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Nicaragua: de 2007 a 2018, Daniel Ortega ha gozado del apoyo del FMI prosiguiendo una política a favor del gran capital

Eric Toussaint
Jueves, 01/11/2018
Aporrea

El principal detonador de las protestas sociales comenzadas en abril de 2018, ha sido la imposición de medidas neoliberales tomadas por el gobierno de Daniel Ortega en materia de seguridad social, y en particular las jubilaciones. Estas medidas eran deseadas por el FMI con el que Daniel Ortega ha mantenido excelentes relaciones desde que volvió a la presidencia del país en 2007. De hecho, el FMI ha felicitado al gobierno por sus realizaciones en un comunicado publicado en febrero de 2018 : “El desempeño de la economía en 2017 rebasó las expectativas y las perspectivas para 2018 son favorables(…). A fin de minimizar los posibles riesgos desfavorables, Nicaragua necesita seguir fortaleciendo su marco de políticas, para lo cual deberá: (i) apresurar la aplicación de la ley sobre tributación internacional, reducir el gasto tributario, racionalizar los subsidios y poner en práctica una reforma integral de la seguridad social”… [1]

La izquierda está dividida sobre la apreciación de la política llevada a cabo por el gobierno de Daniel Ortega de 2007 a hoy, igual que sobre la actitud a adoptar ante las protestas sociales y la represión ejercida por el régimen.

Una parte de la izquierda considera que el gobierno de Daniel Ortega es un gobierno progresista que ha llevado a cabo, en un contexto internacional difícil, una política favorable a los sectores populares aunque cometiendo algunos errores. Esta parte de la izquierda considera que las grandes potencias capitalistas, comenzando por Washington, y sus aliados en la región, son en gran medida responsables de la desestabilización de la situación en este país centroamericano de cerca de 7 millones de habitantes y que un sector dominante del movimiento está dirigido y/o manipulado por la derecha reaccionaria. Reconoce que ha habido represión pero considera sospechosos o falsos todos los informes que afirman que las autoridades del país son las principales responsables de las centenares de muertes que marcan los dramáticos acontecimientos que afectan a la población.

Hay quienes han afirmado que mercenarios que han desestabilizado el régimen de Maduro han sido desplazados hacia Nicaragua para perpetrar su obra criminal según un modus operandi puesto a punto por Washington y sus lacayos [2]. A partir de ahí, habría que evitar un derrocamiento del gobierno de Daniel Ortega. Esta es también grosso modo la posición de una parte de los partidos de la izquierda latinoamericana, los que componen el Foro de Sao Paolo que se reunió en julio de 2018 en La Habana y que adoptó una resolución de apoyo al gobierno de Daniel Ortega [3].

Según Ortega y quienes le defienden, el movimiento de protesta constituye una tentativa de golpe de Estado y quienes participan en el movimiento son cómplices de los golpistas y de los terroristas o son terroristas o golpistas [4].

Los argumentos que acabo de resumir no están corroborados por los hechos. Ortega y sus partidarios no logran demostrar que nos encontremos ante una tentativa de golpe de Estado. Las y los manifestantes, en su aplastante mayoría, no utilizan métodos terroristas. Ortega no ha logrado mostrar un solo mercenario extranjero.

Por otra parte, normalmente en una tentativa de golpe de Estado, un sector del ejército participa en el complot contra el gobierno. Ahora bien, Ortega no denuncia ningún sector golpista en el ejército. El ejército ha permanecido según todas las apariencias del lado del régimen actual. En cualquier caso, hasta ahora.

Según una serie de intelectuales de izquierdas, habría que evitar denunciar al gobierno nicaragüense, o como mucho se pueden criticar algunos de sus graves errores. Las y los intelectuales de izquierdas que encuentran excusas al gobierno de Daniel Ortega se niegan a analizar el contenido de clase de la política aplicada desde 2007. Se cuidan mucho de decir hasta qué punto el FMI, el Banco Mundial, el gran capital y las grandes potencias económicas capitalistas se encontraban satisfechas por las medidas aplicadas por Daniel Ortega. Sin embargo generalmente cuando se trata de otros gobiernos, no dudan en denunciar su complicidad con las instituciones financieras internacionales, con las grandes potencias capitalistas, comenzando por los Estados Unidos, y con el gran capital nacional e internacional.

En este artículo, nos proponemos explicar en qué la política de Daniel Ortega y de quienes gobiernan con él es favorable al gran capital, a las instituciones como el FMI y las demás instituciones financieras internacionales (IFI) concernidas (Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, etc.) Veremos también en qué esta política profundiza el sistema deuda y el modelo extractivista-exportador basados en la explotación de los pequeños productores ya sean obreros, artesanos o campesinos (hombres y mujeres) así como en el abandono de la soberanía sobre las riquezas naturales y sobre una parte del territorio. Sin olvidar que el gobierno de Daniel Ortega ha hecho aplicar la peor regresión en materia de prohibición del aborto. Luego, en un próximo artículo volveremos sobre la cronología del movimiento de protesta que comenzó en abril de 2018 y veremos que la represión organizada de forma sistemática por el gobierno de Daniel Ortega ha alcanzado en 6 meses proporciones dramáticas.

Explicaremos igualmente porqué la política del gobierno, que ha parecido dar resultados económicos positivos en términos de crecimiento, había entrado en crisis antes de los acontecimientos que comenzaron en abril de 2018.

El modelo aplicado por Daniel Ortega antes de recurrir a la represión masiva

El gobierno de Daniel Ortega, en 11 años, no ha realizado ninguna reforma estructural aún disponiendo de una mayoría confortable en la asamblea nacional: ni socialización de los bancos, ni nueva reforma agraria cuando la concentración de la tierra en beneficio de grandes propietarios es muy importante, ni reforma urbana favorable a las capas populares, ni reforma de los impuestos favorable a más justicia social, el régimen de las zonas francas ha sido extendido (en él trabajan más de 100.000 personas asalariadas en condiciones elevadas de explotación), se ha proseguido el recurso al endeudamiento público externo e interno favorable a los acreedores gracias a los intereses que perciben y al poder de chantaje que tienen como prestamistas para hacer aplicar políticas que les son favorables, prosecución de la represión contra las mujeres que recurren al aborto, adopción de un discurso religioso fundamentalista y oscurantista… Nicaragua sigue siendo un país caracterizado por salarios muy bajos. La agencia oficial de promoción del país entre los inversores, ProNicaragua, se felicita, en su página web, de que el salario mínimo sea “el más competitivo a escala regional, lo que hace de Nicaragua un país ideal para establecer operaciones intensivas en mano de obra” [5]. La precarización del trabajo ha progresado con fuerza: cuando la economía informal representaba el 60% del empleo en 2009, el porcentaje ha subido al 80% en 2017.

A pesar de las condiciones económicas particularmente favorables, no ha habido progreso en la disminución de las desigualdades sociales y el número de personas multimillonarias ha aumentado. Esto significa claramente que el crecimiento de las riquezas producidas durante 11 años no ha sido repartido en favor de los sectores populares pues el gran capital nacional e internacional, con el concurso del gobierno, se ha apropiado de la mayor parte de esas riquezas. Además, se ha enriquecido el entorno de Daniel Ortega y en particular los miembros de su familia.

2007-2016: una coyuntura internacional favorable que ha beneficiado al gobierno de Daniel Ortega

Desde su vuelta a la presidencia del país en 2007 y hasta finales de 2016, Daniel Ortega ha gozado de una coyuntura económica favorable, una de cuyas expresiones es la tasa de crecimiento anual del PIB que ha sido del orden del 4%.

Esto le ha permitido hacer coincidir dos tipos de políticas: la profundización de la entente con el gran capital internacional y nacional, de una parte; y de otra, el desarrollo y luego el mantenimiento de ciertos programas “sociales” “asistenciales” que asegurarían al gobierno de Daniel Ortega un cierto apoyo popular.

La coyuntura económica era favorable a esta política de Daniel Ortega porque, 1. los precios de las materias primas exportadas por Nicaragua se mantenían a un nivel elevado, 2. las inversiones extranjeras eran importantes dados los regalos ofrecidos por el gobierno, 3. los envíos de las personas nicaragüenses residentes en el extranjero a sus familias en el país eran elevados y 4. las tasas de interés para refinanciar la deuda eran históricamente bajas en el plano internacional. Otros dos factores favorables se añadían a lo anterior: 1. un apoyo financiero y comercial muy importante del gobierno venezolano (de alrededor de 500 millones de dólares por año) -el sector capitalista exportador se ha beneficiado en particular en el terreno de las exportaciones de carne hacia Venezuela- y 2. el mantenimiento de una muy buena relación con el FMI en la medida en que el gobierno de Daniel Ortega se ha comprometido a proseguir la realización de reformas estructurales neoliberales y en mantener una disciplina presupuestaria muy firme (es decir, una compresión de los gastos públicos) [6].

Todo esto era formulado en el nuevo lenguaje del FMI y del Banco Mundial: las reformas estructurales neoliberales eran realizadas en nombre de la lucha por la reducción de la pobreza. En el lenguaje del gobierno de Daniel Ortega a esto se le llamaba “la Nicaragua cristiana, socialista y solidaria”.

Los programas sociales desarrollados durante la presidencia de Daniel Ortega tienen como nombre: Hambre Cero, Plan Techo (instalación de techos de zinc resistentes a las lluvias tropicales), Usura cero (microcréditos), Merienda Escolar (alimentación de las y los niños en las escuelas), Bono Productivo (créditos concedidos mayoritariamente a las mujeres pobres, en medio rural), Bono Solidario (programa de ayuda a los salarios), Casas para el Pueblo [7].

Hay que señalar que estos programas son en gran medida compatibles con las políticas apoyadas por el FMI y el Banco Mundial. En cierta medida, forman parte de ellas. Mientras el gobierno de un país profundiza la apertura económica a las inversiones extranjeras, facilita la flexibilidad del mercado de trabajo (es decir, los despidos y la precarización de los contratos de trabajo), firma tratados de libre comercio, aumenta las privatizaciones de empresas y de servicios públicos… puede desarrollar, según el FMI y el BM, medidas de acompañamiento y de apoyo a la gente más pobre [8]. El FMI y el BM le felicitan por ello. Estas dos instituciones insisten igualmente en el hecho de “implicar a la gente pobre en resolver los problemas que le afectan” (”actively involving the poor in solving the problems affecting them”), lo que repiten luego los gobiernos. Se conocen perfectamente este tipo de discursos que se aplican tanto en el Norte como en el Sur del planeta. Los gobiernos deben ayudar a la gente pobre a encontrar soluciones a “sus” problemas. Hay que ayudar a las personas en paro a encontrar un empleo “activándolas”. Las únicas soluciones estructurales propuestas consisten en aumentar la flexibilidad del trabajador y la formación de base de la persona sin empleo. Las causas estructurales de la pobreza y del paro no son jamás realmente enfrentadas pues ello entraría en contradicción completa con lo que motiva la intervención de instituciones como el BM y el FMI. Hay que ayudar a la gente pobre a asumir su situación concediéndole una ayuda discriminada y a menudo condicional lo que es fácilmente utilizado en un marco clientelista (la persona pobre recibe una ayuda si apoya al partido en el poder o al gobierno actual).

La legitimación de la deuda pública y la prosecución de las políticas presupuestarias conformes a las exigencias del FMI

Cuando en 2007 Daniel Ortega llegó a la presidencia con el 38% de los votos [9], el programa que estaba en curso entre el gobierno de derechas y el FMI había llegado a su fin. Además, en 2006-2007, Nicaragua gozó de un fuerte alivio de la deuda por parte de los acreedores multilaterales en el marco de la iniciativa para los países pobres muy endeudados (PPME). Concretamente, el FMI anuló 206 millones de deuda en 2006. El BM y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) procedieron igualmente a anulaciones de deudas nicaragüenses en 2007 durante el primer mandato de Daniel Ortega.

Es en este contexto particular en el que Daniel Ortega quiso convencer al FMI para realizar un nuevo programa cuando la institución de Washington no veía su necesidad pues consideraba que la deuda de Nicaragua era sostenible. El gobierno de Daniel Ortega insistió en realizar un nuevo programa afirmando que esto permitiría aumentar la confianza de los inversores extranjeros a los que quería atraer.

El FMI finalmente aceptó exigiendo en contrapartida que el gobierno nicaragüense profundizara las reformas neoliberales que estaban en curso desde hacía 17 años (1990-2007) y aplicara una austeridad presupuestaria a fin de conseguir un excedente presupuestario primario. Concretamente, el FMI prestó a Nicaragua alrededor de 120 millones de dólares entre 2007 y 2011, es decir 78 millones de derechos especiales de giro -DTS (para comprender lo que son los DTS, leer https://www.imf.org/fr/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/14/51/Special-Drawing-Right-SDR y para ver la evolución de la paridad entre el DTS et el dólar US, ver http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_sdrv.aspx Grosso modo, el valor del DTS oscila alrededor de 1,5 dólares US). En términos de reembolso, Nicaragua ha entregado al FMI alrededor de 145 millones de dólares entre 2011 y 2018 (ver el cuadro en DTS de las entregas del FMI y de los reembolsos efectuados por Nicaragua en : http://www.imf.org/external/np/fin/tad/extrans1.aspx?memberKey1=720&endDate=2099%2D12%2D31&finposition_flag=YES).

Añadamos que en 2009, el FMI prestó al gobierno de Nicaragua una suma muy importante para hacer frente a la recesión económica internacional provocada por la gran crisis bancaria surgida en los EEUU en 2007-2008. Esto muestra hasta qué punto el gobierno de Nicaragua ha estado apoyado por el FMI, incluso hasta abril de 2018.

Hay que señalar que Nicaragua debe aún reembolsar en el futuro una parte del capital y de los intereses. El montante de la deuda de Nicaragua respecto al FMI en el primer trimestre de 2018 se elevaba a 207 millones de dólares.

Conclusiones :

1. El gobierno de Daniel Ortega, que podía prescindir de nuevos créditos del FMI pues el programa precedente había acabado y el FMI había anulado 206 millones en deudas, quiso no obstante realizar un nuevo acuerdo. Esto muestra claramente que Ortega estaba dispuesto a proseguir las políticas neoliberales recomendadas por este organismo al servicio del gran capital y de las grandes potencias, comenzando por los Estados Unidos y la Unión Europea. A partir de 2007, con la renovación del programa, el beneficio político realizado por el FMI a costa del pueblo nicaragüense es importante por una razón fundamental: puede dictar políticas favorables al gran capital privado y a los intereses de los países que dirigen la institución. Por su parte, un gobierno que concreta un acuerdo con el FMI goza de una financiación y puede imputar al FMI la responsabilidad de las medidas impopulares que toma [10].

2. Daniel Ortega y su gobierno rechazaron seguir el camino que emprendía en la misma época el gobierno de Rafael Correa, también elegido a finales de 2006 y cuyo mandato comenzaba al mismo tiempo que el de Daniel Ortega. Rafael Correa y su gobierno pusieron en pie una comisión de auditoría integral de la deuda reclamada a Ecuador. Esta comisión estaba principalmente compuesta de delegados y delegadas de movimientos sociales. Sobre la base de los trabajos que la comisión entregó en septiembre de 2008, el gobierno ecuatoriano suspendió el pago de una parte de la deuda identificada como ilegal e ilegítima y gracias a esto logró una victoria contra sus acreedores reduciendo la deuda de forma importante [11]. Desde finales del año 2006, algunos días antes del comienzo del mandato de Daniel Ortega, Adolfo Acevedo Vogl indicó claramente que el hecho de aceptar las exigencias del FMI iba a tener consecuencias funestas pues el gobierno iba a estar obligado a sacar de forma permanente un excedente primario del presupuesto a fin de reembolsar la deuda. Esto iba a hacer muy difíciles las necesarias revalorizaciones salariales, y el aumento de gastos sociales iba a ser casi imposible en el marco de las obligaciones presupuestarias. El FMI exigía igualmente recortes presupuestarios en la enseñanza universitaria, igual que en los presupuestos municipales que perdían una gran parte de su autonomía [12].

El sistema de seguridad social estaría puesto en dificultades. De hecho, desde el comienzo, el FMI no ha dejado de exigir la puesta en marcha de una contrarreforma de la seguridad social y en particular del sistema de jubilaciones. Es la puesta en práctica de esta política deseada por el FMI lo que ha constituido uno de los ingredientes principales de la rebelión social que ha estallado en Nicaragua a partir del 18 de abril de 2018. No se trata de un accidente, de una mala decisión aislada del gobierno de Daniel Ortega, sino que se trata de la profundización de la política puesta en práctica desde 2007 por su mismo gobierno.

El gobierno de Daniel Ortega ha aumentado el número de tratados de libre comercio

El tratado de libre comercio con los Estados Unidos fue adoptado en 2005. Si el grupo parlamentario del FSLN, entonces en la oposición, votó en contra de su ratificación en octubre de 2005, varios sandinistas disidentes como Mónica Baltano reprocharon al FSLN dirigido por Ortega haber puesto en el orden del día de la Asamblea Nacional la ratificación del tratado. En efecto, René Núñez Tellez, diputado del FSLN, ocupaba entonces la presidencia de la Asamblea Nacional y tenía una influencia directa sobre el orden del día de ésta. Mónica Baltodano reprocha igualmente a Daniel Ortega haber votado luego a favor de las leyes que permitían su aplicación. El 1 de noviembre de 2006 escribía: “Peor aún: las leyes que viabilizaron la entrada en vigencia del CAFTA, sólo pudieron aprobarse con los 36 votos de los diputados del FSLN, ya que ni siquiera en esta ocasión los liberales de Alemán, la bancada de diputados del PLC, votó por ellas” (http://www.rebelion.org/noticia.php?id=40447). Por su parte, Bernard Duterme escribe: “(En vísperas de las elecciones de 2006), Daniel Ortega multiplicó una vez más los gestos de buena voluntad hacia la gran patronal nicaragüense, el Fondo Monetario Internacional y los Estados Unidos, intentando tranquilizarles sobre el carácter “razonable” de sus políticas futuras, y garantizándoles -al contrario del discurso público de las organizaciones y sindicatos sandinistas- el respeto de los compromisos tomados por sus predecesores, en particular en materia de liberalización de los mercados”, (Bernard Duterme, Toujours sandiniste, le Nicaragua ? - CETRI, Centre Tricontinental, 2017, https://www.cetri.be/Toujours-sandiniste-le-Nicaragua-4475). Una vez en el poder a partir de 2007, el gobierno de Daniel Ortega no intentó en absoluto derogar este acuerdo de libre comercio con la superpotencia estadounidense. Esto constituyó un giro más en la orientación del FSLN pues, anteriormente, había acusado al gobierno del presidente Enrique Bolaños de someter Nicaragua a los intereses económicos de Washington. Otros tratados de libre comercio fueron aprobados con el apoyo del FSLN: un tratado con Taiwan (que entró en vigor en 2008), uno que concierne a América Central con México (2011) y otro entre América Central y la Unión Europea (2012).

Daniel Ortega ha ampliado la apertura de Nicaragua a los intereses de las empresas extranjeras

En el campo del agronegocio, de las industrias mineras, de la pesca, el gobierno de Daniel Ortega ha reforzado la explotación de los recursos naturales del país por el gran capital transnacional siguiendo la línea de sus predecesores (ver el artículo: http://www.cadtm.org/Nicaragua-La-evolucion-del-regimen-de-Daniel-Ortega-desde-2007). En el mes de agosto de 2018, adjudicó una nueva concesión a la empresa B2Gold cuya sede se encuentra en Canadá. A esta empresa, ya activa en Nicaragua (http://www.b2gold.com/projects/nicaragua/), se le adjudicó una nueva concesión sobre una superficie de 18.000 hectáreas que afectará a las condiciones de vida de una decena de comunidades [13].

Bajo la presidencia de Daniel Ortega, la privatización del sector energético y por tanto de los recursos naturales nicaragüenses, ha sido creciente, en beneficio de las multinacionales y en particular de aquellas en las que Ortega invierte.

El canal interoceánico

Este proyecto, de más de dos siglos de antigüedad, pero impulsado desde finales del siglo XIX, fue reactivado por el gobierno de Daniel Ortega. El 14 de junio de 2013, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó por 61 votos contra 28 una ley que adjudicaba una concesión por una duración renovable de cincuenta años al consorcio chino HKDN Nicaragua Canal Development.

El Gran Canal interoceánico de Nicaragua era sin duda la obra de infraestructura más gigantesca prevista estos últimos años en América Central.

En rojo, el trazado del proyecto del canal interoceánico

Este megaproyecto se conjugaba con proyectos más antiguos como el Plan Puebla Panamá, hoy rebautizado como Plan Mesoamérica, destinados a preparar la región para adaptarse mejor a los acuerdos de asociación económica con los Estados Unidos o con la Unión Europea [14]. Resulta que no menos de quince empresas -registradas en Pekín, Hong Kong, Países Bajos, Islas Caimán y Nicaragua- han sido asociadas al proyecto de la construcción del canal. Finalmente, el proyecto ha sido abandonado en 2017. Según la explicación oficial, el inversor privado chino que había obtenido la concesión por un siglo y que prometía invertir 50.000 millones de dólares en el proyecto ha quebrado. Una explicación complementaria o alternativa es plausible. Las autoridades chinas han utilizado la perspectiva de la construcción del canal interoceánico vía Nicaragua como un medio de chantaje sobre las autoridades de Panamá para obtener concesiones [15].

Lo han logrado: Panamá ha aceptado las condiciones de China que ha podido a partir de ahí retirar su apoyo (no oficial) a la empresa privada de Hong Kong HKDN Nicaragua Canal Development.

Aunque este megaproyecto haya sido abandonado como consecuencia de la salida de los chinos, hay ya proyectos conexos (en particular de monocultivos y turísticos y una formidable especulación sobre la tierra) que amenazan a los productores y las comunidades que viven en los aledaños del trazado del canal… El mal está hecho. La especulación sobre la tierra se ha desarrollado con fuerza y se han producido numerosos ataques contra los derechos y las condiciones de vida de los habitantes concernidos que son en gran medida pueblos originarios que viven de la tierra y el agua.

Las reacciones previas al abandono del proyecto

El 11 de agosto de 2013, Mónica López Baltodano (hija de la excomandanta Mónica Baltodano y de Julio López Campos), abogada, anuncio que iba a introducir un recurso por inconstitucionalidad contra la concesión del Canal Interoceánico por Nicaragua. Lo hizo en relación directa con los movimientos que protestaban contra el megaproyecto. Declaró:

«Estimados ciudadanos y ciudadanas de Nicaragua:

Me llamo Mónica López Baltodano, tengo 29 años, soy Abogada y Notario, Máster en Estudios Políticos y Experta en Cambio Climático. He estudiado detalladamente cada uno de los instrumentos jurídicos conocidos sobre la concesión del Canal Interoceánico por Nicaragua, y en base a ello, el día lunes 12 de agosto (11 am), estaré presentando en mi calidad de ciudadana, un Recurso por Inconstitucionalidad en contra del Presidente de la República, Daniel Ortega Saavedra, y la Asamblea Nacional por la aprobación de la Ley 840 y el Acuerdo Marco de Concesión del Canal. Este recurso no sólo se refiere a la Ley 840 (y sus 25 artículos), sino que examina detalladamente las cláusulas que integran las 120 páginas de las disposiciones del Acuerdo Marco de Concesión y documentos conexos. Es un recurso completo en su análisis jurídico. Consta de 103 páginas en que expongo pormenorizadamente violaciones a más de 40 artículos de la Constitución, y de manera especial, analizo las ilegalidades relativas a la administración de los recursos naturales, que son patrimonio de la Nación, y la gestión ambiental ».

López Baltodano resumía algunas de las razones del recurso : «

1. La concesión del Canal debe analizarse a la luz de las cláusulas del Acuerdo Marco. En el recurso exponemos que esas cláusulas no son Ley de la República, aunque la Ley 840 menciona 56 veces sus disposiciones. Ese Acuerdo fue suscrito con posterioridad por funcionarios públicos carentes de potestad legislativa, por tanto deben ser desconocidas por los ciudadanos y todos los funcionarios públicos de Nicaragua.

2. El Acuerdo Marco obliga a que en el lapso de 18 meses se realice una reforma constitucional para legalizar las disposiciones del mismo, pretendiendo adecuar nuestra Carta Magna a los intereses corporativos del gran capital.

3. Se pretende que todos los documentos en inglés o desconocidos públicamente (tales como la Escritura de Cooperación, el Acuerdo de Accionistas o los Estatutos de HKND) son parte de la concesión del canal. Los impugno claramente porque son inconstitucionales.

4. Según la Constitución, la legislación y la jurisprudencia, esta ley debe ser declarada inconstitucional por haberse aprobado sin la necesaria consulta a gremios, asociaciones, colectivos u organizaciones populares. Solamente fueron consultadas 10 personas del gremio empresarial (AMCHAM y COSEP). Discriminatoriamente, ninguna mujer fue consultada » [16].

El economista Adolfo Acevedo Vogl afirmaba en la prensa en 2014 : «Uno podría preguntarse la razón por la cual, en el acuerdo de concesión con HKND, se especificó con tanto detalle tanto un mecanismo expedito de expropiación, sin derecho a recurso alguno, como el método de valoración de la tierra con propósitos de indemnización – según el valor catastral -, y qué ocurrirá con la gran extensión de superficie de tierra nicaragüense que pasará a manos del concesionario» [17].

En efecto, en el caso chino “las indemnizaciones entregadas no solo han sido minúsculas, totalmente insuficientes para que los desalojados pudiesen sostener un nivel de vida siquiera comparable que tenían antes, con la seguridad que les proporcionaba el hecho de disponer de la seguridad del rendimiento de sus parcelas para subsistir. La información disponible indica que, con frecuencia, solo una pequeña fracción de los fondos destinados a la indemnización han quedado en manos de los desalojados”.

“Los millones de hectáreas obtenidas de ese modo, luego han sido vendidas a desarrolladores de bienes raíces, a precios decenas y a veces cientos de veces superiores a los pagados como indemnización”, argumenta el economista.

Riesgos ambientales

En el periódico nicaragüense, El Confidencial, Salvador Montenegro escribía el 8 de julio 2016: « La empresa Environmental Resources Management (ERM), bajo contrato del concesionario chino HKND, elaboró el “Estudio de Impacto Ambiental y Social” (EIAS) del Canal por Nicaragua, publicado en Noviembre del año pasado».

Detalle del proyecto de dragado necesario para la construcción del canal

«En los documentos aún disponibles, se muestra el diseño que HKND ha concebido para la construcción de esta faraónica obra, que incluye la excavación de una zanja en el lecho del Gran Lago Cocibolca, dragando para ello desde la desembocadura del río Tule hasta el río Las Lajas (unos 105 km, casi la misma distancia que hay entre León y Tipitapa), cuya profundidad sería de unos 30 metros y con ancho variable de 300 a 500 metros, -tres a cinco cuadras leonesas-. El concesionario, declara con orgullo que “El proyecto incluiría la mayor operación de movimiento de tierra de la historia, ya que requeriría la excavación de aproximadamente 5,000 MMm3 de material” (pag. 104, Vol 1). Como parte de ello, asegura que excavará unos 750 millones de metros cúbicos (unos 18 millones de camiones mineros de 40 toneladas llenos de rocas, arena y lodo) del fondo del Cocibolca para posibilitar el tránsito de los barcos más grandes del mundo, aún mayores que los que ahora pueden transitar por el Canal de Panamá ampliado. Independientemente de las dificultades técnicas e impactos ambientales y sociales que esta iniciativa amparada bajo la Ley 840 causaría en los segmentos terrestres en Rivas y en el Caribe, y que motiva justificadas voces y el rechazo de los pobladores afectados, las consecuencias sobre el recurso natural de mayor importancia de Nicaragua, el Gran Lago Cocibolca, ameritan que se examine objetivamente las previsiones que HKND ha hecho sobre el eslabón que es aún más débil y vulnerable en la ingeniería del proyecto. Con estas líneas, me refiero solamente a la propuesta de HKND para la absurda disposición del material a ser dragado del fondo del Cocibolca, invitando el interés y atención pública sobre los graves riesgos ambientales, sociales y económicos, que esta previsión de mala ingeniería tendría sobre el interés nacional, causando daños irreversibles.» [18].

Las movilizaciones contra el proyecto de Canal

Un movimiento campesino anti-canal, organizado en el denominado Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía, surgió como una reacción del campesinado de las zonas por las cuales teóricamente pasaría el Canal, a la estipulación del contrato de concesión de que sus tierras serían expropiadas y se les entregaría una indemnización equivalente al valor catastral de las mismas. La reacción se agravó cuando aparecieron chinos en dichas zonas haciendo mediciones, lo que produjo reacciones airadas del campesinado. Los campesinos comenzaron a organizarse y a estudiar en detalle lo estipulado por la concesión contando con el apoyo de organizaciones como la de Mónica Baltodano (Popol Na) y otras, en términos de impresión de copias de la ley y asesoría. La hija de Mónica Baltodano, quien es abogada, acepto asesorar legalmente el Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía. La principal dirigente de este movimiento fue desde un inicio Doña Francisca Ramirez (Doña Chica)

Francisca Ramírez (Doña Chica), dirigente del Movimiento Anticanal

y ella misma ha organizado más de 100 marchas demandando la derogación de la ley que otorga esta concesión (Ley 440). El grado de organización y conciencia dentro de este movimiento fue creciendo, y se extendió, de la defensa de sus tierras, que para los campesinos es lo más sagrado que tienen, hasta la defensa del lago, el cual en muchos casos juega un papel vital para ellos, y la soberanía del país.

En estas marchas participaron decenas de miles de campesinos, y cada vez que intentaron llegar a Managua, fueron reprimidos, no solo por la policía, sino incluso por el ejército. En los propios territorios sufrieron hostigamiento, persecución y represión, pero esto solo sirvió para cohesionar y fortalecer la disposición del movimiento. Este había sido, hasta abril 2018, el movimiento social más grande, el más organizado y cohesionado, y el que había experimentado la mayor represión.

El movimiento se dio a sí mismo unos estatutos, en los que se estableció la no-reelección de quien ejercía la coordinación del Consejo, y aunque el liderazgo de doña Chica se mantuvo, por el papel que desempeñó, fue elegido para el cargo Medardo Mairena, otra figura influyente.

Medarno Mairena, dirigente del Movimiento Anticanal

La convergencia entre el movimiento popular contra la construcción del Canal y las movilizaciones de abril de 2018

Cuando estallaron las protestas en las ciudades, a raíz de la indignación y el repudio que generaron los primeros estudiantes asesinados en abril 2018, el movimiento campesino se solidarizó, y delegaciones suyas se incorporaron a las primeras marchas nacionales.

Cuando el gobierno solicitó reanudar el diálogo con la empresa privada, y la mediación de la Conferencia Episcopal, el reclamo nacional fue que los empresarios no representaban a los que protestaban, y que, en todo caso, debían incorporarse representantes de todos los sectores, la Conferencia Episcopal seleccionó a representantes de distintos sectores, incluidos los estudiantes. Pero hubo presión nacional porque se incorporara también a Doña Chica, por el movimiento campesino. Pero dado que Medardo era el coordinador del Consejo, fue el designado a participar en el diálogo.

Cuando el régimen intensificó la represión de mayo a junio de 2018, las poblaciones de Masaya y otras ciudades comenzaron a levantar barricadas como forma de protestas, el movimiento campesino - dirigido por Medardo que participaba en el diálogo y doña Chica que se integró a la Articulación de Movimientos Sociales - decidió hacer tranques en las principales vías de acceso de los territorios bajo su influencia. Otras poblaciones y ciudades siguieron su ejemplo. El movimiento campesino se convirtió así en un baluarte de esta lucha. Medardo y Doña Chica se convirtieron en símbolos.

Medardo Mairena, arrestado y acusado de terrorista

Conclusión

Desde el comienzo de 2007, la política del gobierno de Daniel Ortega ha favorecido los intereses del gran capital nacional e internacional. Ha gozado del apoyo del FMI, del Banco Mundial y de otras instituciones financieras internacionales dominadas por los intereses de las grandes potencias imperialistas. Las políticas de asistencia social no modificaban en nada la naturaleza del sistema capitalista, sino que en realidad acompañaban la profundización de la agenda neoliberal a la vez que desarrollaba relaciones clientelistas entre la “gente pobre” y el partido en el poder.

Tras 11 años de aparente éxito y estabilidad, este modelo ha entrado en crisis abierta pues la gente de abajo se ha puesto a protestar contra las nuevas medidas antisociales contra los derechos de las personas jubiladas. La protesta iniciada por las y los estudiantes a mediados de abril de 2018 como eco a las protestas de las personas jubiladas se ha extendido a otros sectores, en particular al movimiento de oposición a la construcción del canal interoceánico. La represión extremadamente violenta lanzada por el gobierno de Daniel Ortega ha provocado la reacción de enormes capas de la sociedad y la patronal ha acabado por tomar distancias en relación al régimen.

Quienes en la izquierda defienden el mantenimiento de Daniel Ortega se niegan a hacer un análisis de clase de la política seguida de forma sistemática por su gobierno. Esta izquierda se niega igualmente a denunciar las múltiples violaciones de los derechos humanos perpetradas por el régimen brutal de Daniel Ortega. Es fundamental denunciar la represión que se abate sobre los movimientos sociales. Por supuesto, hay que oponerse a toda injerencia de los Estados Unidos o de otras potencias extranjeras en los asuntos internos de Nicaragua.

Congreso Nacional Indígena - San Cristóbal de las Casas, Chiapas (14/10/2018), con Francisca Ramírez en la esquina izquierda de la foto «Marichuy» María de Jesús Patricio Martínez (dirigente del Congreso Nacional Indígena – CNI –, pre-candidata presidencial de México en 2018 y apoya por los zapatistas del EZLN) y Francisca Ramírez (delegada por los movimientos sociales nicaragüenses) en octubre de 2018 en Chiapas

Epílogo

Sin comentarios…

El Presidente-Comandante Daniel, y la compañera Rosario saludan el reciente Triunfo Electoral del Señor Jair Bolsonaro, Presidente Electo de Brasil [19].

A continuación mensaje íntegro:

Managua, 29 de Octubre, 2018

Señor

Jair Bolsonaro

Presidente Electo de Brasil

Sus Manos

Señor Presidente Electo :

Saludamos de manera muy especial la ejemplar Jornada Electoral que el día de ayer desarrollara el Pueblo Brasileño, afianzando la Vocación de Paz que ha caracterizado a ese Fraternal País.

Saludamos también su Elección como Presidente de Brasil, confiando en Dios y pidiéndole de todo Corazón lo mejor para ese Querido Pueblo.

La Región y el Mundo atravesamos Tiempos de grandes desafíos. Como Herman@s en la Patria Grande nos reconocemos capaces de asumir esos Retos, y de trabajar para promover Encuentro y Convivencia, que afiancen los Sueños de Seguridad y Bienestar de nuestros Pueblos.

Desde Nicaragua, Bendita y Siempre Libre, nuestros mejores deseos para ese Brasil inmenso, cercano, y admirable.

(FIRMAS)

Daniel Ortega Saavedra Rosario Murillo

Consultar las otras partes:
1- ¿De dónde viene el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo?
2- Nicaragua: La evolución del régimen de Daniel Ortega desde 2007
3- Nicaragua: Continuación de las reflexiones sobre la experiencia sandinista entre los años 1980-1990, con el fin de comprender el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo
4- Breve historia de las relaciones del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de Estados Unidos con Nicaragua
5- Nicaragua: de 2007 a 2018, Daniel Ortega ha gozado del apoyo del FMI prosiguiendo una política a favor del gran capital nacional e internacional

Traducción: Alberto Nadal