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TRANSICIÓN Y MEMORIA HISTÓRICA: De aquellos polvos, estos lodos.

http://www.rebelion.org/docs/248566.pdf

Con carácter general se puede afirmar que lo que hoy se conoce como “memoria histórica”
no fue un término utilizado durante la Transición, pues su asentamiento y utilización general
no se dio hasta recién entrado el actual s. XXI. Al margen de las investigaciones de carácter
histórico que por aquellos años comenzaban a realizarse en algunos espacios académicos
y sociales, en los ámbitos políticos los conceptos entonces usados relacionados con el
contenido de lo que hoy llamamos memoria histórica (exigencia de Verdad, Justicia y
Reparación), estaban básicamente ligados a los de reclamar “responsabilidades por los
crímenes franquistas”.
Todo ello iba inserto, con mayores o menores niveles de contundencia y radicalidad, dentro
de la reivindicación general de “ruptura democrática”, común en gran medida al conjunto de
la oposición antifranquista y, en particular, a aquellos partidos, sindicatos y grupos que más
habían padecido la represión ligada al golpe de estado militar del 36 y a sus cuarenta años
posteriores de dictadura.
En cualquier caso, ya en aquellos años, el interés por comenzar a investigar las
“responsabilidades por los crímenes franquistas”, empezó a tropezar con importantes
dificultades. Muestra de esto fue lo señalado en la introducción del libro “Navarra 1936, de
la esperanza al terror”, publicado en 1986, pionero en su género a nivel estatal. En éste se
detallaba pueblo a pueblo y nombre a nombre las entonces casi 3.000 personas fusiladas y
desaparecidas en Nafarroa (hoy ya se sabe de unos 3.500), territorio en el que sin haber frente
de guerra alguno el 1% de su población fue asesinado tras el golpe militar. La introducción en
cuestión afirmaba:
“Nuestra crítica, sin embargo, no se limita a los historiadores franquistas. Estamos
asistiendo actualmente a la aparición de numerosas publicaciones “objetivas”,
“científicas”, de historiadores modernos, incrustados en la llamada transición
democrática que, siguiendo los dictados generales de la política de “reconciliación”
(término político que nada tiene que ver con la historia), nos están “redescubriendo” lo
acontecido durante la República y la guerra, con una interpretación “nueva” de la que
resulta la sensación de un empate de culpabilidades entre las “dos Españas que no se
entendieron en una triste etapa, por suerte ya superada por la democracia…”.
Quienes redactaron lo anterior no hablaban por hablar. Tal como acaba de publicar el
periódico navarro “Diario de Noticias”, de 9 de septiembre de 2018, justo a finales de
los años setenta, cuanto en Nafarroa se estaba poniendo en marcha en varias docenas de
pueblos (Marcilla, Sartaguda, Falces, Andosilla, Larraga, Aibar….) un importante proceso
de exhumaciones y homenajes a los miles de personas fusiladas y desaparecidas, el Comité
Provincial de la Federación Socialista de Navarra aprobó un documento, el 4 de febrero de
1978, en el que se señalaba a sus agrupaciones la conveniencia de mantenerse al margen de
estas exhumaciones y homenajes para evitar ser tildados de revanchistas.
Pues bien, en buena medida, de esto va el presente trabajo. De la tremenda losa que para la
eclosión de lo que hoy es el movimiento memorialista supuso este olvido impuesto durante
décadas respecto a la verdad sobre lo sucedido. Losa colocada, no solo por los importantes
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y poderosos herederos de aquel franquismo, sino también por quienes, tras negociarlo y
consensuarlo con éstos, construyeron el régimen que hoy conocemos. Losa que aún perdura y
que muchos no tienen mayor interés en levantar.
Es sólo a comienzos del presente siglo cuando todos los esfuerzos dispersos realizados
a nivel local por toda la geografía estatal tomaron cuerpo y conformaron un poderoso
movimiento memorialista (exhumaciones, querella argentina y municipales, bebés robados,
trabajo esclavo, expresos/as de la dictadura, exiliados y exiliadas,…) que hoy está volviendo a
poner sobre la mesa aquellas exigencias saboteadas durante la Transición: Verdad, Justicia y
Reparación. Exigencias que aún hoy siguen tropezando con similares zancadillas puestas por
buena parte de los protagonistas oficiales de aquella.
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1. LA TRANSICIÓN ESPAÑOLA
Los Pactos
A partir de 1974, con la creación de la Junta Democrática, se va a dar una sucesión de acuerdos
entre buena parte de las fuerzas políticas democráticas, nacionalistas y de izquierda existentes
a nivel estatal. Estos marcos, si bien en un principio afirman constituirse como alternativa
rupturista frente al franquismo y sus intentos de reforma, poco a poco irán evolucionando
en contenidos y propuestas hasta convertirse en instrumentos, no de ruptura, sino de
consenso con el régimen y, en sus últimos momentos, como meros acompañantes críticos a
la dinámica e iniciativas marcadas por el gobierno de Suárez.
La evolución de todas estas plataformas conformó así un proceso similar al de un embudo en
el que por su parte más ancha entraron buena parte de las reivindicaciones afirmadas desde
la calle por el movimiento obrero, estudiantil vecinal, antirrepresivo, nacionalista, feminista… y,
por su parte más estrecha, tras aprobarse la Constitución, salió en gran medida la negación de
buena parte de las exigencias planteadas inicialmente.
Así, de la República afirmada y defendida se llegó a la aceptación de la Monarquía instaurada
por Franco; de la exigencia del derecho de autodeterminación y la apuesta por un proyecto
federal, a la España indivisible e indisoluble y la soberanía única española; de la apertura de
un proceso constituyente, a la acomodación a los ritmos y límites marcados por el Gobierno
de Suárez; de la depuración y supresión de tribunales especiales y organismos represivos
(Policía, Guardia Civil), a la aceptación plena de su continuidad; de la aconfesionalidad y el
laicismo al mantenimiento de los privilegios de la Iglesia Católica; del cambio de estructuras
socio-económicas, al mantenimiento íntegro de las mismas…. Junto a ello, hubo algunas
reivindicaciones como las feministas, que nunca hubo que aparcar, porque nunca se reflejó
nada sobre ellas en ninguno de estos Acuerdos o Plataformas. En resumen, una Transición
gatopardiana en la que, a cambio de unos estándares democráticos homologables a nivel
europeo (libertades democráticas formales), se seguían manteniendo pilares básicos esenciales
del anterior régimen.
Los principales escalones de este proceso fueron los siguientes:
a) La Junta Democrática.
Fue creada en julio de 1974, como coalición de fuerzas políticas, sindicales y sociales. Su
principal impulsor fue el PCE y, junto a éste, participaron también el Partido del Trabajo de
España (PTE), el Partido Carlista, el Partido Socialista Popular (PSP), la Alianza Socialista de
Andalucía, CC.OO., la asociación de juristas Justicia Democrática y algunos independientes:
Calvo Serer, Luis de Villalonga, José Vidal Beneito…
Entre los doce puntos de su Programa destacaban, a los efectos comentados, la ausencia de
exigencia de responsabilidades por los crímenes del franquismo y de ruptura real con el anterior
Régimen. Reflejo de lo anterior era su punto 2º en el que, en relación con el ejército franquista,
lejos de cualquier exigencia de depuración alguna, se reclamaba “la neutralidad política y la
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profesionalidad exclusivamente militar para la defensa exterior, de las Fuerzas Armadas”. Se
exigía en cualquier caso, “la amnistía absoluta de todas las responsabilidades por hechos de
naturaleza política y la liberación inmediata de todos los detenidos por razones políticas o
sindicales” (punto 2º).
b) La Plataforma de Convergencia Democrática.
Se crea poco más tarde que la Junta Democrática, en junio de 1975, a impulso principalmente
del PSOE. Participan también el Movimiento Comunista de España (MCE), Izquierda
Democrática, la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT), Reagrupament Socialista
i Democrátic de Catalunya, el Consejo Delegado Vasco (PNV, Comité Socialista de Euskadi,
Acción Vasca), Unió Democrática del País Valencia, Partido Galego Social Demócrata, UGT y
diversos independientes democristianos y socialdemócratas.
En este caso, dentro de su programa si que aparecen referencias expresas a la ruptura política
y a la desaparición de distintas instituciones franquistas. En concreto, en su punto 1º se
defiende el “… restablecimiento de la soberanía popular mediante la indispensable ruptura
con el régimen actual…” y en el 2º se reclama la “… inmediata liberación de presos políticos
y sindicales y el retorno de los exiliados”, así como la “supresión de los Tribunales especiales y
de todos aquellos organismos y medios de carácter represivo incompatibles con una sociedad
democrática”.
c) Coordinación Democrática (“Platajunta”)
En marzo de 1976 se unifican la Junta y Convergencia para constituir Coordinación
Democrática, más conocida como “Platajunta”. En su Manifiesto, si bien se sigue hablando
de la “realización de la ruptura o alternativa democrática”, para realizar ésta se llama “a los
sectores económicos, profesionales y culturales de la administración pública, así como a
las instituciones eclesiásticas militar y judicial, a la apertura de un diálogo en aras a los
superiores intereses patrios, que conduzcan a la alternativa pacífica aquí definida”. Es decir,
de la “ruptura democrática” para con el Régimen, se pasa ahora a reclamar una “ruptura
pactada” con el mismo. Mientras, se seguirá reclamando la amnistía, afirmándose la necesidad
de “liberación de los presos y detenidos políticos y sindicales sin exclusión, y una Amnistía que
restituya en todos los sus derechos a los privados de ellos por motivos políticos o sindicales”.
d) La Plataforma de Organismos Democráticos (POD).
Conformada en octubre de 1976 agrupa, además de a Coordinación Democrática
-“Platajunta”-, a distintas comisiones, coordinadoras y asambleas existentes a nivel estatal:
Taula de Forces Polítiques i Sindicales del País Valenciá, Assembleas de Mallorca, Menorca e
Ibiza, Assemblea de Catalunya, Coordinadora de Fuerzas Democráticas de Canarias y Taboa
Democrática de Galicia.
Su programa profundiza aún más en la vía de la “ruptura pactada” y habla así de la necesidad
de “formación inmediata de un Gobierno de amplio consenso democrático” mediante una
“negociación pública, unitaria y colectiva de la oposición con los poderes del Estado”. Por
eso, si bien se sigue hablando de la necesidad de impulsar una “movilización ciudadana
pacífica y responsable”, el objetivo de esta deberá ser “urgir la negociación” y nada más.
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En su seno, impulsado por el PSP, PCE, PSOE e ICE, se crea una Comisión de nueve miembros
(monárquicos, democristianos, nacionalistas de derechas, socialistas, socialdemócratas y
comunistas) de la que quedarán excluidos ya todos los partidos situados a la izquierda del
PCE: PTE, ORT, MCE… Desde entonces, todas las negociaciones con el Gobierno de UCD
serán llevadas únicamente por este grupo, quedando reducido a esto el funcionamiento del
organismo.
El Gobierno de Suárez impone su proceso de Reforma.
Mientras todo esto ocurría, en julio de 1976, Suárez sustituye a Arias Navarro accediendo
a la presidencia del Gobierno. La maquinaria de la Reforma se pone en marcha. El 18 de
noviembre de ese año las Cortes Franquistas aprueban la Ley de Reforma Política que será
sometida a referéndum el 15 de diciembre. El control de todo el aparato institucional (estatal,
provincial, municipal….) y de la inmensa mayor parte de los medios de comunicación (TVE,
prensa, radio,…), unido a la situación de ilegalidad de todos los partidos de la oposición
que propusieron la abstención a este fraude (no serían legalizados hasta 1977), garantizó al
Gobierno su triunfo en el Referéndum. Por supuesto, el control de los resultados fue hecho
también únicamente por quien lo había convocado y llamó a participar y a votar SI. En
resumen, en aquel Referéndum las cartas estuvieron marcadas, los jueces comprados y el
Gobierno fue siempre de mano.
Como resultado de la Ley de Reforma Política aprobada, se disuelve el Movimiento Nacional
y las Cortes y se convocan elecciones para junio de 1977. En la oposición desaparece ya
por completo el interés por conformar alternativas conjuntas a la Reforma y todo son
ya carreras y negociaciones individuales con el Gobierno para conseguir cuanto antes
la legalización y ganar las mejores posiciones cara a las elecciones anunciadas. Adiós,
pues, a la exigencia de ruptura, de conformar un gobierno provisional y de abrir un proceso
constituyente.
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2.- LAS OTRAS TRANSICIONES:
EL CASO DE EUSKAL HERRIA.
La historia oficial de la Transición que nos han contado es una historia palaciega ligada
en gran medida al trabajo de pasillo y reuniones realizadas por unos pocos y hábiles
protagonistas (Juan Carlos I, Adolfo Suárez, Felipe González, Santiago Carrillo,…), tejedores
en definitiva de aquella ejemplar obra. Se oculta así el protagonismo decisivo del movimiento
obrero, estudiantil, vecinal, nacionalista, feminista.., que fueron quienes, a pesar de la brutal
represión sufrida, lograron con sus movilizaciones y huelgas conquistar espacios cada vez
mayores de libertad y arrancar las libertades democráticas y sindicales negadas por el
franquismo.
Junto a esta falsificación histórica, existe otra no menos importante, pues la película que
nos han contado tiene también un guión centralista muy sesgado. Por ello, más que
hablar de una única Transición, debería hablarse de varias diferentes (Euskal Herria,
Catalunya, Galiza, Canarias, Andalucía…) que, si bien tenían objetivos comunes (derrocar
la Dictadura, conquistar las libertades, mejoras sociales,….), presentaban características
y personalidades propias: sujetos protagonistas, reivindicaciones culturales y nacionales,
alianzas y articulaciones sociales y políticas, formas de lucha y movilización,…
Por lo que hace referencia a Euskal Herria, la violenta política franquista de castellanización y
españolización forzosa vivida tras la guerra alcanzó connotaciones de genocidio cultural. Todo
ello marcó de forma importante a la oposición política y social antifranquista que fue tomando
cuerpo durante aquellas décadas. El propio surgimiento de ETA tuvo bastante que ver con lo
anterior, expresando entre otras cosas la respuesta de una juventud vasca que se negaba a
permanecer pasiva ante la desaparición de importantes señas de identidad de su pueblo.
La represión vivida en Euskal Herria también incidió de forma especial en el marco político
de los últimos diez años del franquismo. De los últimos cinco estados de excepción habidos
desde 1967 (el primero de ellos fue ese mismo año como respuesta a la huelga de Bandas
–Basauri- y la solidaridad que la misma logró), tres de ellos afectaron únicamente a territorios
vascos. En el último -1975-, aplicado a Bizkaia y Gipuzkoa, alrededor de 3.500 personas
fueron detenidas y siete personas fueron asesinadas por las fuerzas de orden público. A
destacar las criminales intervenciones policiales y parapoliciales de Gasteiz (marzo 1976, cinco
muertos), Montejurra (mayo 1976, dos muertos); II semana pro-Amnistía (mayo 1977, cinco
muertos); Sanfermines-1978 (dos muertos)…
Respuesta a todo lo anterior fue el importante movimiento antirrepresivo desarrollado
(manifestaciones, jornadas de lucha, huelgas generales locales, zonales y nacionales) y el
surgimiento en paralelo de organizaciones como las Gestoras pro-Amnistía, nacidas en 1976,
que pronto se extendieron por la mayor parte de las principales ciudades y pueblos de Euskal
Herria.
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En el ámbito laboral y sindical, grupos situados a la izquierda del PSOE y PCE (abertzales,
revolucionarios, autónomos) lograron tener una presencia mayoritaria en amplias zonas del
país e, incluso, provincias enteras. Ello dio como resultado un movimiento obrero al que
en modo alguno le eran ajenos los problemas de opresión nacional y represión que hemos
señalado y en el que las reivindicaciones económicas y políticas solían ir de la mano en gran
parte de sus huelgas. Reflejo de ello y de las fuertes luchas que se darán en las décadas
posteriores (desindustrialización, crísis económica..), es la actual mayoría sindical hoy existente
conformada por ELA, LAB, ESK, EILAS, EHNE e HIRU.., política y sindicalmente diferenciada
de la formada por CCOO y UGT, algo sin parangón en ningún otro lugar del Estado.
En el espacio más puramente político, tampoco la Transición circuló en Euskal Herria por los
mismos carriles que en el Estado. La influencia lograda por las distintas plataformas estatales
(Junta Democrática, Convergencia Democrática, Platajunta….) fue mínima. De todas formas,
si bien se intentó levantar alternativas conjuntas entre las fuerzas nacionalistas y de izquierdas
frente al fraude de la Reforma (Euskal Erakunde Herritarra, conversaciones de Xiberta,
alternativa KAS…), lo cierto es que nada de ello consiguió materializarse o, cuando menos,
lograr el suficiente sostén político (KAS) que permitiera materializar la ruptura democrática
pretendida.
En cualquier caso, frente a la absorción y vampirizacion de la lucha vivida a nivel estatal
por la estrategia del consenso (Pactos de la Moncloa, Ley de Amnistía, Constitución…), en
Euskal Herria las movilizaciones sindicales (desindustrialización..), ecologistas (Lemoiz…),
antirrepresivas (amnistía, torturas,…), feministas (juicios de Basauri), no quedaron atrapadas
en esas redes sino que prosiguieron durante los años 80. La fagocitación de los movimientos
sociales y el desencanto vivido a nivel estatal fue sensiblemente inferior en Euskal Herria
durante ese período.
El reflejo institucional de esa diferente Transición fue el referéndum constitucional del 6 de
diciembre de 1978 en el que, al contrario que en el Estado, donde la participación (67,11%)
y el SI (88,54%) fueron claros vencedores, en Euskal Herria (CAV y Nafarroa) la abstención
defendida por distintas fuerzas nacionalistas, abertzales y de izquierda fue la opción
ganadora con un 51,78%, a la que había que sumar además el voto NO, un 22,16%
(7,89% en el Estado). Algo similar sucedería en el referéndum OTAN, de marzo de
1986, en el que, frente al 53,09% de voto SI estatal, en Euskal Herria (CAV y Nafarroa) el NO
triunfaría con un 62,72%, rechazo que también se dio en Catalunya y Canarias.
Lo anterior expresaba así en buena medida la oposición a aquella Transición que dejó de lado
buena parte de las reivindicaciones por las que tantas vascas y vascos lucharon y padecieron
represión, cárcel y exilio: autodeterminación, unidad territorial, ruptura democrática,
responsabilidades por los crímenes franquistas,… Rechazo éste que, con distintos niveles de
profundidad y extensión, ha llegado también hasta el día de hoy, en el que un muy amplio
sector de nuestro pueblo sigue reclamando la mayor parte de estas exigencias entonces
aparcadas.
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3.- DE AQUELLOS PACTOS, ESTOS LODOS.
Cuando hablamos de que no hubo ruptura, sino “transición”, no nos referimos tan solo
a un problema político-conceptual, sino a algo mucho más material. Hablamos de que
todo el entramado político, policial, militar, judicial, administrativo y económico del
franquismo, con sus correspondientes espacios de poder, pasaron intactos al nuevo régimen,
convertidos ahora en “demócratas” y “constitucionalistas”.
Hablamos de todos los miles de fascistas vocacionales, miembros del Movimiento Nacional,
la Falange, el Frente de Juventudes, el Sindicato Vertical, la Sección Femenina, el profesorado
de Formación del Espíritu Nacional… que, una vez anuladas sus viejas designaciones,
continuaron insertos en los espacios “democráticos” de la nueva Administración, sin que
ninguno de ellos fuera cesado por su complicidad con el régimen que los nombró a dedo y
con el que colaboraron fielmente durante toda su vida.
Hablamos de la conversión inmaculada de la mayor parte de su aparato policial, militar y
judicial, principal sostén de la criminal dictadura, en la nueva Policía, Ejército y Judicatura,
bendecidas ahora como “democráticas”. De la conversión del antiguo Tribunal de Orden
Público en la moderna Audiencia Nacional; de la Brigada Político-Social (policía política del
franquismo) en la nueva cúpula de lo que luego sería la Seguridad Nacional y, por último,
de todo el grueso de la jerarquía militar franquista, uniformada ahora con nuevos ropajes
constitucionales.
Hablamos de todos aquellos banqueros y empresarios que colaboraron y financiaron el golpe
militar del 18 de julio y fueron premiados con una normativa política, sindical y laboral que
permitió la sobreexplotación e indefensión de la clase obrera durante décadas. Una clase
empresarial que hizo su agosto con la mano de obra gratuita de los cientos de miles de
prisioneros que levantaron carreteras, pantanos y obras públicas de todo tipo y que, gracias a
la Transición abracadabresca, se reconvirtieron en los modernos empresarios que hoy copan
el IBEX-35.
Hablamos, por último, de la Iglesia, a quien el franquismo otorgó importantísimos espacios,
aparte de los propiamente religiosos, en el ámbito de la vida educativa, sanitaria, familiar,
asistencial, civil, penal, militar,… De esa Iglesia que rebañó de todos los platos y se cobró así la
bendición que otorgó al alzamiento militar-fascista del 18 de julio calificándolo como Cruzada
y el apoyo incondicional que dio al régimen franquista en las décadas posteriores.
Juan Carlos I, sucesor del genocida y defensor de su obra.
Nadie mejor que él para ejemplificar la continuidad del franquismo. Fue el propio dictador
quien lo designó como su “sucesor”, en 1969, presentándolo a las Cortes como alguien
que “ha dado pruebas fehacientes de su acendrado patriotismo y su total identificación con
los Principios del Movimiento Nacional y las Leyes Fundamentales”. En el mismo acto, Juan
Carlos refrendó lo anterior reconociendo “la legitimidad política surgida del 18 de julio de
1936, en medio de tantos sacrificios, de tantos sufrimientos, tristes pero necesarios para que
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nuestra Patria encauzase de nuevo su destino” y finalizó su intervención con algo que parecía
escrito por el mismísimo Franco: “Mi pulso no temblará para hacer cuanto fuera preciso en
defensa de los principios y leyes que acabo de jurar”. Más adelante, tras la muerte de Franco
en 1975, y ser nombrado rey, reiteró similares adhesiones: “Juro por Dios y sobre los Santos
Evangelios, cumplir y hacer cumplir las Leyes Fundamentales del Reino y guardar lealtad a los
principios que inspiran el Movimiento Nacional”.
Resulta curioso comprobar así como en dos ocasiones Juan Carlos I ha jurado oficialmente
y en el Congreso lealtad a la obra de Franco, pero ninguna a la Constitución, aquella que
le nombró Jefe de Estado, le otorgó el mando supremo del Ejército y le premió con la
inviolabilidad civil y penal, para que nadie pudiera juzgarle nunca por ningún motivo. Dicen
que “de buen nacido es ser agradecido”, pero en este caso, ni eso. Sus juradas lealtades han
sido siempre para el franquismo y nada más.
Por ello, el sucesor de Franco, ése que reconoció la legitimidad del golpe fascista del 18 de
julio, el íntimo amigo de las criminales monarquías misóginas del Golfo Pérsico y de Hassan
II de Marruecos; el que compaginó presidir una ONG defensora de los animales con cacerías
de alto standing; el católico que jura por Dios y los Santos Evangelios todo lo que haga falta
pero luego deja cortas las andanzas del mayor de los crápulas; el rebañador de comisiones
en todos sus viajes oficiales.., es probablemente el mejor espejo en el que puede mirarse la
Transición española.
A pesar de ello, vemos cómo hoy, tanto PP como C’s y PSOE, siguen blindando su persona.
Recientemente, en septiembre de 2018, desde la Mesa del Congreso, estos partidos han
rechazado una propuesta encaminada a investigar el escandaloso enriquecimiento del rey
y, no solo eso, sino que el propio debate sobre su fortuna pudiera darse en ese marco,
evidenciando una vez más que cuestionar su figura puede poner en solfa, no solo a la propia
monarquía, sino también el andamiaje constitucional del régimen del 78.
Del Tribunal de Orden Público franquista (TOP) a la democrática Audiencia
Nacional (AN).
El TOP fue el Tribunal franquista encargado de la represión política en los últimos años de la
Dictadura. En sus 13 años de existencia (1963-1976) instruyó 22.660 procesos y celebró 3.815
juicios, el 60% en sus tres últimos años, en los inicios de la Transición. Más de 10.000 personas
fueron condenadas por este tribunal.
El mismo día en el que se publicó la Ley de Reforma Política de Suárez, 5 de enero de
1977, el TOP fue disuelto. Ese mismo día también, sin dar tiempo siquiera a celebrar su
desaparición, se creó la Audiencia Nacional, dando continuidad a sus funciones. A su plantilla
se incorporaron destacados magistrados del TOP: Manuel Gómez-Villaboa, Fernando Méndez
Rodríguez, Rafael Gómez Chaparro (Montejurra, Atocha,..), Fernando Cid Fontán y Jaime
Mariscal de Dante (padre de la ministra de Justicia de Aznar, Margarita Mariscal de Dante).
El resto de los Presidentes, magistrados y fiscales del TOP pasaron a ocupar cargos en la
nueva Judicatura democrática. Muchos de ellos ascendieron en el escalafón durante los
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gobiernos de Suárez y Felipe González. Sus destinos fueron el Tribunal Supremo (José de
Hijas, Garralda Valcárcel, José Mª Riera, Luis Beneitez), la Audiencia Provincial de Madrid
(Antonio Torres-Dulce, Antonio Mtz. Carrera, Carlos Mª Entrena…), Fiscalía General del
Estado (Félix Hdez. Gil, Luis Manuel Poyatos…), entre otros. En resumen, el principal aparato
represivo-judicial del franquismo quedó incrustado en los más altos espacios de poder
de la nueva judicatura a la que inyectaron sus propias convicciones reaccionarias y desde
los que tejieron sus redes de influencia, creando escuela y jurisprudencia.
La Policía: de defensores del “orden público” a garantes de la “seguridad
ciudadana”. El Ejército heredero de Franco.
Tan solo entre 1976 y 1980 la Policía, la Guardia Civil y los grupos de extrema derecha
ligados a los aparatos del Estado ocasionaron más de cien muertes entre actuaciones oficiales
(manifestaciones, huelgas, protestas) e “incontroladas”. A destacar que ningún policía fue
condenado por estos hechos, ni siquiera en sus casos más sangrantes: Gasteiz, 3-marzo-1976;
II Semana pro-Amnistía, mayo de 1977; Sanfermines de 1978,… En otros, Atocha, las
sentencias y los cumplimientos de las mismas fueron de escándalo.
Tal como se señala en el libro “Claves de la Transición 1973-1986”, de Alfredo Grimaldos,
“no solo no se realiza ninguna depuración policial tras la muerte de Franco, sino que los
elementos más ultras continúan ascendiendo en sus escalafones correspondientes”. Es
el caso, entre otros, de José Sainz, Jefe de la Brigada Político-Social (BPS) en Bilbao, entre
1970-74, denunciado en múltiples casos por torturador, que, en 1978, siendo Subdirector
General de Seguridad, es nombrado por el ministro del Interior, Martín Villa, para dirigir las
investigaciones sobre Sanfermines de 1978.
Destacados miembros de la BPS franquista alcanzarán durante los gobiernos de Suárez los
más altos cargos dentro del Cuerpo Superior de Policía. Hablamos de Heliodoro Rodríguez,
Saturnino Yagüe, los hermanos Creix, Roberto Conesa, Martín Ballesteros, Jesús Martínez
Torres, Ricardo Algar Barrón, Pascual Honrado de la Fuente, Benjamín Solsona,… Digno de
mención es también el caso de Juan Antonio Gil Rubiales, uno de los condenados por torturar
y asesinar en 1981 al militante de ETA Joseba Arregi, a quien el Gobierno de Felipe González
terminaría ascendiendo a Comisario Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
En cuanto al Ejército, una noticia reciente ha evidenciado qué es lo que pasó con esta
institución. Ciento ochenta altos mandos en la reserva (los de servicio activo no han enseñado
la patita), entre los que abundan generales, almirantes, coroneles, capitanes de fragata…,
han firmado en julio de 2018 la llamada “Declaración de respeto y desagravio al general
Francisco Franco, soldado de España”. Al pairo del debate sobre la exhumación de sus
restos, entienden que la “figura militar” de Franco, “principal artífice” que evitó que “medio
siglo de la Historia de España desapareciera”, está siendo “vilipendiada hasta extremos
inconcebibles”. Y mientras tanto, el Gobierno, la Fiscalía General del Estado y la Audiencia
Nacional miran complacidamente para otro lado de forma cómplice, sin actuar contra el claro
delito de apología del genocidio que suponen tales afirmaciones.
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La Iglesia Católica.
La Iglesia Católica, que bendijo el golpe fascista del 36 y lo calificó de Cruzada,
acompañó los fusilamientos, paseó bajo palio al Dictador durante décadas y ocupó
lugar preferente en las propias Cortes franquistas, también se hizo demócrata durante
la Transición, maniobrando siempre a fin de contar con fieles seguidores suyos (ucedistas,
socialistas, nacionalistas,…) en ambos lados de todas las mesas negociadoras conformadas
entre el régimen y la oposición. Por encima de cualquier tipo de conversión democráticopaulina
caída del cielo, en el fondo se trataba de mantener el máximo de los espacios
de poder que le otorgó la dictadura: educativos, asistenciales, civiles, fiscales, sanitarios,
comunicacionales,…
Inicialmente, tanto socialistas como comunistas defendieron con pasión la aconfesionalidad
del Estado. Sin embargo, como en otros grandes temas, pronto se apearon también de
ésta. El borrador constitucional habló tan solo ya de la “no confesionalidad”, lo cual, claro
está, no era lo mismo. A pesar de ello, la jerarquía eclesiástica exigió más y los padres de la
Constitución aceptaron su chantaje. El texto final señalaría que “ninguna confesión tendrá
carácter estatal”, si bien añadiendo que los poderes públicos “mantendrán relaciones de
cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”. Las principales exigencias de
la jerarquía católica serían recogidas luego en la Constitución: defensa de la vida humana (es
decir, del feto), libre elección del tipo de educación, familia…
Mientras todo esto sucedía, la Iglesia negociaba a escondidas con el gobierno de UCD
unos Acuerdos que, en la práctica, dieron continuidad al viejo Concordato franquista.
Estos Acuerdos, firmados el 27 de diciembre de 1978, seis días después de promulgada la
Constitución, recogían en lo básico sus privilegios eclesiales: mantenimiento de la asignatura
de religión en la enseñanza, exención general de impuestos (rentas, patrimonio, contribución
urbana, sucesión, donaciones, transmisiones…), aportación del Estado a la Iglesia a través del
IRPF, mantenimiento del profesorado de Religión, capellanías militares, etc…
La unidad de España.
Aún cuando en marzo de 1975 el Manifiesto de Convergencia Democrática pedía el
reconocimiento del derecho de autodeterminación, propugnando un Estado Federal, los
siguientes pactos (Platajunta, POD,..) no incluyeron ya esta demanda.
En la calle era distinto. Hasta las propias vísperas de la aprobación de la Constitución, los
partidos de izquierda y nacionalistas siguieron haciendo bandera de esta exigencia. Así,
por ejemplo, en marzo de 1978, en Bilbo, en la celebración del Aberri Eguna, una gran
pancarta reclamando “Autodeterminación en la Constitución. Estatuto de Autonomía
Nacional”, fue llevada por los máximos dirigentes del PNV, PSOE, PCE, CC.OO., UGT,…
A pesar de ello, tan solo nueve meses después, la Constitución afirmaría la “indisoluble
unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles” (art. 2º),
depositando la soberanía nacional en manos exclusivas del conjunto del pueblo español
(art. 1º). Junto a ello, su art. 145 señalaba que “en ningún caso se admitirá la federación de
TRANSICIÓN Y MEMORIA HISTÓRICA: De aquellos polvos, estos lodos.
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Comunidades Autónomas”. La enmienda en defensa del derecho de autodeterminación del
diputado de Euskadiko Ezkerra, Francisco Letamendía, sería rechazada por 268 votos (UCD,
AP, PSOE, PCE, PNV…), consiguiendo tan solo 5 votos a favor (EE, 3 miembros de la Minoría
Catalana y 1 de UCD) y 11 abstenciones (9 de Minoría Catalana, 1 del PSOE, 1 del grupo
mixto).
El empresariado franquista.
La conspiración fascista y la propia guerra fueron financiadas generosamente por las
principales fortunas españolas. A destacar la del banquero y contrabandista Juan March,
quien puso buena parte de su fortuna al servicio de Mola, Franco y la Falange. Luego, tras
la guerra, las principales constructoras (Huarte, Dragados, Agroman…) se lucraron
gracias al trabajo esclavo de los cerca de 400.000 prisioneros de guerra cedidos por el
franquismo para sus obras en régimen de cuasi-monopolio: pantanos, carreteras… No
fueron las únicas. En la lista de negreros también figuran Duro-Felguera, Babcock & Wilcox,
Marítima y Terrestre, Astilleros de Cádiz… y hasta la misma Iglesia Católica, que aprovechó la
ocasión para realizar múltiples obras parroquiales y educativas.
Más adelante, el empresariado se beneficiaría de la situación de pobreza extrema derivada de
la guerra y la negación de libertades democráticas y sindicales. Así, el régimen de convenios
laborales colectivos no comenzaría a funcionar hasta 1958, si bien a través del estricto marco
del Sindicato Vertical único franquista y en ausencia de las libertades sindicales básicas: libre
negociación, derecho de huelga, etc… Se impuso así una sobreexplotación de la mano de
obra y unos escandalosos y fáciles beneficios empresariales.
En el reportaje “Franquismo S.A.”, de Antonio Maestre (lamarea.com) se detalla la estrecha
relación de muchas de las empresas del actual IBEX 35 con todo lo anterior. Entre ellas están
Gas Natural Fenosa, Acciona, las constructoras OHL y ACS, Iberdrola.., a las que habría que
añadir la actual Banca (Santander, BBVA,…), heredera de aquella otra presente en todos los
principales Consejos de Administración de las grandes empresas del franquismo: Bancos
Urquijo, Herrero, Bilbao, Vizcaya, Hispano Americano, Central…
En la actualidad, personas como Juan Miguel Villar Mir y Rodolfo Martín Villa representan
en buena medida lo anterior. El primero, ministro y vicepresidente del Gobierno con Arias
Navarro (años 1975-76), aterrizó posteriormente en el mundo empresarial con el grupo
“Villar Mir” que fundó y presidió y en el que se agruparon distintas empresas de energía,
fertilizantes, electrometalurgia y, sobre todo, construcción (OHL –Obrascon/Huarte/Lain-),
habiendo sido imputado en estos últimos años en importantes casos de corrupción: papeles
de Barcenas, casos Púnica y Lezo, sobornos en México… El segundo, Martín Villa, ministro
de Relaciones Sindicales durante el conflicto y masacre del 3 de marzo, en Gasteiz, y de
Gobernación (sanfermines-78, semana pro-amnistía, abogados laboralistas de Atocha,
muertes policiales en Madrid, Málaga, Tenerife, Alacant….), se convirtió también en
empresario llegando a presidir Endesa y Sogecable y actualmente imputado por la justicia
argentina por presunto responsable de crímenes contra la humanidad cometidos por el
franquismo.
TRANSICIÓN Y MEMORIA HISTÓRICA: De aquellos polvos, estos lodos.
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En Euskal Herria, la complicidad para con el franquismo de la gran burguesía vasca fue total,
en particular de lo que se conoció como “las familias de Neguri”. Hablamos de los Ybarra,
Careaga, Delclaux, Lezama-Leguizamón, Lequerica, Lipperheid…, que dirigieron durante
décadas la mayor parte de la industria del hierro y el acero estatal y de buena parte de las
eléctricas (Iberduero, Sevillana de Electricidad..), amén de su control de dos de los cinco
principales Bancos del franquismo: Bancos Bilbao y Vizcaya.
La corrupción actual, amalgama del franquismo de ayer.
Dicho todo lo anterior, ¿quien se atreve a afirmar que el entramado corrupto puesto de
manifiesto estos últimos años y que ha afectado a buena parte de la casta política, familia
real, cargos públicos, judicatura, universidades, policías, grandes empresarios…. no guarda
relación con lo anterior?. Por supuesto, la corrupción es algo que no tiene fronteras y, tal
como muestra la historia, siempre ha ido ligado de una manera u otra al ejercicio del poder.
Pero, como en todo, hay corrupciones y corrupciones, y la existente en el Estado español es
“cum laude”.
Durante la dictadura franquista distinguir entre los intereses públicos y los privados, los
presupuestos institucionales y los bolsillos particulares, el poder político y el clerical era algo
difícil de hacer. Los ámbitos político, económico, mediático, cultural y religioso formaban
un todo-uno en el que se hacía muy complicado diferenciar sus componentes, debido a las
grandes y directas conexiones (familiares, políticas, sectarias,…) existentes entre unos y otros.
Por eso mismo, la corrupción individual como tal apenas nunca afloraba, porque era el propio
régimen el intrínsecamente corrupto y en él se diluían los casos particulares.
La ausencia de ruptura democrática durante la Transición no solamente nos legó
coronas e hisopos, sino todo un entramado mafioso que hoy aparece en cada nuevo
caso de corrupción y que, empezando por la propia familia real, atraviesa las principales
instituciones del Estado. La reciente negativa en el Congreso por parte del PP, C’s y PSOE
a crear una Comisión de Investigación que investigue los negocios y patrimonio del rey
Juan Carlos I es la última evidencia de lo anterior. Según lo afirmado por estas fuerzas en el
debate surgido en torno a este tema, acceder a retirar al rey su inmunidad y fuero privilegiado
pondría en cuestión al propio régimen constitucional de 1978. ¿Se puede decir más claro?
TRANSICIÓN Y MEMORIA HISTÓRICA: De aquellos polvos, estos lodos.
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4.- LA LEY DE AMNISTÍA, PIEZA CLAVE
DE LA REFORMA
Los precedentes
La Ley de Amnistía, de 14 de octubre de 1977, no fue una ley cualquiera. Junto con los Pactos
la Moncloa de octubre de ese mismo año y los Acuerdos con el Vaticano, cocinados durante
1978, fue una pieza esencial de cara a abrir el camino a la aprobación de la Constitución.
La Amnistía fue exigida hasta el último momento de la Transición por toda la oposición. Frente a
ella, la postura del Gobierno de UCD fue siempre oponerse a que fuera total y afectase a todos
los presos y presas políticas sin excepción. Por eso, hasta llegar a la Ley de Amnistía de octubre de
1977, las medidas del Régimen tuvieron por finalidad que esta reivindicación fuera desinflándose y
perdiera fuerza.
El primer paso en esa dirección se dio en noviembre de 1975, tras la muerte de Franco, con
motivo de la proclamación de Juan Carlos como rey de España, cuando se concedió un indulto
general “en memoria de la egregia figura del generalísimo Franco (q.e.p.d.) artífice del progresivo
desarrollo de la paz que ha disfrutado España en las últimas cuatro décadas”. Cerca de 700 presos
políticos fueron excarcelados.
Pero la exigencia de amnistía no cedió, sino todo lo contrario. En diciembre de 1974 (Josu Txueka,
“El hilo rojo de la amnistía”, revista Viento Sur, nº 159), se da en Euskal Herria una huelga general
para reclamar la libertad de los presos políticos que, en esas fechas, eran vascos en su mayor parte.
Esta exigencia –señala Txueka- “expresada a través de la fórmula de la amnistía fue, sin duda, la
reivindicación más asumida, no solo por la clase obrera y las vanguardias más activas –movimiento
estudiantil, organizaciones obreras y sindicales- sino por el conjunto de la sociedad, al menos en
las zonas de mayor movilización antifranquista”1
.
En 1976 se crean Euskal Herría las Gestoras pro-Amnistía, extendiéndose rápidamente por la
mayor parte de las localidades vascas. Las movilizaciones se extienden por pueblos y fiestas.
En julio de ese año, en Bilbo, una manifestación solicitada para reclamar la amnistía laboral,
en la que participan 150.000 personas, termina reclamando amnistía total. En algunas de
estas movilizaciones (Santurtzi, Hondarribia,..) la Policía y Guardia Civil dará muerte a varios
manifestantes.
Fueron principalmente estas movilizaciones, unidas a otras dadas en el ámbito estatal, las que
obligaron al Gobierno Suárez a aprobar el Decreto de amnistía de julio de 1976. A pesar de su
nombre, quedaron fuera de su alcance un par de cientos de presos y presas, por cuanto que sus
condenas fueron por delitos que habían “puesto en peligro o lesionado la vida o la integridad de
1 La información que se da en este apartado responde básicamente a las movilizaciones que se dan en Euskal Herria en
reivindicación de la amnistía. Por supuesto, en otros lugares del Estado también se darán importantes movilizaciones, pero
será allí donde adquirirán sus expresiones más generalizadas. No en vano, en los últimos años del franquismo y la transición, la
mayor parte de los presos y presas políticas existentes en las cárceles españolas eran vascos y vascas.
TRANSICIÓN Y MEMORIA HISTÓRICA: De aquellos polvos, estos lodos.
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las personas”. El Decreto fue rechazado y las movilizaciones prosiguieron. El 27 de septiembre de
1976, al cumplirse un año de las últimas ejecuciones franquistas (Txiki, Otaegi, Baena, García Sanz,
Sánchez Bravo), una exitosa huelga general paralizó Euskal Herria.
Esta y otras movilizaciones (I Semana pro-Amnistía en Euskal Herria, febrero-marzo de 1977)
forzaron al Gobierno a dictar un nuevo Decreto, en marzo de 1977, sobre medidas de gracia, por
el que un nuevo grupo de presos y presas fueron puestos en libertad. En esencia, el Decreto hace
una reinterpretación del “peligro para la vida de las personas”, permitiendo la excarcelación de
más presos, pero manteniendo en prisión a los condenados por “delitos de sangre”.
A pesar de ello, tampoco esta medida sirvió para frenar las luchas y en las calles se siguió
reclamando la amnistía total. La II Semana pro-Amnistía, realizada a primeros de mayo de 1977, va
acompañada de huelgas y manifestaciones por toda Euskal Herria. La respuesta del Gobierno es
brutal. Cinco personas mueren por causa de la represión policial. Finalmente, en plena campaña
de elecciones –junio de 1977- saldrían a la calle una treintena de presos, quedando en la cárcel tan
solo los sujetos a sumarios abiertos con posterioridad a la Ley de Reforma Política y unos pocos
más del tardofranquismo.
Paralelo a lo anterior, hay un debate que cada vez toma mas importancia entre los grupos
políticos. Mientras que algunos entendían la amnistía como una mera excarcelación de los
presos y presas, otros planteaban la exigencia de amnistía total. Es decir, no basta lo anterior,
sino que es preciso erradicar las leyes, tribunales e instituciones que posibilitaron estos
encarcelamientos se den, pues de lo contrario, después de vaciar las cárceles, éstas podrían volver
a llenarse de nuevo. Los caminos comienzan así a dividirse.
Junto a ello, la reivindicación de la amnistía había ido abarcando cada vez con mayor intensidad
a otros ámbitos, además de los estrictamente “políticos”. Se reclamaba así la amnistía laboral
para todas las personas despedidas en los abundantes conflictos laborales y huelgas habidas
en aquellos años; la amnistía reivindicada por el movimiento feminista para todas aquellas
presas encarceladas por la comisión de delitos específicos que afectaban a las mujeres –aborto,
prostitución, adulterio…- y, finalmente, la amnistía para todos aquellos presos sociales condenados
por causa de la existencia de un código penal reaccionario, por cuya libertad luchó ejemplarmente
la COPEL (Coordinadora de Presos en Lucha). A pesar de ello, estos importantes colectivos sociales
no verían recogidos en la Ley de Amnistía las reivindicaciones por las que lucharon.
La Ley de Amnistía de 14 de octubre de 1977.
La Ley fue presentada conjuntamente por los grupos parlamentarios de UCD, Socialista
del Congreso (PSOE), PCE, Minoría Vasca-Catalana y Socialistas de Cataluña (PSC). Es
decir, no solo votaron a favor de la ley, sino que la apadrinaron, asumieron y presentaron
conjuntamente. Por parte de los mencionados, pocas fueron las críticas hechas entonces al texto
de la ley, sino todo lo contrario2
. El resultado de la votación fue el siguiente: 317 votos emitidos;
2 Que algunos de aquellos grupos, ayer entusiastas promotores de la Ley de Amnistía (IU, PNV), la califiquen hoy como una
auténtica ley de punto final es, sin duda alguna, una evolución muy positiva con respecto a la valoración que en su día hicieron
de la misma.
TRANSICIÓN Y MEMORIA HISTÓRICA: De aquellos polvos, estos lodos.
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296 a favor (grupos proponentes más alguno del Mixto); en contra 2; abstenciones 18; nulos 1).
En el artículo 2º de la Ley, al definir los delitos comprendidos por la amnistía en ella
contemplada se especifican:
“Los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes
del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos
incluidos en esta ley”, así como “los cometidos por los funcionarios y agentes del orden
público contra el ejercicio de los derechos de las personas”.
Este artículo será luego el aducido por el Gobierno de Rajoy y la Audiencia Nacional para
negar cualquier tipo de iniciativa propia (extradiciones requeridas por la justicia argentina)
respecto a actuaciones policiales relacionadas con la comisión de crímenes contra la
humanidad cometidos durante la dictadura franquista.
Pues bien, tratándose la Ley de Amnistía de uno de los pilares fundamentales sobre los
cuales se asentó la Transición, resulta de interés recordar ahora, siquiera resumidamente,
los argumentos usados por los distintos partidos que consensuaron, presentaron y votaron
conjuntamente la citada ley. Como se podrá comprobar, de sus intervenciones lo que se
deriva no es tanto la opinión o voto favorable a una necesaria “amnistía” para los delitos
juzgados por el régimen franquista, sino a una “reconciliación” en la que, a cambio de acabar
con las condenas aún vigentes, se hiciera tabla rasa con todos los crímenes derivados del
golpe de estado de 1936 y los cuarenta años de dictadura. En el debate, y con casi año y
medio de antelación, se expresan con nitidez los pilares básicos sobre los que se estaba
asentando ya la propia Constitución de 1978.
En el pleno del Congreso (Diario de Sesiones del Congreso, número 24, de 14 de octubre de
1977), los argumentos principales expuestos por los partidos fueron los siguientes:
Alianza Popular (AP) optó por la abstención. Su razón principal, expuesta por su portavoz,
Sr. Carro Martínez (exministro de Franco) fue el temor a que “la nueva amnistía, en lugar
de contribuir a la reconciliación nacional… se traduzca en un fermento de inseguridad
social…”, ya que, si se ofreciera al país “una garantía, sólo una garantía, si fuerais capaces de
garantizarnos que esta amnistía es la última, que después de esta amnistía aplicaríais la ley
sin tolerancias…. yo estaría dispuesto a sacrificar mis dudas y temores en aras del unánime
consenso parlamentario”. Finalizó su intervención anunciando que “nos abstendremos porque
una democracia responsable no puede estar amnistiando continuamente a sus propios
destructores”.
Por el Partido Comunista de España (PCE), votando a favor de la Ley, intervino Marcelino
Camacho quien, además de parlamentario por el PCE, era también entonces Secretario
General de CCOO. Expresó claramente que la Ley que se debatía era “el resultado de una
política coherente y consecuente que comienza con la política de reconciliación nacional de
nuestro Partido, ya en 1956. Nosotros considerábamos que la pieza capital de esta política
tenía que ser la amnistía. ¿Cómo podríamos reconciliarnos los que nos habíamos estado
matando los unos a los otros, si no borrábamos ese pasado de una vez para siempre?”.
TRANSICIÓN Y MEMORIA HISTÓRICA: De aquellos polvos, estos lodos.
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En definitiva, “pedimos amnistía para todos, sin exclusión del lugar en que hubiera estado
nadie”.
El Partido Socialista Popular (PSP), representado por el Sr. Fuejo Lago, defendió la ley por
cuanto la amnistía era “el espíritu de paz que anima al poder no autoritario aplicado a la
liquidación de situaciones históricamente superadas” y suponía la “reconciliación nacional,
paz entre los españoles, entendimiento pleno entre los pueblos de España y el Estado, el
sosiego moral de cuantos han vivido la larguísima y penosa posguerra que se ha extendido
durante los cuarenta años últimos”. A destacar su referencia a que los “condicionantes que los
poderes fácticos al parecer han establecido nos han perturbado y nos hacen sospechar que
hemos dejado banderas que pueden ser recogidas y esgrimidas en el futuro”.
Socialistes de Catalunya, en aquel entonces con grupo propio en el Congreso, también
votó a favor. En su nombre habló el Sr. Triginer Fernández quien señaló que “nuestra
concepción de la amnistía, la de la amnistía total, da lugar a que el contenido de la Ley… no
sea de nuestra entera satisfacción” y ello porque “la amnistía, de por sí tan importante, no
es suficiente en sí misma si no va acompañada de la plena democratización del país y de la
completa derogación de cuantas leyes son el resultado de la represión política anterior”. A
pesar de lo anterior, reconoció los “aspectos positivos de la Ley”, razón por la cual su grupo
votó a favor.
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) estuvo representado por “Txiki” Benegas
Haddad, quien fue también favorable a la aprobación de la Ley. Señaló que “la gestación….
de esta amnistía ha sido larga, lenta, enormemente laboriosa”, si bien “después de este
turbulento camino, a la fecha de hoy…. se va a enterrar la guerra civil, la división entre los
españoles”, señalando que para su partido “la sola idea de poder conquistar de nuevo la
libertad para nuestro pueblo acalla y hace olvidar los sufrimientos soportados por nuestra
organización y nuestros militantes”. Pidió en su intervención “calma al pueblo vasco”,
afirmando “que la amnistía es total para nuestro pueblo”.
Xabier Arzalluz fue el portavoz del Partido Nacionalista Vasco (PNV) quien defendió el
voto favorable de su grupo señalando que para el mismo la amnistía “es simplemente un
olvido, una amnistía de todos para todos, un olvido de todos para todos”. Esta fue la idea
central de su intervención: la necesidad de olvidar. “No vale en este momento aducir hechos
de sangre, porque hechos de sangre ha habido por ambas partes. Olvidemos pues, todo.”,
añadiendo a su vez que “ese olvido ha de bajar a toda la sociedad” y a tal fin había que
“procurar que efectivamente vaya bajando a la sociedad, que esta concepción del olvido se
vaya generalizando, vaya tomando cuerpo y corazón”.
El parlamentario de Euskadiko Ezkerra (EE), Fco. Letamendia, se abstuvo afirmando que
tenía “una concepción y una filosofía de la amnistía distinta”, ya que “la amnistía no es un
perdón vergonzante…, es el reconocimiento del derecho de un pueblo a haber utilizado
todos los medios que tenía en su mano para defenderse de la agresión de la dictadura”.
Reclamó además la “legalización de los partidos políticos que en este momento son
ilegales”, la necesidad de “sustitución de las fuerzas del orden heredadas de la dictadura
TRANSICIÓN Y MEMORIA HISTÓRICA: De aquellos polvos, estos lodos.
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por fuerzas del orden dependientes de los poderes autonómicos”, de abarcar “aquellos
delitos específicamente femeninos que suponen vejación para la mujer”, de la ausencia de la
“amnistía laboral y también la referida “aquellos militares que lucharon durante el franquismo
por la democracia”.
La Ley de amnistía, ley de punto final.
En resumen, tal como ya se ha dicho, la Ley, más que denominarse de Amnistía, debiera
haber sido bautizada como “Ley de la Reconciliación y la tabla rasa”, que es lo que en
definitiva fue. Una ley de punto final similar a las leyes argentinas dictadas en época del
presidente Alfonsín, que después terminarían siendo anuladas.
A destacar las intervenciones de los portavoces del PCE, Marcelino Camacho, y del PNV,
Xabier Arzalluz. En la del primero queda en evidencia que lo que se trata de aprobar no es
una amnistía para unos pocos delitos aún pendientes de resolver tras los Decretos de Suárez,
sino de materializar algo que venía de muy atrás: la política de reconciliación defendida por
su partido desde los 50. Por eso, tal como afirmó, había que “borrar el pasado de una vez por
siempre”. Pero borrar el pasado poco tiene que ver con la exigencia de Verdad planteada por
el movimiento memorialista.
En el mismo sentido merece destacarse la intervención de Xabier Arzalluz, portavoz del PNV y
presidente de este partido durante 24 años. Su insistencia al insistir en la necesidad de olvidar
y, no solo de esto, sino de asumir como labor partidaria la de convencer a la propia sociedad
de la necesidad de practicar esa amnesia, chocaba frontalmente con las exigencias que en
ese momento se daban en las calles de Euskal Herria, donde se dieron en los últimos años del
franquismo las mayores cotas de represión, detenciones, malos tratos, torturas, cárcel y exilio.
Poner en la misma balanza y equiparar un golpe de estado militar y fascista contra un
régimen elegido democráticamente con la legítima resistencia frente a aquel golpe y los
cuarenta años de dictadura criminal, no dejaba de ser en 1977 –también hoy- una broma
macabra. Casualidad así que esta defensa del “olvido” sea hoy el principal argumento de la
derecha a la hora de oponerse a la más mínima exigencia de modificación del status político,
social, cultural…, nacido de aquel Régimen.
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5.- LA LARGA SOMBRA DE LA TRANSICIÓN.
La lucha por recuperar la memoria histórica se va abriendo camino.
Tuvieron que pasar más de sesenta años desde el golpe militar fascista y más de veinte
desde la aprobación de la Constitución para que, entrado ya el siglo XXI, se haya comenzado
a tomar medidas en relación con la memoria histórica y sus exigencias de verdad, justicia y
reparación. Las razones de todo esto son dos principalmente. La primera tiene que ver con
la indudable extensión y fuerza lograda por el movimiento memorialista, suma a su vez de
muy diversas iniciativas que han salpicado la geografía estatal: exhumación de fosas, bebés
robados, trabajo esclavo, expresos y presas franquistas,… Iniciativas populares que, poco
a poco, han logrado finalmente abrir grietas en el muro de la cómplice pasividad mostrada
hasta fechas recientes por partidos y Gobiernos diversos y lograr incluso que distintas
instituciones se incorporen a esta dinámica de recuperación de la memoria silenciada.
La segunda razón guarda relación con el hecho de que quienes en las décadas de los ochenta
y noventa no mostraron mayor interés, sino todo lo contrario, en remover las cunetas y
archivos que ponían en cuestión la Transición-olvido por ellos negociada, hoy ya no tienen ya
mayores problemas a la hora de asumir, siguiera parcialmente, algunas de las reivindicaciones
memorialistas (exhumaciones, redenominaciones de calles, conmemoraciones….), eso sí,
siempre que éstas se queden básicamente en homenajear a las víctimas y no aborden la
denuncia de los victimarios y la exigencia de justicia para con sus crímenes.
Las largas décadas transcurridas desde la comisión de todos aquellos delitos, con todo lo que
de ese hecho se deriva (muerte de quienes fueron víctimas y testigos directos de aquellos
hechos, aparición de nuevas generaciones distantes de los mismos, amnesia derivada del
olvido impuesto,…), ha permitido que en estos últimos años algunos partidos políticos e
instituciones hayan impulsado una política básicamente ceremonial (placas, homenajes,
discursos,…), que, si bien tiene un contenido positivo neto, sigue dejando sin abordar
en muchos casos las exigencias de verdad, justicia y reparación planteadas por el
movimiento memorialista.
El lastre de la Transición y sus protagonistas.
El impulso de iniciativas más globales y profundas como las impulsadas por CeAQUA
(Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina) poniendo el acento, no solo en la
búsqueda de la verdad, sino también en la exigencia de justicia y reparación, ha tropezado
con la oposición frontal de las más altas instituciones del Estado (Gobierno, Audiencia
Nacional, Fiscalía General,..) y de algunos partidos políticos que siguen permitiendo que el
manto de la Ley de Amnistía siga amparando los crímenes del franquismo. El mismo camino
han seguido las muy meritorias querellas contra el franquismo acordadas en el ámbito
municipal (Iruñea, Gasteiz, Rivas, Barcelona, A Coruña, Zaragoza, Durango,…), a las que el
Gobierno, utilizando para ello su servil Fiscalía General, ha puesto coto desde un primer
momento, exigiendo a todos los Juzgados se nieguen a tramitar ninguna de estas querellas.
TRANSICIÓN Y MEMORIA HISTÓRICA: De aquellos polvos, estos lodos.
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Muy plausible también ha sido la propuesta de reforma de la Ley de Amnistía presentada
en el Congreso, en marzo de 2018, por U-P, ERC, Compromis, EH Bildu, PNV y PdCat, a
fin de que no pudiera afectar a los delitos de lesa humanidad. Iniciativa que se estrelló ante
el “bloque constitucional” de PP, C’s y PSOE, que no dudaron lo más mínimo a la hora
de rechazarla. Su voto contrario impidió una vez más que pudiera abrirse una vía para exigir
responsabilidades por los crímenes franquistas. A destacar la intervención del portavoz del
PSOE en el debate al señalar que, caso de aprobarse la proposición, “quedaría por completo
desarticulada una ley que fue uno de los grandes pilares del pacto de la transición”. Más
claro, agua.
Siete años antes, en julio de 2011, una iniciativa similar para reformar la Ley de Amnistía
planteada por el BNG fue rechazada por el voto del PP, PSOE, UPyD y CiU (el PNV se
abstuvo). Es decir, de una votación a la otra, entre 2011-2018, las posturas de PNV y CiU (a
estos efectos, hoy PdCat) han cambiando de forma importante, sumándose ahora al bloque
de grupos partidarios de reformar la ley. En resumen, tres de los partidos que en su día
propusieron y aplaudieron la Ley de Amnistía (PCE, PNV y CiU –PdCat-) se han distanciado
ya de la postura que entonces defendieron. Evolución de la que, sin reserva alguna, hay que
alegrarse plenamente.
La Ley de Memoria Histórica de Zapatero se quedó muy corta.
Comparada con la nada absoluta existente hasta entonces (para los anteriores Gobiernos
de UCD, PSOE y PP el tema de la memoria histórica no había existido), es evidente que la
Ley de diciembre de 2007 de Memoria Histórica supuso un paso adelante. El mero hecho
de visibilizar este tema era ya algo positivo. También lo fueron algunas medidas adoptadas:
retirar del callejero honores a los franquistas, subvencionar exhumaciones, otorgar la
nacionalidad española a los brigadistas internacionales y descendientes del exilio,… Pero lo
fundamental quedó sin resolver.
En primer lugar, porque situaba el tema de las exhumaciones en el ámbito básicamente
personal/familiar, cuando debiera de haber sido asumido como una obligación del Estado.
Esta política, así como todo lo ligado a ellas, debiera haber sido asumida directamente
por éste, adoptándose para ello las correspondientes mediaciones políticas, judiciales y
presupuestarias. Era preciso así, no solo ayudar las iniciativas llevadas a cabo por la población
civil u otras Administraciones, sino ser el Estado mismo el motor de toda la política de
recuperación de la memoria histórica.
En segundo término, si bien la Ley aceptaba la “ilegitimidad” de las leyes y tribunales
franquistas, reconocía la “legalidad” de éstas y sus actuaciones. Es decir, las sentencias,
apropiación-robo de bienes, etc… no podrían ser anuladas, ni exigirse a las mismas
responsabilidad alguna, por cuanto que fueron realizadas conforme a la legalidad entonces
vigente. La “ilegitimidad” afirmada para estos crímenes y expolios era así un mero brindis al
sol, pues la exigencia de justicia seguía teniendo las puertas cerradas.
En tercer lugar, porque otros grandes problemas quedaban aparcados. Uno de ellos, fue el
del silencio respecto a la Iglesia que santificó la “Cruzada”, fue cómplice en la confección
TRANSICIÓN Y MEMORIA HISTÓRICA: De aquellos polvos, estos lodos.
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de listas de desafectos, se benefició de todo tipo de expolios y participó de forma delictiva
y mafiosa, a través de distintas órdenes religiosas y clero, en las redes de bebés robados
que durante décadas y hasta fechas recientes funcionaron por toda la geografía estatal en
maternidades y centros asistenciales.
El juez Baltasar Garzón prueba de su propia medicina.
El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, patrocinador principal de la política de
ilegalizaciones de partidos, grupos y periódicos en Euskal Herria durante los 90 y padre
espiritual de la doctrina de “todo es ETA”, no tardó en probar de su propia medicina,
suministrada ahora contra él por los poderes de Estado a los que tanto defendió y amparó.
Cuando este juez, amparándose entre otras cosas en la Ley de Memoria Histórica, se atrevió
a abrir desde la Audiencia Nacional la investigación sobre algunos casos relacionados con
desapariciones forzadas practicadas durante el franquismo, sus propios colegas abrieron
contra él, uno tras otro, distintos procesos, hasta conseguir finalmente su separación de la
Judicatura. El Tribunal Supremo, al analizar su actuación, y en un claro aviso a navegantes,
señaló que todos los posibles crímenes practicados por la dictadura debían considerarse
prescritos y, en cualquier caso, también amnistiados.
Por si las cosas no quedaran suficientemente claras, cuando la jueza de Buenos Aires, María
de Servini, instructora de la conocida como “querella argentina”, comenzó a pedir las
extradiciones de distintos policías, jueces y políticos franquistas, la propia Fiscalía General
del Estado español remitió una instrucción a todos los Juzgados declarando improcedentes
estas diligencias y amenazó a los jueces con la señalando que, de acceder a éstas, podrían
encontrarse en una situación similar a la del juez Baltasar Garzón; es decir, anuladas sus
actuaciones y apartados ellos de sus cargos. ¡Con los crímenes del franquismo no se juega!,
venía a decir.
El PSOE de Pedro Sánchez sigue negando verdad, justicia y reparación.
En diciembre de 2017 fue publicado el Informe sobre Torturas realizado por el Instituto
Vasco de Criminología de la Universidad del País Vasco por encargo del Gobierno
de Gasteiz. En él se detallaban 4.100 casos de torturas realizadas y denunciadas en
la Comunidad Autónoma Vasca durante los años 1960-2014, lista a la que habría que
añadirse los casos de las personas torturadas y ya fallecidas en esos 54 años, los de quienes
por distintas razones no comparecieron ante la Comisión, los que permanecen aún en el
exilio y, por último, los residentes en Nafarroa, excluidos éstos del ámbito del estudio. En
la confección del citado Informe fueron seguidos los criterios definidos en el Protocolo de
Estambul para la investigación de torturas, acordado por la ONU el año 2000.
Pues bien, una de las primeras declaraciones realizadas por el actual ministro de Interior y ex
juez de la Audiencia Nacional, Grande-Marlasca, estuvo dedicada a comentar este tema. En
la misma, el ministro, intentando quitar credibilidad a esta escandalosa realidad, afirmó que
“la única verdad es la judicial”. Es decir, para Grande-Marlasca, investigaciones académicas,
sociales o institucionales relativas a delitos relacionados con la vulneración de derechos
humanos por parte de funcionarios del Estado, carecen de entidad a la hora de marcar la
TRANSICIÓN Y MEMORIA HISTÓRICA: De aquellos polvos, estos lodos.
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agenda del Gobierno. Los 4.100 casos de torturas no perturban así el sueño de GrandeMarlasca.
Quizás su falta de sensibilidad en esta materia tenga que ver con el hecho de que,
de las nueve condenas al Estado español por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por
no investigar denuncias por torturas, en cinco de ellos el juez instructor fue precisamente él.
¡Casualidades de la vida!
Tan solo un mes después de que el ministro hiciera estas declaraciones, el Tribunal
Constitucional (TC), resolviendo el recurso interpuesto en su día por el PP, anuló la Ley Foral
del Parlamento de Navarra sobre Víctimas de la violencia policial, aprobada en su día con los
votos de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos, PSN e Izquierda-Ezkerra. Entre otros argumentos,
el TC señalaba que la Comisión de Reconocimiento y Reparación creada por esta Ley para
investigar hechos delictivos y reconocer así la condición de víctimas a quienes padecieron
esa violencia era inconstitucional porque suplantaban el papel exclusivo que en este ámbito
tienen los Tribunales de Justicia. Parecía así como si la sentencia hubiera sido dictada por el
propio ministro.
En resumen, si la verdad sobre los crímenes del franquismo solamente puede ser reconocida
por los órganos judiciales (Audiencia Nacional,…) pero, a su vez, si cuando esta es reclamada
(querella argentina, querellas municipales, querellas particulares –Billy el Niño-…) la
respuesta dada por la Judicatura es que no pueden entrar a analizar tales casos porque la
Ley de Amnistía los excluye de cualquier tipo de actuación, ¿cuál es la Verdad que puede
conseguirse a través de las vías legales de las que habla Grande-Marlasca? Y si la verdad
es secuestrada, ¿cómo conseguir la más mínima justicia para con los crímenes del
franquismo?, ¿cuál es la reparación que podrán conseguir las 4.100 personas torturadas
por funcionarios estatales –guardia civil, policía..- si sus casos, legalmente, no podrán ser
nunca tramitados por los Tribunales? En suma, el ministro Grande-Marlasca, lejos de buscar
la verdad judicial que predica, está hoy empeñado en mantener la impunidad de los crímenes
contra la humanidad cometidos por el franquismo, negando a sus víctimas una tutela judicial
efectiva.
La exhumación de la momia de Franco.
El 13 de septiembre de 2013 el Pleno del Congreso español aprobó con las solas
abstenciones del PP, C’s y UPN el Decreto-ley presentado por el Gobierno del PSOE a fin de
exhumar la momia de Franco del Valle de los Caídos. Tal iniciativa y acuerdo, plausibles en sí
mismas desde todos los puntos de vista, no acaba de despejar las serias dudas respecto a que
esta iniciativa no sea en buena medida una cortina de humo destinada a ocultar las principales
exigencias del movimiento memorialista, a la par que encubrir las responsabilidades del
Gobierno en esta materia.
Mencionemos en cualquier caso como la exhumación ha ido pareja a distintas concesiones
y retrocesos en relación con el tratamiento a dar al Valle de los Caídos. La rectificación
realizada por el propio Sánchez con respecto al primer proyecto anunciado por el Gobierno
–resignificar todo el espacio y convertirlo en un Museo de la Memoria- para hacer del mismo
ahora un mero cementerio civil a las víctimas de la guerra es, sin duda alguna, uno de estos
pasos hacia atrás.
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En el mismo sentido, aceptar que sigan allí los restos de José Antonio Primo de Rivera (en
“lugar no preeminente”,¡eso sí!), defensor de la “dialéctica de los puños y las pistolas” contra
la República, fundador y jefe único de Falange Española, organización impulsora del golpe de
Estado militar-fascista del 18 de julio, semillero de quienes practicaron a mansalva todo tipo
de violencias, vejaciones y asesinatos durante la guerra y, posteriormente, sostén político de
primer orden de la dictadura durante cuarenta años, es un insulto total al resto de víctimas
asesinadas por las camisas azules que el dirigió y alimentó políticamente.
Pero el problema principal con los restos de Franco no es solo sacar físicamente
su momia del Valle de los Caídos, sino extirpar su presencia política de todas las
instituciones (Ejército, Judicatura, Policía y Guardia Civil,….) impregnadas de su espíritu
tras la Transición. Porque no es casualidad, como ya se ha dicho, que tras el anuncio de
su exhumación, 180 altos mandos militares (generales, almirantes, coroneles, capitanes de
fragata…), se manifestaran en contra de ésta y ensalzaran apologéticamente la figura del
genocida con su ““Declaración de respeto y desagravio al general Francisco Franco, soldado
de España”. Así pues, la momia se va, pero el franquismo continúa anclado y bien anclado
en las más altas instituciones del Estado. Y la Iglesia, como siempre, se presta a dar cobijo al
catolicísimo genocida en la catedral de la Almudena, en Madrid, facilitando así que la misma
se convierta en lugar de peregrinación de todo el fascio patrio-español.
La expropiación de toda la fortuna de “los Franco” heredada del dictador, la ilegalización de
grupos, asociaciones y fundaciones que se reivindiquen del franquismo, el Movimiento y la
Falange, la imputación por apología de crímenes contra la humanidad para quienes suscriban
documentos como el antes comentado, etc…, deberían ser algunas medidas que deberían
acompañar a la exhumación de momia de la basílica del Valle de los Caídos. En resumen,
desatar todo aquello que dejó “atado y bien atado” el genocida y que la Transición nos legó.
GOLPEAR EN LAS BRECHAS ABIERTAS HASTA HACER QUE EL MURO CAIGA.
Tal como creemos ha quedado evidenciado, la lucha por la Verdad, Justicia y Reparación
exigida por el movimiento memorialista está inseparablemente unida al logro de aquella
ruptura democrática que quedó pendiente hace ya cuarenta años”
En particular, se hace del todo necesaria la derogación o reforma substancial de la Ley de
Amnistía, en el sentido de que en ningún supuesto y bajo ninguna circunstancia los crímenes
contra la humanidad (asesinatos, desapariciones, robo de bebés, torturas, supresión de
libertades democráticas, violaciones, trabajo esclavo, marginación por razón de género u
orientación sexual, represión e imposiciones culturales y lingüísticas,…) puedan ser amparados
por aquella, procediéndose en consecuencia a abrir los correspondientes procesos penales
contra los responsables de tales violaciones, tal como está siendo planteado desde la justicia
argentina y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (Informe del Relator Especial sobre
la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición).
En esa misma dirección, se hace precisa la reformulación profunda de la Ley de Memoria
Histórica –o elaboración de una nueva- a fin de que, por un lado, el Estado asuma de forma
directa cuantas actividades sean precisas para la obtención de Verdad, Justicia y Reparación
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y, por otro lado, sean declaradas ilegales, no solo ilegítimas, cuantas leyes hayan permitido
la violación de derechos humanos y libertades democráticas, así como todas las sentencias y
actos dictadas en su aplicación por tribunales penales, militares o civiles franquistas de los que
se hayan derivado muertes, encarcelamientos, vejaciones diversas y expolios patrimoniales.
Si bien el consenso que se dio en los años setenta en torno a la Ley de Amnistía ha
entrado en crisis debido a que distintas fuerzas que entonces la apoyaron hoy la cuestionan
frontalmente (PCE –IU-, PNV, CiU –PdCat-) y a que han surgido otras nuevas contrarias
a la misma -Podemos, Mareas, Compromis, EH Bildu,…-, lo cierto es que de las fuerzas
parlamentarias contrarias a la reforma de esta ley (PP, C’s, PSOE,…) siguen contando con la
mayoría del Congreso español. Es evidente por ello que queda mucho por hacer y que la
tarea no es fácil.
Por esta razón, es más que evidente que las hojas de ruta de cara a la materialización de las
exigencias planteadas por el movimiento memorialista deberán ser planteadas principalmente
en otros ámbitos políticos. A nivel institucional, en la línea adoptada por la Red de Ciudades
contra la Impunidad del Franquismo (Gasteiz, Iruñea-Pamplona, Barcelona, Zaragoza, Rivas,
Valencia, Durango, Elgeta….) se trata de extender, fortalecer y profundizar ésta, no solo de
cara a la presentación de querellas municipales, sino todo tipo de iniciativas locales tendentes
a desbrozar el camino que permita avanzar en el terreno de la verdad, justicia y reparación
respecto de los crímenes franquistas. A destacar en este sentido las positivas iniciativas
adoptadas por los Parlamentos Vasco y Navarro3
al aprobar leyes propias de reconocimiento y
reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos y actos violentos perpetrados
por funcionarios del Estado.
En cualquier caso, y más allá de lo institucional, la tarea principal se sitúa en el ámbito de
ese amplio espectro de organizaciones y grupos que son las que han logrado, en última
instancia, que partidos, ayuntamientos, parlamentos autonómicos…, comiencen a situar
la memoria histórica en sus órdenes del día y a adoptar medidas concretas. Asociaciones
de muy distinto tipo que han sacudido la memoria adormecida de amplios sectores sociales
y animado y acompañado a las víctimas del franquismo a fin de visibilizar los crímenes
cometidos y exigir y reparación para los mismos.
Se trata así de no dejar en las instituciones y sus limitados marcos de actuación la dirección
de este proceso memorialista (la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional están
actuando como auténticos bulldozers al servicio de la impunidad franquista), sino de caminar
por delante de las mismas a fin de que sea la sociedad civil la auténtica protagonista de ese
proceso y evitar que, como en la Transición, no se nos pueda dar gato por liebre.
3 Las dos leyes fueron recurridas en su día por el Gobierno del PP y suspendidas en su aplicación por el Tribunal Constitucional.
En el segundo caso, el pasado mes de julio, el TC ha dictado sentencia anulándola definitivamente y las fuerzas del cuatripartito
que sostienen el Gobierno de Navarra están reelaborando una nueva. En el caso de la primera, el Gobierno del PSOE ha
accedido a retirar el recurso interpuesto en su día por el PP, si bien previa modificación del actual texto. En el acuerdo alcanzado
a estos efectos entre PNV-PSE se ha atendido, no solo a consideraciones legales puestas en cuestión en el recurso en su día
interpuesto, sino también a las exigencias planteadas por los sindicatos policiales (SUP, AUGC,..) y distintas asociaciones de
víctimas (COVITE, ACFSE…). Los recortes introducidos han sido fuertemente criticados por EH Bildu y Podemos-Ahal Dugu por
estimar que con los cambios se consagra la existencia, no solo de dos tipos de víctimas, sino también de victimarios.
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No hay razón para ser pesimistas, sino todo lo contrario. Al igual que lo hicieron en Argentina
las asociaciones de derechos humanos y las madres de la plaza de Mayo, se trata de golpear
una y otra vez en las brechas que ya hemos abierto hasta que éstas afecten a los cimientos y
paredes maestras del sistema; hasta que salten en pedazos la Ley de Amnistía-punto final de
1977 y la descafeinada Ley de Memoria Histórica de 2007; hasta ver desfilar por los juzgados
a los responsables del genocidio franquista. Allí, al otro lado del océano, tras largas y duras
luchas, consiguieron echar abajo la Ley de Punto Final y la de Obediencia Debida, abriendo
camino a la justicia reclamada. Tan solo en 2017, ha habido en ese país casi doscientas
condenas por crímenes de lesa humanidad, a sumar a los varios cientos condenados en años
anteriores. Voces agoreras afirmaron también en su día que nada de ello sería posible, pero se
equivocaron.
Lo dijo Bertold Brecht cuando el III Reich afirmaba duraría mil años: que nadie diga
“Jamás se logrará lo que queremos. Quien aún esté vivo no diga nunca jamás”.