Imprimir
La lucha contra la imposición de diversos megaproyectos en territorios indígenas se encuentra cada vez más con la cárcel o la muerte. La represión no para en todo México, pues es la respuesta empresarial y gubernamental a la defensa del agua, la tierra y el aire. No se trata de hechos aislados, sino de una política de despojo que arrasa con quienes se oponen.
Los De Abajo
Mueren indígenas por defender lo suyo
Gloria Muñoz Ramírez
La Jornada
La lucha contra la imposición de diversos megaproyectos en territorios indígenas se encuentra cada vez más con la cárcel o la muerte. La represión no para en todo México, pues es la respuesta empresarial y gubernamental a la defensa del agua, la tierra y el aire. No se trata de hechos aislados, sino de una política de despojo que arrasa con quienes se oponen.
Esta semana dos defensores indígenas fueron asesinados. El defensor rarámuri Julián Carrillo Martínez, fue ultimado en la comunidad de Coloradas de la Virgen, Chihuahua, luego de que exigiera, junto con otros pobladores, la nulidad de permisos de aprovechamiento forestal que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó a mestizos para la explotación de su territorio. No es casual su cobarde homicidio, pues justo antes el Tribunal Superior Agrario resolvió un litigio similar a favor de la comunidad aledaña de Choreáchi, donde también se lucha por la protección de tierras y bosques ancestrales.
Un día después de la ejecuci ón de Carrillo Martínez, en Oaxaca el Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (Codedi) denunció el acribillamiento a balazos de Noel Castillo Aguilar, de 44 años, en el crucero de Barra de la Cruz, municipio de Santiago Astata, quien participaba en la defensa del territorio, la playa y el río Copalita, en una región amenazada por la instalación de una central hidroeléctrica de una empresa trasnacional chilena.
El asesinato del integrante de Codedi es el segundo que se produce en la misma comunidad, y el tercero contra integrantes de esta organización en lo que va del año, por lo que el comité responsabiliza al gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, por su complicidad al entorpecer las investigaciones y fomentar los ataques en su contra.
Con el asesinato de los dos defensores indígenas queda claro que los intereses empresariales actúan en contubernio con los gobiernos locales y el federal para despojar a los pueblos de lo que les pertenece. Quienes defienden su territorio se juegan la vida. Pero si se dejan, también se las quitan.
www.desinformemonos.org
losylasdeabajo@yahoo.com.mx