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Quinta parte del libro “Venezuela desde adentro”
Logros y retos de las prácticas organizativas de siete comunidades populares
PODER POPULAR TERRITORIAL
Logros y retos de las prácticas organizativas de siete comunidades populares
Ana Graciela Barrios Benatuil
Martha Lía Grajales Pineda Antonio González Plessmann
Ana Graciela Barrios Benatuil
Trabajadora Social. Diplomada en Derechos Humanos y Procesos de Democratización. Activista de derechos humanos con enfoque crítico, con experiencia en el acompañamiento de procesos de exigibilidad de derechos, autogobierno y convivencia en comunidades populares. Investigadora en el campo de los derechos humanos, la seguridad ciudadana y las políticas públicas. Evaluadora, facilitadora y sistematizadora de organizaciones, procesos y experiencias orientadas al fortalecimiento del poder popular. Desde hace 3 años, integrante del equipo de Surgentes que acompaña el Proyecto Autogobierno Popular y Convivencia Solidaria en una comunidad popular urbana de Caracas. Integrante de la Coalición y Cooperativa “Unidos San Agustín Convive”.
Martha Lía Grajales Pineda
Abogada de formación, con estudios de maestría en Derechos Humanos y Democracia en América Latina. Activista con experiencia en organización, formación sociopolítica y acompañamiento a comunidades campesinas, servidores públicos y jóvenes en zona de conflicto social y armado colombiano, funcionarios policiales, consejos comunales, para el ejercicio, garantía y exigibilidad de derechos. Desde hace 3 años, Coordinadora de Acompañamiento Popular del colectivo Surgentes e integrante del equipo de esta organización que impulsa un proceso para el Autogobierno Popular y la Convivencia Solidaria en una comunidad popular urbana de Caracas. Integrante de la Coalición y Cooperativa “Unidos San Agustín Convive”.
Antonio González Plessmann
Sociólogo, con estudios de maestría en Derechos Humanos y Democracia en América Latina. Ha militado en organizaciones populares y de derechos humanos, desde finales de la década de 1980. Actualmente es Coordinador de Incidencia del colectivo Surgentes. Fue Vice-rector de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) y ha sido consultor de diversos organismos públicos en temas de políticas públicas, seguridad frente al delito y derechos humanos.
Comentarios al texto
Raúl Zelik
“La construcción del poder popular y de las comunas carecen hasta el momento -casi totalmente- de estructuras socio productivas. No es que no se hallan hecho esfuerzos. Creo que ese es el gran tema sobre el cual deberíamos discutir, no solo para Venezuela; es un reto para el mundo”.
“Habría que diferenciar esos tres debates, una crítica al extractivismo, una crítica al desarrollismo y el debate sobre estrategias de cómo desarrollar bases productivas haciendo un uso eficaz de los recursos manejados por un Estado. Son tres debates que no deberían mezclarse tan fuertemente y deberíamos dar respuestas concretas; no nos podemos quedar simplemente en una crítica ecologista o una crítica democrática de la situación actual, deberíamos debatir de cómo dar respuestas a este modelo anti productivo del Estado y de la sociedad”.
“Justamente estas ofertas de democratizar lo clientelar fue lo que permitió en cierta medida ganar las elecciones; evidentemente distribuir riqueza fue lo que movilizó votos y eso habría que plantearse reconocerlo como una conclusión”.
Alejandro Mantilla Quijano
“Al parecer el origen de la construcción de poder popular se deriva del Estado, el derecho y la política pública “desde arriba”, y muestran que tal origen es una limitación objetiva de ese proceso de construcción. No obstante, aunque tal paradoja original (el poder de abajo es jalado desde arriba) se señale en ambos textos, falta profundizar más en las posibilidades y las dificultades de este origen paradójico del poder popular bolivariano”.
“¿Cuál sería la configuración de un tipo de Estado que propicie que fluya lo comunitario y lo popular? Esto es, que construya dinámicas organizativas, pero que no limite los ejercicios de autogobierno, autonomía o autogestión.
¿De qué manera el Estado puede construir, permitir, respetar, fortalecer o integrar los acumulados populares?”
Este artículo refleja avances de una investigación sobre los logros y retos de las prácticas organizativas de siete comunidades de una parroquia popular caraqueña , a partir de su contraste con el programa bolivariano del poder popular territorial.
Se trata, por una parte, de las prácticas de siete consejos comunales que tienen entre nueve y siete años de existencia y, por otra, de una experiencia emergente de asociación cooperativa que funciona en los mismos territorios con un año de existencia. Todas se reivindican a sí mismas como asociadas a la construcción del poder popular en el marco del proceso bolivariano.
La investigación, de la que este artículo es una expresión, utilizó aproximaciones metodológicas cualitativas y cuantitativas. A saber: 21 entrevistas a profundidad ; 50 encuestas a voceros y voceras o ex voceros y voceras de consejos comunales (CC) de las comunidades priorizadas ; observación participante, realizada en el marco del acompañamiento a la experiencia cooperativa; así como un grupo de validación con los protagonistas de las experiencias organizativas.
El artículo se organiza en tres secciones. En la primera, se describe el programa bolivariano del poder popular territorial. En la segunda, se presenta, en primer lugar, la fotografía del estado actual de las instancias privilegiadas del poder popular territorial en siete territorios: los consejos comunales, y, en segundo lugar, la fotografía de la experiencia cooperativa emergente. Se identifican en esta sección los principales logros y déficits de las experiencias, vinculados con las formas organizativas (estructura), las acciones (procesos) y, sus efectos (resultado e impactos). Finalmente, en la tercera sección, se presentan las conclusiones que se desprenden de la investigación.
1. ¿Qué es el Programa Bolivariano del Poder Popular Territorial?
Por Programa Bolivariano del Poder Popular Territorial (el Programa) entendemos tanto los objetivos declarados por las fuerzas sociales y políticas que se identifican como bolivarianas o chavistas, en relación con el poder popular, así como los medios que disponen para conseguir esos objetivos. Aunque existen tensiones a lo interno de los discursos jurídicos y políticos que sustentan el Programa, es posible identificar grandes coordenadas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en las Leyes del Poder Popular, en los Planes de Desarrollo 2007-2013 y 2013-2019, y en discursos del presidente Hugo Chávez sobre el tema. Se presenta aquí una breve síntesis.
1.1 Concepción contrahegemónica de la democracia en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
Si bien la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) de 1999 no introduce explícitamente el concepto de poder popular, existen líneas de continuidad entre la concepción contrahegemónica de la democracia consagrada en ella y este concepto que cobra relevancia en el discurso y la práctica política bolivariana a partir de 2005. En la CRBV, la idea de una democracia que estimula la participación, tanto directa como deliberativa de la población, junto con los clásicos mecanismos representativos, se amalgama claramente a la idea de una democracia que reivindica, como condición de posibilidad y como fin superior, aumentar la justicia social y la igualdad sustantiva.
La CRBV consagra ampliamente formas de expresión directa o deliberativa de la soberanía popular a través del auto y cogobierno orientadas al bienestar colectivo (arts. 5, 70, 62, 184, 55, 79, 81, 84, 102, 118, 127, 253 y 255); afirma la búsqueda de la igualdad sustantiva (y no solo formal o “ante la ley”) y prevé acciones afirmativas a favor de sectores discriminados (preámbulo y arts. 21, 88, 95, 100, 307 y cap. VIII); coloca límites y regula al capital, al tiempo que promueve la economía social (arts. 112, 113, 115, 118, 184, 299, 302, 303, 307 y 308) y, por último, entiende la democracia como forma de vida y no solo como régimen político (preámbulo y exposición de motivos).
La de 1999 no es una constitución socialista. El diseño de su régimen económico visibiliza la economía social, aunque con un carácter marginal. No obstante, los artículos aludidos arriba permiten sustentar la existencia de más continuidades que disrupciones entre la CRBV y el Programa, el cual comienza a visibilizarse a partir de 2005. La participación directa y deliberativa sirve de piso al autogobierno popular territorial planteado en documentos estratégicos posteriores. La idea de igualdad sustantiva, de un Estado con fuerte capacidad regulatoria sobre el capital y poder para corregir inequidades, así como la promoción de la economía social, funciona como base para el horizonte postcapitalista que se plantea la democratización de los medios y procesos de producción, distribución y consumo, en los discursos del gobierno bolivariano posteriores a 2005.
1.2 Socialismo territorial y poder popular en el Plan de la Patria
El 30 de enero de 2005, en el Foro Social Mundial, el presidente Chávez declaró por vez primera su convencimiento sobre la necesidad de iniciar un proceso de transición socialista: “Al capitalismo hay que trascenderlo por la vía del socialismo […] y más allá, en democracia. ¡En democracia!” (Chávez, 2005). Un año después, en 2006, con un programa abiertamente socialista, gana las elecciones presidenciales con el 62,8% de los votos , lo que constituye un importante apoyo popular a una transición socialista por vía democrática, pacífica y constitucional. Los dos planes de desarrollo posteriores a esto (20072013 y 2013-2019), incorporaron un horizonte socialista, asociado a la ampliación de las formas participativas de la democracia. En el Plan de la Patria (2013-2019), la relación de interdependencia entre democracia y socialismo es mucho más evidente, así como el rol protagónico que adquiere el poder popular territorial. El presidente Chávez inicia la presentación del Plan señalando que éste:
…es un programa de transición al socialismo y de radicalización de la democracia participativa y protagónica. […] acelerar la transición pasa necesariamente por, valga la redundancia, acelerar el proceso de restitución del poder al pueblo. El vivo, efectivo y pleno ejercicio del poder popular protagónico es insustituible condición de posibilidad para el socialismo bolivariano del siglo XXI. […] Para avanzar hacia el socialismo, necesitamos de un poder popular capaz de desarticular las tramas de opresión, explotación y dominación que subsisten en la sociedad venezolana, capaz de configurar una nueva socialidad desde la vida cotidiana donde la fraternidad y la solidaridad corran parejas con la emergencia permanente de nuevos modos de planificar y producir la vida material de nuestro pueblo (Chávez, 2013: 2).
El Plan contempla cinco grandes objetivos históricos. Aunque el poder popular y la apuesta socialista los atraviesan a todos, es en el objetivo dos (“Continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI…”), en donde se concentran los principales retos del socialismo territorial. En “…este segundo gran objetivo [señala Chávez] es estratégico desatar la potencia contenida en la Constitución Bolivariana […] mediante la consolidación y expansión del poder popular a través de […] el autogobierno en poblaciones y territorios específicos conformados como Comunas” (Ibíd.: 5).
1.3 Chávez y las leyes del poder popular: estructura, proceso, resultados e impactos previstos en el Programa
Las leyes del poder popular configuran la viabilidad más detallada del Programa. A partir de ellas, y de algunos discursos de Chávez sobre el tema, se describe aquí: 1. cuáles son las formas organizativas comunitarias y comunales privilegiadas en el Programa como instancias del poder popular territorial (estructura), 2. cuáles son los medios o flujos de acción que se prevé que estas organizaciones realicen (procesos), y 3. cuáles son los efectos deseados de esas formas organizativas y esas acciones (resultados e impactos). Se hace énfasis en las formas organizativas, procesos y efectos vinculados con los consejos comunales , dado que son las instancias más extendidas en la parroquia investigada ya que en la misma no existen comunas .
La Ley Orgánica del Poder Popular (LOPP), define poder popular como:
…el ejercicio pleno de la soberanía por parte del pueblo en lo político, económico, social, cultural, ambiental, internacional, y en todo ámbito del desenvolvimiento y desarrollo de la sociedad, a través de sus diversas y disímiles formas de organización, que edifican el estado comunal (art. 2).
Además, agrega que su “…ejercicio y desarrollo está determinado por los niveles de conciencia política y organización del pueblo” (art. 3); y le asigna los siguientes fines: el fortalecimiento de la organización del pueblo, en función de consolidar la democracia protagónica revolucionaria y construir las bases de la sociedad socialista; generar las condiciones para que los autogobiernos comunitarios (en una comunidad) y comunales (en varias comunidades articuladas) asuma funciones, atribuciones y competencias de administración, prestación de servicios y ejecución de obras; promover los valores y principios de la ética socialista; coadyuvar con las políticas de Estado en la ejecución del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación; el ejercicio de la contraloría social frente a la inversión de los recursos públicos y frente a las actividades del sector privado; y profundizar la corresponsabilidad, la autogestión y la cogestión (art. 7).
En términos operativos, el Programa plantea las siguientes estructuras, procesos y resultados:
Sobre la estructura
Todas las formas organizativas previstas en el Programa parten de la asamblea de ciudadanos y ciudadanas. La misma es definida en la Ley Orgánica de los Consejos Comunales (LOCC) como “…la máxima instancia de deliberación y decisión para el ejercicio del poder comunitario” (art. 20) y es la esencia del consejo comunal. La asamblea crea al CC, y una vez conformado, este último incluye formas operativas como el colectivo de coordinación comunitaria, el cual “…es la instancia de articulación, trabajo conjunto y funcionamiento, conformado por los voceros y voceras” (art. 24) . Los voceros y voceras no son representantes, sino facilitadores y facilitadoras que se encargan “…de promover y articular la participación organizada de los habitantes de la comunidad, organizaciones comunitarias, los movimientos sociales y populares en los diferentes comités de trabajo” (art. 27), así como de ejecutar los mandatos de la asamblea. Los CC se agregan en comunas por voluntad propia y, de acuerdo con la Ley Orgánica de las Comunas (LOC), ello implica:
…la integración de comunidades vecinas con una memoria histórica compartida, rasgos culturales, usos y costumbres, que se reconocen en el territorio que ocupan y en las actividades productivas que le sirven de sustento, y sobre el cual ejercen los principios de soberanía y participación protagónica como expresión del Poder Popular (art. 5).
La comuna tiene su propia estructura : parlamento comunal, consejo ejecutivo del parlamento comunal, comités de gestión, banco comunal, empresas de propiedad social, etc. La dimensión económica es muy importante en el proceso de la comuna, pues el Programa parte del supuesto de la interdependencia entre poder económico, autonomía política y mayores posibilidades de incidencia en la vida colectiva. Como decía Chávez: “Una comuna sin fábrica, sin tierras para la siembra, sin comercio socialista, no es comuna” (2009). En la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal (LOSEC) se definen solo 4 formas de organizaciones socioproductivas: las empresas de propiedad social directa comunal, las empresas de propiedad social indirecta comunal, las unidades productivas familiares y los grupos de intercambio solidario (art. 10). Aunque documentos del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales (MPPCMS) incluyen también a la cooperativas: “…el marco del desarrollo del Sistema Económico Comunal, resulta pertinente señalar que tanto las asociaciones cooperativas como otras formas de organización para la producción […] contribuyen a la consolidación y fortalecimiento del modelo económico socialista” (MPPCMS, 2014: 19).
Las comunas se deben agregar, por iniciativa de sus pobladores, en sistemas de mayor cobertura territorial y poblacional: las ciudades comunales, las federaciones comunales y las confederaciones comunales . Chávez explicaba esta estructura organizativa del poder popular territorial de la siguiente manera:
Una comuna debe ser una célula. Pero, ¿quién ha visto una célula sola? Una célula tiene que estar junto a otra, y otra, y otra para formar el cuerpo, los tejidos y el cuerpo humano. Entonces tiene que ser un sistema integrado de comunas, no unas comunas aisladas. Y eso es válido desde ahora mismo para los consejos comunales, que son núcleos. Ustedes saben que la célula tiene un núcleo; los consejos comunales son el núcleo de las comunas, o uno de los núcleos de las comunas. La comuna es como la célula, y las células tienen que irse ramificando, enlazando, tienen que ir formando un sistema, articulándose, para darle forma a un cuerpo. Es el nuevo cuerpo de la nación, desde abajo, desde el núcleo, que son ustedes; luego la célula, que es la comuna, que están naciendo […] Lo local, confinado sólo a lo local es contrarrevolucionario. Lo local, unido a lo universal en un tejido social y político, es una fuerza revolucionaria formidable (2009).
Sobre los procesos
Todas las líneas de acción previstas para los CC se basan en la “participación [de la comunidad] para el ejercicio directo de la soberanía popular y su relación con los órganos y entes del Poder Público” (LOCC, art.1); es decir, para la activación de procesos de autogobierno y de cogobierno de la comunidad. Entre los medios previstos para estas formas organizativas se encuentran los siguientes:
a. Garantizar el funcionamiento del ciclo comunal (LOCC, art. 23, numeral 6), que incluye el censo demográfico y socioeconómico de la comunidad (el diagnóstico); el Plan Comunitario de Desarrollo Integral, que es la planificación estratégica global de la comunidad; el diseño y ejecución de proyectos específicos (de comunicación alternativa, educación, salud, cultura, recreación, actividad física y deporte, socioproductivos, de vivienda y hábitat, de infraestructura, de funcionamiento, entre otros), que busquen satisfacer las necesidades, aspiraciones y potencialidades de la comunidad; y la evaluación y rendición de cuentas de la gestión.
b. La elaboración de las “…normas de convivencia de la comunidad” (LOCC, art. 23, numeral 9).
c. La interlocución con el Estado para el diseño y la cogestión de políticas públicas (LOCC, art. 23, numeral 10).
d. La “…solicitud de transferencia de servicios” (LOCC, art. 23, numeral 11) para la autogestión comunitaria.
e. Formular y diseñar políticas públicas (LOCC, art. 25, numeral 4).
f. Impulsar “…el modelo socioproductivo comunitario y redes socioproductivas…” (LOCC, art. 25, numeral 9) y fortalecer “…la economía social, popular y alternativa” (LOCC, art. 31, numeral 6).
g. “Realizar la intermediación financiera comunitaria, privilegiando el interés social sobre la acumulación de capital” (LOCC, art. 31, numeral 5).
h. Promover “…la formación y capacitación comunitaria” (LOCC, art. 25, numeral 10).
i. “Crear y organizar el sistema de información comunitario interno” (LOCC, art. 29, numeral 2).
j. Ejercer el seguimiento, vigilancia, supervisión y control (contraloría), tanto a los planes y proyectos comunitarios (LOCC, art. 34, numeral 1), como a la acción del Estado o de particulares en el territorio (LOCC, art. 34, numeral 4).
En tanto que forma organizativa autónoma, los CC pueden incluir o excluir flujos de acción para el logro de sus objetivos.
Sobre los resultados e impactos
La finalidad del poder popular, como se ha señalado, es garantizar el bienestar social del pueblo, en el marco de procesos de auto y cogobierno como base de la sociedad socialista (LOPP, arts. 4 y 7). Se trata de ir acumulando, desde los territorios, formas de participación, organización, relacionamiento que desmonten las relaciones de dominación del capitalismo y configuren “…una nueva socialidad desde la vida cotidiana…” (Chávez, 2013: 2). Para Chávez, los CC y las comunas eran “…el espacio sobre el cual vamos a parir el socialismo. El socialismo desde donde tiene que surgir es desde las bases, no se decreta esto; hay que crearlo…” (2009). Siempre pensando en la necesidad de articulación entre CC, comunas y otras formas organizativas del poder popular, que trasciendan los localismos despolitizados. El objetivo es constituir:
…una red que vaya como una gigantesca telaraña cubriendo el territorio de lo nuevo, sino fuera así, esto estaría condenado al fracaso; esto sería absorbido por el sistema viejo, se lo traga, es una gigantesca amiba, es un monstruo el capitalismo (Chávez, 2012).
1.4 ¿Cuáles son las tensiones a lo interno del Programa?
Para los fines de este artículo tomamos los aportes conceptuales de Mazzeo (2006) sobre el poder popular con el fin de contrastarlos con el Programa. Mazzeo incluye en su conceptualización del poder popular tanto al sujeto que lo construye (y los procesos allí imbricados) como el fin que persigue. Los elementos sustantivos que destacamos como parte integrante de su conceptualización son los siguientes: 1. lo popular entendido desde una perspectiva de clase más no reducida solo al proletariado, sino a los múltiples sujetos y sujetas que constituyen el universo de quienes resisten ante la exclusión y la subordinación; 2. el horizonte emancipador y postcapitalista, protagónico y consciente del pueblo en lucha; 3. el carácter democrático de este proceso de construcción; y 4. el poder entendido como una relación social (basada en la igualdad, la cooperación y la solidaridad), que se construye desde la vida cotidiana y no como un objeto o un lugar. En esta mirada, el pueblo se entiende como “expresión de una fuerza liberadora y transformadora” (Mazzeo, 2006: 64), con carácter autónomo y autodeterminado, frente al Estado y al Capital. Y la construcción de poder se entiende dialécticamente, es decir como medio (acumulación de experiencia y fuerza para la disputa) y como fin, como “presente utópico” (Ibíd.: 159), como anticipación democrática socialista de la sociedad deseada. Estas relaciones se construyen desde abajo, de manera territorializada, buscando articularse para poder incidir en la creación del proyecto colectivo de los explotados y las explotadas, creando nuevas institucionalidades.
Desde estos elementos es posible visibilizar algunas tensiones en el Programa, siendo la más evidente e importante de ellas la que se da entre la autonomía y la dependencia del Estado. En el diseño del Programa se plantea la promoción de la autonomía del poder popular (con ampliación de su base material productiva socialista, con el estímulo de los autogobiernos territoriales expansivos, con el estímulo a la deliberación sobre las políticas públicas y su contraloría), Cuadro n.° 1: Síntesis del Programa (énfasis en consejos comunales)
Nivel Dimensión
Existencia de asamblea de ciudadanos y ciudadanas con reuniones periódicas frecuentes
Existencia de consejo comunal constituido y actualizado
Existencia de voceros y voceras electas activas
Existencia de empresas de propiedad social e intermediación financiera y cooperativas
Existencia de comuna constituida y actualizada
Existencia de censo demográfico y socioeconómico de la comunidad (diagnóstico)
Existencia de plan comunitario de desarrollo integral
Ejecución de proyectos específicos
Realización periódica de evaluación de la gestión y rendición de cuentas
Existencia de normas de convivencia de la comunidad elaboradas colectivamente
Existencia de experiencias de co-diseño y co-gestión de políticas públicas
(cogobierno)
Servicios transferidos a la comunidad
Existencia de proyectos de promoción de la economía social comunitaria
Existencia de proyectos de formación y capacitación comunitaria
Existencia de un sistema comunitario interno de información y comunicación
Realización de procesos de contraloría a los planes y proyectos comunitarios
Realización de procesos de contraloría a la acción del Estado (cogobierno)
Realización de procesos de contraloría a la acción de particulares en el territorio
Mejoras en las condiciones materiales de vida
Mejoras en las condiciones espirituales de vida
Aumento de formas de relacionamiento basadas en la convivencia solidaria, la politización, la participación y la democratización económica
(propiedad social sobre los factores y medios de producción)
al tiempo que la obligatoriedad de colaborar con el Estado y sus políticas y la existencia de una institucionalidad estatal que dicta políticas en relación con el Poder Popular. Es claro que no basta con que las fuerzas que controlan el Estado, en un momento determinado, sean de izquierda y favorables a la ampliación del poder popular para que los inevitables conflictos entre el poder de la burocracia y el poder del pueblo desaparezcan. Por una parte, porque los actores que controlan al Estado pueden cambiar o, aun manteniéndose, pueden modificar su visión en relación con el Poder Popular y el horizonte socialista. Por otra, porque cualquier burocracia tiende a generar intereses propios, a centralizar y a resistir cualquier demanda de sesión de poderes. Así, al omitir en el Programa el diseño de un sistema de garantías que protejan la autonomía de las experiencias de poder popular, se crean condiciones que debilitan su horizonte transformador y se facilita la instrumentalización de las experiencias por parte del Estado. Pese a esta tensión programática, existen consistencias relevantes entre el Programa y los elementos del concepto de poder popular seleccionado: posibilita las experiencias organizativas expansivas de los sectores excluidos y subordinados; incluye un horizonte postcapitalista, basado en el protagonismo del pueblo; supone procesos radicalmente democráticos de auto y cogobierno; y prevé la emergencia de nuevas socialidades solidarias sobre la base de transformaciones en las relaciones sociales de producción, tanto material como simbólica, que anticipan la sociedad deseada. Se trata, por tanto, de un Programa con potencialidades y debilidades que, como veremos, se expresan también en las experiencias concretas analizadas.
2. ¿Cómo se expresa el Programa en el territorio?
A partir del análisis de los tres niveles que identificamos como los pasos operativos del Programa: estructura, procesos y resultados, se aborda el diagnóstico resaltando los aciertos y déficits mencionados en las entrevistas y en las encuestas, así como los identificados en el marco de la observación participante.
2.1 La experiencia de los consejos comunales
Sobre la estructura
a. Existencia de consejos comunales constituidos y actualizados
Con diferentes niveles de consolidación y con procesos particulares en cada sector, “el 94,2% de las comunidades del sur de la parroquia cuentan con CC constituidos” (I1), así como un 100% de las comunidades que forman parte de esta investigación. En la parroquia, como en el resto del país, la extensión de esta forma de organización territorial, no tiene precedentes.
En cuanto al estatus de actualización (o renovación de vocerías a través de elecciones bianuales), “el 91% de los CC de la parroquia están vencidos y el 9% está pronto a vencerse” (I1). En el caso de los siete CC que hacen parte de esta investigación, cuatro se encuentran vencidos y tres actualizados.
b. Asamblea de ciudadanos y ciudadanas
La periodicidad y el número de personas que participan en las asambleas han disminuido drásticamente durante los últimos años. De quienes fueron encuestados, un 88% señaló que cuándo se conformó el CC se realizaban asambleas varias veces al mes (60%) o una vez al mes (22%), mientras que en los últimos 3 años estas se hacen cada 4 meses o más (62%). “El CC al inicio funcionaba muy bien, muy chévere. Todo estaba correctamente, cada 15 días se hacía reunión, cada 8 días, pero todo se fue como debilitando” (CNO3).
Las asambleas que actualmente se mantienen son las del Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y sólo con propósitos informativos relacionados con la fecha de llegada y el contenido de la bolsa de alimentos. En algunas comunidades se ha intentado aprovechar ese espacio de reunión para promover otro tipo de iniciativas relacionadas con la vida comunitaria, pero no es lo más común.
Cuando se realizan las asambleas, la participación, según el 40% de las personas encuestadas, es de menos de 50 personas. Las principales razones esgrimidas para no participar son las peleas y conflictos con que asocian el funcionamiento del CC: “Yo voy un ratico y ya. Salen peleando todo el tiempo, entonces no me gusta” (CNO6); la poca transparencia que atribuyen a quienes asumen las vocerías en la distribución de los recursos: “Hay mucho egoísmo, todo pa’ ellos, entonces a mí no me gusta eso, por eso es mejor estar de lejitos” (CNO3); y también una suerte de comodidad en cuanto a que esperan que sean únicamente otros y otras quienes realicen el trabajo:
Nosotros por la flojera de no participar; ellos [quienes asumen las vocerías] están ahí, porque nosotros mismos los pusimos, pero no fue porque ellos se escogieron a dedo, cuando se hizo la selección todo el mundo votó, fue por ellos porque a nadie le gusta trabajar por la comunidad (CNO1).
c. Existencia de vocerías electas activas
El promedio de años de participación social o política de los voceros y las voceras que hicieron las encuestas es de 14,3 años. Ello indica que se iniciaron a la participación en el marco del estímulo organizativo que generó la Revolución Bolivariana. Aún en medio de un proceso de reflujo general, existe una alta participación de la comunidad en la elección de vocerías del CC. En las más recientes participaron entre 250 y 300 personas según el 46% de quienes hicieron las encuestas y más de 300 según el 16%. No obstante, la activación y participación de los voceros y las voceras luego de su elección ha decaído notablemente: el 80% de quienes hicieron las encuestas señala que de las 52 vocerías electas, solo están activas entre diez y siete (44%) o menos de siete (36%). La mayoría de los voceros y las voceras después de la elección no asumen ningún tipo de liderazgo en la comunidad, lo que favorece que el CC sea identificado cada vez más como el pequeño grupo que efectivamente ejerce las vocerías: “Son como diez personas y son quince comités, yo creo que no llegan ni a diez, son como cinco, siempre veo a las mismas personas, y nunca he visto ni siquiera quien representa a qué comité” (CNO4).
En las entrevistas en profundidad a militantes de los consejos comunales es casi unánime la afirmación de que quienes ejercen la participación más activa son solo algunos de los voceros y voceras que resultan electos y que, la gran mayoría son recurrentemente electos y electas, convirtiéndose en un pequeño grupo que, en la práctica, ejerce la “dirección” del CC. Al mismo tiempo, las personas de la comunidad no organizada cuando se refieren al CC, lo hacen ubicándose fuera de la estructura organizativa y esperando respuestas desde una actitud pasiva: “El CC funciona como un cogollo. No hay conciencia de que el CC somos todos. Los voceros se adueñaron del CC” (CO2).
Esta práctica, contraria al Programa, resulta sin embargo funcional. Por un lado, desde la perspectiva de los operadores institucionales, la “representación” facilita y agiliza los procesos institucionales a lo interno de la comunidad, en tanto basta coordinar con un pequeño grupo de personas la toma de las decisiones. Por otro, desde la perspectiva de los voceros y voceras que se asumen representantes, ello se constituye en una fuente de contraprestación, en cuanto aumenta su poder y favorece su discrecionalidad en la distribución de los recursos a lo interno de la comunidad. Así aparece en los testimonios:
El hecho de que no haya una plena participación de la comunidad en el CC se explica por varios elementos. Pero, de alguna forma, también, el hecho de que se sobrecargue a alguna gente de las responsabilidades del CC, les permite a ellos alguna discrecionalidad para manejar determinados recursos y el acceso privilegiado a las instituciones (I3).
La falta de apropiación de la comunidad del carácter protagónico de los CC dificulta, a su vez, ejercer un contrapeso a esta inercia representativa.
d. Existencia de empresas de propiedad social
En los territorios investigados no existen empresas de propiedad social. Los proyectos socioproductivos promovidos desde los CC han tenido una duración muy limitada y no han tenido un horizonte de promoción de una economía comunal. Desde el Estado se han otorgado créditos o bienes para emprendimientos particulares, pero ninguno de estos se sostuvieron en el tiempo. La principal experiencia económica activa, en estos territorios, es una cooperativa que no depende del trabajo de los CC, ni ha sido impulsada por estos, pese a que en varios casos coinciden los actores personales.
e. Existencia de comuna constituida y actualizada
En la parroquia no existe ninguna comuna. Sin embargo, un 98% de las personas encuestadas considera importante crear una comuna en la parroquia, y en los últimos tres años el 82% señaló que su CC había coordinado trabajo con otros CC del territorio. La ausencia de comunas en un sector tan marcadamente chavista tiene varias explicaciones. Varias personas entrevistadas consideran que no existen condiciones para su creación en este momento por razones asociadas tanto a los propios CC como a las instancias institucionales: “Hay personas que no están de acuerdo con la comuna, porque si el trabajo no se hace como CC menos se hará por la comuna” (CO6); “Íbamos a hacer la comuna con cuatro consejos comunales. De la noche a la mañana cambiaron a la promotora y todo se quedó así” (CO8); “La gente no le para a las comunas porque no lo creen importante. Antes de verdad creían que eso les daba el poder, pero ahora no creen en eso” (I4).
Los y las representantes de las instituciones reconocen críticamente que la inexistencia de comunas en el territorio también tiene que ver con sus resistencias a abrir auténticos procesos de construcción de poder popular, con afirmaciones como “Si haces Comuna le quitas poder a la institución” (I2); o “Que no funcione bien el Poder Popular, también beneficia a la propia Alcaldía, que no tiene que desaparecer” (I3); “Si los CC funcionan mal se benefician las instituciones, porque siguen teniendo el poder” (I4); “No hay Comunas, porque hay un proceso burocrático que lo impide, en Fundacomunal. Hay falta de voluntad política” (I5).
Sobre el proceso
a. El ciclo comunal
Aunque el 98% de las personas encuestadas señaló que su CC hizo un censo comunitario (lo que posibilita la comprensión de los problemas y necesidades comunitarias y sus factores generadores, así como la orientación de las acciones), solo un 29% señaló que los usaban para identificar los principales problemas de la comunidad y orientar la acción de los CC, mientras que el 46% indicó que los usan para informar el número de familias cuando llega un programa del Estado y un 25% como un requisito para que exista el CC. Ello supone, por una parte, un bajo nivel de apropiación de esta herramienta diagnóstica vital para cualquier proceso de transformación comunitaria y, por otra, un bajo nivel de autonomía frente a las instituciones. La manera en que este proceso ocurre en el barrio es a través de visitas casa por casa que realizan, fundamentalmente, las mujeres de los CC, usando planillas diseñadas por una institución. Totalizan los resultados y los entregan a la institución. El resto de la comunidad no conoce el diagnóstico, ni reflexiona ni planifica en función del censo. En muchas ocasiones, ni siquiera queda en soportes digitales o copias físicas que puedan ser usadas a futuro.
Solo el 20% de las personas encuestadas señaló que habían realizado el plan comunitario de desarrollo integral , mientras que el 68% dijo que no lo habían hecho y un 12% que no sabía que había que hacerlo: “…No hay método de trabajo en el CC.
No hay planificación ni cronograma de trabajo. Las cosas que se aprueban en las reuniones luego no se ejecutan y no pasa nada” (CO4). La ausencia de una planificación estratégica favorece el tareísmo de las personas que asumen las vocerías del CC activamente y el que se muevan en función de las demandas de las instituciones que llegan al barrio.
A pesar de que las comunidades no cuentan con un plan comunitario de desarrollo integral, sí han diseñado y ejecutado proyectos, principalmente relacionados con obras de infraestructura en el barrio. De acuerdo con la encuesta, el 92% señaló que su CC “ha diseñado alguna vez un proyecto, escrito, con objetivos y presupuesto para resolver algún problema comunitario”, y el 72% ha recibido financiamiento del Estado para alguno de sus proyectos. Esto expresa, por una parte, una voluntad estatal favorable a la acción de los CC y, por otra, un acumulado de experiencia en el diseño y gestión de proyectos.
En cuanto a la transparencia en el manejo de los recursos, un 62% afirma que los voceros y las voceras de los CC rinden cuentas a la comunidad de los proyectos o acciones que realizan, y el 48% asegura haber realizado contraloría social a la acción del propio CC cuando ejecuta proyectos. Pese a ello, la mayoría de estos proyectos, según el 50% de las personas encuestadas, no son cumplidos satisfactoriamente. Obras inconclusas o realizadas sin las especificidades técnicas caracterizan los principales señalamientos de las personas de la comunidad hacia los voceros y las voceras de los CC.
El hecho de que exista un alto porcentaje de rendición de cuentas y de ejercicio de la contraloría social, pero a su vez, un alto porcentaje de obras inconclusas o sin las especificidades técnicas, se puede explicar desde el carácter meramente formal que asumen estos procesos a lo interno de la comunidad, lo que no necesariamente ayuda a aumentar la confianza de la gente, ni la transparencia en el manejo de los recursos.
b. Existencia de normas de convivencia de la comunidad elaboradas colectivamente
Ninguno de los CC cuenta con normas de convivencia elaboradas participativamente para manejar de manera democrática los conflictos a lo interno de la comunidad. De hecho, el procesamiento inadecuado de los conflictos es un elemento que se repite tanto en las entrevistas como en la encuesta, como generador de desconfianza hacia los voceros y las voceras y reductor de la participación. De acuerdo con la encuesta, el 70 % está muy de acuerdo (38%) o algo de acuerdo (32%) con que “Buena parte de los problemas de los CC son por peleas entre voceros o con alguna gente de la comunidad”. Los principales motivos de conflicto en el CC están relacionados con la “distribución de recursos entre los miembros de la comunidad” (44%) y con la “administración de los recursos del CC” (13%). En cuanto al procedimiento que se sigue para manejarlos, un 40% señaló que cuando hay conflictos entre los voceros y las voceras del CC o en las asambleas de la comunidad, estos “No se resuelven y la gente se queda molesta” y el 4% que la “gente se va de las manos o se insulta”.
c. Experiencias de cogobierno y autogobierno
En cuanto al diseño, un 85% señala que el CC no ha participado en el diseño de alguna política del Estado, en y para el barrio, lo que supone una muy baja incidencia en la acción pública. No obstante, los y las representantes de las instituciones entrevistadas señalan la existencia (pasada) de un conjunto de políticas de cogobierno, con alto nivel de deliberación: mesas técnicas gobierno-comunidad para resolver distintos problemas; gabinetes de cultura, infraestructura, atención social y seguridad, como espacios permanente de concertación entre el Estado y la comunidad; el programa de gobierno de la Alcaldía de Caracas construido participativamente; dos presupuesto participativos de la Alcaldía de Caracas y salas técnicas de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor , como espacio de cogobierno en torno al hábitat y vivienda. Dada la escasa visibilidad que las personas encuestadas le dan a esas experiencias, cabe pensar que se trata de experiencias de bajo impacto y cobertura, aunque valiosas en su diseño. Por otra parte, el 80% señaló que en ningún momento el Estado les ha propuesto transferirle algún servicio público para que lo gestionen, ni la comunidad se lo ha planteado. Estos indicadores expresan gran debilidad en procesos medulares de cogobierno y autogobierno y de participación deliberativa.
Aunque las instituciones son frecuentemente criticadas, las personas consultadas comparten una apreciación que es comparativamente positiva sobre su accionar: el 92% cree que hay una diferencia en el comportamiento de las instituciones antes de Chávez (“Antes de Chávez no existían los sectores populares para el gobierno”, “los gobiernos no miraban al barrio”, “solo venían a hacer campañas no a solucionar problemas”) y después de Chávez (“Nos toman más en cuenta”, “hay mayor atención por parte de las instituciones”, “con Chávez todo cambió para beneficiar a las comunidades”).
d. Existencia de proyectos de formación y capacitación comunitaria
En cuanto a la formación y capacitación el 56% señaló que su CC ha recibido ofertas de formación por parte de instituciones y el 58% que ha sido acompañado o asesorado por instituciones, lo que expresa una voluntad estatal favorable al fortalecimiento de los CC. No existen, sin embargo, experiencias autónomas de formación emprendidas por los CC.
e. Existencia de un sistema de información comunitario interno
Los principales mecanismos que utilizan los CC para informar al resto de la comunidad de las actividades o convocatorias son: 1. los carteles (48%) que se pegan en los lugares de tránsito clave como las bodegas, las paradas del carrito o las salidas de las estaciones del
la reconstrucción y rehabilitación de viviendas y espacios comunes, crear nuevos espacios públicos, entre otros.
metro; 2. el boca a boca (20%), y 3. los mensajes de texto vía telefonía móvil (19%). En la parroquia existe una radio comunitaria, que tiene la potencialidad de convertirse en un importante mecanismo de información comunitaria interna, pero que actualmente es poco utilizada: el 48% señala que no escucha nada la emisora, el 42% la escucha algo o poco y sólo el 10% la escucha mucho.
f. Ejercicio de la contraloría social
El 60% señaló que no han realizado contraloría social a la acción del Estado en el barrio, el 90% que no han realizado contraloría social a la acción de comerciantes o particulares en el barrio y el 48% que no han realizado contraloría social a la acción del propio CC cuando ejecuta proyectos.
Resultados e impactos
a. Mejoras en las condiciones materiales de vida
El 70% de las personas encuestadas considera que la comunidad está mejor con la existencia de los CC, lo que implica una valoración altamente positiva de su rol, con independencia de su forma de funcionamiento y las importantes críticas que reciben. Igualmente, el 94%, reconoció diversos tipos de logros en la gestión de los consejos comunales. Las razones por las que se hace esta valoración positiva están vinculadas mayoritariamente (60%) al mejoramiento de las condiciones materiales de vida.
El 51% de las personas encuestadas mencionó como razones de esta mejoría, frases como: “se atienden los problemas de manera más directa”; “con la organización se logran cosas para la comunidad”; “permitió realizar el censo y conocer los problemas”, haciendo referencia a la autorganización como aspecto central de su valoración positiva. Un 48% mencionó “ahora llegan más ayudas”, “se logran beneficios”, “por medio del CC se hace enlace con las instituciones para meter proyectos para la comunidad”, “bajan recursos a través de proyectos”, “se reciben recursos y beneficios, antes había que ir a las instituciones, ahora vienen a la comunidad”, haciendo referencia a la recepción de recursos y al acceso a políticas públicas. Cabe destacar la normalización de palabras como “ayudas” o “beneficios”, que remiten a una concepción jerárquica y clientelar de las políticas públicas, en vez de a un enfoque de derechos humanos (en donde el Estado está obligado a garantizar derechos-prestaciones), que es el que se reivindica formalmente en el Programa.
Para algunas de las personas entrevistadas, existe una marcada diferencia entre los CC y formas anteriores de organización comunitaria como las asociaciones de vecinos, en tanto que estas últimas descansaban más sobre individualidades y “no tenían proyectos, si había una eventualidad se llamaba a las autoridades. Ahora se moviliza la comunidad” (CO3).
La realización de obras de infraestructura (37%) ya sea colectivas (muros, caminerías, rehabilitación de canchas, obras de saneamiento, entre otras) o individuales (rehabilitación o sustitución de viviendas); y la recepción de alguna política social (bolsas del CLAP, misiones, tarjetas Hogares de la Patria , entre otras) al que hacen referencia 23% de las personas encuestadas, suman un 60% de respuestas que asocian al CC con alguna cuestión de orden material que depende fundamentalmente de recursos del Estado.
El 90% de las personas encuestadas consideran que al barrio llegan más políticas sociales que antes de que existieran los CC, lo cual habla de la percepción generalizada de estos como canal para acceder a ellas. Si bien se reconoce la importancia de los logros obtenidos por los CC, se señala un conjunto de elementos que los relativizan. Algunos proyectos asociados a infraestructura no se han culminado y ello significa, en la práctica, que no pueden ser disfrutados por la comunidad. Las razones son atribuibles al propio CC como por ejemplo, el retardo en la rendición de cuentas; o a las instituciones, por ejemplo, por retrasos en la llegada de los recursos o cambios en los procesos administrativos o en los lineamientos orientadores.
Es importante destacar que las decisiones políticas tomadas por los entes encargados de acompañar al Poder Popular en los últimos tres años han derivado en una paralización de proyectos, especialmente los que mayor visibilidad dan al trabajo de los CC, puesto que detuvieron el proceso de actualización y registro de estos, y el acceso a recursos. La creación de los CLAP ha significado no solo el debilitamiento de los CC (en tanto que sus voceros y voceras los designa el Estado y el PSUV y no por elección popular alguna) sino la aparición de nuevos conflictos, muchas veces reavivando diferencias personales: “Los CLAP han debilitado a los CC porque los llaman ahora para todo” (CO8).
También existe entre las personas entrevistadas la percepción de que las instituciones son directamente responsables de la falta de credibilidad de la comunidad en los CC, debido a su falta de respuesta oportuna que instala en la comunidad la sensación de que el CC no hace nada: “La gente no ve resultados”. “Las instituciones no suben a esta parte del barrio. Trabajan abajo. Uno es el que tiene que estar buscando a los promotores”. “Las instituciones debilitan al Poder Popular” (CO5).
b. Mejoras en las condiciones inmateriales de vida
Un (29%) de las personas encuestadas asocia al CC con logros inmateriales de gran importancia para la vida de la comunidad, que comprenden desde la construcción de lazos de solidaridad y convivencia, hasta la creación de formas autogestionarias de organización. Algunas de las cuestiones a las que se hace referencia son mayor unión comunitaria y entre diversos consejos comunales y mayor participación y organización.
El 68% de las personas encuestadas está de acuerdo con la afirmación “Hoy en el barrio hay más solidaridad que antes de que existieran los CC” (mientras que un 40% está muy de acuerdo y 28% algo de acuerdo). Otro elemento que muestra una mejora inmaterial en la vida del barrio es el grado de participación en los asuntos de la vida comunitaria. El 78% está muy de acuerdo (50%) o algo de acuerdo (28%) con que “Hoy hay más participación de la comunidad que antes de que existieran los CC”. El 72% de las personas encuestadas está muy de acuerdo (46%) o algo de acuerdo (26%) con que “Hoy el barrio es más poderoso que antes de que existieran los CC”. Esta percepción parece estar asociada a la capacidad de obtener la atención por parte de las instituciones, de manera más directa, gracias al accionar de los CC.
A contravía de lo señalado, en la percepción de las personas no organizadas de la comunidad es común la identificación de los CC como espacios que favorecen el privilegio del algunas personas sobre los recursos que se reciben para la comunidad: “En realidad ese CC son puros problemas porque ellos tienen mucha preferencia con su gente, por decir Tricolor, es para su gente de ellos pero para los que en verdad necesitan no” (CNO7); “Los del CC meten 10 bolsas [de alimentos del CLAP] para su casa, y también la persona del Frente Francisco de Miranda . No me gusta para nada, ellos no están trabajando como debe ser” (CNO5); “Las personas que dirigen los CC solo trabajan para ellas mismas, para beneficiarse ellas o sus familiares y allegados, hay mucho egoísmo, todo pa’ ellos, entonces a mí no me gusta eso, por eso es mejor estar de lejitos” (CNO3). El 31% de las personas encuestadas que son o fueron voceras de los CC consideran que la mayoría de su comunidad las percibe como “gente que hace ese trabajo para beneficiarse a sí misma o su gente”, aunque no comparten que esa sea la realidad: el 66% “no cree que los voceros se benefician personalmente de hacer el trabajo junto a las instituciones”.
c. Aumento de formas de relacionamiento basadas en la convivencia solidaria, la politización, la participación y la democratización económica
Un 84% de las personas entrevistadas está muy de acuerdo (60%) o algo de acuerdo (24%) en afirmar que hay más conciencia política hoy en el barrio que antes de la existencia de los CC. La mayoría de las personas entrevistadas con algún grado de militancia y participación, coinciden en calificar a los CC como pequeños gobiernos locales: “pequeño gobierno dentro del barrio” (CO4); “es el gobierno pequeño de cada comunidad para poder pensar en una comuna” (CO5); “pequeñas alcaldías dentro de nuestras comunidades” (CO6); destacando en algunos casos, que ese pequeño gobierno no debe centrarse solo en la distribución de recursos, sino que debe apuntar a identificar aspectos estructurales: “No debe ser con una lógica asistencial. Por ejemplo, los de educación no deben ser solo para dar los útiles, sino para saber quiénes estudian y quiénes no” (CO6).
El reconocimiento de los CC como espacios políticos tiene que ver en gran medida con su identidad chavista (el 95% de las personas entrevistadas y encuestadas, incluyendo a las que no están organizadas, se definen como chavistas, aunque desmarcados en muchos aspectos del gobierno de Maduro), lo cual se verbaliza de varias formas: a) como una fuerte identidad con Chávez por ser igual a ellos: “Una persona humilde dirigiéndose a un pueblo humilde es algo grande” (CO7); como un agradecimiento por haber contribuido a despertar al pueblo: “Chávez le dio poder al pueblo. Por eso es que ellos nos odian, somos chusma…” (CO2); o en un sentido más politizado que enfatiza la inclusión y el rol protagónico de los pobres en la revolución: “Chávez nos incluyó, nos habló de todo, del petróleo. Nos despertó la conciencia” (CO3); “Creo en este proceso. Es el único gobierno que ha ayudado a todo el mundo. Cuando llegó Chávez empezó la inclusión. Los pobres son el sostén de la revolución” (CO6).
El capitalismo es asociado con lo individual, con el egoísmo y con los ricos, “el dinero y los bienes que a uno le pertenecen, es lo que utilizan los empresarios para quitarnos lo que nos pertenece como trabajadores y como naturaleza” (CNO4); “Piensan en ellos. No piensan en los pobres. Gente que trabaja en función de ellos mismos” (CO6). Hay una certeza de que el socialismo es un proceso que ni siquiera está en construcción y que algunas prácticas del gobierno van en contravía a lograrlo:
No vamos en camino al socialismo todavía. Hay que dejar de ser consumista, pero el gobierno ha promovido el consumismo. Hay que obligar a la gente a estudiar, a formarse, a ser productiva. No entregar beneficios sin acompañamiento y formación política (CO5)
Por último, el 90% de las personas encuestadas cree que “es posible construir el socialismo de abajo hacia arriba, desde el barrio”, aunque no existen experiencias de producción socialistas en el territorio y la formación política de los principales partidos socialistas a sus cuadros en el territorio es muy limitada.
2.2 La experiencia cooperativa
Desde el año 2015, luego de un proceso de formación sobre convivencia y autogobierno popular, personas voceras y ex voceras de CC de 12 comunidades (el 34% de las comunidades de la parte sur de la parroquia), junto al colectivo Surgentes , decidieron crear una coalición para fortalecer el “poder y el autogobierno popular comunitario” en el barrio (Coalición, 2015). En el año 2016, frente a la emergencia social que significaba la pérdida radical del poder adquisitivo del salario en el marco de una economía altamente inflacionaria, así como el desabastecimiento de alimentos, la coalición inició un proceso de distribución de verduras, hortalizas y frutas, de manera colectiva y autogestionada, en articulación directa con los productores y las productoras del campo vinculados al Plan Pueblo a Pueblo . La decisión aspiraba a fortalecer la materialidad del trabajo político y formaba parte de un conjunto de propuestas y compromisos construidos asambleariamente orientados hacia “…una transformación chavista de la crisis” (Coalición, 2016a).
Estas jornadas de consumo constituyeron la primera fase de un proceso organizativo que dio lugar, casi un año después, en 2017, a la conformación de una cooperativa. Durante la primera fase, se conformaron tres núcleos (de seis, cuatro y dos comunidades cada uno), que funcionaron de manera autónoma y fueron ensayando una metodología de trabajo. En la segunda fase, los tres núcleos se articularon en una cooperativa, en la cual el objetivo se amplió a la producción, acopio y procesamiento de alimentos, además de la distribución y consumo, y se ratificó, en procesos asamblearios, el carácter socialista y feminista de esta iniciativa, conformada en un 94% por mujeres.
Sobre la estructura
La cooperativa está organizada en tres núcleos que articulan a cuatro comunidades cada uno. La asamblea es la máxima instancia de deliberación y decisión, tanto para la planificación estratégica como para la gestión de los procesos de consumo organizado que se realizan cada 15 días de manera rotativa entre los núcleos. En el núcleo que corresponde la jornada de consumo, se realizan las asambleas preparatorias, y de evaluación y rendición de cuentas. La asamblea está conformada por 45 personas que participan, al menos, en el 70% de las reuniones y asambleas convocadas. Existe una periferia de alrededor de 60 personas que se vinculan con el trabajo, pero no participan de los procesos organizativos.
Sobre el proceso
a. Planificación estratégica y de cada jornada de consumo organizado
Para cada jornada se realiza en asamblea tanto la planificación estratégica como la operativa. La planificación estratégica fundacional incluyó entre sus objetivos, además de los vinculados con la producción, acopio, procesamiento, distribución y consumo organizado de alimentos, reinvertir comunitariamente una parte de los excedentes, diversificar los servicios de la cooperativa a la elaboración de prendas de vestir, crear un centro de formación, construir nuevas alianzas y articulaciones con otras experiencias socioproductivas y comunas, aumentar la escala de los procesos organizativos hacia toda la parte sur de la parroquia y construir una comuna (Coalición, 2016 b).
Para las planificaciones operativas se realiza una asamblea un día de la semana previo al sábado en que se realizará el consumo organizado. Esta asamblea tiene como propósitos informar sobre la situación de la producción y de los productores y las productoras, y en función de ello, los rubros disponibles para el consumo organizado y el precio aproximado del kilo y de la bolsa; de igual forma, planificar todos los asuntos logísticos para el día del consumo que incluyen: chequear que se tengan las bolsas y los pesos necesarios; acordar la compra de los insumos para el café, la hidratación y el sancocho; definir la hora de encuentro; y por último definir responsables para la elaboración y colocación de papelógrafos para informar a la comunidad en general sobre la realización del consumo e invitarla a participar.
b. Ejecución del consumo organizado
A efectos de la ejecución de cada jornada se crean siete comisiones de trabajo: censo; descarga del camión; pesado y llenado; logística; manejo de conflictos; agitación cultural; y rendición de cuentas. La ejecución del consumo organizado inicia entre las seis y siete de la mañana, que es la hora en la que normalmente se acuerda la llegada. La primera persona que llega comienza una lista en la que se anota a las demás personas según la hora a la que van concurriendo. En la elaboración de la lista existe un proceso permanente de contraloría social ejercido por las personas que participan, lo cual garantiza que no aparezcan en la lista personas que no están presentes en la jornada o personas que después de anotarse se ausentan.
Se realiza una asamblea con las personas asistentes para decidir, en función de la factura del pedido efectivamente despachado por Pueblo a Pueblo, el número de bolsas que finalmente se armarán con el contenido aproximado por cada rubro. Los criterios que se tienen en cuenta para definir la cantidad de bolsas son el número de personas activadas según la lista, la cantidad de kilos disponibles, el precio de la bolsa y la posibilidad de que al menos un número de personas de la comunidad que no están articuladas al proceso organizativo puedan acceder a los alimentos.
La descarga del camión se realiza verificando el peso por cada rubro. Una vez descargado se conforman equipos por rubros, en primer lugar, para identificar y pesar la merma, y en segundo lugar, armar grupos por cada rubro según el número de bolsas que se acordó. Se informa a la comisión de rendición de cuentas el peso de la merma de cada rubro. Una vez armadas las bolsas de cada rubro, se ubican las bolsas grandes en cuadrícula y se procede al llenado a través de una cadeneta, iniciando por los rubros más duros y terminando con los más delicados. Esta manera de conformar las bolsas ha garantizado la transparencia e igualdad en la distribución de los recursos, asunto que constituye uno de los principales motivos de conflicto y una de las principales críticas a los liderazgos políticos en el barrio; en consecuencia, esta estrategia ha permitido reducir de manera significativa los conflictos en el proceso organizativo, pues cada bolsa contiene las mismas cantidades y los mismos rubros. Se trata de un proceso pedagógico que permite reflexionar y problematizar las propias prácticas a partir de vivencias alternativas.
De manera paralela, la comisión de logística prepara y distribuye, también con igualdad y sin privilegios, el café y el agua, entre todas las personas activadas en el proceso de consumo, e inicia la preparación del sancocho. Por su parte, la comisión de agitación cultural se encarga de animar, politizar y musicalizar el consumo organizado, recordándonos que se está logrando comprar a bajo precio los alimentos, solo por la autorganización popular local y la alianza con organizaciones campesinas, superando la intermediación orientada por el lucro. La comisión de rendición de cuentas totaliza la cantidad de kilos efectivamente descargados del camión y los compara con la factura. Le resta a los kilos efectivamente descargados la merma, para así obtener los kilos a distribuir. Luego, multiplica los kilos a distribuir por el precio sugerido para ver si se logra cubrir la factura. En caso de que el monto sea muy justo o esté por debajo, se propone un incremento al precio por kilo, que es consultado y aprobado por todas las personas presentes en el proceso de consumo organizado, así como el monto que se cobrará por las bolsas.
Terminado el proceso de llenado de todas las bolsas, se despeja el área en donde están ubicadas y se inicia el proceso de distribución según el orden de llegada. Una vez terminan de pasar las personas anotadas en la lista se abre el proceso de distribución a las demás personas de la comunidad que no participaron en el proceso organizativo. Terminado el proceso de distribución, se inicia el cierre de las cajas por las personas responsables de las mismas y luego se realiza el proceso de verificación en el que participan las personas de las demás comisiones. El proceso de verificación consiste en que unas personas diferentes a las responsables de las cajas suman los listados y los tickets de cada caja y cuentan el dinero. El listado, los tickets y el dinero (pagado en efectivo o con tarjeta de débito) deben coincidir. Una vez verificada cada caja, se suman todas las cajas para conocer el monto total de dinero recaudado. El monto recaudado se compara con el monto de la factura, y en función de ello se calcula el excedente del consumo. Se realiza y firma el acta de rendición de cuentas por todas las personas presentes, con los datos de los kilos facturados, los kilos descargados, la merma, el monto de la factura, el dinero recaudado, el excedente resultante y las personas encargadas de depositar a los productores y las productoras y resguardar el excedente. Se acuerda la fecha y lugar de la asamblea para la evaluación y rendición de cuentas, y se invita a todas las personas a participar, recordando que será allí en donde se decida la reinversión del excedente. Mientras este proceso ocurre, la comisión de logística reparte el sancocho a las personas que trabajaron durante el proceso de consumo organizado.
Terminado el proceso de cierre y verificación de las cajas, se recoge y limpia el lugar, y se reparte la merma por partes iguales entre las personas que se mantuvieron hasta el final del proceso.
c. Evaluación y rendición de cuentas
La asamblea de evaluación y rendición de cuentas se realiza tomando como referencia los procedimientos concertados para cada una de las comisiones, y en función de ello, se identifican: aspectos positivos de la jornada, aspectos a mejorar, y acuerdos. Luego se realiza la lectura del acta de cierre de cajas y se decide la reinversión del excedente. Los excedentes generados hasta ahora han sido reinvertidos en el fortalecimiento interno, comprando bolsas, pesos, calculadoras, un primo, tazas, platos, los ingredientes necesarios para el sancocho durante las jornadas de consumo y en un proyecto productivo de costura, inicialmente de ropa interior para niñas, para lo cual se han comprado telas, hilos, ligas, y cintas.
En la gestión de los consumos organizados de la cooperativa se ponen en práctica procesos de deliberación democrática asamblearia, de resolución de conflictos, de diagnóstico y planificación participativa, de gestión de proyectos, de evaluación y rendición de cuentas y de formación política y económica.
Sobre los resultados/impactos
Las experiencias de los consumos organizados han tenido un impacto positivo en las condiciones materiales de vida de las personas cooperativistas y otras personas de la comunidad: a) el ahorro de un promedio del 75% respecto al precio de las verduras y hortalizas en los mercados municipales o abastos del barrio; b) el aumento de la cantidad de alimento consumido por las familias participantes en este proceso organizativo, disminuyendo la dependencia del CLAP: “con eso me he ayudado bastante porque como hay que esperar 22 días [para el Clap] y cuando llega el consumo nos llenamos más de fortaleza y bienestar a nuestros hijos” (CNO2) y c) la introducción en la dieta alimentaria de una mayor cantidad de verduras y hortalizas, en tanto son más baratas y permiten sustituir otros carbohidratos procesados como la pasta o la harina.
Estos impactos materiales han apalancado algunos logros políticos: a) la participación de personas que se habían desmovilizado de las instancias organizativas o que nunca habían participado en las mismas, así como de personas que no se identifican políticamente con la revolución bolivariana; b) la articulación entre consejos comunales para impulsar un proyecto común, rompiendo barreras territoriales; c) el desarrollo de aprendizajes y capacidades locales necesarias para el autogobierno, desde procesos vivenciales (diagnósticos, planificación, resolución de conflictos, ejecución de proyectos, evaluación, rendición de cuentas y formación política); d) cuestionamiento a las lógicas del “beneficiario” como un sujeto pasivo que espera la distribución de una bolsa de comida (CLAP), desde la experiencia de la autorganización popular; e) problematización de las prácticas clientelares y dirigistas que se han insertado en los CC, a partir de la deliberación asamblearia y de la radicalidad igualitaria de los procesos y distribución de bienes y la transparencia: “todo es para todos, todo es por igualdad, hemos aprendido ahí que ahí nadie tiene jefe, todo el mundo se manda, todo el mundo hace” (CNO2) y f) la creación colectiva de una institucionalidad basada en los principios del Programa o lo que Chávez llamaba “el espíritu de la Comuna, que es mucho más importante en este momento que la misma Comuna” (Chávez, 2012).
3. Conclusiones
1. Las prácticas organizativas de las siete comunidades analizadas, entrañan logros importantes de cara a la posibilidad de avanzar procesos de construcción de poder popular. Entre ellos: a) la extensión sin precedentes de formas organizativas territorializadas, b) la generalizada valoración positiva de la existencia de organizaciones populares para lograr mejoras en la vida colectiva, más allá de que se cuestione su desempeño, c) la ampliación de la cantidad de sujetos con experiencia de participación y politización, d) las mejoras concretas en la calidad de vida en el barrio, y e) la consolidación del chavismo como una identidad política de los sectores populares, asociada a un orgullo popular y nacional que tiene un horizonte emancipador democrático socialista. No cabe duda de que cualquier intento de reconstruir o fortalecer el proyecto socialista del poder popular territorial, hoy debilitado, tiene un enorme capital gracias a lo avanzado por estas prácticas.
2. Pero resulta evidente que las prácticas organizativas mayoritarias (las de los CC), se alejan notablemente del Programa: a) carecen en este momento de vitalidad democrática (ausencia o debilidad de deliberación asamblearia y concentración de la gestión en pocos representantes); b) no han logrado trascender hacia formas organizativas más complejas, articuladas y de vocación universal (como las comunas); c) no han logrado avanzar proyectos socioproductivos comunales que le den una base material para su autonomía; d) ejercen mínimo poder de control sobre las políticas públicas, los actores privados o la propia gestión del CC; d) son radicalmente tuteladas por las instituciones del Estado; y e) no están construyendo formas de autogobierno ni de relacionamiento económico y político, basadas en la convivencia solidaria. Los CC están funcionado principalmente como instancias intermediadoras entre el Estado y la comunidad para la recepción de políticas y recursos, en clave clientelar. Un encadenamiento de usos distintos al Programa (pero de alguna manera posibilitados por sus déficit de diseño, aunque no exclusivamente por ello), terminan por producir “beneficios” en distintas escalas: el vocero o la vocera del CC que se beneficia al acceder a privilegios por su relación con el Estado, facilitada por una baja participación comunitaria de la que se queja, pero que, sin embargo, estimula; una comunidad que participa poco, se queja de los voceros y las voceras, pero a la que le llegan algunas políticas públicas gestionadas por el CC; el o la representante de la institución cuyo mandato es apoyar a la organización popular y que encuentra más práctico relacionarse con ciertos integrantes de la comunidad que con la comunidad ampliada; el aspirante a dirigente del partido que es, también, operador de una institución y que usa los recursos del Estado para amarrar el apoyo de algunos voceros o voceras a sus aspiraciones o para garantizar su movilización en contexto de procesos electorales; el personal directivo de las instituciones que, ante la inexistencia de comunas y otras formas de agregación, mantiene su poder sobre la comunidad; y, finalmente, un modelo político que garantiza niveles importantes de control poblacional sobre la base de la capilaridad en la distribución de recursos escasos. Ese fracaso, en relación con la aspiración programática, genera intereses que solidifican la existencia de facto de un Programa distinto al original: la normalización del clientelismo.
3. La debilidad de las experiencias locales debe leerse en el marco de las debilidades actuales de la Revolución bolivariana y el gobierno, signadas por la muerte del presidente Chávez, la caída del ingreso petrolero, la deslegitimación de la clase política chavista y la arremetida de las fuerzas nacionales e internacionales de la derecha. La clase política chavista viene respondiendo a su debilidad, con el aumento de acciones de corte autoritario y la ampliación de mecanismos clientelares , justificándose en las reales amenazas externas, pero sin reconocer los errores propios ni adoptar correctivos. En el barrio, el Estado, ha privilegiado como respuesta a la crisis/ guerra económica la creación de una nueva estructura organizativa por sobre los CC, que es centralizada y directamente controlada por el PSUV: los CLAP. Ello ha significado, en la práctica, un saboteo estatal al fortalecimiento de los CC como espacio de poder popular por las siguientes razones: 1. les ha restado interlocución tanto con la comunidad como con las instituciones, en los casos en que los voceros o voceras del CLAP no coinciden con los del CC; 2. ha reducido el ejercicio de la soberanía popular validando la designación por sobre la elección; y 3. ha profundizado el rol de personas gestoras e intermediarias de las bases populares entre el Estado y el espacio estrictamente comunitario. El propio presidente Maduro declaró que los CLAP eran “la mayor expresión del Poder Popular” (Velásquez, 2017) y defendiéndose de sectores chavistas que lo criticaban señaló: “Hay quienes dicen que Maduro abandonó las comunas. ¿Abandoné? Yo te aviso… No hablen paja . Entonces, ¿qué son los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP)? Esos son las comunas organizadas, son el poder comunal” (Contrapunto, 2017). Esas ideas, que priorizan estructuras designadas, dependientes del Estado e instrumentales, por sobre estructuras electas, deliberativas y con mayores niveles de autonomía, pueden sugerir el modo en que su gestión entiende el tema del poder popular. Adicionalmente, desde el Estado primero se ordenó la suspensión de elecciones en los CC (2016) y, posteriormente (2017), se orientó al PSUV a realizar elecciones de voceros y voceras en las que solo participen cuadros chavistas controlados por el partido. Es evidente que a lo interno de la izquierda en general y de la izquierda chavista en particular, existen posiciones críticas de esta deriva, pero sin que tengan una expresión política de gran impacto, ni en el país ni en el barrio.
4. No hay manera de diagnosticar esto sin topar de frente con las características del Estado rentista venezolano y las posibilidades de construcción del poder popular “desde arriba”. Como señalaba Raúl Zibechi:
…el único proceso en el cual el gobierno apoya estas experiencias y quiere crear otras es el de Venezuela, en donde el gobierno promueve la creación de comunas. Es el único caso en el cual desde el gobierno se perciben los límites de la organización estatal y se apuesta por órganos del poder popular (2014).
Se trataba de una experiencia atípica, incluso en el seno de la izquierda, con lo cual radicalmente a contracorriente. Frente al debilitamiento actual, caben varias respuestas. Entre ellas, que era imposible construir poder popular “desde arriba”, por las contradicciones internas entre burocracia y poder del pueblo, así que se trataba de un fracaso anunciado o un “regalo envenenado”. Esta parece ser la respuesta actual de Zibechi y de un conjunto de intelectuales de izquierda latinoamericanos frente a la situación Venezolana. Si esto sería un problema para cualquier Estado controlado por la izquierda, no cabe duda, además, que el carácter rentista del Estado venezolano lo convierte en un espacio muy espeso del tejido de relaciones de poder que surcan la sociedad venezolana, generando asimetrías radicales y facilitando el establecimiento de relaciones jerárquicas que obstaculizan la autonomía popular y vuelven dóciles a las organizaciones populares. El rentismo es con seguridad uno de los puntos fundamentales para realizar el necesario balance de la debilidad actual del gobierno chavista y su posible salida del poder o su mantenimiento en el mismo a costa de una deriva autoritaria. El problema con esta lectura es su consecuencia pendular, que pueda llevar, como en efecto ocurre con una parte de la izquierda continental, a abdicar de la importancia de disputar el control del Estado, dejando el campo libre para sus adversarios (que nunca han perdido el interés por su control). Es una discusión que supera las posibilidades de este espacio, pero en la que nos situamos reivindicando la necesidad de construir poder popular, tanto “desde arriba” como “desde abajo”, lo que supone el reto de evaluar los errores actuales y pensar garantías para aumentar las posibilidades del experimento.
5. Finalmente, es importante subrayar que el chavismo en el barrio, con sus contradicciones, también impulsan experiencias sustentadas en el Programa, incluso cuestionándole sus problemas de diseño. En los mismos CC o instituciones del barrio en donde predominan prácticas clientelares, existen, también, prácticas virtuosas, en el marco de una identidad chavista que reivindica su autonomía, la democracia radical y el horizonte igualitario socialista como construcción cotidiana. La experiencia modesta de la Coalición y la Cooperativa demuestra la vitalidad del Programa, no solo en clave de resistencia, sino de expansión en medio de la crisis. La propuesta original del Programa: igualitaria, participativa, que asocia la propuesta política emancipadora con una materialidad que produce bienestar colectivo en el presente, prendió muy rápido en el ánimo de antiguos y nuevos activistas de esas comunidades, así como de personas no politizadas. Es este un lugar muy potente para seguir experimentando posibilidades de un mundo democrático alternativo al capital y para disputar el horizonte de la izquierda y el chavismo.
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