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Los pueblos indígenas queremos decir al gobierno nacional que no queremos más guerra, ni presencia del Estado en nuestro territorio para desarmonizar.
Defendemos los derechos conquistados en movilizaciones, mingas para salvaguardar el territorio, el derecho a consultar de forma previa y consentida y de hacer realidad nuestros planes de vida en nuestros territorios para seguir re-existiendo mil años más. Nuestra apuesta es fortalecer la guardia indígena como una instancia propia de control territorial para no permitir la llegada de nuevos grupos armados a nuestros territorios.
Declaración del VI congreso indígena de Risaralda CRIR
por ONIC
13 Octubre 2018
Mistrató
El sexto congreso del Consejo de Autoridades Tradicionales Indígenas de Risaralda - CRIR, desde nuestra visión del mundo embera, expresa abiertamente a los diferentes sectores de la sociedad que, la democracia sólo sobrevivirá cuando la ciudadanía se vuelva activa, participativa, cuando el espacio público es ocupado por sus propios dueños, por el pueblo y sus organizaciones populares, cuando los derechos se multiplican, cuando las libertades florecen, cuando le perdemos el miedo a la felicidad, cuando luchamos por lo que es común a todos.
Entendiendo que los pueblos indígenas en Colombia vivimos una grave amenaza por la avanzada de las políticas neoliberales que impulsa la derecha del país, en cabeza del gobierno nacional, que considera que se han dado muchos derechos a los indígenas, ya que para ellos somos y ponemos en peligro el desarrollo económico de Colombia, por lo que están tratando de desvalijar la consulta previa, derecho consagrado en el convenio 169 de la OIT, con la finalidad de no consultar a los pueblos originarios sobre los grandes proyectos de inversión en los territorios indígenas; a esto se suma el debilitamiento de los acuerdos de paz con las FARC, incluyendo al desconocimiento del capítulo étnico, que ha venido desmontando el gobierno de Duque, que no quiere la paz en Colombia, lo que ha dado pie para que los grupos paramilitares empiecen a ocupar los territorios indígenas, que son territorios de interés de las multinacionales. Sumado a esto, el gobierno nacional niega el plan sistemático de asesinato de líderes sociales e indígenas. Mientras esto sucede, el gobierno nacional y el congreso de la república le aumenta el presupuesto al aparato militar que maneja el ministerio de defensa, con la compra de armamentos, descuidando otros temas de vital interés para el pueblo colombiano, como la educación, la salud. Este afianzamiento de lo militar ha generado el temor entre el pueblo de que se intensifique la guerra en el país, para asegurar territorios estratégicos para la extracción de la minería, además a que se desate una agresión a Venezuela para asegurar que los Estados Unidos realice una intervención militar para apoderarse del hidrocarburo, ya que Venezuela es el segundo país que más produce petróleo en el mundo. La derecha en Colombia hace el favor a los EE.UU., para que se apodere y saquee los recursos naturales de Venezuela, porque este país no está doblegado a EE.UU.
No obstante, los pueblos indígenas queremos decir al gobierno nacional que no queremos más guerra, ni presencia del Estado en nuestro territorio para desarmonizar el territorio. Los pueblos indígenas sólo queremos una paz estable y duradera. Exigimos que en vez de invertir más recursos para la guerra, queremos que haya más inversión a los territorios indígenas, sobre todo a los territorios más apartados a nivel nacional, donde no hay presencia del Estado; para lo cual se debe focalizar la inversión al campo y lo agropecuario, la educación, la salud, la protección de los derechos humanos de los grupos étnicos y de los defensores de derechos humanos. A los territorios indígenas no llegó la paz, porque lo que se negoció en los acuerdos no se implementó, agravado por el hecho de que en pleno auge del posconflicto están asesinando a los líderes sociales e indígenas, a lo cual el Estado se ha mostrado desinteresado al respecto haciendo caso omiso. El Estado no haya querido realizar una verdadera investigación y juzgamiento a los verdaderos violadores de los derechos humanos.
Por otra parte, los gobiernos de turnos, a nivel nacional, departamental y municipal, nunca han incorporado los planes de vida de los pueblos indígenas en los planes de desarrollo cuatrianuales con presupuestos asignados, para que atienda las necesidades básicas de los indígenas. Es necesario construir e implementar los planes de vida de las comunidades indígenas para buscar garantizar y asegurar la pervivencia y el buen vivir de los pueblos. Estos planes de vida deben ser la carta de navegación de los territorios autónomos ancestrales como ejercicio de autodeterminación. Los planes de vida, como planes de desarrollo propios, deben trabajarse y apoyarse para poner en funcionamiento los entes territoriales indígenas, con los sistemas autonómicos, construyendo la economía propia, la gobernabilidad, la autonomía y la educación propia, como pilares de estos planes de vida.
Defendemos los derechos conquistados en movilizaciones, mingas para salvaguardar el territorio, el derecho a consultar de forma previa y consentida y de hacer realidad nuestros planes de vida en nuestros territorios para seguir re-existiendo mil años más. Nuestra apuesta es fortalecer la guardia indígena como una instancia propia de control territorial para no permitir la llegada de nuevos grupos armados a nuestros territorios. Nos oponemos a la reglamentación de la consulta previa que se viene adelantando en el congreso nacional, por ser una grave violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas y un retroceso en el reconocimiento de los derechos fundamentales consagrados.
Es necesario decir que es pertinente consagrar los planes de vida que estén inmersos en los planes de desarrollo de los municipios, departamentos y a nivel nacional con presupuesto, y como también los territorios indígenas se deben convertir en entidades territoriales con políticas administrativas, razón para que las grandes líneas de acciones políticas, programas y proyectos sean implementados de acuerdo a las necesidades y problemáticas de los pueblos indígenas en Colombia.
Finalmente, rechazamos categóricamente las amenazas a la ONIC y a las organizaciones filiales, especialmente a los hermanos Wayuu de la Guajira, que vienen siendo amenazados por grupos paramilitares que defienden los intereses de los grandes emporios económicos del país, que se suma a al despojo y la extracción que por décadas El Cerrejón ha realizado en territorio ancestral Wayuu. Estas amenazas también se presentan en las comunidades indígenas de Risaralda con líderes y autoridades, por lo que exigimos se respete su vida e integridad física y psicológica, además que se les brinde especial protección por parte de los organismos que deben garantizarle el respeto a su vida y el de sus familias.