica de personas enfermas de sus facultades mentales, a quienes lleva música como terapia. Cursa la preparatoria, graba música norteña, hace meditación y fue elegido para el curso de justicia restaurativa. “Yo le entro a todo porque trato de mantenerme ocupado, pues la cárcel es muy dura. Vienes de un pueblo indígena con otras costumbres, otra forma de pensar, y te ves aquí con secuestradores y con asesinos confesos. Es duro”.

Su esposa Silvia antes sólo trabajaba en la casa, ahora se emplea como trabajadora doméstica en otras casas. Tiente cuatros hijos: Omar, Viviana, Jaqueline y Ángel, de 26, 24 y 20 años lo últimos dos, y de ellos “agarro la fuerza para seguir aquí”.

“Me dijeron que me había metido con una persona importante del Estado de México”: Lorenzo Sánchez Berriozábal

“Me dijeron que me había metido con una persona importante del Estado de México. En las primeras declaraciones los testigos ni mencionan mi nombre, pero a la gente de Villa Guerrero les dieron un periódico donde aparezco en una reunión del pueblo, y de ahí el testigo, hasta su tercera declaración, amplió su imputación a mi. Dice que yo le dije al ingeniero que ya nos tenía hasta la madre”, cuenta Lorenzo Sánchez. Y aclara: “pero yo no hice nada, por ser del pueblo, como todos, tenemos la obligación de cuidar los recursos, pero no atenté contra ese señor”.

Lorenzo tiene 54 años, 11 tiene en prisión y está condenado a pasar ahí medio siglo. El 1 de abril del 2003 estaba atendiendo su tienda de materiales para la construcción. Acudió al llamado de las campañas porque, dice, “ésa es la costumbre del pueblo nahua, juntarnos cuando se requiere”. Y añade: “Para nosotros el agua es sagrada. Por ella vivimos. Somos de ella”.

Lorenzo fue al manantial de los Chicamulos y al bajar encontró a muchas personas. “La gente de mi pueblo le preguntaba al hoy occiso a qué había ido y él contestaba con groserías y decía que estaba en tierras federales. Le dijimos que tenía que haber pedido permiso para entrar, porque para nosotros el manantial es sagrado. Mucha gente le pedía llegar a un acuerdo”, recuerda Lorenzo.

Junto a él, con libreta y pluma en mano su cuñado pedía su nombre a las 11 personas que acompañaban al líder de los floricultores. “Les pedimos que públicamente informaran al pueblo a qué habían ido, pues así es nuestra costumbre. Luego me adelanté al pueblo a conseguir una máquina para levantar el acta, pero como la gente no llegaba me fui al auditorio. A los 11 que estaban en la Delegación los llevamos a la autopista para que se fueran, y antes les dimos de comer. Después me enteré que el ingeniero estaba muerto en el barranco. No supe que pasó porque yo no estaba ahí, estaba en el pueblo”.

A Lorenzo lo detuvieron el 11 de abril del 2006 en la colonia Portales, en la Ciudad de México, donde trabajaba como ayudante de topógrafo. “Llegaron los judiciales, me taparon con una chamarra y me subieron a un carro, ahí me golpearon duro, golpes por todo el cuerpo, pero por encima de la chamarra para que no se hicieran moretones. Me llevaron a un Ministerio Público de la delegación Benito Juárez y de ahí luego luego a Santiaguito, sin siquiera orden de aprehensión”.

Comerciante, obrero y defensor del agua, Lorenzo advierte que para los floricultores, el agua es un gran negocio y que “la hermana del difunto no quiere justicia, no le importa si alguien lo mató, sino que alguien pague. Todo el proceso se basa en la declaración de un niño fantasma, pues nunca apareció, que según dijo que vio que las personas lo aventaron al barranco, no hay nada más”.

“Que los magistrados no pasen por alto que somos indígenas nahuas y pertenecemos a una comunidad. Nos dieron la sentencia más alta y no nos respetaron la presunción de la inocencia”, dice Lorenzo, esposo de Yolanda y padre de un hijo de 28 años, que se dedica en la prisión a hacer artesanías y a lavar trastes de otros presos “para tener dinero y no depender de la familia”.

“Queríamos rescatar nuestros ríos y nuestros arroyos. A nosotros nos nombró el pueblo para eso”: Rómulo Arias

En el patio del Centro de Prevención y Readaptación Social Santiaguito, los presos ofrecen, para ganarse unos pesos, desde la ayuda para cargar las enormes bolsas de alimentos, hasta el apartado de una mesa, una canción o un ramo de flores. Los rostros son duros, las miradas perdidas, pero también hay bullicio y música en vivo. De pronto parece un tianguis.

Rómulo Arias tiene 48 años, 13 de los cuáles ha estado en prisión. Es el que carga con la condena más alta: 54 años por homicidio calificado y privación de la libertad. Viste de color beige, es un “confirmado”, pero, aclara, “yo no maté ni secuestré a nadie”.

A Rómulo lo detuvieron en el 2006 acusado también de asesinar a Alejandro Isaak Basso aquella tarde del 1 de abril del 2003. El día que llegaron los judiciales estaba en su casa desayunando con su hermano Felipe, a quien golpearon junto a sus hijos. A Rómulo lo sometieron 40 judiciales y se lo llevaron a la fiscalía de Tenango del Valle, donde lo torturaron.

“Cuando entras a la cárcel, entras a otro mundo. La moral se va hasta abajo. Te quitan todos tus derechos y se viene humillación tras humillación, me trataron peor que a cualquier delincuente”, dice Rómulo, quién en Santiaguito ha trabajado como herrero, haciendo las luminarias de las plazas públicas; después fue cocinero del comedor de vigilancia, también maquilador de ropa interior para Vicky Form, y actualmente da clases en el taller de mecánica de la prisión, tarea que compagina con sus clases de tercer grado de primaria. “Vivo entre asesinos, narcotraficantes, violadores. Todo está revuelto aquí y pues aprendes a no dejarte”, lamenta el nahua originario de Tlanixco.

Desde muy pequeño empezó a colaborar en el taller mecánico de una familia de cuatro hermanos, uno de los cuales falleció en estos años de encarcelamiento, al igual que su padre, a quién no pudo ver más. ¿Su delito? Ser tesorero del Comité del agua de su comunidad. “Queríamos rescatar nuestros ríos y nuestros arroyos. A nosotros nos nombró el pueblo para eso. Son cargos tradicionales, no pagados, y por esa defensa estoy aquí”.

Aquél 3 de abril, recuerda, “resonaron las campanas, una costumbre arraigada del pueblo para dar avisos a la comunidad. Ese día repicaron fuerte, anunciando algo importante. Yo estaba trabajando en mi taller mecánico cuando las oí y fui para El Salto, donde estaban las personas extrañas de la comunidad vecina de Villa Guerrero”.

Los empresarios de Villa Guerrero, explica, cultivan rosas, gladiolas, lilis, tulipanes, “pura flor de importación que se va para Estados Unidos y otros países”. Incluso hay gente de Tlanixco y de otras comunidades que trabajan en sus invernaderos como jornaleros “pues tienen que trabajar para comer”. La justicia, dice, “es sólo

para los que tienen dinero. A lo indígenas que defendemos los derechos y los recursos de nuestros pueblos, no nos la aplican”. Pero, aún así, “tengo esperanza de salir de aquí. Nos apoya la gente, saben que somos inocentes”.

Su esposa Tomasa labora actualmente como trabajadora doméstica en una casa de la Ciudad de México. Sus hijos Joel, Lizbet y Lalo, de 28, 22 y 19 años de edad respectivamente, lo visitan regularmente. “No me dejan”, dice sentado en una mesa del rincón del patio penitenciario.

Termina la hora de visita. De pie frente a la última puerta, se aglomeran decenas de presos para pedir dinero. “Yo no tengo familia”, dicen, “jefita, deje usted algo por acá”. Dominga despide a su hija y a su hermana en la escalera, les da las últimas servilletas que bordó para que las vendan afuera. “Este es el peor momento, cuando todos se van”, dice.