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Declaración del IV Encuentro del Movimiento Nacional Ambiental
Movimiento Nacional Ambiental
Sensat

Con la participación de más de 100 procesos socio ambientales procedentes de distintos municipios de los departamentos de Antioquia, Boyacá, Cauca, Caquetá, Cundinamarca, Meta, Nariño, Quindío, Santander, Tolima, Valle del Cauca y Bogotá, celebramos entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre en la ciudad de Bogotá D.C., el IV Encuentro del Movimiento Nacional Ambiental. Llegamos a Bogotá, campesinos, indígenas, jóvenes, pobladores urbanos, maestros, estudiantes, mujeres y hombres que defendemos la vida y resistimos a la barbarie que desde el Estado nos proponen como futuro; estamos quienes con amor y respeto representamos la montaña, el valle, el río y la sonrisa de nuestros niños y niñas que esperan un mejor porvenir.
Como proceso unitario de carácter nacional, de hombres y mujeres sentipensantes, inconformes, arraigados y libres queremos denunciar los intentos de retrocesos ilegítimos que algunos magistrados de las altas Cortes y el gobierno nacional pretenden implementar en contra de los derechos constitucionales a la participación, la autonomía territorial, el pluralismo, la democracia, la diversidad política y cultural.

Con indignación rechazamos la forma como se pretenden cercenar las consultas populares, que son un mecanismo legítimo y legal para que las comunidades decidamos, de forma autónoma, sobre nuestros territorios. Desde el gobierno actual, se tejen intenciones dictatoriales que ponen en riesgo nuestra democracia, que pretenden condicionar los derechos de la población para beneficiar los intereses corporativistas de multinacionales extractivistas que pretenden acabar con el agua, la vida, el paisaje y los medios de vida de las comunidades en todo el país. En ese orden de ideas, exigimos que se den todas las garantías democráticas de manera que las consultas populares en curso y las que inicien trámite, pueden ser materializadas y que sea el constituyente primario quien decida de manera libre sobre sus propias formas de desarrollo, sin presiones, ni intromisiones del gobierno y de algunos jueces. En tal sentido, exigimos respeto por los Acuerdos municipales en defensa del patrimonio ecológico y cultural de los municipios.

Estamos convencidos de que la paz debe ser una construcción colectiva que piense, sienta, defienda y construya libertades para las personas que convivimos en este país, pero también que incluya como sujeto de derecho a la naturaleza que nos permite subsistir y que se debe materializar en los territorios de manera eficaz, no con decisiones que justamente generan conflictos socio ambientales y exacerban los existentes. La paz debe ser una articulación entre el respeto a la diferencia, el bienestar colectivo y las necesidades y demandas de los ecosistemas, que no pueden ser destruidos por la codicia simple, abyecta e ignominiosa de gobiernos y corporaciones con una alta ausencia de lo ético.

En esa medida, y bajo el actual contexto, exigimos al Estado Colombiano firmar y ratificar el Tratado de Escazú que además de proteger los derechos a la información, participación y justicia en materia ambiental, es el primero en el que se reconoce a defensores y defensoras del ambiente de manera explícita.

Denunciamos que el gobierno colombiano ha contribuido a la estigmatización de protesta social por la defensa de la naturaleza, entre otros, por medio de pronunciamientos desobligantes, e irresponsables del Ministro de Defensa quien vincula nuestros ejercicios legítimos de resistencia pacífica con el accionar de grupos armados ilegales. Instamos al Estado a desarrollar mecanismos efectivos de protección colectiva acordes a los riesgos y realidades comunitarias, y muy especialmente, a combatir de manera decidida la impunidad, a través del desmantelamiento de las estructuras e intereses que se ocultan tras estos crímenes. Exigimos una respuesta efectiva frente las amenazas a procesos que defienden el territorio, se encuentran bajo amenaza como los Comités Promotores de consultas populares en Córdoba (Quindío), San Vicente y Carmen de Chucurí (Santander), El Comité Ambiental de Roncesvalles, la ANUC municipal de Mercaderes (Cauca), la Asociación de Trabajadores Campesinos de Cajibío y la Comisión por la defensa del Agua y Territorio de Valparaíso (Caquetá).

Nos comprometimos a rescatar la verdad y memoria histórica ambiental, entre ellas las luchas ambientales, que tantos hombres y mujeres han forjado para defender el territorio, y que han nutrido nuestros procesos actuales, con narrativas, lenguajes, imágenes y propuestas. Queremos honrar el camino que nos han dejado, para continuar transitando hacia otro mundo posible.

Invitamos a toda la ciudadanía a sumarse al fortalecimiento de los procesos que defienden el agua, el territorio y la vida. Hacemos un llamado a la construcción e implementación de propuestas alternativas al desarrollo, como los planes de vida comunitarios, las economías propias solidarias, los procesos agroecológicos de soberanía alimentaria, la gestión comunitaria del agua y los ecosistemas, y el impulso de energías renovables para caminar hacia la transición energética.

Para estos fines, invitamos a todas las plataformas ciudadanas y populares de defensa del territorio y los bienes comunes a sumar esfuerzos para, conjuntamente, tejer propuestas y estrategias que nos permitan construir colectivamente, desde una participación real y efectiva, las condiciones para que las actuales y futuras generaciones puedan disfrutar territorios en paz, con justicia y dignidad. Somos una sola voz dispuesta a defender nuestros bienes comunes y aquellas garantías que hemos conseguido desde la acción y la movilización pacífica y legitima, en defensa de la vida y territorios.

Bogotá, octubre 2 de 2018