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Jornaleros agrícolas de El Paso, Texas; Las Cruces, Nuevo México, y Ciudad Juárez, Chihuahua, denunciaron ayer que son víctimas de la xenofobia y el racismo de autoridades y patrones estadunidenses, al realizar una marcha para conmemorar el Día Internacional del Trabajador Migrante.
La manifestación partió del monumento a Benito Juárez y concluyó en la Plaza de Armas de Ciudad Juárez. Ahí, el principal dirigente de los campesinos de origen mexicano en la región sur de Texas y Nuevo México, Carlos Marentes, afirmó “que Estados Unidos es el campeón en la violación de derechos de los trabajadores”, y señaló que en el país que se autonombra defensor de la democracia no se permite que los jornaleros agrícolas se organicen en sindicatos o uniones, propiciando que una fuerza laboral calculada en más de 5 millones de personas, “sea explotada y reciba tratos similares a los de la esclavitud”.
Fundador de la Unión de Trabajadores Agrícolas Fronterizos (UTAF), Marentes agregó que los jornaleros más afectados y quienes reciben más vejaciones son los indocumentados, y existe la sospecha de que patrones y autoridades migratorias se confabulan para arrestarlos y deportarlos el día en que deben cobrar sus sueldos.
Explicó que en ranchos de Arizona, Nuevo México y Texas ocurre la mayoría de casos de maltrato y discriminación, y recordó que los trabajadores agrícolas que lograron organizarse, a pesar de que está prohibido por la ley, fueron los del estado de California, gracias a la lucha que emprendió en los años 60 el ya fallecido dirigente César Chávez.
Manifestó que los jornaleros exigen a Estados Unidos una política migratoria construida sobre los principios de legalidad, justicia e igualdad establecidos en los derechos civiles y humanos.
Durante la conmemoración del Día Internacional del Migrante, decretado por la Organización de las Naciones Unidas, Marentes dijo que la UTAF recopila expedientes de ex braceros que trabajaron en Estados Unidos entre 1947 y 1964, y exigirá que sean incluidos en el fideicomiso creado para pagar compensaciones a los campesinos que laboraron de manera legal durante ese periodo, a quienes descontaron parte de su salario para crear un fondo y nunca les devolvieron sus aportaciones.
Dijo que más de mil ex braceros, viudas e hijos han firmado la petición, que será enviada a la Secretaría de Gobernación.