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17/10/2018 :: EUROPA
Grecia: el giro represivo de Syriza
x Stathis Kouvelakis, Costas Lapavitsas
El régimen de Tsipras enjuicia a sus antiguos compañeros de partidoLa Haine

Muchos en la izquierda internacional creen que las cosas en Grecia están mejorando lentamente, y que el gobierno de Syriza sigue siendo una fuerza de izquierda que protege los intereses de los trabajadores y a los pobres, incluso a pesar de unas condiciones muy difíciles. Para aquellos que todavía creen en esta visión, los recientes acontecimientos en el país heleno serán una sorpresa desagradable.

La amarga realidad es que, desde que se entregaron a la Troika de acreedores de Grecia (UE, Banco Central Europeo, FMI) en julio de 2015, Tsipras y su gobierno han seguido las mismas radicales políticas neoliberales implementadas por todos los gobiernos griegos desde 2010, cuando el primer rescate se firmó con la troika.

El gobierno de Tsipras junto con efectuar drásticos recortes en el gasto público ha promoviendo la desregulación y la privatización. Además ha reducido los salarios, las pensiones y los beneficios sociales y ha limitado la inversión pública, al tiempo que eleva los impuestos directos e indirectos a niveles sin precedentes, golpeando de manera implacable los hogares de ingresos bajos y medios.

La única diferencia con los gobiernos anteriores es que Tsipras y su partido fueron elegidos en enero de 2015 precisamente para revertir estas políticas. Su gobierno hizo un inconcebible cambio de dirección, provocando un shock traumático para la ciudadanía griega, solo días después que un 61 por ciento del electorado rechazara en un referéndum la imposición de las políticas de austeridad.

En los tres años siguientes, el cinismo del gobierno de Tsipras ha provocado una profunda desmoralización popular que impregna todos los ámbitos de la vida pública. La pasividad y el desaliento han sido los principales factores que permiten al gobierno implementar un nuevo rescate sin enfrentar una oposición importante.

Syriza está haciendo así un buen servicio a la Troika. Sin embargo, las políticas de austeridad, desregulación y privatización, que dañan a la mayoría de la población, son en última instancia imposibles de implementar sin un grado de represión y un marco ampliamente coercitivo. Es imposible imponer plenamente los recortes en los servicios públicos, las reducciones en las pensiones y los salarios, los aumentos de impuestos y condiciones laborales excepcionalmente explotadoras, sin sofocar a una oposición activa y generar un clima de temor sobre quienes no se sometan.

Esta actitud del poder ha sido ampliamente confirmada por la experiencia política de Europa occidental, de los EEUU y de otros países en las últimas cuatro décadas. Desde 2010 hasta 2015, la propia Grecia vivió una proliferación de medidas represivas y autoritarias a medida que los sucesivos gobiernos implementaban paquetes de rescate. Lentamente el gobierno de Alexis Tsipras ha tomado el mismo camino.

Lo más notable en los últimos meses es la forma en que los bancos griegos ha impulsado un aumento en los desalojos y las ejecuciones hipotecarias. Si una vez Syriza levantó el eslogan “no más casas en manos de los bancos”, hoy en día el gobierno está atacando a los manifestantes que intentan detener la subasta de viviendas. Las nuevas leyes amenazan la prisión para aquellos que interfieren con el proceso de subasta y los desahucios ; de hecho, los arrestos a los críticos del gobierno ya han comenzado.

Apretando los Tornillos

Para comprender la creciente importancia política de la batalla por las ejecuciones hipotecarias, es importante considerar la peligrosa situación de los bancos griegos y la presión que ejercen sobre el gobierno y la sociedad griega en general. De hecho, es precisamente para prevenir un nuevo brote de inestabilidad bancaria que el gobierno ha recurrido a métodos cada vez más represivos.

A lo largo de la crisis, el sistema bancario griego ha estado dominado por cuatro bancos “sistémicos” que controlan más del 90 por ciento de todos los depósitos y activos. Estos bancos han sido los partidarios más fuertes de las estrategias de rescate desde 2010 y han desplegado su enorme poder económico y social para forzar a los sucesivos gobiernos griegos, incluido el de Syriza, a cumplir con los requisitos de los prestamistas, para evitar el colapso bancario y protegerse ellos mismos de una posible nacionalización.

Desde el comienzo de la crisis, ha habido dos re-capitalizaciones de los bancos, una de las cuales fue realizada por el gobierno de Syriza. Los costes totales han superado los 45 mil millones de euros. Estos rescates fue financiado en su totalidad a través de préstamos de dinero públicos, que serán pagados por todos los contribuyentes.

A pesar de esta imposición extraordinaria sobre la población griega, los bancos actualmente tienen el récord europeo de “préstamos incobrables” y han dejado de prestar sus servicios a la actividad económica. Sus “préstamos incobrables” incluyen los préstamos no redituables (NPL), que son préstamos que ya superan los noventa días de retraso en el pago del capital e intereses, pero también el capital no lucrativo (NPE), una categoría más amplia que incluye préstamos que no se espera ser plenamente honrados, aunque todavía no hayan retrasos formales en la realización de los pagos.

Reducir la exposición de los bancos griegos a las NPE y NPL ha sido durante años una de las principales prioridades para el Banco Central Europeo. Desde 2016, el gobierno de Tsipras ha facilitado obedientemente una ola de recuperaciones de propiedades, incluidas viviendas de personas, como la venta de paquetes de préstamos con descuento para los fondos de buitres. Las subastas de propiedades han jugado un papel importante, en este sentido.

No es ningún misterio que los bancos no pueden manejar este problema, por lo tanto los desahucios se remontan al acuerdo de rescate de Tsipras con la Troika.

En pocas palabras, se espera que los bancos griegos supriman gradualmente de sus balances los préstamos incobrables a través de desahucios, subastas y prácticas de cobro más severas, en un proceso que sin duda llevará varios años. Al mismo tiempo, se espera que los bancos apoyen la actividad económica a través de la provisión de nuevos créditos. Sin embargo, de manera bastante lógica , los bancos han tendido a reducir los nuevos préstamos al intentar liquidar de sus balances los préstamos incobrables.

El recorte de los préstamos en realidad ha socavado la recuperación y el crecimiento, haciendo que el problema del crédito impago recaiga sobre toda economía. La disminución general de los préstamos también ha demostrado que los préstamos incobrables representan una proporción mayor del total.

En realidad estas medidas un ejemplo perfecto de las tonterías económicas del rescate impuesto por la Troika y por Tsipras. El fracaso de los bancos griegos con respecto a los préstamos incobrables ha llevado al colapso de sus acciones en el mercado de valores de Atenas desde principios del verano de 2018, convirtiéndose durante el último mes en tremenda una derrota.

En efecto, todo el sector bancario griego se ha devaluado dramáticamente desde que Tsipras firmó el último rescate. Como resultado, se habla de una nueva recapitalización a cuenta del Estado. Si esto se materializara, el rescate sería un completo desastre para el gobierno, que enfrenta elecciones nacionales en 2019.

Por lo tanto, la aceleración del programa de liquidación de préstamos incobrables ha llegado a un clímax en la agenda de la Troika y de los dóciles ejecutores del gobierno de Tsipras. Y dado que el problema parece ser más persistente en los préstamos residenciales y de consumo, se han fijado conjuntamente objetivos extraordinariamente ambiciosos para recuperar y vender 10,000 viviendas en 2018, y unas 50,000 en 2019.

Acciones de protesta

Después de la gran vuelta en U, el tema de las recuperaciones se ha convertido en uno de los problemas políticos más espinosos que enfrenta Tsipras y su partido.

Hasta el año 2015, el eslogan de “No más viviendas en manos de los bancos” fue uno de los gritos más populares en los mítines de Syriza. Sin embargo, ante las presiones generadas por su propio rescate, el gobierno de Tsipras acaba de aprobar una ley para castigar cualquier acción que tenga como objetivo evitar los desahucios y las subastas de propiedades ejecutadas, con penas que varían de tres a seis meses en prisión.

Esto ha sentado las bases para una gran batalla entre el gobierno y un dinámico movimiento que está en contra de las subastas de propiedades ejecutadas. Este movimiento, de hecho, ha tomado un nuevo impulso después del relanzamiento de las ejecuciones hipotecarias en otoño de 2016. Durante muchos meses, la movilización de determinados grupos de activistas en las salas de los tribunales logró cancelar cientos de esas ventas, ralentizando significativamente todo el proceso. Esta es, sin duda, una razón más por la que los bancos no han cumplido sus objetivos.

La reacción del gobierno, inclinándose a la presión de la Troika, fue trasladar el procedimiento de subastas públicas a un método de puertas cerradas mediante una plataforma electrónica controlada por abogados. Esto ciertamente ha hecho que las acciones de protesta sean más difíciles de organizar. Sin embargo, las protestas han continuado, aunque a una escala más limitada, impidiendo muchas subastas y afectando negativamente la disposición de los notarios a participar en el proceso.

Durante este período, los enfrentamientos con la policía comenzaron a intensificarse en las oficinas de los notarios. Los activistas fueron filmados durante las protestas y posteriormente acusados. Desde el comienzo del año, docenas de activistas en todo el país se han enfrentado a cargos de la policía. Entre estos se encuentra Spiros Milios , un concejal municipal en la región de Ambelokipi-Menemeni, la segunda ciudad más grande de Grecia, y que también es miembro de Antarsya, una coalición de organizaciones de izquierda. En la pequeña ciudad provincial de Volos, no menos de veinte activistas están bajo investigación, al igual que otros quince activistas en las ciudades provinciales de Argos y Nafplio. El juicio de estos activistas ha comenzado en Atenas el 21 de septiembre recién pasado.

La intensificación de la represión judicial relacionada con las subastas de viviendas es solo el ejemplo más obvio de las prácticas autoritarias implementadas por el gobierno de Tsipras. La represión también se ha desplegado contra quienes intentan defender el medio ambiente protestando contra el proyecto minero al aire libre de un empresa canadiense en la región de Skouries, en el norte de Grecia.

En términos generales, el gobierno ha utilizado la fuerza para reprimir todas las protestas contra sus políticas, especialmente cuando existe la posibilidad que se propaguen. El uso de la policía antidisturbios contra los jubilados es solo el ejemplo más grave.

Lafazanis

El umbral simbólico en esta escalada represión se cruzó el 26 de septiembre, el día en que Panagiotis Lafazanis, un veterano de la izquierda griega, fue llamado a responder a los cargos por su participación en acciones de protesta contra las subastas de viviendas.

Lafazanis fue Ministro de Energía en el gobierno de Syriza antes de la vuelta en U de Tsipras, y la figura principal de la “Plataforma de Izquierda”, que en ese momento movilizó a la mayor parte del ala izquierda de Syriza.

Ahora es el secretario de Unidad Popular, un frente político creado en el verano de 2015 principalmente por las fuerzas de los sectores de izquierda, que se separaron de Syriza y se unieron a otras organizaciones de la izquierda radical.

Esta es la primera vez desde la caída de la dictadura en la década de 1970, durante la cual Lafazanis fue perseguido por sus actividades clandestinas en el movimiento estudiantil y en la organización juvenil del entonces ilegal Partido Comunista, que un líder de un partido de izquierda es procesado por razones políticas. Los cargos que enfrenta están relacionados con presuntas violaciones de no menos de quince artículos del código penal, potencialmente punibles con penas de prisión de hasta dos años. Si se le declara culpable de todos los cargos, su sentencia podría ascender hasta nueve años.

Lo que es igualmente notable es que los procedimientos han emanado del “Departamento para la Protección del Estado y de la Política Democrática”, una rama especial de los Servicios de Seguridad de Grecia que se supone rastrea las actividades relacionadas con el terrorismo, o actividades que generalmente amenazar la democracia.

Este departamento se creó en el año 2000, en el momento de una campaña de “modernización” en Grecia, mientras se abría el camino para unirse a la Unión Monetaria Europea, y se actualizó en 2011, después de que el país ingresara en el régimen de rescate de la Troika. Desde esa fecha este departamento policial se ha implementado como una agencia para monitorear las acciones de protesta, y ahora el gobierno de Syriza ha extendido aún más el nivel de sus actividades de vigilancia. Es notable que, desde su creación, el departamento no haya tomado medidas contra el partido fascista Amanecer Dorado.

Lafazanis no es el único activista político al que se dirige la acción represiva. Otros cuatro activistas, entre ellos un miembro de la Unidad Popular y dos conocidas figuras de la red “Yo no pago”, Leonidas y Elias Papadopoulos, también han sido llamados para responder a una larga lista de cargos. También ha quedado claro que Lafazanis ha estado bajo una vigilancia constante por parte de un equipo de policías disfrazados de periodistas que filmaban sus acciones de protesta. Este material se ha complementado con fotos y videos que el departamento exigió a las compañías de televisión. Las publicaciones de facebook también se utilizaron para identificar a los activistas en los eventos de protesta.

¿Qué sigue?

La marea creciente de procesamientos ha obligado a los medios griegos a prestar cierta atención a la escalada de la represión estatal. También ha provocado cierta reacción pública, incluida una pregunta parlamentaria presentada por cuarenta y tres diputados de Syriza al Ministro de Justicia.

En efecto, estos diputados se han dado cuenta de “unos acontecimientos profundamente preocupantes” que se producen en las entrañas del estado griego bajo el gobierno de su propio partido Syriza y están tratando de salvar lo poco que queda de una posición moral.

Sin embargo, la posición oficial del gobierno es que este asunto pertenece por completo al ámbito del poder judicial y a la policía y no tiene nada que ver con decisiones políticas.

Sin embargo, la iniciativa de los procesos judiciales no provino del poder judicial, sino del estado más profundo, es decir, el Departamento de Protección del Estado y de la Política Democrática. Este departamento es responsable ante el Ministro de Orden Público. En resumen, la vigilancia y la represión se hace con la participación y la complicidad del gobierno, y estas acciones represivas están directamente relacionadas con el tercer rescate y la reciente crisis que está afectando a los bancos griegos.

Los rescates neoliberales requieren represión, y el gobierno de Syriza no ha demostrado ser una excepción a esta regla. Ya se ha hecho un gran daño a la democracia en Grecia, y es probable que las cosas se vuelvan aún más duras en los meses venideros a medida que se acercan las elecciones, y que los problemas de los bancos se transformen en el centro de atención. El desastre económico y social causado por la capitulación de Tsipras se ha hecho evidente en amplias capas del electorado, y los sentimientos de desprecio son generalizados.

Dado que este gobierno ya ha vendido su alma al comprometerse con los prestamistas, no tendrá ningún reparo en escalar la represión contra todos aquellos que se oponen activamente a ella. Se necesita urgentemente la solidaridad internacional para detener este giro profundamente preocupante de los acontecimientos en Grecia. La represión se está convirtiendo en una cuestión de defensa de la democracia.

kritica.info. Revisado por La Haine

Texto completo en: https://www.lahaine.org/grecia-el-giro-represivo-de