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Consenso de los commodities, giro ecoterritorial y pensamiento crítico en América Latina
Maristella Svampa

Investigadora del CONICET y profesora de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Argentina.

Resumen
En este artículo, Maristella Svampa propone reflexionar sobre el carácter de las luchas socioambientales en América Latina a partir de dos elementos de
análisis: la inflexión extractivista y la ambientalización de las luchas sociales. El primero de ellos está estrechamente vinculado al cambio en el modelo de acumulación del sistema capitalista, identificado por la autora como Consenso de los commodities, basado en la expansión de proyectos que buscan la extracción y exportación de bienes naturales a gran escala. El segundo, se vincula con el giro ecoterritorial que en los últimos años está marcando a los movimientos que se resisten a dichos proyectos y que combina la matriz indígena comunitaria con el discurso ambientalista, que hace énfasis en la defensa de la territorialidad. De esta manera, la autora plantea un recorrido por algunos de los conflictos territoriales en el continente y al final apunta cuáles serían los retos que ellos están representando al interior del pensamiento crítico latinoamericano.

Abstract
In this paper, Maristella Svampa
proposes to reflect on the nature of
socio-environmental struggles in Latin
America from two viewpoints for
analysis: the extractivist drive and the
environmentalisation of social struggles.
The former is closely related to the
change in the cumulative capitalist
system, which Svampa sees as a
“consensus of commodities”, i.e. one
based on scaling up projects aimed at
large-scale exploitation and export of
natural resources. The latter relates to
the environmental and territorial move
that has lately become the hallmark of
movements that object to such projects.
This move brings together an indigenous
community matrix and the environmental
discourse, which focuses on the defence
of territoriality. Thus, the author presents
a review of some of the territorial conflicts
in the continent and, towards the end,
points out the possible challenges they
represent for the core of Latin American
critical thinking.
16 Movimientos socioambientales Consenso de los commodities…
Palabras clave
Extractivismo, territorialidad, luchas socioambientales, pensamiento crítico.
Key words
Extractivism, territoriality, socio-environmental struggles, critical thinking.
Cómo citar este artículo
Svampa, Maristella 2012 “Consenso de los commodities, giro ecoterritorial y
pensamiento crítico en América Latina” en OSAL (Buenos Aires: CLACSO) Año XIII, N°
32, noviembre.
Un análisis que aborde la actual cuestión política y el rol de los movimientos sociales
en América Latina debe incluir necesariamente una reflexión sobre el carácter
de las luchas socioambientales que hoy atraviesan la región y las diversas dimensiones
que estas involucran. En razón de ello, con el fin de analizar cómo las diferentes
dimensiones de las luchas socioambientales aparecen en el paisaje político
latinoamericano, proponemos una presentación en cuatro momentos sucesivos.
En un primer momento, haremos referencia a la expansión del extractivismo en la
región latinoamericana, en el contexto del Consenso de los commodities. Luego
de ello, realizaremos un análisis del proceso de ambientalización de las luchas en
América Latina, así como de los tópicos y tensiones que atraviesan lo que hemos
dado en denominar el giro ecoterritorial, en el cual convergen la matriz indígena
comunitaria, el lenguaje acerca de la territorialidad y el discurso ambientalista. En
tercer lugar, haremos hincapié en los conflictos y tensiones territoriales que hoy
recorren diferentes escenarios nacionales, marcados por lo que denominamos, siguiendo
a Zavaleta, la “visión eldoradista” en relación a los recursos naturales. Por
último, daremos cuenta de la fractura que hoy se abre en el marco del Consenso
de los commodities, dentro del pensamiento crítico latinoamericano, en relación
a esta problemática.

El Consenso de los commodities y la inflexión extractivista

En el último decenio, América Latina realizó el pasaje del Consenso de Washington,
asentado sobre la valorización financiera, al Consenso de los commodities,
basado en la exportación de bienes primarios a gran escala. Ciertamente, si bien
la explotación y exportación de bienes naturales no son actividades nuevas en
la región, resulta claro que en los últimos años del siglo XX y en un contexto de
cambio del modelo de acumulación, se ha venido intensificando la expansión de
proyectos tendientes al control, extracción y exportación de bienes naturales, sin
mayor valor agregado.
Así, lo que denominamos como Consenso de los commodities apunta a subrayar
el ingreso a un nuevo orden económico y político, sostenido por el boom de los
precios internacionales de las materias primas y los bienes de consumo, demandados
cada vez más por los países centrales y las potencias emergentes. Tal como lo
revelan los datos de la CEPAL (2011), la mayoría de los productos básicos de expor-
Maristella Svampa Movimientos socioambientales 17
tación de la región mostraron un crecimiento vertiginoso en los últimos años: los
precios de los alimentos alcanzaron su máximo histórico en abril de 2011 (maíz,
soja, trigo); los metales y minerales superaron el máximo registrado antes de la crisis
de 2008, y algo similar puede decirse sobre los hidrocarburos. Aun en un contexto
de crisis económica y financiera internacional, que anuncia mayor incertidumbre
y volatilidad de los mercados, las economías latinoamericanas continúan con un
desempeño positivo: así, los datos de 2011 proyectaban una tasa de crecimiento
del PIB regional del 4,7%, contra el 6% de 2010 (CEPAL, 2010).
Sin embargo, este modelo de crecimiento presenta numerosas fisuras estructurales.
Por un lado, la demanda de materias primas y de bienes de consumo tiene
como consecuencia un vertiginoso proceso de reprimarización de las economías
latinoamericanas, algo que se ve agravado por el ingreso de potencias emergentes,
como es el caso de China, que se va imponiendo crecientemente como un
socio desigual en lo que respecta al intercambio comercial. En efecto, mientras
que hacia 1990 China representaba tan solo un 0,6% del comercio exterior total
de América Latina, en 2009, ya alcanzaba el 9,7%. Este crecimiento fue en detrimento
de EE.UU., los países de la UE y Japón. Actualmente, China es el segundo
socio comercial de la región. “Las exportaciones de América Latina hacia China
se concentran en productos agrícolas y minerales. Así, para el año 2009 las exportaciones
de cobre, hierro y soja representaban el 55,7% de las exportaciones
totales de la región al país oriental. Al mismo tiempo, los productos que China
coloca en América Latina son principalmente manufacturas que cada vez poseen
mayor contenido tecnológico” (Slipak, 2012). En suma, este proceso de intercambio
desigual no sólo ha contribuido al incremento del precio de los commodities,
sino también a generar un creciente efecto de reprimarización en las economías
latinoamericanas.
Este proceso viene, también, acompañado por la creciente pérdida de soberanía
alimentaria, hecho ligado tanto a la exportación de alimentos a gran escala como
al destino de los mismos, pues cada vez más la demanda de dichos bienes está
destinada al consumo de ganado, así como a la producción de biocombustibles.
Por otro lado, desde el punto de vista de la lógica de acumulación, el nuevo
Consenso de los commodities conlleva la profundización de una dinámica de desposesión
(Harvey, 2004) o de despojo de tierras, recursos y territorios, al tiempo
que genera nuevas formas de dependencia y dominación. No es casual que gran
parte de la literatura crítica de América Latina considere que el resultado de estos
procesos sea la consolidación de un estilo de desarrollo extractivista (Gudynas,
2009; Schuldt y Acosta 2009; Svampa y Sola Álvarez, 2010), el cual debe ser comprendido
como aquel patrón de acumulación basado en la sobreexplotación de
recursos naturales, en gran parte, no renovables, así como en la expansión de las
fronteras hacia territorios antes considerados como “improductivos”.
Así definido, el extractivismo no contempla solamente actividades típicamente
consideradas como tales (minería e hidrocarburos), sino también los agronegocios
o la producción de biocombustibles, lo cual abona una lógica extractivista mediante
la consolidación de un modelo tendencialmente monoproductor, que desestructura
y reorienta los territorios, destruye la biodiversidad y profundiza el proceso de
acaparamiento de tierras. La inflexión extractivista comprende también aquellos
18 Movimientos socioambientales Consenso de los commodities…
proyectos de infraestructura previstos por la IIRSA (Iniciativa para la Integración de
la Infraestructura Regional Suramericana), en materia de transporte (hidrovías, puertos,
corredores biocéanicos, entre otros), energía (grandes represas hidroeléctricas)
y comunicaciones; programa consensuado por varios gobiernos latinoamericanos
en el año 2000, cuyo objetivo central es facilitar la extracción y exportación de
dichos productos hacia sus puertos de destino. Así, la megaminería a cielo abierto,
la expansión de la frontera petrolera y energética (que incluye también el gas no
convencional o shale gas), la construcción de grandes represas hidroeléctricas, la
expansión de la frontera pesquera y forestal, en fin, la generalización del modelo
de agronegocios (soja y biocombustibles), constituyen las figuras emblemáticas del
extractivismo en el marco del consenso de los commodities.
Uno de los rasgos centrales del actual estilo extractivista es la gran escala de los
emprendimientos, lo cual nos advierte tanto sobre la gran envergadura en términos
de inversión de capitales (en efecto, se trata de actividades capital-intensivas, y
no trabajo-intensivas); el carácter de los actores involucrados y la concentración
económica (grandes corporaciones trasnacionales); la especialización productiva
(commodities), así como de los mayores impactos y riesgos que dichos emprendimientos
presentan en términos sociales, económicos y ambientales. Asimismo,
este tipo de emprendimientos tiende a consolidar enclaves de exportación, que
además de generar escasos encadenamientos productivos endógenos operan una
fuerte fragmentación social y regional y terminan por configurar espacios socioproductivos
dependientes del mercado internacional (Voces de Alerta, 2011). Por
último, en función de una mirada productivista y eficientista del territorio, el consenso
de los commodities alienta la descalificación de otras lógicas de valorización
de los mismos. En el límite, los territorios escogidos por el capital son considerados
como “socialmente vaciables” (Sack, 1986), o territorios sacrificables.
Ahora bien, la apelación a un “consenso” tiene la virtud de invocar no sólo un
orden económico sino la consolidación de un sistema de dominación, diferente al
de los años noventa, pues alude menos a la emergencia de un discurso único que
a una serie de ambivalencias, contradicciones y paradojas que van marcando la
coexistencia y entrelazamiento entre la ideología neoliberal y el neodesarrollismo
progresista. En razón de ello, el consenso de los commodities puede leerse tanto
en términos de rupturas como de continuidades en relación al anterior período.
Como ya había sucedido en la etapa del Consenso de Washington, el Consenso de
los commodities establece reglas que suponen la aceptación de nuevas asimetrías
y desigualdades ambientales y políticas por parte de los países latinoamericanos
en el nuevo orden geopolítico.
Por un lado, contribuye a acentuar las líneas de continuidad entre un momento
y otro, porque efectivamente tanto las transformaciones sufridas por el Estado nacional
como la política de privatizaciones de los bienes públicos operadas en los
noventa sentaron las bases normativas y jurídicas que permitieron la actual expansión
del modelo extractivista, garantizando “seguridad jurídica” para los capitales
y una alta rentabilidad empresarial, que en líneas generales serían confirmadas
–con sus variaciones específicas– durante la etapa de los commodities.
Por otro lado, hay elementos importantes de diferenciación y ruptura. Recordemos
que en los años noventa el Consenso de Washington colocó en el centro
Maristella Svampa Movimientos socioambientales 19
de la agenda la valorización financiera y conllevó una política de ajustes y privatizaciones,
lo cual terminó por redefinir al Estado como un agente metaregulador.
Asimismo, operó una suerte de homogeneización política en la región, marcada
por la identificación o fuerte cercanía con las recetas del neoliberalismo. A diferencia
de ello, en la actualidad, el consenso de los commodities pone en el centro
la implementación masiva de proyectos extractivos orientados a la exportación,
estableciendo un espacio de mayor flexibilidad en cuanto al rol del Estado, lo
cual permite el despliegue y coexistencia entre gobiernos progresistas, que han
cuestionado el consenso neoliberal, con aquellos otros gobiernos que continúan
profundizando una matriz política conservadora en el marco del neoliberalismo.
El consenso de los commodities va configurando, pues, en términos políticos,
un espacio de geometría variable en el cual es posible operar una suerte
de movimiento dialéctico, que sintetiza dichas continuidades y rupturas en un
nuevo escenario que puede caracterizarse como “posneoliberal”, sin que esto
signifique, empero, la salida del neoliberalismo. En consecuencia, dicho escenario
nos confronta a una serie de nuevos desafíos teóricos y prácticos, que
abarcan una pluralidad de ámbitos, desde lo económico, social y ambiental,
hasta lo político y civilizatorio.
El proceso de ambientalización de las luchas sociales
Una de las consecuencias de la actual inflexión extractivista ha sido la explosión
de conflictos socioambientales, visibles en la potenciación de las luchas ancestrales
por la tierra, de la mano de los movimientos indígenas y campesinos, así como
en el surgimiento de nuevas formas de movilización y participación ciudadana,
centradas en la defensa de los bienes naturales, la biodiversidad y el ambiente.
Entendemos por conflictos socioambientales a aquellos ligados al acceso y
control de los recursos naturales y el territorio, que suponen, por parte de los
actores enfrentados, intereses y valores divergentes en torno de los mismos, en un
contexto de gran asimetría de poder. Dichos conflictos expresan diferentes concepciones
sobre el territorio, la naturaleza y el ambiente, así como van estableciendo
una disputa acerca de lo que se entiende por desarrollo y, de manera más
general, por democracia. Ciertamente, en la medida en que los diferentes megaproyectos
avanzan de modo vertiginoso y tienden a reconfigurar el territorio en su
globalidad, no sólo ponen en jaque las formas económicas y sociales existentes
sino también el alcance mismo de la democracia, pues se imponen sin el consenso
de las poblaciones, generando fuertes divisiones en la sociedad y una espiral de
criminalización y represión de las resistencias que sin duda abre un nuevo y peligroso
capítulo de violación de los derechos humanos.
En la medida en que los diferentes megaproyectos
avanzan (…) y tienden a reconfigurar el territorio (…)
ponen en jaque las formas económicas y sociales
existentes y el alcance mismo de la democracia
20 Movimientos socioambientales Consenso de los commodities…
En este contexto, la explosión de conflictos socioambientales ha tenido como
correlato aquello que acertadamente Enrique Leff llamara “la ambientalización de
las luchas indígenas y campesinas y la emergencia de un pensamiento ambiental
latinoamericano” (2006). A esto hay que añadir que el escenario actual aparece
marcado también por el surgimiento de nuevos movimientos socioambientales,
rurales y urbanos (en pequeñas y medianas localidades), de carácter policlasista,
caracterizados por un formato asambleario y una importante demanda de autonomía.
Asimismo, en este nuevo entramado juegan un rol no menor ciertas
organizaciones no gubernamentales ambientalistas –sobre todo, pequeñas organizaciones,
muchas de las cuales combinan la política de lobby con una lógica
de movimiento social– y diferentes colectivos culturales, en los cuales abundan
intelectuales y expertos, que no sólo acompañan la acción de las organizaciones
y los movimientos sociales, sino que en muchas ocasiones forman parte de ellos.
Esto quiere decir que dichos actores deben ser considerados menos como “aliados
externos” y mucho más como actores con peso propio, al interior del nuevo
entramado organizacional.
Así, el proceso de ambientalización de las luchas incluye un enorme y heterogéneo
abanico de colectivos y modalidades de resistencia, que va configurando
una red cada vez más amplia de organizaciones, en la cual los movimientos
socioterritoriales no son los únicos protagonistas. Desde nuestra perspectiva, lo
más novedoso es la articulación entre actores diferentes (movimientos indígenas
campesinos, movimientos socioambientales, organizaciones no gubernamentales
ambientalistas, redes de intelectuales y expertos, colectivos culturales), lo cual se
ha venido traduciendo en un diálogo de saberes y disciplinas, caracterizado tanto
por la elaboración de un saber experto independiente de los discursos dominantes
(un saber contra experto), así como por la valorización de los saberes locales, muchos
de ellos de raíces campesino indígenas. Al igual que en otros casos, esta dinámica
organizacional, que combina la acción directa (bloqueos, manifestaciones,
acciones de contenido lúdico), con la acción institucional (presentaciones judiciales,
audiencias públicas, demanda de consultas, propuestas de leyes), encuentra
como actores centrales a los jóvenes y las mujeres, cuyo rol es crucial tanto en las
grandes estructuras organizacionales como en los pequeños colectivos culturales.
Una dimensión que caracteriza los conflictos socioambientales es la multiescalaridad,
concepto que hace referencia a la reformulación de escalas en los diversos
procesos de globalización (Sassen, 2007) y alude por ello al involucramiento de un
entramado complejo de actores sociales, económicos, políticos, locales, regionales,
estatales y globales. La multiescalaridad tiene diferentes aspectos. Por ejemplo,
para el caso de las industrias extractivas, la dinámica entre “lo global” y “lo local”
se presenta como un proceso en el que se cristalizan, por un lado, alianzas entre
empresas transnacionales y Estados (en sus diferentes niveles), que promueven
un determinado modelo de desarrollo; y, por otro lado, resistencias provenientes
de las comunidades locales, que cuestionan tal modelo, y reclaman su derecho a
decidir en función de otras valoraciones. En este marco, los conflictos socioambientales
suelen combinarse perversamente con una tipología inherente al modelo
extractivo, las llamadas economías de enclave, y por tanto tienden a encapsularse
en la dimensión local. Dicha localización del conflicto se traduce en un deterioro
Maristella Svampa Movimientos socioambientales 21
mayor de los derechos civiles, quedando librados de la intervención de la justicia
y los entes municipales y/o provinciales, cuyo grado de vulnerabilidad frente a los
actores globales es mayor que el de sus homólogos nacionales.
Por otro lado, pese a esta tendencia al encapsulamiento local de los conflictos
(sobre lo cual volveremos más adelante), la generación de espacios de cruces y la
articulación progresiva de una “red de territorios” (Santos, 2005) reflejan otro aspecto
de la dinámica multiescalar, que va abarcando desde lo local y lo nacional,
hasta lo subcontinental. El resultado de ello es la generación de un diagnóstico
común y la expansión de una nueva gramática colectiva, que sitúan el actual proceso
de ambientalización de las luchas en continuidad con el internacionalismo
que América Latina conoce, al menos como tendencia, desde el año 2000, con el
inicio de un nuevo ciclo de acción colectiva a nivel regional y la realización de
los foros sociales.
Resulta imposible realizar un listado de las redes autoorganizativas nacionales
y regionales de carácter ambiental que hoy existen en América Latina. A título de
ejemplo, podemos mencionar la CONACAMI (Confederación Nacional de Comunidades
Afectadas por la Minería, nacida en 1999, en Perú); la Unión de Asambleas
Ciudadanas (UAC, Argentina, surgida en 2006) que congrega a organizaciones de
base que cuestionan la megaminería y el modelo de agronegocios; la Asamblea Nacional
de Afectados Ambientales (ANAA, México), creada en 2008 en instalaciones
de la UNAM, y que agrupa diferentes organizaciones de base que luchan contra la
megaminería, las represas hidroeléctricas, la urbanización salvaje y las megagranjas
industriales (cerdos, pollos, camarones), contando con el apoyo de la Unión de
Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS). Entre las redes trasnacionales
podemos citar a la CAOI (Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas), que
desde 2006 agrupa organizaciones de Perú, Bolivia, Colombia, Chile y, en menor
medida, de Argentina, y aboga por la creación de un Tribunal de Delitos Ambientales.
Por último, existen varios observatorios consagrados a estos temas, entre ellos, el
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), creado en 1991
con sede en Chile, el cual asesora a comunidades en conflicto en favor de sus derechos
ambientales, así como el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina
(OCMAL), que existe desde 1997 y articula a más de cuarenta organizaciones,
desde México hasta Chile, entre las cuales se halla el OLCA, la CONACAMI y la
reconocida organización no gubernamental Acción Ecológica, del Ecuador.
Estas redes y movimientos socioterritoriales han ido generando un lenguaje de
valoración acerca de la territorialidad, opuesto o divergente al discurso ecoeficientista
y a la visión desarrollista que sostienen gobiernos y grandes corporaciones.
Al mismo tiempo, en algunos casos estas redes vienen impulsando la sanción de
leyes y normativas, incluso de marcos jurídicos que apuntan a la construcción de
una nueva institucionalidad ambiental, como es el caso en Ecuador, lo cual entra
en colisión con las actuales políticas públicas de corte extractivista.
Entre todas las actividades extractivas, la más cuestionada en América Latina
es la minería metalífera a gran escala. En efecto, en la actualidad no hay país
latinoamericano con proyectos de minería a gran escala que no tenga conflictos
sociales suscitados entre las empresas mineras y el gobierno versus las comunidades:
México, varios países centroamericanos (Guatemala, El Salvador, Honduras,
22 Movimientos socioambientales Consenso de los commodities…
Costa Rica, Panamá), Ecuador, Perú, Colombia, Brasil, Argentina y Chile. Según el
Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) existen actualmente
120 conflictos activos que involucran a más de 150 comunidades afectadas
a lo largo de toda la región (Voces de Alerta, 2011). Sólo en el Perú, la Defensoría
del Pueblo de la Nación da cuenta de que los conflictos por la actividad minera
concentran el 70% de los conflictos socioambientales y de que éstos, a su vez,
representan el 50% del total de conflictos sociales en ese país, no casualmente
uno de aquellos donde más acelerada y descontroladamente se ha dado la expansión
minera (De Echave, et al., 2009). Este contexto de conflictividad contribuye
directa o indirectamente a la judicialización de las luchas socioambientales y a la
violación de los derechos en la medida en que no se generan procesos de consultas
adecuados a las comunidades y son desalojadas de las tierras reclamadas por
las empresas que contaminan los recursos de las comunidades, como el agua y el
territorio, de los que dependen para su vida (OCMAL, 2011).
Así, en un nuevo escenario de vinculación global que los diferentes gobiernos
latinoamericanos –sean progresistas, de izquierda o de inspiración neoliberal–
comparten en nombre del Consenso de los commodities, la minería metalífera
a cielo abierto se ha convertido en una suerte de figura extrema, un símbolo del
extractivismo predatorio, al sintetizar un conjunto de rasgos particulares directamente
negativos para la vida de las poblaciones y el futuro de nuestros países.
Tópicos del giro ecoterritorial
En términos generales, y por encima de las marcas específicas (que dependen, en mucho,
de los escenarios locales y nacionales), la dinámica de las luchas socioambientales
en América Latina ha venido asentando la base de lo que podemos denominar
el giro ecoterritorial, esto es, la emergencia de un lenguaje común que da cuenta del
cruce innovador entre la matriz indígena comunitaria, la defensa del territorio y el
discurso ambientalista. En este sentido, puede hablarse de la construcción de marcos
comunes de la acción colectiva, los cuales funcionan no sólo como esquemas de
interpretación alternativos1
, sino como productores de una subjetividad colectiva.
Bienes comunes, soberanía alimentaria, justicia ambiental y “buen vivir” son
algunos de los tópicos que expresan este cruce productivo entre matrices diferentes2
. Ciertamente, en primer lugar, y a contrapelo de la visión dominante, en
el marco del giro ecoterritorial, los bienes naturales no deben ser comprendidos
como commodities, esto es, como pura mercancía; pero tampoco exclusivamente
como recursos naturales estratégicos, como apunta a circunscribir el neodesarrollismo
progresista. Por encima de las diferencias, uno y otro lenguaje imponen una
concepción utilitarista, que implica el desconocimiento de otros atributos y valoraciones
–que no pueden representarse mediante un precio de mercado, incluso
aunque algunos lo tengan. En contraposición a esta visión, la noción de bienes
comunes integra visiones diferentes que afirman la necesidad de mantener fuera
del mercado aquellos bienes que, por su carácter de patrimonio natural, social,
cultural, poseen un valor que rebasa cualquier precio. Como afirma Bollier (2008)
“el concepto de bienes comunes describe una amplia variedad de fenómenos; se
refiere a los sistemas sociales y jurídicos para la administración de los recursos
Maristella Svampa Movimientos socioambientales 23
compartidos de una manera justa y sustentable […] lleva implícita una serie de
valores y tradiciones que otorgan identidad a una comunidad y la ayudan a autogobernarse”.
Este carácter de “inalienabilidad” aparece vinculado a la idea de lo
común, lo compartido, y, por ende, a la definición misma de la comunidad o de
los “ámbitos de comunidad” (Esteva, 2007).
Por otro lado, en el contexto latinoamericano, la referencia recurrente a los
bienes comunes aparece ligada a la noción de territorio o territorialidad. Ciertamente,
la denominación alude a aquellos bienes que garantizan y sostienen
las formas de vida en un territorio determinado. Así, no se trata exclusivamente
de una disputa en torno a los “recursos naturales”, sino de una disputa por la
construcción de un determinado “tipo de territorialidad”, centrado en un lenguaje
que apunta a la protección de “lo común” en el marco de una concepción
“fuerte” de la sustentabilidad. Es precisamente el desconocimiento de estas otras
valoraciones lo que abre las puertas a que los territorios sean considerados como
“áreas de sacrificio”.
Varios son los pilares que dan sustento experiencial a este lenguaje en torno a
“lo común”, en clave de sustentabilidad fuerte. En unos casos, la valoración del
territorio está ligada a la historia familiar, comunitaria e incluso ancestral (“territorio
heredado”). Otras veces, la concepción del territorio “heredado” y/o del
territorio “elegido”, va convergiendo con la concepción del territorio vinculada a
las comunidades indígenas y campesinas (“territorio originario”). Por último, involucra
a quienes, habiendo optado por abandonar los grandes centros urbanos del
país, han elegido los lugares hoy amenazados, motivados por la búsqueda de una
mejor calidad de vida, o de jóvenes que optaron por un estilo de vida diferente en
el cual la relación con “lo natural” y el ambiente juega un papel central (“territorio
elegido”)3. En la línea del territorio originario se inserta la defensa cada vez más
dramática del derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas, expresado
en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que recogen
casi todas las constituciones latinoamericanas, el cual se ha convertido en una herramienta
en disputa para lograr el control/recuperación del territorio, amenazado
por el actual modelo de desarrollo extractivista, tal como lo reflejan los casos de
Perú, Ecuador y Bolivia (Oxfam, 2011).
Otro de los tópicos que recorre el giro ecoterritorial es el de soberanía alimentaria,
que aparece ligado a la noción de bienes comunes, mediante la afirmación
de la diversidad (Perelmuter, 2011). La soberanía alimentaria afirma el
derecho de los pueblos a producir alimentos y el derecho a decidir lo que quieren
consumir y cómo y quién lo produce. Dicho concepto fue desarrollado por Vía
Campesina y llevado al debate público con ocasión de la Cumbre Mundial de la
Alimentación en 1996. Sin duda, conlleva el reconocimiento de los derechos de
los campesinos que desempeñan un papel esencial en la producción agrícola y
en la alimentación. Desde entonces, y en un contexto en el cual los gobiernos
latinoamericanos han optado masivamente por consolidar un paradigma agrario
basado en los transgénicos, la temática atraviesa el debate agrario internacional
(Vía Campesina, 2004).
Asimismo, el giro ecoterritorial presenta contactos significativos con los llamados
“movimientos de justicia ambiental”, originados en la década del ochenta
24 Movimientos socioambientales Consenso de los commodities…
en comunidades negras de Estados Unidos. Según Henri Acselard (2004: 16), la
noción de justicia ambiental
[…] implica el derecho a un ambiente seguro, sano y productivo para todos, donde el medio ambiente
es considerado en su totalidad, incluyendo sus dimensiones ecológicas, físicas, construidas,
sociales, políticas, estéticas y económicas. Se refiere así a las condiciones en que tal derecho puede
ser libremente ejercido, preservando, respetando y realizando plenamente las identidades individuales
y de grupo, la dignidad y la autonomía de las comunidades”.
De este modo, la unión de la justicia social y el ecologismo supone ver a los seres
humanos no como algo aparte sino como parte integral del verdadero ambiente
(Di Chiro, 1998). El movimiento de Justicia Ambiental es un enfoque que enfatiza
en la desigualdad de los costos ambientales, la falta de participación y de
democracia, y en el racismo ambiental hacia los pueblos originarios despojados
de sus territorios, que son, en fin, la injusticia de género y la deuda ecológica. En
esta línea que reivindica un paradigma de la democracia ligado a los derechos
humanos, se ubican organizaciones como el OLCA, ya citado, y la Red de Justicia
Ambiental, en Brasil4
, así como diferentes asambleas patagónicas de la Argentina
que hoy luchan contra la megaminería.
Sin embargo, hay que decir que el tópico de la justicia ambiental hoy tiende a
ser desplazado por otros, como el del “buen vivir”. Ciertamente, una de las consignas
que ha otorgado mayor vitalidad al actual giro ecoterritorial es la del “buen
vivir”, vinculado a la cosmovisión indígena andina suma kausay o suma qamaña
(en quechua y aymara respectivamente). Sin duda, este es uno de las tópicos más
movilizadores, de origen latinoamericano, que tiende puentes entre el pasado y
el futuro, entre la matriz comunitaria, el lenguaje territorial y la mirada ecologista.
Dada su importancia, es necesario preguntarse cuáles son los sentidos que
adquiere el buen vivir en los actuales debates que se llevan a cabo, sobre todo, en
Ecuador y Bolivia. Todos coinciden en afirmar que es un “concepto en construcción”
y, por ende, también en disputa. Para el boliviano Xavier Albó (2009), detrás
del concepto está la lógica de las comunidades de muchos pueblos indígenas
originarios, contrapuestos a las sociedades y poderes dominantes, y su plasmación
como parte del país. Por otra parte, para la ecuatoriana Magdalena León (2009),
la noción de buen vivir se sustenta “en reciprocidad, en cooperación, en complementariedad”
y aparece ligada a la visión ecofeminista de cuidado de la vida, de
cuidado del otro.
Dos constituciones latinoamericanas, la de Ecuador y la de Bolivia, incorporaron
la perspectiva del “buen vivir”. Para el caso del Ecuador, el gobierno elaboró,
a través de la SENPLADES (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo), el
Plan del Buen Vivir 2009-2013, que propone, además del “retorno del Estado”, un
cambio en el modelo de acumulación, más allá del primario exportador, hacia un
… el buen vivir involucra una fuerte dimensión
ambiental (…) basada en la ruptura con la ideología
del progreso
Maristella Svampa Movimientos socioambientales 25
desarrollo endógeno, biocentrado, basado en el aprovechamiento de la biodiversidad,
el conocimiento y el turismo. Como afirma el plan presentado, “el cambio
no será inmediato, pero el programa del ‘Buen Vivir’ constituye una hoja de ruta”
(Ospina Peralta: 2010).
En un libro reciente publicado en Bolivia, que apunta a establecer un estado
del arte sobre el tema, se indica que el Vivir Bien implica una serie de aristas, entre
ellas una vida “dulce”, buena convivencia, acceso y disfrute a bienes materiales e
inmateriales; reproducción bajo relaciones armónicas entre las personas, orientadas
a la satisfacción de las necesidades humanas y naturales; relaciones armónicas
entre las personas y la naturaleza, y entre las personas mismas; realización afectiva
y espiritual de las personas en asociación familiar o colectiva y en su entorno social
amplio; reciprocidad y complementariedad en las relaciones de intercambio y
gestión local de la producción; visión cosmocéntrica de la vida (Farah y Vasapollo,
2011). Aun así, y más allá de las diferentes posturas que van diseñando una superficie
amplia sobre la cual se van inscribiendo diferentes sentidos, el buen vivir,
como afirma Gudynas (2011b), involucra una fuerte dimensión ambiental, en la
medida en que postula otra mirada sobre la naturaleza, basada en la ruptura con
la ideología del progreso. Sin embargo, como todo concepto en disputa, y en un
contexto de asociación creciente entre gobiernos progresistas y extractivismo, el
buen vivir puede sufrir un temprano vaciamiento y, en el límite, una posible vampirización
en manos de las diferentes retóricas gubernamentales.
Por último, existe un último tópico asociado al giro ecoterritorial: el de los
derechos de la naturaleza. El mismo reenvía a una perspectiva jurídica filosófica
basada en la ecología profunda, que aparece por primera vez en la nueva Constitución
ecuatoriana e ilustra el desplazamiento desde una visión antropocéntrica de
la naturaleza hacia otra “sociobiocéntrica” (Acosta, 2011), o “biocéntrica” (Gudynas,
2009). En dicha Constitución, la naturaleza aparece como sujeto de derechos:
esto incluye “el derecho a que se respete integralmente su existencia, y el mantenimiento
y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos”
(Artículo 71). La naturaleza posee así valores intrínsecos (también llamados
valores propios), que están en los seres vivos y en el ambiente, y que no dependen
de la utilidad o consideración humana.
Visión “eldoradista”, conflictos y tensiones territoriales
Hemos dicho que el giro ecoterritorial da cuenta de la construcción de marcos
comunes de la acción colectiva, que funcionan como estructuras de significación
y esquemas de interpretación contestatarios o alternativos. Dichos marcos tienden
a desarrollar una importante capacidad movilizadora, a instalar nuevos temas, lenguajes
y consignas, al tiempo que orientan la dinámica interactiva hacia la producción
de una subjetividad colectiva común. Así, resulta claro que éstos apuntan a
la expansión de las fronteras del derecho, así como tienden a expresar una disputa
societal en torno de lo que se entiende o debe entenderse por “verdadero desarrollo”
o “desarrollo alternativo” y por “sustentabilidad débil o fuerte”. Al mismo
tiempo, ponen en debate lo que se entiende por soberanía, democracia y derechos
humanos; sea en un lenguaje de defensa del territorio y los bienes comunes, de
26 Movimientos socioambientales Consenso de los commodities…
los derechos humanos, de los derechos de la naturaleza, o en los del “buen vivir”,
la demanda apunta a una democratización de las decisiones, más aún, al derecho
de los pueblos de decir “no” frente a proyectos que afectan fuertemente las condiciones
de vida de los sectores más vulnerables y comprometen el porvenir de las
futuras generaciones.
En este sentido, el giro ecoterritorial de las luchas da cuenta de cómo las organizaciones
y movimientos sociales involucrados van construyendo un conocimiento
alternativo, el cual constituye una condición necesaria pero no suficiente
para hablar de alternativas al modelo de desarrollo imperante. Asimismo, las nuevas
estructuras de significación están lejos todavía de haberse convertido en debates
de sociedad. Ciertamente, son temas que tienen una determinada resonancia
social, mediante su inscripción en la agenda política y parlamentaria, pero las
expectativas que muchos ciudadanos latinoamericanos tienen sobre las políticas
públicas y en los procesos de transformación social encarados por los gobiernos
progresistas, opacan, subalternizan y tienden a neutralizar la potencia de dichos
marcos contestatarios.
Adicionalmente, existen otros obstáculos, vinculados a las dificultades propias
de los movimientos y espacios de resistencia, atravesados a veces por demandas
contradictorias, así como por la persistencia de determinados imaginarios sociales
en torno al desarrollo. Así, una de las dificultades aparece reflejada por la
tensión de territorialidades y la preeminencia de una mirada “eldoradista” sobre
los recursos naturales. Tomamos esta expresión del sociólogo boliviano René Zavaleta
(2009), quien afirmaba que la idea del subcontinente como lugar por excelencia
de los grandes recursos naturales fue dando forma al mito del excedente,
“uno de los más fundantes y primigenios en América Latina”. Con ello, el autor
boliviano hacía referencia al mito “eldoradista” que “todo latinoamericano espera
en su alma”, ligado al súbito descubrimiento material (de un recurso o bien natural),
que genera el excedente como “magia”, “que en la mayor parte de los casos
no ha sido utilizado de manera equilibrada”. Aunque las preocupaciones de Zavaleta
poco tenían que ver con la problemática de la sustentabilidad ambiental,
que hoy es tan importante en nuestras sociedades, creemos que resulta legítimo
retomar esta reflexión para pensar en el actual retorno de este mito fundante, de
larga duración, ligado a la abundancia de los recursos naturales y sus ventajas,
en el marco de un nuevo ciclo de acumulación. Por ende, entendemos la visión
eldoradista de los recursos naturales como una expresión regional de la actual
ilusión desarrollista.
En este sentido, es necesario reconocer también que el actual proceso de construcción
de territorialidad se realiza en un espacio complejo, en el cual se entrecruzan
lógicas de acción y racionalidades portadoras de valoraciones diferentes.
De modo esquemático, puede afirmarse que existen diferentes lógicas de territorialidad,
según nos refiramos a los grandes actores económicos (corporaciones,
élites económicas), a los Estados (en sus diversos niveles), o a los diferentes actores
sociales organizados y/o implicados en el conflicto. Mientras que las lógicas territoriales
de las corporaciones y las élites económicas se enmarcan en un paradigma
economicista, que señala la importancia de transformar aquellos espacios donde
se encuentran los recursos naturales considerados estratégicos en territorios efi-
Maristella Svampa Movimientos socioambientales 27
cientes y productivos, la lógica estatal, en sus diversos niveles, suele insertarse en
un espacio de geometría variable.
Veamos brevemente algunos casos nacionales para ilustrar esta problemática.
Para el caso del Perú, la lógica estatal entronca claramente con una visión neoliberal,
asociada a la desposesión. Esto ha sido ilustrado emblemáticamente por el ex
presidente Alan García quien, en octubre de 2007, publicó en el tradicional diario
El Comercio (Lima) el célebre artículo titulado “El síndrome del perro del hortelano”,
el cual anticipaba de manera brutal su política en relación a la Amazonia y a
los recursos naturales, basada en la expansión hacia los territorios “ociosos”. Así,
a fin de facilitar la implementación del Tratado de Libre Comercio con los Estados
Unidos, en junio del 2008 el ejecutivo sancionó un centenar de decretos legislativos,
entre ellos un paquete de 11 leyes que afectaban a la Amazonia. Los decretos
legislativos, rebautizados como “la ley de la selva” por las organizaciones indígenas
y las organizaciones ambientalistas no gubernamentales, fueron criticados
desde diferentes sectores como anticonstitucionales. Finalmente, la represión de
Bagua, en junio de 2009, que costó la vida de más de 30 habitantes de las poblaciones
amazónicas, 10 policías y un número indeterminado de desaparecidos, así
como las protestas que le siguieron, no sólo obligaron al gobierno de Alan García a
derogar aquellos decretos que afectaban directamente el derecho de consulta sino
que también permitieron que el país asomara al descubrimiento de los pueblos
amazónicos, históricamente excluidos.
En el último año, esta tendencia hacia la criminalización y la represión se ha
venido agravando bajo el gobierno de Ollanta Humala, pese a que inicialmente
había despertado expectativas de renovación. Efectivamente, frente a los conflictos
suscitados por la resistencia social a la megaminería, cada vez más radicalizada,
el giro militarista que dio el gobierno confirmó la tendencia de retornar a la figura
clásica del “orden e inversiones”, asociada a la matriz neoliberal. En menos de un
año de gobierno ya se han registrado quince muertos por represión. A mediados
de 2012, el gobierno peruano declaró el estado de emergencia en 3 provincias
del departamento de Cajamarca, mientras se lanzaba un paro indefinido en contra
del cuestionado proyecto minero “Conga”, de la empresa Yanacocha. El proyecto
implicaría entre otras cosas la destrucción de 4 lagunas. En la actualidad, la escalada
represiva y la política de detenciones masivas es tal, que el peruano Santiago
Pedraglio caracterizó a la gestión de Humala como la formación de un gobierno
minero militar (2012)5
.
Respecto a la Argentina, en los últimos años ha habido varios conflictos que
contribuyeron a instalar la problemática ambiental en la agenda pública. Algunos,
de modo directo, como el conflicto entablado con el Uruguay por la instalación de
las papeleras (que motivara un largo corte al puente internacional que comunica
ambos países, realizado por los vecinos de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú,
entre 2005 y 2010), la problemática de la contaminación en la cuenca del
Riachuelo y la discusión en el congreso de la Ley nacional de protección de los
glaciares (2010). Otros, como el conflicto entablado entre el gobierno nacional y
las corporaciones agrarias, en relación a las retenciones móviles al sector (2008),
iluminaron de manera más lateral el proceso de desposesión hacia campesinos
e indígenas que hoy ocurre en las llamadas áreas marginales, en especial en las
28 Movimientos socioambientales Consenso de los commodities…
provincias del norte, asociado a la expansión de la soja. A esto se añadió que, en el
inicio de su segundo mandato, en diciembre de 2011, el gobierno de Cristina Fernández
sancionó una nueva Ley antiterrorista, que torna aún más difusa la figura
penal de “terrorismo”, ampliando su aplicación –como en el caso ecuatoriano– a
las organizaciones que supuestamente “financian dichos actos terroristas”. Esta ley
obtuvo el rechazo generalizado de organizaciones sociales, de derechos humanos
y de intelectuales, incluido el de aquellos sectores que apoyan al gobierno, pues
todo indica que el objetivo de la misma es el de penalizar la protesta social.
Por otro lado, en Argentina, pese a su presencia en numerosas provincias, los
conflictos en relación a la megaminería han estado encapsulados en el nivel local
y han ido avanzando de la mano de la sanción de leyes provinciales que limitan
este tipo de actividad, en que se utilizan sustancias tóxicas (Voces de Alerta, 2011).
Sin embargo, a principios de 2012 hubo una inflexión que produjo el ingreso de
la cuestión minera a la agenda política nacional: los vecinos de Famatina, en la
provincia de la Rioja, volvieron a levantarse en contra de la megaminería. En 2007
ya habían expulsado a la empresa Barrick Gold, que se proponía explotar el cerro,
y habían logrado una ley provincial de prohibición de la megaminería. Pero, en
2008 esa ley fue derogada y dejó el conflicto en un impasse. Como suele suceder,
frente a las resistencias, los gobiernos aguardan la apertura de “nuevas oportunidades
políticas” para tratar de avanzar con tales proyectos. Así, luego de las elecciones
generales realizadas en octubre de 2011, la provincia de La Rioja firmó un
nuevo convenio con otra empresa canadiense (Osisko Minning). Fue entonces que
los vecinos de Famatina iniciaron un nuevo bloqueo para impedir el acceso de la
empresa minera al cerro. Poco después, el corte se convertía en una gran pueblada,
de resonancia nacional, que obligaría a la provincia a suspender el inicio del
proyecto. Esta súbita visibilización de la lucha antiminera suscitó una sostenida
solidaridad en las grandes ciudades, y tuvo su continuidad en otras movilizaciones
y cortes, realizados en otras provincias.
Asimismo, hubo varios episodios de represión y de criminalización, que
abarcaron incluso el bloqueo de una localidad (Andalgalá, en Catamarca) por
parte de sectores promineros. Sin embargo, la respuesta del gobierno de Fernández
de Kirchner apuntó a la confirmación del modelo minero. Más aún, en un
contexto de fuerte polarización política, la intelectualidad vinculada al kirchnerismo
y la nueva juventud militante buscaron mantener “blindado” el discurso,
negando la responsabilidad del gobierno nacional respecto de la lógica de
desposesión y su alianza evidente con las corporaciones mineras; subrayando,
en contraste con ello, el peso de las políticas sociales y la revitalización de institutos
laborales, como la negociación colectiva, entre otros. En la actualidad,
en un contexto de fuerte realineamiento entre el poder político, el poder económico
y el poder mediático, que ha vuelto a encapsular en sus contextos locales
la cuestión minera, la crítica al extractivismo es llevada a cabo por un conjunto
de movimientos socioterritoriales (no solamente socioambientales), colectivos
culturales e intelectuales ligados a la izquierda independiente y a parte de la
izquierda partidaria y clasista.
El caso de Ecuador y Bolivia ilustran una situación más paradójica. Así,
recordemos que una de las mayores expresiones del giro ecoterritorial ha sido
Maristella Svampa Movimientos socioambientales 29
la propuesta del gobierno ecuatoriano, en mayo de 2007, de no explotar el
petróleo en el bloque 43 del parque nacional Yasuni. Es decir, se busca mantener
el crudo en la tierra, con la idea de proteger la biodiversidad, apoyar a
las culturas aisladas, combatir el cambio climático y, en fin, de promover un
tipo de desarrollo social basado en la conservación de la naturaleza y la promoción
de energías alternativas. La comunidad internacional participaría con
una compensación financiera, creando un fondo de capital que sería administrado
por la ONU, con la participación del Estado ecuatoriano, la sociedad
civil y los contribuyentes. Vale aclarar que el Yasuni, situado en la Amazonia,
al este del Ecuador, es el bosque más biodiverso del planeta: en una sola hectárea
del bosque hay tantas especies de árboles como en todo EE.UU. y Canadá
juntos. El parque nacional es, además, hogar de los huaorani y de algunos
de los últimos pueblos indígenas que aún viven en aislamiento, sin contacto
con otras culturas. En estas tierras se encuentran las reservas más grandes de
petróleo ecuatoriano, en el bloque Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT), de
900 millones de barriles.
Organizaciones de pueblos originarios como la Confederación Nacional de
Indígenas del Ecuador (CONAIE) y organizaciones ambientalistas no gubernamentales,
como Acción Ecológica, muy activas en este campo, ilustran el giro
ecoterritorial de las luchas. Esto no sólo porque estamos hablando del país en
el cual se han pergeñado innovaciones jurídicas y constitucionales importantes,
como la ya referida sobre los derechos de la naturaleza, sino porque en un
contexto de grandes tensiones con el gobierno de Rafael Correa, dichos actores
colectivos apuntan permanentemente a la profundización del debate acerca del
modelo de desarrollo y a la necesaria salida del extractivismo.
No obstante ello, todo esto no ha sido suficiente para frenar la implementación
del modelo de minería a gran escala, que ha sido desde el comienzo uno
de los caballitos de batalla del presidente ecuatoriano. Tengamos en cuenta que
en 2008, la Asamblea Constituyente planteó declarar al Ecuador “libre de minería
contaminante”. Los resultados, sin embargo, fueron otros: efectivamente,
se declaró la caducidad de miles de concesiones mineras ilegales, poniendo en
vilo proyectos extractivos millonarios; pero posteriormente, en enero de 2009, el
parlamento aprobó la nueva Ley minera, profundizando el modelo extractivista,
de por sí basado en la explotación de petróleo.
A principios de marzo de 2012, el gobierno de Correa firmó el primer contrato
de minería metálica a gran escala en el Ecuador con la empresa Ecuacorrientes
SA, por 25 años. Días más tarde, una movilización social convocada por la CONAIE
empezó una larga marcha que inició su recorrido en Zamora y terminaría
en Quito. El primer punto, de los 19 que formaron la agenda de la marcha, fue
precisamente la oposición a la minería metálica a gran escala y la demanda de
…una práctica extraccionista viene acompañada
por un falso discurso industrialista
(“el gran salto industrial”)
30 Movimientos socioambientales Consenso de los commodities…
reversión del contrato con Ecuacorrientes (Ospina Peralta, 2012). Esta avanzada
de la megaminería se inserta, además, en un contexto de fuerte confrontación discursiva
entre el presidente Correa y las organizaciones socioambientales, así como
de una escalada de criminalización de sus luchas, bajo la figura de “sabotaje y
terrorismo”, que en la actualidad alcanza a unas 170 personas, sobre todo ligadas
a las resistencias contra la megaminería6
.
Asimismo, cabe agregar que la discusión acerca del alcance del derecho de
consulta es uno de los puntos candentes, sobre todo en los países de matriz
andina. Así, en Ecuador, el Convenio 169 de la OIT, referido al derecho de consulta
de los pueblos originarios, fue ratificado por la Constitución en 1998, pero
en la práctica no se ha cumplido. Debido a ello, este derecho corre el riesgo
de ser acotado y reformulado bajo otras figuras como, por ejemplo, la consulta
prelegislativa, o bien mediante el desconocimiento de los canales regulares de
la consulta, que supone el reconocimiento de las instituciones representativas de
los pueblos indígenas.
Una línea similar parece recorrer Bolivia, a partir del arribo de Evo Morales al
gobierno, en 2006. Recordemos que este emergió como una de las expresiones
más innovadoras y radicales de los nuevos gobiernos progresistas latinoamericanos,
ilustrando la síntesis entre movimientos sociales y nuevo poder político. Ahora
bien, es necesario distinguir dos momentos diferentes en los 6 años de gestión
que ya lleva Evo Morales. Por un lado, hubo una primera etapa de gobierno, entre
2006 y 2009, donde predominaron los conflictos con las oligarquías del oriente,
lo cual coexistió con la creación de nuevos marcos constitucionales (el Estado
Plurinacional), y la voluntad de creación de un Estado nacional, que apuntara a la
nacionalización de los recursos naturales y la captación de la renta extractivista.
Por otro lado, una segunda etapa arrancó en 2010, tras la derrota de las oligarquías
regionales, cuyo objetivo es la consolidación de un proyecto hegemónico de
carácter estatalista, basado en la promoción de una serie de megaproyectos estratégicos,
de carácter extractivo (participación en las primeras etapas de explotación
del litio, expansión de la megaminería a cielo abierto, en asociación con grandes
compañías transnacionales, construcción de grandes represas hidroeléctricas y carreteras
en el marco del IIRSA, entre otros). Así, mientras que la primera fase apuntaba
a potenciar un lenguaje descolonizador múltiple, más allá de las tensiones
evidentes, la segunda reduce los contornos del proceso de descolonización no
sólo con la tendencia a desplegar una hegemonía por momentos poco plural, sino
principalmente por medio de la exacerbación de una práctica extractivista, que
viene acompañada por un falso discurso industrialista (el “gran salto industrial”, en
palabras del vicepresidente Álvaro García Linera).
Sin embargo, este proceso de unidimensionalización del proyecto del MAS comienza
a encontrar severos obstáculos. Si bien uno de los puntos de inflexión fue
la contracumbre realizada en Cochabamba sobre el cambio climático (en abril de
2010), sin duda el conflicto que constituyó el parteaguas fue el del TIPNIS (Territorio
Indígena y Parque Nacional “Isiboro Sécure”). Recordemos que el TIPNIS se
convirtió en una zona de discordia entre los habitantes de la región y el gobierno
por la construcción de una carretera. Se trata de una zona muy aislada y protegida,
cuya autonomía es reconocida desde los años noventa. En ese contexto, el gobier-
Maristella Svampa Movimientos socioambientales 31
no de Evo Morales se propuso llevar a cabo la construcción de dicha carretera,
recortando la autonomía del territorio, sin consultar previamente a las poblaciones
indígenas involucradas y a sabiendas de que éstas se oponían a la misma7
.
Después de una larga marcha de indígenas desde el TIPNIS hasta La Paz, apoyada
por varias organizaciones (la Confederación Indígenas del Oriente Boliviano,
entre ellas) y numerosas redes ambientalistas, y luego de un oscuro hecho
de represión, el gobierno de Evo Morales retrocedió en sus propósitos, aunque
no está del todo claro cuál será la resolución final del conflicto. Sin embargo, lo
ocurrido con el TIPNIS, refleja la fuerte disputa por la definición de lo que hoy se
entiende en aquel país por descolonización, en la medida en que muestra la tensión
explícita entre la hipótesis estatalista fuerte (un Estado nacional que avanza
con megaproyectos extractivos, sin consultar a los ciudadanos) y la hipótesis de
construcción del Estado Plurinacional (respeto de las autonomías indígenas y de la
filosofía del “buen vivir”).
En términos más generales, la visión “eldoradista”, promovida por los gobiernos
progresistas más radicales (Bolivia, Venezuela y Ecuador), aparece hoy asociada
a la acción del Estado (productor y relativamente regulador) y a una batería
de políticas sociales, dirigidas a los sectores más vulnerables, cuya base misma
es la renta extractivista (petróleo y gas, sobre todo). Ciertamente, no es posible
desdeñar la recuperación de ciertas herramientas y capacidades institucionales
por parte del Estado nacional, el cual se ha vuelto a erigir como un actor económico
relevante y, en ciertos casos, en un agente de redistribución. Sin embargo,
en el marco de las teorías de la gobernanza mundial, que tienen por base la
consolidación de una nueva institucionalidad basada en marcos supranacionales
o metareguladores, la tendencia no es precisamente que el Estado nacional devenga
un “mega actor”, o a que su intervención garantice cambios de fondo. Al
contrario, la hipótesis de máxima apunta al retorno de un Estado moderadamente
regulador, capaz de instalarse en un espacio de geometría variable, esto es, en
un esquema multiactoral (de complejización de la sociedad civil, ilustrada por
movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales y otros actores), pero
en estrecha asociación con los capitales privados multinacionales, cuyo peso en
las economías nacionales es cada vez mayor. Ello coloca límites claros a la acción
del Estado nacional y un umbral inexorable a la propia demanda de democratización
de las decisiones por parte de las comunidades y poblaciones afectadas por
los grandes proyectos extractivos.
No hay que olvidar tampoco que el retorno del Estado a sus funciones redistributivas
se afianza sobre un tejido social diferente al de antaño, producto de
las transformaciones de los años neoliberales, y en muchos casos en continuidad
–abierta o solapada– con aquellas políticas sociales compensatorias, difundidas
en los años noventa mediante las recetas del Banco Mundial. En este contexto y
mal que le pese, el neodesarrollismo progresista comparte con el neodesarrollismo
liberal tópicos y marcos comunes, aun si busca establecer notorias diferencias en
relación al rol del Estado y a las esferas de democratización.
Por otro lado, al costado de las organizaciones y redes socioambientales existen
grandes problemas. Uno de los más graves es la desconexión existente entre
las redes y organizaciones que luchan contra el extractivismo, más ligadas al ám-
32 Movimientos socioambientales Consenso de los commodities…
bito rural, a las pequeñas localidades y los sindicatos urbanos, que representan a
importantes sectores de la sociedad, y que en varios países (México, Argentina y
Brasil, entre otros) conservan un fuerte protagonismo social. Entre estos movimientos,
la falta de puentes es total, y ello remite a la presencia de un fuerte imaginario
desarrollista en los trabajadores de las grandes ciudades, generalmente ajenos a las
problemáticas ambientales de las pequeñas y medianas localidades.
Así, gran parte de los megaproyectos se extiende sobre pequeñas y medianas
localidades, cuyo poder de presión es más débil y su vulnerabilidad mayor, respecto
de las grandes ciudades. En todo caso, la lejanía respecto de los grandes
nodos urbanos ha contribuido a reforzar las fronteras entre el campo y la ciudad,
entre la sierra, la selva y la costa, como en Perú y Colombia; o entre las pequeñas
localidades y las grandes ciudades, como en Argentina, en la medida en que
estos megaproyectos (mineras, agronegocios y represas, entre otros) sólo afectan
de manera indirecta a las ciudades. Como corolario, esto se ve reforzado por los
procesos de fragmentación territorial, producto de la implementación de proyectos
extractivistas y de la consolidación de enclaves de exportación.
Fracturas del pensamiento crítico latinoamericano
Este escenario contrastante que presenta hoy América Latina abre un terreno de
grandes acechanzas. Uno de los rasgos más notorios de la época es que el Consenso
de los commodities abrió una brecha, una herida en el pensamiento crítico
latinoamericano, que en los años noventa mostraba rasgos mucho más aglutinantes,
frente al carácter monopólico del neoliberalismo como usina ideológica. Así,
el presente latinoamericano refleja diferentes tendencias políticas e intelectuales:
por un lado, están aquellas posiciones que dan cuenta del retorno del concepto
de desarrollo, en sentido fuerte, esto es, asociado a una visión productivista, que
incorpora conceptos engañosos, de resonancia global (el desarrollo sustentable en
su versión débil, la responsabilidad social empresarial, la gobernanza), al tiempo
que busca sostenerse a través de una retórica falsamente industrialista.
Sea en el lenguaje crudo de la desposesión (del neodesarrollismo neoliberal)
como en el que apunta al control del excedente por parte del Estado (del neodesarrollismo
progresista), el actual modelo de desarrollo se apoya sobre un paradigma
extractivista, se nutre de la idea de “oportunidades económicas” o “ventajas comparativas”
proporcionadas por el Consenso de los commodities, y despliega ciertos
imaginarios sociales (“la visión ‘eldoradista’ en clave desarrollista”) desbordando
las fronteras político ideológicas que los años noventa habían erigido. Así, por encima
de las diferencias que es posible establecer en términos político ideológicos y
de los matices que podamos hallar, dichas posiciones reflejan la tendencia a consolidar
un modelo neocolonial de apropiación y explotación de los bienes comunes,
que avanza sobre las poblaciones desde una lógica vertical (de arriba hacia
abajo), colocando en un gran tembladeral los avances producidos en el campo de
la democracia participativa, e inaugurando un nuevo ciclo de criminalización y
violación de los derechos humanos.
Asimismo, neoliberales y progresistas resaltan la asociación entre mega-proyectos
extractivistas y trabajo, generando expectativas laborales en la población
Maristella Svampa Movimientos socioambientales 33
que pocas veces se cumplen, puesto que en realidad se trata de proyectos capitalintensivos
y no trabajo-intensivos, tal como lo muestra de manera emblemática
el caso de la minería a gran escala8
. Comparten la idea del “destino” inexorable
de América Latina como “sociedades exportadoras de naturaleza”, en función de
la nueva división internacional del trabajo y en nombre de las ventajas comparativas.
Por último, el lenguaje progresista comparte con el lenguaje neoliberal
la orientación adaptativa de la economía a los diferentes ciclos de acumulación.
Esta confirmación de una “economía adaptativa” es uno de los núcleos duros que
atraviesa sin solución de continuidad el Consenso de Washington y el Consenso
de los commodities, más allá de que los gobiernos progresistas enfaticen una retórica
que reivindica la autonomía económica y la soberanía nacional y postulen la
construcción de un espacio político latinoamericano.
Ya hemos dicho que los escenarios latinoamericanos más paradójicos y emblemáticos
de la visión “eldoradista” son los que presentan Bolivia y Ecuador. El tema
no es menor, dado que ha sido en estos países donde, en el marco de fuertes procesos
participativos, se han ido pergeñando nuevos conceptos-horizontes como
los de descolonización, Estado Plurinacional, autonomías, buen vivir y derechos
de la naturaleza. Sin embargo, y más allá de la exaltación de la visión de los pueblos
originarios en relación a la naturaleza (el “buen vivir”), inscriptas en el plano
constitucional, en el transcurrir del nuevo siglo y con la consolidación de dichos
regímenes, otras cuestiones fueron tomando centralidad, vinculadas a la profundización
de un neodesarrollismo extractivista.
Más allá del neodesarrollismo imperante, en sus versiones progresistas y neoliberales,
en América Latina existe una perspectiva crítica diferente, que hoy aparece
ilustrada por diferentes organizaciones sociales y posicionamientos intelectuales
que cuestionan abiertamente el modelo de desarrollo extractivista hegemónico
y su concepto de naturaleza. En sintonía con los cuestionamientos propios de las
corrientes indigenistas, el campo del pensamiento crítico ha venido retomando
la noción de “post desarrollo” (elaborada en los noventa por Arturo Escobar), así
como elementos propios de una concepción “fuerte” de la sustentabilidad. Desde
este enfoque, en consonancia con el giro ecoterritorial de las luchas, se ha venido
promoviendo una crítica a la ideología del progreso y otras valoraciones de la naturaleza,
que provienen de otros registros y cosmovisiones.
En la actualidad, el pensamiento post desarrollista se asienta sobre tres ejes
y/o desafíos fundamentales: el primero, el de pensar y establecer una agenda de
transición hacia el post extractivismo. En razón de ello, en varios países de América
Latina ha comenzado a debatirse sobre las alternativas al extractivismo y la
necesidad de elaborar hipótesis de transición “desde una matriz de escenarios de
intervención multidimensional” (GPTAD, 2011). Una de las propuestas más interesantes
y exhaustivas ha sido elaborada por el CLAES (Centro Latinoamericano
de Ecología Social) (Gudynas, 2011a), que plantea que dicha transición requiere
de un conjunto de políticas públicas que permitan pensar de manera diferente la
articulación entre la cuestión ambiental y la cuestión social. Asimismo, considera
que un conjunto de “alternativas” dentro del desarrollo convencional serían insuficientes
frente al extractivismo, lo cual exige pensar y elaborar “alternativas al desarrollo”.
Por último, se subraya que se trata de una discusión que debe ser pensada
34 Movimientos socioambientales Consenso de los commodities…
en términos regionales y en un horizonte estratégico de cambio, en el orden de
aquello que los pueblos originarios han denominado “el buen vivir”.
Un ejemplo de la importancia que comienza a cobrar este debate es el interesante
ejercicio realizado por los economistas Pedro Franke y Vicente Sotelo (2011)
para el Perú, que demuestra la viabilidad de una transición al post extractivismo,
mediante la conjunción de dos medidas: reforma tributaria (mayores impuestos
a las actividades extractivas o impuestos a las sobreganancias, la supertax) para
lograr una mayor recaudación fiscal, y una moratoria minera-petrolera-gasífera,
respecto de los proyectos iniciados entre 2007 y 2011.
El segundo eje se refiere a la necesidad de indagar a escala local y regional en
las experiencias exitosas de alterdesarrollo. En efecto, es sabido que, en el campo
de la economía social, comunitaria y solidaria latinoamericana existe todo un abanico
de posibilidades y experiencias que es necesario explorar. Pero ello implica
una previa y necesaria tarea de la valoración de esas otras economías, así como
una planificación estratégica que apunte a potenciar las economías locales alternativas
(la agroecología y la economía social, entre otras), que recorren de modo
disperso el continente. Asimismo, también exige contar con un mayor protagonismo
popular, así como con una mayor intervención del Estado (por fuera de todo
objetivo o pretensión de tutela política).
Por último, el tercer gran desafío que enfrenta el pensamiento post desarrollista
es el de proyectar una idea de transformación que diseñe un “horizonte de
deseabilidad” (GPTAD, 2011), en términos de estilos y calidad de vida. Gran parte
de la capacidad de resiliencia de la noción de desarrollo se debe al hecho de que
los patrones de consumo asociados al modelo hegemónico permean al conjunto
de la población. Nos referimos a imaginarios culturales que se nutren tanto de la
idea dominante de progreso como de aquello que debe ser entendido como “calidad
de vida”. Más claro: para muchas sociedades, la definición de qué es una
“vida mejor”, aparece asociada a la idea de “democratización del consumo” antes
que a la necesidad de realizar un cambio cultural, respecto de la producción, el
consumo y la relación de cuidado con el ambiente.
No obstante ello, la discusión sobre el extractivismo y el post extractivismo está
abierta, y muy probablemente será uno de los grandes debates de nuestras sociedades
y del pensamiento latinoamericano del siglo XXI.
A modo de conclusión
En el marco del Consenso de los commodities, son numerosos los movimientos
campesinos indígenas, las organizaciones y las redes socioambientales que han
venido generando un espacio común caracterizado por un saber experto independiente
y alternativo. Asistimos así a la estructuración de temas, consignas, conceptos
límites, que operan como marcos de acción colectiva contestatarios respecto
de la modernidad dominante, al tiempo que alimentan los debates sobre la salida
al extractivismo y una modernidad alternativa.
Por otro lado, lo que resulta incontestable es que, más allá de las retóricas
industrialistas y emancipatorias en boga, tanto los gobiernos progresistas como
aquellos más conservadores tienden a aceptar como “destino” el nuevo consenso
Maristella Svampa Movimientos socioambientales 35
de los commodities, en nombre de las “ventajas comparativas” o de la pura subordinación
al orden geopolítico mundial, el cual históricamente ha reservado a América
Latina el rol de exportador de naturaleza, sin considerar los enormes efectos
socioambientales, las consecuencias en términos económicos (los nuevos marcos
de la dependencia y la consolidación de enclaves de exportación) y su traducción
política (nuevas formas de disciplinamiento y coerción sobre la población).
En este escenario, el avance del extractivismo es muy vertiginoso, y en no pocos
casos las luchas se insertan en un espacio de tendencias contradictorias, que
ilustran la complementariedad entre el lenguaje progresista y el modelo extractivista.
Sin embargo, la colisión entre, por un lado, gobiernos latinoamericanos
y, por otro lado, movimientos y redes socioambientales contestatarias en torno a
la política extractiva, no ha cesado de acentuarse. Asimismo, la criminalización
y la sucesión de graves hechos de represión se ha incrementado notoriamente
y ya recorre un amplio arco de países y regiones, que incluye desde México y
Centroamérica, pasando por Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Chile y
la Argentina. En este marco de fuerte conflictividad, la disputa por el modelo de
desarrollo deviene entonces el verdadero punto de bifurcación de la época actual.
Finalmente, todo ello abre un gran interrogante acerca del futuro de la democracia
en América Latina. Pues no se trata solamente de una discusión económica
o ambiental sino también de una discusión política sobre los alcances
mismos de la democracia: se trata de saber si es posible debatir lo que se entiende
por desarrollo y sustentabilidad; si se apuesta a que esa discusión sea
informada, participativa y democrática; o bien, se acepta la imposición de los
gobernantes locales y las grandes corporaciones, en nombre del nuevo Consenso
de los commodities.
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Notas
1 Goffman definió a los marcos como “esquemas de
interpretación que capacitan a los individuos y grupos
para localizar, percibir, identificar y nombrar los hechos
de su propio mundo y del mundo en general” (1991).
Desde una perspectiva constructivista e interaccionista
existen sin embargo diferentes enfoques sobre los “procesos
de enmarcamiento”. Para el tema, véase Meyer y
Gamson (1999), Rivas (1998) y Snow (2001).
2 Retomamos aquí lo desarrollado en otros trabajos
(Svampa, 2011; 2012a y 2012b).
3 Para un análisis de las diferentes concepciones
de territorios, véase: Svampa y Sola Álvarez (2010) y,
de modo más detallado, Sola Álvarez (2011).
4 Pueden consultarse los siguientes sitios: olca.cl> y .
5 Además, una revisión del “Estudio del Impacto
Ambiental del Proyecto Conga”, por parte del Ministerio
del Medio Ambiente, señaló serios problemas
técnicos con el proyecto y su justificación. Poco
tiempo después de la publicación de este informe, el
viceministro del Ambiente, José de Echave, renunció
por serias discrepancias con el manejo del caso por
parte del gobierno. Agradezco la información enviada
por Raphael Hoetmer.
6 Recordemos que, en 2008, la Asamblea Constituyente
reunida en Montecristi había amnistiado a
unas 700 personas procesadas.
7 El conflicto del TIPNIS tiene, empero, un carácter
multidimensional. El gobierno defendía la
construcción de la carretera, porque ayudaría a la
integración de las diferentes comunidades y les daría
las facilidades necesarias para mejorar la salud,
la educación y el comercio de sus productos. Sin
embargo, la carretera abriría la puerta a numerosos
proyectos extractivos, que traerían consecuencias
sociales y ambientales negativas (con Brasil u otros
socios detrás).
8 “La minería de gran escala se caracteriza por
ser una de las actividades económicas más capitalintensivas.
Con cada millón de dólares invertido,
se crea apenas entre 0,5 y 2 empleos directos.
Cuanto más capital-intensiva es una actividad, menos
empleo se genera, y menor es la participación
del salario de los trabajadores en el valor agregado
total que ellos produjeron con su trabajo: la mayor
parte es ganancia del capital”. Para el tema, véase:
15 mitos de la minería transnacional en Argentina
(op. cit.).