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Éste manifiesto es una prueba contundente, una constancia histórica de que estamos cumpliendo pues planteamos a la sociedad regional de la Sierra de La Macarena, a las instituciones del Estado colombiano y a la comunidad internacional un pacto por la Justicia Ambiental para la Sierra de La Macarena. Nuestra propuesta da cuenta que, como plataforma de justicia, la Garantía de la Vida Digna de las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas, no riñe con la vocación ambiental para la protección de la vida del Bosque Amazónico.
La perspectiva ecológica de nuestro manifiesto, la unión entre justicia social y protección ambiental, necesita no solo que cada familia campesina, indígena y afrocolombiana reconozca que la vida del bosque tiene derechos, sino también requiere que el Estado colombiano nos trate y reconozca como sujetos políticos y sujetos de derechos, no como delincuentes. Este manifiesto lo diseñamos desde la convicción clara que la situación en la que nos encontramos, donde el fin de la guerra dio el paso a la aparición de nuevas violencias, nos hace concebir que en el nuevo orden de cosas en el que nos encontramos nos obliga a asumir con seriedad los conflictos socio ambientales que atraviesan la región.
DIGNIDAD PARA LA MADRE TIERRA Y LAS COMUNIDADES DE TINIGUA, LOS PICACHOS Y CHIRIBIQUETE
2 Noviembre, 2018
Acin
Asociación de cabildos indígenas del norte del Cauca
El 26 de octubre, en el Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos, un área protegida estratégica entre Picachosy Caquetá que mide 447.740 hectáreas, se realizó un violento operativo contra comunidades afros, campesinas e indígenas (entre las que se encuentran comunidades del pueblo nasa) que habitan al territorio, capturando a cinco personas investigadas como presuntas responsables de la invasión, deforestación y ganadería extensiva al interior del parque.
En este operativo se movilizaron cerca de mil funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana, la Sociedad de Activos Especiales (SAE), y la Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia, en cumplimiento de la sentencia 4360 de 5 de abril de 2018, sobre la cual se ha venido desarrollando una Estrategia investigativa contra la deforestación en la cuenca amazónica. Cuestionamos profundamente este tipo de medidas punitivas, por no estar concertadas con las comunidades locales y ser emitidas arbitrariamente por poderes ajenos al territorio, sus sentires y sus necesidades.
El parque los Picachos hace parte del Área de Manejo Especial La Macarena (AMEM) que incluye cuatro Parques Nacionales Naturales: Sumapaz, Cordillera de los Picachos, Sierra de La Macarena y Tinigua, sitios igualmente relacionados con el emblemático chiribiquete, hogar de antiguas figuras rupestres y espacio de reunión ancestral de los pueblos originarios de todo el continente, según estudios antropológicos reconocidos.
Marchas multitudinarias en San Vicente del Caguán han mostrado su indignación frente al gobierno nacional por presentar mediante estos operativos un desprecio total por la paz, así como hacia la vida y la humanidad de quienes han habitado estas zonas durante más de 20 años. Nos sumamos a su grito de indignación frente a una sentencia constitucional impuesta sin respeto alguno por el derecho a la consulta previa ni el libre consentimiento, que nunca fue concertarla con los directamente implicados.
Las entidades estatales muestran una política contradictoria y sospechosa, que pareciera malintencionada frente al cuidado y conservación del medio ambiente, cuando se expiden a mansalva licencias de explotación minera y agroindustrial presentadas por el gran capital nacional e internacional, dándoles todas las garantías legales y tributarias, pero atacan sin tregua las formas de actividad económica de las gentes humildes.
Rechazamos las declaraciones irresponsables de los medios de comunicación tradicionales como Caracol TV quienes afirman que los operativos “continuaran hasta capturar cerca de 3.000 personas que estarían deforestando” impartiendo una información sesgada sobre los impactos ambientales de las comunidades, al mismo tiempo que callan sobre las consecuencias ecológicas de las multinacionales.
Rechazamos las políticas que se contradicen entre sí, donde además se impone una versión purista de la conservación, una conservación sin personas, y que sospechamos solo encubren los
verdaderos intereses del gran capital por incentivar el despojo, la violencia y apoderarse de los territorios.
Apoyamos y ratificamos el Manifiesto Ecológico por una justicia ambiental para la tierra de la macarena, vida digna, campesina, indígena y afrocolombiana, para la conservación del bosque y construcción de paz, construido desde las comunidades y firmado por la Cxhab Wala Kiwe el 19 de octubre de 2018. El cual contiene exigencias, propuestas y compromisos concretos en muestra de la voluntad de paz y la consciencia ambiental de las comunidades ultrajadas por el mal gobierno nacional, buscando construir una salida dialogada que supere la violencia con que irrumpieron los escuadrones de la muerte del ESMAD.
Ratificamos las exigencias planteadas en el manifiesto, reconociendo la dignidad de quienes habitan la región que entre algunas medidas comprenden el detener inmediatamente las medidas policivas contra el pequeño y mediano propietario, la explicación de porqué la corte suprema de justicia no vinculo a las comunidades en su sentencia, el respeto al derecho a la consulta previa y al consentimiento previo, libre e informado, la necesidad de concertar con las comunidades otras formas de regulación alternativas a las medidas punitivas y la constitución de una mesa multicultural y pluriétnica, por un modelo de producción regional con asistencia técnica efectiva.
Responsabilizamos al gobierno nacional por todo lo que pueda suceder en materia de derechos humanos e Invitamos a los organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas – ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH a las embajadas, gobiernos y organizaciones de la comunidad internacional que visibilicen, denuncien y acompañen los procesos territoriales del pueblo colombiano, por la defensa de la vida, la armonía y la paz en el territorio.
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MANIFIESTO ECOLÓGICO POR UNA JUSTICIA AMBIENTAL PARA LA SIERRA DE LA MACARENA.
Foto: Cormacarena
En el marco del 2do Foro Ambiental y Agrario que se realizó en el municipio de La Macarena, organizado por Asojuntas y otras organizaciones comunitarias del municipio, distintas organizaciones campesinas, idígenas y afrocolombianas de la Serranía propuesieron el “MANIFIESTO ECOLÓGICO POR UNA JUSTICIA AMBIENTAL PARA LA SIERRA DE LA MACARENA” por una vida digna, la conservación de la selva y la construcción de paz que reproducimos a continuación:
La Macarena, 19 de octubre de 2018
MANIFIESTO ECOLÓGICO POR UNA JUSTICIA AMBIENTAL PARA LA SIERRA DE LA MACARENA
Las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas de La Macarena teníamos claro que, si bien en La Habana se firmaban los acuerdos entre el Estado y las FARC, a los colombianos es a quienes nos corresponde la construcción de la paz. Al respecto, acorde a los puntos 1 y 5 del Acuerdo de Paz sobre la necesidad de una reforma rural integral y la importancia de priorizar en los planes y programas de atención a los municipios históricamente golpeados por el conflicto armado. Desde esa perspectiva, percibimos la sentencia de la Corte Suprema de Justicia como una oportunidad de pensar y actuar de manera coherente y acertada el territorio en concertación entre el estado y las comunidades.
Éste manifiesto es una prueba contundente, una constancia histórica de que estamos cumpliendo pues planteamos a la sociedad regional de la Sierra de La Macarena, a las instituciones del Estado colombiano y a la comunidad internacional un pacto por la Justicia Ambiental para la Sierra de La Macarena. Nuestra propuesta da cuenta que, como plataforma de justicia, la Garantía de la Vida Digna de las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas, no riñe con la vocación ambiental para la protección de la vida del Bosque Amazónico.
La perspectiva ecológica de nuestro manifiesto, la unión entre justicia social y protección ambiental, necesita no solo que cada familia campesina, indígena y afrocolombiana reconozca que la vida del bosque tiene derechos, sino también requiere que el Estado colombiano nos trate y reconozca como sujetos políticos y sujetos de derechos, no como delincuentes. Este manifiesto lo diseñamos desde la convicción clara que la situación en la que nos encontramos, donde el fin de la guerra dio el paso a la aparición de nuevas violencias, nos hace concebir que en el nuevo orden de cosas en el que nos encontramos nos obliga a asumir con seriedad los conflictos socio ambientales que atraviesan la región.
Más aun, el Estado colombiano desde los años cincuenta ha estigmatizado al colono como agente depredador de los recursos naturales, proclive a la delincuencia y la ignorancia; para luego sumarle la imagen de bandolero (1950), narcotraficante (1980-2000) narcoterrorista (2000-2010) y en la actualidad “colono ilegal”, “testaferro de las FARC” o “miliciano”. Lo anterior evidencia una constante histórica de discriminación y estigmatización contra aquellos campesinos, indígenas y afrocolombianos que han sido desplazados, asesinados y sus derechos vulnerados en las diferentes violencias que han azotado al país. Una reciente forma de revictimización lo ha sido, “La Estrategia Investigativa Contra La Deforestación En La Cuenca Amazónica” elaborado por la Fiscalía General de la Nación y la política pública en materia de tierras y ambiente para esta región, en respuesta a la sentencia 4360/2018.
En este sentido, las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas rechazamos las políticas que se contradicen entre sí; por un lado, persecución a los campesinos, indígenas y afrocolombianos que rozan para el desarrollo de su economía de pan coger, y por otro lado permiten la explotación de los recursos minero energéticos por parte de las multinacionales.
Tomando en cuenta lo anterior, si la construcción de paz implica entendernos entre nosotros, y entre nosotros y la naturaleza, hemos de llegar a acuerdos urgentes y concretos. Es por eso que planteamos a las autoridades del Estado, a las fuerzas regionales, que tratemos de forma concertada la regulación de la vida campesina en áreas protegidas, que definamos las responsabilidades para el control a la ganadería extensiva y la protección efectiva del bosque, que discutamos las posibilidades para el desarrollo de una economía campesina sostenible. Todo esto bajo un marco de Justicia Ambiental que, como hemos dicho antes, sea capaz de reconocer los derechos de las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas, así como los derechos del bosque; una Justicia capaz de concebir la reparación a la que tienen derecho los pobladores del territorio, víctimas de una guerra que no fue nuestra, y el bosque, víctima de las acciones humanas que lo están afectando. Una Justicia que signifique la posibilidad del reconocimiento concertado entre Estado, comunidades y naturaleza. En suma, una Justicia Ambiental que represente la posibilidad de construcción de paz y la prevención de futuros conflictos y violencias.
Uno de los problemas más recientes y complejos lo ha sido la tala de bosque a manos de terratenientes externos de la región, tanto así que en varios medios de comunicación se viene señalando que la práctica histórico-cultural de roce para el cultivo de pan coger está relacionado con estructuras armadas ilegales. Si bien las mismas comunidades a lo largo de su historia acordaron pactos ambientales de conservación en un ejercicio de autorregulación comunitaria, también es cierto, que en una escala más pequeña se ha intervenido el ecosistema para el autoconsumo. Dichas talas y quemas masivas llamaron la atención de la comunidad internacional, de las autoridades ambientales, de la sociedad civil colombiana y hace poco de la Corte Suprema de Justicia. La Corte ordenó al Estado tomar todas las acciones posibles para cesar todas las talas, recuperar el bosque y concertar con las comunidades pactos ambientales para dar solución al problema. Sin embargo, el Estado ha hecho caso omiso de las alertas que las mismas comunidades han elevado a las autoridades ambientales. Así, aunque esa concertación no se ha dado, pues no existió un espacio para la participación directa de las comunidades de La Amazonia colombiana, nuestro manifiesto por la Justicia Ambiental puede ser entendido como nuestro aporte a ese pacto, entendiéndose como una instancia formal, en la que el Estado y las comunidades articulan esfuerzos institucionales y de participación en forma de un plan de acción concertado. Toda vez que las próximas generaciones tengan acceso al goce efectivo de sus derechos.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas, las organizaciones sociales, y las Juntas de Acción Comunal de la región elevamos las siguientes exigencias, hacemos las siguientes propuestas y planteamos lo siguiente:
EXIGENCIAS.
En el marco constitucional y legal que nos ampara:
1. Exigimos del Estado colombiano, en cabeza del gobierno nacional, el pleno reconocimiento ciudadano de todos y cada uno de quienes habitamos la región. Esto quiere decir que merecemos ser reconocidos como sujetos de derechos.
2. Así mismo, exigimos del Estado colombiano, en cabeza del gobierno nacional, el reconocimiento del patrimonio colectivo que la organización campesina representa para la tradición de la región. Esto se traduce en que las organizaciones campesinas, indígenas y afrocolombianas son entes legítimos para dialogar, y la movilización y protesta social son expresiones que materializan la exigibilidad de derechos.
3. Exigimos del Estado colombiano, en cabeza del gobierno nacional, la implementación pronta y efectiva de los acuerdos de La Habana. El principal enemigo de la paz es la negligencia e incompetencia que hasta la fecha han demostrado las instituciones encargadas de ello.
4. Exigimos la concertación con las organizaciones campesinas, indígenas y afrocolombianas para la titulación de las tierras y el reconocimiento de derechos territoriales de estas comunidades, en aplicación de la Ley 160 de 1994 y el punto 1 del Acuerdo de Paz reforma Rural Integral. Además, de la regulación en el marco de la ley de la vida en áreas protegidas y la adecuación de políticas concertadas de compra, de mejoras y restablecimiento de las familias que deseen su reubicación por fuera de tales áreas.
5. Exigimos el restablecimiento inmediato de la Mesa Nacional de Concertación de la Unidad de Parques y comunidades habitantes de parques.
6. Exigimos del Estado, en cabeza del gobierno nacional, el despliegue de una comisión interinstitucional dirigida por el Ministerio de Agricultura, Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio del Interior, la Gobernación del Meta y la Alcaldía de La Macarena, en conjunto con la participación de las autoridades ambientales de la región.
7. Exigimos la construcción del pacto intergeneracional por la vida del Amazonas colombiano de manera conjunta, en un espacio donde se involucren las diferentes instituciones del Estado, y diferentes representantes de la comunidad en los cuales deben encontrarse miembros de las organizaciones campesinas, indígenas, afrocolombianas, y las asociaciones de mujeres y jóvenes del territorio.
8. Exigimos la participación de las comunidades en la construcción y ejecución del Plan de Acción para la reducción de los impactos ambientales causados por la deforestación.
9. Detener las medidas policivas que viene adelantando la Fiscalía General de la Nación contra el pequeño y mediano propietario que práctica el roce como forma tradicional de cultivo en el marco de una economía campesina de pan coger.
10. Exigimos claridad acerca del por qué la Corte Suprema de Justicia no vinculó a las comunidades que son directamente afectadas en la construcción de la sentencia, respetando de esta manera los derechos que también nos asisten como sujetos.
11. Exigimos claridades entorno a la vigencia y validez de los títulos de tierras actuales.
12. Exigimos que se dé cumplimiento al principio de colaboración armónica, entre los distintos proyectos e instituciones presentes en el territorio para generar acciones efectivas y de mayor impacto.
13. Exigimos que se respete el derecho a la consulta previa, y al consentimiento previo libre e informado.
14. Exigimos dar trámite a la consulta popular sobre las políticas minero-energéticas que se pretenden implementar en el territorio.
PROPUESTAS
De plazo corto
1. Reconvertir y transferir nuevas ganaderias mediante sistemas semiestabulados y silvopastoriles, capaces de recoger las experiencias y lecciones pasadas, acompañadas de apuestas por la producción semiestabulada.
2. Superación del modelo de “proyectos productivos” que dejan a las familias campesinas, indígenas y afrocolombianas a merced de las fuerzas del mercado por un modelo de producción regional sustentada en una asistencia técnica efectiva.
3. Control concertado por las comunidades sobre los senderos verdes y ecológicos del parque Tinigua, parque Chiribiquete, parque Los Picachos y Distrito de Manejo Integrado de preservación sur y la Serranía de La Macarena.
4. Constituir una mesa multicultural y pluriétnica con el propósito de establecer una ruta de trabajo que propenda por la dignidad indígena, afro y campesina de la Macarena, a partir de caracterizaciones comunitarias y participativas, y que garanticen el diálogo intergeneracional en la construcción social del territorio.
5. Realización de pactos ambientales en cada subregión de La Macarena en donde se materialice, en el terreno, los puntos de este acuerdo. Los pactos se realizan entre cada comunidad, ASOJUNTAS, un representante de la autoridad ambiental, del gobierno regional, nacional y de la alcaldía local. El pacto tiene que tener una formulación como escenario formal.
6. Reforzar la construcción de Zonas De Reserva Campesina
7. Realización de una caracterización territorial desde las organizaciones sociales de base de la región que permita la construcción de un plan de vida adecuado a las necesidades de las comunidades.
8. Destinación de un presupuesto desde las instituciones para la construcción y ejecución del Plan de Acción que contemple.
9. Concertar con las comunidades otras formas de regulación alternativas a las medidas punitivas que no pongan en riesgo el tejido social y los derechos humanos.
De medio plazo
1. Adecuación de un centro estatal de acopio, para la comercialización de productos regionales bajo un modelo de protección a la economía campesina. Para La Macarena es claro que así como la coca reapareció en el municipio cuando el IDEMA fue cerrado, la única posibilidad para evitar la praderizacion de la selva y la resiembra de la coca es que exista una política de protección a la economía campesina, indígena y afrocolombiana, tendiente a replicar otras experiencias exitosas que propenden por el cuidado del medio ambiente.
2. Realización de estudios de carácter regional que den cuenta de las condiciones productivas del medio amazónico, los alcances de la economía regional y las posibilidades para el comercio de determinados productos en el mercado nacional e internacional.
3. Acompañamiento y establecimiento de modelos de turismo comunitario que acojan de manera directa a comunidades rurales.
4. El gobierno nacional, en articulación con el gobierno municipal, priorice a la Macarena como municipio especial en el tema de salud, toda vez que el municipio al carecer de vías de comunicación el acceso a los servicios de atención médica se hacen de forma dificultosa; sumado a que pertenecemos a la ESE departamental y la atención a la población no sea la adecuada o la más pronta.
Propuestas a largo plazo
1. Diseño y adecuación de una vía férrea que conecte San Vicente del Caguán, La Macarena y Vista Hermosa. De menor impacto que una carretera, un tren amazónico permitiría una comunicación efectiva y rápida de la región con el centro del país. Así como existen carreteras que atraviesan parques naturales (Puracé, Parque de los Nevados) una vía férrea puede tener reconocimiento legal y estrategias ecológicas para su sostenimiento.
COMPROMISOS
1. En atención a nuestras propuestas, las comunidades de La Macarena se comprometen de manera proactiva a reconocer la presencia de funcionarios y sus programas para adecuar la producción local. Ello evidencia la intención de las comunidades de entablar un diálogo respetuoso con las instituciones del Estado que propenda por el ejercicio de la ciudadanía activa y que aporte al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la región.
2. Por lo tanto, así las comunidades de La Macarena manifiestan su disposición a escuchar y aprender, a dar la posibilidad para el cambio de tradiciones productivas (como es la quema, la ganadería extensiva) por apuestas intensivas y agroecológicas.
3. Tomar como punto de partida las prácticas comunitarias de autorregulación, las cuales permiten la protección ambiental y social del territorio, y la construcción de tejido social. De esta manera, las comunidades asentadas en el territorio hemos construido formas de entendimiento centradas en acciones pedagógicas y de fortalecimiento del ejercicio ciudadano. En ese sentido, desde las expresiones de organización comunitaria se pueden adelantar acciones educativas orientadas a la apropiación de nuevas prácticas de economía campesina en armonía con el ambiente.
4. Proponemos la creación y restructuración de los comités de derechos humanos dentro de la estructura de la Junta de Acción Comunal y otras formas organizativas de la región como mecanismo autónomo de promoción, protección y defensa de los derechos humanos de las comunidades rurales.
La Macarena es un municipio constructor de paz con justicia social comprometido con la preservación del pulmón del mundo, somos su punto de partida; es nuestro hogar. Asumimos la defensa de nuestro territorio como la principal bandera de nuestros planes de vida. Somos cuna de innumerables alternativas en la superación de los conflictos que históricamente han afectado nuestro país, en ese sentido La Macarena es territorio de paz, conservación y autonomía. Esta es nuestra apuesta para construir futuro.
LAS ORGANIZACIONES FIRMANTES:
Asociación de Juntas de Acción Comunal de La Macarena - ASOJUNTAS
ACIN – Cxabwalakiwe
Cabildo Indigena Nasa Cxacxa
Cabildo Indigena Ukue Satluch
Cabildo Nasa Kiwe
Cabildo Embera Chammi
Cabildo Tinigua
Cabildo Indigena Guananos
Corporación De Trabajadores Campesinos Agropecuarios Y Ambientales De Los Llanos Del Yarí - CORPOAYARÍ
Asociación De Pequeños y Medianos Productores De la Cristalina del Lozada - ASOPEPROC
Asociación Campesina Ambiental del Losada Guayabero - ASCAL-G
Asociación Ambiental De Mujeres Trabajadoras Por El Desarrollo Del Yarí - AAMPY
Asociación de Mujeres Trabajadoras Campesinas de la Cristalina del Lozada por la Defensa de sus Derechos - ASMUCAD
Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina - ANZORC
Fundación por la defensa de los Derechos del Oriente Colombiano - DHOC
CORPOAMEN
CORPOECOAMEN
Asociación de pequeños y medianos productores agropecuarios del sector de Guejar Vista Hermosa - ASOPROGUEJAR
ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA MACARENA
ASOCIACION DE GUIAS ECOLOGICOS DE ANGOSTURAS UNO